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lunes, 15 de febrero de 2021

Redes sociales y democracia: necesitamos leyes y no reglas de las plataformas

lunes, 15 de febrero de 2021

Redes sociales y democracia: necesitamos leyes y no reglas de las plataformas

Parlamento Europeo

Los eurodiputados reclamaron a la UE que intensifique sus esfuerzos para regular las redes sociales al tiempo que salvaguarda la libertad de expresión y evita la censura.

Debate sobre redes sociales y libertad de expresión.

A la vista de los acontecimientos recientes en Estados Unidos, incluido el ataque contra el Capitolio y la suspensión permanente de las cuentas en redes sociales, los eurodiputados debatieron el 11 de febrero, el vínculo de los nuevos medios con la libertad de expresión, los derechos fundamentales, el estado de la libertad de los medios en la UE, así como las campañas de desinformación en internet.

La discusión en el pleno tuvo lugar en el contexto de varios procesos legislativos y políticos, como las propuestas para sendas leyes de servicios digitales y mercados digitales, que incluirán nuevas reglas para las plataformas y soluciones para acabar con el contenido nocivo o ilegal en línea, como la desinformación.

Los eurodiputados sostuvieron que el mundo digital debe ser regulado a través de las leyes establecidas por las autoridades democráticas y no según las directrices de los gigantes de internet. Las leyes deben garantizar la libertad de expresión y los derechos fundamentales y evitar la censura.

La eurodiputada socialista estonia Marina Kaljurand defendió que las medidas actuales contra la desinformación y la incitación al odio son «insuficientes para para contrarrestar el asalto a nuestra democracia» y señaló que los incidentes en el Capitolio demostraron que «las consecuencias de permitir que la desinformación y el odio se propaguen por internet sin control son evidente para todos».Kaljurand acogió con satisfacción la legislación propuesta y añadió que la UE abrió el camino y dio el ejemplo con el reglamento de protección de datos. «Ahora tenemos que ir más lejos. (…) Esta es nuestra oportunidad de liderar el camino, y espero que podamos hacerlo junto con nuestros aliados en Estados Unidos y más allá», defendió.

La eurodiputada italiana Annalisa Tardino, del grupo Identidad y Democracia, subrayó la necesidad de establecer reglas claras para los gigantes de internet, cuyas «políticas impactan en el mundo real» y quienes parecen que son los que deciden cuáles son los mensajes que se pueden aceptar y cuáles no. Las decisiones sobre el contenido permitidos en las redes sociales, señaló la eurodiputada, no deben tomarlas las plataformas digitales, sino que deben pasarse en una ley que establezca reglas y procedimientos claros. «Depende de los legisladores (…). La UE tiene que proteger el debate libre y democráticos en las redes sociales», afirmó.

El pleno también trató el uso de los datos personales por parte de los gigantes tecnológicos. La eurodiputada alemana Alexandra Geese, de Los Verdes/EFA, defendió que no deben ser ellos quienes censuren arbitrariamente el contenido que consideren nocivo. «Eso no es una opción para la democracia. La solución es fácil: prohibamos el modelo de negocio basado en la vigilancia restringiendo la publicidad dirigida y la elaboración de perfiles», sostuvo.

La vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová también participó en el debate y apuntó a que la ley sobre servicios digitales tiene como objetivo incrementar la responsabilidad de las plataformas digitales y aclarar las reglas sobre la eliminación de contenido ilegal, incluido el discurso de odio y la incitación a la violencia: «Necesitamos poner orden en la expresión digital de la democracia y poner fin al salvaje oeste digital», señaló. Jourová se comprometió a proponer reglas sobre el discurso político en línea.

La eurodiputada polaca Magdalena Adamowicz, del Partido Popular Europeo, se centró en la situación en Polonia, donde muchos medios de comunicación están actualmente protestando por los planes del gobierno para introducir una tasa sobre los anuncios. «Pido a toda la comunidad europea que actúe y muestra solidaridad con a libertad mediática polaca porque si ocurre en Polonia, os puede ocurrir a vosotros también», advirtió.

Otro de los oradores, el eurodiputado rumano Dragoş Tudorache, del grupo Renew Europe, incidió en que no hay un mundo en línea y otro fuera de ella, sino que «hay solo un mundo, en el que tenemos que proteger los derechos de nuestros ciudadanos y nuestras democracias tanto dentro como fuera de la red». Tudorache urgió una cooperación más estrecha entre los estados democráticos y las compañias de redes sociales, y subrayó que hay que colaborar con otros países para definir reglas que se basen en valores comunes y luchar contra las prácticas a las que recurren China y Rusia. «Necesitamos usar todo nuestro arsenal diplomático para proteger los derechos nuestros ciudadanos y nuestro estilo de vida en línea», dijo.

Algunos eurodiputados que intervinieron en el debate mostraron su preocupación por la falta de respeto hacia la libertad de expresión. El eurodiputado belga Geert Bourgeois, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, advirtió que el sistema de «notificación y acción» llevará a la censura. «Las plataformas tendrán que ejecutar todas las notificaciones a través de su algoritmo y la consecuencia será la censura políticamente correcta», dijo. “La libertad de expresión debe ser nuestro punto de partida” y las restricciones a la libertad de expresión deben ser una excepción. “Hay países donde la censura está prohibida en la constitución y este debería ser también el caso de la UE”, concluyó.

La eurodiputada francesa Anne-Sophie Pelletier, de La izquierda, destacó la necesidad de proteger la libertad de expresión y opinión. «En internet, la libertad de un grupo de personas no debería detenerse donde deciden los jefes de las grandes plataformas», dijo. «No podemos permitir que se censure un contenido sin una decisión de un juez… la censura nunca es la respuesta».

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarias, en representación de la presidencia del Consejo concluyó: «Esperamos que las plataformas en línea desempeñen su papel en esta lucha común, pero depende de las instituciones democráticas, nuestras leyes, nuestros tribunales establecer las reglas del juego, definir qué es ilegal y qué no lo es, qué se debe eliminar y lo que no debería ser».

El presidente del Tribunal Superior de Navarra insta a los órganos judiciales a celebrar juicios telemáticos para evitar los contagios por la Covid-19

lunes, 15 de febrero de 2021

Viernes, 12 de febrero de 2021

El presidente del Tribunal Superior de Navarra insta a los órganos judiciales a celebrar juicios telemáticos para evitar los contagios por la Covid-19

Recuerda que la norma general es la no presencialidad, tal y como recomendó el Consejo General del Poder Judicial

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha dictado un acuerdo en el que insta a los órganos judiciales la potenciación de actuaciones y juicios telemáticos para paliar los contagios derivados de la pandemia de la Covid-19.

En el acuerdo, el presidente del TSJN recuerda que, garantizando el respeto a las normas procesales, la norma general es la no presencialidad, tal y como recomendó el Consejo General del Poder Judicial en mayo de 2020 y reiteró en octubre del mismo año.

Ante la situación por el desarrollo de esta pandemia de Covid-19, y como respuesta a diferentes cuestiones y comunicaciones recibidas, el presidente del TSJN considera preciso recordar algunas de las recomendaciones destinadas a paliar el riesgo de contagio en los edificios judiciales, emanadas tanto de los Acuerdos de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior como del Consejo General del Poder Judicial, y la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

A tal efecto, según consta en el acuerdo, al menos mientras perduren las circunstancias extraordinarias actuales, en el marco de lo previsto en el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conforme a lo ordenado en los artículos 14 a 18 de la mencionada Ley 3/2020, deben realizarse los siguientes recordatorios y recomendaciones, tan relevantes como prioritarios:

  1. Potenciar la celebración de actuaciones telemáticas siempre que resulte posible, con las limitaciones expresamente previstas en la citada normativa, y considerando que la norma general es la no presencialidad, garantizando en todo caso el respeto de las garantías procesales, y dentro de las pautas establecidas en la Guía de actuación aprobada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de mayo de 2020 (actualizada el 8 de octubre siguiente).
  2. Trasladar a las magistradas y magistrados decanos, así como a los presidentes y presidentas de Sala y de la Audiencia Provincial del territorio de este Tribunal Superior, la posibilidad de comunicar a esta Presidencia las circunstancias que en el ámbito de actuación de sus respectivos órganos pudieran estar dificultando el cumplimiento de la regla general sobre celebración virtual de los actos judiciales programados con asistencia de profesionales y ciudadanos; así como reiterar la necesidad de asegurar un cumplimiento escrupuloso de las limitaciones de aforos en sus respectivas sedes, pudiendo adoptar los acuerdos, para el adecuado desarrollo de las recomendaciones anteriores, dentro del ámbito de sus competencias gubernativas.
  3. Espaciar los señalamientos y práctica de actuaciones presenciales de forma que se garantice razonablemente la posibilidad de mantener las distancias interpersonales en el interior de las sedes judiciales, procurando observar la puntualidad que a través de la cita previa evite también la espera en el exterior de los edificios de público y profesionales más tiempo del imprescindible.

Valoración PIB cuarto trimestre: CEOE ve necesario asegurar un entorno propicio para la inversión empresarial y la mejora de la competitividad

lunes, 15 de febrero de 2021

29 enero 2021

Valoración PIB cuarto trimestre: CEOE ve necesario asegurar un entorno propicio para la inversión empresarial y la mejora de la competitividad

Los resultados del PIB del cuarto trimestre evidencian una notable ralentización de la recuperación de la actividad, debido a la persistencia y empeoramiento de la crisis sanitaria, que ha conllevado nuevas medidas de restricción a la movilidad y a la actividad de determinados sectores.

El aumento del PIB (0,4% intertrimestral) muestra una práctica estabilización del crecimiento económico en los niveles alcanzados en el tercer trimestre, con lo que la recuperación se habría frenado intensamente. En términos interanuales, la caída del PIB se sitúa en el -9,1%, frente al -9,0% del tercer trimestre. Con este resultado, la caída del conjunto del año se cifra en el -11,0%, en línea con las previsiones de CEOE.

Tanto la demanda interna como externa tienen una contribución negativa al PIB. Por un lado, la demanda nacional tiene una aportación negativa al crecimiento interanual del PIB de −6,3 puntos, frente a los -7,2 puntos del tercer trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de −2,7 puntos, superior a los -1,8 puntos del trimestre anterior. Por lo tanto, es destacable el deterioro del sector exterior en un contexto de fuerte debilidad de la demanda interna.

Desde el punto de vista de la demanda interna, destaca el aumento del consumo de los hogares (2,5% intertrimestral) y del gasto de las Administraciones Públicas (4,0% intertrimestral). Sin embargo, se observa una caída de la inversión, tanto en su componente de construcción (-6,3% intertrimestral), como de maquinaria y bienes de equipo (-1,5% intertrimestral), que refleja una situación de pérdida de confianza a corto plazo como consecuencia del retardo en la normalización de la actividad, del aumento de la incertidumbre y del descenso de los resultados empresariales.

Por el lado del sector exterior, se observa un mayor retroceso tanto de las exportaciones de bienes como de servicios, frente al comportamiento menos negativo de las importaciones de bienes y de servicios, con respecto al trimestre anterior. Todo ello ha empeorado el saldo de la demanda externa, intensificando su aportación negativa sobre el PIB.

En general, los sectores han mostrado tasas mucho más moderadas que en el tercer trimestre, si bien con comportamientos muy heterogéneos. Destaca el deterioro sufrido por la construcción (-8,1% intertrimestral) y algunas actividades de servicios como las artísticas y recreativas. Tan solo tres sectores han recuperado o superado los niveles de finales de 2019: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividades financieras y de seguros y Administración Pública, educación y sanidad. En el otro extremo, con caídas muy notables respecto a hace un año, se encuentran: actividades artísticas, recreativas y otros servicios, comercio, transporte y hostelería y construcción.

El número de horas trabajadas prácticamente se ha estancado en el cuarto trimestre, en línea con la actividad económica, con un incremento trimestral del 0,5%. En términos interanuales, todavía se sitúan en un -6,3%. Dado que el PIB descendió de forma más intensa, la productividad por hora efectivamente trabajada registra una caída interanual del -2,9%. En lo que se refiere a los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, hay que destacar que en el último año se han perdido algo más de un millón de puestos. Además, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo también permanece en terreno negativo, con una caída interanual del -3,8%.

Los costes laborales unitarios y la remuneración por asalariado siguen mostrando avances (6,1% y 2,1%, respectivamente) más intensos que en el trimestre anterior. De esto se deduce que, en un contexto tan adverso como el actual, se puede estar produciendo una desvinculación de los costes laborales en relación a la situación real del mercado laboral.

Hay que destacar la continua contracción del excedente bruto de explotación (-12,5% interanual), tras descender un -21,3% en el segundo trimestre y un -8,2% en el tercero, lo que refleja la dramática situación de las empresas y las dificultades que persisten. En este sentido, es necesario mantener e intensificar las medidas de apoyo al tejido productivo para no poner en riesgo su supervivencia, ya que resulta vital para consolidar la recuperación y preservar el empleo.

En conclusión, el estancamiento en el crecimiento del PIB supone un freno a la recuperación, cuando los niveles de actividad aún están muy por debajo de los previos a la crisis. Esta situación se refleja en la caída de la inversión, influida por el severo deterioro de los resultados empresariales, el menoscabo de las expectativas y la incertidumbre creciente, en un contexto de aumento de los costes laborales y de caída de la productividad. Por todo ello, es necesario asegurar un entorno que sea propicio para favorecer la inversión empresarial y la mejora de la competitividad de nuestra economía.

​​El Gobierno reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas

lunes, 15 de febrero de 2021

5 de febrero de 2021

​​El Gobierno reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas

Ministerio de Economía

El Gobierno de España ha venido trabajando con la Comisión Europea en la revisión del marco de ayudas públicas, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales y seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables

Tras la adopción de las nuevas normas comunitarias el pasado jueves 28 de enero, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado notificar a la Comisión Europea una extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones

Desde el inicio de la pandemia, España ha puesto en marcha medidas de ayuda directa y apoyo a la liquidez que ascienden a un 20% del PIB

Las ayudas directas proporcionadas a las empresas, familias y autónomos ascienden a más de un 5% del PIB, entre las más elevadas de los grandes países de la UE, según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Las ayudas directas ya acordadas a través de los ERTEs, la prestación extraordinaria de autónomos y las incapacidades laborales ascienden a 40.800 millones de euros, a los que se suman la Línea de Avales del ICO, las moratorias fiscales y de pago de créditos, y las ayudas concedidas por las comunidades autónomas y ayuntamientos, adaptadas a la situación específica y las restricciones de cada territorio en respuesta a la pandemia​

Dentro de este nuevo marco, el Gobierno trabaja en medidas para aliviar la carga financiera y reforzar la solvencia de empresas viables

El Gobierno va a reformar el marco legal existente para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la pandemia de la COVID-19, una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado.

Este nuevo marco pretende adaptar la respuesta económica y social a la pandemia a las necesidades actuales, con el fin de seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables.

En línea con el compromiso del Gobierno de adoptar las medidas necesarias para apoyar a familias y empresas y proteger el empleo, este nuevo marco se sumará a las medidas adoptadas hasta el momento, que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB (más del 5% en ayudas directas de impacto presupuestario y un 15% en medidas de liquidez), y que están permitiendo mantener la actividad económica.

El volumen de ayudas directas activadas en España está entre los más elevados de los grandes países de la UE, según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Desde el pasado mes de octubre el Gobierno ha estado trabajando con la Comisión Europea para la revisión del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea.

El pasado 28 de enero, la Comisión Europea aprobó una nueva modificación del Marco Temporal europeo. El nuevo marco incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Asimismo, extiende el plazo de aplicación de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tras esa decisión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado en su reunión de hoy notificar a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones.

Para la puesta en marcha de las ayudas del Marco español será necesaria la aprobación por parte de la Comisión Europea.

La intención del Gobierno es acelerar todo lo posible este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional cuanto antes y seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo para contar con una base lo más robusta posible para impulsar la recuperación.

Dentro de este nuevo marco, el Gobierno trabaja en medidas para aliviar la carga financiera de autónomos y empresas, y reforzar la solvencia de negocios viables.

Medidas ya adoptadas

Las medidas que se adopten en este nuevo marco se sumarán a las que el Gobierno español lleva adoptando desde el pasado mes de marzo de 2020 para proteger las rentas de las familias, los trabajadores, los sectores más vulnerables, los autónomos y las empresas.

Por su alcance e impacto presupuestario, las más relevantes son las ayudas directas a trabajadores y empresas mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), la prestación extraordinaria para autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia, que asciende a 40.800 millones de euros.

Se añaden los más de 116.000 millones de euros de financiación al tejido productivo canalizados a través de la Línea de Avales del ICO; los 10.000 millones de euros en ayudas directas del Fondo de apoyo a la solvencia.

Adicionalmente, en el año 2020, el Gobierno tomó medidas para que las comunidades autónomas contaran con la mayor financiación de su historia, lo que les ha permitido tener margen presupuestario para combatir la pandemia y aprobar ayudas para autónomos y pymes. Por un lado, el Gobierno blindó el sistema de financiación y fijó unas entregas a cuenta que no recogieron la caída de la recaudación. Además, el Ejecutivo aprobó el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros, la mayor transferencia jamás aprobada al margen del modelo de financiación.

Para el ejercicio en curso, el Gobierno ya ha comunicado que fijará una transferencia extraordinaria de 13.400 millones de euros y, además, las comunidades autónomas contarán con recursos de los fondos europeos. En este sentido, el Gobierno ya ha informado del reparto a las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros del Fondo REACT, que servirán para reforzar el sistema sanitario y también para impulsar un crecimiento económico más sostenible.

Además de las ayudas públicas directas, se han adoptado medidas como las moratorias en el pago de créditos hipotecarios y sin garantía hipotecaria, cuya extensión a nueve meses se aprobó el pasado 2 de febrero, tras la modificación del marco regulatorio por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Estas moratorias han permitido que más de 1,3 millones entre familias, autónomos y empresas de los sectores del turismo y transporte hayan podido aplazar el plago de sus préstamos.

Finalmente, el pasado mes de noviembre se aprobó la extensión del periodo de carencia y del plazo de amortización de las Líneas de Avales del ICO, con el objetivo de que las empresas y autónomos dispongan de mayor margen para recuperar su actividad económica. Con ese cambio, se amplió el periodo de carencia hasta 24 meses y el plazo de devolución de los préstamos hasta ocho años.

También con el objetivo de aliviar la carga financiera de las empresas y autónomos, se aprobaron medidas para el aplazamiento de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y se estableció un marco de actuación para la flexibilización en el pago de las rentas de alquileres, tanto particulares como de locales comerciales.

A todas estas medidas se suman las ayudas directas concedidas por comunidades autónomas y ayuntamientos, adaptadas a la situación específica y las restricciones de cada territorio en respuesta a la pandemia.​​

La AIReF publica la estimación del cuarto trimestre de la composición por CCAA del PIB nacional

lunes, 15 de febrero de 2021

La AIReF publica la estimación del cuarto trimestre de la composición por CCAA del PIB nacional

03 febrero 2021

MAPA METCAP 4T 2021

•La metodología METCAP permite estimar la composición por CCAA del PIB trimestral nacional

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas (CCAA) para el cuarto trimestre de 2020 mediante la metodología denominada METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB), que ha sido creada por la institución. METCAP proporciona la primera estimación de acceso libre en España que ofrece estos datos y su actualización está disponible cada trimestre para todos los interesados en la página web de AIReF.

La publicación de los datos se realiza una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato de avance trimestral del PIB de España, como ha ocurrido con los datos publicados el 29 de enero de 2021.

El resumen de los datos de estimaciones del crecimiento del PIB por CCAA y su evolución tanto en tasas intertrimestrales como en tasas interanuales se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla Metcap 4T 2021

La AIReF, además, ha puesto a disposición de los usuarios una interfaz de fácil manejo, accesible a través de la web, que permite realizar comparaciones de los datos de las CCAA entre sí y con el dato del PIB español.

La metodología cuantitativa utilizada combina tres tipos de información estadística disponible para el análisis regional: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR). De esta forma, se combina la rapidez y actualidad de los indicadores de coyuntura, la información estructural proporcionada por la CRE y la referencia nacional trimestral que asegura la consistencia de las estimaciones regionales individuales.

Tal y como el propio INE advierte en la publicación del avance de la Contabilidad Nacional Trimestral “…como ya ocurriera en el avance de resultados de los tres primeros trimestres del año, en esta ocasión el INE también ha podido añadir, a la información de base habitualmente empleada, resultados adelantados de algunas de ellas referidos al mes de diciembre, estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales que complementan a las usuales1 , en línea con las recomendaciones de Eurostat y otros organismos estadísticos internacionales. No obstante, por diversas razones relacionadas con el calendario de disponibilidad de algunas de estas fuentes en el último trimestre del año, el volumen de información adelantada del que se ha dispuesto en este avance ha sido menor que en ocasiones anteriores. Este hecho, unido a la dificultad inherente a la medición estadística de un cambio de coyuntura como el vivido desde el pasado mes de marzo, hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual…”. Ello es de plena aplicación a la estimación efectuada mediante METCAP.