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viernes, 12 de febrero de 2021

El TSJ de la Comunidad Valenciana declara nulo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral por ser contrario a derecho

viernes, 12 de febrero de 2021

Jueves, 11 de febrero de 2021

El TSJ de la Comunidad Valenciana declara nulo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral por ser contrario a derecho

La Sala de lo Contencioso señala que falta de un estudio económico, una verdadera evaluación ambiental e informes en materia de género e infancia

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo, por ser contrario a derecho, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) de la Comunitat Valenciana, aprobado por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018.

La sentencia, que estima el recurso presentado por una empresa, concluye que no existe en el expediente administrativo, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del PATIVEL y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo, ni que prevea tampoco las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo”.

Igualmente, como segundo motivo de nulidad, los magistrados señalan que el proyecto incumple la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género, como resulta exigible en todos los proyectos normativos, incluidos los instrumentos de ordenación urbanística.

Dicho argumento, según la sentencia, es extrapolable a la ausencia en el expediente de tramitación y aprobación del PATIVEL de los informes exigibles sobre el impacto que puede conllevar la actuación en materia de infancia, adolescencia y familia.

Por último, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV entiende que es otro motivo de nulidad el hecho de que el plan no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y omita las distintas alternativas posibles.

“No se analizan las consecuencias que el PATIVEL pueda tener para con la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad y demás factores mencionados”, precisa el tribunal en su resolución, que cuenta con el voto particular de uno de los magistrados y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

España ha realizado más de 29,9 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la epidemia

viernes, 12 de febrero de 2021

España ha realizado más de 29,9 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la epidemia

Lunes 8 de febrero de 2021

La Moncloa

Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 4 de febrero, han llevado a cabo un total de 29.942.569 pruebas diagnósticas. De éstas, 23.660.765 son PCR y 6.281.804 son test de antígenos.

En la última semana, del 29 de enero al 4 de febrero, las comunidades autónomas han realizado un total de 982.524 PCR, una media de 140.360 PCR al día.

Además, desde el 29 de enero al 4 de febrero, las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 688.413 test de antígenos (98.344 de media al día). Sumados a las PCR realizadas, suponen un total de 1.670.937 pruebas diagnósticas realizadas en este periodo, 238.705 al día. Aumenta así un 6% el número de pruebas diagnósticas realizadas, con una tasa de 635,72 por cada 1.000 habitantes.

Progresivamente, se van desarrollando nuevas técnicas para el diagnóstico de la infección por SARS-Cov2, como es el caso de las pruebas rápidas de antígeno que las Consejerías de Sanidad están empezando a introducir en la gestión de la pandemia.

Sánchez Llibre asegura que si eliminamos el impuesto de patrimonio facilitaremos el ahorro y la inversión

viernes, 12 de febrero de 2021

Sánchez Llibre asegura que si eliminamos el impuesto de patrimonio facilitaremos el ahorro y la inversión

Los presidentes de la CEOE y Foment instan al Defensor del Pueblo a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio

10 de febrero de 2021

◾Sánchez Llibre se ha manifestado optimista y confiado en que “el Defensor del Pueblo, y por tanto defensor también de los contribuyentes españoles, plantee con nuestras propuestas este recurso de inconstitucionalidad al Impuesto de Patrimonio”.
◾Es un tributo confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad de la propiedad privada de los contribuyentes españoles.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han solicitado hoy al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo. Le han entregado un dictamen elaborado por el abogado, Manel J. Silva, consejero asesor de de Public Afairs de la patronal catalana, que también ha asistido a la reunión.

En declaraciones a los medios de comunicación, Josep Sánchez Llibre ha agradecido al presidente de la CEOE que en nombre de todos los empresarios españoles haya hecho suya la propuesta de Foment para presentar este recurso de inconstitucionalidad, que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de la CEOE y abalada por la Junta Directiva de la confederación.

El presidente de Foment ha remarcado que el Impuesto de Patrimonio “es un tributo confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad de la propiedad privada de los contribuyentes españoles. No es justo grabar el patrimonio con un 3,5% después de haber pagado renta, cuando la rentabilidad de las Letras del Tesoro es del -0,5%”.

Sánchez Llibre ha explicado que “los contribuyentes españoles para poder pagar el Impuesto de Patrimonio deben vender una parte importante de su patrimonio”.

En este sentido, el presidente de Foment ha añadido que, tal y como ha dicho el presidente de la CEOE, “seguramente eliminando el Impuesto de Patrimonio de la fiscalidad española, acabaremos con la competencia fiscal interterritorial”.

Por todo ello, Sánchez Llibre se ha manifestado optimista y confiado en que “el Defensor del Pueblo, y por tanto defensor también de los contribuyentes españoles, plantee con nuestras propuestas este recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio”.

Las organizaciones empresariales de toda España, consideran que el Impuesto de Patrimonio penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. No incentiva pues al desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias. En la actualidad, este tributo obstaculiza la creación de riqueza, de empleo, y afecta a la generación de mayores ingresos públicos.

Foment del Treball recuerda que el impuesto sobre el patrimonio es, además, un tributo que no existe en ningún otro país de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional investiga si el Banco Popular financió a clientes para la ampliación de capital en el año 2016

viernes, 12 de febrero de 2021

Miércoles, 10 de febrero de 2021

El juez de la Audiencia Nacional investiga si el Banco Popular financió a clientes para la ampliación de capital en el año 2016

En un auto, el magistrado acuerda una investigación pericial para acreditar si “la entidad ofreció al mercado unas ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si “de forma deliberada no la restó del capital regulatorio”.

En un auto, el magistrado acuerda una investigación pericial para acreditar si “la entidad ofreció al mercado unas ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo” mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

La resolución del juzgado recuerda la operativa de la ampliación de capital investigada y subraya que en la causa existe “un documento de enorme trascendencia”. Calama explica que, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Dirección General de Mercados), el Sr. Heraclio Peña remitió un informe (de fecha 2 de octubre de 2017), complementario de otros anteriores, sobre diversos aspectos del hecho relevante de 3 de abril.

“Del documento se deduce que tanto el Consejero Delegado del BP, como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial- a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de BP a fin de participar en la referida ampliación de capital”.

Con carácter indiciario, añade, “cabe afirmar que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco- Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos- conocieron y consintieron dicha financiación. Incluso el Director de Cumplimiento Normativo de BP, puso en conocimiento de la Oficina del Consejero Delegado que la red comercial estaba financiando la adquisición de acciones de la ampliación de capital sin que conste que dicho Consejero adoptara ninguna medida concreta”.

El auto recuerdo que el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía expresamente “la financiación para la compra de acciones y preferentes del Grupo”. Así pues, añade el juez, tanto las sucursales como las direcciones regionales y territoriales “conocían la prohibición referida”. Dicha prohibición expresa y categórica se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distritos a la financiación de acciones”.

Además, el juez apunta que en virtud del Reglamento de la Unión Europea 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su artículo 28.1. b impide que los instrumentos de capital y su adquisición sean financiados directa o indirectamente por la entidad.

“En el caso de autos, el BP otorgó financiación a determinados clientes y de forma deliberada no la restó del capital regulatorio. La Entidad ofreció al Mercado unas ratios de capital regulatorio mejores de los reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”, concluye el magistrado.

Por ello, según Calama, es necesaria una investigación específica sobre el alcance de la financiación de parte de la ampliación de capital de 2016.

Para el juez, llama la atención que el Departamento de Auditoría Interna de BP no abriera una amplia investigación respecto de esta cuestión en tanto que el trabajo de investigación desempeñado por los vicesecretarios del Consejo de Administración “orilla de forma consciente cualquier examen de operaciones concretas. Hecho este que causa estupefacción”.

La resolución del Juzgado Central de Instrucción 4 da un plazo de 30 días al Banco de Santander para que aporte tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital no empleados, financiación a suscriptores no empleados en el periodo de 25 de mayo a 20 de junio de 2016 y sobre los incrementos de financiación con no empleados en el mismo periodo.

La larga sombra de la COVID-19: Repercusiones sociales de las pandemias

viernes, 12 de febrero de 2021

La larga sombra de la COVID-19: Repercusiones sociales de las pandemias

Fondo Monetario Internacional. Diálogo a fondo

Por Philip Barrett, Sophia Chen y Nan Li

En 1832, la gran pandemia de cólera arrasó París. En tan solo unos meses, la enfermedad mató a 20.000 de los 650.000 habitantes de la capital. La mayoría de los fallecimientos se produjeron en el centro de la ciudad, donde muchos trabajadores pobres vivían en condiciones miserables tras llegar a París atraídos por la Revolución Industrial. La propagación del cólera agravó las tensiones entre clases sociales, ya que los ricos achacaron a los pobres la difusión de la enfermedad y los pobres pensaron que estaban siendo envenenados. La hostilidad y la rabia se dirigieron pronto contra el impopular rey. El funeral del general Lamarque —víctima de la pandemia y defensor de las clases populares— se convirtió en una gran manifestación contra el Gobierno en las calles bloqueadas con barricadas: escenas que Víctor Hugo inmortalizó en su novela Los miserables. Algunos historiadores han afirmado que la interacción de la epidemia con las tensiones acumuladas fue la principal causa de lo que se conoce como la Insurrección de París de 1832, que a su vez puede explicar la posterior represión gubernamental y las revueltas que se produjeron en la capital francesa en el siglo XIX.

Desde la Plaga de Justiniano y la Peste Negra hasta la Gripe Española de 1918, la historia está repleta de ejemplos de brotes de enfermedades que proyectan una larga sombra de repercusiones sociales, que determina el contexto político, subvierte el orden social y, a la larga, desencadena tensión social. ¿A qué se debe esto? Un posible motivo es que las epidemias pueden revelar o agravar grietas ya existentes en la sociedad, como la insuficiencia de las redes de seguridad social, la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia, incompetencia o corrupción de los gobiernos. Históricamente, los brotes de enfermedades contagiosas también han dado lugar a reacciones violentas contra grupos étnicos o religiosos, o han hecho recrudecer las tensiones entre clases sociales.

A pesar de los numerosos ejemplos, los datos cuantitativos que acreditan el vínculo entre las epidemias y la tensión social son escasos y se circunscriben a episodios específicos. Una investigación reciente del personal técnico del FMI subsana esta carencia ofreciendo datos mundiales que corroboran esta relación en las últimas décadas.

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la investigación sobre el malestar social es determinar cuándo se han producido episodios de tensión. Aunque existen fuentes de información sobre tensión social, muchas se publican con escasa frecuencia o tienen una cobertura irregular. A fin de subsanar estas deficiencias, un reciente estudio del personal técnico del FMI recurre a un índice basado en la cobertura mediática de la tensión social para crear un Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, por sus siglas en inglés). El RSUI proporciona un indicador mensual uniforme de la tensión social en 130 países desde 1985 hasta la actualidad. Los picos de la línea del índice se ajustan muy bien a las descripciones narrativas de la tensión en diversos estudios de casos, lo que hace pensar que el índice capta sucesos reales y no la tendencia de la atención o el interés de los medios de comunicación.

A partir de este índice, el estudio del personal técnico del FMI constata que, en promedio, los países con epidemias más graves y frecuentes también experimentan mayores tensiones.

Durante una pandemia o inmediatamente después, es posible que los daños a largo plazo en el tejido social, en forma de malestar social, no salten a la vista. De hecho, las crisis humanitarias tienden a impedir la comunicación y los desplazamientos que son necesarios para organizar protestas de gran envergadura. Además, es posible que la opinión pública se decante por la cohesión y la solidaridad cuando los tiempos son difíciles. En algunos casos, los regímenes en el poder también pueden aprovechar una emergencia para consolidar su poder y reprimir la disidencia. Hasta la fecha, la experiencia de la COVID-19 se ajusta a este patrón histórico. De hecho, el número de episodios significativos de tensión social ha caído en todo el mundo hasta su nivel más bajo en casi cinco años. Entre las excepciones más notables se incluyen los Estados Unidos y el Líbano, pero incluso en estos casos, las mayores protestas están relacionadas con problemas que la COVID-19 puede haber agravado, pero no causado directamente.

Pero, si se mira más allá del período inmediatamente posterior a la pandemia, el riesgo de tensión social se dispara a más largo plazo. Utilizando información sobre los tipos de tensión social, el estudio se centra en la forma en que ese malestar suele manifestarse después de una epidemia. Este análisis muestra que, con el transcurso del tiempo, aumenta el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales. La estudio asimismo constata un mayor riesgo de una crisis gubernamental importante, es decir, un suceso que pueda llegar a derrocar al gobierno y que suele producirse en los dos años posteriores a una pandemia grave.

Si la historia sirve de pronóstico, es posible que la tensión social resurja una vez que la pandemia se disipe. La amenaza puede ser mayor en los casos en que la crisis ponga de manifiesto o agrave problemas latentes, como la falta de confianza en las instituciones, una gestión de gobierno deficiente, pobreza o desigualdad.

Este artículo se publicó originalmente en IMF Research Perspectives.