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Archivo del 4 de febrero de 2021

Ventaniella. Principado de Asturias

jueves, 4 de febrero de 2021

La Agencia Tributaria reforzará con ‘big data’ el control de españoles que simulan residir en el extranjero

jueves, 4 de febrero de 2021

Directrices del Plan Anual de Control Tributario

La Agencia Tributaria reforzará con ‘big data’ el control de españoles que simulan residir en el extranjero

Lunes 1 de febrero de 2021

La Moncloa

La Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España.

La posibilidad de un control reforzado mediante herramientas de análisis masivos de datos supone una novedad en el ámbito de los patrimonios relevantes ‘deslocalizados’ y marca un nuevo impulso para la comprobación tributaria de este perfil de contribuyente.

El proyecto figura en el Plan de Control Tributario 2021, cuyas directrices generales se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado en un contexto de relevantes novedades normativas. Así, la Administración tributaria gestionará dos nuevas figuras tributarias, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras; y a ello se une la previsible incorporación del paquete de comercio electrónico (‘e-commerce package’) con importantes novedades gestoras en el pago del IVA de las plataformas de comercio electrónico.

De igual forma, las directrices toman nota de que el reforzamiento de la prevención y lucha contra el fraude constituye uno de los componentes básicos de las reformas estructurales de apoyo al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Uno de sus pilares básicos será la aprobación del proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal publicado en el Boletín de Cortes el 23 de octubre y su aplicación efectiva a partir de su entrada en vigor.

El impacto de la crisis sanitaria

Por otra parte, las directrices del Plan de Control tienen en cuenta el impacto de la crisis sanitaria sobre la planificación de la Agencia en 2020 y, posiblemente, también 2021. Así, se plantea la consolidación y modulación de líneas de actuación que el pasado año pudieron resultar afectadas por la pandemia, caso del plan de visitas presenciales.

También se priorizará el control de los riesgos fiscales de aquellos contribuyentes que menos se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, lógicamente manteniendo un nivel general de control adecuado, dada la necesidad de combinar la atención a las situaciones de falta de liquidez con la obligación de comprobar ejercicios anteriores a la crisis dentro del periodo de prescripción. De igual forma, el incremento de bases imponibles negativas pendientes de compensar justifica doblemente la continuación del plan especial de revisión de bases pendientes iniciado el pasado año.

La pandemia también ha incidido sobre múltiples aspectos de la operativa empresarial que las directrices del Plan de Control toman en consideración. Entre ellos, se puede destacar su impacto sobre los precios de transferencia (intragrupo) de las multinacionales, o el efecto que las restricciones a la movilidad han tenido en los hábitos de consumo, generando un fuerte repunte del comercio por internet. Todo ello tiene sus implicaciones a efectos del control tributario, que serán convenientemente analizadas desde la Agencia Tributaria.

Afloramiento de patrimonios ‘deslocalizados’

Dentro del ámbito del análisis patrimonial, continuarán las labores de control sobre grandes fortunas impulsado por la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, pero este año se establece también una línea específica de control a partir de herramientas de ‘big data’ sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que ‘deslocalizan’ su residencia, fingiendo que se encuentra en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en España.

A lo largo del pasado año se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. Este análisis ha facilitado la obtención de los indicios necesarios para poder determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este año 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados.

Fiscalidad internacional

En el terreno de la fiscalidad internacional, en el presente año se completará el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en materia de precios de transferencia, un análisis que se verá también reforzado por la información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva (Directiva ‘DAC6’).

A su vez, se mantendrá el papel dinamizador de inspecciones por parte de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, la ONFI, y en este 2021 se realizará una campaña específica para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de información sobre operaciones vinculadas.

También se mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de los paraísos fiscales y regímenes preferenciales, y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.

Lucha contra la economía sumergida

Dentro de las actuaciones a realizar en el marco de la lucha contra la economía sumergida, y como elemento irrenunciable del control fiscal, se van a seguir desarrollando las habituales personaciones en locales de negocio de los obligados tributarios para los supuestos en que los indicios de incumplimiento se presenten con una mayor claridad, teniendo en cuenta tanto las reglas legales y reglamentarias vigentes, como su interpretación por los órganos judiciales, y conjugando de una forma equilibrada los derechos de los contribuyentes con las facultades inspectoras.

De igual forma, seguirá prestándose atención prioritaria al empleo de equipos y programas informáticos que permiten y facilitan la alteración de los registros contables de todo tipo, y se planteará un trabajo conjunto con asociaciones de empresas especializadas en el desarrollo o comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que permitan la supresión de ventas.

A su vez, y en el contexto de la interlocución permanente con las organizaciones representativas de autónomos y pymes, prevista en el Plan Estratégico de la Agencia, se trabajará en la incorporación de nuevos colectivos con actividad económica (empresarial o profesional) al plan de envío de ‘ratios calculadas de actividad económica’ contrastadas con las ratios que la Agencia considera representativas del sector y segmento económico correspondiente.

Por otra parte, el respaldo jurisprudencial a las actas de la Inspección de Trabajo en las que se califican los servicios prestados por trabajadores pretendidamente autónomos a empresas de diversos sectores, como prestaciones laborales dependientes, permite a la Agencia Tributaria regularizar las diferentes contingencias fiscales en IVA e IRPF derivadas de esta revisión en las calificaciones declaradas.

El comercio electrónico

En relación con el comercio ‘online’, la Agencia intensificará su control, tanto desde la perspectiva de la tributación directa como de la indirecta, realizando una aproximación cooperativa, cuando sea posible, para determinar la forma más adecuada de acceder a la información necesaria de las plataformas de comercio electrónico o, en caso de no ser posible, haciendo valer las obligaciones generales de información legalmente previstas y el régimen sancionador por incumplimiento.

Se pretende asegurar la completa identificación fiscal de aquellos obligados tributarios que, aun no estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus ventas a consumidores finales localizados en nuestro país.

En paralelo a la implementación en 2021 de las medidas normativas que derivan del paquete ‘e-commerce’, y para asegurar su adecuada aplicación, el área de Inspección extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico para evitar que este tipo de operaciones puedan eludir el pago de las obligaciones tributarias que les corresponden, en particular, a efectos de la tributación indirecta.

Conjuntamente con ello, el abuso de los envíos postales directos al consumidor con carácter no comercial desde países terceros será objetivo prioritario en colaboración con el área de Aduanas e Impuestos Especiales, quien, paralelamente, fomentará el uso de técnicas de ‘minería de datos’ para complementar el análisis y control tradicional del comercio exterior posterior a la importación al objeto de impedir la elusión de los aranceles y del IVA a la importación.

Y, finalmente, los debates a nivel de Unión Europea sobre el establecimiento de obligaciones de obtención e intercambio de información de las plataformas de comercio electrónico (futura ‘DAC 8’) deben suponer un paso adelante en el aseguramiento de una tributación del comercio electrónico acorde a la legalidad y análoga a la del comercio convencional.

También se seguirán impulsando las labores de captación, sistematización y análisis de la información que se vaya obteniendo sobre criptomonedas, a efectos de facilitar las actuaciones de control de la correcta tributación de las operaciones realizadas y el conocimiento de los fondos utilizados en la adquisición de estas monedas virtuales.

Lucha contra el narcotráfico y el contrabando

En el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas y otros ilícitos, se impulsará la implantación de tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial, ‘big data’ y minería de datos para reforzar las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en materia de análisis patrimonial y blanqueo de capitales.

En este punto, resulta prioritaria la zona del Campo de Gibraltar, en la que se desarrollarán actuaciones operativas en coordinación con el resto de autoridades policiales y judiciales, en aplicación del Plan Especial del Campo de Gibraltar. También continuarán las acciones operativas y de vigilancia marítima que se han visto reforzadas por la prohibición legal de las ‘narcolanchas’.

La Oficina de Inteligencia Marítima Central de Vigilancia Aduanera, junto con su estructura regional, desarrollarán nuevas acciones para alcanzar un conocimiento exhaustivo del dominio portuario y actuaciones de colaboración público-privada con las diferentes autoridades para disponer de un mayor control sobre las entradas y salidas de las embarcaciones en los diferentes puertos deportivos.

En materia de tabaco, se impulsarán medidas legales que permitan una mejora del control y vigilancia de la circulación y venta de hoja de tabaco para fines ilícitos y, en el marco de los instrumentos de cooperación que se acuerden con el Reino Unido para su aplicación en Gibraltar, se impulsará potenciar la colaboración con las autoridades gibraltareñas en la lucha contra el contrabando.

A su vez, por parte de Vigilancia Aduanera seguirá teniendo carácter prioritario el apoyo a las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal más complejo en todas sus fases, especialmente en el caso de las actuaciones que requieren el empleo de técnicas o facultades de policía judicial en apoyo a la ONIF y al Área de Recaudación.

Fraude en la fase recaudatoria

Junto con prioridades ya habituales en el ámbito del control en fase recaudatoria, como la vigilancia patrimonial de los deudores condenados por delito, o la asunción de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, en el presente año las labores de investigación que dan lugar a derivaciones de responsabilidad a terceros se verán reforzadas con un control especial de las titularidades ‘de conveniencia’ de los terminales punto de venta; es decir, de aquellos supuestos en que los TPV se colocan bajo la titularidad de una persona distinta del deudor, ocultándole para evitar las actuaciones de embargo.

Por otra parte, continuarán este año los trabajos de implementación del denominado ‘NRC online’, un nuevo sistema de registro y seguimiento de los ingresos gestionados a través de entidades colaboradoras que desembocará en un conocimiento de esta información de forma inmediata, facilitando las labores de seguimiento y control de las deudas.

Impulso en la asistencia: predecir errores en la Renta

En la línea marcada por el Plan Estratégico de la Agencia de introducir mejoras en el cumplimiento tributario a través de la asistencia y la prevención, el Plan Anual de Control introduce una novedad de relevancia en el ámbito del IRPF que, previsiblemente, se podrá poner ya en marcha en la próxima Campaña de Renta: la creación de una herramienta para predecir errores en la declaración y advertir de ellos al contribuyente.

Haciendo uso de técnicas de aprendizaje automático a partir de regularizaciones de años anteriores, la nueva herramienta hará una selección de contribuyentes que pueden cometer equivocaciones en determinadas casillas del apartado de rendimientos del trabajo (en el futuro se podría ampliar el alcance a otros apartados de la declaración) para avisarles de ese eventual error si deciden modificar el borrador que les ofrece la Agencia y evitar así una posible regularización posterior.

En la campaña de Renta se incluirán, paralelamente, mejoras en el programa de cartera de valores y en las amortizaciones de inmuebles, al tiempo que se facilitará a pequeños empresarios y profesionales el traslado automático de los libros registro de IRPF a la declaración.

También en el ámbito de la asistencia, las directrices del Plan de Control prevén la puesta en funcionamiento efectivo de las Administraciones de asistencia Digital Integral, las ADI. Tras una prueba piloto desarrollada en el cuarto trimestre del pasado año, se consolida así la puesta en marcha de estas plataformas dirigidas a prestar servicios de información y asistencia por medios electrónicos mediante la utilización de distintos canales de comunicación virtuales.

De igual forma, se extenderá el alcance del borrador de IVA a más colectivos, se reforzarán los asistentes de IVA en funcionamiento y se crearán nuevas herramientas de asistencia censal, al tiempo que, en el ámbito de Recaudación, se impulsará un sistema telemático de asistencia en el pago al contribuyente.

A su vez, para mejorar, simplificar y modernizar la información y comunicación con los contribuyentes se está trabajando en modificar la estructura de la página web de la Agencia Tributaria, de tal forma que, con un enfoque dirigido al usuario, se integrará la información del Portal de Internet y la tramitación de la Sede Electrónica de la Agencia.

La Bolsa mueve 31.070 millones de euros en enero, con un aumento del 30,4% en las negociaciones

jueves, 4 de febrero de 2021

La Bolsa mueve 31.070 millones de euros en enero, con un aumento del 30,4% en las negociaciones

bolsamadrid

•El volumen en Renta Variable en el mes baja un 14,4%
•Las admisiones a negociación en los mercados de Renta Fija se incrementan un 126,1% en enero
•La negociación en Futuros sobre el IBEX 35 aumenta un 5,7% respecto a diciembre y la de Futuros Mini IBEX, un 4,8%

La Bolsa española negoció en Renta Variable 31.069,5 millones de euros en enero, un 14,4% menos que en el mismo mes de 2020 y también un 14,4% por debajo del dato del mes anterior. El número de negociaciones fue de 4,4 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 30,4% y una caída del 1,1% frente a diciembre.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 73,04%. La horquilla media durante enero fue de 6,48 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 21,8% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 9,79 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 36,5% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en enero en los mercados de Renta Fija alcanzó los 19.019,1 millones de euros, un 44,2% más que en diciembre y un 20,5% por debajo del nivel de enero de 2020. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron a 59.770,5 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 126,1% en comparación con el mes anterior.

El saldo vivo se situó en 1,67 billones de euros, con un aumento del 1,3% en el mes y del 7,1% frente al mismo mes del año anterior.

El mercado de Derivados Financieros negoció en enero 2,1 millones de contratos, lo que supone un nominal de 36.833 millones de euros. La negociación en Futuros sobre el IBEX 35 aumentó un 5,7% respecto al mes anterior y la Futuros Mini IBEX, un 4,8%.

La posición abierta creció en todos los productos respecto a diciembre. En los contratos de Futuro sobre el IBEX subió un 11,7% y en las opciones sobre el índice, un 19,1%. En las Opciones sobre Acciones, la posición abierta se elevó un 7,5% en el mismo periodo.

Ábalos reafirma que el Gobierno sigue trabajando para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, especialmente para los más vulnerables

jueves, 4 de febrero de 2021

Ábalos reafirma que el Gobierno sigue trabajando para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, especialmente para los más vulnerables

Jueves 28 de enero de 2021

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reiterado en el Congreso que el Gobierno sigue trabajando para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, especialmente para los más vulnerables.

En su intervención ante el Pleno Extraordinario, donde se ha convalidado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre, Ábalos ha destacado que durante esta crisis sanitaria sin precedentes, «desde el Gobierno hemos optado por no dejar a nadie atrás porque en plena pandemia no podemos permitir que haya personas que se queden en la calle sin una solución habitacional».

Para ello, según ha afirmado, se han fijado los siguientes objetivos: responder a la situación de vulnerabilidad; diseñar medidas de equilibrio entre arrendatarios y arrendadores; y conseguir los objetivos perseguidos con recursos suficientes para las arcas públicas.

Así, este Real Decreto-ley se añade a todo el paquete de medidas ya desarrolladas en materia de vivienda y permite la incorporación de otras nuevas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual.

Introduce, además, mejoras para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, comprometiendo al resto de administraciones públicas en materia de vivienda, pero también para proteger los derechos de los arrendadores.

Protección de las personas en situación de vulnerabilidad

Ábalos ha explicado que, mediante esta norma convalidada hoy en el Congreso, para aquellas personas arrendatarias de vivienda en situación de vulnerabilidad, tanto como consecuencia del COVID-19 como anteriores, afectadas por procedimiento de desahucio o lanzamiento, se recogen las siguientes medidas:

•Con carácter excepcional, solo mientras dure el estado de alarma, la persona arrendataria podrá instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento.
•Se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica.
•Con objeto de garantizar la eficacia de la medida, se establece la comunicación por el Juzgado a los servicios sociales competentes, que realizarán un informe que deberá presentarse en el plazo máximo de 10 días ante el Juzgado.
•La suspensión del lanzamiento se mantendrá por el tiempo necesario para aplicar las medidas sociales que procedan, que deberán permitir una solución habitacional que garantice una vivienda digna, y siempre dentro del periodo del estado de alarma.

En el caso de que la alternativa habitacional no se diera en los 3 meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio ocasionado, siempre que acrediten dicho perjuicio económico.

Suspensión de desahucio o lanzamiento sin título

La regulación tiene carácter extraordinario y temporal, exclusivamente mientras dure el estado de alarma y solo para los siguientes supuestos en los procedimientos civiles:
•Cuando los propietarios de los inmuebles sean personas físicas o jurídicas, titulares de más de 10 viviendas.
•Es imprescindible que quien habite la vivienda sin título sean personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o personas que tengan a su cargo alguna persona dependiente o menor de edad, conviviendo en la misma vivienda
•Deberán acreditar la situación de vulnerabilidad económica.

El ministro ha subrayado que estos supuestos son acotados en el tiempo y muy excepcionales. Por eso, esta suspensión nunca se aplicará por el Juez en casos como que la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia de un propietario persona física; un inmueble cedido a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada o que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, entre otros casos

Próximas líneas de trabajo

En materia de Vivienda, el ministro ha asegurado que el Gobierno continúa trabajando en medidas adicionales, como son:
•La gestión del mayor presupuesto de la historia reciente en materia de vivienda, un total de 2.250 millones frente a los 475 millones que venían del presupuesto prorrogado de 2018. Lo que supone un incremento del 373%.
•La elaboración de la primera Ley por el derecho a la Vivienda de la democracia.
•O las prórrogas obligatorias o tácitas de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda hasta la finalización del Estado de Alarma, que han sido aprobadas el pasado martes en Consejo de Ministros.

Medidas en materia de Transportes

El Real Decreto-ley también recoge medidas en materia de Transportes, ya que aprueba los términos de un nuevo reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte interurbano de autobús de competencia estatal, alterados desde el inicio de la pandemia.

Se trata de una medida excepcional para garantizar la viabilidad de estos servicios, que son esenciales para los ciudadanos y constituyen una red de transporte capilar que facilita la movilidad de los sectores más necesitados de la sociedad.

El primer reequilibrio de estos contratos se llevó a cabo con el periodo correspondiente al primer estado de alarma. Tras la declaración del nuevo estado de alarma, que ha permitido el cierre perimetral a las Comunidades Autónomas, se ha restringido aún más la movilidad intercomunitaria y esto ha supuesto una nueva caída de la demanda, en torno al 23% de la habitual en estas fechas.

El Real Decreto-ley establece un procedimiento ágil para reequilibrar económicamente estos contratos y evitar al máximo las cargas administrativas y sociales. El periodo considerado para llevarlo a cabo será el comprendido entre la finalización del primer estado de alarma y el 30 de junio de 2021.

Foment constata que en el 2021 la creación de empleo no recuperará el destruido en el 2020

jueves, 4 de febrero de 2021

Foment constata que en el 2021 la creación de empleo no recuperará el destruido en el 2020

También es primordial y urgente adoptar medidas normativas que impliquen una reducción de los costes fiscales hacia las empresas, así como medidas para que las empresas tengan la capacidad de tomar decisiones

28 de enero de 2021

Foment del Treball

◾Para iniciar una recuperación intensa del empleo perdido, reincorporar a los trabajadores afectados por ERTE y evitar el mayor número posible de despidos y ERE, es primordial y urgente, que se aporten los recursos económicos necesarios para los sectores afectados por la crisis y por las medidas que restringen su actividad.

En Cataluña, el número de parados según la Encuesta de la Población Activa del 4º trimestre de 2020 sitúa la tasa de paro en Cataluña en un 13,87% (0,64 puntos más que en el trimestre anterior, que fue del 13,23%), situando el número total de parados en 537.900 personas.

Cataluña incrementa el número de ocupados en 16.700 personas, respecto el trimestre anterior. Interanualmente, en Cataluña la ocupación se ha reducido en 137.600 personas (-3,95%) y en 622.600 a nivel estatal (-3,12%). En relación al número de parados, en Cataluña este trimestre ha aumentado en 31.300 personas (6,19%), siendo la Comunidad Autónoma en la que más ha aumentado el número de parados en términos absolutos. A nivel interanual, se incrementa en 132.100 personas (32,56%) siendo también la Comunidad en la que más se ha incrementado interanualmente el número de parados en términos absolutos.

A nivel nacional, el paro se ha reducido en 3.100 personas en relación al trimestre anterior (-0,08%) y ha aumentado en 527.900 personas respecto el año anterior (16,54%).

Foment del Treball constata que la creación de empleo que está prevista para el año estará muy alejada de recuperar lo que se ha destruido durante el año 2020 y alcanzar los niveles anteriores a la crisis.

Para iniciar una recuperación intensa del empleo perdido, reincorporar a los trabajadores afectados por ERTE y evitar el mayor número posible de despidos y ERE, es primordial y urgente, de una banda que se aporten los recursos económicos necesarios para los sectores afectados por la crisis y por las medidas que restringen su actividad, y, por otro lado, adoptar medidas normativas que impliquen una reducción de los costes fiscales hacia las empresas, así como medidas para que las empresas tengan la capacidad de tomar.

En Cataluña, los datos expuestos por la Encuesta de Población Activa, suponen un aumento del número de parados en 31.300 personas respecto del trimestre anterior (un 6,19%), y en relación con el mismo trimestre del año 2019, ha habido un incremento en 132.100 parados (32,56% de variación interanual). El número de ocupados en Cataluña se incrementa en 16.700 personas (0,50%) respecto al trimestre anterior y se reduce en 137.600 ocupados respecto al año anterior (-3,95%).

La población activa en Cataluña aumenta en 48.000 personas (1,25%) en relación al trimestre anterior, situándose en 3.878.500, y en relación al mismo trimestre del año anterior, la población activa ha descendido en 5.400 personas (-0,14%).

Cataluña: evolución 2007-2020 de la tasa de desempleo según datos de la EPA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA

Cataluña: evolución 2007-2020 del número de parados según la EPA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA

A nivel estatal, el número de desempleados se sitúa 3.719.800 personas, situándose la tasa de paro en un 16,13% en este trimestre, disminuyendo el número de parados en 3.100 personas este trimestre. Por otro lado, el número de ocupados aumenta en 167.400 personas este trimestre respecto al trimestre anterior (0,87%) y se sitúa en 19.344.300. En términos interanuales el empleo se ha reducido en 622.600 personas en el último año (-3,12%).

El aumento de la ocupación ha tenido más incidencia en el sector privado (125.400 ocupados más) que en el sector público (42.000 ocupados más). En términos interanuales, la ocupación en el sector privado ha bajado en 748.400 personas, en cambio, en el sector público se ha incrementado en 125.800 personas.

Respecto a la tasa de desempleo, la evolución ha sido muy similar, tanto en los periodos de incremento del desempleo como en los de disminución del mismo, si bien, la tasa de desempleo en Cataluña se muestra siempre por debajo que la del conjunto de España, como se visualiza en el siguiente gráfico:

Evolución trimestral de la tasa de desempleo 2011-2020

ANEXO: Evolución tasa de desempleo 2007-2020:

Datos actualizados según base poblacional 2011

Nota: Efectos del COVID-19 en la EPA de este trimestre
◾La ocupación ha subido en 167.400 personas este trimestre. Hay que tener en cuenta que a los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo, según la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se les considera ocupados.
◾Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de referencia han pasado de 3.592.800 en el tercer trimestre del año a 1.889.100 en el cuarto. La reducción se debe, fundamentalmente, a la menor incidencia de las vacaciones, ya que las ausencias por ERTE y paro parcial por razones técnicas o económicas solo han descendido en 16.800 en el cuarto trimestre. Como consecuencia de todo ello, el número de horas trabajadas crece respecto del trimestre anterior un 10,06%.
◾El 9,95% de los ocupados (1.923.800) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 10,30% observado en el tercer trimestre.
◾Los flujos entre los distintos estados de ocupación, paro e inactividad continúan normalizándose en línea con lo observado en el tercer trimestre, tras la disminución de la actividad acaecida en el segundo por causa del confinamiento. Así, se sigue recuperando el número de activos y, por tanto, reduciendo el de las personas que están fuera del mercado de trabajo.

El paro registrado aumenta en 76.216 personas en enero, un incremento inferior al del mismo mes en 2020

jueves, 4 de febrero de 2021

En un mes tradicionalmente malo para el empleo

El paro registrado aumenta en 76.216 personas en enero, un incremento inferior al del mismo mes en 2020

Martes 2 de febrero de 2021

La Moncloa

El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de enero ha subido en 76.216 personas respecto del mes anterior. Sin embargo, el paro desestacionalizado se reduce en 17.544 personas.

El número de personas desempleadas inscritas siempre ha repuntado en todos los comienzos de año que constan en la serie histórica. En enero de 2021, pese a coincidir con un momento delicado de la crisis sanitaria que ha hecho imperativas medidas restrictivas de la actividad económica, el incremento del desempleo es un 15,5% inferior al de enero de 2020. Previamente, solo en tres ocasiones desde 2008, el aumento del número de personas inscritas fue menor.

Variación mensual del paro registrado

Variación mensual del paro registrado

El paro registrado total asciende a 3.964.353 personas.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro baja en el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.397 personas (-1,53%) y también en la Construcción con 871 personas registradas menos (-0,27%).

Variación mensual del paro por sectores

Variación mensual del paro por sectores

En el sector Servicios sube 78.089 personas (2,87%), en la Agricultura se incrementa en 3.272 personas inscritas más (1,80%) y, en la Industria sube en 1.123 personas (0,36%).

El paro por sexo y edad

El paro femenino se incrementa en 48.254 mujeres (2,17%) en relación al mes de diciembre, hasta un total de 2.273.375 inscritas.

El desempleo masculino aumenta menos, con 27.962 inscritos más (1,68%) y se sitúa en un total de 1.690.978 personas.

Variación mensual del paro por género

Variación mensual del paro por género

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en enero en 5.874 personas (-1,62%) respecto al mes anterior.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado baja en las comunidades autónomas de Galicia (-3.603 personas) e Illes Balears (-998 personas).

Variación mensual del paro registrado por CCAA

Variación mensual del paro registrado por CCAA

Sube, en las comunidades autónomas restantes, encabezadas por Andalucía (18.249), Cataluña (10.470) y Comunitat Valenciana (10.094).

Prestaciones por desempleo de diciembre

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal a final del mes de diciembre fueron un total de 2.299.575 personas.

El gasto total en prestaciones de diciembre de 2020 ascendió a 2.472,1 millones de euros, de los que 768 millones de euros correspondieron a prestaciones ERTE.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de diciembre de 2020 ha sido de 1.100,8€, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 199,4€ (22,1%).

Contratos registrados

Durante el mes de enero se registraron un total de 1.302.429 contratos. De este total, 124.191 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 9,54% de todos los contratos.

Los contratos indefinidos del mes de enero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 82.793 a tiempo completo y 41.398 a tiempo parcial.

El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.302.429 del mes de enero de 2021, son 8.100 de carácter formativo y 1.170.138 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo, los contratos por Obra o Servicio Determinado -de jornada a tiempo completo- suponen el 31,04% del total de todos los contratos, seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción -de jornada a tiempo completo- con el 28,93%. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 24,38%.