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jueves, 11 de febrero de 2021

CEOE se reúne con el Defensor del Pueblo para impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios en el Impuesto de Patrimonio

jueves, 11 de febrero de 2021

CEOE se reúne con el Defensor del Pueblo para impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios en el Impuesto de Patrimonio

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto al vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa, se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.

A su llegada a la reunión, Antonio Garamendi ha subrayado que “el Impuesto de Patrimonio grava el ahorro, algo que ya ha pagado impuestos”, y ha recordado que “en la UE es curioso que el único país que tenga este impuesto sea España”. Por su parte, Josep Sánchez-Llibre ha calificado el impuesto como “confiscatorio, injusto y atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles”, al tiempo que ha recalcado también que “solamente existe en España”.

En la reunión, se ha hecho entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederación.

Desde CEOE se viene reclamando un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias. Esto es, para lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos.

Sin embargo, lejos de este enfoque, en el actual entorno de tipos de interés 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del COVID-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio –tributo que además no existe en ningún otro país de la UE- del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional.

Según la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así se entiende cuando un impuesto somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto.

En efecto, en muchos casos, el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio –incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios- para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recurrir.

En el momento actual, el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está razonablemente por debajo del tipo impositivo, debiendo añadirse, además, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habrá tributado previamente por IRPF.

Por ello, se considera que en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico.

Es por eso por lo que las organizaciones empresariales de toda España pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario.

A continuación, se incluyen declaraciones de los presidentes de las organizaciones territoriales de CEOE firmantes del documento entregado al Defensor del Pueblo.

Organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE adheridas al escrito

Andalucía

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

“Los empresarios andaluces nos sumamos a CEOE y respaldamos firmemente su petición al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio. Fíjense en que es un tributo único en Europa, somos el único país de la Unión en el que existe, y lamentablemente penaliza el ahorro. Así, es un tributo que desanima, que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado antes: ataca a la línea de flotación de los ahorradores y de gran parte de la clase media. Nos parece que tiene un carácter confiscatorio, que en absoluto se corresponde con el sistema tributario justo que defiende nuestra Constitución, y no valora la equilibrada capacidad económica del contribuyente…”.

Aragón

Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón

«El Impuesto de Patrimonio genera una doble imposición sobre el ahorro personal y empresarial, que ya tributa en el IRPF, desincentivando tanto este como la atracción de inversiones. Supone, además, agravios comparativos frente al resto de países de la UE y entre Comunidades Autónomas.»

Canarias

José Carlos Francisco, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de las Islas Canarias (COREICA)

“Todo esfuerzo fiscal no competitivo sobre empresas y personas físicas dificulta la recuperación de la economía, pues desincentiva la creación de valor productivo y, por lo tanto, posibilidades de inversión, desarrollo y crecimiento económico sostenible. Las sociedades evolucionan y la Administración que las gobierna debe acompasarse tanto en capacidad de adaptación como en costes de su estructura, que deben sumar al modelo competitivo que conforma nuestro país”.

Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios

“La interposición de este recurso es un paso necesario que debemos dar para lograr que nuestro sistema fiscal sea justo y cumpla el mandato de nuestra Constitución. El sistema fiscal de una sociedad moderna que quiera avanzar debe alejarse de prejuicios que no hacen más que mermar la capacidad de nuestro desarrollo.”

Cantabria

Enrique Conde, presidente de CEOE CEPYME Cantabria

«Los cambios propuestos sobre el incremento en la fiscalidad del patrimonio van justo en la dirección opuesta al interés del país en esta situación de crisis. Se trata de una medida irrelevante desde el punto de vista de la recaudación, pero que provoca una quiebra de confianza entre los contribuyentes. Para los empresarios este tipo de medidas, vistosas, populistas e ineficaces, son desalentadoras».

Castilla y León

Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León

“Es necesario, más en estos momentos de crisis, la eliminación de un impuesto que está penalizando a los ciudadanos de Castilla y León y frenando la inversión empresarial y, por tanto, la creación de empleo. En un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, CEOE Castilla y León considera que es urgente que exista una armonización fiscal, para evitar que se agudice la deslocalización de empresas”.

Castilla-La Mancha

Ángel Nicolás García, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME CLM)

“Desde CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha nos adherimos a la petición de CEOE al Defensor del Pueblo para que la Ley del Impuesto sobre Patrimonio sea derogada o modificada, ya que el Impuesto de Patrimonio podría vulnerar el principio constitucional de capacidad económica. De esta forma, desde CECAM nos sumamos a la postura defendida desde CEOE sobre el carácter marginal del Impuesto de Patrimonio, que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado antes. Los empresarios castellano-manchegos defendemos un sistema tributario justo, entendiendo que esta ley contiene un carácter confiscatorio, que vulnera el principio de confiscatoriedad recogido en el artículo 31.1 de la Constitución. Además, cabe recordar que la presión fiscal que soportan las empresas de nuestro país es mucho mayor que en el resto de la Unión Europea”.

Cataluña

Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball

“El Impuesto de Patrimonio es un impuesto inexistente en el resto de países de la Unión Europea que grava el ahorro procedente de rentas que ya han sido objeto de tributación, con tipos impositivos absolutamente confiscatorios. Penaliza un patrimonio que no genera las rentas suficientes para pagar el impuesto. Foment del Treball considera esencial considerar inconstitucional este impuesto que perjudica el ahorro y las rentas y, por tanto, a la inversión”.

Ceuta

Bhagwan Dhanwani Doulatram, presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE)

“Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) nos adherimos a esta iniciativa de CEOE, ya que consideramos que el Impuesto de Patrimonio no obedece a un sistema tributario justo; ya que supone una doble imposición, al ser rentas por las que ya se tributó en su debido momento, tomando por tanto dicha Ley un carácter confiscatorio. Desde la CECE, confiamos en que esta propuesta de CEOE con el apoyo de las organizaciones empresariales autonómicas sea atendida y se derogue la Ley de Impuesto de Patrimonio”

Comunidad de Madrid

Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM

«Desde CEIM nos sumamos a la solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo. Abogamos por la supresión del Impuesto de Patrimonio en España ya que penaliza el ahorro, genera doble imposición, ha desaparecido en la práctica totalidad de los países y apenas tiene capacidad recaudatoria, y pedimos a las Comunidades Autónomas que, siguiendo el buen ejemplo de la Comunidad de Madrid, se bonifique al 100% mientras no sea eliminado de la regulación estatal».

Comunidad Foral de Navarra

Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN)

“El Impuesto de Patrimonio grava un capital ahorrado, después de que la renta de la que proviene ya haya sido gravada anteriormente y, por tanto, lo convierte en un impuesto redundante, pudiendo llegar a ser confiscatorio”.

Comunidad Valenciana

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Al igual que el resto de las organizaciones empresariales territoriales, la CEV se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio por considerar que “se trata de un impuesto desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo y confiscatorio en su efecto, puesto que la tarifa del impuesto puede llegar a ser superior a la rentabilidad del propio activo”. Como ha afirmado su presidente, Salvador Navarro, “la CEV defiende la necesidad de avanzar, en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómico, hacia un sistema fiscal más competitivo, capaz de atraer patrimonio, inversiones y talento humano; incentivar las inversiones en start-ups, en actividades socialmente responsables, en los ámbitos de la tecnología e I+D, y en aquellas inversiones que generen empleo”.

Comunidad Autónoma de Extremadura

Pedro Castro, presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)

“Desde la CREEX apoyamos plenamente la derogación del Impuesto de Patrimonio por ser un gravamen anacrónico, confiscatorio (y, por ende, inconstitucional), por ser contrario a la armonización fiscal en el seno de la UE y por no responder al principio de redistribución, sino suponer un empobrecimiento objetivo del contribuyente, además de lastrar el desarrollo económico”.

Galicia

Juan Manuel Vieites, presidente de CEG Galicia

“La CEG lamenta el carácter anómalo del Impuesto de Patrimonio en el ámbito del Derecho comparado de la Unión Europea, y que solo existe en España dentro de la misma. La organización empresarial gallega se adhiere a esta iniciativa de CEOE y otras patronales autonómicas en defensa de un sistema tributario justo, y que advierte sobre el carácter confiscatorio de este impuesto -vulnerando el artículo 31.1 de la Constitución Española- puesto que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado con anterioridad a través de otros tributos”.

Islas Baleares

Carmen Planas, presidenta de CAEB, Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares

“Desde Baleares nos adherimos al dictamen de recurso de inconstitucionalidad del Impuesto de Patrimonio y consideramos del todo injusto que, siendo un tributo transferido, cada Comunidad Autónoma tenga la potestad de decidir las cantidades exactas a pagar y los porcentajes a aplicar sobre el patrimonio neto, que suelen oscilar entre el 0,2% y el 2,5%. Sin embargo, el gravamen que soportan los ciudadanos de Baleares es mucho más elevado que en otras Comunidades ya que, partiendo de un mínimo del 1%, puede alcanzar hasta el 20% en función de la cantidad heredada. Además, está el hecho de que la ‘modalidad balear’ de este impuesto afecta también a los residentes extranjeros, a quienes grava no solo sobre su patrimonio en las islas, sino que también les obliga a tributar por el resto de propiedades o bienes que posean en sus países de origen, medida que resta interés a los ciudadanos extranjeros que quieren invertir en Baleares por la especial crudeza de las condiciones que aplica la Comunidad Autónoma Balear a este impuesto en las islas”.

La Rioja

Jaime García-Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER)

“Consideramos que el Impuesto del Patrimonio es absolutamente injusto, tiene únicamente un carácter confiscatorio y recaudatorio, y daña la propia actividad y el ahorro empresarial, al tratarse de un impuesto procedente de rentas por las que anteriormente ya se ha tributado. Desde la Federación de Empresas de La Rioja exigimos su desaparición del sistema tributario por inconstitucional.”

Melilla

Enrique Alcoba Ruiz, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME)

“Desde la Confederación de Empresarios de Melilla, nos sumamos a la iniciativa de supresión del Impuesto de Patrimonio promovida desde CEOE. Bonificar el 100% de este impuesto es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad en general”.

País Vasco

Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask

“El impuesto de patrimonio es un tributo que penaliza a unos ahorradores e inversores que, en muchos casos, ya hacen una importante aportación a la sociedad invirtiendo en empresas fuertes y competitivas que crean puestos de trabajo, salarios e impuestos. Además, son objeto de una ‘doble imposición’ porque ya pagan el impuesto de renta correspondiente y, con los tipos máximos actuales, adquiere un claro carácter confiscatorio. España es el único país que lo mantiene en la UE y en la OCDE conviviendo con el resto de cargas que inciden sobre el ahorro. Recauda muy poco (en Euskadi apenas supone el 1,2% del total), expulsa a contribuyentes con talento profesional e impide crear entornos fiscales atractivos para el emprendimiento y para la inversión”.

Principado de Asturias

Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

“Nos hemos sumado a la iniciativa de supresión del Impuesto de Patrimonio promovida desde CEOE. Bonificar el 100% de este impuesto era una de las propuestas que FADE había incluido en las 22 Acciones, y es una reclamación que la Federación viene haciendo desde mucho tiempo atrás. La supresión de esta carga fiscal en España, uno de los pocos países europeos que aún la mantiene y en el que más alto tipo de gravamen de todos ellos existe, debería ser fruto de una decisión política. Esperemos que la propuesta impulsada por la organización representativa de los empresarios españoles prospere”.

Región de Murcia

José María Albarracín, presidente de CROEM Murcia

«Es un impuesto obsoleto e injusto. De los 27 países miembro en la UE, España es el único que lo mantiene y esto crea notables diferencias de cara a la atracción de inversiones y crea ciudadanos de primera y de segunda dentro del marco europeo. Es además un impuesto que grava el ahorro, y que tiene visos de ser confiscatorio. Hay que eliminarlo».

CESCE reforzó su actividad en 2020

jueves, 11 de febrero de 2021

CESCE reforzó su actividad en 2020

Como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA)

Comercio | 01/02/2021

La compañía lanzó por cuenta del Estado cinco medidas de apoyo a grandes empresas y pymes internacionalizadas para paliar los efectos negativos de la pandemia sobre la economía española.

La línea de mayor volumen, la Línea extraordinaria CESCE COVID19, ha apoyado ya a más de 800 empresas internacionalizadas y concentra un tercio de los 3.081 millones de euros de seguro emitido por cuenta del Estado en 2020.
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La pandemia de COVID19 ha incidido considerablemente en la actividad de CESCE por cuenta del Estado, a lo largo de 2020. La compañía emitió seguro por cuenta del Estado por valor de 3.081 millones de euros y cerró el año con una cartera de riesgos por importe de 16.373 millones de euros, cifra sólo ligeramente superior a la del año anterior. El seguro de CESCE por cuenta del Estado arrojó saldo positivo y generó al Fondo de Reserva para los Riesgos de la Internacionalización (FRRI) un ingreso neto de 66,5 millones de euros, lo que eleva la dotación actual del fondo a casi 1.300 millones de euros. La compañía registra, así, 25 años consecutivos de saldo positivo en el seguro por cuenta del Estado. En cuanto a la siniestralidad de 2020, ésta se mantuvo en un nivel similar al del año anterior, con unas indemnizaciones pagadas por valor de 48 millones de euros.

Según el presidente ejecutivo de CESCE, Fernando Salazar, “la pandemia ha demostrado que es necesario contar con sólidos instrumentos oficiales, como CESCE, para apoyar a las empresas españolas e impulsar el despegue económico a medio y largo plazo”.

A lo largo de 2020, CESCE puso en marcha por cuenta del Estado cinco medidas fundamentales de apoyo a las empresas, que han contribuido a paliar los efectos negativos de la crisis sobre la economía española: la Línea CESCE COVID19 (2.000 millones de euros), la ampliación de la Línea de Avales y Circulante para pymes (hasta los 500 millones de euros), una mayor flexibilidad en la reestructuración de las operaciones, el refuerzo de su plataforma de gestión telemática CESNET y la cobertura de operaciones de exportación a corto plazo en países de la OCDE.

La mayor operación en 50 años de historia de CESCE

La más importante de las medidas y la mayor operación de CESCE desde la creación de la compañía hace 50 años, ha sido la línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante, Línea CESCE COVID19, que se aprobó mediante el RD 8/2020 del Gobierno de España de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19. La línea se dotó con 2.000 millones de euros y estará en vigor hasta junio de 2021. Ante las necesidades del mercado, la cobertura se amplió también a empresas cotizadas, aunque las operaciones de circulante en estos casos no pueden superar el 35% del volumen total de seguros de la línea.

Hasta la fecha, esta línea ha beneficiado a 800 empresas internacionalizadas, una cifra que multiplica por cuatro el promedio de exportadores que, cada año, se benefician de las coberturas por cuenta del Estado de CESCE. Además, ha concentrado un tercio de todas las contrataciones de seguro emitidas por cuenta del Estado en 2020.

El programa de apoyo a través de la Línea CESCE COVID19, dirigido específicamente a las empresas internacionalizadas, empezó a funcionar en abril de 2020, articulado en dos tramos de 1.000 millones de euros cada uno. El primer tramo (abril 2020-noviembre 2020) se saldó con la cobertura de 752 créditos bancarios por valor de 1.377 millones de euros, de los que dos tercios se destinaron mayoritariamente a pymes. La cobertura media de CESCE se situó en un promedio del 70% del valor de los créditos movilizados. Actualmente, está en vigor el segundo tramo de 1.000 millones de euros (noviembre 2020-junio 2021) y ya concentra solicitudes por valor de, aproximadamente, un tercio del límite total.

La gestión de esta línea de cobertura ha supuesto un enorme esfuerzo para CESCE, hasta tal punto que el número de solicitudes recibidas y pólizas formalizadas se ha triplicado con respecto a las que se reciben en un año convencional (de 320 pólizas de seguro firmadas en un año habitualmente, a 1.058 pólizas en el año de la pandemia). Esta labor fue premiada el pasado mes de noviembre por el Club de Exportadores, con el “Reconocimiento especial a la Mejor respuesta empresarial frente a la pandemia”. El galardón fue entregado a CESCE, ICO y COFIDES por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La Línea CESCE COVID19 se impulsó en paralelo a la aprobación de las líneas ICO, una de las primeras medidas económicas del Gobierno. Ambas líneas de crédito – la de ICO y la de CESCE – constituyen ayudas de Estado permitidas bajo el Marco Temporal de la Comisión de la UE, aprobado el 19 de marzo de 2020 y sus modificaciones.

Otras iniciativas

En noviembre de 2020, CESCE también reforzó su capacidad para apoyar a las pymes al ampliar en 100 millones de euros la dotación de su Línea de Avales y Circulante para pymes, midcaps y empresas no cotizadas, lo que dejó su presupuesto total en 500 millones de euros.

Además, CESCE introdujo una mayor flexibilidad en la reestructuración de las operaciones por cuenta del Estado, reforzó su plataforma de gestión telemática CESNET y puso en marcha la cobertura de operaciones de exportación a corto plazo en países de la OCDE, tras su autorización por parte de la Comisión Europea. El objetivo fue paliar los posibles fallos del mercado privado. Estas coberturas incluyen los riesgos políticos y comerciales de hasta dos años.

Al margen de las medidas vinculadas a los efectos de la COVID19, la operación de mayor envergadura fue la línea de crédito a la empresa ADNOC, para la financiación de varios proyectos desarrollados por Técnicas Reunidas e Intecsa Ingeniería Industrial, por un importe cercano a los 1.000 millones de euros.

Retos para 2021

De cara 2021, CESCE tiene previsto lanzar nuevas pólizas verdes (póliza para exportaciones y para inversiones) con objeto de contribuir a la transición hacia una economía más sostenible y reforzar el peso del sector exterior español en este tipo de proyectos a nivel internacional.

Recientemente, además, CESCE ha entrado a formar parte del capital de la African Trade Insurance (ATI), agencia de seguros multilateral africana, y ha firmado un MOU con Afreximbank, para cubrir más operaciones en el continente africano.

Criptomonedas: no dejes que te deslumbren

jueves, 11 de febrero de 2021

Criptomonedas: no dejes que te deslumbren

28/01/2021 Banco de España

En los últimos años han proliferado en todo el mundo ciertos activos conocidos generalmente como monedas virtuales o criptomonedas, entre ellas el bitcoin, la más popular. Estos activos no tienen el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas, y aunque se presenten como alternativa al dinero, sus características son muy diferentes:

No es obligatoria su aceptación como medio de pago de deudas

Su circulación es muy limitada

Su valor oscila fuertemente, por lo que no pueden considerarse un buen depósito de valor ni una unidad de cuenta estable

El Banco de España y la CNMV ya advirtieron en 2018Abre en ventana nueva a los consumidores del peligro que pueden correr en este tipo de inversiones debido, entre otros riesgos, a la extrema volatilidad de las criptomonedas, que puede desembocar incluso en la pérdida de todo el capital invertido.

Entre esos riesgos, debes considerar:

Problemas de liquidez y volatilidad extrema que producen fuertes oscilaciones en su precio. Además, los motivos de las oscilaciones de sus precios no son siempre transparentes y podrían manipularse. Y recuerda que, por ejemplo, en caso de necesitar recuperar tu inversión, podrías tener dificultades para venderlas.

Elevado riesgo de perder lo invertido: las criptomonedas son inversiones muy especulativas.

Dificultad para garantizar los derechos de los consumidores: ninguna emisión ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España, por lo que si has comprado criptomonedas no tienes las garantías o protecciones que la norma ofrece a los productos bancarios o de inversión.

Problemas derivados del carácter transfronterizo: en muchas ocasiones, los distintos actores implicados en la emisión, custodia y comercialización de criptomonedas no se encuentran localizados en España, por lo que la resolución de cualquier conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas.

Si una oportunidad suena demasiado bien para ser cierta o si te piden actuar rápidamente, desconfía y extrema la precaución, ya que podrías perder tu dinero.

Recuerda que las criptomonedas son inversiones complejas muy alejadas de los intereses de los pequeños ahorradores. Si aun así te seduce esta inversión, antes de adquirirlas o de suscribir productos relacionados con ellas, asegúrate de contar con la información suficiente para entenderlos y considera todos los riesgos asociados.

BME reúne en Fráncfort a 22 cotizadas pequeñas y medianas españolas con inversores europeos

jueves, 11 de febrero de 2021

BME reúne en Fráncfort a 22 cotizadas pequeñas y medianas españolas con inversores europeos

•Suman un valor de mercado de más de 12.000 millones de euros

Hoy comienza la decimocuarta edición del Frankfurt European Midcap Event,un encuentro anual en el que BME es patrocinador habitual y que se realiza por primera vez en formato únicamente virtual por razones sanitarias.

El evento tiene como objetivo poner en contacto a compañías de mediana y pequeña capitalización de distintos países europeos con más de 75 inversores interesados en este perfil de emisores.

En total son 22 las compañías asistentes, 13 de ellas del Mercado Principal (Soltec, Indra, CAF, Grenergy, Aedas Homes, Atresmedia, Liberbank, Global Dominion, Sacyr, Metrovacesa, Mediaset, Ence y Neinor Homes) y 9 de BME Growth (Atrys Health, Holaluz, Phacephi, Cuatrochenta, Making Science, Netex, Plásticos Compuestos, Lleida.net y Greenalia). Entre todas suman un valor de mercado superior a los 12.000 millones de euros.

Con esta iniciativa, BME pretende aumentar la visibilidad de los datos fundamentales de estas compañías y su gobierno corporativo en el mercado, y facilitar a analistas e inversores el acceso directo a su management, lo que redundará para ellas en una mayor liquidez y capacidad de financiación.

Este encuentro internacional complementa otras acciones habituales de BME para apoyar a las empresas cotizadas en el mercado español, y les da acceso en esta ocasión a inversores europeos, principalmente alemanes.

El evento se desarrolla en el marco del proyecto BME 4Companies, cuyo objetivo es facilitar los servicios y herramientas necesarios para que las compañías cotizadas consigan sus objetivos de crecimiento y financiación en el entorno de transparencia y eficacia del mercado de valores.

Estado de situación del COVID-19

jueves, 11 de febrero de 2021

Conronavirus COVID-19

Estado de situación del COVID-19

Miércoles 10 de febrero de 2021

La Moncloa

Actualización nº 309. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 10.02.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 10.02.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las CCAA quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.023.601 casos confirmados de COVID-19 y 63.704 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.