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Archivo del 3 de febrero de 2021

En la casería de Ventaniella. Principado de Asturias

miércoles, 3 de febrero de 2021

​El Gobierno amplía las moratorias en el pago de créditos para personas vulnerables, autónomos y empresas de turismo y transporte​

miércoles, 3 de febrero de 2021

2 de febrero de 2021

Ministerio de Economía

​El Gobierno amplía las moratorias en el pago de créditos para personas vulnerables, autónomos y empresas de turismo y transporte​

Se amplía a nueve meses el plazo total para que personas, trabajadores autónomos vulnerables y empresas del sector del turismo y el transporte puedan beneficiarse de un aplazamiento en el pago del principal y los intereses de sus créditos

La norma permitirá aliviar la carga financiera y contribuirá a reforzar la solvencia y se extiende hasta el 30 de marzo el plazo para solicitar las moratorias

Quienes hayan accedido a moratorias anteriores podrán solicitar una nueva, hasta agotar una duración máxima de nueve meses

Se considera que una persona o autónomo se encuentra en situación de vulnerabilidad si se está en desempleo, los ingresos no superan en el mes anterior a la solicitud de la moratoria el límite de tres veces el IPREM o si, siendo autónomo o empresa, hay una caída de ventas de, al menos, el 40%

Las empresas del sector del turismo podrán solicitar moratorias para los créditos sobre hoteles, alojamientos turísticos o locales de agencias de viajes, y las del transporte para las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos

Hasta el momento se han concedido un total de 1.380.585 moratorias de créditos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que amplía la cobertura y prorroga el plazo de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19.

La norma amplía hasta el 30 de marzo la posibilidad de solicitar moratorias. Los hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores del turismo y el transporte podrán aplazar hasta un total de nueve meses el pago del principal y los intereses de sus préstamos con y sin garantía hipotecaria.

Las moratorias ya concedidas no se verán alteradas, si bien quienes se hayan beneficiado de un aplazamiento anterior podrán solicitar uno adicional por un periodo máximo acumulado entre ambos de nueve meses.

La norma refuerza el apoyo y alivia la carga financiera de hogares y trabajadores autónomos, y contribuye a reforzar la solvencia de las empresas del sector del transporte y del turismo cuya situación económica se haya visto afectada por la pandemia.

En consonancia con las directrices aprobadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la ampliación del plazo de solicitud también se aplica de forma automática a las moratorias establecidas en los Reales Decretos-Ley 25/2020 y 26/2020, para los sectores del turismo y del transporte, respectivamente.

Beneficiarios
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En el caso de los créditos hipotecarios, podrán solicitar una moratoria quienes estén pagando cuotas hipotecarias por la adquisición de su vivienda habitual, local en el que desarrollan su negocio o vivienda destinada al alquiler en la que hayan dejado de percibir cuotas de su inquilino debido al estado de alarma.

Por su parte, la moratoria de préstamos sin garantía hipotecaria permite la suspensión temporal de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos al consumo, créditos asociados a tarjetas de pago, leasing, factoring o cualquier tipo de contrato de financiación con cuotas o liquidaciones periódicas al que esté haciendo frente cualquier consumidor o autónomo que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Se considera que una persona o autónomo se encuentra en situación de vulnerabilidad si concurren de forma conjunta las siguientes condiciones: si pasa a estar en desempleo o, siendo autónomo, ha sufrido una caída en sus ventas de al menos el 40%; si el conjunto de los ingresos no supera en el mes anterior a la solicitud de moratoria el límite de tres veces el IPREM, que se incrementa cuando concurren circunstancias, como la tenencia de hijos, que suponen una vulnerabilidad agravada; si la cuota de préstamos hipotecarios más los gastos y suministros básicos supera o iguala el 35% de los ingresos netos de su unidad familiar; y si, como consecuencia de la emergencia sanitaria, el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar se ha multiplicado por al menos un 1,3.

Las empresas del sector del turismo podrán solicitar una moratoria de los préstamos con garantía hipotecaria de los inmuebles destinados al desarrollo de su actividad como hoteles, alojamientos turísticos y locales de agencias de viajes.

En relación con el sector del transporte, las empresas dedicadas al transporte público de mercancías y transporte discrecional de viajeros en autobús podrán aplazar los pagos del principal de las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos.

Hasta el 31 de diciembre de 2020, se han concedido un total de 1.380.585 moratorias, incluyendo tanto las que provienen de las normas aprobadas por el Gobierno como las aplicadas por el sector financiero.

Las moratorias legales han permitido el aplazamiento de 220.000 créditos hipotecarios de personas físicas, 1.362 créditos hipotecarios de autónomos y empresas del sector del turismo, 363.176 préstamos sin garantía hipotecaria y 1.661 contratos de leasing y factoring de empresas del sector del transporte.

Por su parte, las entidades financieras han concedido al amparo de sus convenios sectoriales el aplazamiento del pago del principal de 794.386 préstamos.

La OIT vaticina una recuperación de la crisis lenta, incierta y desigual

miércoles, 3 de febrero de 2021

La OIT vaticina una recuperación de la crisis lenta, incierta y desigual

USO

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La OIT vaticina una recuperación de la crisis lenta, incierta y desigual

6 enero, 2021

La OIT vaticina una recuperación de la crisis por el COVID-19 lenta, incierta y desigual. Las horas trabajadas se redujeron en 2020 un 8,8%

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) acaba de publicar un nuevo informe mundial en el que estima que la recuperación de esta crisis será lenta y desigual. Además, hace seguimiento del impacto de la pandemia del covid-19 sobre los trabajadores y las empresas.

El informe `La COVID‑19 y el mundo del trabajo´ presenta los datos más recientes de 2020, con relación al cierre de negocios y empresas; la pérdida de horas de trabajo; de ingresos laborales y de empleo, comparados con los resultados del año anterior.

El estudio pone de manifiesto una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos y, por eso, prevé para 2021 una recuperación lenta, desigual e incierta, “a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas de recuperación centradas en las personas”.

Caída del número de horas de trabajo y de la ocupación

En concreto, en 2020 se produjo una reducción del 8,8 % en el número de horas de trabajo a escala mundial. Equivalen a 255 millones de empleos a tiempo completo. La OIT asegura que esta pérdida es aproximadamente cuatro veces mayor que la provocada por la crisis financiera de 2009.

La disminución del nivel de ocupación no tiene precedentes y afectó a 114 millones de personas. Esta disminución constituyó, en el 71 % de los casos, una salida de la fuerza de trabajo por no poder trabajar; probablemente debido a las restricciones de la pandemia, o porque las personas afectadas dejaron de buscar trabajo. Según el informe, en España se perdieron en 2020 el 13,2 % de las horas de trabajo.

Estas pérdidas generalizadas provocaron una disminución del 8,3 % de los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial, lo que equivale al 4,4 % en el PIB mundial . La mayor pérdida de ingresos procedentes del trabajo se registro en las Américas (10,3 %).

Efectos de la pandemia por sectores

El sector más afectado ha sido el de la hotelería y la restauración, en el que la tasa de ocupación se redujo en más del 20%, en promedio. Le siguen los sectores del comercio minorista y las actividades de producción industrial.

Las mujeres se han visto afectadas en mayor medida que los hombres por las consecuencias adversas de la pandemia en el mercado laboral. A escala mundial, la tasa de ocupación de las mujeres se redujo un 5%, frente al 3,9% en el caso de los hombres. En particular, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de salir del mercado de trabajo y de dejar de formar parte de la fuerza de trabajo.

Los trabajadores más jóvenes también se han visto particularmente afectados, ya sea por la pérdida de empleo, la salida de la fuerza de trabajo o la incorporación tardía a la misma. La tasa de ocupación de los jóvenes (de 15 a 24 años) disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. Ello pone de relieve un riesgo muy elevado de una generación perdida.

Estado de situación del COVID-19

miércoles, 3 de febrero de 2021

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Martes 2 de febrero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 303. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 02.02.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 02.02.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 2.851.869 casos confirmados de COVID-19 y 59.805 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

El Tribunal Supremo dictamina que los ERTE por fuerza mayor a causa del COVID-19 son compatibles con el derecho concesionario a solicitar el restablecimiento económico del contrato

miércoles, 3 de febrero de 2021

Jueves, 28 de enero de 2021

El Tribunal Supremo dictamina que los ERTE por fuerza mayor a causa del COVID-19 son compatibles con el derecho concesionario a solicitar el restablecimiento económico del contrato

El Pleno de la Sala Cuarta resuelve un recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 junio 2020, que desestimó la demanda de conflicto colectivo promovido por la Federación Estatal de CCOO en impugnación de un ERTE en diversos centros de educación infantil

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictaminado que la suspensión colectiva de contratos (ERTE) por fuerza mayor, por estado de alarma sanitaria COVID-19, es compatible con el derecho del concesionario a solicitar el restablecimiento económico del contrato.

En sentencia de 25 de enero de 2021, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, bajo la presidencia de la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga y siendo ponente la magistrada Rosa María Virolés Piñol, ha resuelto el recurso de casación interpuesto contra sentencia de la Audiencia Nacional de 15 junio 2020, que desestimó la demanda de conflicto colectivo promovido por la Federación Estatal de CCOO en impugnación de la suspensión colectiva (ERTE) de contratos de trabajo en una empresa titular de diversos centros de educación infantil.

El 18 de marzo de 2020 se inicia ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social procedimiento de regulación temporal de empleo presentado por la empresa demandada solicitando autorización para la suspensión de las relaciones laborales de 187 trabajadores ( la totalidad de la plantilla de la empresa) pertenecientes a los centros de trabajo de la empresa sitos en la Comunidad Autónoma de Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, durante el período comprendido entre el 14-3-20 y la finalización del estado de alarma, por causa de fuerza mayor, de conformidad con lo regulado en el artículo 47, en relación con el artículo 51.7 del ET y en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. El 31 de marzo de 2020, la empresa comunicó a los trabajadores que hacía efectiva la suspensión ya que al no haber recibido comunicación alguna de la autoridad laboral debía entenderse constatada su existencia por silencio administrativo. Entre tanto, diversos ayuntamientos en los que se ubican los centros de trabajo acordaron la suspensión del servicio de escuela infantil municipal.

Posteriormente, por Resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dictada en el ERTE por fuerza mayor Covid-19 nº346/20, se acuerda declarar constatada la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa por pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y justificativa de la suspensión de relaciones laborales de los trabajadores, desde el momento de vigencia del RD 463/2020, de 14 de marzo, durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente el estado de alarma declarado por el Gobierno y las prórrogas del mismo que, en su caso, pudieren acordarse.

Promovida demanda de conflicto colectivo por la Federación de Enseñanza de CCOO en solicitud de la declaración de nulidad o en su caso la carencia de justificación de la medida, la Audiencia Nacional dictó Sentencia con fecha 15 de junio de 2020 que desestimó la demanda. Contra esta sentencia interpuso recurso de casación el Sindicato demandante. La Sala ha desestimado el recurso, declarando la firmeza de la sentencia recurrida.

La sentencia, aunque admite que la sentencia recurrida no dio contestación ni siquiera implícita a una de las principales alegaciones de la demanda, consistente en la infracción del art. 34 del RD Ley 8/2020 de 17 de marzo sobre medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid-19, estima que por economía procesal puede dar respuesta al resolver el recurso de casación, como así hace, sin anular la sentencia de instancia para que se pronuncie previamente al respecto. Ante todo, considera que si la empresa presentó la documentación requerida y constan los presupuestos exigidos nada impide que se pudiera entender aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo, aunque el RD Ley 8/2020 no se refiera a esta figura, aunque posteriormente recaiga resolución expresa. Debe entenderse constatada la existencia de fuerza mayor por silencio administrativo positivo, según dispone el art. 22.2 c) RD Ley 8/2020, aunque recaiga resolución expresa posterior, que refuerza la calificación y efectos del silencio. La empresa se encuentra en uno de los supuestos de pérdida de actividad que implican suspensión o cancelación de actividades y tienen la consideración de fuerza mayor para la suspensión de la relación laboral. No puede obviarse tampoco que los ayuntamientos en que se encuentran los centros afectados suspendieron el servicio de escuela pública municipal y los contratos de gestión correspondientes ante la imposibilidad total de prestación de los mismos.

En lo que se refiere al posible carácter fraudulento de la medida empresarial teniendo en cuenta que los gastos laborales resultado de la suspensión contractual serían indemnizables, en su caso, por la administración contratante y la presunta imposibilidad de aplicar la medida de suspensión temporal en este caso por ser la empresa una concesionaria de servicios públicos, cuestión que no fue resuelta por la sentencia recurrida, la sentencia rechaza estas alegaciones. El ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones definidas en el RD Ley 8/2020, podrá hacer uso, en su caso, de la correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación en la forma prevista en dicha norma.

No se impugna la resolución administrativa que constata la existencia de fuerza mayor, pues la cuestión litigiosa queda limitada a la impugnación de la decisión empresarial de suspensión de los contratos de 31 de marzo de 2020, tras haber operado el silencio administrativo positivo respecto a la constatación de fuerza mayor.

​​​​​​El Gobierno invertirá 11.000 millones de euros para la digitalización de pymes y de la Administración Pública, y para reforzar las competencias digitales del conjunto de la población entre 2021 y 2023

miércoles, 3 de febrero de 2021

27 de enero 2021

​​​​​​El Gobierno invertirá 11.000 millones de euros para la digitalización de pymes y de la Administración Pública, y para reforzar las competencias digitales del conjunto de la población entre 2021 y 2023

​Ministerio de Economía

El presidente del Gobierno presenta tres nuevos planes para el despliegue de la Agenda España Digital 2025, presentada en julio de 2020

El Plan de Digitalización de pymes contará con una inversión pública de casi 5.000 millones de euros, para apoyar el crecimiento, la competitividad e internacionalización de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas, autónomos y micropymes, mediante el impulso de su transfomación digital, incluyendo la inversión en capacitación y herramientas digitales, como páginas web, aplicaciones para la gestion empresarial, marketing digital o canales de venta por internet

Además de los instrumentos horizontales para el conjunto de la economía, el Plan contempla programas específicos para la digitalización de los sectores de la industria, el comercio y el turismo

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas contará con una inversión de 2.600 millones de euros para avanzar hacia una Administración más sencilla, ágil y eficiente para el ciudadano, de los que al menos 600 se destinarán a comunidades autónomas y corporaciones locales

El Plan Nacional de Competencias Digitales, con 3.750 millones de inversión pública, reducirá las diferentes brechas digitales y capacitará a los ciudadanos para los futuros entornos profesionales actuando en el ámbito educativo, en FP, universidades y en la formación de directivos, con una especial atención al cierre de la brecha de género

Estos tres planes, junto a los tres anteriormente publicados, conforman el núcleo principal de la Agenda España Digital 2025 y del eje de digitalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, que prevé destinar a este objetivo un tercio de la inversión pública total

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy tres planes centrales de la Agenda España Digital 2025: el Plan de Digitalización de Pymes, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y el Plan Nacional de Competencias Digitales. Los tres planes contarán con una inversión pública prevista de más de 11.000 millones de euros para los próximos tres años con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones necesarias para avanzar en el proceso de digitalización de España y hacia una economía más resiliente e inclusiva. El acto ha contado también con la intervención de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Con la aprobación de estos tres planes, incluidos dentro de los principales ejes estratégicos contemplados tanto en la Agenda España Digital 2025 como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno continúa dando pasos adelante en su apuesta por la digitalización como una de las palancas de cambio para la recuperación de la economía, del tejido productivo y el empleo, así como por la transformación digital de la Administración.

En diciembre de 2020 ya se presentaron otros tres planes para impulsar el despliegue de la Agenda España Digital 2025. En concreto, el Plan de Conectividad, con una inversión pública de más de 2.300 millones de euros hasta 2025; la Estrategia de Impulso al 5G, que movilizará 2.000 millones de fondos públicos hasta 2025, y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con una inversión pública de otros 600 millones de euros en el periodo 2021-2023.
Esas iniciativas, sumadas a los planes aprobados hoy, prevén una movilización de más de 15.400 millones de euros en inversiones públicas, que serán financiados por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Un tercio del presupuesto del Plan de Recuperación está destinado al impulso de la digitalización, que es uno de sus cuatro ejes transversales junto a la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión territorial y social.

Plan de Digitalización de Pymes

El Plan de Digitalización de Pymes prevé una inversión pública próxima a 5.000 millones de euros hasta 2023 con el fin de acelerar la digitalización de 1.500.000 pequeñas y medianas empresas. Se prevé que, al menos, 1.200.000 de estas empresas sean autónomos y microempresas, lo que supone el 80% del total.

Este Plan de Digitalización se incluye dentro del componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno el pasado 7 de octubre de 2020, centrado en el impulso a las pymes.

La transformación digital de las pymes es un proceso de innovación y cambio en las organizaciones empresariales derivado de la integración de capacidades, tecnologías y servicios digitales y constituye un elemento fundamental para el aumento de la productividad, la internacionalización, el crecimiento potencial y el cierre de las brechas sociales, territoriales y de género.

Además de impulsar la digitalización básica de las pymes, el Plan contempla el impulso a la innovación disruptiva (Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Big Data) para aprovechar las oportunidades de la economía del dato mediante programas escalables que se desplegarán a través de la colaboración público-privada.

Ejes de actuación

Para alcanzar estos objetivos se han planteado cuatro ejes principales de actuación y un quinto eje horizontal:

  1. El impulso a la digitalización básica de la empresa cuenta con más de 3.000 millones de euros de presupuesto para lograr que el mayor número de pymes integre soluciones digitales ya existentes para modernizar, por ejemplo, su gestión interna, la relación con clientes y con la Administración, o el marketing digital, impulsando también la conectividad la ciberseguridad y los instrumentos para el desarrollo de redes de colaboración y clusters empresariales.
  2. El apoyo a la gestión del cambio, con un presupuesto de 656 millones de euros, servirá para promover la formación de directivos y personal en la gestión digital de la empresa, con especial atención a la reducción de la brecha digital por cuestión de género y la formación a jóvenes expertos en digitalización que puedan actuar como agentes de la transformación de las pymes.
  3. La innovación disruptiva y el emprendimiento digital contará con un presupuesto de 439 millones de euros para que las pymes y las startups aprovechen las oportunidades de la economía verde y digital basada en datos.
  4. El apoyo a la digitalización sectorial cuenta con un presupuesto de 450 millones de euros destinados al impulso de la digitalización de los sectores de industria, comercio y turismo.
  5. La reforma de los instrumentos y redes de apoyo al emprendimiento, la innovación y la digitalización de las pymes para reforzar su complementariedad y eficacia en todo el territorio nacional.

Medidas destacadas del Plan de Digitalización de Pymes

• Digital Toolkit es el programa más ambicioso de este plan, cuenta con 3.000 millones de euros para su implantación y va destinado a financiar la integración en las pymes de un conjunto de paquetes básicos de digitalización (herramientas habilitadoras, formación, página web, sistema de gestión de recursos ERP, sistema de gestión de clientes CRM, venta por internet, marketing digital, ciberseguridad) que permitirán impulsar la implantación efectiva del comercio electrónico de forma segura y confiable, la digitalización de las relaciones con la Administración y con los clientes, el desarrollo de procesos internos sin papeles, la implantación de la factura electrónica, o el marketing digital.

Para su despliegue e implementación se considerarán diferentes instrumentos de colaboración público-privada que permita acelerar la digitalización de las pymes, especialmente micropymes y autónomos.

• Bonos Conectividad es el programa que proporcionará ayudas a las PYMEs para que puedan disponer de conexión a internet y poder incorporar así los paquetes básicos de digitalización para aumentar la productividad mediante el trabajo a distancia, la comunicación con clientes y proveedores y la incorporación de las nuevas tecnologías. Este programa cuenta con una inversión prevista de 50 millones de euros.

• Agentes del Cambio es un programa que cuenta con 300 millones de euros para financiar la incorporación de profesionales en transformación digital en las pymes para desarrollar su plan de digitalización y acelerar su transformación digital. Los agentes del cambio podrán haberse formado, a su vez en el Programa de Expertos que cuenta con 100 millones para formar a jóvenes expertos en digitalización de las pymes.

• Los Programas de Apoyo al Emprendimiento Empresarial recogen una serie de medidas de impulso al emprendimiento digital y a las empresas emergentes de crecimiento rápido, como las startups. Entre ellas se destaca la creación de la Oficina Nacional de Emprendimiento que actuará como plataforma virtual que sirva de referente para pymes, autónomos y empresas de nueva creación, el programa de apoyo a la creación de startups por mujeres emprendedoras, el portal web startups que sirva de escaparate para el ecosistema español, o el despliegue de una red de centros de apoyo al emprendimiento que impulse una red de centros o hubs públicos y privados de incubadoras, aceleradoras, y centros promotores del emprendimiento. Este programa tiene previsto invertir 182 millones de euros.

Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas es uno de los elementos principales del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de modernización de las Administraciones Públicas.

Este Plan prevé movilizar una inversión pública de, al menos, 2.600 millones de euros para los próximos tres años, de los cuales al menos 600 millones irán destinados específicamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales para el desarrollo de servicios públicos digitales en todo el territorio. El objetivo del Plan es el de mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y empresas con todas las garantías para la protección de los datos personales y de las empresas, superar las brechas digitales sociales y territoriales e impulsar la eficiencia de las administraciones públicas mediante la digitalización de importantes ámbitos tractores como la Sanidad, la Justicia, o las políticas de Empleo, los servicios consulares o la administración territorial en materia de inclusión.

Los proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público contarán con una inversión de 1.040 millones de euros. Por ejemplo, en materia de Sanidad se reforzará la interoperabilidad para la gestión de la información de las distintas Comunidades Autónomas que permitan mejorar el servicio, aplicar inteligencia artificial al análisis de datos y afrontar emergencias sanitarias; en el ámbito judicial, el Ministerio de Justicia ha elaborado el Plan Justicia 2030 para mejorar los servicios digitales para ciudadanía, empresas y colectivos y avanzar a una gestión judicial sostenible en el tiempo; y en materia de Empleo se mejorarán los sistemas de información que dan soporte a las prestaciones por desempleo y a las políticas de activación para el empleo. Todo ello, con las adecuadas garantías para los derechos de la ciudadanía y las empresas en materia de datos.

Con este Plan, se avanza hacia una Administración del Siglo XXI al incluir reformas e inversiones que mejorarán tanto los procedimientos administrativos como las competencias digitales y los recursos disponibles. El sector público de las distintas administraciones servirá como punto de apoyo y palanca de las grandes transformaciones que España requiere en el ámbito digital. Este programa apoyará, además, la transformación digital de las Administraciones autonómicas y locales, de forma consistente a las directrices marcadas para la Administración General del Estado en este período.

El Plan aumentará la eficiencia de las Administraciones Públicas, mediante el refuerzo de los medios y servicios compartidos, generando así una serie de sinergias y ahorros de costes muy significativos que aseguren la sostenibilidad de las inversiones y proporcionen más medios e instrumentos para la consecución de los objetivos de resiliencia, cambio climático, medioambiente, transición digital, salud pública y cohesión territorial.

Además, y en coherencia con el Plan de Conectividad e Infraestructuras Digitales, una mejor conectividad digital en los centros públicos favorecerá la mejor prestación de los nuevos servicios que recoge este Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas como, por ejemplo, la telemedicina.

Para ello, el Plan se estructurará en tres ejes de actuación:

  1. Transformar digitalmente la Administración con iniciativas trasversales para el despliegue de servicios públicos eficientes, seguros y fáciles de utilizar y para la generalización del acceso a las tecnologías emergentes.
  2. Desplegar proyectos tractores de digitalización, por ejemplo, en los ámbitos de Sanidad, Justicia o Empleo.
  3. Apoyar la digitalización de las administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Medidas clave del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas

• App Factory: Una iniciativa para potenciar el desarrollo de aplicaciones móviles de calidad con las que mejorar el acceso a los servicios públicos, acercar la Administración a la ciudadanía y facilitar una relación más fluida y cercana. El objetivo es que a finales de 2025 la mitad de los servicios públicos estén disponibles en app móviles.

• Administración en un Clic: Facilitará a ciudadanos y empresas el acceso a la información y a los servicios públicos digitales de la Administración General del Estado. Una medida que evitará la dispersión de información y que reducirá barreras a la consulta de información y la utilización de los servicios.
• GobTechLab: La iniciativa pondrá en marcha un laboratorio de innovación de la Administración General del Estado para mejorar la experiencia en el uso de los servicios públicos digitales a través de la participación ciudadana, la creación colaborativa y la innovación en servicios públicos. Este proyecto contempla el desarrollo de un espacio abierto donde experimentar servicios públicos con ciudadanos y empresas y recoger sus opiniones o sugerencias para la mejora de los mismos. Los principales ámbitos de aplicación serán las tecnologías emergentes como la IA, analítica del dato y blockchain.

Plan Nacional de Competencias Digitales

Finalmente, el Plan Nacional de Competencias Digitales desarrolla los componentes 19, 20 y 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para responder a la necesidad de desarrollar las capacidades y habilidades digitales tanto de los trabajadores como del conjunto de la ciudadanía, con el fin de impulsar la creación de empleos de calidad, reducir el desempleo, aumentar la productividad y contribuir a cerrar las brechas de género, sociales y territoriales.

El Plan movilizará un total de 3.750 millones de euros en el período 2021-2023 y tiene como objetivo alcanzar un nivel de capacitación digital entre la ciudadanía española que esté a la altura del reto del proceso de digitalización.

Para ello se han establecido siete líneas de actuación:

  1. La capacitación digital de la ciudadanía con especial énfasis en colectivos en riesgo de exclusión digital y que contempla también una oferta online gratuita de acceso masivo (MOOC).
  2. La lucha contra la brecha digital de género mediante el fomento de la capacitación digital de las mujeres.
  3. La digitalización de la educación y el desarrollo de las competencias digitales para el aprendizaje con la incorporación de la de competencias digitales y de programación en los currículos de las etapas obligatorias.
  4. La formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral para personas desempleadas y ocupadas del sector privado.
  5. La formación en competencias digitales para el empleo público.
  6. El desarrollo de competencias digitales para las pymes.
  7. El fomento de especialistas TIC (tanto titulados de Formación Profesional como universitarios).

La colaboración público-privada será clave en cuanto a la identificación de las necesidades y el desarrollo de las diferentes medidas y proyectos de los programas de formación.

Los diferentes ministerios competentes liderarán la puesta en marcha de los diferentes proyectos y medidas trabajando en el marco de sus propias conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, mediante convenios y otros instrumentos de colaboración público-privada.

Con el fin de coordinar las acciones por parte del sector público y de impulsar también la colaboración público-privada, se creará un hub de competencias digitales, como espacio de trabajo, foro de diálogo, red de conocimiento, laboratorio de ideas y canal de difusión de las medidas y resultados del Plan.

Medidas destacadas del Plan Nacional de Competencias Digitales

• Se invertirá en la capacitación digital del conjunto de la población en todo el territorio nacional, entre otros mediante cursos masivos de formación online y el refuerzo de las aulas mentor del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con especial atención a las poblaciones de menor tamaño.

• Digitalización de la escuela, mediante el despliegue de infraestructuras, formación de profesores, técnicas educativas, refuerzo de las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) e integración del pensamiento computacional desde las fases iniciales de la educación.

• Plan de Formación Profesional Digital: Reforzando la oferta de plazas en el ámbito digital y la formación de profesores en digitalización aplicada, acelerando la modernización del catálogo de títulos para adecuarla a la demanda del mercado, integrando competencias digitales en todos los curricula. Además, se abordará un plan de formación digital en el ámbito laboral y de las Administraciones Públicas y se desarrollará una oferta modular y sistemas de certificación que permitan e impulso de la formación de trabajadores y su recualificación a lo largo de toda la vida laboral.

• Lucha contra la brecha digital de género, a través de programas de fomento de vocaciones científico-tecnológicas y de capacitación digital para mujeres y niñas. Para ello, se incorporará al currículo escolar desde Primaria un programa de orientación, con mentorías para el desarrollo de modelos femeninos en el ámbito digital; y se impulsará la capacitación digital en las mujeres profesionales del sector tecnológico, en colaboración con las empresas, para facilitar su incorporación al empleo digital.

• Plan Uni Digital: Con el fin de impulsar la digitalización de la universidad, se invertirá en medios técnicos y metodologías educativas digitales, y en formación de profesores. También se incluirá la formación digital en el currículum incluyendo la asignación de créditos a programas MOOC como elementos de Inteligencia Artificial y se desarrollará una red de centros de excelencia en IA. Además, se reducirán las trabas administrativas para agilizar la puesta en marcha de nuevos grados universitarios.