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domingo, 4 de abril de 2021

La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior al reingreso de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid

domingo, 4 de abril de 2021

Miércoles, 31 de marzo de 2021

La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior al reingreso de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid

En una sentencia, el magistrado Celestino Salgado estima el recurso contra la Resolución del ministro del Interior de 28 de julio de 2020 por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 24 de mayo que dispuso el cese de Pérez de los Cobos

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid) y ha condenado al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto.

En una sentencia, el magistrado Celestino Salgado estima el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la Resolución del ministro del Interior de 28 de julio de 2020 por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 24 de mayo que dispuso el cese de Pérez de los Cobos.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado explica que se motivó por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento, todo ello en el marco de la investigación judicial por el 8 M abierta en el juzgado 51 de Madrid, que había impuesto a Pérez de los Cobos el deber de reserva.

“Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada a la UOPJ, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, indica el magistrado.

“No constando -añade- en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal.”

Ejercicio desviado de la potestad discrecional

En su sentencia, el magistrado señala que estamos “ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo -propuesta de cese y resolución del recurso de alzada-, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales”.

“Es cierto que la decisión de cesar al Coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por -repetimos una vez más-no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva tanto la UOPJ como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos”.

Es por ello, subraya, “que hemos concluido que aquella motivación es ilegal”.

Para el magistrado, la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad, sino que, por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad.

“El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. Es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales está sujeto al control jurisdiccional en los términos expuestos”, concluye.

“La propuesta de bonificación fiscal para bajar los alquileres de viviendas es injusta e ineficaz”

domingo, 4 de abril de 2021

“La propuesta de bonificación fiscal para bajar los alquileres de viviendas es injusta e ineficaz”

Para CCOO la propuesta del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana es contraria a la equidad fiscal e ineficaz para rebajar el alquiler de las viviendas. Solo la creación de una mesa de negociación con los agentes sociales serviría para avanzar en una solución con garantías y se cumpliría el mandato europeo sobre inversiones y reformas que conforman el Plan de Recuperación y Resiliencia.

22/03/2021.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) no ha sido capaz de confeccionar, por el momento, una propuesta potente, integral y coherente para abordar un asunto tan complejo e importante como es garantizar el derecho de acceso a la vivienda. La propuesta del Ministerio es contraria a la equidad fiscal e ineficaz para el fin de rebajar el alquiler de las viviendas, y su aplicación no evitaría que los alquileres siguieran subiendo.

La creación de una mesa de negociación con los agentes sociales -que hasta la fecha el MITMA ha despreciado-, serviría para avanzar en una solución sólida que, además, daría cumplimiento al mandato europeo de diálogo sobre las inversiones y reformas que conforman el Plan de Recuperación y Resiliencia español, que incluye el programa de vivienda.

Es una propuesta injusta

La AIReF ha señalado que la exención del 60% de los rendimientos del alquiler de vivienda para uso habitual es regresiva y beneficia a los que más tienen. Los propietarios dejan de contribuir por 1.039 millones de euros anuales a las arcas públicas como resultado de esta exención. Esta cifra millonaria se resta de la financiación que podría ir a sanidad, educación, protección social o al parque público de vivienda en alquiler asequible y solo beneficia a un pequeño grupo de declarantes (6,8% del total), principalmente de rentas altas.

Es una propuesta ineficaz

La propuesta del MITMA no evitará que los alquileres puedan seguir subiendo. De hecho, incrementar el alquiler un 10% en una zona tensionada sigue siendo más rentable para la mayoría de propietarios que rebajarlo un 10%, como se explica en el informe anexo. La propuesta de reducir los alquileres financiando la rebaja con dinero del contribuyente es una política corrompida. La única política fiscal honrada y eficaz para recortar los alquileres es la del incentivo a los que alquilan por debajo de un precio máximo de referencia establecido en relación a la renta de los hogares que alquilan sin sobrepasar el 30% de esfuerzo, y eliminar cualquier exención para los alquileres que se sitúen por encima.

Una propuesta justa, eficaz y coherente

CCOO ha propuesto, junto a UGT, en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda presentada hace un año, un paquete de medidas completo y coherente (a corto y a largo plazo) con el fin de convertir la vivienda en una infraestructura pública más y posibilitar así el acceso a una vivienda digna y asequible a todas las personas. A corto plazo hay que aumentar la intervención en el mercado del alquiler y limitar los precios máximos hasta que más a largo plazo se pueda consolidar un amplio parque público de alquiler.

La reserva hídrica española se encuentra al 63,3 por ciento de su capacidad

domingo, 4 de abril de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 63,3 por ciento de su capacidad

Martes 30 de marzo de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 63,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 35.378 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 499 hectómetros cúbicos (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 89,0%
•Cantábrico Occidental al 77,8%
•Miño-Sil al 80,1%
•Galicia Costa al 76,2%
•Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
•Duero al 81,7%
•Tajo al 71,2%
•Guadiana al 41,5%
•Tinto, Odiel y Piedras al 81,7%
•Guadalete-Barbate al 47,3%
•Guadalquivir al 42,2%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,4%
•Segura al 42,5%
•Júcar al 60,3%
•Ebro al 79,5%
•Cuencas internas de Cataluña al 88,2%

Las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife con 4,6 mm (4,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Hacienda comunica el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones en ayudas directas a pymes y autónomos

domingo, 4 de abril de 2021

Medidas de lucha contra la pandemia

Hacienda comunica el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones en ayudas directas a pymes y autónomos

Viernes 26 de marzo de 2021

Autónoma durante su jornada laboral

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Orden Ministerial de Hacienda que establece el reparto entre las comunidades autónomas (CCAA) y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas.

Esta línea de ayudas está prevista en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia.

El Real Decreto-ley prevé que se efectúen las correspondientes transferencias a cada ente territorial con cargo a dos créditos extraordinarios. Uno, por importe de 5.000 millones de euros, con destino a las comunidades autónomas -con la excepción de Baleares y Canarias- y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Y el segundo, dotado con 2.000 millones de euros, para los dos archipiélagos, que han sufrido un impacto económico superior por la pandemia, dada su especial dependencia del sector turístico.

Estos créditos deben repartirse sobre la base de los indicadores recogidos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley, que se concretan en la orden ministerial que se publica hoy en el BOE.

Los criterios para el reparto

Los recursos del primer compartimento de 5.000 millones de euros se reparten entre las comunidades autónomas -menos Baleares y Canarias- y Ceuta y Melilla atendiendo a los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU, solo que actualizados a la fecha de publicación del Real Decreto-ley.

•Dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada comunidad autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. El indicador de renta de cada comunidad y ciudad es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.

•Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.

•Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.

En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros reservado para las comunidades de Baleares y Canarias, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.

Distribución de los dos compartimentos de las Líneas Covid

A partir de estos indicadores y cálculos, el reparto del primer compartimento de la Línea Covid, el destinado a todas las comunidades autónomas salvo los dos archipiélagos y a las dos Ciudades Autónomas, queda como sigue:

Por su parte, el compartimento de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas correspondiente a Baleares y Canarias se distribuye tal como establece la siguiente tabla:

El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a cada comunidad autónoma y a las Ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada uno de estos territorios. Aunque los entes territoriales también podrán solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2021, la Línea Covid se configura como una dotación de carácter presupuestario, cuyo objeto es la canalización de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. Esa misma norma contempla también una línea destinada a la reestructuración de deuda financiera dotada con 3.000 millones de euros. Y además un fondo de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 de 1.000 millones de euros.

Con esta medida el Gobierno muestra de nuevo su compromiso con el tejido productivo español, especialmente con las pymes y los autónomos. Esta iniciativa se suma otras decisiones adoptadas para proteger directamente a estos colectivos como la prestación por cese de actividad para los autónomos o las exoneraciones de las cotizaciones sociales. Además de la línea de crédito del ICO de 100.000 millones de euros que garantiza la liquidez de pymes y autónomos.

Posteriormente, se dictará otra Orden Ministerial en la que se especificarán cuestiones técnicas que resultan necesarias para el desarrollo de las ayudas previstas en el Título I del Real Decreto-ley.

El Defensor del Pueblo considera constitucionales los cambios en el impuesto de patrimonio incluidos en los PGE 2021

domingo, 4 de abril de 2021

El Defensor del Pueblo considera constitucionales los cambios en el impuesto de patrimonio incluidos en los PGE 2021

26/03/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021, que introduce cambios en el artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio.

Las modificaciones introducidas en los PGE, de acuerdo con lo que han defendido las entidades que solicitaban la interposición de un recurso, otorgan un carácter indefinido al impuesto de patrimonio y elevan su tipo marginal máximo del 2,5% al 3,5%. Según sostienen los solicitantes del recurso, ello vulneraría el límite establecido por el artículo 31 de la Constitución que impide la confiscatoriedad y exige la justicia del sistema fiscal.

Sin embargo, la institución ha llegado a la conclusión de que la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional solicitado por varias organizaciones empresariales no cuenta con el fundamento constitucional suficiente para que pueda prosperar.

En opinión del Defensor, este impuesto ya es un tributo de vigencia indefinida y su modulación, que puede llegar a la supresión práctica del gravamen mediante la bonificación de la totalidad de la cuota, está en manos de las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la confiscatoriedad del tributo, y frente al argumento expuesto por los solicitantes del recurso de que la mera titularidad de unos bienes y derechos no revela por sí misma la capacidad económica y que lo que realmente grava el impuesto de patrimonio es la renta, la Institución cree que “lo que se somete a gravamen es el hecho de ser titular de un patrimonio que supere cierta entidad, con independencia de los rendimientos que dicho patrimonio genere”.

En este sentido, el Defensor recuerda que cualquier impuesto -como por ejemplo los que gravan el consumo- se abona con el producto económico a disposición del obligado tributario y, aunque dicho producto económico esté sujeto al IRPF en la inmensa mayoría de los casos, ello “no es suficiente para entender que lo que se está produciendo es un gravamen de la renta”.

De hecho, “el propio Tribunal Constitucional ha afirmado que los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio someten a tributación diferentes manifestaciones de la capacidad contributiva (STC 295/2006, FJ 2) sin apreciar problema alguno a este respecto”, ahonda el Defensor.

La Institución tampoco comparte el argumento de que pueda aplicarse al impuesto de patrimonio la reciente jurisprudencia constitucional que señala que un tributo puede resultar individualmente confiscatorio cuando lo que se somete a gravamen es una riqueza irreal, inexistente o ficticia, tal y como ha ocurrido en determinados supuestos, como el del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) comúnmente llamado “plusvalía”.

Para el Defensor, dicho planteamiento no tiene en cuenta dos cuestiones: la primera es que en el caso del IIVTNU, la inconstitucionalidad se vincula al hecho de que se estaría tributando por una renta que implica en algunos casos considerar como incremento de riqueza lo que no lo es, mientras que en el impuesto de patrimonio dicha capacidad económica existe, con carácter real o potencial, y está vinculada a la titularidad de un bien o derecho que es susceptible de tráfico económico. Y la segunda, es que el impuesto sobre el patrimonio permite acogerse a limitaciones de la cuota si se hace un uso más productivo de los recursos.

Reflexión sobre el sistema tributario y la financiación autonómica

Por otra parte, y aunque no vea indicios de inconstitucionalidad en la reforma de la Ley del impuesto de patrimonio, el Defensor del Pueblo sí cree necesario hacer una reflexión de futuro sobre la coherencia y equilibrio del sistema tributario y el encaje de este tributo en el conjunto del sistema de financiación de las administraciones públicas.

En opinión de la Institución, hay que evitar adoptar “soluciones parciales en un contexto en que las incertidumbres económicas y sociales derivadas de la pandemia que estamos padeciendo aconsejan afrontar cambios de calado en los modelos productivos que, de manera inevitable, habrán de tener su reflejo en el sistema impositivo”.

Al mismo tiempo, considera que “hacer pivotar la tributación exclusivamente sobre la renta supondría en la práctica incrementar el esfuerzo fiscal de las rentas del trabajo y constituiría una prima a las rentas más altas y con mayor capacidad de ahorro”, a juicio de la Institución.

No obstante ello no debería impedir, en opinión del Defensor del Pueblo, que futuras reformas legislativas “fruto del debate social e institucional, realicen ajustes en el impuesto sobre el patrimonio o sobre otras figuras impositivas, que mejoren la coherencia de conjunto del sistema tributario”.