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jueves, 1 de abril de 2021

Estado de Derecho: nuevo mecanismo para proteger el presupuesto y los valores de la UE

jueves, 1 de abril de 2021

Estado de Derecho: nuevo mecanismo para proteger el presupuesto y los valores de la UE

Parlamento Europeo

La UE ha aprobado nuevas medidas que permiten vincular el desembolso de los fondos europeos con el respeto al Estado de derecho por parte de los países miembros.

El Parlamento reclama reforzar el Estado de derecho a través de un nuevo mecanismo.

El Parlamento Europeo aprobó en el pleno del 16 de diciembre de 2020 un acuerdo, alcanzado junto al Consejo, por el que se establece un mecanismo que permitirá la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho en los países miembros.

La decisión de suspender los pagos la tomará el Consejo por mayoría cualificada según la propuesta de la Comisión.

Las nuevas reglas se aplican desde el 1 de enero de 2021. Polonia y Hungría llevaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este mecanismo alegando que la UE no tiene competencia para definir ese concepto ni para establecer las condiciones que evalúen su cumplimiento, pero esto no anula su aplicación.

Una resolución aprobada por la Eurocámara el 25 de marzo defiende que el mecanismo está en marcha y la Comisión tiene la obligación legal de defender los intereses financieros de la UE. Además, sostiene que el Parlamento está dispuesto a emprender acciones legales contra la Comisión si no cumple con sus obligaciones.

Los eurodiputados ya habían advertido en la sesión plenaria de octubre que los valores europeos estaban en peligro. También incidieron en que los fondos de la UE, procedentes tanto del presupuesto a largo plazo como del plan de recuperación aprobado para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, no deberían ponerse en manos de “quienes trabajan en contra de la democracia y los derechos fundamentales en Europa”.

Los eurodiputados reclamaron en una resolución aprobada el 7 de octubre de 2020 reforzar el Estado de derecho a través de un nuevo mecanismo y de la imposición de estrictas sanciones a aquellas naciones que violen este principio fundamental de la Unión Europea. Así, insistieron en que las instituciones comunitarias deben acordar reglas claras que vinculen el acceso a los fondos de la UE con el respeto al Estado de derecho.

“Un mecanismo que nunca puede activarse en la práctica debido a puertas traseras o procesos indecisos solo beneficia los intereses de aquellos que no desean que se tomen medidas”, aseveró el eurodiputado finlandés Petri Sarvamaa, del Grupo Popular Europeo.

¿Qué es el Estado de Derecho?

El Estado de derecho se recoge en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la UE. Significa que los Gobiernos deben estar sujetos a la ley, que no deben tomar decisiones arbitrarias y que los ciudadanos deben tener el derecho de impugnar sus actos en tribunales independientes.

Asimismo, consagra la lucha contra la corrupción, que favorece injustamente a unos en detrimento de otros. También protege la libertad de los medios de comunicación y asegura que el público esté debidamente informado sobre la acción del Gobierno.

El Estado de derecho es una preocupación que comparten todos los europeos. Acorde con la encuesta del Eurobarómetro de 2019, al menos el 85% de los ciudadanos de toda la UE considera “esencial” o “importante” cada uno de los diferentes aspectos del Estado de derecho. Otro sondeo, de octubre de 2020, destaca que el 77% de los europeos respalda la idea de conceder fondos de la UE a los Estados miembros bajo la condición de que el Gobierno del país respete el Estado de derecho y los principios democráticos.

Mecanismos existentes de la UE que protegen el Estado de derecho

La Unión Europea ya cuenta con herramientas a su disposición para proteger el Estado de derecho. Sin ir más lejos, la Comisión publicó el pasado 30 de septiembre el primer informe anual sobre el Estado de derecho, que supervisa la evolución tanto positiva como negativa del Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo ha estado observando a Rumanía y Bulgaria desde que se unieron a la UE en 2007.

Además, existe un diálogo abierto sobre el Estado de derecho en el Consejo Europeo. La actual presidencia alemana del Consejo celebró por primera vez debates específicos por país en noviembre, comenzando con cinco países de la UE.

En paralelo, si la Comisión tiene sospechas de que un Estado miembro está violando la ley de la UE, el órgano puede iniciar procedimientos de infracción que pueden dar lugar a sanciones financieras determinadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro procedimiento, en virtud del Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, permite al Consejo formular recomendaciones o decidir por unanimidad sobre las sanciones contra un Estado miembro, incluida la suspensión de los derechos de membresía.

Nuevas medidas

Sin embargo, los eurodiputados insistieron en que estas herramientas son insuficientes. Si bien hay audiencias en curso en el Consejo en virtud del Artículo 7 con respecto a Polonia y Hungría, el Parlamento lamentó la falta de avances significativos por parte de estos dos Estados miembros en solucionar los problemas relativos a esta cuestión.

En el debate celebrado el 5 de octubre de 2020, los europarlamentarios acogieron con satisfacción el informe anual sobre el Estado de derecho presentado por la Comisión, pero pidieron más medidas para reforzarlo. “La supervisión por sí sola no devolverá la independencia judicial en Polonia, ni salvará los medios independientes en Hungría”, apuntó el eurodiputado eslovaco Michal Šimečka, de Renew Europe.

El informe, elaborado por Šimečka, se aprobó el 7 de octubre, en el que pide un mecanismo que consolide los instrumentos existentes y establezca un Ciclo de Seguimiento Anual, con recomendaciones específicas para cada país, plazos y objetivos de implementación. Este ciclo debería servir como base para activar el Artículo 7 o suspender los fondos presupuestarios de un Estado miembro.

Protección de los intereses financieros de la UE

La corrupción o la falta de tribunales independientes pueden significar la falta de protección contra el uso indebido del dinero de la UE asignado a un Estado miembro. Por ello, la Comisión presentó una propuesta legislativa en 2018 que tiene como objetivo defender los intereses financieros de la UE si se detectan deficiencias en el Estado de derecho.

El Parlamento fijó su posición sobre la propuesta a principios de 2019. El documento estaba vinculado al resultado de las negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo de la UE y el Parlamento insistió en que un acuerdo sobre el presupuesto 2021-2027 solo era posible si había avances suficientes en esta legislación.

Los líderes de la UE acordaron en julio de 2020 introducir esa condicionalidad relativa al Estado de derecho. Es decir, hacer que la recepción de fondos de la UE dependa de su respeto por el mismo.

Acuerdo con el Consejo
Los ponentes del informe del Parlamento, el eurodiputado Petri Sarvamaa y la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal Rubial, comenzaron las negociaciones con el Consejo en octubre y llegaron a un acuerdo el 5 de noviembre de 2020.

Los negociadores del Parlamento lograron una interpretación más amplia de violación del Estado de derecho. Ésta permitirá la activación de la cláusula no solo cuando ésta ponga en riesgo la buena utilización de los fondos de la UE, como sucede con los casos de corrupción y fraude, sino que también cubrirá las infracciones sistémicas de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia del poder judicial, cuando las mismas afecten o corran el riesgo de afectar a la gestión de los fondos de la UE.

El acuerdo también protege a los destinatarios finales de los fondos, como las ONG, agricultores o estudiantes, que tendrán la posibilidad de presentar una queja a la Comisión a través de una plataforma web, que les ayudará a garantizar que reciban las cantidades debidas, incluso si sus Gobiernos no están actuando adecuadamente. «Para nosotros era fundamental que los beneficiarios no sean castigados por culpa de las malas acciones de sus Gobiernos y que siguieran recibiendo los fondos que les habían prometido», explicó Gardiazabal.

UGT exige una Ley Estatal de Vivienda que haga valer los derechos de la ciudadanía

jueves, 1 de abril de 2021

UGT exige una Ley Estatal de Vivienda que haga valer los derechos de la ciudadanía

28 marzo 2021

Con la vivienda no se especula

• UGT alerta que a partir del 9 de mayo decaerá la protección de las personas frente a los desahucios adoptada durante la pandemia.

• Advierte que la ONU ya condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada y digna.

• Al día han producido una media de 80 desahucios diarios en este país en 2020. Es intolerable y las medidas aprobadas por el Gobierno son insuficientes porque solo amparaban a personas afectadas por la crisis sanitaria, pero no resuelve el problema.

El RDL 37/2020, de 22 de diciembre, que introducía modificaciones que ampliaban la prohibición de ejecutar lanzamientos en un mayor número de hogares en situación de vulnerabilidad, tuvo un impacto positivo en el descenso de desahucios. Sin embargo, UGT alerta de que estas medidas caducan el 9 de mayo y reivindica que se apruebe una Ley Estatal de Vivienda con medidas que combatan este problema en todas sus perspectivas.

Para el sindicato es crucial limitar el precio máximo de los alquileres en zonas tensionadas para que no supongan más de un 30% de la renta media de los hogares. Esta regulación no es incompatible con el establecimiento de un parque público de viviendas y, de hecho, UGT urge a poner en marcha todos los instrumentos posibles para solucionar la emergencia habitacional. Sin embargo, denuncia que la opción de extender el programa de bonificaciones fiscales a propietarios supone una regresión, puesto que las arcas públicas dejarían de recaudar 1.039 millones anuales debido a que solamente un 6,8% de los propietarios se beneficiarían de las deducciones y a que la mayoría de ellos están ubicados en los tramos más altos de renta.

El sindicato recuerda que, junto a CCOO, ya había propuesto una Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda en febrero del año pasado. En ella se exponían medidas específicas para consolidar hasta 100 mil viviendas públicas de alquiler en un plazo de 4 años, contando con las pertenecientes a administraciones, empresas públicas o participadas por el sector público. Además, UGT incidía en que, para equipararnos la media europea, deberíamos contar al menos con 1 millón de viviendas públicas más.

UGT condena que, pese a haber expuesto esta realidad, las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial hayan estipulado una media de 80 desahucios diarios (29.406 en total) a lo largo del 2020. De ellos, 21.145 se produjeron por impago de alquiler y 6.915 por ejecuciones hipotecarias. Para el sindicato esto es intolerable en un estado democrático y, además, pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas aprobadas por el Gobierno, algo de lo que venía alertando desde la aprobación del primer Real Decreto-Ley el 31 de marzo. El sindicato también había criticado que las medidas estaban ignorando por completo las dificultades de muchos sectores de la ciudadanía que arrastraban problemas anteriores a la pandemia, pues solo amparaban a personas afectadas directamente por la crisis del COVID.

Desarticulado en Barcelona y Castellón un grupo criminal que cometía estafas haciéndose pasar por operarios de compañías eléctricas

jueves, 1 de abril de 2021

30/03/21

Desarticulado en Barcelona y Castellón un grupo criminal que cometía estafas haciéndose pasar por operarios de compañías eléctricas

Guardia Civil

Cincuenta y ocho personas detenidas y otras 12 investigadas, como presuntos responsables de haber cometido 167 estafas a nivel nacional, que les habrían reportado más de 220.000 euros de beneficio

Contaban con la infraestructura y conocimientos necesarios para hacer creer a las víctimas que habían contraído una deuda con su empresa eléctrica dado que habían trabajado como comerciales de diferentes compañías

Las supuestas deudas por facturas impagadas oscilaban entre los 300 y los 10.000 euros, en función del tipo de comercio al que querían estafar

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo conjuntamente una investigación que ha permitido desarticular a un grupo criminal asentado en las provincias de Barcelona y Castellón, dedicado a la comisión de estafas mediante el engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios (principalmente hostelería).

Para ello contaban con información privilegiada obtenida por los cabecillas de trama, toda vez que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de empresas luz y/o gas, o bien por estar en posesión de suficientes conocimientos técnicos sobre el sector.

Efectuaban llamadas a los comercios al facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, les convencían de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las compañías suministradoras contratadas.

Así, bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían el temor a sus víctimas, y ante un posible corte de luz que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que van a hacer uso de sus servicios, decidían hacer efectivos esos pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores.

La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, de zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias.

Un entramado personal y profesional para dar credibilidad a sus propósitos

El grupo había creado un entramado personal y profesional para dar cobertura al fraude, logrando estafar a numerosas víctimas mediante la persuasión para que ejecutasen pagos por las supuestas deudas contraídas con su distribuidora. Todo ello siempre bajo la amenaza inminente de que si no accedían a sus pretensiones les cortarían la luz con el consiguiente perjuicio económico que provocaría el no poder atender a sus clientes y poder echarse a perder las mercancías perecederas.

Una vez convencida la víctima de que la manera más rápida de evitar el corte de suministro era efectuar una transferencia bancaria, se le facilitaba un número de cuenta bancaria vinculado a la organización, así como las instrucciones para que efectuase lo más rápido posible el pago on-line.

Realizado el ingreso, los estafadores retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían los fondos a terceras cuentas de otros componentes de la organización, conocidos como mulas, y así lograban evitar que el dinero no fuera bloqueado o reembolsado al pagador.

Con el objetivo de dilatar la reacción de las víctimas se efectuaban las llamadas en fin de semana, cuando los comercios están en periodo de máxima afluencia, consiguiendo retrasar que las víctimas efectuasen gestiones para verificar si dicha deuda era verídica.

Los cabecillas de la trama estaban en posesión de datos reales de clientes, por su vinculación laboral como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras. Estos conocimientos les permitían dar un alto valor de credibilidad a sus palabras que lograban convencer a las víctimas.

Un fraude superior a los doscientos mil euros

A lo largo de la investigación se ha podido determinar que unas 167 personas han sido víctimas de las estafas del grupo investigado, ascendiendo el valor total de lo defraudado a más de 220.000 euros, si bien el número de afectados podría ser mucho mayor al no haberse concluido las investigaciones.

Durante el periodo afectado por el COVID 19, el grupo modificó el destino de las llamadas con motivo del efecto de las restricciones para la apertura de los comercios, y así se detectaron numerosas llamadas a negocios de primera necesidad, tales como panaderías.

Equipo Conjunto de Investigación Guardia Civil- Policía Nacional

El desarrollo de la investigación fue obstaculizado por la dispersión de las víctimas a lo largo del territorio nacional, lo que dificultaba la recopilación de datos y denuncias toda vez que abarcaban zonas con diferente competencia de investigación policial.

Por todo ello se creó un Equipo Conjunto de Investigación integrado por los Grupos de Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de Barcelona, competentes en investigación tecnológica con el fin de aunar esfuerzos y que permitió a la postre desmantelar a este grupo criminal.

Se ha procedido a la detención de un total de 58 personas, y otras 12 figuran como investigadas, entre cabecillas y colaboradores, todos ellos vecinos de las provincias de Barcelona y Castellón, por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Del mismo modo se han practicado un total de cinco entradas y registros en los domicilios de los máximos responsables de la organización, que a su vez pudieron al descubierto en uno de ellos la existencia de una plantación de marihuana.

El Defensor del Pueblo pide una solución para que no se penalicen fiscalmente los errores de cobro en ERTES en la próxima campaña de renta

jueves, 1 de abril de 2021

El Defensor del Pueblo pide una solución para que no se penalicen fiscalmente los errores de cobro en ERTES en la próxima campaña de renta

18/03/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Agencia Tributaria (AEAT) para conocer las medidas que se aplicarán para evitar que los errores que acumula el SEPE con los abonos a trabajadores en ERTE supongan una penalización fiscal para estos ciudadanos en la próxima campaña de Renta 2020.

En un escrito enviado a ambos organismos, la Institución pide coordinación, recuerda que disponen de recursos técnicos y administrativos al servicio del procedimiento y señala que se podría reducir el impacto del problema mediante un volcado automático de datos entre las dos entidades.

Asimismo, el Defensor apunta que cuando se produce un cobro indebido porque en algún momento el contribuyente ha cobrado una prestación (o subsidio) sin tener derecho, se debería incluir en la declaración del IRPF (si está obligado a presentarla) del período en que resulten exigibles esas cantidades y una vez devueltas, solicitar a la AEAT la rectificación de la autoliquidación.

La Institución recalca que hay que tener en cuenta que se trata de actuaciones y procedimientos llevados a cabo por medios electrónicos por el SEPE que se han realizado a través de soporte informático y en los que no ha habido actuación de los ciudadanos.

Situación excepcional

El volumen de pagos efectuados por el SEPE superó el año pasado los 14.000 millones de euros solo en ERTE. Si en un principio los abonos llegaron a bloquearse produciendo retrasos de meses, más tarde se produjeron pagos en exceso que el organismo, ya sobrecargado, debe reclamar.

Así las cosas, los afectados por ERTE que hubieran cobrado del SEPE ingresos superiores a los que les correspondería y que no han regularizado su situación con el organismo antes del pasado 31 de diciembre se encuentran en una situación excepcional, ya que lo cobrado de más y no devuelto al SEPE debe ser incluido en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ejercicio 2020. Hay que recordar que el periodo impositivo del IRPF coincide con el año natural y acumula las rentas imputables al contribuyente en el mismo.

Por ello, la cercanía de la campaña de la renta, que se inicia el 7 de abril, y el hecho de que los datos fiscales que incorpora la AEAT son los anteriores al 31 de diciembre puede suponer un problema para numerosos contribuyentes.

Productos de doble uso: ¿qué son y a qué se debe la nueva normativa?

jueves, 1 de abril de 2021

Productos de doble uso: ¿qué son y a qué se debe la nueva normativa?

Parlamento Europeo

La UE trabaja en las nuevas normas sobre el control de las exportaciones de los productos de doble uso para evitar que se utilicen indebidamente e interfieran en los derechos humanos.

Productos de doble uso: ¿qué son y a qué se debe la nueva normativa?

Productos de doble uso: ¿qué son y a qué se debe la nueva normativa?

¿Qué son los productos de doble uso?

Se trata de productos, desde drones a sustancias químicas, creados para destinarse a fines civiles, pero que, si llegan a manos equivocadas, podrían utilizarse como instrumentos de tortura, para provocar ataques terroristas o violar los derechos humanos.

Aunque pueden mejorar la vida de las personas, también pueden usarse indebidamente. Los régimenes autoritarios los utilizan para tener a la población bajo control, mientras que los terriristas lo hacen para perpetrar atentados.

¿Por qué se necesitan nuevas normas?

La UE quiere normas estrictas de exportación de los productos de doble uso que impidan que estos se vendan a personas u organizaciones que quieran hacer un mal uso de ellos y violen los derechos humanos.

La reforma de la normativa existente tendrá en cuenta los avances tecnológicos, como los productos de cibervigilancia, y reforzará la protección de los derechos humanos.

¿Cuáles son los próximos pasos?


El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre las nuevas normas, pero deben aprobarlas oficialmente antes de que puedan entrar en vigor.

Los eurodiputados debatirán y votarán la normativa el 25 de marzo.

Descubra más sobre cómo la política comercial de la UE promueve los derechos humanos.