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martes, 6 de abril de 2021

Resolver las diferencias: Políticas laborales para una recuperación más justa

martes, 6 de abril de 2021

Resolver las diferencias: Políticas laborales para una recuperación más justa

Fondo Monetario Internacional

Por John Bluedorn

La destrucción de empleos causada por la pandemia de COVID-19 fue indefectible y veloz. Los efectos duraderos de la crisis en los trabajadores podrían ser igualmente penosos y desiguales.

Los jóvenes y los trabajadores menos cualificados fueron, en promedio, los más afectados. Las mujeres, especialmente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, también sufrieron el impacto. Muchos de esos trabajadores enfrentan pérdidas de ingresos y dificultades a la hora de buscar oportunidades de empleo. Aun después de que la pandemia se atenúe, los cambios estructurales de la economía a raíz del shock pueden significar que las opciones de empleo en ciertos sectores y ocupaciones se contraigan permanentemente y que aumenten en otros.

En nuestro último informe Perspectivas de la economía mundial analizamos cómo las políticas pueden atenuar los efectos severos y desiguales de la pandemia. Observamos que un programa de medidas destinadas a ayudar a los trabajadores a conservar su empleo mientras el shock pandémico está en curso, combinado con medidas que alienten la creación de puestos de trabajo y faciliten el ajuste a nuevos empleos y ocupaciones al menguar la pandemia, puede amortiguar considerablemente el impacto negativo y mejorar la recuperación del mercado de trabajo.

Se acelera la automatización

Los empleos que requieren un menor nivel de aptitudes y competencias y son más vulnerables a la automatización tendieron a sufrir más durante la recesión provocada por la pandemia. Aunque los impactos en determinados sectores fueron distintos de los registrados en recesiones anteriores, la pandemia ha acelerado tendencias preexistentes, reforzando una declinación del empleo en sectores y ocupaciones más vulnerables a la automatización.

Entre esos sectores que más se han contraído a raíz de la crisis están los hoteles y restaurantes (alojamiento y servicios de comida) y las tiendas mayoristas y minoristas (comercio). El distanciamiento social y los cambios conductuales inducidos por la pandemia intensificaron las caídas del empleo en estos sectores comúnmente observadas en desaceleraciones económicas anteriores. En cambio, los sectores de tecnología de la información y comunicación y de finanzas y seguros de hecho registraron un crecimiento del empleo el año pasado. Muchos de los sectores que más sufrieron el impacto —a menudo con menos empleos susceptibles al trabajo a distancia— tienden a emplear una proporción mayor de jóvenes, mujeres y personas menos cualificadas, lo cual contribuye a los efectos desiguales entre grupos de trabajadores.

Un retorno muy cuesta arriba

Los datos de anteriores recesiones indican que probablemente la pandemia inflija costos considerables en los desempleados, particularmente los menos cualificados. Tras rachas de desempleo, a menudo los trabajadores tienen que cambiar de ocupación para encontrar un nuevo puesto de trabajo, que suele estar menos remuneración. En promedio, los trabajadores desempleados que logran reinsertarse en una nueva ocupación deben afrontar una elevada penalidad salarial media que ronda el 15% en comparación con sus ingresos anteriores.

Los trabajadores menos cualificados sufren un triple golpe: tienen más probabilidad de estar empleados en sectores afectados más negativamente por la pandemia; tienen más probabilidad de perder el empleo en períodos de desaceleración económica; y, en el caso de los que logran encontrar un nuevo empleo, tienen más probabilidad de tener que cambiar de ocupación y sufrir una caída de sus ingresos.

Encontrar el equilibrio justo

Nuestro análisis muestra cómo las políticas adecuadas pueden ser herramientas sumamente potentes para reducir los daños y los impactos desiguales entre los trabajadores. De no adoptarse medidas que estimulen el mercado de trabajo (un escenario sin políticas), un shock económico provocado por una pandemia que golpea a las ocupaciones de forma asimétrica genera un enorme y rápido aumento del desempleo y un difícil y desgastante ajuste a medida que las condiciones económicas mejoren gradualmente.

Si la conservación de los puestos de trabajo y el apoyo a la reasignación de trabajadores son utilizados como parte de un programa, el golpe al desempleo es menos grave y los trabajadores y las empresas pueden ajustarse más rápidamente. Esa combinación de políticas de apoyo también beneficia en forma desproporcionada a los trabajadores menos cualificados, que tienden a sufrir más a causa del mayor impacto de la pandemia en los trabajos de contacto intensivo pero de menor productividad. Las medidas de conservación del empleo (como los planes de trabajo a corto plazo —como el programa Kurzarbeit de reducción de la jornada laboral en Alemania— y los subsidios salariales —como el nuevo Programa de Protección de Pago de Estados Unidos) contribuyen a preservar los empleos frente al shock inicial de la pandemia, cuando el distanciamiento social es elevado, y reducen el desempleo alrededor de 4½ puntos porcentuales por debajo del nivel que se habría registrado de no existir tal apoyo. Conforme cede la pandemia, las políticas de reasignación de trabajadores —como incentivos para crear nuevas empresas y contratar personal, asistencia para lograr una correspondencia entre las aptitudes de los trabajadores y los nuevos puestos de trabajo, y programas de (re)formación— pueden ayudar a facilitar el ajuste a los efectos más permanentes de la pandemia en la estructura del empleo. Para acelerar la recuperación también cabría focalizar algunas medidas de política en las poblaciones más afectadas (como los jóvenes).

Las autoridades deberán tener cuidadosamente en cuenta la trayectoria de la pandemia (incluidos el número de casos y de fallecimientos, el grado de las medidas de distanciamiento y la distribución de vacunas) a la hora de decidir si la economía puede soportar un cambio que implique pasar de las medidas que respalden principalmente los empleos existentes a otras que busquen facilitar la transición de los trabajadores a sectores y ocupaciones en crecimiento. Un equilibrio correcto de las políticas puede reducir los impactos desiguales de la pandemia entre los trabajadores y propiciar una recuperación más veloz del mercado de trabajo.

Basado en el capítulo 3 del informe WEO, “Recesiones y recuperaciones en los mercados de trabajo: Patrones, políticas y respuestas al shock de la COVID-19”, por John Bluedorn (jefe del equipo), Francesca Caselli, Wenjie Chen, Niels-Jakob Hansen, Jorge Mondragon, Ippei Shibata y Marina M. Tavares, con la colaboración de Youyou Huang, Christopher Johns y Cynthia Nyakeri.

El sector del comercio se enfrenta a 1.744 millones de euros anuales por los nuevos costes regulatorios

martes, 6 de abril de 2021

CEOE

El sector del comercio se enfrenta a 1.744 millones de euros anuales por los nuevos costes regulatorios
• De esa cifra, los nuevos costes soportados por el consumidor ascienden a 299 millones de euros y, el resto, 1.475 millones de euros, inciden directamente en las empresas del sector.

• Un total de 514 millones de euros corresponden a gastos por las medidas de seguridad frente al Covid-19 adoptadas por los comercios.

• Las nuevas cargas impositivas incorporadas a la legislación durante 2020 y 2021 suponen un coste sobrevenido para las empresas del sector comercial que asciende a 759 millones de euros anuales.

• El informe incluye entre otras recomendaciones evitar añadir al sector costes externos evitables que dañen su competitividad y afecten a su recuperación.

Madrid, 18 de marzo de 2021

Los nuevos costes de origen regulatorio que el comercio en España soporta anualmente ascienden a 1.774 millones de euros. De esta cantidad, 514 millones de euros corresponden a gastos directamente derivados de las medidas de seguridad implantadas en los comercios para luchar contra el Covid-19 y seguir prestando servicio con la máxima seguridad sanitaria para clientes y trabajadores, lo que permite abastecer a la población de todos los productos necesarios para su bienestar.

Estas cifras están recogidas en el informe sobre ‘Nuevos costes soportados por el sector comercial en España’ realizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE y presentado este miércoles en Junta Directiva.

El estudio cuantifica los principales costes de reciente aparición que soporta el sector comercial, tanto por parte de las empresas -muchos de ellos, fruto de nuevas regulaciones-, como por parte de los consumidores. Estos costes están teniendo un gran impacto en las cuentas de resultados de las compañías y de las economías familiares.

De hecho, 299 millones de euros son soportados directamente por los consumidores, que están asumiendo cargas impositivas cada vez más importantes, como por ejemplo el incremento del IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas, lo que provoca una contracción del consumo. A ellos se unen los 1.475 millones de euros que soportan directamente las empresas comerciales y que dificultan la necesaria recuperación económica de este sector.

Según el informe, cualquier establecimiento comercial en España está afectado por más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales. El informe incluye, entre otras recomendaciones, evitar añadir al sector costes externos evitables que dañen su competitividad y afecten a su recuperación tras la crisis del Covid‐19.

La metodología seguida para el estudio de cada coste que soporta el retail ha consistido en la recopilación de datos directos de las empresas del sector del comercio compilados por las asociaciones sectoriales, la información y estadísticas provenientes de fuentes oficiales estatales, así como de datos emitidos por fuentes sectoriales específicas.

El sector comercio supone el 13% del total de la economía española y se sitúa a la cabeza por número de empleos generados -el 17% del total de afiliados a la Seguridad Social-, lo que le convierte en uno de los principales motores económicos del país.

Durante el último año, la pandemia ha puesto de relieve que el comercio es un sector esencial que juega un papel de vital importancia para la sociedad en momentos de incertidumbre y de alta complejidad. En el caso concreto de España, el sector comercial ha demostrado una rápida capacidad de adaptación a una demanda urgente y sometida a rápidos cambios en condiciones extremas. La distribución ha contribuido, de esta forma, a dar tranquilidad a la población en momentos muy delicados, donde la toma de decisiones rápidas y drásticas ha sido una constante. Además, la actividad comercial garantiza el abastecimiento de bienes esenciales, fija la población del territorio, contribuye a la sostenibilidad medioambiental y despliega una amplia acción social.

La Bolsa negocia 35.154 millones de euros en marzo, un 28% más que el mes anterior

martes, 6 de abril de 2021

La Bolsa negocia 35.154 millones de euros en marzo, un 28% más que el mes anterior

•El número de negociaciones aumenta un 35,7% y se sitúa en 4,9 millones

•El volumen admitido en los mercados de Renta Fija se incrementa un 41,6% respecto a febrero

•La negociación en los contratos de Futuros sobre IBEX 35 aumentó un 12,1% respecto al mes anterior

La Bolsa española negoció en Renta Variable 35.153,8 millones de euros en marzo, un 28% más que en febrero y un 36,6% menos que en el mismo mes de 2020. El número de negociaciones fue de 4,9 millones, un 16,4% por encima del mes precedente y un 35,7% menor al dato recogido en marzo del año precedente.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,79%. La horquilla media durante marzo 2021 fue de 6,05 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 15,5% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 9,26 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 35,0% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en marzo en los mercados de Renta Fija alcanzó los 23.849,8 millones de euros, un 14,6% menos que en febrero y un 23,8% por debajo del mismo periodo de 2020. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron a 40.377,9 millones de euros, lo que implica un aumento del 41,6% en comparación con febrero y una bajada del 5,3% respecto al mismo mes del año anterior.

El saldo vivo se situó en 1,7 billones de euros, con un aumento del 1,4% en marzo y del 7,4% frente al mismo mes del año anterior.

En el mercado de Derivados Financieros, el volumen de negociación en Futuros sobre IBEX 35 aumentó un 12,1% respecto a febrero y en Futuros Mini IBEX, un 27,5%. Las Opciones sobre Acciones mantuvieron los niveles de actividad en marzo, mientras que la negociación en Opciones el índice aumentó un 31,9% y un 43,2% en comparación con febrero de 2021 y marzo de 2020, respectivamente. La contratación en Futuros sobre acciones se incrementó un 2.693,2% frente al mes precedente y fue un 4,6% superior al registrado en marzo 2020.

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 318,02 millones de euros

martes, 6 de abril de 2021

Ejecución presupuestaria a 28 de febrero de 2021

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 318,02 millones de euros

Miércoles 31 de marzo de 2021

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo, a 28 de febrero de 2021, de 318,02 millones de euros. Esta cifra es la diferencia entre derechos reconocidos por operaciones no financieras de 25.982,44 millones de euros, que registran un incremento del 2,67%, y obligaciones reconocidas de 25.664,42 millones, que crecen en un 7,68% interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,41 % corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,59% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,56% ha sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 11,44% por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 24.505,11 millones de euros, con un incremento del 2,48% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 7.43%, hasta alcanzar los 25.442,59 millones de euros.

Ingresos no financieros

Las cotizaciones sociales han ascendido a 21.429,03 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6% respecto a los ingresos del ejercicio 2020 (128,58 millones de euros más).

Las cuentas de la Seguridad Social continúan reflejando el impacto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Evidenciándose este hecho por el incremento interanual de los ingresos por cotizaciones de desempleados en un 14,53% (204 millones de euros más), mientras los ingresos por cotizaciones de ocupados descienden en un 0,38% (75,42 millones de euros menos).

La disminución en la cotización de ocupados se explica por las distintas medidas que el Gobierno puso en marcha el pasado ejercicio para hacer frente a la pandemia y que se mantienen durante este año, como las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores de empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con la COVID-19 o por impedimento o limitaciones de actividad que, hasta 31 de enero, han supuesto ingresar 178,73 millones de euros menos, así como las exoneraciones de cuotas de trabajadores autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias.

Las transferencias corrientes ascienden a 4.317,95 millones de euros, lo que representa un incremento del 15,34% interanual. La partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado que suma un total de 3.734,30 millones (un 18,29% más). Este incremento viene motivado por las transferencias recibidas para financiar el Ingreso Mínimo Vital y para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 por importe de 959,23 millones de euros, que en el ejercicio anterior aún no se habían aprobado.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 24.313,96 millones, un 7,82% más que en el mismo periodo de 2020. Esta cifra representa un 94,74% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 22.261,65 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 7,83% (1.616,05 millones de euros más).

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,47% hasta los 19.311,48 millones de euros.

Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,02%), en la elevación de la pensión media (2,29%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2021 (0,90%).

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total ha aumentado un 27,43% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.890,19 millones de euros. En concreto, el gasto en incapacidad temporal derivado de contingencias comunes ha sido de 1.375,56 millones de euros, un 4.46% más que un año antes. Por su parte, el gasto en incapacidad temporal derivado de las contingencias profesionales se ha incrementado un 21,07%, hasta situarse en 201,49 millones de euros y para los procesos derivados del COVID-19 el subsidio alcanza los 313,13 millones de euros.

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 369,20 millones, con un decremento interanual del 11,44%, siendo el 99,9% del gasto de naturaleza contributiva.

Merece especial atención, las prestaciones para autónomos cuyo gasto acumulado hasta 28 de febrero, ascienden a 604,17 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 2.052,31 millones de euros, un 7,70% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 1.345,6 millones, y a subsidios y otras prestaciones 706,71 millones.

Específicamente, a prestaciones familiares corresponden 446,34 millones de euros, con un decremento de un 16,09% respecto al mismo periodo del año anterior y el gasto destinado a la prestación del Ingreso Mínimo Vital se cifra en 224,57 millones de euros.

Por su parte, los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social experimentan un incremento global del 1,08% interanual hasta alcanzar 538,21 millones de euros.

La Audiencia Nacional investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender como crianza o reserva vinos sin cumplir el periodo de envejecimiento exigido

martes, 6 de abril de 2021

Lunes, 5 de abril de 2021

La Audiencia Nacional investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender como crianza o reserva vinos sin cumplir el periodo de envejecimiento exigido

Explica el juez que las personas jurídicas denunciadas vienen operando en el sector vinícola desde hace años, y el propio relato de hechos punibles sitúa a las mismas en una actividad empresarial importante y lícita, compaginándose la actividad legal con la delictiva

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella.

En un auto, el magistrado admite la denuncia por si los hechos fuera constitutivos de los delitos publicidad engañosa, estafa y falsedad documental, al tiempo que oficia a la UDEV y la UDEF para que practiquen diligencias con el fin de continuar con la investigación y poder conocer las ventas entre los años 2010 y 2019, ambos inclusive, que realizaron de vinos de DOP Valdepeñas las mercantiles investigadas, así como las categorías de esos vinos (crianza, reserva o gran reserva), y la cantidad de botellas, así como los precios de compraventa.

La denuncia se dirige concretamente contra Félix Solís S.L., Félix Solís Avantis S.A., y Félix Solís Yáñez en su condición de consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de ambas; J. García Carrión S.A., Grupo Vinartis S.A., y José García Carrión Jordán en su condición de administrador único; Bodegas Navarro López S.L. y Francisco Navarro López en su condición de administrador único, así como contra Bodegas Fernando Castro S.L., Fernando Castro Alcarazo y Fernando Castro Parrilla en su condición de administradores solidarios.

En este caso, explica el juez, las personas jurídicas denunciadas vienen operando en el sector vinícola desde hace años, y el propio relato de hechos punibles sitúa a las mismas en una actividad empresarial importante y lícita, compaginándose la actividad legal con la delictiva, «concretándose esta última en la puesta en el mercado de cantidades de vino con DOP Valdepeñas por encima de las declaradas al correspondiente Consejo Regulador, sin cumplir las condiciones de elaboración que tal denominación requiere y, por tanto, no respondiendo a la calidad dispuesta en el propio etiquetado del vino embotellado».

El auto detalla las prácticas supuestamente irregulares como, por ejemplo, cuando en el año 2018 Félix Solís S.L. y Félix Solís Avantis S.A. comercializaron 1.634.655 litros de vinos de crianza con denominación DOP Valdepeñas, cantidad superior a las ventas declaradas por Félix Solís S.A. a la Asociación Interprofesional de la DOP Valdepeñas, que ascendió a 1.161.910 litros. Esta diferencia de 472.745 litros, indica, no está amparada en la declaración realizada a la DOP Valdepeñas para su venta como crianza en el año 2018.

A su vez se verifica una diferencia de 614.968 litros de vino de crianza del año 2018 entre lo comprado por seis clientes y lo declarado por estas bodegas como vendido a dichos clientes con dicha calificación de crianza.
En el caso de García Carrión, relata que en el año 2018 el Grupo de Bodegas Vinartis S.A. y J. García Carrión S.A. verificaron unas ventas de 3.000.000 litros de vino gran reserva con denominación de origen protegida Valdepeñas, a un solo cliente. Dicha cantidad es superior al total de las ventas declaradas por la empresa Grupo de Bodegas Vinartis S.A. tanto a la autoridad administrativa inspectora (2.589.220 litros) como a la asociación interprofesional de la DOP Valdepeñas (2.120.119 litros). La diferencia entre la venta de este tipo de vino a un solo cliente asciende a 410.780 litros respecto a la venta total declarada a la inspección, y de 879.881 litros respecto de los amparados por la DOP Valdepeñas para su venta como gran reserva.

Respecto de Bodegas Navarro López S.L., la resolución afirma que se ha verificado una diferencia de 25.493 litros de vino de crianza del año 2018, con denominación DOP Valdepeñas entre lo comprado por cuatro clientes y lo declarado por la sociedad que ha vendido a dichos clientes con dicha calificación de crianza. Asimismo, se ha verificado que en el referido año esta Bodega comercializó 110.178 litros de vinos de reserva con denominación DOP Valdepeñas, cantidad superior a las ventas declaradas a la Asociación Interprofesional de la DOP Valdepeñas, que alcanzó la cifra de 93.152 litros.

Esta diferencia de 17.026 litros no está amparada en la declaración realizada a la Asociación Interprofesional de la DOP Valdepeñas para su venta como reserva en el año 2018. A su vez se ha constado una diferencia de 29.503 litros de vino tinto de reserva del año 2018 entre lo comprado por cuatro clientes y lo declarado por la sociedad que ha vendido a dichos clientes con dicha calificación de reserva.

Por último, en el caso de Bodegas Fernando Castro, los datos de ventas declaradas no coinciden con los datos registrados por los clientes. Concretamente, las ventas realizadas a Alcampo difieren en un 1.367,55% en los vinos de crianza, y en un 1.941,54% en los vinos de reserva; los vinos comercializados a Lili Ott S.L. difieren en un 420% en los vinos de reserva; los comercializados a Distribuciones Froiz S.A. difieren en un 21,50% en los vinos de crianza; y los comercializados a Victoriano Moldes Ruibal SA difieren en un 1,56% en los vinos de crianza y en un 66,74% en los vinos de reserva.

Delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental

En su auto, el juez Calama considera que todos estos hechos, de resultar finalmente ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores, concretamente el de publicidad engañosa tipificado en el art. 282 CP, que castiga a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.

La denuncia presentada, dice el juez, pone de manifiesto cómo las etiquetas de las botellas comercializadas indican que su contenido es vino de las características “reserva o gran reserva” y tal especificación es una información relevante y engañosa sobre las características del producto dirigida al consumidor, puesto que el contenido de tales botellas se ha elaborado sin haber respetado los tiempos de envejecimiento en barrica que señala el pliego de condiciones.

Tales hechos, apunta, vienen avalados por la existencia de los expedientes sancionadores de la Consejería de Agricultura acompañados a la denuncia, en relación con la investigación del órgano administrativo encargado de control de los vinos. «En efecto, el hecho de que las bodegas declaren a la administración autonómica una cantidad de vino vendida a los clientes y que estos declaren cantidades diferentes, muy superiores a los declarados por las bodegas, supone un indicio de falta de trazabilidad del vino, así como de irregularidades en la comercialización de los vinos de crianza, reserva o gran reserva por parte de las bodegas en cuestión».

Este tipo delictivo constituye un delito de peligro que se consuma por la utilización y puesta en el mercado de la oferta pública engañosa sin que sea necesario un resultado concreto. El legislador, consciente de esta postura, continúa explicando el instructor, hace compatible la existencia de la publicidad engañosa con otros delitos entre los que se encontraría una posible defraudación o estafa, prevista y penada en los arts. 148 y 149 CP, cuando las consecuencias perjudiciales fuesen exclusivamente económicas, como parece ser el supuesto objeto de denuncia.

Finalmente, estos hechos, en cuanto que el contenido de las etiquetas de las botellas comercializadas no se correspondería con las características del producto vendido, podrían ser constitutivas de un delito de falsedad documental, bien en su modalidad de documento oficial y/o mercantil (arts. 390 y 392 CP), como apunta el Ministerio Fiscal, o bien de falsedad de certificados (art. 399 CP), tal y como señala la STS 357/2004.