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Archivo del 28 de febrero de 2021

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domingo, 28 de febrero de 2021

“Regular y rebajar los precios del alquiler de la vivienda es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”

domingo, 28 de febrero de 2021

“Regular y rebajar los precios del alquiler de la vivienda es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”

Alrededor de 3 millones de inquilinos, el 41% de la población que vive de alquiler, dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento. “Un esfuerzo excesivo que supera los criterios de solvencia y capacidad de pago que utilizan las entidades financieras”, según el economista del Gabinete Económico confederal de CCOO, Luis Zarapuz. Se trata de “un esfuerzo excesivo para acceder a un bien básico como es la vivienda que agrava los riesgos de exclusión y pobreza”, afirmó también el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la presentación del informe “La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría”.

24/02/2021. CCOO

El secretario general de CCOO y el economista del Gabinete Económico confederal del sindicato, y autor del informe, Luis Zarapuz, han presentado esta mañana en rueda de prensa el informe “La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría”, que analiza la elevada carestía de los alquileres a partir de los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. De “breve, pero contundente”, definió el informe Unai Sordo.

Unai Sordo ha explicado que buena parte de la población destina una parte excesiva de sus rentas a acceder a la vivienda, ya sea a la compra o al alquiler, lo que precisamente dificulta dicho acceso y además resulta antieconómico porque retrae recursos que van a parar a manos de rentistas en lugar de destinarse a fines más productivos.

En este sentido, defendió que “los fondos europeos deben emplearse para transformar el tejido productivo y para favorecer la economía productiva frente a la especulativa y el rentismo”. Favorecer la economía productiva, en el caso de la vivienda, para el secretario general de CCOO sería “regular y rebajar las hipotecas y los alquileres”, tanto por razones de eficacia económica, como porque la contención de precios es una medida fundamental para reducir la pobreza y la exclusión social.

2 de cada 3 inquilinos con alquileres excesivos además están en riesgo de pobreza o exclusión social

Según detallaron tanto Unai Sordo como Luis Zarapuz, sobre todo entre los jóvenes, el alquiler ha ganado peso en los últimos años. Pero la situación no es fácil: los inquilinos tienen que hacer frente a un auténtico sobreesfuerzo para pagar alquileres excesivos: 3 millones de inquilinos, 4 de cada 10 dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler, y de ellos, 1,4 millones destinan más del 50%. «Los alquileres excesivos afectan a más de la mitad de los inquilinos del País Vasco, Canarias, Madrid y Asturias y a 4 de cada 10 en Baleares, Andalucía y Cataluña», especificó Luiz Zarapuz.

De los tres millones de inquilinos con alquileres excesivos, 2,05 millones se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El informe hace hincapié también en que el 43% de los inquilinos pertenece a hogares en riesgo de exclusión y pobreza. El 26% no superan los 14.000 euros anuales y el 36% ingresan entre los 14.000 y 26.000 euros. Con estos datos, la conclusión es contundente: “Los precios del alquiler en España agravan los riesgos de exclusión y pobreza”, denunció Unai Sordo.

Por otro lado, Luis Zarapuz destacó que la inmensa mayoría de los propietarios de las viviendas en alquiler tienen unos ingresos altos o muy altos – el 75% de más de 26.000€ al año, y el 51% de más de 41.000 – y alertó del peso creciente de los grandes propietarios en el mercado de alquiler.

Frente a esta desigual situación en el acceso a la vivienda, finalmente, Zarapuz recordó que CCOO presentó hace más de un año una serie de medidas que pasan por garantizar el derecho a la vivienda por ley, limitar el precio máximo de los alquileres e impulsen un amplio parque de vivienda pública, que se recogen en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda presentada por CCOO y UGT.

¿Cómo quiere la UE lograr una economía circular para 2050?

domingo, 28 de febrero de 2021

¿Cómo quiere la UE lograr una economía circular para 2050?

Parlamento Europeo

Descubra el Plan de acción de economía circular de la UE y las medidas adicionales que los eurodiputados quieren imponer para reducir los residuos y promover productos sostenibles.

Una economía circular reducirá las emisiones de CO2, estimulará el crecimiento económico y creará empleo.


Alimentos, agua y nutrientes

Si seguimos explotando los recursos como lo hacemos ahora, en 2050 necesitaremos los recursos de tres planetas Tierra. Los recursos finitos y los problemas climáticos requieren pasar de una sociedad de «tomar, fabricar y eliminar» a una economía neutra en carbono, ambientalmente sostenible, libre de tóxicos y completamente circular para 2050.

La crisis actual evidenció las debilidades en los recursos y en las cadenas de valor, impactando en las pymes y la industria. Una economía circular reducirá las emisiones de CO2, al tiempo que estimulará el crecimiento económico y creará oportunidades de empleo.

Más información sobre la definición y los beneficios de la economía circular.

El plan de acción de economía circular de la UE
En línea con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 en virtud del Pacto Verde, la Comisión Europea propuso un nuevo Plan de Acción de Economía Circular en marzo de 2020, enfocado en la prevención y gestión de residuos y destinado a impulsar el crecimiento, la competitividad y el liderazgo mundial de la UE en este campo.

El 27 de enero, la comisión de Medio Ambiente respaldó el plan y pidió objetivos vinculantes para 2030 para el uso y consumo de materiales. El informe se votará durante la sesión plenaria de en febrero.

Hacia productos sostenibles

Para lograr un mercado europeo de productos sostenibles, climáticamente neutros y eficientes en el uso de recursos, la Comisión propone extender la directiva sobre diseño ecológico a los productos no relacionados con la energía. Los eurodiputados quieren que las nuevas normas estén vigentes en 2021.

Los miembros del Parlamento también respaldan iniciativas para luchar contra la obsolescencia programada, mejorar la durabilidad y la capacidad de reparación de los productos y mejorar la protección de los consumidores con el «derecho a reparar». Insisten en que los consumidores tienen derecho a estar debidamente informados sobre el impacto medioambiental de los productos y servicios que compran y solicitaron a la Comisión que presente propuestas para luchar contra el «lavado verde». Se llama así a la práctica que realizan las empresas para hacer creer a los consumidores que una compañía es más sostenible de lo que realmente es.

Transformar los sectores esenciales en circulares

Tanto la circularidad como la sostenibilidad deben incorporarse en todas las etapas de las cadenas de valor para lograr una economía completamente circular: desde el diseño hasta la producción y de esta hasta que llega al consumidor. El plan de acción de la CE establece siete áreas clave esenciales para lograr una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos, alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción.

Plásticos

Los eurodiputados respaldan la estrategia europea para el plástico en una economía circular, que eliminaría gradualmente el uso de microplásticos.

Lea más sobre la estrategia de la UE para reducir los residuos plásticos.

Textiles

Los textiles utilizan mucha materia prima y agua, con menos un 1% de reciclaje. Los eurodiputados reclaman nuevas medidas contra la pérdida de microfibras y normas más estrictas sobre el uso del agua.

Descubra cómo la producción de textil y los residuos afectan al medio ambiente.

Electrónica y TIC
Los desechos electrónicos y eléctricos son el flujo de desechos de más rápido crecimiento en la UE y menos del 40% se recicla. Los eurodiputados quieren que la UE promueva una vida útil más larga del producto mediante la reutilización y la reparabilidad.

Conozca algunos hechos y datos sobre desechos electrónicos.

Alimentos, agua y nutrientes

Se estima que el 20% del total de alimentos producidos se pierde o desperdicia en la UE. Los europarlamentarios instan a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de cara a 2030 en el marco de la “Estrategia de la granja a la mesa”.

Embalaje

Los residuos de envases alcanzaron un récord en 2017 a nivel europeo. Las nuevas normas tienen como objetivo garantizar que todos los embalajes presentes en el mercado de la UE sean económicamente reutilizables o reciclables para 2030.

Baterías y vehículos

Los eurodiputados están estudiando propuestas que exijan que la producción y los materiales de todas las baterías en el mercado de la UE tengan una huella baja en carbono baja y respeten los derechos humanos, así como los estándares sociales y ecológicos.

Construcción y edificaciones

La construcción representa más del 35% del total de residuos de la UE. Los miembros del PE piden que se aumente la vida útil de los edificios, junto a objetivos de reducción de la huella de carbono con respecto a los materiales y requisitos mínimos sobre los recursos y eficiencia energética.

Gestión de residuos y transporte

La UE genera más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año, principalmente de los hogares. Los eurodiputados instan a los países de la UE a aumentar el reciclaje de alta calidad, alejarse de los vertederos y minimizar la incineración.

Obtenga más información sobre las estadísticas de vertido y reciclaje en la UE.

Ribera insiste en que la protección del lobo garantiza las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva en todos los territorios

domingo, 28 de febrero de 2021

Ribera insiste en que la protección del lobo garantiza las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva en todos los territorios

23/02/2021

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial mejorará la cohabitación de la especie con la ganadería

Ribera ha recordado que la ausencia de un marco general estatal provoca que al norte del Duero, salvo en Asturias, no haya actualmente regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas

La homogenización del régimen legal permitirá la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo, de gran importancia socioeconómica y ecosistémica, y evitará agravios entre ganaderos de distintas regiones

Ribera ha recordado que el MITECO trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo

23 de febrero de 2021.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado hoy, durante la sesión de control en el Senado, que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial supone la implicación de la Administración General del Estado en la financiación de la protección del lobo ibérico con el fin de mejorar su coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita y evitar que sean los ganaderos quienes carguen únicamente con los costes de posibles daños.

“Tanto para la prevención como para la compensación, debemos plantearnos un modo más eficaz y solidario, de forma que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros sea asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos”, ha manifestado la vicepresidenta.

En este sentido, Ribera se ha referido al efecto que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado tendrá para mejorar la cohabitación de la especie con la ganadería. Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios. Actualmente, eso no sucede en la mayoría de las regiones con lobo al norte del Duero, salvo en Asturias.

“Esta es la primera dificultad, cuando no existe un marco general estatal. Es paradójico que al norte del Duero no exista regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas, al no estar protegida la especie”, ha recordado la vicepresidenta.

Una solución a la falta de uniformidad en la gestión

Durante su intervención, la ministra ha incidido en que los diferentes regímenes de protección que presentan las distintas Comunidades Autónomas dificultan enormemente la gestión, además de generar desigualdades y agravios comparativos. Por eso, ha dicho, “la homogeneización del régimen legal del lobo en España constituye un avance que permitirá impulsar la gestión de esta especie”.

En este sentido, Ribera ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo, que luego deberá ser desarrollada por unos nuevos planes de gestión autonómicos, adaptados a la realidad de cada territorio.

“Este nuevo enfoque nos sitúa en una posición alienada con los países de nuestro entorno, ajustada a los informes científicos y en consonancia con los objetivos para combatir la pérdida de biodiversidad, sin duda, uno de los mayores retos que afronta nuestra sociedad”, ha señalado la vicepresidenta.

Ribera ha puesto el ejemplo de países vecinos como Francia, donde se ha abogado por un modelo común en toda el área de presencia de la especie, generando seguridad jurídica y evitando agravios entre ganaderos de distintas zonas. Un enfoque que, además, aúna a las dos administraciones, la agraria y medioambiental, haciendo uso de fondos de la Política Agraria común, financiando medidas de protección del ganado, tanto en las zonas con presencia estable como en aquellas que pueden ser objeto de colonización, y abonando indemnizaciones por los daños.

Asimismo, el nuevo estatus legal del lobo permitirá habilitar nuevos mecanismos para impulsar la investigación y seguimiento de ejemplares en toda la población y conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, lo que a su vez servirá para impulsar ayudas para la protección del ganado y para la convivencia con grandes carnívoros, como el oso, buscando una armonización de la gestión de la población de lobos.

Hacia la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva

La ganadería extensiva es una actividad de gran interés socioeconómico para el mundo rural y también una actividad de interés ambiental que debe protegerse y apoyarse: permite el aprovechamiento directo de los pastos como fuente de alimentación de ganado, contribuyendo al mantenimiento de la diversidad paisajística y genética y fomentando la dispersión y germinación de ciertas especies, ayuda al control de incendios forestales y a la regulación de la calidad del suelo y contribuye a fijar población en el territorio. Además, cuenta con la ventaja de tener una baja dependencia de insumos externos.

El lobo ibérico, por su parte, es una especie silvestre clave en el funcionamiento de los ecosistemas españoles, en los que juega un papel fundamental en el control de la densidad de sus presas naturales, a la vez que permite regular y reducir las abundancias de sus especies presa silvestres, como los jabalíes o los cérvidos, reduciendo su impacto sobre la vegetación natural y la prevalencia de enfermedades transmisibles.

Declaración de los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19 y la sanidad, 25 de febrero de 2021

domingo, 28 de febrero de 2021

Declaración de los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19 y la sanidad, 25 de febrero de 2021

I. COVID-19

  1. Estamos decididos a seguir colaborando y coordinando nuestras acciones para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. La situación epidemiológica sigue siendo grave y las nuevas variantes del virus plantean retos adicionales. Por ello, debemos mantener restricciones estrictas al tiempo que redoblamos los esfuerzos para acelerar el suministro de vacunas.
  2. Por el momento, es necesario restringir los viajes no esenciales. Acogemos con satisfacción la adopción de las dos Recomendaciones del Consejo sobre los desplazamientos hacia la UE y dentro de ella, según las cuales pueden introducirse restricciones de conformidad con los principios de proporcionalidad y no discriminación, teniendo en cuenta la situación específica de las comunidades transfronterizas. Es preciso garantizar la circulación sin trabas de bienes y servicios en el mercado único, en particular haciendo uso de los corredores verdes.
  3. La vacunación ya ha comenzado en todos los Estados miembros, y nuestra estrategia de vacunación ha garantizado que todos los Estados miembros tengan acceso a las vacunas. No obstante, debemos acelerar con urgencia tanto la autorización, la producción y la distribución de vacunas como la vacunación. También tenemos que mejorar nuestra capacidad de vigilancia y detección para identificar las variantes lo antes posible a fin de controlar su propagación, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión titulada «Incubadora HERA: Anticipar juntos la amenaza de las variantes del virus de la COVID-19». Apoyamos los esfuerzos adicionales emprendidos por la Comisión para trabajar con la industria y los Estados miembros a fin de aumentar la capacidad actual de producción de vacunas, así como para adaptar las vacunas a las nuevas variantes según sea necesario. Asimismo, apoyamos la labor que está realizando la Comisión para acelerar la disponibilidad de materias primas, facilitar los acuerdos entre fabricantes en todas las cadenas de suministro, evaluar las instalaciones existentes a fin de contribuir al aumento de la producción dentro de la UE e impulsar las actividades de investigación y desarrollo. Las empresas han de garantizar la previsibilidad de la producción de sus vacunas y respetar los plazos contractuales de entrega. Debe aumentarse la transparencia con respecto a los esfuerzos globales.
  4. Pedimos que prosiga el trabajo para alcanzar un enfoque común sobre los certificados de vacunación, y retomaremos esta cuestión.
  5. Reafirmamos nuestra solidaridad con los países terceros y subrayamos nuestra determinación de intensificar nuestra respuesta mundial a la pandemia. Mantenemos nuestro compromiso de mejorar el acceso a las vacunas de los grupos prioritarios en nuestros países vecinos y en otras regiones, conforme a principios comunes, y de apoyar un enfoque mundial a través del Mecanismo COVAX. Acogemos positivamente los primeros planes de COVAX para distribuir vacunas en noventa y dos países de renta baja y media. Nos comprometemos a contribuir a la participación equitativa de la UE en la financiación del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19.
  6. Continuaremos haciendo un atento seguimiento de la situación general y tomaremos medidas en caso necesario.

II. SANIDAD

  1. Aunque la crisis de la COVID-19 aún no ha terminado, ya ha llegado el momento de empezar a reforzar nuestra resiliencia sanitaria para el futuro.
  2. Trabajaremos para mejorar la coordinación de la UE, de acuerdo con las competencias de la Unión en virtud de los Tratados, a fin de garantizar una mejor prevención, preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias. Es preciso, de forma prioritaria, trabajar para que la UE tenga los medios necesarios a fin de garantizar una cantidad suficiente de vacunas y suministros esenciales a todos sus Estados miembros, apoyar el proceso completo de desarrollo de vacunas y medicamentos seguros y eficaces —en particular, mediante inversiones tempranas en capacidades de producción— y hacer un uso óptimo de los macrodatos y las tecnologías digitales para la investigación médica y la asistencia sanitaria. También deben impulsarse los trabajos sobre las propuestas relativas a la Unión de la Salud y la Estrategia Farmacéutica, en particular las relativas al acceso a los medicamentos en todos los Estados miembros.
  3. Invitamos a la Comisión a que presente, a más tardar antes de junio de 2021, un informe en el que se expongan las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 hasta el momento. En el informe también se debe abordar el intercambio de información, la coordinación, la comunicación y la contratación conjunta, así como la manera de garantizar una capacidad de producción suficiente en la UE y de constituir unas reservas estratégicas, apoyando al mismo tiempo la diversificación y la resiliencia de las cadenas mundiales de suministro de productos médicos. Esta labor debe ser objeto de seguimiento en el segundo semestre de 2021.
  4. La cooperación multilateral mundial es fundamental para hacer frente a las amenazas sanitarias actuales y futuras. Estamos resueltos a promover la seguridad sanitaria mundial, en particular mediante el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud y trabajando en pro de un tratado internacional sobre pandemias bajo sus auspicios. En este contexto, aguardamos con interés la Cumbre Mundial sobre la Salud del G-20 que se celebrará en Roma.

La discusión para renovar el CGPJ oculta la falta de medios materiales y organizativos de la Justicia

domingo, 28 de febrero de 2021

La discusión para renovar el CGPJ oculta la falta de medios materiales y organizativos de la Justicia

-CSIF subraya que mientras los políticos se enzarzan en discusiones el personal de Justicia afronta la pandemia con enormes deficiencias
26 de Febrero de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en la administraciones públicas, advierte de que el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está ocultando la falta de medios personales, materiales y organizativos que son los verdaderos problemas de la Justicia.

Desde CSIF, recordamos que mientras los políticos se enzarzan en discusiones para renovar el Consejo, el personal de Justicia se ha tenido que enfrentar a la pandemia con un déficit de mecanismos de prevención y protección de la salud, graves deficiencias de los sistemas informáticos, falta de coordinación y fallos en la comunicación interna.

Todo ello ha provocado que proliferen normas de todo tipo, algunas de ellas contradictorias, que van desde protocolos de prevención de riesgos hasta la dotación de servicios esenciales. A todo ello se une el malestar entre los empleados/as públicos provocado por la falta de medios de protección durante las fases iniciales de la pandemia, los problemas para el realización de PCR o la exclusión del personal de Justicia de los grupos prioritarios de vacunación, entre otros.

CSIF subraya la necesidad de emprender un proceso de transformación y modernización de la Administración de Justicia y por ello hemos planteado al ministro, Juan Carlos Campo, nuestra propuesta con 53 líneas de actuación para una Justicia de futuro, aunque aún no hemos recibido respuesta.

Asimismo, desde hace más de dos años CSIF viene proponiendo al Ministerio la apertura de una mesa de negociación con un calendario específico para llegar a un acuerdo que refuerce el proceso modernizador de la Justicia y la mejora de las condiciones laborales y retributivas de su personal.

No hemos recibido respuesta alguna por parte del Ministerio que sigue anunciando grandes propuestas de reforma (tribunales de instancia, oficinas municipales, oficina del dato, ley de enjuiciamiento criminal, mediación…), pero sobre las que se niega a informar con detalle a los representantes del personal de Justicia creando una enorme incertidumbre y un profundo malestar por el desprecio que eso supone para quienes tienen que ser el eje de esas reformas.

Un malestar creciente que se suma al provocado, entre otros, por la falta de medios de protección durante las fases iniciales de la pandemia, los problemas que existen para el acceso a la realización de pruebas PCR o la exclusión del personal de Justicia de los grupos prioritarios de vacunación.
Para CSIF los problemas de la Justicia no se resuelven privatizando este servicio público esencial o parte del mismo y eso es lo que parece plantear ese sistema de mediación obligatoria y previa al acceso a la tutela judicial efectiva.

CSIF lamenta que, una vez más, se acuse a los ciudadanos de “abusar” del ejercicio de un derecho fundamental que el Gobierno está obligado a facilitar conforme se establece en el artículo 9.3 y no a obstaculizar.

Una vez más, el Ministerio de Justicia decide tomar atajos que le liberen de su responsabilidad de dotar a la Administración que gestiona de los medios personales, materiales y organizativos suficientes y adecuados.

Con dotaciones de personal adecuadas, sistemas informáticos modernos, coherentes e interconectados, acometiendo la modernización interna de los Cuerpos de la Administración de Justicia y asegurando el reconocimiento laboral y retributivo adecuado de su personal, la Justicia no necesitaría externalizar ninguna de sus funciones ni servicios.