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Archivo del 5 de febrero de 2021

Parque del Mundo. Pamplona

viernes, 5 de febrero de 2021

El déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir a corporaciones locales, se sitúa en noviembre en el 7,82% del PIB por el impacto de la COVID-19

viernes, 5 de febrero de 2021

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir a corporaciones locales, se sitúa en noviembre en el 7,82% del PIB por el impacto de la COVID-19

Viernes 29 de enero de 2021

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de ejecución presupuestaria de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, que reflejan el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas en los meses previos para atender la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

En concreto, en los once primeros meses del año el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, sin incluir la ayuda financiera, se sitúa en 87.602 millones de euros. En términos de PIB, el déficit de estos tres subsectores equivale al 7,82%.

Necesidad y capacidad de financiación de las Administraciones Públicas

Necesidad y capacidad de financiación de las Administraciones Públicas

Administración Central

El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) asciende en noviembre a 72.400 millones, que equivale al 6,46% del PIB. Si se incluye la ayuda a instituciones financieras, el déficit de la Administración Central se mantiene hasta noviembre en el mismo porcentaje.

El déficit del Estado en los once primeros meses se sitúa en 72.256 millones de euros, lo que equivale al 6,45% del PIB. Si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario) la cifra se reduce hasta el 4,63% del PIB. Esta evolución se debe al descenso de los recursos un 12,7%, hasta los 162.429 millones, aunque modera la caída respecto a meses anteriores. También obedece al aumento de los gastos un 19,2%, hasta los 234.685 millones, correspondiendo casi el 87% del incremento registrado a gastos relacionados con la emergencia sanitaria.

De hecho, los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a la Seguridad Social y a las CCAA para garantizar los recursos suficientes en la lucha contra la pandemia.

Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 144 millones excluida la ayuda financiera, un 72,6% inferior al registrado en 2019, situándose en el 0,01% del PIB, Esta evolución se debe a un incremento del 1,4% de los ingresos, fundamentalmente de las transferencias recibidas del Estado; y una disminución de los gastos del 0,6%, debido principalmente a la disminución de las transferencias a otras AAPP.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional ha registrado un superávit de 3.223 millones, lo que supone el 0,29% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, ya registrada en los meses previos, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos económicos necesarios a las Comunidades Autónomas para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la COVID-19.

Los ingresos crecen hasta noviembre un 8,5%. En esta evolución cabe destacar el incremento del 14,5% que registran las transferencias recibidas de otras AAPP por los mayores recursos recibidos del Estado, y el aumento del 4,2% de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 13,7% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 22,6%, en línea con la caída registrada en el ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,6%, los consumos intermedios crecen un 9,4%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 5,7% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID-19 hasta noviembre. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,9%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 13,9% y las prestaciones sociales un 6,8%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 1,5%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 16,7% y en un 1%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta noviembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 comunidades, logran situarse en superávit.

Capacidad o necesidad de financiación de ls comunidades autónomas

Capacidad o necesidad de financiación de ls comunidades autónomas

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza 7.089 millones en gasto socio-sanitario, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Impacto asociado al coronavirus por comunidades autónomas

Impacto asociaado al coronavirus por comunidades autónomas

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,65% del PIB, cifra en la que impactan con fuerza los efectos de la crisis sanitaria, económica y social ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta noviembre, los recursos se han incrementado un 14,1%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 22,1%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 27.247 millones, lo que representa el 2,46 % del PIB.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 5.111 millones, un 0,46% del PIB. Esta cifra recoge el impacto de la transferencia de 18.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentan en 1.727 millones, debido fundamentalmente a la revalorización para 2020 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la consiguiente actualización de bases mínimas y del tope mínimo de cotización.

Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 142.907 millones, un 8,8% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19. En cuanto al gasto en subvenciones del sistema, este asciende a 6.768 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha registrado un déficit de 13.245 millones hasta noviembre. Las cotizaciones sociales descienden un 0,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta alcanzar en noviembre los 33.392 millones.

Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de noviembre de más de 14.364 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 54,8% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las subvenciones del SEPE ascienden a 3.104 millones, un 41,5% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra hasta noviembre un resultado negativo de 69 millones debido a la reducción de los ingresos un 0,8%, y un aumento de los gastos en un 50,8%.

Estado de situación del COVID-19

viernes, 5 de febrero de 2021

Coronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Miércoles 3 de febrero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 303. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 02.02.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 02.02.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 2.851.869 casos confirmados de COVID-19 y 59.805 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Campo: «El ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación»

viernes, 5 de febrero de 2021

Sesión de control en el Senado

Campo: «El ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación»

Martes 2 de febrero de 2021

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado en el Senado que en la inmensa mayoría de los casos de ocupación «no se trata de primeras ni segundas viviendas habituales».

Juan Carlos Campo, ha matizado, en la Sesión de control en el Senado, en respuesta al Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) sobre medidas para combatir judicialmente las ocupaciones, que «el ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación».

En su intervención, Campo ha señalado que el Derecho, en España, tiene herramientas ágiles y eficaces para hacer frente al fenómeno en tres ámbitos: el civil, el penal y el administrativo. Y ha destacado que «el desalojo de una vivienda, ocupada ilegalmente, se produce de manera inmediata. No es verdad ese falso rumor sobre que si pasan 48 horas ya nadie puede echar a las personas que han ocupado la vivienda, o que si se cambia la cerradura el propietario ya no puede denunciar».

Por otro lado, Campo ha hecho hincapié en aclarar que la inmensa mayoría de los casos son de usurpación, es decir, «no se trata de primeras ni segundas viviendas habituales, sino que afecta casi en un 80% a grandes grupos inmobiliarios o a entidades financieras».

En ese sentido, el ministro ha señalado que con estos datos no se trata de justificar o normalizar el delito de usurpación. Todo lo contrario, ha indicado Campo, «el Estado de Derecho actúa también frente a estas conductas y la Ley protege a las personas afectadas».

Campo se ha basado en las estadísticas proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro ha indicado que en 2017 se produjeron un total de 6.757 condenas de adultos por delito de usurpación, no de allanamiento, ha puntualizado, y en 2018 un total de 6.028. Es decir, «en 2018 se redujo el número de condenas», ha señalado.

Campo ha invitado al PP a huir «del populismo que estigmatiza a los colectivos más vulnerables en un momento tan crítico como el que atravesamos, con unas profundas crisis económica y social en el mundo a causa de la COVID-19». Y ha reiterado, para finalizar, que «el Estado de Derecho da respuesta al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, la Ley ofrece alternativas y el Gobierno y el resto de instituciones del Estado trabajan de forma permanente para adoptar medidas más eficaces».

Proyecto Curtis en España: el BEI debe pronunciarse sobre la solicitud de revisión de ClientEarth

viernes, 5 de febrero de 2021

curia.europa.eu

Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 10/21

Luxemburgo, 27 de enero de 2021

Sentencia en el asunto T-9/19

ClientEarth/Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Proyecto Curtis en España: el BEI debe pronunciarse sobre la solicitud de revisión de ClientEarth

El Tribunal General anula la decisión del BEI por la que se declaró inadmisible la solicitud de revisión del acuerdo de su Consejo de Administración

El proyecto de construcción en el municipio de Curtis, en Galicia, de una central de biomasa de producción de electricidad, denominado proyecto Curtis, logró una adjudicación de proyectos de energías renovables organizada por España en 2016. El promotor del proyecto Curtis se puso en contacto con los servicios del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para entablar conversaciones sobre la posibilidad de obtener financiación por parte de este.
Mediante un acuerdo adoptado el 12 de abril de 2018 («acuerdo controvertido»), el Consejo de Administración del BEI aprobó la propuesta de financiación por un importe máximo de 60 millones de euros. El 9 de agosto de 2018, ClientEarth, una ONG dedicada a la protección del medio ambiente, presentó ante el BEI una solicitud de revisión interna del acuerdo, de conformidad con el Reglamento Aarhus (1) y la Decisión 2008/50. (2)
Mediante escrito de 30 de octubre de 2018, el BEI informó a ClientEarth de que se había denegado su solicitud de revisión interna del acuerdo controvertido. Indicó que la consideró inadmisible debido a que dicha solicitud no se refería a un acto que pudiese ser objeto de revisión interna, es decir, un «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus («acto impugnado»).

ClientEarth interpuso un recurso contra la decisión del BEI ante el Tribunal General.

ClientEarth invoca dos motivos en apoyo de su recurso. Mediante su primer motivo, reprocha al BEI que, al adoptar el acto impugnado, aplicase erróneamente, con respecto al acuerdo controvertido, determinados requisitos exigidos para que un acto pueda ser calificado de «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus. El segundo motivo se refiere al incumplimiento de la obligación de motivación.
Mediante su sentencia de hoy, dictada en formación ampliada, el Tribunal General señala, en primer lugar, que por lo que respecta a los dos motivos de anulación invocados en apoyo del recurso, el segundo se refiere a un vicio sustancial de forma aplicable al acto impugnado, a saber, la obligación de motivar dicho acto, mientras que el primero, basado en errores de apreciación en la aplicación del Reglamento Aarhus de que adolece el acto impugnado, se refiere a la legalidad de este.

En este contexto, el Tribunal General recuerda que el juez de la Unión no puede ejercer un control sobre el fondo de un acto si la motivación de dicho acto no es suficiente en un punto esencial del razonamiento que determinó la elección de su autor. Por lo tanto, debe comprobar la suficiencia de la motivación del acto antes de abordar el motivo relativo a su fundamento.

El Tribunal General declara que la motivación que figura en el acto impugnado era suficiente para permitir a ClientEarth conocer las razones por las que el BEI había denegado por inadmisible la solicitud de revisión interna del acuerdo controvertido que aquella le había dirigido y para permitirle impugnar el fundamento de esa motivación en el marco del primer motivo del recurso. En consecuencia, el Tribunal General desestima por infundado el segundo motivo, relativo al incumplimiento de la obligación de motivación.

El Tribunal General aborda a continuación el primer motivo del recurso, basado en errores de apreciación en la aplicación del Reglamento Aarhus. Recuerda, entre otros extremos, que cuando ha tenido que interpretar las disposiciones de directivas que aplican a los Estados miembros las exigencias del Convenio de Aarhus, el juez de la Unión ha manifestado que el objetivo perseguido por el legislador de la Unión consistía en facilitar al público interesado «un amplio acceso a la justicia», y que ese objetivo formaba parte, en términos más generales, de la voluntad del legislador de la Unión de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, y de hacer que el público desempeñe un papel activo a tal fin. Por consiguiente, estima que, aun cuando las partes en el Convenio de Aarhus tuvieran cierto margen de discreción en la aplicación de dicho Convenio, debería adoptarse, no obstante, un enfoque muy protector para con la eficacia y los objetivos de ese Convenio en el contexto de las obligaciones de aplicación que incumben a los Estados miembros.

En este contexto, el Tribunal General concluye que el concepto de «medida de alcance individual» adoptada «conforme al Derecho medioambiental», recogido en el Reglamento Aarhus, debe interpretarse de manera amplia, en el sentido de que no se limita únicamente a las medidas de alcance individual adoptadas sobre la base de una disposición de Derecho derivado que contribuya a la consecución de los objetivos de la Unión en materia medioambiental, tal como se establecen en el artículo 191 TFUE, apartado 1, sino que se refiere a cualquier medida de alcance individual sujeta a los requisitos del Derecho derivado de la Unión que, con independencia de su fundamento jurídico, tenga por objeto directamente la consecución de los objetivos de la política de la Unión en materia de medio ambiente.

A este respecto, el Tribunal General examina si el acuerdo controvertido puede analizarse como una medida de alcance individual. Considera que, en tanto en cuanto declaraba que el proyecto Curtis cumplía los criterios de carácter medioambiental establecidos por el BEI para poder optar a una financiación por su parte, el acuerdo controvertido era efectivamente una medida de alcance individual adoptada «conforme al Derecho medioambiental» en el sentido del Reglamento Aarhus.

El Tribunal General recuerda que el procedimiento administrativo de revisión interna previsto en el Reglamento Aarhus abre la vía a un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en virtud de ese mismo Reglamento, debe interponerse «de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado [FUE]» y, por lo tanto, en principio, observando los requisitos establecidos en el artículo 263 TFUE. Habida cuenta del vínculo existente entre el concepto de acto que surte «efecto jurídicamente vinculante y externo», en el sentido del Reglamento Aarhus, y el de acto que produce efectos jurídicos frente a terceros, en el sentido del artículo 263 TFUE, en aras de la coherencia general, es razonable interpretar el primero de conformidad con el segundo.

De ello se desprende que, aun cuando no constituía ―como sostiene el BEI y como manifestaba en su escrito de 13 de abril de 2018 al promotor del proyecto Curtis― un compromiso jurídico en cuanto a la concesión del préstamo a la entidad ad hoc, ya que quedaban por auditar otros aspectos técnicos, económicos y financieros del proyecto, el acuerdo impugnado surtía, sin embargo, ciertos efectos jurídicos definitivos frente a terceros, en particular frente al promotor de dicho proyecto, en la medida en que hacía constar que el citado proyecto era apto para ser financiado por el BEI habida cuenta de sus aspectos medioambientales y sociales, permitiendo así al promotor tomar las siguientes medidas necesarias para formalizar el préstamo que debía recibir. Atendiendo a esos aspectos medioambientales y sociales, la decisión subsiguiente del Comité de Dirección de conceder el préstamo, tras haber hecho la auditoría del proyecto Curtis sobre los demás aspectos que quedaban por examinar, únicamente podía considerarse, a lo sumo, una decisión de mera ejecución.

Pues bien, el procedimiento de revisión interna establecido en el Reglamento Aarhus debía versar precisamente sobre los aspectos medioambientales, y la solicitud de revisión interna presentada por ClientEarth cuestionaba en particular la evaluación, por el BEI, de la sostenibilidad del proyecto Curtis y de su contribución a la consecución de los objetivos de la política medioambiental de la Unión. Así pues, dicha solicitud se refería, al menos en parte, a los efectos jurídicos definitivos producidos frente a terceros por el acuerdo controvertido.

1 Con objeto de aplicar el Convenio de Aarhus en el ordenamiento jurídico de la Unión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento (CE) n.º 1367/2006, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos [de la Unión Europea], de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13; «Reglamento Aarhus»).
2 Decisión 2008/50/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento [Aarhus] en lo que respecta a las solicitudes de revisión interna de actos administrativos (DO 2008, L 13, p. 24).
www.curia.europa.eu

La Inspección de Trabajo impulsa un Plan de Actuación para regularizar la situación laboral del sector de las personas trabajadoras del hogar

viernes, 5 de febrero de 2021

Trabajo con derechos

La Inspección de Trabajo impulsa un Plan de Actuación para regularizar la situación laboral del sector de las personas trabajadoras del hogar

Lunes 1 de febrero de 2021

La Moncloa

La acción inspectora se centra en las personas empleadoras, ofreciéndoles asistencia técnica e información para actualizar los salarios inferiores al SMI y las respectivas cuotas de las personas ocupadas en este Sistema Especial.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un Plan de Actuación para regularizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social del sector de las personas trabajadoras del hogar. La campaña inspectora y de sensibilización se dirige a las personas empleadoras, ofreciéndole asistencia técnica e información para que procedan a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la correlativa regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El Plan de Actuación del Organismo Autónomo pone también su foco en la lucha contra la economía irregular, dando prioridad a las denuncias presentadas y comunicaciones recibidas en el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El objetivo de la campaña es que la remuneración y, por consiguiente, la base de cotización de los trabajadores y trabajadoras que integran este Sistema Especial, altamente feminizado y precarizado, se ajuste a la cuantía actualmente marcada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): para jornada completa de 950 euros/mes en 14 pagas (1.108,33€/mes con prorrateo de pagas extras), y para jornada por horas el salario mínimo será de 7,43 euros/hora.

Para proceder a la regularización de salario y cotizaciones de las personas trabajadoras del hogar, el titular del hogar familiar habrá de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real actual desde el 1 de enero de 2021, que en ningún caso podrá ser inferior al SMI vigente.

En la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se puede encontrar un sitio web, con toda la información detallada sobre las diferentes vías para regularizar los salarios y las cotizaciones: tanto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Sistema RED (graduados sociales, gestorías y profesionales autorizados) o a través del envío de un formulario al que se puede acceder en un QR disponible en la página web.

Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado la comunicación, a través de cartas, con las personas empleadoras de este Sistema Especial, informándoles sobre la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y las respectivas cotizaciones de las personas trabajadoras del hogar.

La Vicepresidenta de la CNMV presidirá el comité de sostenibilidad de ESMA

viernes, 5 de febrero de 2021

La Vicepresidenta de la CNMV presidirá el comité de sostenibilidad de ESMA


Dirección de Comunicación CNMV

1 de febrero de 2021

El Comité de Coordinación de Sostenibilidad (CNS) coordina los trabajos relativos a finanzas sostenibles de ESMA y promueve una estrategia común entre las autoridades nacionales competentes
La vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, ha sido nombrada presidenta del Comité de Coordinación de Sostenibilidad (CNS) de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), organismo independiente que reúne a los supervisores del mercado de valores de la UE.

El Comité de Sostenibilidad coordina todos los trabajos de ESMA en el ámbito de las finanzas sostenibles y promueve una estrategia común entre los supervisores nacionales. También trabaja como foro de intercambio de conocimiento y buenas prácticas de supervisión, y analiza la normativa con el fin de identificar cualquier incongruencia o contradicción en el tratamiento de materias de sostenibilidad en los distintos textos legislativos y asesora al respecto.

El Comité tiene carácter horizontal dentro de ESMA, por la propia naturaleza de los temas relacionados con las finanzas sostenibles y por su función de coordinación de los distintos departamentos de supervisión y desarrollo normativo en esta materia.

Con este nombramiento, la CNMV desempeñará un papel relevante en el desarrollo de la regulación de una de las áreas que más condicionan el futuro inmediato de los mercados financieros. Con ello, se continuará y reforzará la actividad ya realizada por la CNMV en este ámbito y en este comité en los últimos años.