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lunes, 5 de abril de 2021

Radiografía del mercado de vivienda 2020 de un año de pandemia

lunes, 5 de abril de 2021

Radiografía del mercado de vivienda 2020 de un año de pandemia

25/03/2021 | Registradores

Las condiciones de pandemia que se han atravesado el último año hace especialmente relevante la información contenida en la estadística Registral Inmobiliaria 2020.Ha sido un año en el que comenzamos con una crisis sanitaria sin precedentes, que ha provocado importantes consecuencias económicas, con los correspondientes efectos sobre el mercado inmobiliario.

Como novedad destacada el anuario registral inmobiliario 2020 realiza desglose de información de compraventas de vivienda según nacionalidad, presentando resultados de las nacionalidades cabeceras en la compra de vivienda por extranjeros a nivel provincial. Asimismo, hemos incorporado importantes aspectos que han cambiado en el actual contexto social y sanitario, y que son objeto de análisis igualmente en los Informes trimestrales de coyuntura de la ERI, como son la distinción de peso de compraventas de vivienda unifamiliar y colectiva (pisos), así como la evolución del peso de compraventas en las capitales de provincia con respecto a la provincia.

Compraventas extranjeras

Las restricciones de movilidad derivadas de la crisis sanitaria han provocado una mayor intensidad en el descenso que se venía observando durante los últimos años en el peso los extranjeros en las compras de vivienda. En 2020 el 11,3% de las compras de vivienda han correspondido a extranjeros, frente al 12,6% de 2019, alcanzando las 47.500 operaciones, frente a las 63.000 operaciones de 2019.

Las comunidades autónomas con mayores pesos de compra por extranjeros, coinciden nuevamente con las de gran actividad turística, encabezada por Baleares, con el 29,6%, seguida de Comunidad Valenciana (23,3%) Canarias (22,8%), y Murcia (18,5%).

El 7,0% del total de compras de vivienda realizadas por extranjeros presentaron un importe igual o superior a los 500.000 euros (6,1% en 2019). El 34,3% de estas compras correspondieron a nacionalidades no comunitarias, frente al 36,1% de 2019.

Nacionalidad extranjera mayoritaria por provincia – vivienda 2020

Compraventa en 2020

El número de compraventas de vivienda registradas en 2020 ha presentado un resultado acorde con el contexto sanitario y económico, disminuyendo un 16,7% con respecto a 2019, habiendo registrado 419.898 compraventas. La vivienda usada, con 335.869 compraventas, descendió el 18,7% anual, mientras que la vivienda nueva, con 84.029 operaciones, experimentó un descenso menor, el 7,3%.

Estos datos forman parte del Anuario 2020 de la Estadística Registral Inmobiliaria, presentado por el Colegio de Registradores.

Los resultados de compraventas según su grado de protección, por CC.AA., muestran que la vivienda protegida solo superó el 3% del total en Navarra (4,6%), Asturias (3,6%) y País Vasco (3,5%), siendo incluso inferior al 1% del total de compraventas registradas en siete CC.AA.

Superficie de las viviendas compradas

En 2020, el confinamiento y la situación sanitaria han llevado a que los demandantes de vivienda busquen viviendas con mayor superficie. En este contexto, el 52,2% de las compraventas del último año han contado con una superficie superior a los 80 m², frente

al 50,5% de 2019. En el resto de tamaños analizados disminuyeron: los pisos con superficie entre 60 y 80 m² supusieron el 28,0%, los pisos con superficie entre 40 y 60 m² un 16,4% y los de superficie inferior a 40 m² un 3,4%.

Se analiza este año por primera vez la principal nacionalidad extranjera que compra viviendas en cada una de las diferentes provincias españolas (página 85 del anuario). Como resulta conocido, predominan los británicos en la mitad de las provincias andaluzas, así como en Murcia y Alicante. Los alemanes predominan en Baleares. Los italianos son los extranjeros mayoritarios en las provincias de Canarias y en La Coruña. Si el análisis se centra en el número de provincias donde predomina una nacionalidad concreta, los rumanos son los extranjeros más compradores en muchas provincias de la España interior y también en las del Norte. Los marroquíes, como es esperable, son mayoritarios entre los extranjeros en varias provincias de Andalucía y Extremadura, además de otras del norte de España.

Período medio de posesión de la vivienda

Analizando la utilización de la vivienda transmitida como bien de inversión para compra/venta o residencial, a través del tiempo medio de posesión de sus propietarios cuando la vendieron, un año más, continuó el constante incremento del período medio de posesión, llegando a 15 años y 9 meses en 2020, máximo de la serie histórica, con un incremento del 4,2% con respecto a 2019. Desde el mínimo histórico de 2009, 7 años y 4 meses, el período medio de posesión de las viviendas transmitidas se ha duplicado ampliamente.

Hipotecas

En 2020 se han constituido mediante su inscripción registral 339.794 hipotecas sobre vivienda, con un descenso del 5,8% sobre el año anterior. Supusieron casi la cuarta parte de las concedidas para vivienda en 2006 (1.316.262) y, en cambio, fueron el 71% más elevadas que las producidas en el mínimo histórico registrado el año 2013 (199.098).

El mayor descenso se produjo en Castilla La Mancha (-14,2%), seguido de la Comunidad de Madrid (-11,7) y Canarias (-11,5%). Por el contrario, aumentan más en Asturias (7,1%), Extremadura (6,6%) y Aragón (5,1%).

El 5,5% de las Hipotecas constituidas sobre vivienda han sido formalizadas por extranjeros, cerca de las 19.000 hipotecas, por debajo de las 23.000 de 2019. El peso de los extranjeros en las hipotecas concedidas en las CC.AA. fue mayor en Cataluña (23,0%), la Comunidad Valenciana (19,0%), Andalucía (17,2%) y la Comunidad de Madrid (13,0%).

La hipoteca media de los extranjeros en 2020 ha sido de 142.603 €, con un incremento del 6,3% sobre el año anterior, frente a la hipoteca media general, que fue de 131.935 euros, con un incremento del 3,8% sobre el año anterior.

El tipo medio de interés en 2020 ha sido del 2,2% y el plazo medio de contratación fue de 23 años y 11 meses. Con los datos anteriores, la cuota hipotecaria media para vivienda en 2020 fue de 591 euros, similar a 2019. El porcentaje medio de dicha cuota sobre el salario fue del 31% (0,6 p.p. de incremento sobre 2019). Por CC.AA. destacó la situación de Baleares (49,4%), seguida de Madrid (36,3%) y Cataluña (34,35).

Gobierno, sindicatos y empresas firman el Acuerdo para la Transición Justa que ampara a todas las centrales térmicas de carbón de España

lunes, 5 de abril de 2021

Gobierno, sindicatos y empresas firman el Acuerdo para la Transición Justa que ampara a todas las centrales térmicas de carbón de España

Miércoles 24 de marzo de 2021

La Moncloa

El ‘Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre’ recoge el compromiso de las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de CCOO Industria, Agustín Martín; el secretario General de UGT FICA, Pedro L. Hojas; el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, han participado hoy en el acto de adhesión del grupo energético EDP al «Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios», alcanzado el 17 de abril de 2020. Con la suma de esta compañía el acuerdo incorpora ya a todas las centrales térmicas de carbón de España, lo que le convierte en un pacto único en el mundo por el grado de consenso alcanzado.

Esta alianza recoge el compromiso de las partes para garantizar el empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas localizadas en Aragón, Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia. Los focos de actuación prioritaria del acuerdo son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial.

«Paraguas de compromiso con personas trabajadoras y territorios»

La vicepresidenta Ribera ha señalado la importancia de este avance: «El año pasado firmábamos este acuerdo con el que establecíamos un marco para una transición justa y nos comprometíamos con la gente y el territorio. Hoy hemos dado un paso más asegurando que todas las centrales térmicas estén dentro de este paraguas de compromiso con personas trabajadoras y territorios». Un acuerdo que se configura como «una propuesta sólida y coherente en el que todos tenemos un papel que desempeñar, sin dejar a nadie atrás. Un acuerdo único en el mundo que demuestra el compromiso del gobierno no solo con la descarbonización, sino con la protección de los más vulnerables y con el diálogo social».

Ribera ha recordado que la agenda de descarbonización y de transición energética avanza. Así, el Gobierno ha impulsado el Marco Estratégico de Energía y Clima, compuesto por la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021- 2030 y el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en su última fase de tramitación, entre otros.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que «en un tiempo de gran dificultad para gran parte de nuestra ciudadanía, este acuerdo recoge compromisos claros para apoyar a las personas trabajadoras y a los territorios, ya que ambas cuestiones van intrínsecamente de la mano».

«En diversas ocasiones – ha recordado Díaz- me he referido a la importancia del pacto territorial, junto al pacto social e intergeneracional, como líneas de acción sobre las que se debe fundamentar la recuperación y transformación de nuestro país. En este sentido, el mantenimiento del empleo en los territorios, y su dinamización económica e industrial, debe estar fuertemente vinculado al despliegue de proyectos de generación de energía y de riqueza, armonizados con el entorno», ha señalado la titular de Trabajo.

Compromisos de la Administración Central

En virtud del acuerdo suscrito el pasado 17 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social apoyan la elaboración de los Convenios de Transición Justa y se comprometen a llevar a cabo actuaciones para el mantenimiento del empleo a través de planes de formación e inserción laboral específicos y a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, tomando siempre en consideración las particularidades de cada territorio.

Desde la Administración, una de las principales iniciativas del acuerdo es la elaboración de un plan específico de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de personas trabajadoras -tanto de las centrales térmicas como de sus empresas auxiliares- que facilitará la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.

Este proyecto ha sido incluido para su financiación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se orquestará a través de un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto de Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del MITECO. La evolución de este plan se seguirá desde el registro activo de personas desempleadas vinculadas a la actividad de las centrales térmicas, que gestiona el ITJ, para facilitar su acceso a las ofertas de empleo que surjan del desmantelamiento de instalaciones y de las tareas de restauración ambiental.

En cuando a la generación de actividad económica alternativa en las zonas afectadas por cierres, los Convenios de Transición Justa se centrarán en captar las oportunidades que surjan en el ámbito de la transición ecológica teniendo en cuenta las características de cada territorio y favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a la producción.

Compromisos de empresas y sindicatos

Mediante el mencionado acuerdo, las empresas titulares de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para personas trabajadoras y territorios que incluye una propuesta de nuevas inversiones en las zonas relacionada con la generación de energías renovables y con otras oportunidades de negocio surgidas en el ámbito de su actividad.

El acuerdo también contempla el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares en las labores relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración ambiental y las futuras actividades productivas. Además, las empresas colaborarán a través de acciones específicas en la formación profesional de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad en las nuevas actividades.

Por su parte, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como de aquellos pactos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.

El déficit del Estado hasta febrero se sitúa en el 1,31% del PIB por el impacto de la COVID-19

lunes, 5 de abril de 2021

El déficit del Estado hasta febrero se sitúa en el 1,31% del PIB por el impacto de la COVID-19

Miércoles 31 de marzo de 2021

El Ministerio de Hacienda ha difundido los datos de déficit del Estado hasta el mes de febrero, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de enero en términos de contabilidad nacional.

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la situación derivada de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas y, en muchos casos, prorrogadas para atender la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

A la hora de comparar las cifras, hay que recordar que los datos registrados en enero y febrero de 2020 no estaban afectados por la COVID-19.

Déficit del Estado (Febrero)

Hasta febrero, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,31% del PIB. Este resultado se debe a un descenso de los ingresos no financieros del 12,9%, frente al incremento de los gastos que crecen un 5,0%.

Se debe tener en cuenta que en enero de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 al finalizar sus contratos de concesión. Esta operación no tuvo incidencia en el déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado. En concreto, afectó a la rúbrica de formación bruta de capital fijo. El impacto en los ingresos ascendió a 1.745 millones, como refleja el epígrafe de otras transferencias de capital.

Además, es importante destacar que la situación de pandemia internacional que empezó en el primer trimestre de 2020 tendrá previsiblemente un significativo impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021. Un impacto no solo provocado por la emergencia sanitaria, sino por las cuantiosas medidas que ha sido necesario adoptar y prolongar para paliar esta situación de emergencia.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros, que ascienden a 21.840 millones, han descendido un 12,9% respecto al mismo periodo de 2020, porcentaje que pasaría a ser del 6,4% al descontar en 2020 los 1.745 millones de la operación de reversión de autopistas mencionada.

Los ingresos impositivos, por importe de 19.131 millones, descienden un 7,1% respecto a febrero de 2020. Cabe destacar que los datos de hace un año no estaban afectados por la crisis derivada de la COVID-19.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 8,1%, de los cuales 9.804 millones corresponden al IVA, que baja un 5,9%. Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 5,5%. El IRPF presenta una recaudación a finales de febrero de 3.218 millones, con un descenso del 8,4% mientras que los recursos del Impuesto de Sociedades han aumentado un 57,8%, con 840 millones. Los ingresos de las cotizaciones sociales han ascendido a 1.063 millones, prácticamente los mismos que el año anterior.

En sentido positivo, los ingresos incluidos en rentas de la propiedad aumentan un 1,9% respecto a 2020 por los mayores ingresos por dividendos. Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios muestran un crecimiento del 6,6% pasando de 258 millones en 2020 a 275 millones en 2021.

En lo que respecta al resto de recursos no financieros, con 1.956 millones, estos disminuyen un 2,8%, descontada en 2020 la operación de reversión. Dentro de este apartado, las transferencias recibidas de otras administraciones públicas crecen un 7,6%, hasta los 1.638 millones. También descienden los ingresos por intereses un 1,4%.

Empleos no financieros del Estado

En los dos primeros meses del año los empleos no financieros han ascendido a 38.087 millones, cifra superior en un 5,0% a la de 2020. Si se descuentan de 2020 los 1.745 millones registrados en la formación bruta de capital fijo por la operación de reversión ya mencionada, los gastos habrían aumentado un 10,3%.

En cuanto al análisis de las rúbricas, hay que recordar la escasa relevancia de los datos de los dos primeros meses en el conjunto del año.

El aumento de los empleos en 1.822 millones se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes, que se incrementan en 2.555 millones hasta situarse en 22.268 millones.

Los Fondos de la Seguridad Social han recibido 4.528 millones, un 43,4% más que en febrero de 2020. Este aumento se debe al abono al SEPE de 794 millones correspondientes a las dos primeras mensualidades de la transferencia aprobada para financiar su presupuesto, sin equivalente el año anterior y a las mayores transferencias al Sistema por 577 millones, hasta un total transferido de 3.734 millones. De ellas, 503 millones van a financiar la prestación del Ingreso Mínimo Vital; 279 millones la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor; y 178 millones las reducciones en la cotización a la Seguridad Social, estas dos últimas en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020.

Las Comunidades Autónomas han recibido hasta febrero 845 millones más, hasta un total de 13.826 millones, principalmente por los anticipos a cuenta de los recursos del sistema, que superan en 733 millones los recibidos en 2020.

En segundo lugar, destaca el aumento de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB en 774 millones, hasta situarse en 3.704 millones.

En cuanto al resto de las rúbricas, los consumos intermedios han aumentado un 29,1% hasta 875 millones, entre los que se incluye el registro de 173 millones por la compra de vacunas. Los intereses devengados se han reducido un 8,1%, con un volumen de 3.445 millones.

La remuneración de asalariados crece un 2,5%. Las retribuciones salariales, con 2.245 millones, incorporan la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2,0% en 2020.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 4,3%, de las cuales las pensiones de Clases Pasivas, registran un incremento interanual del 4,9%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior.

Las transferencias corrientes diversas aumentan un 10,7% y la cooperación internacional corriente un 66%, con importes de 704 y 239 millones, respectivamente. Por último, la formación bruta de capital fijo ha sido de 734 millones, mientras que en 2020 la inversión ascendió a 2.461 millones. Descontando la operación de reversión mencionada, la inversión superaría en 18 millones la de 2020.

Déficit conjunto de la Administración central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (Enero)

Hasta enero de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, es de 8.139 millones, equivalente al 0,65% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras (12 millones en 2020 y 18 millones en 2021), el déficit se asciende al 0,66% del PIB en enero de 2021, con un incremento interanual de 0,11 puntos porcentuales de PIB.

Administración Central

El déficit de la Administración Central asciende a 7.205 millones a finales de enero de 2021, el 0,58% del PIB, lo que supone un descenso de 0,01 puntos porcentuales de PIB respecto al mismo periodo de 2020.
•El déficit del Estado en enero, en términos de PIB, equivale al 0,54%, alcanzando la cifra de 6.697 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de enero un déficit de 508 millones, frente al déficit de 651 millones de enero de 2020.
Comunidades Autónomas

Tabla de necesidad y capacidad de financiación de las Administraciones Públicas (enero 2020-2021)

Tabla de necesidad y capacidad de financiación de las Administraciones Públicas (enero 2020-2021)

Comunidades autónomas

La Administración regional registra un déficit en enero de 2021 de 1.365 millones. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 6,9% frente un crecimiento de los ingresos del 3,9%.

Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 24,5%, alcanzando la cifra de 656 millones, de los cuales ITP y AJD, crecen un 28,2% más. Los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se han situado en 3.909 millones, con una tasa positiva del 7,0%. Dentro de esta rúbrica se incluyen los ingresos procedentes del IRPF, que se han situado en 3.906 millones, de los cuales 3.822 millones se corresponden con las entregas a cuenta realizadas por el Estado, en aplicación de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Este importe refleja un crecimiento del 6,6% respecto a 2020.

Los ingresos por impuestos sobre el capital se situaron en 193 millones, lo que implica 110 millones más que en enero de 2020, importe que corresponde íntegramente a la recaudación derivada del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Las transferencias entre AAPP siguen la tendencia al alza de las anteriores rúbricas, subiendo un 1,3% hasta los 7.460 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado que han ascendido a 6.477 millones, 159 millones más, y que representan el 49,6% de los recursos del sector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 12,2%, de los cuales la retribución de las unidades que componen la sanidad ha crecido un 20,1% hasta los 2.794 millones, y del resto del subsector un 7,1%, hasta los 3.867 millones.

Los consumos intermedios se elevan un 5,9% hasta situarse en 2.673 millones. Destaca el ámbito de la sanidad, que crece un 10,0% hasta los 1.607 millones. Respecto a esta última tasa, las comunidades autónomas que más crecen son: Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia.

Las subvenciones ascienden hasta los 237 millones, 98 millones más que en 2020, debido al incremento de las ayudas al transporte.

Las transferencias sociales en especie aumentan un 0,8% hasta los 2.178 millones, debido a que el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria en un 12,2% hasta los 386 millones, y en conciertos educativos en un 3,3% hasta los 615 millones, se ha visto compensando con el descenso del 1,6% del gasto en farmacia hasta los 945 millones. Por último, la inversión se mantiene estable respecto a 2020, alcanzando los 986 millones.

Hay tres Comunidades Autónomas con superávit ya en el primer mes del ejercicio. Se trata de Asturias, Canarias y Galicia.

Tabla sobre capacidad y necesidad de financiación de las comunidades autónomas (enero 2020-2021)

Tabla sobre capacidad y necesidad de financiación de las comunidades autónomas (enero 2020-2021)

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 842 millones corresponden hasta enero a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19:]

Datos, por comunidades autónomas, del impacto asociado al coronavirus en enero de 2021

Datos, por comunidades autónomas, del impacto asociado al coronavirus en enero de 2021

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social hasta enero de 2021 registran un superávit de 431 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social asciende al 0,03%. Este resultado, es consecuencia del aumento del gasto en un 11,5%, frente al aumento de los ingresos un 3,9%

Cabe recordar que, desde el mes de marzo de 2020, las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social se encuentran afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 y afectan a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación. También se adoptaron medidas para los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada, o como la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la actividad.

El Sistema de Seguridad Social registra hasta enero de 2021 un superávit de 1.080 millones. Obtiene un aumento de los ingresos por cotizaciones del 4,5%, lo que supone 1,1 puntos porcentuales por debajo del aumento del 5,6% del gasto en prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 643 millones. Esta cifra es consecuencia del aumento del gasto en prestaciones sociales en 641 millones.

El FOGASA presenta un déficit de 6 millones, mientras que en 2020 obtuvo un superávit de 18 millones.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha se sitúa en 1.147 millo

La lenta reparación de las secuelas: El legado de la pandemia

lunes, 5 de abril de 2021

La lenta reparación de las secuelas: El legado de la pandemia

Fondo Monetario Internacional

Por Sonali Das y Philippe Wingender

Las recesiones causan estragos y los daños suelen ser duraderos. Las empresas cierran, el gasto de inversión se reduce y la gente sin trabajo puede perder sus aptitudes y la motivación a medida que los meses se alargan.

Pero la recesión provocada por la pandemia de COVID-19 no es una recesión común. En comparación con crisis internacionales anteriores, la contracción ha sido repentina y profunda; según los datos trimestrales, la reducción del producto mundial fue aproximadamente tres veces más que durante la crisis financiera mundial, y en la mitad de tiempo.

Hasta el momento, se ha evitado en gran medida la tensión financiera sistémica, asociada a daños económicos duraderos, gracias a las medidas de política económica sin precedentes que se han adoptado. Sin embargo, la senda de la recuperación sigue siendo un reto, en especial para los países con margen de maniobra fiscal limitado, y el impacto diferencial de la pandemia hace que sea más difícil.

Enseñanzas de la historia

El grado de recuperación dependerá de la persistencia de los daños económicos, o «secuelas», a mediano plazo. Estos daños variarán según el país, dependiendo de la trayectoria futura de la pandemia; la proporción de sectores de contacto intensivo; la capacidad de las empresas y los trabajadores para adaptarse, y la eficacia de las respuestas de política económica.

Estas incógnitas hacen difícil predecir el alcance de las secuelas, aunque sí pueden extraerse algunas enseñanzas de la historia. Las recesiones graves pasadas, en especial las profundas, se han asociado a pérdidas permanentes de producto derivadas de la caída de la productividad. Aunque la pandemia ha impulsado el aumento de la digitalización y la innovación en los procesos de producción y distribución —al menos en algunos países—, la reasignación de recursos necesaria para adaptarse a una nueva normalidad podría ser mayor que en recesiones anteriores, lo que afectaría al aumento de productividad en el futuro. Otro riesgo es el crecimiento, motivado por la pandemia, del poder de mercado de empresas dominantes, que se afianza cada vez más a medida que los competidores quiebran.

La productividad también se ha visto afectada por las perturbaciones que ha provocado la COVID-19 en las redes de producción. Los sectores de contacto intensivo, como actividades artísticas y espectáculos, alojamiento y restauración, y comercio mayorista y minorista, son menos esenciales para las redes de producción que, por ejemplo, el sector de la energía. Pero el análisis histórico muestra que incluso los shocks en estos sectores periféricos pueden amplificarse enormemente a través de los efectos secundarios en otros sectores. El cierre de restaurantes y bares, por ejemplo, puede afectar a las explotaciones agrarias y vinícolas, dando como resultado una menor demanda de tractores y otros equipos agrícolas. Así, aunque el impacto inicial de la pandemia se concentró en los sectores de servicios de contacto intensivo, dada la magnitud de la perturbación, se produjo una amplia desaceleración.

Implicaciones a mediano plazo

Pese a que el crecimiento es más alto del previsto en plena recuperación de la economía mundial del shock de la COVID-19, se proyecta que, en 2024, el producto mundial a mediano plazo sea aproximadamente un 3% menor de lo proyectado antes de la pandemia. Debido a que se ha preservado en gran medida la estabilidad financiera, se espera que las secuelas sean menores de lo vivido tras la crisis financiera mundial.

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido durante la crisis financiera mundial, se espera que las economías de mercados emergentes y en desarrollo tengan secuelas más profundas que las economías avanzadas, y que las pérdidas sean mayores entre los países de bajo ingreso.

Esta divergencia entre países es consecuencia de las distintas estructuras económicas y de la magnitud de las respuestas de política fiscal de los países. Debido a cómo se transmite el virus, se prevé que las economías más dependientes del turismo o con una proporción mayor de sectores de contacto intensivo, como son las islas del Pacífico y la región del Caribe, experimenten pérdidas más permanentes. Por ejemplo, se estima que, en 2024, el PIB de las islas del Pacífico sea un 10% menor de lo proyectado antes de la pandemia. Muchos de estos países también cuentan con una capacidad y un margen de maniobra de la política económica más limitados para poder incrementar la importante respuesta sanitaria y apoyar los medios de subsistencia.

En todos los países se han producido cierres generalizados de escuelas, pero los impactos adversos sobre el aprendizaje y la adquisición han sido mayores en los países de bajo ingreso. Las pérdidas resultantes de ingresos individuales a largo plazo y los daños a la productividad agregada podrían ser un legado central de la crisis de la COVID-19.

Políticas para limitar las secuelas

La experiencia de recesiones anteriores pone de relieve la importancia de evitar las dificultades financieras y garantizar políticas de apoyo eficaces hasta que la recuperación esté consolidada.

Los países tendrán que adaptar sus políticas a las diferentes etapas de la pandemia, con una combinación de apoyo mejor focalizado en las empresas y los hogares afectados, así como con inversión pública. A medida que la cobertura de la vacuna mejore y las limitaciones de suministro se reduzcan, estos esfuerzos deben centrarse en tres prioridades:

En primer lugar, revertir el retroceso en la acumulación de capital humano. Para hacer frente al aumento de la desigualdad que probablemente resulte de la pandemia, deben ampliarse las redes de protección social y asignarse recursos adecuados a la asistencia sanitaria y a la educación.
En segundo lugar, respaldar la productividad mediante políticas que faciliten la movilidad laboral y promuevan la competencia y la innovación.
En tercer lugar, impulsar la inversión en infraestructuras públicas, en especial en infraestructuras verdes, que contribuyan a atraer inversión privada.
Por último, es necesario fortalecer la cooperación internacional para abordar la cuestión de la creciente divergencia entre países. Es fundamental que las economías con limitaciones financieras tengan acceso adecuado a la liquidez internacional para el gasto en desarrollo. En el frente sanitario, esto significa también garantizar la producción adecuada y la distribución universal de vacunas —entre otras cosas, con financiamiento suficiente para la iniciativa COVAX — para ayudar a los países en desarrollo a hacer retroceder la pandemia y evitar secuelas aún peores.

La Guardia Civil interviene 64.800 plantas de cannabis en cinco plantaciones de cáñamo en Almería

lunes, 5 de abril de 2021

28/03/21

La Guardia Civil interviene 64.800 plantas de cannabis en cinco plantaciones de cáñamo en Almería

La operación Índalo50krampus se ha saldado con la detención de dos personas

Las fincas invernadas se han localizado en El Ejido (Almería), donde los guardias civiles han hallado dos plantaciones en avanzado estado de crecimiento y tres en proceso de secado

La Guardia Civil, en el marco de la operación Índalo50krampus, ha intervenido 64.800 plantas de cannabis en cinco fincas de El Ejido (Almería). Los dos responsables de estas plantaciones han sido detenidos como autores de un delito contra la salud pública.

El hallazgo se produjo durante una de las inspecciones que realiza la Guardia Civil para el control del cultivo de cáñamo industrial. Durante las inspecciones, los agentes localizan dos invernaderos con cultivos de cannabis en avanzado estado de crecimiento y otros tres, con las plantas ya cortadas y colgadas para su secado.

Este tipo de actuaciones conllevan un gran esfuerzo en el proceso de corte para su destrucción, debido al gran número de plantas que se intervienen.
El cultivo de cáñamo está permitido exclusivamente destinado a fines industriales, es decir, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas. También con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cuando se destina a fines científicos, médicos o de investigación.

Las diligencias instruidas son entregadas en el Juzgado en funciones de guardia de El Ejido (Almería), que ha decretado prisión para uno de los detenidos.

Para más información puede contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Almería, en el teléfono 680 411 337.