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Puesta de sol. Costa asturiana

viernes, 16 de abril de 2021

Presentado el libro El procedimiento de designación de auditor y experto independiente por el registrador mercantil

viernes, 16 de abril de 2021

Presentado el libro El procedimiento de designación de auditor y experto independiente por el registrador mercantil

14/04/2021 | Registradores

La Decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha participado hoy en la presentación del libro El procedimiento de designación de auditor y experto independiente por el registrador mercantil, donde ha señalado “que este procedimiento tramitado por el registrador mercantil, al igual que el resto de expedientes del artículo 16.2 del Código de Comercio, pone en relación a los registradores con otros profesionales de alta cualificación, y sitúa a los registradores mercantiles como una pieza fundamental en la jurisdicción voluntaria cuando intervienen empresarios”.

En el acto, organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), han participado también el presidente del Registro de Economistas Auditores del CGE, Carlos Puig de Travy, y el autor del libro y registrador adscrito a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Fernando de la Puente, un jurista, ha señalado María Emilia Adán, “en el que se unen la teoría y la práctica, nacional e internacional, estableciendo de ese modo la conexión entre todos los actores del procedimiento”. De la Puente ha destacado que “a pesar de la importancia que tiene la designación de un auditor, todos somos culpables de no haber prestado la atención que merece este tema para las compañías”.

La obra, editada por el Colegio de Registradores, viene a llenar un vacío importante en la doctrina registral mercantil, dado que, aunque los expedientes de designación de expertos y auditores existen desde 1989, no resulta sencillo acceder a ellos por su escasa difusión.

La decana del Colegio de Registradores ha concluido su intervención señalando el orgullo que siente al pertenecer a una profesión donde juristas como Fernando de la Puente tratan de dar soluciones a los problemas del día

a día, contando con el resto de profesionales, uniendo fuerzas y estableciendo sinergias, y ha destacado que “los registradores al controlar la legalidad de los documentos mercantiles, proporcionan, junto a profesionales como los economistas y auditores, seguridad jurídica a las empresas, que de este modo pueden dedicarse a generar riqueza”.

USO pide una apuesta decidida por la conectividad de la España Vaciada

viernes, 16 de abril de 2021

USO pide una apuesta decidida por la conectividad de la España Vaciada

12 abril, 2021 USO

La España Vaciada es una tierra de oportunidades contra la precariedad juvenil urbana, pero sigue penalizada por la falta de infraestructuras y telecomunicaciones

354.161 kilómetros cuadrados de nuestro país suponen la España Vaciada. Y en esa superficie, el 70% del total, viven unas 4.745.079 personas. Es el espejo del dato oficial del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que afirma que el 90% de la población española se “apiña” en el 30% del territorio. El otro 10% puede disfrutar, pero sufre, de un extenso territorio y todos los problemas que conlleva el aislamiento.

Desde el inicio del éxodo rural de los años 60, la situación poblacional en las zonas no urbanas ha ido empeorando con los años. Ha ido dejando pueblos totalmente abandonados, sin recursos o envejecidos. Ese 30% de territorio especialmente poblado lo componen las ciudades, donde hay servicios y posibilidades laborales y educativas.

Con la llegada del covid-19 y el confinamiento estricto, muchos decidieron abandonar su vida urbana y probar suerte en el mundo rural. Este cambio de mentalidad se ha ido notando al alza en los padrones de muchos pueblos, que han acogido a nuevos habitantes hartos de las restricciones, la contaminación y los altos precios de viviendas claustrofóbicas.

La España Vaciada: la oportunidad para la juventud y viceversa

La dificultad para encontrar trabajo entre los menores de 35 años cada vez es mayor. Esto también había provocado en los años previos un desplazamiento demográfico desde los pueblos a las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Las comunidades que más jóvenes perdieron en 2019 por la emigración fueron Andalucía (6.581), muy dependiente del empleo estacional; Castilla y León (3.844); Castilla-La Mancha (2.649) y Extremadura, con 2.596.

En el contexto de la pandemia, que nos ha expulsado de lugares muy poblados y con pocos espacios verdes, muchas familias se plantean empezar una vida en los pueblos de España. Para ello, sin embargo, necesitan contar con servicios básicos que, a veces, no están disponibles, como la dificultad añadida de la escolarización en el mundo rural. En el cuadrante noroeste, el más castigado por el envejecimiento de la población, se han puesto en marcha varios proyectos para atraer habitantes o fomentar la natalidad en las áreas despobladas. Esas zonas de Galicia, Asturias y Castilla y León perdieron, entre 2000 y 2018, el 80% del censo.

Juventud-USO considera que fomentar el teletrabajo en zonas poco pobladas sería bueno tanto para los jóvenes como para revitalizar la España Vaciada. Por ello, se recuerda que “hay que hacer atractivas las zonas despobladas del interior mejorando la oferta educativa superior, potenciando el emprendimiento rural y mostrando las ventajas económicas en la vivienda que suponen estos territorios para que la juventud permanezca o regrese a sus provincias”.

Afrontar el reto demográfico, urgente para afrontar el reto del empleo

La falta de personas jóvenes y su distribución desigual, así como la dificultad de estas para poder decidirse a tener hijos por la inestabilidad sociolaboral, suponen un reto, el demográfico, imposible de separar del reto del empleo o del futuro del Estado del Bienestar. “Y para eso, es necesario apostar de forma decidida por la conectividad, tanto en transportes como en telecomunicaciones”, urge Joaquín Pérez.

Por eso, el secretario general de USO defiende firmemente la necesidad de “crear polos de I+D+i en zonas poco pobladas, con mucho suelo y vivienda asequible para jóvenes talentos que no encuentran su sitio en las grandes ciudades o tienen que vivir y trabajar de forma precaria. Muchas de estas áreas tienen un enorme potencial para el empleo sostenible y cualificado; empleo respetuoso con paisajes y ecosistemas que deben salvaguardarse. La pandemia nos ha dado una tremenda sacudida sobre lo importante que resultan la ciencia, la investigación y la tecnología en el tejido productivo. Son, junto con el agroalimentario, los sectores que han salido más reforzados y en España estamos sobrados de personas altamente cualificadas que, sin embargo, no encuentran encaje en el mundo laboral”.

¿Por qué no se da una migración inmediata entonces? “La mayoría de estas zonas no resultan atractivas para vivir. Hasta el teletrabajo necesita de unas condiciones mínimas para desarrollarlo con garantías. Son extensas comarcas que han quedado al margen de los planes de infraestructuras dignas e incluso de una buena red de cobertura de teléfono e internet. Esa brecha digital ahonda su aislamiento y es el primer paso para convertirlas en polo de atracción de juventud y empleo. Ningún empresario instala una nave industrial en un paraje al que se llega por comarcales y donde no funcionan los móviles”, razona Pérez.

Castilla y León, paradigma de la España Vaciada

USO-Castilla y León tiene claro que poco futuro hay para el empleo en su región si sigue envejeciendo a pasos agigantados. Por eso, la lucha por repoblar la España Vaciada está en el centro de sus reivindicaciones.

La vida no urbana huye de la precariedad de las ciudades y aporta oportunidades de empleo relacionados con el turismo rural, la producción ecológica, los pequeños comercios o las actividades de ocio en la naturaleza. Hay múltiples iniciativas, públicas y de cooperativas, “pero lentas. Hay políticas y fondos, pero no se materializan”, reclama Marco Antonio Martínez, secretario general de USO en Castilla y León.

“Esta es la región más vasta de Europa, con poca población, dispersa y envejecida. La reconversión energética ha hecho mucho daño en la comunidad, que también ha sufrido el empobrecimiento del campo y, con ello, de la industria agroalimentaria. Necesitamos más industria y mejor vertebración. Para atraer nuevos habitantes, necesitamos que se mantengan los servicios básicos, además de ponderar de otra forma su instalación. Se sigue hablando de un número mínimo de habitantes en un pueblo para dotarlo de algunos servicios. Y, a su vez, sin esos servicios, los jóvenes no pensarán en mudarse allí y los pueblos seguirán perdiendo población hasta desaparecer”, reflexiona Martínez.

Como grandes áreas de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha… pero también el interior de Cantabria, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña… El inicio de la solución pasa por “una buena conexión. Pero, obviamente, el fin último es que se instale industria en el territorio. Con industria, habrá nuevas oportunidades de empleo y un hábitat más atractivo para quienes no pueden acceder a vivienda en las grandes ciudades”, remarca el secretario general de USO-Castilla y León.

La Audiencia de A Coruña confirma la condena de siete años y medio de cárcel a un empresario de las orquestas por defraudar a hacienda

viernes, 16 de abril de 2021

Jueves, 15 de abril de 2021

La Audiencia de A Coruña confirma la condena de siete años y medio de cárcel a un empresario de las orquestas por defraudar a hacienda

Además, deberá abona una multa de 360.000 euros y una indemnización a la hacienda pública de 1.192.873 euros

Autor: Comunicación Poder Judicial

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la pena de siete años y medio de prisión (con límite de cumplimiento de cuatro años y medio) que el juez de primera instancia le impuso al empresario M.A.G.S., quien figuraba como titular de la orquesta París de Noia desde el año 1999, por cometer cinco delitos contra la hacienda pública relativos a los impuestos del IVA de los años 2011-2012 y del IRPF de 2010-2012. Además, deberá abona una multa de 360.000 euros y una indemnización a la hacienda pública de 1.192.873 euros.

La Audiencia, no obstante, ha estimado en parte el recurso del empresario contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña y ha suprimido la condena de cinco meses de cárcel impuesta por la comisión de un delito contable al entender que queda absorbido por la defraudación tributaria, pues era la finalidad última del acusado.

El tribunal considera acreditado que el acusado, tras disolver la personalidad jurídica de la orquesta París de Noia mediante la contratación de las oficinas y sociedades del Grupo Lito, “obvió llevar la preceptiva contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, escondiendo los ingresos y gastos obtenidos y sufridos respectivamente por la orquesta París de Noia”. El condenado, tal y como consta en la resolución de primera instancia confirmada por la Audiencia, mantuvo la orquesta bajo la forma jurídica de una comunidad de bienes desde enero de 1999 hasta el 31 de julio del 2008. A partir de esa fecha, con la intención de eludir impuestos, decidió mantener opaca la titularidad de la París de Noia, “disolviendo la comunidad de bienes y perdiendo así la orquesta su personalidad jurídica”, por lo que utilizó sociedades integradas en el Grupo Lito para eludir el pago de tributos.

El 98,2% de profesionales de los centros de salud exige un refuerzo urgente de plantillas y más medios

viernes, 16 de abril de 2021

El 98,2% de profesionales de los centros de salud exige un refuerzo urgente de plantillas y más medios

  • Encuesta de CSIF con motivo del Día de la Atención Primaria
  • El personal no nota la llegada de refuerzos: un 92,2% afirma que no se cubren todas las bajas, vacaciones o permisos en sus centros.
  • La mayoría del personal de los centros de salud (un 85,8%) considera que la carga de trabajo les genera ansiedad.

12 de Abril de 2021

Un 98,2% de los profesionales de los centros de salud de todo el país reclama un refuerzo urgente de plantillas y de medios en la Atención Primaria. Así lo revela una encuesta sobre las condiciones laborales de este colectivo realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

La encuesta, presentada hoy con motivo Día de la Atención Primaria, subraya que la inmensa mayoría del colectivo exige reformar su estructura actual, planificación y organización, así como un aumento de financiación, recursos humanos y materiales y un nuevo modelo de atención adaptado a las necesidades reales de la población y de los profesionales.

La pandemia ha puesto al descubierto todos los problemas de personal, falta de inversiones e infraestructuras que CSIF viene denunciando desde hace años. No nos escucharon y estos últimos meses hemos visto el resultado: profesionales agotados, sobrecarga asistencial, listas de espera de más de dos semanas, colapso, cierre de centros, déficit en la atención, líneas telefónicas desbordadas…

El sondeo de CSIF, realizado el pasado marzo online entre 2.000 profesionales de los centros de salud, refleja que un 94,5% del personal atribuye las carencias en los centros de salud al “abandono” que sufren desde “hace muchos años”.

Además, un 94,6% de estos empleados/as públicos cree que parte de los problemas que sufren -agravados aún más durante esta crisis sanitaria- se deben a que el modelo asistencial “no concuerda ni refleja la realidad profesional que viven cada día”. Hay categorías profesionales dentro de la Atención Primaria totalmente desaprovechadas -enfermería, TCAE- y hay además una falta evidente de profesionales de la Medicina y de otros colectivos (trabajadores sociales, fisioterapeutas, odontólogos, personal administrativo, celadores, etc.).

En los últimos meses, se han modificado los protocolos asistenciales y se ha cambiado el modelo de atención, sin reforzar ni planificar de forma adecuada los recursos materiales y humanos.

La falta de medios, en este sentido, ha provocado que muchos profesionales de Atención Primaria hayan tenido que realizar visitas domiciliarias fuera de su horario laboral o usar sus propios teléfonos personales para llamar a sus pacientes, teniendo que asumir en muchos casos hasta cien citas al día.

Bajas y vacaciones sin cubrir

De hecho, un 77,6% de los profesionales encuestados lamenta que no han notado ningún refuerzo en la Atención Primaria en los últimos meses y un 92,2% afirma que en su centro de salud ni siquiera se han cubierto todas las incapacidades temporales ni los permisos por vacaciones.

Esta situación les está pasando factura psicológica y la mayoría del personal de los centros de salud (un 85,8%) considera que la carga y el ritmo de trabajo les genera ansiedad a corto y medio plazo. Además, en un 64,4% de los casos, reconocen sufrir el síndrome de burnout (del trabajador/a quemado) o algún otro riesgo psicosocial, según el sondeo de CSIF.

Ya en mayo de 2020, la OCDE reflejaba en un informe que nuestro país, junto con otros 14 sistemas sanitarios europeos, está a la cola en la gestión de la carga laboral de sus profesionales de Atención Primaria, debido a la escasez de efectivos y a la elevada carga de trabajo clínico y administrativo.

Otros organismos como Amnistía Internacional coinciden al denunciar la falta de planificación e inversión y de una adecuada gestión sanitaria durante la pandemia, desatendiendo las recomendaciones de la OMS. Esta organización, en un informe publicado en julio de 2020, ya alertaba de que mientras que el PIB aumentó un 8,6%, el gasto sanitario público se ha reducido un 13% en Atención Primaria.

Respecto al personal, España cuenta con 0,77 y 0,66 personal médico y de enfermería, respectivamente, por 1.000 habitantes, una cifra muy alejada de otros países como Portugal (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) o Francia (1,42).

Plan Estratégico de CSIF

Desde la irrupción de la pandemia, CSIF ha reclamado un refuerzo de las plantillas. La Sanidad requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente deteriorados. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.

Para ello, es preciso un aumento de la financiación del gasto sanitario hasta el 7,2 por ciento del PIB. En España se invierte en la sanidad pública 2.027€/persona, mientras que la media de la UE es de 2.746€/persona y en Alemania 3.990€/persona.

Reclamamos la recuperación del diálogo social para realizar una correcta planificación de las plantillas, aumentar la financiación hasta el 7,2 por ciento del PIB (la atención primaria debe suponer el 25 por ciento de todo el gasto) y mejorar las condiciones laborales y retributivas en la Sanidad.

Estado de situación del COVID-19

viernes, 16 de abril de 2021

Estado de situación del COVID-19

Miércoles 14 de abril de 2021

Actualización nº 353. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 14.04.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 14.04.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las comunidades autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.387.022 casos confirmados de COVID-19 y 76.756 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Pinar. Majadahonda

jueves, 15 de abril de 2021

Una recuperación asíncrona y divergente podría poner en riesgo la estabilidad financiera

jueves, 15 de abril de 2021

Una recuperación asíncrona y divergente podría poner en riesgo la estabilidad financiera

Fondo Monetario Internacional

Por Tobias Adrian

Tras soportar un 2020 tumultuoso, la economía mundial comienza por fin a salir de las peores fases de la pandemia de COVID-19, si bien con perspectivas muy divergentes según la región y el país, y eso tras un «año perdido», pasado en suspenso. El trauma económico habría sido mucho peor si la economía mundial no hubiese contado con el respaldo de las medidas de política sin precedentes adoptadas por los bancos centrales y las medidas fiscales implementadas por los gobiernos.

Los mercados mundiales asisten al actual aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos con el temor de que un incremento rápido y persistente pueda provocar un endurecimiento de las condiciones financieras, con potencial para afectar las perspectivas de crecimiento. Desde agosto de 2020, el rendimiento de los pagarés del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ha incrementado en 1¼ puntos porcentuales, situándose en torno al 1¾% a comienzos de abril de 2021, un nivel cercano al registrado a principios de 2020, antes de la pandemia.

Afortunadamente, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos ha venido motivado en parte por la mejora de las perspectivas de vacunación y el refuerzo del crecimiento y la inflación. Las tasas de interés tanto reales como nominales han aumentado, aunque el incremento de los rendimientos nominales ha sido más pronunciado, lo cual indica que la inflación implícita en el mercado —diferencia entre los rendimientos de los títulos del Tesoro nominales y los indexados por inflación— se está recuperando. Permitir una inflación modesta viene siendo uno de los objetivos de la política monetaria acomodaticia.

Lo malo es que esta subida podría ser reflejo de la incertidumbre en torno a la trayectoria futura de la política monetaria y de la posible preocupación de los inversionistas por el incremento de la oferta de deuda del Tesoro para financiar la expansión fiscal en Estados Unidos, como se desprende del drástico aumento de las primas por plazo (compensación de los inversionistas por el riesgo de tasa de interés). Los participantes en el mercado comienzan a centrarse en el momento en que la Reserva Federal iniciará la retirada gradual de las compras de activos, que podría impulsar al alza las tasas de interés a largo plazo y los costos de financiamiento, provocando un endurecimiento de las condiciones financieras, en especial si va acompañada de un descenso de los precios de los activos de riesgo.

Repercusiones mundiales

Que quede claro: a nivel mundial, las tasas de interés siguen estando en mínimos históricos. Sin embargo, su velocidad de ajuste puede generar una desagradable volatilidad en los mercados financieros mundiales, como se ha observado este año. Los activos se valoran en términos relativos, y el precio de todos y cada uno de los activos financieros —desde un simple préstamo hipotecario hasta bonos de mercados emergentes— está vinculado directa o indirectamente con las tasas de interés de referencia en Estados Unidos. El incremento rápido y persistente registrado este año por las tasas de interés ha venido acompañado de un aumento de la volatilidad, con el riesgo de que estas fluctuaciones se intensifiquen.

Todo incremento abrupto e inesperado de las tasas de interés en Estados Unidos puede traducirse en un endurecimiento de las condiciones financieras, puesto que los inversionistas se pasan al modo «reducir exposición al riesgo, proteger el capital». Esto podría generar dudas sobre los precios de los activos de riesgo. Las valoraciones parecen tensionadas en algunos segmentos de los mercados financieros y, en ciertos sectores, las vulnerabilidades están aumentando.

Por el momento, en conjunto, las condiciones financieras mundiales siguen siendo favorables. No obstante, en los países donde la recuperación es más lenta y hay retraso en las vacunas, puede que las economías todavía no estén preparadas para un endurecimiento de las condiciones financieras. Las autoridades económicas podrían verse obligadas a recurrir a las políticas monetaria y cambiaria para compensar un eventual endurecimiento.

Aunque los rendimientos de los bonos públicos también han aumentado ligeramente en países de Europa y otros lugares, si bien en menor medida que en Estados Unidos, lo que más preocupa son los mercados emergentes, donde el apetito por el riesgo de los inversionistas podría cambiar rápidamente. Como muchos de esos países enfrentan importantes necesidades de financiamiento externo, un endurecimiento fuerte y repentino de las condiciones financieras mundiales podría poner en peligro su recuperación tras la pandemia. La reciente volatilidad de los flujos de inversión de cartera hacia mercados emergentes nos recuerda la fragilidad de estos flujos.

Satisfacer las necesidades del mañana

Aunque varias economías de mercados emergentes cuentan con reservas internacionales adecuadas, y los desequilibrios externos provocados por la gran compresión de las importaciones suelen ser menos pronunciados, algunas de estas economías podrían enfrentar dificultades en el futuro, especialmente si la inflación aumenta y el crecimiento de los costos de endeudamiento se mantiene. Los rendimientos de las monedas nacionales de los mercados emergentes han registrado un incremento significativo, impulsado en gran medida por la subida de las primas por plazo. Estimamos que un incremento de 100 puntos básicos de las primas por plazo en Estados Unidos se asocia, en promedio, a un aumento de 60 puntos básicos de las primas por plazo en los mercados emergentes. Muchos mercados emergentes tienen este año sustanciales necesidades de financiamiento, lo cual los expone al riesgo de que las tasas de interés aumenten cuando, en los próximos meses, refinancien la deuda y consoliden amplios déficits fiscales. Los países que se encuentran en una situación económica de mayor debilidad, a causa, por ejemplo, de su limitado acceso a las vacunas, podrían registrar también salidas de flujos de inversión de cartera. Para muchas economías de mercados preemergentes, el acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales preocupaciones, al tener un acceso limitado a los mercados de bonos.

Mientras los países vayan ajustando sus políticas para superar la pandemia, los principales bancos centrales deberán comunicar con mucho cuidado sus planes en materia de política monetaria para evitar una volatilidad excesiva en los mercados financieros. Es posible que los mercados emergentes deban plantearse la posibilidad de adoptar medidas de política para abordar un endurecimiento excesivo de las condiciones financieras internas. No obstante, deberán estar atentos a la interacción de las políticas y a sus propias condiciones económicas y financieras en el desempeño de su intervención monetaria, fiscal, macroprudencial, de gestión de flujos de capital y cambiaria.

El mantenimiento de las políticas de apoyo sigue siendo necesario, pero se requieren también medidas focalizadas para corregir las vulnerabilidades y proteger la recuperación económica. Las autoridades económicas deben respaldar el saneamiento de los balances; por ejemplo, reforzando la gestión de los activos no productivos. Debe ser prioritario regenerar las reservas en los mercados emergentes, para poder afrontar una posible revaloración del riesgo y una eventual reversión de los flujos de capitales.

Mientras el mundo comienza a dar vuelta a la página de la pandemia de COVID-19, una recuperación asíncrona y divergente, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, y el aumento de las necesidades de financiamiento en un entorno de restricciones presupuestarias seguirán poniendo a prueba a los responsables de la política económica. El FMI sigue dispuesto a respaldar las políticas de sus países miembros en los tiempos inciertos que nos esperan.

Foment y ACEC se alían para orientar a las empresas sobre los fondos ‘Next Generation EU’

jueves, 15 de abril de 2021

Foment y ACEC se alían para orientar a las empresas sobre los fondos ‘Next Generation EU’

Los socios de la patronal obtendrán importantes descuentos en los servicios de asesoramiento y apoyo de los fondos europeos

8 de abril de 2021

Ambas organizaciones firman un convenio de colaboración para promover las oportunidades que ofrece el Plan Europeo de Recuperación y trabajar así proyectos susceptibles de recibir financiación o subvenciones.

El secretario general de Foment del Treball, David Tornos, y el director general de la Asociación Catalana de Empresas Consultoras (ACEC), Jordi Marín Puigpelat, han sellado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para permitir a las empresas identificar y valorar si sus planes y/o proyectos en ámbitos que van de la digitalización a la transición energética, entre otros, pueden acogerse a los fondos europeos y, en su caso, acompañarlas en la adecuación a los criterios exigibles y obtención de los fondos. El acto de firma ha contado también con la presencia de Isabel Ordoyo, presidenta en funciones de la ACEC, Benet Maimí, director Área de Negocio y Responsable Relaciones Parlamento y AAPP de Foment, Kilian Garcia, director de Internacional de la institución, y Carme Castellnou, directora de Networking de esta.

El objetivo del convenio es cubrir, mediante el servicios de las consultoras de la ACEC, las diferentes necesidades de apoyo de los asociados de la patronal catalana para acceder a los fondos ‘Next Generation EU’. Además, las empresas de Foment podrán disponer de importantes descuentos en estos asesoramientos.

Sobre ACEC

La Asociación catalana de Empresas Consultoras (ACEC) es la Patronal de la Consultoría en Cataluña, una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro. Formada por 26 emprendidas socias y 17 adheridas, representa más de 30.000 empleados de alto valor añadido de las principales emprendidas consultoras ubicadas en Cataluña. Desde el 1993, trabaja para la transformación digital y estratégica de las empresas y administraciones del país. Su objetivo es velar por el mercado de la consultoría, defender los intereses de las empresas y promover el talento, poniendo siempre en valor la profesión y actuante como portavoz de las consultoras catalanas, un sector imprescindible para el correcto desarrollo de la actividad económica. El ACEC está vinculada al Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y a la Federación Europa de Asociaciones de Consultoría (FEACO).

Sobre Foment del Treball

Foment del Treball es la confederación que representa desde hace dos siglos y medio el empresariado y la potente industria catalana. Representa a los sectores productivos, los territorios y las empresas pequeñas, medianas y grandes ante las administraciones e instituciones públicas, organizaciones económicas, políticas, sindicales y sociales de Cataluña, España, la Unión Europea y de carácter internacional, cuando sea procedente.

Interlocutor reconocido ante la administración pública y los reguladores. Lo hace a las Cortes Generales, en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento Europeo y en el entorno local con una intensa actividad institucional. Fomento del Trabajo cuenta con una oficina en Bruselas a disposición del todos sus socios.

El Gobierno ampliará por tres meses más las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios

jueves, 15 de abril de 2021

Anuncio del presidente del Gobierno

El Gobierno ampliará por tres meses más las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios

Miércoles 14 de abril de 2021 La Moncloa

El Gobierno ampliará por tres meses más las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Las medidas, que tienen un carácter urgente y son necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables en el contexto de la evolución de la pandemia, contemplan:

La ampliación por tres meses más de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el referido Real Decreto-Ley 11/2020. El objetivo es atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 9 de mayo, actual fecha de finalización del estado de alarma, como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia, y que se trata de una medida que no afecta a pequeños propietarios de vivienda.

La extensión, también por tres meses más, de los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Finalmente, la ampliación por tres meses más de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el Juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación. En estos casos, siempre se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:

a) Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.

b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.

d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.

e) Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.

f) Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Igualmente, en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Medidas de carácter urgente

Se trata de medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la situación de los hogares en situación de vulnerabilidad en el contexto de la evolución de la pandemia, que se suman a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en materia de vivienda por este Departamento, encaminadas a hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna adecuada y entre las que se puede citar:
•El desarrollo de una legislación estatal en materia de vivienda, por primera vez en la etapa democrática.
•Las diferentes medidas llevadas a cabo para favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles.
•Así como las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y mejora del parque de vivienda, sustentado todo ello en un incremento sin precedentes de la inversión presupuestaria en este ejercicio 2021.

Gobierno y sindicatos sientan las bases para la regulación e implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado

jueves, 15 de abril de 2021

Gobierno y sindicatos sientan las bases para la regulación e implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado

Lunes 12 de abril de 2021

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha destacado «el paso firme dado hacia un futuro que ya está aquí», con el acuerdo para la regulación e implantación del teletrabajo en toda la Administración General del Estado, «fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales».

Iceta, que ha suscrito con los representantes sindicales de la Función Pública el documento que recoge los principios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), ha subrayado los objetivos del acuerdo: «Fomentar la presencia de la Administración del Estado en el territorio, especialmente en zonas de declive demográfico, modernizar la organización del trabajo mediante la consecución de objetivos y la evaluación del rendimiento, contribuir a la sostenibilidad medioambiental, generalizar el uso de las nuevas tecnologías y reconocer como una modalidad más el teletrabajo».

La Mesa General de Negociación de la AGE ratifica el acuerdo

La firma del acuerdo se ha producido tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, presidida por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, en la que están representados el Gobierno y las fuerzas sindicales de la AGE.

Los representantes sindicales que han firmado junto al ministro el acuerdo con los principios generales del teletrabajo en la AGE, que a partir de ahora tendrá que desarrollarse, han sido Carlos Martínez Navarrete, presidente del sector nacional de la AGE del CSIF; Carlos Álvarez, secretario federal del sector AGE de la FeSP-UGT; Jose Manuel Vera, secretario general SAE FSC-CCOO; y Rubén Méndez Amor, secretario nacional del sector Estado de CIG.

El teletrabajo, una modalidad más

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha resaltado que la AGE va a aprovechar la transformación digital del sector público, en el marco de la Estrategia digital 2025, y la incorporación de la Administración del siglo XXI como política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para avanzar en nuevas formas de prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.

De este modo, ha añadido, «España impulsa su capacidad para converger con los países de su entorno en la necesaria implantación del teletrabajo en la AGE».

Con el desarrollo normativo del teletrabajo en la AGE, se regula una modalidad más de trabajo, «totalmente efectiva y compatible con la presencial», que estaba en marcha, pero se aceleró durante la pandemia.

La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas arranca en 2020, cuando el Gobierno, junto a las comunidades autónomas y la FEMP, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, y también junto a los sindicatos, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, acordó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público consensuando una normativa básica sobre la que cada administración pudiera desarrollar después su propia regulación, como hoy comienza a hacer la AGE.

Se abre a partir de ahora un periodo de consulta y diagnóstico con los diferentes ministerios para determinar el perfil de las empleadas y empleados públicos que podrán optar por el teletrabajo y, en los próximos meses, el Gobierno aprobará un Real Decreto de teletrabajo en la AGE para contribuir también, en palabras del ministro, «a dar soluciones a las zonas en declive demográfico y a dar cobertura de plazas en determinadas partes del territorio que suelen quedar vacantes, dentro de la Estrategia frente al Reto Demográfico».

El ministro se ha referido al diálogo, como elemento nuclear de la acción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública: «Con el diálogo, avanzamos en la búsqueda de las soluciones más adecuadas a las necesidades de las empleadas y empleados públicos para una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía».

Iceta ha valorado además el diálogo permanente con los sindicatos presentes en la AGE, con quienes el Gobierno ha alcanzado importantes acuerdos en los últimos años, como el firmado hoy, y ha vuelto a tender la mano hoy a los representantes sindicales «para seguir afrontando desde el encuentro otros grandes retos que tenemos por delante».

Criterios generales acordados hoy para el teletrabajo en la AGE

Las administraciones públicas alcanzaron un acuerdo, recogido en el Real Decreto- ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que reforma el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), incorporando la normativa básica de regulación del teletrabajo.

Para desarrollar dicha normativa en la AGE se firma hoy el acuerdo, con los criterios generales para el teletrabajo, destacando los siguientes:

•El teletrabajo será voluntario y reversible, su utilización estará supeditada a que se garantice la prestación de los servicios y se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por esta modalidad, previa solicitud y autorización.

•Cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo, con identificación de objetivos, evaluación del cumplimiento, plan de seguimiento y evaluación.

•El teletrabajo implica el mantenimiento de los derechos y el personal que preste sus servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el personal en modalidad presencial. Tendrán derecho además a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.

•El acceso a la prestación de servicios mediante teletrabajo habrá de realizarse a través de convocatorias públicas de forma periódica o a través de gestión permanente de solicitudes en condiciones de igualdad.

•Los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo, se podrán tener en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctimas de terrorismo o violencia de género, y la autorización habrá de requerir informe previo del superior jerárquico.

•La Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación.

•La modalidad general de teletrabajo, en cómputo semanal, consistirá en dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo. La jornada de teletrabajo será la que corresponda de acuerdo con el calendario laboral, instrucciones de jornada y horarios, y se podrá disponer de mecanismos de control de jornada, fichaje y seguimiento de gestión.

•Se podrá articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, dirigida expresamente a atender circunstancias organizativas especiales, como favorecer la presencia de la Administración del Estado en el territorio, en zonas en declive demográfico, o atender la prestación de servicios en ámbitos geográficos de difícil cobertura.

La reserva hídrica española se encuentra al 62,4 por ciento de su capacidad

jueves, 15 de abril de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 62,4 por ciento de su capacidad

Martes 13 de abril de 2021

Reserva hidráulica por cuencas

Reserva hidráulica por cuencas

Los embalses almacenan actualmente 34.886 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 362 hectómetros cúbicos (el 0,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 86,3%
•Cantábrico Occidental al 78,2%
•Miño-Sil al 78,0%
•Galicia Costa al 76,8%
•Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
•Duero al 80,3%
•Tajo al 69,4%
•Guadiana al 41,3%
•Tinto, Odiel y Piedras al 81,7%
•Guadalete-Barbate al 46,8%
•Guadalquivir al 41,8%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,4%
•Segura al 43,6%
•Júcar al 60,7%
•Ebro al 78,5%
•Cuencas internas de Cataluña al 87,3%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Oviedo con 41,5 mm (41,5 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Costa mediterránea. Alicante

miércoles, 14 de abril de 2021

La Seguridad Social, el INE, la Agencia Tributaria y el Banco de España desarrollarán un sistema de acceso a sus bases de datos con fines científicos

miércoles, 14 de abril de 2021

La Seguridad Social, el INE, la Agencia Tributaria y el Banco de España desarrollarán un sistema de acceso a sus bases de datos con fines científicos

Martes 13 de abril de 2021 La Moncloa

Acceso a bases de datos

El Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social (SS) y el Banco de España (BE), han acordado comenzar a trabajar conjuntamente en el diseño de un sistema colaborativo de datos al que los investigadores tendrán acceso, siempre que la información vaya a ser utilizada con fines científicos de interés público.

La gestión eficiente de la información contenida en las bases de datos es una actividad básica para el desarrollo de una buena parte de las principales funciones de los Estados, especialmente en lo que se refiere a la toma de decisiones para el diseño e implementación de políticas públicas, basada en evidencias. Además, está comúnmente reconocido a todos los niveles que la investigación científica fundamentada en datos contribuye de forma significativa al desarrollo económico y social.

La existencia de numerosos registros administrativos y bases de datos estadísticas, así como la evolución de las tecnologías que permiten su manejo, han propiciado la disponibilidad de grandes cantidades de información en todos los ámbitos, susceptibles de ser utilizadas en beneficio de la sociedad, a través de su explotación con fines científicos. La propia existencia de esa abundante información ha causado un aumento de la demanda por parte de los investigadores, que está siendo atendida, de forma parcial, por los sistemas de acceso a la información disponibles en algunas instituciones.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social (SS) y el Banco de España (BE), como titulares de una cantidad importante de información administrativa y de datos granulares recogidos con fines estadísticos, han acordado comenzar a trabajar conjuntamente en el diseño de un sistema colaborativo de datos al que los investigadores tendrán acceso, siempre que la información vaya a ser utilizada con fines científicos de interés público. Además, promoverán la incorporación futura de otras instituciones que sean titulares de registros administrativos u otras bases de datos granulares de interés para la investigación.

Este nuevo sistema se concibe como una iniciativa conjunta de las cuatro instituciones y, en este sentido, no eliminará los actuales procedimientos que cada una de ellas tienen actualmente en vigor para proporcionar información a medida a investigadores.

Confidencialidad y protección de datos personales

El acuerdo alcanzado entre las cuatro instituciones permitirá satisfacer múltiples necesidades de investigadores y científicos en beneficio del interés público, a través del aprovechamiento de la información contenida en sus registros y bases de datos. La explotación de esta información se realizará de acuerdo con las normas que avalen el secreto estadístico, la confidencialidad de los datos y la protección de los datos personales contenidos en dichas bases.

Dado que la legislación española y europea en materia estadística, así como el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, asignan al INE un papel relevante en el uso y gestión de los registros administrativos con fines estadísticos, las cuatro instituciones acuerdan que el INE ejerza el papel de Coordinador de este sistema conjunto de acceso. Este papel de coordinador, similar al implantado en otros países desarrollados, permite la racionalización y ahorro de los recursos públicos, dado que el INE ya viene desarrollando tareas similares en su producción estadística.

El sistema contará con un Comité de Gobernanza, participado por las cuatro instituciones, que tendrá como misión delimitar las bases de datos que se pondrán a disposición de los investigadores, aprobar las peticiones de acceso para los diferentes fines que se contemplen, colaborar con las restantes instituciones que faciliten sus bases de datos y, en general, vigilar el buen funcionamiento del sistema, atendiendo siempre a los principios de buena gestión, racionalidad y proporcionalidad.

Asimismo, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes usuarios, se construirá un Sistema Técnico de Acceso Seguro en remoto a los diferentes registros y bases de datos que complementará los procedimientos de acceso seguro actualmente disponibles en los laboratorios o los espacios dedicados de las cuatro instituciones.

Acceso a la información

La información a la que se podrá dar acceso a usuarios con fines científicos de interés público es la de las bases de microdatos de las que son titulares el INE, la AEAT, la SS y el BE, con las necesarias garantías de seguridad, secreto estadístico, protección de datos personales y sometimiento a la Ley vigente.

Además de las bases de datos estadísticas procedentes de sus encuestas, el INE también podrá dar acceso a registros administrativos, tanto a los elaborados o coordinados por él, como a los de otra titularidad pero que el INE utiliza para elaborar sus estadísticas (consultando en este último caso todas las solicitudes de acceso a los titulares de los correspondientes registros).

El acceso a investigadores con fines científicos de interés público debe estar respaldado legalmente. De esta manera, las cuatro instituciones acuerdan continuar trabajando para adaptar el marco legislativo y jurídico específico de cada institución para cumplir este objetivo. Además, el acuerdo deberá quedar plasmado en un convenio de colaboración.

La DGT y la FEMP presentan el Manual de aplicación de los nuevos límites de velocidad en vías urbanas

miércoles, 14 de abril de 2021

Entrarán en vigor el próximo 11 de mayo

La DGT y la FEMP presentan el Manual de aplicación de los nuevos límites de velocidad en vías urbanas

Martes 13 de abril de 2021

Portada del Manual con los nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías

El director general de Tráfico, Pere Navarro, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares y Alfonso Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP han presentado el Manual de aplicación de los nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías que entrarán en vigor el próximo 11 de mayo.

Este manual se crea con el objetivo de promover y ayudar a las autoridades municipales a aplicar esta modificación del Reglamento General de Circulación de forma efectiva, a través de ejemplos reales que se pueden encontrar en las calles de las ciudades de España.

El documento desarrolla, de manera gráfica, ejemplos concretos en los que se describe la sección de la vía mediante un esquema, se hace referencia a la parte específica de la normativa que aplica y, finalmente, se consolida el ejemplo mediante un caso gráfico real.

El manual se enviará a todos los ayuntamientos y estará disponible en las webs de la DGT y de la FEMP para su descarga.

Según Pere Navarro, «la presentación de este manual, un mes antes de la entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad en las ciudades, es fruto de la apuesta decidida de colaboración entre administraciones. Esta bajada de la velocidad en nuestras calles, va a permitir a las autoridades municipales crear ciudades más amables, más humanas, donde puedan convivir de forma más segura los distintos usuarios de la vía, porque con velocidades superiores a 30km/h la seguridad para todos los actores que interactúan no está garantizada».

Por su parte. Alfonso Gil ha destacado que «esta nueva reforma del Reglamento va a tener una transcendencia muy importante. Vamos a ver como elementos como el zapato, caminar, o la bicicleta ganan espacio, haciendo así ciudades en las que haya menos humos y menos ruido». Además ha añadido «La movilidad saludable será la que conquiste el futuro y haga que nuestras ciudades sean más competitivas, fortaleciendo el comercio local; limpias y seguras»

Además del manual, también se ha creado un video explicativo que ha sido proyectado durante la presentación en el que se pueden ver algunas de las transformaciones que podrán realizarse en las ciudades a nivel urbanístico con la aplicación de estos nuevos límites de velocidad.

Motivos más que suficientes

La modificación del Reglamento de Circulación en el que se recogen los límites de velocidad en las ciudades se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 10 noviembre. Para que este cambio fuera conocido por los ciudadanos y para que las administraciones públicas locales dispusieran de un plazo suficiente para adaptar la señalización y/o infraestructura, se estableció un plazo de seis meses desde la publicación del RD en el BOE, para su entrada en vigor.

Por tanto, desde el 11 de mayo, el límite de velocidad en vías urbanas será de:

a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.

b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.

c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Los motivos que llevaron a la DGT a implantar esta medida, que ha sido reconocida por la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, como una medida positiva que ayudará a reducir la siniestralidad vial, han sido:

•La demanda de los ayuntamientos para tener un paraguas legal normativo y poder aplicar los 30km/h en sus localidades.

• En 2019, los fallecidos en accidente de tráfico en las ciudades aumentaron un 6%, mientras que en las vías interurbanas se redujeron un -6%.

•El 82% de los fallecidos en ciudades en 2019 fueron usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas.

•Se reduce un 80% el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h el riesgo es de un 10%; si la velocidad es a 50 km/h, ese riesgo de fallecimiento se eleva alrededor del 90%.

•Se reduce a la mitad la distancia que se necesita para detener el vehículo al pasar de 50km/h a 30km/h.

•Las experiencias existentes de zonas 30 en ciudades demuestran el efecto positivo sobre la siniestralidad, con reducciones de los accidentes que han llegado a superar el 40%.

•Se reduce a la mitad el ruido ambiental según el informe de recomendaciones del Grupo de Expertos Académicos para la 3º Conferencia ministerial global de seguridad vial.

Y además… Tendencia mundial

A todas estas razones, se suma que la reducción de la velocidad en las ciudades a 30 km/h es una de las prioridades de la Agenda 2030 con el objetivo de convertir las ciudades en espacios más seguros reduciendo, tanto el riesgo de sufrir un accidente, como la gravedad del mismo.

La Declaración de Estocolmo 2020, redactada tras la III Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial recoge en su octava recomendación «Establecer un límite máximo de velocidad de desplazamiento por las vías de 30km/h en zonas urbanas».

Asimismo, la Unión Europea, dentro del marco de las políticas europeas en seguridad vial para el periodo 2021-2030 se basa en el enfoque «Sistema Seguro», en el que las vías y los vehículos deben estar diseñador para dar cabida a los errores humanos sin causar lesiones graves o muertes y las velocidad permitidas para los vehículos son uno de los componentes del nivel de seguridad proporcionado por las otras partes del sistema.

Por último, el lema escogido este año por Naciones Unidas para la celebración de la VI Semana Mundial para la Seguridad Vial que se celebrará del 17 al 23 mayo 2021 se centra también en la reducción del límite de velocidad a 30 km/h en las zonas urbanas bajo el lema Construyendo calles para la vida «Streets for Life #Love30».

CEPYME muestra su preocupación y llama a la prudencia sobre la evolución del mercado laboral

miércoles, 14 de abril de 2021

CEPYME muestra su preocupación y llama a la prudencia sobre la evolución del mercado laboral

Madrid, 6 de abril de 2021

CEPYME muestra su preocupación por la evolución del mercado laboral en el mes de marzo y por la baja recuperación de la actividad registrada en la campaña de Semana Santa, que puede ser un alarmante adelanto de lo que pueda ser la campaña estival.

Los resultados del mes de marzo en afiliación y paro registrado muestran que en los primeros meses de 2021 se ha producido un cierto empeoramiento de la situación del mercado laboral frente a lo observado en la segunda mitad del año 2020, lo que refleja la dificultad de volver a la normalidad en la actividad y en el empleo, sobre todo en determinadas actividades, mientras perdure la pandemia y permanezcan las restricciones

El descenso del paro en 59.149 personas y el incremento de 70.790 afiliados a la Seguridad Social (en media mensual), es el menor aumento en un mes de marzo desde 2013 (exceptuando la caída de 2020), y no puede dar alas a un infundado optimismo que no se corresponde con la realidad económica, por lo que CEPYME hace un llamamiento a la prudencia, ante una situación que sigue siendo muy mala.

Además, en términos desestacionalizados, y corregido del efecto calendario, se registra un descenso de los afiliados en -45.438 personas en marzo, mayor aún que el registrado en febrero (-30.211), lo que viene a confirmar la debilidad del mercado laboral en estos últimos meses y que podría anticipar la previsión de un primer trimestre negativo en términos de PIB.

Aunque muchos sectores están intentado poco a poco recuperar la actividad pese a las restricciones, ésta sigue siendo muy escasa para compensar la tremenda crisis en la que están inmersas las empresas y la situación de pérdidas acumuladas que arrastran desde hace un año. Hay sectores concretos muy afectados por las restricciones horarias, de aforo y de movilidad, que limitan su actividad y su creación de empleo, de ahí que la recuperación del mercado laboral sea muy desigual e incompleta.

No obstante, hay que destacar la responsabilidad de los empresarios, que están tratando de sobreponerse a esta situación, con un enorme esfuerzo y coste, que se refleja en la creación de empleo cuando la situación es mínimamente favorable para la actividad productiva.

Una responsabilidad que no se está viendo acompañada en la medida que sería necesaria y deseable por las ayudas de la administración, como si sucede en otros países de nuestro entorno.

La Confederación considera que la campaña de vacunación es un elemento clave para que las actividades más afectadas por las restricciones puedan volver a la normalidad y así contribuir a una mayor creación de empleo y se mostrará muy vigilante sobre la evolución de este proceso.

COVID 19: Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial

miércoles, 14 de abril de 2021

COVID 19: Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial

06/04/2021 clientebancario.bde

El 12 de marzo se aprobó un paquete de medidas por importe de 11.000 millones de euros de apoyo a las empresas y autónomos para hacer frente al impacto de la COVID-19.

Con estas medidas se trata de proteger a empresas viables que están sufriendo una intensa caída de sus ingresos debido a la prolongación en el tiempo de la reducción de su actividad como consecuencia de la pandemia.

Las medidas se organizan en cuatro líneas de acción:

Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas para satisfacer endeudamiento suscrito desde marzo de 2020 y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos desde la misma fecha. Las ayudas están dirigidas a autónomos y empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30 % con respecto a 2019 y pertenezcan a alguno de los grupos de actividades previstos.

Flexibilización de los préstamos dotados con aval público. A través de esta flexibilización se permite que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes. En última instancia y con carácter excepcional, la flexibilización prevé la posibilidad de una reducción del principal de la financiación avalada. Los criterios de acceso a esta facilidad se establecerán a través de acuerdo del Consejo de Ministros, que además desarrollará un Código de Buenas Prácticas, cuyo objetivo será tratar de asegurar que los procesos de renegociación de deuda se enfocan en reforzar la viabilidad de la empresa o trabajador autónomo afectado.

Fondo de recapitalización de empresas. A través de este Fondo se dotará de recursos públicos a aquellas empresas viables que se enfrentan a problemas de solvencia derivados de la COVID-19 y necesitan un refuerzo adicional de su capital tras la aplicación de las medidas descritas en los puntos anteriores.

Además, se incluyen otras medidas, como la extensión de las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales y la ampliación de los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.

Este paquete de medidas se regula en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Si quieres conocer más detalles pincha en este enlaceAbre en ventana nueva.

La Policía Nacional desarticula una organización itinerante especializada en el robo de viviendas

miércoles, 14 de abril de 2021

Operación contra la delincuencia itinerante iniciada en Cartagena
La Policía Nacional desarticula una organización itinerante especializada en el robo de viviendas

Los cuatro detenidos, de origen georgiano, se afincaban en las ciudades durante un corto espacio de tiempo y alquilaban apartamentos turísticos como base de operaciones para llevar a cabo los robos domiciliarios

Hasta el momento han sido esclarecidos un total de 15 hechos cometidos en Gijón, Granada, Almería, Málaga, Oviedo, Lille (Francia) y Amberes (Bélgica)

• Los agentes registraron un apartamento turístico en Gijón donde intervinieron joyas, 7.000 euros en efectivo, documentación, herramientas, nueve teléfonos móviles además de tres vehículos
Exposición de joyas y dinero intervenidos
08/04/21

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante que se había especializado en el robo en interior de domicilios en España y Europa. Han sido detenidas cuatro personas de origen georgiano por presunta participación en, al menos, 15 robos con fuerza en vivienda y pertenencia a organización criminal. En el registro de un piso turístico en Gijón, utilizado por los arrestados como base de operaciones, los agentes intervinieron joyas, 7.000 euros en efectivo, diversa documentación y herramientas para cometer los ilícitos.

La investigación policial comenzó en la ciudad de Cartagena a mediados del noviembre de 2020. Los agentes detectaron la presunta actividad criminal de los detenidos e iniciaron las gestiones para su localización e identificación, pesquisas complejas debido al carácter itinerante de la organización y que obligó a iniciar una investigación coordinada entre diferentes unidades operativas -Almería, Granada, Gijón, Oviedo y Cartagena- a fin de acabar con su actividad criminal.

Pisos de alquiler a modo de centro de operaciones

Durante la investigación, los agentes constataron que los detenidos estudiaban las viviendas que iban a asaltar antes de perpetrar los robos. Para ello se afincaban durante un corto periodo de tiempo en la ciudad, alquilando pisos a través de diferentes plataformas que transformaban en centros de operaciones. En los apartamentos permanecían no más de dos semanas y, de manera repentina, cambiaban de ubicación para desplazarse hasta a más de 1.000 kilómetros de distancia.

En una de estas viviendas situada en Gijón, los agentes llevaron a cabo las detenciones de los cuatro integrantes y un registro domiciliario donde intervinieron una gran cantidad de joyas, probablemente obtenidas durante sus diferentes robos, así como 7.000 euros en efectivo, documentación, herramientas de las habitualmente utilizadas para cometer este tipo de robos, nueve teléfonos móviles y tres vehículos.

Modus operandi

Durante los tres meses que ha durado la investigación, los agentes policiales han constatado la especialización de la organización. Los detenidos cometían los robos mediante diferentes especialidades, haciendo uso de ganzúas artesanales, el método bumping o impresioning e incluso utilizando la fuerza para fracturar la cerradura.

Los cuatros detenidos que formaban la organización, con edades comprendidas entre los 33 y 50 años de edad, todos ellos de nacionalidad georgiana, fueron puestos a disposición de judicial por su presunta participación en al menos 15 robos con fuerza en vivienda y pertenencia a organización criminal.

Monte del Pilar .

martes, 13 de abril de 2021

Mayo 2021, un paso más en nuestro lema: “Unidos en la diversidad”

martes, 13 de abril de 2021

Mayo 2021, un paso más en nuestro lema: “Unidos en la diversidad”

Comisión Europea

Fomentar la diversidad, la inclusión y la lucha contra la discriminación es fundamental para el refuerzo de los valores de la Comisión Europea. En los últimos años, se han tomado una serie de medidas que contribuyen al impulso de estos valores. No obstante, todavía queda mucho trabajo por delante y es necesaria la colaboración de todos los ciudadanos. En la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, la diversidad y la inclusión son doblemente vulnerables.

09/04/2021

¿Sabías que casi el 60% de los ciudadanos europeos considera que la discriminación étnica sigue muy presente a día de hoy? Se trata de una opinión argumentada con datos estadísticos, pues una de cada tres personas de origen africano asegura haber sido víctima de acoso racista en los últimos cinco años. Asimismo, a pesar de los 70 años transcurridos tras el Holocausto, la población judía continúa sufriendo hostilidad en su vida cotidiana.

Primer Mes Europeo de la Diversidad
En este contexto, la Comisión Europea presenta en el mes de mayo de 2021, el primer Mes Europeo de la Diversidad. La diversidad étnica recibirá especial atención en el acto de inauguración de alto nivel el día 4 de mayo de 2021 en el que participará la comisaria de Igualdad, HelenaDalli.

Este movimiento tiene como objeto principal la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de la diversidad y de la inclusión en los lugares de trabajo y en la sociedad europea. De este modo, ese mes se celebrarán los esfuerzos destinados por las organizaciones en la promoción de la diversidad y la creación de entornos profesionales inclusivos.

¿Qué son las Cartas Nacionales de la Diversidad?

Las veintiséis Cartas Nacionales de la Diversidad creadas desde 2004, apoyan y promueven las buenas prácticas en la gestión de la diversidad en miles de grandes multinacionales, pymes, organismos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro. La organización UE sobre las Cartas de la Diversidad de la UE está representada por más de 12.000 organizaciones signatarias, así como más de 16 millones de empleados. La comisaria Dalli invita a todas las entidades europeas, signatarias o no de una Carta de la Diversidad, a posicionarse a favor de la diversidad y actuar en consecuencia. Por ejemplo, incluyendo información sobre el Mes Europeo de la Diversidad en sus programas a favor de la misma.

Hacienda aprueba la creación del comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario

martes, 13 de abril de 2021

Hacienda aprueba la creación del comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario

Lunes 12 de abril de 2021

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha resaltado la importancia de tener un sistema tributario sólido y progresivo para garantizar un Estado de bienestar fuerte y políticas para reducir la desigualdad y combatir la pobreza.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una resolución para crear el comité de personas expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Con esta medida el Gobierno cumple el compromiso de poner en marcha un grupo de trabajo para analizar en profundidad el sistema fiscal con el objetivo de fortalecerlo para hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI.

El acto de presentación de este grupo de carácter multidisciplinar, formado por catedráticos y profesores de Economía y Derecho Financiero y Tributario, se ha celebrado hoy en la sede del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y ha sido presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También han asistido la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, así como los componentes del comité, que estará presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

El comité de personas expertas tendrá como objetivo realizar un análisis del sistema tributario en su conjunto. Eso incluye la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos. Dicha evaluación se realizará desde el punto de vista de la eficiencia económica y también desde la equidad interpersonal, territorial y de género.

En este sentido, los integrantes del comité deberán valorar aspectos como la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias internacionales -sobre todo en fiscalidad verde y digital- y sus consecuencias en el modelo territorial y en el proceso de integración europeo. Asimismo, deberán evaluar la capacidad de los impuestos para acelerar transformaciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género.

En concreto, el grupo de trabajo se enfocará especialmente en la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, así como la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial.

Garantizar los recursos públicos

Durante el acto de constitución del comité, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de tener un sistema tributario eficaz, sólido y progresivo, que permita sostener e incluso fortalecer el Estado de Bienestar como ha ocurrido durante la pandemia. Montero también ha resaltado la importancia de mirar más allá y avanzar también en políticas predistributivas que ayuden a combatir la pobreza desde su origen.

La titular de Hacienda ha explicado que uno de los objetivos de la reforma debe ser garantizar la suficiencia de recursos públicos. Cabe recordar que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos. Además, Montero ha destacado que cada vez toma más fuerza en el debate internacional el papel de la fiscalidad sobre la riqueza y una cierta armonización en el gravamen del Impuesto sobre Sociedades, medidas en línea con lo defendido por el Gobierno de España. Todo ello siempre bajo la premisa de que cada cual contribuye según su capacidad y recibe según su necesidad.

Asimismo, la ministra de Hacienda también ha subrayado que las propuestas del grupo de trabajo deben tener una conexión con la financiación autonómica y local, otras de las reformas prioritarias del Ejecutivo para garantizar que las administraciones territoriales cuentan con recursos suficientes para prestar unos servicios públicos de calidad.

En cualquier caso, las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo. Es decir, que sean medidas compatibles con la recuperación económica tras la pandemia y tenga en cuenta el compromiso de España con la consolidación fiscal.

El comité tendrá de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar el Libro Blanco de la Reforma Tributaria al Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, eso no significa que, hasta entonces, el Gobierno renuncie a realizar ajustes fiscales puntuales si así lo considera oportuno, en línea con las medidas adoptadas hasta ahora.

Composición del comité

El comité está formado por un presidente, un secretario y 15 vocales. Todas son personas de reconocido prestigio y gran experiencia. Cuentan con una formación académica multidisciplinar que abarca conocimientos en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario, la Economía y Hacienda Pública.

Además, hay especialistas en fiscalidad internacional en un mundo cada vez más globalizado, así como en la imposición a la riqueza o de carácter medioambiental. Pero también hay expertos en la fiscalidad autonómica y en cuestiones fundamentales para combatir la desigualdad como son las políticas públicas para luchar contra la pobreza.

Esta es la composición del comité de personas expertas para la reforma tributaria:

Hay que mantener los ERTE mientras el empleo lo requiera

martes, 13 de abril de 2021

Hay que mantener los ERTE mientras el empleo lo requiera

UGT

6 Abril 2021

Los datos de paro reflejan la necesidad de acelerar la vacunación para recuperar plenamente la actividad

Los datos de paro publicados hoy por el Servicio Público de Empleo (SEPE), correspondientes al mes de marzo, muestran un descenso del paro de 59.149 personas, lo que sitúa la cifra total de personas desempleadas en 3.949.640. Este descenso se debe a las menores restricciones que ha habido en marzo respecto a febrero y al inicio de la Semana Santa, además de ser un mes tradicionalmente favorable para el empleo.

Para la Unión General de Trabajadores, las medidas restrictivas deben continuar hasta alcanzar la inmunidad colectiva. Evitar una cuarta ola de contagios, que induzca a nuevas paralizaciones de la actividad y someta a más tensión a la economía, es clave si se pretende que la temporada de verano sea un éxito, esencial para la economía española.

Para ello, el sindicato considera imprescindible acompañar en estas dificultades a los hogares y a las empresas que están en peores situaciones, reforzando y ampliando las vías de ayuda existentes y no dejando a nadie atrás. Los ERTE han de seguir mientras sea necesario, manteniendo las rentas de las personas que no han podido volver a recuperar la actividad en su puesto de trabajo.

Además, ante el incremento del desempleo y el mayor riesgo de paro de larga duración, sobre todo entre colectivos más vulnerables (hay que tener en cuenta que un 57,7% de las personas en desempleo son mujeres y un 9% jóvenes), es necesario acelerar la reforma de las políticas activas de empleo, reforzando urgentemente los Servicios Públicos de Empleo, al tiempo que se garantiza la protección social. Y también habrá que dotar de los recursos dispuestos para ayudar a las empresas con la mayor prontitud posible para evitar la destrucción de nuestro tejido productivo, que será esencial para la recuperación.

UGT considera que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe ser el punto de inicio en el que se cimente una conversión de nuestro modelo laboral y productivo a un entorno con el empleo de calidad como protagonista.

Además, para alcanzar un modelo económico distinto, el sindicato manifiesta la necesidad de acometer cambios profundos, comenzando por derogar la reforma laboral de 2012, por sus efectos lesivos sobre los trabajadores y trabajadoras, y negociando un nuevo marco regulatorio que establezca unas condiciones más favorables para la persona empleada.

Datos de interés

Los datos de desempleo conocidos hoy muestran una variación interanual del paro del 11,31%, más de 10 puntos menor a la que hubo en febrero por el mejor comportamiento del empleo y el efecto base de comparación, ya que en marzo del año pasado comenzamos a ver los primeros efectos de la pandemia. Respecto a febrero, el descenso se cifra en un –1,48%.

En cuanto al número de beneficiarios de prestaciones, en febrero había 2.359.191 personas en esta situación, lo que supone un 17,8% más que en el mismo período del 2020. La causa de este aumento en la protección se encuentra fundamentalmente en los ERTE.

En lo que respecta al empleo, en el mes de marzo la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 70.790 personas, mientras el dato desestacionalizado muestra 45.438 personas menos. No obstante, en términos anuales la variación se traduce en un descenso de 86.366 personas afiliadas respecto a marzo del año pasado, un 0,45% menos. Los ERTE explican que la pérdida en la afiliación respecto al año anterior no sea tan pronunciada, ya que según la Seguridad Social marzo finalizaba con 745.615 personas bajo su protección, 113.926 menos que a fin de febrero.

Por su parte, la contratación en el mes de marzo, como ha sucedido con el empleo, se ha incrementado. El repunte en este caso ha sido de un 15,82% respecto al mes de febrero.

El número de contratos indefinidos, en porcentaje sobre el total de contratos que hubo en marzo, es del 14,76%. Dentro del total de contratos indefinidos hay una parte de ellos que ha sido a tiempo completo, concretamente un 62,16%, y otra que ha sido a tiempo parcial, un 27,72%. Esto significa que sólo 9 de cada 100 contratos son indefinidos a tiempo completo. Mientras que los contratos bajo la modalidad de obra y servicio y eventuales por circunstancias de producción supusieron el 76,67% del total de la contratación, una característica propia de nuestro modelo laboral en el que la incertidumbre económica se traduce en contratos inestables y de peor calidad.

Dentro de los factores que generan esa incertidumbre se encuentran dos variables sanitarias, como es lógico durante una pandemia, la vacunación y la evolución de los contagios. Es importante destacar un reciente cambio en las expectativas de la vacunación cuando la Unión Europea informó que haría todo lo que fuera necesario para que España tuviera las vacunas que necesita, continuando con el buen ritmo de vacunación que tiene España si se compara con el resto del entorno europeo.

En marzo, respecto al mes anterior, ha descendido en 32.469 el número de hombres registrados como desempleados (un 1,91% menos), mientras el paro femenino lo ha hecho en un porcentaje menor, siendo menor también en términos absolutos (26.680 desempleadas menos, un 1,16% menos). En el año el desempleo masculino subió un 9,33% (142.599 parados más) y el femenino lo hizo un 12,81% (258.729 desempleadas más). El 57,7% de las personas en desempleo son mujeres.

En marzo estaban registrados 357.793 jóvenes (un 9% del total de desempleados). El desempleo entre los menores de 25 años ha descendido un 2,35% mensual (8.610 parados jóvenes menos en este mes), y en términos anuales asciende un 24,42% (70.233 jóvenes).

Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, el descenso ha sido menos pronunciado. En este caso el número de personas en desempleo baja en el mes un 1,07% (siendo menor entre las mujeres en términos relativos y absolutos), hasta alcanzar la cifra de 584.165 personas desempleadas (un 14,79% del total de desempleados). En la variación anual se observa también un incremento del 31,7%, 140.611 trabajadores extranjeros desempleados más.

Por sectores, en marzo el paro registrado desciende en todas las actividades productivas menos en la agricultura, que se incrementa: en la construcción (7.685 desempleados menos, un 2,46% menos), en los servicios (53.686; un -1,89%), y en la industria (3.675; un -1,16%). Sin embargo, en la agricultura asciende en 2.368 personas, lo que supone un 1,24% más. En el colectivo sin empleo anterior se observa un aumento del desempleo (suma 3.529, un 1,00%). En el año se incrementa el paro en el conjunto de sectores, a excepción de la construcción que disminuye en 14.903 personas desempleadas, un -4,67%.

La afiliación a la Seguridad Social se incrementa en el mes: 70.790 afiliados más en marzo respecto a febrero, un 0,38% más, aumentando hasta 18.920.920 afiliados (de media en el mes). No obstante, la variación mensual desestacionalizada ha sido opuesta, dejando 45.438 afiliados menos.

El número total de contratos registrados en marzo se incrementa un 15,82% respecto a febrero, situándose la cifra total en 1.404.107 contratos firmados. Los contratos indefinidos ascienden un 56,45%, mientras los temporales aumentan en un 10,84%. Si lo comparamos con los registrados en marzo de 2020, el volumen del total de contratos aumenta un 11,75%, los temporales lo hacen un 7,72% y los indefinidos en un notable 42,50%. Este mes la proporción de indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en el 14,76%, mostrando una mayor debilidad en la actividad de los sectores más propensos a la temporalidad.

En el mes crece en mayor medida el volumen de los contratos indefinidos a tiempo parcial (un 61,05%), frente al resto: los indefinidos a jornada completa ascienden un notorio 49,48%; mientras tanto los temporales a jornada parcial aumentan un 27,80% y los temporales a tiempo completo lo hacen más ligeramente, concretamente en un 4,52%.

La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa sólo un 9,17% sobre el total de contratos registrados en el mes de marzo. Mientras, el peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos se mantiene en el 30,77%.

En el mes de marzo, el número de beneficiarios de prestaciones ascendía a 2.359.191, un 17,8% más que en el mismo mes de referencia de 2020. Con este nivel de protección adicional para las personas empleadas amparadas por un ERTE, la tasa de cobertura del conjunto del sistema de protección se sitúa en el 62,92%, 3,1 puntos menos que en 2020.

La Seguridad Social señala que a 31 de marzo había 745.615 afiliados protegidos por un ERTE, 113.926 trabajadores menos que a fin de febrero.

Estado de situación COVID-19

martes, 13 de abril de 2021

Estado de situación COVID-19

Lunes 12 de abril de 2021

Cartel datos actualizados diarios COVID-19

Actualización nº 351. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 12.04.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 12.04.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las comunidades autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.370.256 casos confirmados de COVID-19 y 76.525 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Segunda actuación de supervisión de la CNMV mediante clientes simulados en oficinas bancarias

martes, 13 de abril de 2021

Segunda actuación de supervisión de la CNMV mediante clientes simulados en oficinas bancarias

CNMV

29 de marzo de 2021

• Se han realizado 800 visitas (1) a oficinas de diversas entidades bancarias, distribuidas entre grandes poblaciones por todo el territorio nacional.

• Las comprobaciones se han centrado en las actividades de comercialización previa y en especial en la información verbal facilitada a los clientes simulados. En esta ocasión se ha solicitado activamente por el cliente simulado asesoramiento para la adquisición de fondos de inversión.

• Los resultados han sido, en términos generales, más satisfactorios que en la revisión anterior, toda vez que no se han observado casos significativos de posibles recomendaciones implícitas no reconocidas como asesoramiento.

• Igualmente, se ha observado un mayor número de casos de oferta de producto de terceros y no se han identificado situaciones relevantes en que el empleado “condicione” al cliente cuando llegó a realizarse el correspondiente test.

• Sin embargo, el ejercicio ha puesto de relieve algunas debilidades en la información verbal facilitada durante esta fase de comercialización previa, que la CNMV ha trasladado a las entidades analizadas.

• Entre las debilidades más frecuentes estuvieron las relacionadas con la información del tipo de asesoramiento (independiente o no) y con la información sobre costes asociados a los productos comercializados.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado un nuevo ejercicio de supervisión de la comercialización de productos financieros en oficinas bancarias mediante clientes simulados. La primera actuación de este tipo se realizó a partir de 2016. Para el presente ejercicio también se ha contado con la colaboración de una firma externa que, siguiendo las indicaciones de la CNMV, ha simulado visitas de clientes o potenciales clientes a diversas entidades, al objeto de comprobar el modo en que se comercializan en la práctica los fondos de inversión. Esta herramienta de supervisión resulta útil, en particular, para evaluar la información oral que se facilita a los clientes en las redes de distribución presenciales.

La comprobación se ha realizado sobre una muestra representativa de entidades que aglutinan en torno al 68% de las sucursales bancarias, que en España concentran la inmensa mayoría de los clientes minoristas. Las visitas, a un total de 800 sucursales de estas entidades, distribuidas en grandes poblaciones por todo el territorio nacional, se realizaron entre los meses de septiembre y noviembre de 2020. En ninguna simulación llegó a completarse la compra del producto.

En esta ocasión se solicitó activamente por los clientes simulados asesoramiento para la adquisición de fondos de inversión. Las entidades ofrecieron estos productos casi siempre en el ámbito del asesoramiento o en el de la gestión de carteras. De esta forma, a diferencia de la anterior comprobación de este tipo, no se ha observado de forma generalizada la existencia de recomendaciones implícitas no reconocidas como asesoramiento. También a diferencia del ejercicio previo, en esta ocasión se ha comprobado que, en un mayor número de casos, la oferta abarcó tanto fondos gestionados por el propio grupo, como fondos de otras gestoras. Asimismo, cabe destacar que no se han identificado situaciones relevantes en las que el empleado “condicione” al cliente en los casos en que llegó a realizarse el correspondiente test (de conveniencia o idoneidad).

Sin embargo, el ejercicio ha permitido identificar algunas debilidades en las prácticas comerciales al informar verbalmente del servicio de asesoramiento. Las entidades afectadas han sido requeridas para que ajusten sus procedimientos en relación a tales debilidades, que se resumen en la presente comunicación con el fin de transmitir al sector algunas de las pautas que la CNMV considera relevantes para un adecuado cumplimiento de las normas de conducta del mercado de valores (2):

• Aunque se informó frecuentemente sobre si los fondos recomendados estarían gestionados por el propio grupo en exclusiva o también se incluirían fondos de otras gestoras, en algunos casos, esta información fue contradictoria.

• Si bien con frecuencia se explicó al cliente si se realizaría un seguimiento posterior de las recomendaciones, también se observaron casos en que esta información o no llegó a facilitarse, o sólo se facilitó después de que el cliente simulado preguntase al respecto.

• Sólo en algo más de la mitad de las ocasiones se informó espontáneamente de la existencia de costes, observándose, además, situaciones en que se informó, incorrectamente, de la inexistencia de estos (incluso ante preguntas explícitas del cliente simulado).

• En muy pocos casos se explicó si el asesoramiento era de la modalidad independiente o no independiente, y en los casos en que se facilitaron explicaciones, con frecuencia, no fueron correctas.

• A pesar de que se considera una buena práctica, algunas entidades no facilitan documentación soporte explicativa referida al servicio de asesoramiento en esta fase previa.

Igualmente, durante el ejercicio se han identificado debilidades en la información verbal transmitida, principalmente en la relativa a los costes del servicio o los productos, cuando los fondos se ofertaron en el ámbito de la gestión de carteras o la mera comercialización.


Las normas de conducta del mercado de valores establecen un deber general de información por parte de las entidades prestadoras de servicios de inversión a sus clientes. Los clientes deben ser adecuadamente informados debiendo ser la información que se les facilite, incluida la verbal, imparcial, clara y no engañosa.

La información transmitida verbalmente por el personal comercial a los clientes con carácter previo a la prestación de un servicio de inversión es un aspecto muy relevante del proceso de comercialización de los instrumentos financieros y resulta clave que sea correcta y completa, para que aquellos puedan tomar decisiones sobre sus inversiones con conocimiento de causa. Por ello, las entidades que prestan servicios de inversión deben adoptar medidas oportunas para el refuerzo de la formación de su red de ventas y de los procedimientos para el traslado de la información verbal a los clientes.

1 En las visitas se ha utilizado la técnica del cliente simulado o “mystery shopping”.

2 El artículo 77 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, establece que la información a proporcionar, con suficiente antelación a los clientes, cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversión, debe aclarar si el asesoramiento se presta de forma independiente o no, si el asesoramiento se basa en un análisis general o más restringido de los diferentes tipos de instrumentos financieros y, en particular, si la gama se limita a instrumentos financieros emitidos o facilitados por entidades que tengan vínculos estrechos con la empresa de servicios de inversión, o bien cualquier otro tipo de relación jurídica o económica, como por ejemplo contractual, que pueda mermar la independencia del asesoramiento facilitado; y si la empresa de servicios de inversión proporcionará al cliente una evaluación periódica de la idoneidad de los instrumentos financieros recomendados.
También establece que la información sobre todos los costes y gastos asociados deberá incluir información relacionada tanto con los servicios de inversión como con los auxiliares, incluidos el coste de asesoramiento, cuando proceda, así como el coste del instrumento financiero recomendado o comercializado al cliente.

Sobre flores

lunes, 12 de abril de 2021

El Tribunal Supremo fija que los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por colaboración en la ocultación de bienes

lunes, 12 de abril de 2021

Miércoles, 7 de abril de 2021

El Tribunal Supremo fija que los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por colaboración en la ocultación de bienes

La sentencia argumenta que no puede haber duda de que el menor, que carece de capacidad de obrar, “no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que no cabe exigir a un menor de edad responsabilidad solidaria ante Hacienda cuando la actuación que se le impute sea la de causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos realizada por su representante legal para impedir la actuación de la Administración tributaria.

La sentencia argumenta que no puede haber duda de que el menor, que carece de capacidad de obrar, “no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes, pues tales conceptos normativos -colaboración, causación, consciente, voluntaria, ocultación, transmisión, finalidad, maliciosa, etc., son privativos de quienes gozan de capacidad de obrar, entre quienes no se encuentran los menores de edad, bajo ningún concepto”.

Añade que el dolo o intención que exige jurisprudencialmente la citada imputación no puede atribuirse a quien, por ser menor de edad, es legalmente inimputable, aunque no se pronuncia en esta sentencia sobre la posibilidad de imputar dichos negocios jurídicos a su representante legal, que actúa en nombre de él.

El Supremo advierte, para quienes crean ver abierta con esta doctrina una vía defraudatoria, que la misma no prejuzga “la validez o la corrección de los negocios jurídicos efectuados, en tanto pudieran ser defraudatorios o celebrados en perjuicio de acreedores, ni priva a la Administración de las acciones que le incumben para rescindir civilmente el negocio jurídico o, en caso de que proceda, emprender la acción penal por alzamiento de bienes, precisamente frente a los criminalmente responsables, entre los que jamás podría encontrarse un menor de edad”.

La sentencia da la razón a una menor de edad, a quien su madre, que era administradora única de una sociedad, donó cuando la menor tenía 6 años de edad la nuda propiedad de la vivienda familiar en Cantabria. Según los hechos probados, la Administración tributaria realizó actuaciones por las deudas tributarias contraídas por la mercantil y declaró a la progenitora responsable subsidiaria de las mismas, por la cantidad de 477.249,70 euros. Posteriormente, inició un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria a la niña, por las deudas de su madre, que fue declarada responsable solidaria, como causante o colaboradora.

La Sala estima el recurso de casación planteado por la entonces menor de edad, representada por sus padres (hoy ya es mayor de edad), contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la responsabilidad solidaria de la niña fijada por Hacienda. La sentencia interpretó, por un lado, que la donación de la madre a la hija, pese a que había hermanos mayores, se realizó con el único objetivo de ocultar bienes con los que hacer efectivas las deudas tributarias, vaciando su patrimonio. Por otro lado, que la menor, representada legalmente por su padre, con la aceptación de la donación estaba colaborando de manera consciente y voluntaria en la ocultación de esos bienes. Por ese motivo, concluyó que existía responsabilidad solidaria de la niña, representada en el mundo jurídico por su padre que era quien debía asumir las consecuencias de esa representación legal.

El Tribunal Supremo, por el contrario, concluye que no cabe trasladar la responsabilidad solidaria de los artículos 131.5.a) Ley General Tributaria de 1963 y su correlativo 42.2.a) de la Ley de 2003 a un menor de edad, a quien “le es ajeno, ontológicamente, el concepto de dolo, y también de culpa; o toda posibilidad legal de ser causante o colaborador en una ocultación de bienes ni de perseguir finalidad alguna de sustraer los bienes a su traba o ejecución”.

La Sala recuerda que la conducta habilitante de la responsabilidad solidaria de “…causar o colaborar en la ocultación o transmisión de bienes…con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria” no es compatible con el caso fortuito, el puro desconocimiento o el descuido, sino que se sigue requiriendo “una conducta maliciosa y, por tanto, conocedora y voluntaria, atributos que cabe negar, ex lege, a los menores que, como tales, carecen de capacidad de obrar. Además, aun si por hipótesis concurriera mera negligencia, tampoco le podría ser imputada al menor como fuente de responsabilidad subjetiva”.

En su sentencia, ponencia del magistrado Francisco Javier Navarro Sanchís, la Sala advierte que es consciente de que la conclusión alcanzada podría entenderse, indebidamente, como una especie de habilitación o nihil obstat a que se abriera una vía defraudatoria, utilizando para ello de forma indebida la doctrina establecida por la Sala. Por ello, subraya que en dicha doctrina no se efectúa juicio alguno, en un sentido o en otro, sobre la legalidad y eficacia de los negocios efectuados ni sobre la subsunción de los hechos acreditados en el supuesto de responsabilidad solidaria del artículo 131.5.a) LGT de 1963 y, con posterioridad, en el vigente 42.2.a) de la LGT de 2003. Y agrega que ese potencial peligro exista no permite interpretar las normas, en este caso de perfil sancionador, en un sentido amplio y corrector de su significado no sólo gramatical, sino lógico, sistemático y teleológico.

La doctrina jurisprudencial fijada es la siguiente:
1) No cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 131.5.a) de la LGT de 1963 -en la redacción aplicable al caso debatido-, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, a un menor de edad, en ningún caso, toda vez que en ambos supuestos, tipificados en tales normas, la actuación que se le imputa y por la que se le responsabiliza es la de ser causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, como presupuesto determinante de su responsabilidad solidaria, ya que el precepto comprende actividades, conductas e intenciones dolosas de las que un menor es, siempre, inimputable por ministerio de la ley, condición de la que deriva su inmunidad a las sanciones.
Esto es, no cabe trasladar o extender la responsabilidad fiscal a un menor cuando el negocio jurídico en virtud del cual se pretende la ocultación o transmisión -aquí, la donación de la nuda propiedad de un bien inmueble- se ha concluido por su representante legal, por cuenta de aquél, aunque adquiera éste en su patrimonio.

2) El dolo o intención que se exigen jurisprudencialmente para sustentar la posición de causante o colaborador en tal ocultación o transmisión -tanto en uno como en otro precepto sucesivamente reguladores de esta clase de responsabilidad solidaria en vía recaudatoria- no pueden ser atribuidos a quien, por ser menor, es legalmente inimputable, carece de capacidad de obrar y, por tanto, de concluir por propia voluntad negocios jurídicos, sin perjuicio de la titularidad que ostenta de derechos y obligaciones. Cabe añadir que la cesión de derechos reales sobre bienes inmuebles y la donación de estos (arts. 1280.1 y 633 C.C.) está sometida a la forma de la escritura pública, de suerte que es preciso, como requisito de validez -ad solemnitatem-, la intervención de un fedatario público, el notario, obligado por la ley y por el Reglamento Notarial a advertir a los contratantes de los vicios de que puedan estar aquejados los actos y negocios que celebren bajo la fe pública y autorizados por aquellos.

3) No cabe ahora que nos pronunciemos sobre la posibilidad de imputar, eventualmente, tales negocios jurídicos, mediante la atribución de la responsabilidad solidaria discutida, del artículo 131.5.a) de la LGT de 1963, en la redacción aplicable al caso debatido, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, al representante legal del menor, que actúa por cuenta de éste y en su representación, pues pese a los términos del auto de admisión, no se trata de una cuestión que derive de los hechos acreditados en autos ni sea precisa para resolver el recurso de casación planteado, al margen del interés casacional que, hipotéticamente, pudiera suscitar tal cuestión jurídica, debidamente manifestada, para formar doctrina general, si se aprecia en tal asunto el interés casacional objetivo necesario a tal fin jurisprudencial.

Ribera presenta el Plan MOVES III, que dará ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de vehículos eléctricos

lunes, 12 de abril de 2021

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Ribera presenta el Plan MOVES III, que dará ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de vehículos eléctricos

Viernes 9 de abril de 2021

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado la tercera edición del programa MOVES de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible.

Una línea con continuidad hasta finales de 2023 con un presupuesto de inicial de 400 millones de euros ampliables, al menos, a 800, cuadriplicando la dotación de la convocatoria anterior. Este presupuesto se podrá seguir reforzando en futuros ejercicios.

Este programa, dotado con los fondos Next Generation, constituye la primera línea de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de movilidad sostenible. «Hemos optado por arrancar con aquellas actuaciones de las que se puedan beneficiar las familias, las pymes, los autónomos y, en definitiva, el conjunto del tejido del país», ha explicado la vicepresidenta durante el acto de presentación del Plan MOVES III.

Según las estimaciones del MITECO, el programa puede contribuir con más de 2.900 millones de euros al PIB y generar más de 40.000 empleos a lo largo de toda la cadena de valor.

La vicepresidenta ha señalado la importancia de aprovechar la oportunidad para salir fortalecidos de esta crisis y «consolidar una España más sostenible, moderna, justa e inclusiva», y ha destacado que «es crucial acompasar las actuaciones impulsando la cadena de valor del sector de la automoción en nuestro país con la creación de empleo y de nuevos modelos de negocio».

Novedades del MOVES III

«MOVES III constituye la línea de apoyo a la movilidad eléctrica más ambiciosa que ha planteado nuestro país y permitirá y contribuirá a la reactivación económica a corto plazo, acompasando la necesaria transformación del modelo industrial de nuestro país con los objetivos económicos y ambientales», ha añadido la vicepresidenta.

El Plan MOVES III refuerza las convocatorias anteriores e incorpora el aprendizaje adquirido en las ediciones pasadas. Esta línea mejora las ayudas para infraestructura de recarga para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como para infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. Además, establece la obligatoriedad de que los puntos de recarga de acceso público apoyados por el MOVES III estén continuamente disponibles para el usuario y que sean accesibles de forma directa, sin necesidad de registro previo.

Esta nueva edición también refuerza las ayudas directas para particulares y autónomos. Con el objetivo de acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes, MOVES III subvenciona con un máximo de hasta 7.000 euros para la adquisición de un vehículo eléctrico y con hasta 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si el usuario achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad. En caso de que no se achatarre un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros.

Asimismo, la compra de furgonetas eléctricas se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de que el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga.

El achatarramiento de vehículos antiguos no solo es importante para reducir emisiones y mejorar la seguridad vial, sino que permite reforzar cadenas de valor en sectores como el aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, las gomas o los cauchos, contribuyendo a la economía circular.

Esta nueva edición de MOVES también incluye mayores cuantías a los autónomos (taxis y VTC) que compren un vehículo eléctrico que utilicen para trabajar, lo que permite ayudar a un sector clave de la economía española y favorece la sustitución de vehículos que realizan un elevado número de kilómetros.

Alineado con la agenda de Reto Demográfico, el programa MOVES III proporciona ayudas de un 10% adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de infraestructuras de recarga en estos territorios como para la compra de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en ellos. También dota con un 10% extra la ayuda que reciben las personas con movilidad reducida.

Particulares y autónomos podrán beneficiarse de las ayudas de la nueva convocatoria en la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga desde mañana, 10 de abril. MOVES II seguirá vigente hasta el término de las convocatorias, lo que permitirá evitar un periodo sin ayudas. Los usuarios podrán decidir a qué línea acogerse durante el tiempo en que ambas líneas coexistan.

Para ayudar al ciudadano a resolver sus dudas sobre el nuevo MOVES III y, especialmente, sobre a qué ayudas acogerse en el periodo de vigencia de ambas líneas, o sobre la documentación necesaria para ser beneficiario del nuevo programa, la web del MITECO publicará un documento elaborado junto con el el sector que dará respuesta a las preguntas y respuestas más frecuentes.

Transformación de la movilidad

El programa MOVES III estará coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. El criterio de reparto del presupuesto inicial (400 millones de euros) se ha consensuado con la Conferencia Sectorial de Energía, el órgano de coordinación entre el MITECO y las administraciones autonómicas en esta materia, y está basado en el Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Programas como el Plan MOVES contribuyen a aumentar la penetración del vehículo eléctrico en España para alcanzar el objetivo de 100.000 puntos de recarga y 250.000 vehículos eléctricos para 2023 marcado por el Gobierno en el contexto del Plan de Recuperación, lo que permitirá evitar más de 450.000 toneladas de CO2 y generar empleo y actividad a lo largo de toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica.

En la actualidad se fabrican en España más de una docena de turismos eléctricos, y es un país líder en fabricación de motocicletas eléctricas y de infraestructuras de recarga. Programas como el MOVES permiten acelerar la transformación hacia un modelo de velocidad sostenible gracias a la electrificación del transporte.

Marco normativo coherente

La transformación de la movilidad requiere actuaciones globales y coherentes que, acompañadas del desarrollo de un marco normativo estable junto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye tanto mecanismos de apoyo como reformas, nos va a permitir maximizar esta oportunidad histórica, donde la movilidad es fundamental.

Hoy se abre el periodo de audiencia e información pública del Real Decreto de puntos de recarga por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, así como de la orden que determina la información a remitir al MITECO y a las comunidades autónomas por parte de los prestadores de servicios.

Este Real Decreto regula las condiciones que deben cumplir los gestores de información de recarga y la remisión de información por parte de los prestadores de servicios de recarga energética. Toda la información que no sea confidencial será incorporada y publicada por MITECO en un geoportal que mostrará un mapa de puntos de recarga, lo que facilitará a los ciudadanos conocer la localización, características, precio y disponibilidad de los puntos de recarga de acceso público, aportando transparencia y claridad al mercado.

Toda la información relativa al periodo de audiencia ya está disponible. Las aportaciones podrán enviarse a la dirección bzn-puntosrecarga@miteco.es para el Real Decreto y a bzn-SGH@miteco.es para la orden ministerial hasta el 30 de abril de 2021.

Plan de recuperación

MOVES III es solo la primera de las líneas de intervención previstas en materia de movilidad limpia en el marco del Plan de Recuperación, que contará con actuaciones lideradas no solo por el MITECO, sino también por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Ambos departamentos trabajarán de forma conjunta en el impulso del cambio modal, la definición y la implementación de zonas de bajas emisiones en línea con la obligación incluida en la Ley de Cambio climático y Transición Energética -aprobada ayer por el Congreso- en municipios de más de 50.000 habitantes. Asimismo, MITMA llevará a cabo actuaciones para incentivar el transporte público y la movilidad a pie y en bicicleta en todo el territorio.

MITECO también colabora con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para reforzar la cadena de valor del vehículo eléctrico y la fabricación nacional, y con el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre nuevos desarrollos y sobre Investigación, Desarrollo e innovación.

Para contribuir al diseño de las líneas de Plan de Recuperación, el pasado mes de diciembre el MITECO lanzó una manifestación de interés sobre movilidad eléctrica a fin de identificar proyectos y nuevas líneas de actuación, gracias a la cual se han recibido propuestas que han permitido reforzar y mejorar la línea MOVES.

Además, de acuerdo con la información obtenida por estas expresiones de interés, en los próximos meses se desarrollarán varias convocatorias para proyectos singulares con un presupuesto de al menos 300 millones de euros. Estas convocatorias serán de gestión centralizada, abiertas, transparentes y en concurrencia competitiva, y permitirán seleccionar los mejores proyectos con unas condiciones claras de plazos de ejecución, conceptos subvencionables y requisitos administrativos.

Marzo registra una caída del paro y un fuerte aumento de la contratación indefinida por la campaña contra el fraude en la contratación

lunes, 12 de abril de 2021

Marzo registra una caída del paro y un fuerte aumento de la contratación indefinida por la campaña contra el fraude en la contratación

CCOO

La caída del paro el pasado mes de marzo, si bien es un dato positivo, no supone la recuperación del empleo. La campaña de Semana Santa, aunque el efecto favorable de la Semana Santa sobre la actividad y el empleo ha sido mucho menor debido a las restricciones que impone la pandemia, y la conversión de contratos temporales en indefinidos, que CCOO atribuye a la labor realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha permitido aflorar fraude en la contratación, explica el descenso del desempleo, ha señalado la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana. «A pesar del descenso, seguimos rozando los 4 millones de personas en desempleo, por lo que es imprescindible cerrar cuanto antes un acuerdo en la mesa de diálogo social sobre políticas activas de empleo», añadió.

06/04/2021.

Para CCOO, los datos laborales de marzo son buenos (la afiliación aumenta en casi 71 mil personas y el paro baja en 59 mil). La comparación interanual no es posible con los datos de marzo de 2020 porque entonces la explosión de la pandemia y el confinamiento obligatorio hundieron nuestro mercado laboral. Si la comparación la realizamos con meses de marzo anteriores, los datos son razonablemente positivos dadas las circunstancias: el paro cae más que en meses de marzo anteriores y el empleo aumenta aproximadamente la mitad que un mes de marzo, a pesar de que este año el efecto positivo de la semana santa sobre el empleo ha sido mucho menor dadas las restricciones y limitaciones a la actividad y la movilidad.

La población asalariada afectada por un ERTE se sitúa en 746 mil personas, tras haber bajado en el último mes en 114 mil personas, que en su inmensa mayoría se han reincorporado a su puesto de trabajo como evidencia el fuerte descenso del paro registrado. 4 de cada 5 personas incluidas en ERTE se han reincorporado ya a la actividad laboral y este mecanismo de ayuda pública ha permitido salvar por el momento 2,8 millones de empleos y a miles de empresas desde el inicio de la pandemia

Destaca igualmente el fuerte aumento de la contratación indefinida en marzo (+42%), un dato muy positivo aunque coyuntural que se explica por la campaña contra el fraude en la contratación del Ministerio de Trabajo y que se ha traducido en decenas de miles de conversiones de contratos temporales en indefinidos.

CCOO considera que sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes sociales desde el inicio de la pandemia el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores, en un mercado de trabajo que ya arrastraba profundos desequilibrios agravados durante la anterior recesión (paro, precariedad, brechas de género, desequilibrio relaciones laborales).

«A pesar del descenso producido este mes, seguimos rozando los 4 millones de personas en desempleo, por lo que para CCOO es imprescindible cerrar cuanto antes un acuerdo en la mesa de diálogo social sobre políticas activas de empleo», declaró Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO.

La Sanidad prescindió de 14.582 empleos en el primer trimestre del año

lunes, 12 de abril de 2021

La Sanidad prescindió de 14.582 empleos en el primer trimestre del año

  • Datos de la Seguridad Social: la Sanidad afronta las vacunaciones masivas destruyendo empleo
  • El Ministerio convocará este mes las mesas de negociación sobre temporalidad y empleo, tras la petición de CSIF

06 de Abril de 2021

El sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales destruyó un total de 14.582 empleos en el primer trimestre del año (-9.547 en enero, -1.778 empleos en febrero y -3.257 en marzo), según datos de la Seguridad Social extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Para CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, resulta indignante que se haya prescindido de efectivos durante tres meses consecutivos, de los peores meses de la pandemia, en los que se volvieron a disparar los contagios, la presión hospitalaria, con las UCI al límite y la segunda cifra más alta de fallecidos en lo que va de crisis sanitaria.

Además, estamos afrontando las vacunaciones masivas destruyendo empleo. CSIF ha denunciado la falta de transparencia de las administraciones y que el proceso se desarrolla de forma muy desigual: hay comunidades en donde se vacuna en centros de salud, pero también en palacios de exposiciones y congresos, aparcamientos, centros cívicos, mientras que en otras muchas no se están utilizando los medios de los centros hospitalarios.

Mientras tanto, la situación de la Atención Primaria sigue estancada y sumida en la precariedad en la atención. Al igual que se están destinando recursos de vacunación a los grandes espacios, la Atención Primaria debería recibir refuerzos.

Refuerzo de plantillas y temporalidad

En este sentido, tras las peticiones CSIF, el Ministerio de Sanidad nos ha informado que convocará las mesas técnicas de negociación sobre empleo y temporalidad este mismo mes de abril.

CSIF ha presentado un plan de refuerzo para el conjunto de las administraciones públicas para reforzarlas con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años. La Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea.

España cuenta con 3 camas de hospital por cada mil habitantes, frente a las 5 de la media UE o las 8 de Alemania, con lo que conlleva de personal. La sanidad tiene un problema de personal estructural, tanto de médicos como de Enfermería, de tal manera que se han tenido que adoptar medidas como la contratación de médicos extracomunitarios sin título homologado, estudiantes en el último año de grado o la movilidad forzosa.

El mes de marzo termina con 743.628 personas en ERTE

lunes, 12 de abril de 2021

Balance mensual

El mes de marzo termina con 743.628 personas en ERTE

Martes 6 de abril de 2021

A 31 de marzo de 2021, había 743.628 personas protegidas por ERTE, según los datos provisionales recogidos en la Seguridad Social. Estas cifras se mantienen más o menos estables desde el mes de septiembre, lo que indica que la segunda y tercera ola de la pandemia han tenido un efecto mucho menor que la primera en este sentido.

La Moncloa

Respecto al cierre de febrero, se ha producido un descenso de 115.913 personas si tenemos en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Según la fecha de notificación (ver nota al final de este documento), se ha producido un descenso de 155.755 personas.

De media en marzo, ha habido 779.562 personas en ERTE, de los que 555.080 eran de los RDL 30/2020, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por tanto, con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Respecto al momento más agudo de la crisis, en abril de 2020, se ha producido un descenso de 2,9 millones de personas en ERTE, según fecha de alta, y de 2,6 millones, según fecha de notificación. En ambos casos, suponen un descenso de casi el 80% respecto al momento más agudo de la pandemia de la COVID-19.

De las 743.628 personas en ERTE asociado a la COVID-19 al final de marzo, 528.098 -el 71% del total- lo están en algunas de las modalidades que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

En concreto, 54.250 personas están acogidas a ERTE de impedimento, otras 200.056 a ERTE de limitación y otras 273.792 a ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor. Los primeros han sido los que han registrado una mayor variación respecto al fin de febrero (-33,5%), debido al levantamiento de algunas restricciones administrativas.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 215.530 personas en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

Además de las 743.628 personas en ERTE al cierre del mes, 214.756 están suspendidas a tiempo parcial. En el mes de marzo se ha producido una mayor caída en los ERTE a tiempo completo (-14,75%) respecto al 28 de febrero que a tiempo parcial (-10,19%).

Concentración sectorial y geográfica

El número de trabajadores en ERTE supone el 5,19% de los afiliados del Régimen General (sin sistemas especiales) con una gran concentración sectorial. En términos absolutos, el mayor número de trabajadores acogidos a esta fórmula de protección, concretamente, corresponde a Servicios de comidas y bebidas con 243.595 personas, que suponen casi el 30% del total de los afiliados en este sector.

Los sectores con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son: Agencias de viajes, con el 60,5% de sus afiliados en esta situación; Servicios de alojamiento, con un 56,68% de sus afiliados bajo este instrumento de protección, y Actividades de juegos de azar (42,67%) y Transporte aéreo (42,14%).

Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (15,75% de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 12,5%, y Baleares, con un 10,6% de sus trabajadores en ERTE. Guadalajara es, por el contrario, la provincia que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 2,3% del total.

NOTA SOBRE PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE ERTE:

Dado que las fechas de solicitud del ERTE y la de sus efectos pueden ser distintas, hay una cierta disparidad entre la fecha de notificación -los datos comunicados hasta esa fecha- y la fecha en la que produce efectos -en alta- (por ejemplo, puede ser que una empresa comunique a la Tesorería el ERTE de su plantilla el 10 de diciembre, cuando éste tiene efectos ya desde el 20 de noviembre).

En aras de la transparencia, en el Excel adjunto se pueden consultar las series revisadas tanto de las personas en ERTE por su fecha de alta -una serie que requiere actualización diaria- como por la fecha de notificación para que se puedan realizar las comparaciones oportunas y en los próximos días se actualizarán también los Excel de los últimos meses con estas series revisadas.