AIRE

Dos millones de empresas quedan excluidas de las ayudas directas del Gobierno por no pertenecer a los CNAEs incluido en el Real Decreto.

25 marzo 2021

Según el análisis realizado por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), a partir de datos del INE, más de la mitad de las pymes españolas quedarían excluidas de recibir ninguna compensación de las aprobadas en el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Exactamente, el requisito de pertenencia a ramas de actividad concreta, concreta como empresas elegibles a 1,5 millones de empresas de las más de 3,4 millones de empresas registradas, exactamente el 47% de las empresas.

Además de la preocupación por los plazos y por la no concreción de las cuantías que finalmente recibirán las empresas, desde CEPYME consideramos que la inclusión de pertenencia a CNAEs concretos para dirimir la elegibilidad de las empresas no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico que han sufrido durante esta crisis. En cambio, excluye a miles de compañías que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad.

El requisito sectorial tan solo es uno de los tres grandes requisitos para optar a las ayudas. La otorgación de ayudas directas incluye unos requisitos que dejan fuera a una parte importante del tejido empresarial no solo por la selección de sectores.

En concreto, el requisito de la determinación de solvencia a través de la no declaración de pérdidas en 2019 podría dejar fuera a un gran número de empresas, pese a no ser criterio determinante para conocer la viabilidad de una empresa. Es más, muchas empresas en procesos de expansión suelen declarar pérdidas. Según datos de la Central de Balances del Banco de España, en 2019 el 33,2% de las empresas registraron números negativo. De estas empresas, el 96% eran pymes y nueve de cada diez eran microempresas.

A estos dos requisitos habría que sumar la acumulación de un 30% de pérdida en 2020 para acceder a dichas ayudas.

Por comunidades autónomas, cabe destacar que, en el caso de Madrid, el 59% de las empresas no tendrían acceso a estas ayudas, mientras que en el caso de Cataluña serían un 56% las empresas que no podrían acceder a las mismas simplemente por no pertenecer a CNAEs específicos.

Campo anuncia que serán inhábiles los días del 24 de diciembre al 1 de enero para las actuaciones judiciales

Jueves 25 de marzo de 2021

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Colegio de Abogados de Guadalajara

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que el futuro anteproyecto de ley de eficiencia organizativa recoge un nuevo periodo inhábil para las actuaciones judiciales, del 24 de diciembre al 1 de enero, que se suma a los días ya previstos por la ley actualmente.

Campo ha hecho este anuncio en Guadalajara, donde se ha reunido con el Colegio de Abogados esta provincia, presidido por Emilio Vega, y ha firmado en el libro de honor del Colegio. Además, ha participado en los Diálogos Institucionales, organizados por esta institución. En el evento, el ministro ha expuesto algunos de los principales proyectos de Justicia 2030 que atañen a los abogados, con el objetivo de recoger sus aportaciones, ya que, según Campo, «la mejora de la Justicia solo podemos hacerla entre todos».

Campo se ha referido a las tres leyes para la eficiencia de la Administración de Justicia previstas por su departamento: el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), recién aprobado en el Consejo de Ministros; el futuro anteproyecto de ley de eficiencia organizativa, en el que están trabajando; así como el de eficiencia digital.

En cuanto a la ley de eficiencia organizativa, Campo también ha explicado que permitirá desplegar en todo el Estado los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios, que sustituyen a los actuales Juzgados de Paz.

En su exposición, el ministro ha aludido también a importantes desarrollos normativos que afectan a los abogados, como el nuevo Estatuto de la Abogacía, que entrará en vigor este próximo verano; y el nuevo reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

Se trata de proyectos de gran relevancia, según el ministro de Justicia, y deben llevarse a cabo con el esfuerzo de todos, también de los más de 150.000 abogados que hay en España. «No se entiende la Justicia sin la abogacía», ha finalizado Campo.

El Instituto Nacional de Estadística mejora su estimación de la evolución de la economía española en 2020 y sitúa la caída en el 10,8%

Viernes 26 de marzo de 2021

La cifra anual de crecimiento mejora en dos décimas la estimación inicial hecha en enero por el INE. La actualización incluye la revisión al alza del crecimiento de la economía española en el tercer trimestre, que pasa del 16,4% al 17,1%, y el ajuste del cuarto trimestre que se sitúa en el 0%.

El Producto Interior Bruto de la economía española se redujo un 10,8% en 2020, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como consecuencia de los efectos de la COVID-19.

La cifra final mejora en dos décimas la estimación inicial realizada por el INE el pasado mes de enero. La actualización del INE incluye la revisión al alza del crecimiento de la economía española en el tercer trimestre, que se incrementa del 16,4% al 17,1%, y el ajuste del cuarto trimestre que se sitúa en el 0%.

Durante el último trimestre del año siguió recuperándose la demanda interna, con un crecimiento del 0,4%. Todos sus componentes registraron una aportación positiva, a excepción de vivienda y construcción, destacando el crecimiento de los productos de propiedad intelectual, la formación bruta de capital y el consumo de las Administraciones Públicas.

En términos interanuales la aportación de la demanda nacional al PIB fue negativa, −6,2 puntos, lastrada por el consumo final de los hogares y las ISFLSH, con una reducción de 5,3 puntos, seguida de la formación bruta de capital, con una aportación negativa de 1,8 puntos.

Por lo que respecta a la demanda externa, también mantuvo su recuperación en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 4,6% de las exportaciones de bienes y servicios y un incremento de las importaciones del 6,2%.

En términos interanuales, la demanda externa tuvo una aportación de −2,7 puntos, con una contribución de −5,7 puntos al PIB de las exportaciones de bienes y servicios, compensada, en parte, por la aportación positiva de las importaciones de bienes y servicios.

Los datos del INE muestran que en el cuarto trimestre siguieron recuperándose las horas trabajadas, con un crecimiento del 1% intertrimestral. En términos interanuales, la reducción de horas trabajadas se sitúa en el 6,1%.

El empleo mantuvo la recuperación iniciada en el trimestre anterior, con un crecimiento del 1,2% en el cuarto trimestre, lo que deja la caída interanual en el 5,2%, reducción inferior a la del PIB, por el efecto positivo de las medidas adoptadas para proteger el empleo.

Finalmente, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 0,6% y un 0,1%, respectivamente, en el cuarto trimestre, lo que deja la reducción interanual de la renta nacional en el 7,7% y la de la renta nacional disponible en el 8,2%.

En una reunión celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España

Los grupos políticos reciben las Bases del Pacto de Estado por la Industria

Lunes 22 de marzo de 2021

El Grupo de Trabajo para la Estrategia de Impulso Industrial creado en el seno del Foro de Alto Nivel de la Industria Española para elaborar las bases para un Pacto de Estado de la Industria ha aprobado un primer documento que ha sido presentado a los Grupos Parlamentarios en una reunión celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, organismo encargado de coordinar el texto.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto «es una excelente noticia disponer de este documento en un momento como el actual porque compromete al conjunto de agentes económicos y sociales y a las fuerzas políticas de la urgente necesidad de potenciar la industria y el sector productivo de nuestro país con un doble objetivo: la necesaria reactivación económica y social tras la pandemia y la modernización de nuestro modelo productivo para abordar con éxito la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial».

La titular de Industria, que ha asistido a la reunión, ha recordado que en julio de 2020 el Gobierno y los agentes sociales firmaron el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, un compromiso de país para trabajar con urgencia en el refuerzo de la recuperación económica y empleo. Uno de los objetivos del acuerdo era poner en marcha un Pacto por la Industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva, impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente.

El Ministerio de Industria está impulsando una nueva política industrial en España alineada con la Estrategia Europea de industrialización que incorpora alcanzar a lo largo de la legislara un Pacto de Estado por la Industria y una nueva ley de industria para dar estabilidad y conseguir reforzar capacidades productivas, generar empleo de calidad y aumentar el peso de la industria el PIB español hasta el 20% que establece la UE.

La reunión ha estado presidida por José Trigueros, presidente del Instituto de Ingeniería de España y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y han participado por los grupos parlamentarios en el Congreso – Joan Capdevila, portavoz de ERC y presidente de la Comisión de Industria; Alejandro Soler del PSOE; Tristana Moraleja del PP; José María Figaredo de Vox; Idoia Sagastizábal del PNV; Miguel Gonzalez de Ciudadanos; Nacho Alvarez de Unidas Podemos; Isidro Martínez Oblanca de Foro Asturias; y Néstor Rego de BNG.

Por las federaciones de Industria de los sindicatos han participado Juan Antonio Vázquez de UGT-FICA y Agustín Martín de CCOO-Industria. De las organizaciones empresariales han asistido Juan Antonio Labat, director general de FEIQUE, que ostenta la secretaría de la Alianza por la Industria y Ángel Asensio, Presidente de FEDECON.

Una vez presentado este documento a los grupos parlamentarios, deberá aprobarse por el pleno del Foro de Alto Nivel de la Industria Española para su posterior remisión al Congreso de los Diputados.

30 de marzo. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, colectivo feminizado e invisible

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, USO denuncia la situación de este sector feminizado e invisible y cuyas reivindicaciones no son atendidas

Hoy, 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Desde USO seguimos denunciando la situación de este sector feminizado, que sigue invisibilizado, y cuyas reivindicaciones no son atendidas por ninguno de los Gobiernos.

A pesar de las promesas de ratificación, a día de hoy el Gobierno continúa sin ratificar el Convenio nº 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y la Recomendación nº 201 de la OIT que lo complementa.

Las trabajadoras del hogar, tratadas como trabajadoras de segunda

Las primeras normas aprobadas para equiparar las condiciones y derechos laborales del colectivo, que tenían que estar vigentes desde el 1 de enero de 2019, han sido pospuestas hasta 2023. Tras ocho años de espera, aún sigue sin constituirse el grupo de expertos que debe acompañar el proceso.

Lamentablemente, en estos momentos, las trabajadoras del hogar son tratadas como trabajadoras de segunda, una situación que no se da en ningún otro régimen de la Seguridad Social. Por ejemplo, a las trabajadoras del hogar no se les aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; no cotizan por su remuneración real, sino por tramos de cotización; no tienen derecho a prestación por desempleo, etc. Situaciones que repercuten en la jubilación, lo que les obliga a tener que trabajar hasta edades muy avanzadas, con el riesgo correspondiente para su salud y su vida digna en la vejez.

También durante el estado de alarma, fueron las grandes olvidadas. La solución aportada llegó mal y tarde, negando la realidad del sector y la precariedad, y convirtiendo la solicitud del subsidio en un complejo procedimiento, lento en su resolución y escaso en su dotación económica.

El colectivo sufre una triple discriminación, tal y como como denuncian las asociaciones de empleadas de hogar, como SEDOAC: mujeres, pobres y migrantes. La pandemia las ha afectado de forma directa y grave, quedándose sin empleo de un día para otro, o teniendo que trabajar internas, sin poder salir ni los fines de semana por miedo al contagio. La Ley de Extranjería, no ayuda en este proceso de normalización, ya que sigue poniendo trabas tanto a las trabajadoras como a los empleadores para regularizar su situación administrativa.

Regularización de salarios y cotizaciones a través de la Inspección de Trabajo

A los hogares que tengan contratada una trabajadora de empleo de hogar, dada de alta en la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo ha remitido una carta para comunicar la campaña a través de la cual se pretende regularizar los salarios y las cotizaciones de estas trabajadoras. Esta campaña, que llega un año tarde, además no llegará a todos los hogares que se encuentran en esta situación.

Como cada año, las familias que tienen contratada a una empleada de hogar deben actualizar sus retribuciones de acuerdo con el salario mínimo interprofesional, cuando este sufre algún cambio. La Disposición Adicional 6ª el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, prorrogó el salario mínimo interprofesional para 2021. Pero si se da alguna variación en la cuantía salarial de las empleadas se hogar, se deberá de nuevo actualizar las retribuciones.

Este año, excepcionalmente, la actualización de salario se debe comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 31 de marzo, con la información de la retribución real desde el 1 de enero de 2021. Dicho salario actualizado en 2021 no puede ser inferior a 1.108,33 euros/mes, para un contrato de trabajo a tiempo completo (40 horas semanales).

A partir del 1 de abril, si no se ha realizado la declaración del salario actual ante la Tesorería General de la Seguridad Social se iniciarán actuaciones inspectoras. Estas pueden conllevar sanciones.

Beneficios a la cotización en 2021 para el colectivo
•Reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. Serán beneficiarias de dicha reducción las personas empleadoras, que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a una empleada de hogar de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleador no hubiera figurado de alta a tiempo completo en el citado Sistema Especial para la misma empleada, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
•La reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para familias numerosas, siempre que los dos ascendientes o el ascendiente, en caso de familia monoparental, ejerzan una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar. Cuando la familia numerosa ostente la categoría de especial, para la aplicación de este beneficio no será necesario que los dos progenitores desarrollen cualquier actividad retribuida fuera del hogar.
En cualquier caso, la bonificación indicada sólo será aplicable por la contratación de un único cuidador por cada unidad familiar que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa.

Los beneficios en la cotización consistentes tanto en reducciones en la cotización a la Seguridad Social a cargo de la persona empleadora, como en bonificaciones de cuotas a cargo de la misma, no serán de aplicación en los supuestos en que las empleadas de hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador/a asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación.

¿Qué es la Década Digital? Procesos y objetivos de la Comisión Europea?

Comisión Europea

El pasado 9 de marzo, la Comisión Europea presentó la nueva estrategia digital «Brújula digital para 2030: la Vía Europea de la Década Digital». Una hoja de ruta con los objetivos de transformación digital para la próxima década.

22/03/2021

Hace un año la Comisión Europea publicó el marco general de una Estrategia que configurará el futuro digital de Europa. Sin embargo, nadie contaba con el huracanado 2020 que se avecinaba. Un año en el que la resiliencia tecnológica se ha convertido en protagonista de nuestra actividad diaria. Nos ha mostrado tanto las oportunidades que presenta, como la vulnerabilidad de la sociedad ante las nuevas desigualdades digitales.

En este contexto, la Comisión Europea propone una serie de objetivos ambiciosos, así como un sólido mecanismo de gobernanza. Ambos giran en torno a cinco puntos principales:

Una ciudadanía altamente cualificada en destrezas digitales.
El establecimiento de infraestructuras digitales, sostenibles y eficaces.
La adaptación y transformación digital de las PYMES.
La disponibilidad online de los servicios públicos.
La creación de asociaciones internacionales para impulsar la tecnología como solución global.

Pero, ¿en qué beneficia a los ciudadanos? Además de la Brújula, la Comisión Europea propone un listado de principios digitales europeos. El objetivo es definir los derechos digitales de los ciudadanos, así como su protección y empoderamiento.

La crisis sanitaria ha impulsado el empleo de herramientas digitales para el desempeño de tareas diarias. No obstante, no todo el mundo ha podido beneficiarse al mismo nivel. De este modo, la estrategia presenta apoyo financiero a empresas y Administraciones que fomentan el uso de tecnologías digitales entre los ciudadanos.

La Comisión continúa trabajando en ello. Plantea como posibles futuras etapas la formulación de una Declaración de Principios Digitales, el desarrollo de un programa de política digital que ponga en práctica la Brújula Digital y dedicar un Eurobarómetro anual al seguimiento de las impresiones de los ciudadanos europeos en relación a sus derechos, valores y aspiraciones online.

Así, el próximo viernes, los ministros representantes de los estados miembro se reunirán en línea con motivo del Día Digital 2021. En este encuentro, debatirán acerca de las tres declaraciones firmadas con los siguientes objetivos:

Conectividad: Europa reforzará las redes mundiales de conectividad a través de sus pasarelas de datos
Empresas emergentes: empresas emergentes y en expansión para sacar ventaja de las mejores prácticas
Transformación digital ecológica: movilizar inversiones en tecnologías digitales limpias
Una serie de compromisos tangibles que contrinuirán tanto en la aceleración la transformación ecológica y digital de Europa, como a la visión y los objetivos de la Década Digital de Europa.

En conclusión, la incorporación de la tecnología en la vida diaria de los ciudadanos no debe ser tomada como un fin sino como un medio. Se trata de una poderosa herramienta que, con su adecuado uso, puede mejorar la vida de los ciudadanos europeos.

En el Congreso de los Diputados

Ábalos anuncia que se incrementa hasta las 100.000 viviendas el objetivo del Plan de viviendas para alquiler asequible

Miércoles 24 de marzo de 2021

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha afirmado que su departamento continúa avanzando en el Plan de viviendas para alquiler asequible y ha anunciado que, gracias a los fondos europeos, se ha incrementado hasta 100.000 viviendas el objetivo de desarrollar un verdadero parque público.

Durante una respuesta parlamentaria en el Pleno del Congreso, el responsable del Departamento ha destacado esta medida entre las que el Ministerio está elaborando e impulsando para ayudar a las personas al acceso a una vivienda digna y asequible.

El Plan de viviendas para alquiler asequible impulsado por Mitma cuenta con dos ejes de trabajo:

1. El primero, basado en la acción directa del Ministerio para la creación de un parque público de vivienda social, rondará las 44.000 viviendas en total. Éste se divide a su vez en varias líneas de actuación:
   •4.769 viviendas, financiadas con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con comunidades autónomas y Ayuntamientos.
   •Alrededor de 7.623 viviendas, conveniadas con ntidades Locales en las zonas más tensionadas respecto a los precios de los arrendamientos.
   •En torno a 11.608 viviendas impulsadas por el Ministerio en colaboración con SEPES en suelos del Estado, mediante la licitación de derechos de superficie para entidades privadas que construirán y gestionarán las viviendas con rentas tasadas.
   •Una estimación de 20.000 viviendas con cargo a los 1.000 millones de euros de los fondos europeos.
2. El segundo eje del Plan de viviendas, mediante concertación con los agentes privados, consiste en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas. Éste se divide en tres líneas de trabajo:
   •El incremento del Fondo social de vivienda actual acordado con las entidades financieras en un 10% más, por lo que alcanzará la cifra de 11.000 viviendas.
   •La colaboración con la SAREB para poder alcanzar una cifra de puesta a disposición de 15.000 viviendas a comunidades autónomas y ayuntamientos para su alquiler social, con el impulso del MITMA, de acuerdo con el Protocolo que firmamos el pasado 17 de febrero.
   •La colaboración con entidades gestoras de vivienda en alquiler para la disposición de un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social, pudiendo llegar hasta 30.000 viviendas.

Una Ley de Vivienda para frenar las subidas abusivas de alquiler

Según ha incidido el ministro, existe un «impulso decidido» a construir un parque público de vivienda para estimular la oferta, al tiempo que ha destacado los trabajos para la elaboración de una ley por el derecho a la vivienda para frenar las subidas abusivas en el alquiler, atender la situación de los más vulnerables y mejorar la colaboración entre las distintas administraciones.

En esta línea, ha recordado la propuesta fiscal del Ministerio para poner coto a las tensiones de precios existentes en el mercado inmobiliario que se concentran en determinadas poblaciones. Dicha propuesta se centra en los ciudadanos que menos recursos tienen, en fomentar la rehabilitación, en los jóvenes, en contener y bajar los precios del alquiler y en la promoción de vivienda social en alquiler.

El ministro ha defendido la necesidad de mejorar el marco fiscal y de establecer la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la movilización de vivienda, con la definición de vivienda vacía en la regulación del recargo existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

«Tenemos que definir las viviendas vacías para que se pueda aplicar el recargo del IBI que ahora no se puede aplicar porque no hay definición; y, sobre todo, el objetivo del Gobierno ahora son 100.000 viviendas», ha concluido.

Cámara de España colabora en la segunda parte de la campaña “Spain for Sure”

Campaña de promoción de la imagen de España

18 de Marzo 2021

La campaña está promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y también colaboran CEOE, Foro de Marcas Renombradas Españolas y Multinacionales por Marca España
Diego Simeone, Ara Malikian, Rebeca Grynspan, Peter Sisseck, Lucrecia, Wayne Griffiths y Caterina Biscari son los protagonistas de esta nueva entrega

Madrid, 18/03/21.- La Cámara de Comercio de España ha participado este jueves en la presentación de la segunda parte de la campaña “Spain for Sure” (España, por supuesto) que pretende impulsar la reputación del país. El Secretario General de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha participado en el acto que se ha desarrollado en el Teatro Real con presencia de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya.

A diferencia de la primera parte de la campaña -que contó con la participación de españoles universales como Rafa Nadal, Isabel Coixet, José Andrés o Pau Gasol, entre otros, la nueva batería de vídeos está protagonizada por personalidades extranjeras que residen en España y que explican en primera persona qué ofrece nuestro país a quienes desean trabajar, estudiar, invertir y disfrutar de su calidad de vida.

En el acto de presentación, conducido por el periodista Carlos Franganillo, han participado algunas de sus protagonistas, como la Secretaria General de la SEGIB, Rebeca Grynspan, la cantante Lucrecia y la directora del acelerador de partículas Alba Synchrotrón, Caterina Biscari.

Una campaña para impulsar la confianza nacional e internacional

La campaña lanzada hoy busca reforzar la confianza internacional y la autoconfianza de los españoles para lo que se ha querido contar con extranjeros que viven en España y que han desarrollado parte de su carrera en nuestro país.

Cabe destacar que, durante la última década, los españoles nos hemos valorado por debajo de cómo nos valoran en el resto del mundo, por lo que somos los primeros que podemos mejorar la percepción de nuestro país y, de esta forma, atraer la atención de los extranjeros.

Si bien esta tendencia ha ido corrigiéndose, el nivel de autoestima nacional en España país sigue estando lejos de naciones como EEUU, Alemania o Reino Unido, según se extrae del último informe La imagen de España en el mundo del Real Instituto Elcano y Reputation Institute, para el que se ha entrevistado a 30.000 personas de 20 países.

Según ese informe y otros similares, la reputación internacional de España se mantiene robusta y apenas se ha visto afectada por la pandemia, gracias a pilares estructurales como el idioma, la cultura o la profesionalidad de los españoles.

Protagonistas del mundo de la cultura, la ciencia, la empresa y el deporte

La nueva entrega de “Spain for Sure” está compuesta por siete vídeos individuales, uno por cada rostro internacional participante. Cada audiovisual se ha rodado, además, sin guion prestablecido, y representa una de las dimensiones de la reputación de nuestro país que quiere potenciar España Global.

La costarricense Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB –con sede en nuestro país-, refleja el posicionamiento de España en el ámbito de las relaciones internacionales; el enólogo y empresario danés Peter Sisseck, que ha llevado el vino español a lo más alto del mundo, nos recuerda la excelencia de nuestra gastronomía y la tenacidad de nuestro tejido empresarial; la cantante cubana Lucrecia es sinónimo de alegría, arte y solidaridad; el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, refleja mejor que nadie el éxito deportivo; la física italiana Caterina Biscari, referente mundial en la aceleración de partículas, es un ejemplo del poder de la mujer en la ciencia española; el presidente de SEAT CUPRA, el británico Wayne Griffiths, pone cara a la increíble fuerza de las multinacionales españolas; y, por último, la diversidad y la cultura se dan la mano en Ara Malikian, el gran violinista libanés de ascendencia armenia aclamado en todo el mundo.

Las diferentes piezas se han rodado en lugares tan emblemáticos para sus protagonistas y para España como el estadio Wanda Metropolitano, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Fundación Miró de Barcelona, las instalaciones del acelerador de partículas Alba Synchrotrón de Barcelona o los viñedos Dominio de Pingus de la Ribera del Duero, entre otros.

Compromiso público-privado con la imagen de España

‘Spain for Sure’ es el resultado de una colaboración público-privada impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de España Global, junto a la CEOE, la Cámara de Comercio de España, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y, en esta ocasión, la asociación Multinacionales por Marca España.

Además, contará desde hoy y hasta el verano con el apoyo de RTVE, AENA, ADIF e Iberia para garantizar su presencia en televisión, radio, aeropuertos, trenes y aviones, con especial atención a los puntos de conectividad internacional.

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 27 /2021

El pleno del TC mantiene vigentes las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Puigdemont y Comin al desestimar su recurso de súplica

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha acordado desestimar el recurso de súplica interpuesto por Carles Puigdemont y Antoni Comín contra el ATC 89/2020, de 9 de septiembre, que denegaba la suspensión de las órdenes nacionales decretadas por el Tribunal Supremo de busca y captura e ingreso en prisión de los recurrentes en amparo.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, explica que la decisión recurrida, que ahora se confirma, es consecuencia de “un juicio de ponderación de los intereses en juego como la naturaleza cautelar privativa de libertad de la decisión judicial que se pretende dejar sin efecto, interés general en la persecución penal de las conductas que están siendo investigadas y gravedad de la imputación provisionalmente efectuada”.

Por tanto, la resolución desestimatoria no deriva de un automatismo legal o jurisprudencial ni de una prohibición absoluta sino de la aplicación razonada de criterios objetivos (la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados, la duración de la pena impuesta, su trascendencia social, la expresión de la antijuridicidad de la conducta, el bien jurídico protegido por el delito, entre otros).
El auto insiste en que si “este Tribunal Constitucional levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento”.

Asimismo, el Tribunal también desestima la petición de los recurrentes de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Madrid, 23 de marzo de 2021

Transparencia sobre el coste de los carburantes

El MITECO lanza la web «Euros por cada 100 kilómetros» con información comparativa sobre el coste de los combustibles en automoción

Viernes 26 de marzo de 2021

Web “Euros por cada 100 kilómetros”

Con esta web los consumidores podrán comparar el coste de los distintos combustibles para sus vehículos, incluida la electricidad. La página también cuenta con un buscador que permite conocer el coste por 100 kilómetros de modelos de vehículos concretos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado la página web «Euros por cada 100 kilómetros», que recoge los costes medios nacionales de los carburantes tradicionales y alternativos en EUR/100 km para permitir a los consumidores su comparativa en base a una metodología común europea, aportando trasparencia al precio de los combustibles.

La web facilitará el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, que establece que todas las estaciones de servicio con ventas superiores a 5 millones de litros y aquellas que vendan combustibles alternativos deberán tener, a partir del 1 de abril, un panel informativo con los precios nacionales en euros por cada 100 kilómetros de los combustibles mayoritarios y que será actualizado trimestralmente. Los precios medios nacionales se calculan a partir de consumos homologados de una muestra de vehículos representativa.

Las estaciones de servicio pueden elegir libremente la forma, la ubicación y el formato de esta información siempre que sea visible para el usuario.

Contenido de la web

La web cuenta con un panel informativo con los costes medios nacionales actualizados de carburantes tradicionales y alternativos en EUR/100km, que se calculan a partir de fuentes de información oficiales, como el Geoportal Gasolineras de MITECO.

La página también dispone de un buscador que permite conocer el coste por 100 kilómetros por modelo de vehículo, lo que facilita establecer comparativas. Para esta funcionalidad se utilizan los consumos homologados disponibles en la base de datos de vehículos nuevos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La web también ofrece a los consumidores información sobre la normativa aplicable y la metodología de cálculo. Entre otros aspectos, recoge quién debe exhibir la información comparativa de precios, qué datos se deben mostrar, de qué manera y cuándo debe hacerlo.

El acceso a la web «Euros por cada 100 kilómetros» se encuentra disponible en este enlace.

Registro mercantil del siglo XXI: registro electrónico

Cepyme

26 | 03 | 2021

Por Juan Ignacio Madrid Alonso, Registrador Mercantil de Sevilla

Estos días hemos celebrado el 160 aniversario de nuestra Ley Hipotecaria (8 de febrero de 1861), clave básica de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario y mercantil.

Pero cuando ésta se promulgó ya estaba consolidada la institución del Registro Mercantil, creado en 1829 como “Registro público y general de comercio”, tras la aprobación ese mismo año del Código de Comercio de Sainz de Andino. Su regulación actual está contenida en el Código de Comercio de 1885, modificado en este punto por la Ley 19/1989 de 25 julio, para su adaptación a las Directivas de la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, a pesar de su antigüedad, el Registro Mercantil es una institución joven y dinámica, que ha sabido adaptarse, e incluso adelantarse, a los requerimientos impuestos por la normativa de la actual Unión Europea y las exigencias de la sociedad española en el ámbito jurídico mercantil. Esto es así porque tanto los registradores como nuestro Colegio somos plenamente conscientes de la importancia del servicio público que prestamos y la consiguiente exigencia de dedicar a ese fin todo nuestro esfuerzo personal y dotar al Registro Mercantil de todos los materiales técnicos y tecnológicos necesarios para hacer más eficiente nuestra función, adecuándola a los nuevos requerimientos sociales.

Unión Europea: hacia un registro totalmente electrónico
La Directiva 58/2003, de 15 de Julio, ya estableció un Registro Mercantil Electrónico, tanto para la presentación de la documentación como para la llevanza del propio Registro, aunque, a pesar de los diversos proyectos desarrollados desde entonces, seguimos rigiéndonos por el Reglamento del Registro Mercantil de 1996. No obstante, el Colegio de Registradores está preparado para implementarlo en cuanto sea posible y, de hecho, el Registro de Bienes Muebles, cuya llevanza corresponde, en la mayoría de las provincias, a los registradores mercantiles, es ya un registro completamente electrónico. Puede accederse al mismo y conocer sus características a través del siguiente enlace

Documentación electrónica
Acorde con la tendencia normativa dominante en la gran mayoría de los países de nuestro entorno europeo, en el Registro Mercantil se ha ido ampliando progresivamente la posibilidad de acceder mediante documentación privada con firma autenticada o, en la actualidad, con firma electrónica, que acredita fehacientemente la autoría del documento. Así, hoy es posible en un gran número de casos la autorización y presentación telemática en el Registro Mercantil de documentos formalizados exclusivamente de forma electrónica, directamente desde la oficina de la sociedad o despacho de que se trate, sin necesidad de intermediación ni cualquier otro trámite de ningún tipo.

Documentos de acceso registral directo telemático
Son muy numerosos los supuestos en que es posible lograr la inscripción o realizar otros trámites en el Registro mercantil mediante documentos autorizados con firma electrónica y presentados de forma telemática. Los trámites más frecuentemente utilizados son los siguientes:

Presentación de los depósitos de cuentas y legalización de los libros de las sociedades.
Solicitud de convocatoria de junta o de la asamblea de obligacionistas por el registrador mercantil.
Solicitud de nombramiento de auditor (art. 265.2 L.S.C.).
Solicitud de nombramiento de auditor para emisión de certificación acreditativa de la suficiencia del pasivo.
Solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Solicitud de nombramiento de experto para valoración de acciones o participaciones en supuestos de separación o exclusión de socios.
Solicitud de nombramiento de experto independiente para aportación no dineraria en constitución de sociedad anónima (art. 67 L.S.C.) o para adquisiciones onerosas en sociedad anónima en los dos años siguientes a su inscripción en el registro mercantil (art. 72 L.S.C.).
Solicitud de nombramiento de experto independiente para transformación en sociedad anónima.
Solicitud de nombramiento de auditor para ampliación de capital con cargo a reservas (art. 303 L.S.C.) o por compensación de créditos (art. 301 L.S.C.).
Solicitud de nombramiento de experto independiente con la finalidad de validación del plan de viabilidad en un acuerdo de refinanciación de la deuda con los acreedores.
Solicitud de inscripción de emprendedores de responsabilidad limitada.
Solicitud de desistimiento de asiento de presentación.
Proyecto de fusión o escisión.
Cese y nombramiento de administradores en sociedades anónimas y limitadas.
Aceptación de nombramiento de cargos en sociedades anónimas y limitadas.
Inscripción de poderes electrónicos.
Revocación de poderes inscritos.
Declaración de realización de actividad de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos por personas físicas profesionales.
Declaración de baja de actividad de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos por personas físicas profesionales
Declaración de modificación de datos por personas físicas profesionales.
Alta o baja en registro mercantil de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos, referida a personas jurídicas o empresarios personas físicas ya inscritos en el registro mercantil.
Declaración anual de actividades por personas físicas profesionales.
Declaración anual de actividades por personas jurídicas ofísicas empresarios.
Certificación de no aprobación de cuentas para reapertura provisional de hoja cerrada (art. 378.5 RRM)
En este enlace pueden verse numerosos modelos disponibles para esta presentación telemática.

Identificador global LEI
Otro trámite accesible a través de internet es el de obtención, en los supuestos en que legalmente sea necesario, del identificador global LEI, a través del LOU CORPME. Puede accederse por este enlace.

Constitución de sociedades íntegramente on line
En un futuro próximo, cuando concluya la transposición, actualmente en tramitación, de la Directiva 2019/1151, que modificó en este punto la 2017/1132, el actual elenco de documentos que se pueden tramitar on line se verá notablemente ampliado con la posibilidad de constitución de sociedades de capital y el registro de sucursales totalmente on line, sin más intervención que la del constituyente o constituyentes con su firma electrónica.

25 marzo 2021

​​​​El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales presenta en Teruel los planes de conectividad digital del Gobierno para afrontar el reto demográfico, que invertirán 4.320 millones de euros hasta 2025

El Plan para la Conectividad y las infraestructuras digitales y la Estrategia de Impulso a la tecnología 5G contribuirán para que el 100% de la población española tenga banda ancha de alta velocidad en 2025, contribuyendo a la cohesión territorial

En la última convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha se han adjudicado ayudas en Aragón por un importe superior a todas las anteriores convocatorias: 11 M€ para llevar la banda ancha a más de 80.000 viviendas y empresas en Aragón, de las cuales 20.500 están en la provincia de Teruel

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha visitado hoy Teruel para presentar el Plan para la Conectividad y las infraestructuras digitales, así como la Estrategia de impulso al desarrollo de la tecnología 5G.

Ambos planes forman parte de la estrategia del gobierno para afrontar el Reto Demográfico y constituyen sendos ejes de España Digital 2025, la hoja de ruta de la digitalización en nuestro país. Prevén una inversión de 4.320 millones de euros de inversión pública (883 millones ya previstos en los Presupuestos para 2021) en cinco años y contarán también con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Plan para la conectividad tiene como objetivo que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha ultra rápida (100 Mbps) en 2025, constituyéndose en instrumento fundamental de cohesión territorial. “Se trata de un objetivo realizable, dados los importantes avances de cobertura que se han producido en los últimos años”, ha asegurado el secretario de Estado, quien también ha hecho un breve repaso de las inversiones realizadas en la extensión de banda ancha en Aragón durante los últimos años: más de siete millones de euros de ayudas desde 2013, más de la mitad en 2018 y 2019.

Además, en, la última convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA-NGA), resuelta el pasado 4 de marzo, se han adjudicado ayudas por un importe superior a todas las convocatorias realizadas hasta ahora: 11 millones de euros para extender la banda ancha a más de 80.000 viviendas y empresas en Aragón. En Teruel las ayudas son de tres millones y medio y llegarán a 20.658 hogares y empresas.

Cuando terminen los trabajos que están adjudicados y en ejecución de las diferentes convocatorias del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA-NGA), se estima que la cobertura a 100 Mbps alcanzará al 86,7% de la población en Huesca, el 76% de la población en Teruel y el 95,6% en Zaragoza.

Para alcanzar el 100% de cobertura a 100 Mbps, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales tiene prevista una inversión de 2.320 millones de euros hasta 2025, 583 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

El primer Eje del Plan incluye medidas para incentivar el despliegue de banda ancha en centros urbanos, zonas despobladas, centros de referencia y asistenciales. El segundo Eje contiene acciones de refuerzo de conectividad asociadas a los entornos empresariales: polígonos industriales, centros logísticos o parques empresariales. La meta es que el 100% de los polígonos industriales tengan una conexión escalable a un gigabit por segundo en 2025, uno de los objetivos de la estrategia europea “la Sociedad del Gigabit”. Habilitando la transformación digital de la economía en todo el territorio.

En lo que se refiere a las pymes, se pondrá en marcha un programa para facilitar bonos de conec¬tividad digital para las pequeñas y medianas empresas que participen en programas públicos de impulso a su digitalización.

España, Hub de datos es el tercer eje del Plan que incluye medidas para proyectar nuestro país como polo de atracción de las inversiones en infraestructuras de datos y convertirnos en punto de conexión transfronteriza para la Unión Europea.

Por último, el Plan incluye dos ejes transversales, uno relativo a la reforma normativa y sistemas de Información pública (que incluye la aprobación de la nueva ley general de Telecomunicaciones), y otro a la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, incluyendo medidas de apoyo a la eficiencia energética.

Impulso de la tecnología 5G
​La Estrategia de impulso de la tecnología 5G tiene un presupuesto estimado para el periodo 2021-25 de 2.000 millones de euros, 300 millones en 2021. La quinta generación de tecnología móvil, permite la hiper conectividad (conexiones permanentes, de alta capacidad y a gran velocidad entre personas y máquinas), por lo que tiene un gran efecto disruptivo para la economía y puede servir, asimismo, como vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad.

La Estrategia consta de tres ejes. El primero incluye acciones para facilitar la disponibilidad de las bandas de fre¬cuencia prioritarias para los servicios 5G. En este sentido, España ya subastó en 2018 una de las bandas de frecuencias prioritarias, la de 3,5 GHz, lo que ha impulsado las primeras ofertas comerciales de los operadores, y está previsto que se realice la subasta de la banda de 700 MHz en las próximas semanas.

El segundo eje establece medidas de apoyo al despliegue de redes. Las metas son alcanzar al 75% de la población española con cobertura 5G, así como cobertura 5G ininterrumpida en las principales carreteras, ferrocarriles y puntos singulares como aeropuertos.

Asimismo, el despliegue de infraestructuras 5G es parte de una política de vertebración terri¬torial y cohesión económica y social. Por ello, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive al despliegue de infraestructuras 5G en aquellos territorios y corredores donde se proporcione un mayor efecto transformador.

Por último, y dado que la conectividad 5G permitirá a las empresas avanzar hacia una mayor productividad, la Estrategia promueve el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial identificados en España digital 2025: agroalimentación, turismo, comercio, salud y automoción.

El tercer eje incorpora medidas para crear un marco regulatorio y administrativo que propicie un clima inversor, como la Ley de Ciberseguridad, que debe transponer al ordenamiento jurídico español los instrumentos y medidas (toolbox) que los Estados Miembros de la Unión Europea consensuaron a principios de este año con el fin de mitigar los riesgos de seguridad en las redes 5G y crear un entorno seguro y confiable que impulse el despliegue y fomente la adopción.

Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA)
Desde 2013, cuando se puso en marcha el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) se han dado ayudas en Aragón por más de siete millones de euros para extender banda ancha de 100 Mpbs, a 98.000 viviendas y empresas. Más de la mitad de las ayudas se adjudicaron en 2018 y 2019.

Además, la última convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha, resuelta a principios de marzo, ha adjudicado ayudas en Aragón por más de 11 millones de euros para extender la cobertura a más de 80.000 viviendas y locales comerciales en 292 entidades singulares de población

La falta de regulación de las juntas telemáticas puede afectar a la gestión de las ayudas del Fondo Europeo a la rehabilitación energética

PSOE, PP y Ciudadanos recogen las propuestas de los Administradores de Fincas Colegiados y presentan mociones para que se puedan celebrar juntas de propietarios telemáticas

✓ El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una iniciativa para que el Gobierno establezca una regulación que ayude a resolver el problema de la ausencia de reuniones presenciales. PP y Ciudadanos presentan iniciativas con este mismo objetivo en el Congreso.

✓ En España se celebran, aproximadamente, 1.000.000 de reuniones anuales de comunidades de propietarios, 17.000 mensualmente de media solo en la Comunidad de Madrid, que no han podido convocarse por la COVID-19.

Madrid, 10 marzo de 2021 CAF Madrid

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), tras las diversas reuniones mantenidas con los distintos Grupos Parlamentarios, ha logrado que el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Popular y el de Ciudadanos hayan presentado sendas mociones para que se puedan celebrar reuniones virtuales de las juntas de propietarios.

En España se celebran, aproximadamente, 1.000.000 de reuniones anuales de comunidades de propietarios, 17.000 mensualmente de media solo en la Comunidad de Madrid. En su mayoría están juntas no han podido celebrarse presencialmente por las restricciones producidas por la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, informan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Las reuniones virtuales, además, no están reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal.

Esta circunstancia ha supuesto que un motor de desarrollo económico tan importante como es el de los servicios, mantenimiento y, fundamentalmente, las obras en los edificios, se haya frenado, y con ello, que numerosas empresas se estén viendo afectadas por la paralización de las mismas para mejorar la accesibilidad, las telecomunicaciones, la eficiencia energética y la rehabilitación.

Para Isabel Bajo, vicepresidenta del CGCAFE y presidenta del CAFMadrid, “si no se regula la celebración de las juntas de propietarios por medios telemáticos, las ayudas procedentes de los Fondos Europeos y destinadas a la rehabilitación energética del parque inmobiliario pueden verse comprometidas”.

Propuesta de los Administradores de Fincas Colegiados

Los Administradores de Fincas colegiados solicitan que se apruebe, urgentemente, una norma que regule, a nivel estatal, la celebración de juntas de propietarios y de los órganos de gobierno de las comunidades de propietarios por medios telemáticos, garantizando el derecho de participación de todos los propietarios -que podrán asistir representados-, y con la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y de garantizar la emisión de su voto.

No obstante, hay que tener presente sus particularidades, el número de propietarios y la capacidad de acceso a la tecnología. Por esto, y dado que no todas las comunidades podrán reunirse virtualmente, también se propone la posibilidad de adoptar acuerdos sin junta mientras duren las restricciones.

Hay que recordar que la Comunidad Autónoma de Cataluña sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema con la aprobación del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. Desde entonces están en vigor soluciones similares en Cataluña a las que propone el CGCAFE sin haber generado ningún problema entre los propietarios y resultando útiles para que no se frene ni la vida en comunidad, ni la economía.

En la práctica, muchas comunidades de propietarios tienen garantizado su funcionamiento y, salvo que surja una necesidad por alguna obra urgente, gran parte de los propietarios prefieren no celebrar reuniones para evitar riesgos de contagio. Por este motivo, y para dar cobertura legal a estas situaciones, Salvador Díez, presidente del CGCAFE, explica la necesidad de “suspender la obligación de convocar anualmente las reuniones durante 12 meses y dar por renovados, de forma tácita, tanto los cargos de la Junta de Propietarios de la comunidad como los presupuestos con el respaldo legal necesario”.

Teresa Ribera reitera el compromiso del Gobierno de consolidar una Nueva Estrategia Forestal Nacional

Jueves 25 de marzo de 2021

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha inaugurado el encuentro «Restauración forestal: un camino hacia la recuperación y el bienestar», enmarcado en el ciclo #Biodirectos, que organiza la Fundación Biodiversidad y que se ha celebrado para conmemorar el 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques.

Este año, la iniciativa ha puesto el foco en revitalizar la salud de los bosques, algo que redunda en nuestro propio beneficio, ya que contribuye a crear empleo, mitigar el cambio climático y salvaguardar la biodiversidad.

En el encuentro, la vicepresidenta Teresa Ribera ha destacado que los bosques son «el mayor sumidero de carbono gestionado que conocemos, termostato de nuestro clima y también una fuente de generación de empleo a escala global».

Los sistemas forestales son reservas de biodiversidad, fuentes de salud y motores del desarrollo rural, por lo que Ribera ha expresado el compromiso del Gobierno para «consolidar medidas de prevención contra incendios forestales y una Nueva Estrategia Forestal Nacional».

«La restauración y la gestión sostenible de estos ecosistemas aborda la crisis de cambio climático y de biodiversidad, aspectos a los que nos referimos cuando hablamos de regeneración», ha añadido. «Nuestra inacción tendría un precio que no nos podemos permitir en ningún caso. Por ello, hay que avanzar con éxito en este desafío transformador que tenemos por delante», ha concluido.

Detener la degradación de ecosistemas

Este #Biodirectos ha contado, además, con la participación de Jorge Marquínez, director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); Marc Palahí, director del European Forest Institute; Alfonso San Miguel, doctor ingeniero de Montes y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid; Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España; y Silvia Martínez, directora técnica de FSC España.

Durante el acto se ha señalado que este año comienza el Decenio de la ONU sobre la Restauración de los Ecosistemas, cuyo objetivo es prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. Está alineado con el objetivo de la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 de plantar 3.000 millones de árboles. De esta forma, se impulsará la recuperación de los bosques como elemento fundamental del paisaje, y se incrementa la resiliencia ecológica y el desarrollo de las zonas que los albergan.

El director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación ha expresado que «pretendemos desarrollar una acción muy importante en la administración y mejora de nuestros bosques, que en esta década va a tener una gran capacidad de arrastre en la sociedad y desde el Gobierno nos vamos a sumar con energía». Además ha resaltado que «necesitamos a la ciencia para orientar la restauración».

Por su parte, Marc Palahí ha abordado el papel de los bosques en la creación de un nuevo paradigma económico, la bioeconomía circular, que ponga en valor la biodiversidad y los sistemas biológicos. «Este cambio de paradigma requiere romper con las grandes dicotomías que han caracterizado la era industrial: entre ecología y economía, entre el entorno urbano y rural y entre la tecnología y naturaleza», ha destacado.

Alfonso San Miguel ha insistido en los beneficios para la sociedad de los montes que no son bosques, «cuya mayor amenaza es la desaparición de la gestión que los creó, lo que lleva a paisajes más homogéneos y con mayor riesgo de incendios». Por lo que «hay que apostar por la ganadería extensiva, la silvicultura y por una dinamización del medio rural que permita que siga habiendo presencia humana en nuestros bosques», ha añadido.

Ana Belén Noriega ha puesto en valor los beneficios de los bosques en una sociedad más resiliente, destacando que «es importante abrir el bosque a la sociedad, poniendo el foco en las personas, y trazar cada producto que sale del bosque a través de una cadena de custodia forestal».

Por último, Silvia Martín ha destacado la gestión forestal adaptativa puede hacer estos ecosistemas menos vulnerables y ha señalado que «tenemos que poner en valor los servicios ecosistémicos a través de la gestión forestal que se realiza en ellos».

El Defensor del Pueblo pide una solución para que no se penalicen fiscalmente los errores de cobro en ertes en la próxima campaña de renta

18/03/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Agencia Tributaria (AEAT) para conocer las medidas que se aplicarán para evitar que los errores que acumula el SEPE con los abonos a trabajadores en ERTE supongan una penalización fiscal para estos ciudadanos en la próxima campaña de Renta 2020.

En un escrito enviado a ambos organismos, la Institución pide coordinación, recuerda que disponen de recursos técnicos y administrativos al servicio del procedimiento y señala que se podría reducir el impacto del problema mediante un volcado automático de datos entre las dos entidades.

Asimismo, el Defensor apunta que cuando se produce un cobro indebido porque en algún momento el contribuyente ha cobrado una prestación (o subsidio) sin tener derecho, se debería incluir en la declaración del IRPF (si está obligado a presentarla) del período en que resulten exigibles esas cantidades y una vez devueltas, solicitar a la AEAT la rectificación de la autoliquidación.

La Institución recalca que hay que tener en cuenta que se trata de actuaciones y procedimientos llevados a cabo por medios electrónicos por el SEPE que se han realizado a través de soporte informático y en los que no ha habido actuación de los ciudadanos.

Situación excepcional

El volumen de pagos efectuados por el SEPE superó el año pasado los 14.000 millones de euros solo en ERTE. Si en un principio los abonos llegaron a bloquearse produciendo retrasos de meses, más tarde se produjeron pagos en exceso que el organismo, ya sobrecargado, debe reclamar.

Así las cosas, los afectados por ERTE que hubieran cobrado del SEPE ingresos superiores a los que les correspondería y que no han regularizado su situación con el organismo antes del pasado 31 de diciembre se encuentran en una situación excepcional, ya que lo cobrado de más y no devuelto al SEPE debe ser incluido en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ejercicio 2020. Hay que recordar que el periodo impositivo del IRPF coincide con el año natural y acumula las rentas imputables al contribuyente en el mismo.

Por ello, la cercanía de la campaña de la renta, que se inicia el 7 de abril, y el hecho de que los datos fiscales que incorpora la AEAT son los anteriores al 31 de diciembre puede suponer un problema para numerosos contribuyentes.

Jueves, 25 de marzo de 2021

El CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley Orgánica sobre la Fiscalía Europea

El órgano de gobierno de los jueces hace una valoración positiva del anteproyecto, aunque aprecia algunas deficiencias en la configuración del sistema de garantías y control jurisdiccional. El CGPJ advierte de las dificultades que supone adaptar al ordenamiento español un sistema que choca con el sistema de instrucción que establece la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), al atribuir a la Fiscalía Europea la dirección de la investigación de determinados delitos

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (EU) 20017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

El informe, del que han sido ponentes los vocales Juan Manuel Fernández y Rafael Mozo, hace una valoración positiva del anteproyecto, que tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español a lo dispuesto en el citado Reglamento, completando sus disposiciones y regulando un procedimiento especial para la investigación por parte de los Fiscales Europeos Delegados de aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.

Esta regula las funciones y los principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio nacional, definiendo la competencia de los Fiscales Europeos Delegados para dirigir la investigación penal, para el ejercicio de la acción penal y la acusación en el proceso penal en España y determinando la competencia de los órganos judiciales para el conocimiento y fallo de los procedimientos sobre los que se proyecta la competencia de la Fiscalía Europea, junto con las atribuciones del juez de garantías, que desplaza la figura del juez instructor propio del ordenamiento español vigente.
El informe subraya, en este sentido, que “la asunción en el ordenamiento español de un sistema en el que se otorga a la Fiscalía Europea poderes para la investigación y el ejercicio de la acción penal se muestra más compleja que en los sistemas en los que la investigación penal se atribuye al ministerio público, por cuanto el sistema de instrucción español está concebido actualmente en torno a los jueces de instrucción –salvo en la jurisdicción de menores-, a quienes corresponde la dirección de las investigaciones, y desplazar ese modelo, siquiera sea dentro de un determinado marco material y personal de competencia, supone un cambio de paradigma que habrá de requerir importantes reformas que posibiliten la convivencia del modelo impuesto por el Reglamento y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales instructoras conferidas a los jueces de instrucción, así como las funciones de control y garantía de los derechos fundamentales en los procesos competencia de la Fiscalía Europea”.

Es precisamente en la configuración del sistema de garantías y control jurisdiccional donde el órgano de gobierno de los jueces aprecia “deficiencias” en el texto del anteproyecto, ya que el modelo que se establece no es conciliable con la actual estructura procesal española, en la medida en que el procedimiento instructor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) responde a principios diferentes de los que animan el procedimiento de investigación reservado a la competencia de la Fiscalía Europea.

En opinión del CGPJ, al establecer las competencias del juez de garantías el anteproyecto deja espacios ausentes de regulación o choca con el marco normativo del propio Reglamento, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Constitución.

Así, el control jurisdiccional en la fase de investigación parece quedar limitado a valorar la relevancia de las diligencias de investigación solicitadas por los investigados en orden al sobreseimiento de las actuaciones, quedando al margen de dicho control la depuración de los elementos probatorios de cargo y la procedencia o no de la desestimación de los elementos de descargo, al no tener expresamente prevista la vía impugnatoria.

Los Derechos nacionales, añade el informe, deben garantizar que tanto los actos de la Fiscalía Europea que sean adoptados antes de la acusación y estén destinados a producir efectos jurídicos ante terceros -incluidos el sospechoso, la víctima y otros interesados- como la legalidad de los actos procesales de la Fiscalía Europea estén sujetos al control de los órganos jurisdiccionales nacionales. También deben garantizarse las vías de recurso -jurisdiccional- contra las omisiones de actos procesales que la Fiscalía Europea esté obligada a adoptar.

El informe concluye que la dificultad derivada del hecho de que la adaptación del Reglamento deba llevarse a cabo bajo la vigencia de la actual LECrim, así como la que supone cohonestar el sistema de investigación penal establecido en el Reglamento con el sistema procesal actualmente en vigor, “quedarían en gran medida, si no enteramente, paliadas si el régimen jurídico aplicable a la instrucción y enjuiciamiento criminal en España se acompasara al sistema previsto en el Reglamento y se acomodara al principio acusatorio que lo orienta”.

No puede obviarse en este punto, añade el CGPJ, que el Gobierno ha elaborado ya un anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que sustituirá a la actual y que acoge un sistema procesal penal basado en el principio acusatorio que atribuye la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y diseña un sistema de garantías y de control jurisdiccional.

Así, “las remisiones a la LECrim, explícitas o implícitas, directas o indirectas, dentro del margen de actuación que el Reglamento confiere a las autoridades nacionales, y su aplicación subsidiaria o supletoria permitirían dotar de coherencia al régimen procesal que introduce el anteproyecto ahora informado, en relación con el que contempla el anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, y ayudaría a solventar los defectos apreciados en la regulación del sistema de garantías y control jurisdiccional de los actos de investigación bajo la dirección de la Fiscalía Europea, así como las discordancias que naturalmente se producen al integrar dos modelos procesales penales regidos bajo diferentes principios”.

Por último, el informe señala que, basándose en la literalidad del Reglamento de creación de la Fiscalía Europea, el anteproyecto establece que los Fiscales Europeos Delegados, ya provengan de la Carrera Judicial o de la Fiscal, estarán en situación de servicio activo desde el momento de su nombramiento hasta su destitución. El Consejo advierte de que la elección de esa concreta situación administrativa –servicio activo- ocasiona ciertas disfunciones estatutarias a los jueces y magistrados que accedan al cargo, por lo que recomienda su sustitución por la de “servicios especiales”.

Protección social

La nómina de las pensiones contributivas de marzo se sitúa en 10.119,58 millones de euros

Viernes 26 de marzo de 2021

La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.119,58 millones de euros a 1 de marzo, un 2,45% más que un año antes.

Más de dos tercios de la nómina, 7.277,04 millones de euros, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía experimentó un crecimiento que supera el 3% en los últimos doce meses.

A pensiones de viudedad se destinaron 1.733,76 millones de euros, un 1,59% más que en marzo de 2020. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente, por su parte, se situó en 941,42 millones de euros (-0,47%), mientras que la de orfandad supuso 141,41 millones (1,33%) y las prestaciones en favor de familiares, 25,94 millones de euros (2,48%).

De las 9.815.728 pensiones contributivas abonadas a 1 de marzo (un 0,17% más que en marzo de 2020), 6.136.784 son de jubilación, 2.348.572 de viudedad, 947.359 de incapacidad permanente, 339.935 de orfandad y 43.078 en favor de familiares.

La pensión media del sistema se situó en 1.030,96 euros mensuales. Esta prestación media, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), aumentó en el último año un 2,28%.

En el caso de los hombres, la pensión media del sistema alcanzó 1.251,97 euros, mientras que la mensualidad percibida por mujeres ascendió de media a 827,62 euros.

La pensión media de jubilación fue de 1.185,81 euros, un 2,40% más que el año pasado. En concreto, las altas de pensiones de jubilación en febrero, última fecha disponible, ascendieron a 1.454,59 euros al mes de media. Las nuevas jubilaciones causadas en el Régimen General, en concreto, se elevaron a 1.578,79 euros/mes. Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 738,22 euros al mes (2,07%).

Saldo de altas y bajas

Según los datos del INSS, si se considera el número acumulado anual, desde enero hasta febrero de 2021 han causado alta 109.602 nuevas pensiones (lo que supone un aumento del 21,3% respecto al mismo periodo del año anterior).

Durante el mismo periodo, desde enero hasta febrero de 2021 han causado baja 106.226 pensiones (un 14,9% más que el año anterior).

Clases Pasivas (dato a febrero)

El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor en el mes de febrero de 2021, por su parte, es de 651.197. La nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas asciende a 1.204,90 millones de euros en el mes de febrero de 2021

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

UGT reivindica permisos individuales retribuidos para el cuidado familiar

23 marzo 2021

•El Sindicato exige la dignificación del sector profesional de cuidados, en el que son mayoritarias las mujeres, y la mejora de sus condiciones laborales

•En el año 2020, el 87,17% de personas que se acogieron a excedencias por cuidado de hijos y otros familiares fueron mujeres

•La carrera laboral de las mujeres sigue condicionada por los cuidados: la tasa de actividad de hombres con hijos o hijas es del 86,7%, la de las mujeres es del 68,1%

Pese a los avances legislativos, la conciliación de la vida familiar y laboral en igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente. La pandemia y la reducción de la movilidad han puesto de manifiesto, más que nunca, no sólo las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, sino la esencialidad de los cuidados para la sociedad en su conjunto, y cómo los déficits en una conciliación igualitaria son un problema social estructural y global que requiere de soluciones al mismo nivel.

Igualdad en los permisos renumerados, las mujeres siguen asumiendo los no remunerados

Según los últimos datos, la asunción de las tareas de cuidados familiares por parte de los hombres aumenta en los permisos retribuidos mientras que los permisos no retribuidos son mayoritariamente ejercitados por las mujeres.

Según los datos de 2020 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el 48.65% del total de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor reconocidas fueron percibidas por el primer progenitor, habitualmente la madre, y el 51,35% por el segundo progenitor (en la mayoría de los casos el padre); es decir hubo 12.591 prestaciones más a favor del 2º progenitor.

Por el contrario, en las excedencias no retribuidas para el cuidado de menores y otros familiares, así como en las reducciones de jornada, que tampoco son retribuidas, siguen siendo abrumadoramente mayoría las mujeres quienes ejercen estos derechos.

Respecto a las excedencias por cuidado de familiar, a pesar de ser una licencia no retribuida y que supone el abandono del mercado de trabajo, en 2020 las asumieron mayoritariamente las mujeres (el 87,17%). En relación con las excedencias por cuidado de familiares, la presencia de hombres es mayor que en las excedencias por cuidado de hijos e hijas y han ido aumentando desde 15,42% en el 2015 al 18,74% en el año 2019, si bien este tipo de este tipo de excedencia sigue siendo mayoritariamente ejercitada por mujeres.

El cuidado de hijos e hijas dificulta la carrera laboral de las mujeres

Según datos del INE, la tasa de empleo de los hombres con hijos o hijas es del 86,7% y sin hijos del 77,6% con una diferencia 9,1 puntos. Mientras en el caso de las mujeres la tasa de empleo de mujeres con hijos es del 68,1%, siendo inferior a las de las mujeres sin hijos o hijas que es del 75,7%.

En 2020, teniendo en cuenta los datos de la EPA, desde el 2º trimestre del 2020, cuando la causa de dejar su último trabajo es el cuidado de menores o adultos enfermos, incapacitados o mayores, las mujeres constituyen el 79% del total de personas paradas por esta causa. Y en los casos de inactividad el porcentaje de mujeres que abandonan el trabajo por cuidado de o adultos enfermos, incapacitados o mayores, son el 89% del total de personas inactivas por esta causa. Los datos de este año 2020, siguen confirmando como son las mujeres las que asumen el cuidado de familiares mayoritariamente.

Permisos remunerados individuales y dignificación del sector profesional de cuidados

Ante esta situación, UGT reclama contar con permisos retribuidos para el cuidado familiar, de carácter individual e intransferibles, para evitar el abandono temporal del empleo o la renuncia involuntaria a una promoción profesional por parte de las mujeres, por dedicarse al cuidado de familiares, ya sean hijos o hijas, ascendientes u otros familiares.

El Sindicato reivindica, además, la trasposición de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores sin esperar el plazo de 3 años, (agosto 2022) que establece el texto comunitario, cuyo objetivo es aumentar el número de mujeres que se incorporan al mercado laboral, aumentar la frecuencia con la que los hombres se acogen a permisos relacionados con la familia y a fórmulas de trabajo flexible y brindar a los trabajadores la posibilidad de obtener un permiso para cuidar de familiares que necesitan ayuda.

Por último, hay que recordar que el trabajo retribuido encuadrado en el sector de actividad de cuidados también es mayoritariamente femenino, y que sus condiciones laborales son de las más precarizadas, peor valoradas y retribuidas, por lo que UGT reivindica una dignificación del sector y una equiparación de derechos de las personas trabajadoras que lo integran.

Los eurodiputados demandan un turismo más seguro y sostenible tras la pandemia

Parlamento Europeo

El turismo post coronavirus tendrá que ser más ecológico, seguro y sostenible, según un informe que los eurodiputados votaron el 25 de marzo.

El futuro del turismo: sostenible, responsable e inteligente
El turismo y el coronavirus

El turismo, que emplea a alrededor de 27 millones de personas y representa el 10% del PIB europeo, es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Se estima que en la actualidad hay seis millones de puestos de trabajo en riesgo. Así, la Unión Europea, líder mundial como destino turístico, recibió un 66% menos de visitas durante la primera mitad de 2020 y un 97% menos en la segunda.

Lea más sobre como la UE apoya al sector turístico.

Nueva estrategia en Europa

Los eurodiputados demandan una nueva estrategia comunitaria para que el turismo sea más ecológico, seguro y sostenible. Además, proponen un certificado común de vacunación para contribuir a la recuperación del sector.

«Con el verano a la vuelta de la esquina, queremos evitar los errores del pasado y poner en marcha medidas coordinas y uniformes a nivel europeo, como un protocolo sobre las pruebas del virus antes de los viajes, un certificado de vacunación sin costes para los ciudadanos, que es un sello sanitario para facilitar los desplazamientos», dijo la autora del informe, la eurodiputada portuguesa Cláudia Monteiro de Aguiar, del Partido Popular Europeo. .

Ayuda financiera

El informe sostiene que el apoyo financiero continuado a corto plazo es esencial para la supervivencia del sector e insta a los países de la UE a incluir los viajes y el turismo en sus planes de recuperación del coronavirus.

Además, invita a destinar inversiones públicas y privadas a la digitalización y a la modernización global del sector, y sostiene que los países deberían considerar la posibilidad de reducir temporalmente los tipos del IVA de los servicios relacionados con los viajes y el turismo.

Certificado común de vacunación
Con el objetivo de restablecer la libertad de circulación, el informe pide un certificado de vacunación común, que podría convertirse en una alternativa a las pruebas PRC y a los requisitos de cuarentena una vez que las vacunas estén disponibles para todos y haya suficiente evidencia científica de que las personas vacunadas no transmiten el virus. La cuarentena debe seguir siendo el instrumento de último recurso, según el informe.

En la misma línea, la Comisión Europea propuso el 17 de marzo un «certificado digital verde» para facilitar la libre circulación segura dentro de la UE durante la pandemia,

Hacia un turismo más sostenible

El texto del Parlamento sostiene que la pandemia ha modificado las preferencias de los consumidores, quienes ahora apuestan por opciones más ecológicas relacionadas con la naturaleza y oide una hoja de ruta para desarrollar formas de turismo más sostenibles para reducir la huella ambiental del sector.

Entre las propuestas, insta a considerar la creación de un sello de certificación de la UE en materia de higiene, garantizando el cumplimiento de las normas mínimas de higiene para la prevención y el control del virus de la Covid-19, así como la puesta en marcha de una agencia europea del tursimo.

Descubra más sobre los derechos de los pasajeros

21/03/21

La Guardia Civil detiene a 4 personas por cometer hurtos al descuido a personas mayores en el interior de sus viviendas

Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, hurto en interior de vivienda y estafa. Además, a dos de ellos también se les imputa un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso para ello

La Guardia Civil detiene a 4 personas por cometer hurtos al descuido a personas mayores en el interior de sus viviendas

La Guardia Civil, en el marco de la operación AZERBAGLASS, ha detenido en Alicante a los integrantes de un grupo delictivo, formado por tres mujeres y un hombre, dedicados a cometer hurtos en el interior de viviendas de personas mayores mientras las distraían con distintos pretextos.

Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, hurto en interior de vivienda y estafa. Además, a dos de ellos también se les imputa un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso para ello.

La investigación se inició el pasado 27 de julio tras recibir en el Puesto de Novelda una denuncia por parte del hijo de unas personas octogenarias, residentes en la localidad alicantina de Monforte del Cid, a las que les habían sustraído joyas en su vivienda. Dos mujeres desconocidas habían accedido a su interior haciéndose pasar por trabajadoras de Cruz Roja y solicitando un vaso de agua.

Al poco tiempo se recibieron otras denuncias similares, tanto en el modus operandi como en las características de sus víctimas, cometidos en las localidades alicantinas de Monforte del Cid y Novelda.

Por ello, los agentes iniciaron la investigación y descubrieron que el radio de acción de las autoras no solo discurría en las localidades adyacentes al municipio noveldense, sino que se ampliaba a Torrevieja e incluso a la Región de Murcia.

En una de las actuaciones de esta banda en Torrevieja, además de joyas y efectos de valor, la banda sustrajo una tarjeta de crédito, de la cual retiraron 500 euros en un cajero próximo.

En el desarrollo de la operación se descubrió que se trataba de una red organizada formada por cuatro personas: un varón, de 25 años de edad, encargado de la conducción para las huidas de los domicilios de las víctimas, y tres mujeres, con edades entre 23 y 43 años, que realizaban las entradas en los domicilios, todos ellos de nacionalidad española. Gracias a la colaboración de la Policía Local de Monforte del Cid, se consiguió la plena identificación de todos ellos.

Una vez identificados los presuntos autores se inició un dispositivo para su localización. Finalmente, el pasado 25 de febrero, los agentes se desplazaron a la localidad de Orihuela para proceder a la detención de tres de los integrantes. Días más tarde, concretamente el 3 de marzo, se detuvo a la cuarta integrante en la localidad de Novelda.

La Guardia Civil continúa con las gestiones a fin de recuperar los efectos sustraídos.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Novelda.

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Novelda, que han contado con la colaboración de la Policía Local de Monforte del Cid para la identificación de los ahora detenidos.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 680.416.220.

Transparencia

Declaraciones patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado

Viernes 26 de marzo de 2021

Desde 2018 se publican en el Boletín Oficial del Estado, dentro del primer trimestre del año, los bienes de los altos cargos nombrados o cesados el año anterior.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dentro del compromiso del Gobierno con la transparencia y en ejecución de la normativa actual, procede a la publicación hoy de los datos patrimoniales de los altos cargos como cada año desde 2018 (hay que recordar que desde 2014 y hasta que el PSOE llegó al Gobierno se dejó de publicar esta información).

El artículo 13.4 del Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, dispone que, durante el primer trimestre de cada año natural, se procederá a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los altos cargos cuya toma de posesión o cese se haya producido en el año anterior.

En consecuencia, antes de que finalice el trimestre hay que hacer públicos los resúmenes de las declaraciones de bienes de los altos cargos de la Administración General del Estado

No son las declaraciones de bienes, extensas, que cumplimentan los altos cargos, sino que, tal y como exige la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se publica sólo «una declaración comprensiva de la situación patrimonial de los altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares».

Dado que sólo se publican datos de las tomas de posesión y cese acaecidos durante 2020, no aparecerán los datos de los nuevos miembros del Gobierno ni del resto de los altos cargos que han tomado posesión en 2021.

16 entidades piden no dar luz verde al Anteproyecto de Ley de Residuos

USO

16 entidades de la sociedad civil, entre las que se encuentra USO, piden al Consejo de Estado que no dé luz verde al Anteproyecto de Ley de Residuos, por ignorar la alarmante situación de la gestión de los residuos en España

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que debe transponer en este 2021 las directivas europeas de residuos, está, en la actualidad, pendiente de emisión de dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado.

El texto propuesto es poco ambicioso e ineficaz, por lo que las 16 entidades estatales que denunciaron hace un mes a España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilización de 2020, alertan sobre la posibilidad de futuros incumplimientos de las directivas europeas si la ley no es más transformadora.

Este grupo de entidades han obtenido audiencia ante el Consejo de Estado para formular alegaciones a la citada propuesta legislativa y han pedido de manera unísona a la institución que emita un dictamen desfavorable al Anteproyecto de Ley de Residuos.

La futura Ley de Residuos ignora el incumplimiento de los objetivos de reciclaje

El principal argumento de las organizaciones es que la transposición de las directivas de residuos debe hacerse partiendo de la realidad de incumplimiento generalizado de los objetivos de reciclaje en España. Solo así se podrán adoptar medidas reales y efectivas, como las recomendadas reiteradamente por la Comisión Europea.

“Se debe de partir de un correcto análisis de la situación preexistente y no ocultar la realidad en la que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos domésticos”, han expresado las entidades en sus alegaciones.

Los datos son abrumadores. España no ha alcanzado el objetivo del 50% de reciclaje para antes del año 2020 establecido por la Directiva Marco de Residuos de 2008. Es más, el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017.

“Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el Congreso será improductiva desde el mismo momento en que se apruebe”, denuncian las entidades.

Medidas esenciales olvidadas en la propuesta legislativa

Las organizaciones apuntan también que son muchas las medidas esenciales que el Ejecutivo ha obviado en su propuesta. Entre ellas:
•la creación de un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos antes de 2023;
•la introducción de un régimen fiscal armonizado y finalista sobre la eliminación de residuos;
•el fomento de incentivos económicos y sistemas de depósito, devolución y retorno de productos para su reutilización o para su reciclaje de alta calidad, y
•el desarrollo de medidas para asegurar la responsabilidad ampliada del productor.

Todas estas son medidas sugeridas o recomendadas por las directivas europeas o por la Comisión Europea.

El Anteproyecto de Ley de Residuos no sólo ignora la actual situación de incumplimiento sino que además ni recoge medidas esenciales puestas en marcha en otros países europeos que ya tienen mejores resultados en la gestión de los residuos. Tampoco impide que se perpetúen situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros, o Ecovidrio, en el caso de los envases de vidrio.

Jueves, 25 de marzo de 2021

Condenados cuatro grafiteros al pago de multas por dañar una torre protegida del siglo XVI en Alicante

Causaron desperfectos con pintadas en el monumento tasados en 507 euros. La Audiencia Provincial confirma la sentencia dictada por un juzgado de lo Penal

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante confirmado la condena al pago de sendas multas de 1.080 euros de cuatro gratiferos que dañaron con pintadas una torre protegida del siglo XVI.

El Tribunal ha desestimado así los recursos de apelación interpuestos por tres de los condenados contra la sentencia dictada en diciembre de 2019 por el Juzgado de lo Penal 1 Bis de Alicante.

El juzgado consideró probado que los autores cometieron un delito contra el patrimonio histórico al realizar diversos grafitis en la Torre Conde, una antigua torre de vigilancia contra las intrusiones por mar que fue construida en el siglo XVI en la huerta de Alicante y que está declarada Bien de Interés Cultural Valenciano.

Los hechos ocurrieron en fechas no concretadas pero cercanas al 6 de junio de 2016. Los grafiteros firmaron las pintadas en el monumento, que es propiedad actualmente de una empresa, con sus nombres artísticos y causaron así desperfectos tasados pericialmente en 507 euros.

Tres de los penados recurrieron ese fallo con el argumento de que el juzgado había incurrido en errores al valorar las pruebas.

Sin embargo, la Audiencia recuerda que el juzgado tuvo en cuenta para condenarles los informes periciales realizados por agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía.

“Se trata de peritos especializados en la actividad de los grafiteros, dado que la misma causa no pocos perjuicios a múltiples personas”, precisan los magistrados.

Dichos especialistas confirmaron la identidad de un acusado que estaba detrás de los grafitis aparecidos en la torre firmados con el nombre artístico de “Triqui” o “Birras”, después de compararlos con los que se le atribuían a de forma indubitada en las redes sociales.

Según se recoge en la sentencia de apelación, estos testigos “han explicado de forma minuciosa de qué manera llegaron a conocer la identidad de dicho acusado, de qué grafitis se reconocía él autor o incluso lo presentaban como tal en redes sociales algunos amigos”.

Respecto a los otros dos apelantes, la Sala entiende que sus alegaciones “carecen de sentido” porque el recurso al que se han adherido cuestionaba únicamente la participación de un condenado y no la del resto de los imputados y además ellos mismos “han reconocido haber ido a pintar cada uno de ellos individualmente a la Torre Conde”.

CCOO exige al Gobierno una regulación ambiciosa en materia de vivienda que ponga coto a la especulación

El presente y el futuro de la ciudadanía, especialmente de la juventud trabajadora, y el propio cumplimiento de un derecho constitucional y humano, como es el acceso a una vivienda digna, no pueden depender de las leyes del mercado.

15/03/2021.

Ante el grave problema de la población con el acceso a la vivienda y el debate abierto por la Ley de Vivienda que se está negociando, CCOO considera que el Gobierno debe priorizar políticas públicas que doten de seguridad y certezas al conjunto de la población trabajadora y, particularmente, a la generación de personas jóvenes asfixiadas por la imposibilidad de acceder a un empleo estable, a unos ingresos suficientes y a una vivienda digna.

En este sentido, CCOO considera que uno de los primeros pasos para evitar el naufragio de varias generaciones debe ser la aprobación de una Ley de Vivienda que asegure los derechos de la mayoría y ponga coto a los “tiburones de la especulación”, en coherencia con las reivindicaciones que el sindicato está poniendo sobre la mesa y que pretende reforzar con el despliegue de una campaña específica en redes sociales bajo el hashtag #ViviendaXDerecho.

El acceso a la vivienda es un derecho reconocido en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, y que en consecuencia no puede quedar a merced de las leyes del mercado, sino que ha de ser regulado y asegurado por los poderes democráticos.

Así, en marzo de 2020 CCOO presentó, de forma conjunta con UGT, la “Iniciativa sindical por el derecho a la vivienda”, en la que se plantean, entre otras medidas, fijar precios máximos de alquiler, maximizar el uso del amplio parque de viviendas construidas a través de diversas fórmulas de alquiler público y social, la rehabilitación del parque residencial y un mayor esfuerzo público en materia de vivienda. Como recordaba en su presentación el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “es necesario que la vivienda se convierta en un derecho y no en un negocio. España destina uno de los presupuestos públicos más bajos de Europa a política de vivienda (apenas el 0,1% del PIB). Por ello, pedimos al Gobierno que sea valiente, que asuma sus competencias e impulse actuaciones decididas en materia de vivienda pública, social y de alquiler asequible”.

Recientemente CCOO también ha presentado un informe sobre “La vivienda de alquiler en España”, que incide en que “regular y rebajar los precios del alquiler es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”. Alrededor de tres millones de inquilinos, el 41% de la población que vive de alquiler, dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el arrendamiento. “Un esfuerzo excesivo que supera los criterios de solvencia y capacidad de pago que utilizan las entidades financieras”.

La juventud lidera la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social

La larga crisis económica y social derivada del crack financiero de hace más de una década y las políticas impuestas en España a partir de 2010 truncaron las trayectorias y expectativas vitales y laborales de toda una generación que hoy, tras la nueva crisis provocada por la pandemia, se ve abocada a una situación de precariedad insostenible, compartida con quienes ahora son aún más jóvenes.

El panorama sociolaboral es crítico, a juicio de CCOO, como lo acredita el hecho de que las personas de entre 16 y 29 años lleven liderando la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España desde el año 2012 (31,7% frente al 25,3% del conjunto de la población, según datos del INE correspondientes a 2019, previos a la pandemia y sus efectos).

Por otra parte, en el primer semestre de 2020 la tasa de emancipación residencial de la población joven en España se redujo en 1,3 puntos porcentuales, pasando del 18,7% al 17,3%, el peor dato desde 2001, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

La CNMC recuerda a las comercializadoras energéticas que deben informar a sus clientes sobre los mecanismos alternativos para resolver reclamaciones

19 marzo 2021

◦Los consumidores pueden acudir a las Juntas Arbitrales de Consumo o a otras entidades de litigios ofrecidas por la compañía, cuando esta no resuelve sus reclamaciones favorablemente.
◦Se trata de un potente mecanismo de protección al consumidor, cuya difusión debe reforzarse a través de los contratos, páginas web o información promocional de las compañías.
◦En 2019, más del 50% de los arbitrajes fueron a favor de los consumidores, pero esta fórmula, al ser poco conocida, solo representó el 0,25% del total de las reclamaciones.

La CNMC ha publicado el “Informe de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios en los sectores eléctrico y gasista”, en el que analiza el cumplimiento por parte de los comercializadores de electricidad y de gas de la obligación que tienen de informar a sus clientes sobre la existencia las Juntas Arbitrales de Consumo para resolver sus reclamaciones. (IS/DE/017/20).

Los consumidores tienen la posibilidad de acudir en segunda instancia a una entidad alternativa de litigios en materia de consumo, cuando su reclamación inicial ante la compañía no se haya resuelto a su favor. De esta forma, evitan acudir a la vía judicial para resolver sus disputas, tal como señala la normativa.

En 2020, se contabilizaron 72 entidades de este tipo, que desarrollaron su actividad en diferentes sectores, incluidos los de la electricidad y el gas. En ambos casos, sus leyes específicas detallan la citada obligación que recae sobre las compañías.

Reclamaciones de consumidores

La entidad de arbitraje que designen las comercializadoras debe cumplir los requisitos de la Directiva 2013/11/UE, que se incorporó al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.

Como parte de sus labores de defensa de los consumidores, la CNMC envió un cuestionario a las 50 comercializadoras más importantes de los sectores eléctrico y gasista, que representan una cuota de mercado del 98% de los puntos de suministro de los pequeños consumidores.

En este sentido, la CNMC ha observado que, a pesar de que muchas comercializadoras informan a los consumidores acerca de los arbitrajes mediante medios o canales de atención al cliente (páginas web, facturas, contratos, etc.), el número de reclamaciones presentadas ha sido muy reducido en los últimos años.

Concretamente, en 2018 y 2019 se registraron 3.499 y 3.509, respectivamente, lo que supone el 0,21% y 0,25% del total de las reclamaciones presentadas, respectivamente. Asimismo, las reclamaciones más frecuentes afectaron a cuestiones relacionadas con la facturación (43%) y la contratación y ventas (40%). Asimismo, en 2019, más de un 50% de los resultados de los arbitrajes fueron favorables a los consumidores.

Información en contratos y otros medios

Por todo ello, la CNMC señala que los comercializadores deben destacar esta información en sus páginas web, información promocional y contratos, dado que el arbitraje constituye un potente mecanismo de protección al consumidor. Su importancia ha sido destacada recientemente por la Asociación Europea de Consumidores (BEUC).

La Directiva 2019/944 del mercado interior de la electricidad, establece que la participación de empresas de electricidad en mecanismos de resolución extrajudicial de litigios destinados a clientes domésticos sea obligatoria.

A su vez, dentro del contenido mínimo que debe incluir la factura de energía eléctrica, se establece que se deberá incluir la información sobre los derechos de los clientes finales en lo que respecta a la resolución extrajudicial de litigios, incluyendo los datos de contacto de la entidad correspondiente.

La CNMC continuará supervisando este mecanismo para garantizar el cumplimiento de la normativa, y contribuir a la difusión y conocimiento del mecanismo de arbitraje, en beneficio de los consumidores.