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viernes, 9 de abril de 2021

Un juez pide a la UE más protección frente a la usura

viernes, 9 de abril de 2021

Jueves, 8 de abril de 2021

Un juez pide a la UE más protección frente a la usura

El magistrado de Las Palmas Juan Avello plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la obligación al consumidor de pagar sus propias costas cuando la entidad crediticia opta por la satisfacción extraprocesal

Autor: Comunicación Poder Judicial

¿Compensa a un consumidor litigar contra una entidad que realiza prácticas usurarias si finalmente, aún ganando el pleito, hay que pagar los gastos del proceso? Esta es, en síntesis, la pregunta con la que un juez de Canarias pretende que Europa anule una norma española que, en apariencia, beneficia a las entidades crediticias que cobran intereses abusivos, cuando los clientes intentan acabar con esa usura y acuden en última instancia a la Justicia.

El Juzgado de Primera Instancia nº dos de Las Palmas de Gran Canaria ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial en referencia al artículo 22 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establece que en los litigios en los que se termine el pleito por satisfacción extraprocesal, por acuerdo entre las partes sin decisión final del Juzgado, el órgano judicial decretará la terminación del proceso “sin que proceda la condena en costas”.

El magistrado titular del órgano judicial de referencia, Juan Avello Formoso, ha decidido plantear esta cuestión prejudicial ante el TJUE, inédita hasta la fecha en España, al abordar el litigio iniciado por una consumidora de Las Palmas contra los supuestos abusos de una tarjeta de las denominadas revolving, una tarjeta de crédito de pago aplazado que establece unos intereses superiores al 20%, que el Tribunal Supremo español ya ha calificado en varias sentencias como “usurarios”.

La autoridad judicial ha paralizado el pleito para consultar con el TJUE al constatar que, en este caso, la entidad demandada había seguido la estrategia de solucionar el litigio por la vía de la satisfacción extraprocesal tras no contestar a varios requerimientos previos de la demandante, con lo que se ahorraba la condena al pago de las costas procesales, tomando como base el artículo 22 de la LEC.

Entiende el juez que esta norma española choca frontalmente contra la Directiva 93/13 de la Comunidad Europea, que reconoce al consumidor “el derecho de acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin aplicar”.

Coste excesivo

Considera Avello Formoso que es preciso que el TJUE determine “si la limitación que permite el derecho procesal estatal en relación a la no condena en costas en los casos de satisfacción extraprocesal es compatible con el principio de efectividad”, es decir, explica, “se trata de determinar si la norma, por sí misma [el artículo 22 de la LEC] hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio judicial de los derechos que el Derecho europeo concede a los consumidores, al suponer una limitación al consumidor cuyo derecho ha sido reconocido, que dicho consumidor debe asumir el coste económico del pleito provocado por una actuación anti jurídica del profesional”.

Subraya que esta aparente injusticia se hace más patente cuando, como sucede en el presente caso, el consumidor había planteado a la entidad crediticia requerimientos previos para que cesase en su actividad usuraria “sin que tales requerimientos fueran atendidos en su momento, en términos de tener que asumir las propias costas procesales, lo cual no parece razonable”.

La Directiva 93/13, recuerda el magistrado, reconoce al consumidor el derecho de acudir a un juez para que se declara el carácter abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin aplicar. “Pues bien”, concluye, “condicionar el resultado de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole a la concreta actuación procesal de la parte demandada, independientemente de la existencia de requerimientos previos efectuados por el consumidor y que no han sido atendidos, puede disuadir al consumidor de ejercer tal derecho, debido a los costes que implica una acción judicial”.

Con base en todo ello, el órgano judicial planta al TJUE la siguiente pregunta: “En las reclamaciones de los consumidores frente a cláusulas abusivas basadas en la directiva 93/13/CE y para el caso de que se produzca una satisfacción extraprocesal, el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone que los consumidores tienen que asumir las costas procesales sin tener en cuenta la actuación previa del profesional que no atendió los requerimientos previos. ¿Constituye esta regulación procesal española un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a un control judicial efectivo de carácter potencialmente abusivo de la cláusula contractual contraria al principio de efectividad y a los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13?”.

El Juzgado ha paralizado la tramitación del procedimiento que ha dado motivo a la elevación de esta cuestión prejudicial, y sólo lo resolverá tras recibir la respuesta del TJUE, cuya decisión tendrá consecuencias doctrinales de relevancia nacional.

Enfrentar los peligros de un apalancamiento creciente

viernes, 9 de abril de 2021

Enfrentar los peligros de un apalancamiento creciente

Fondo Monetario Internacional

Por Adolfo Barajas y Fabio Natalucci

El apalancamiento —la capacidad de endeudamiento— es un arma de doble filo. Puede estimular el crecimiento económico porque les permite a las empresas invertir en maquinaria para ampliar la escala de producción, o a las personas comprar casas y automóviles o invertir en educación. Durante una crisis económica, puede desempeñar un papel especialmente importante al tender un puente hacia la recuperación.

En los últimos tiempos, en medio de una fuerte contracción de la actividad económica causada por los confinamientos y las prácticas de distanciamiento social que se instituyeron durante la pandemia de COVID-19, las autoridades actuaron para que las empresas y los hogares pudieran seguir accediendo a los mercados de crédito y tomar préstamos para amortiguar la desaceleración. Muchas empresas lograron limitar el número de despidos. Y los hogares cortos de dinero pudieron seguir gastando en necesidades como alquiler, luz y gas, y comida.

Ahora bien, un nivel elevado o un aumento rápido de apalancamiento puede representar una vulnerabilidad financiera, dejando la economía más expuesta a una grave desaceleración de la actividad o una marcada corrección de los precios de los activos. De hecho, las crisis financieras estuvieron precedidas con frecuencia por rápidos aumentos del apalancamiento, denominados a menudo «booms crediticios».

Creciente apalancamiento, antes y durante la crisis de la COVID-19

El apalancamiento puede medirse como la relación entre el stock de deuda y el PIB, y constituye una aproximación de la capacidad de una economía para atender el servicio de la deuda. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, el apalancamiento del sector privado no financiero —que está integrado por hogares y empresas no financieras— iba en constante aumento en muchos países. En el período 2010–19, el apalancamiento del sector a nivel mundial subió de 138% a 152%, y el de las empresas alcanzó un máximo histórico de 91% del PIB. Las condiciones financieras laxas del período posterior a la crisis financiera mundial de 2008-09 fueron un determinante clave del aumento del apalancamiento.

Tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes, el endeudamiento se incrementó aún más como consecuencia de las políticas de respaldo desplegadas en respuesta al shock de la pandemia de COVID-19. Además, la contracción del producto que sufrieron muchos países contribuyó al aumento de la relación deuda/PIB, y el apalancamiento de las empresas aumentó 11 puntos porcentuales del PIB hasta el tercer trimestre de 2020 inclusive.

Un dilema para las políticas

Las autoridades enfrentan un dilema. Las políticas acomodaticias (recortes de la tasas de política monetaria en conjunción con expansión cuantitativa para recortar los costos de endeudamiento de empresas y hogares) y las condiciones financieras favorables resultantes han apuntalado el crecimiento, pero también han alimentado un alza del apalancamiento. Dicha alza, si bien es necesaria a corto plazo para proteger a la economía mundial del impacto devastador de la pandemia, puede representar una vulnerabilidad que luego pondría en peligro la estabilidad financiera en el futuro.

De hecho, nuestro último análisis arroja indicios de esa disyuntiva.

Las condiciones financieras laxas —cuando los inversionistas rebajan la valoración del riesgo crediticio— estimulan la actividad económica a corto plazo. A la vez, acarrea un costo. A mediano plazo —a los 7 u 8 trimestres—, el riesgo de que se produzca una fuerte desaceleración se agudiza. Esa disyuntiva es más pronunciada durante los booms crediticios. Es decir, a corto plazo el estímulo es mayor, pero a mediano plazo los riesgos a la baja también se acrecientan.

Para las autoridades, la cuestión es cómo evitar que la nueva recuperación corra peligro y, al mismo tiempo, que se produzca una acumulación excesiva de apalancamiento.

Las políticas macroprudenciales pueden ayudar

Nuestro análisis hace pensar que hay medidas que las autoridades pueden adoptar para resolver este dilema, al menos en parte. Las políticas macroprudenciales —por ejemplo, criterios más estrictos de habilitación de los prestatarios, aumento de la capitalización mínima, coeficientes de liquidez para los bancos— pueden aminorar la acumulación de apalancamiento en el sector no financiero.

El análisis muestra que el apalancamiento de los hogares disminuye cuando los países aprietan las herramientas que aplican a los prestatarios (por ejemplo, reduciendo la relación préstamo máximo/valor para los créditos hipotecarios). Cuando aplican regulaciones de liquidez más estrictas a los bancos (por ejemplo, incrementando el mínimo de activos líquidos que deben mantener en proporción al total de activos), el apalancamiento de las empresas baja. Y lo mismo ocurre cuando las autoridades de los mercados emergentes intensifican las restricciones de divisas bancarias (por ejemplo, limitando las posiciones abiertas en moneda extranjera).

Cabe señalar que una mayor restricción macroprudencial puede mitigar el riesgo a la baja para el crecimiento, disipando una disyuntiva crítica para las políticas. Además, si las autoridades relajan las condiciones financieras mediante la política monetaria pero simultáneamente aprietan las herramientas macroprudenciales, es posible contener mayormente los riesgos a la baja a mediano plazo para la actividad económica.

Cuándo actuar

En el contexto actual, no es sencillo trazar una trayectoria para el endurecimiento de las regulaciones macroprudenciales.

Muchos países están experimentando una incipiente recuperación y una restricción generalizada de las condiciones financieras podría obstaculizar el crecimiento. Con todo, los posibles rezagos entre la activación y el impacto de las herramientas macroprudenciales plantean la necesidad de actuar sin demora. Además, incluso en las economías más avanzadas, las herramientas macroprudenciales están dirigidas exclusivamente a los bancos, en tanto que el suministro de crédito se orienta cada vez más a las instituciones financieras no bancarias.

Estos factores representan una razón contundente para que las autoridades se apresuren a aplicar medidas macroprudenciales más restrictivas a fin de atacar los focos de elevada vulnerabilidad, evitando al mismo tiempo una restricción general de las condiciones financieras. Las autoridades también tendrán que crear urgentemente herramientas para hacer frente al apalancamiento más allá del sistema bancario.

UGT reivindica el papel del Diálogo Social en la distribución de los Fondos Europeos para la Reconstrucción

viernes, 9 de abril de 2021

UGT reivindica el papel del Diálogo Social en la distribución de los Fondos Europeos para la Reconstrucción

2 Abril 2021

Es el mecanismo idóneo para generar consensos y compromisos amplios

► El sindicato subraya que la condicionalidad establecida en esta ocasión por Europa para recibir los fondos evita, explícitamente, la imposición de una agenda de políticas concreta.

► Además, en lugar de medidas originadas en instancias opacas, esta vez son preferibles los mensajes que apelan a la solidaridad, la reducción de desigualdades y la fuerza del proyecto común.

► UGT advierte de que la UE no puede volver a cometer los errores del pasado sino quiere jugarse su credibilidad de nuevo.

La aprobación del programa “Next Generation Europe” (NGEU) en el verano de 2020, que pondrá a disposición de España hasta un total aproximado de 140.000 millones de euros en los próximos años, es un indudable éxito político para las instituciones europeas y constituye una marcada diferencia en la respuesta a esta crisis comparada con la aplicación de la austeridad y, en palabras de varios representantes de la UE, otros “errores del pasado” que caracterizaron la respuesta a la crisis de los años 2008 a 2013.

Sin embargo, es preciso entender que la liberación de estos fondos está sometida a cierta condicionalidad introducida como cesión de la Comisión a las posiciones de países como Holanda, Dinamarca o Austria, necesaria para lograr su aprobación. La forma en la que esta nueva condicionalidad va a instrumentarse se especificó el pasado 21 de enero de 2021 con la aprobación de la Regulación para el Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia (FRR).

Para la Unión General de Trabajadores esta condicionalidad en la distribución de los fondos, en sí, no es algo positivo, aunque en esta ocasión las instituciones europeas, persiguiendo “no cometer los errores del pasado” han dado forma a una condicionalidad diferente buscando requisitos más adaptables en términos económicos y políticos, y diseñados por parte de cada estado.

Sin embargo, sigue permaneciendo un proceso de negociación abierto entre Comisión y gobiernos en el que la vuelta a la imposición y la unilateralidad, como en la anterior crisis, podría producirse. Por ello, UGT ha elaborado un informe “La condicionalidad en los fondos Next generation Europe ¿Corrigiendo los errores del pasado?” que muestra las razones por las que esto no sería deseable, prefiriéndose acuerdos socialmente amplios y que apelen a la solidaridad, redistribución y esfuerzo compartido, como ha sido el caso de las medidas adoptadas en la crisis del COVID.

El sindicato considera que el objetivo de “no cometer los errores del pasado” no puede cumplirse a base de recomendar las mismas medidas que entonces. También que, en lugar de las medidas originadas en instancias opacas, sin atribución de autoría o responsabilidad e introducidas mediante presiones, son preferibles los mensajes que apelan a la solidaridad, la reducción de desigualdades y la fuerza del proyecto común.

En este sentido, reivindica que el diálogo social debe tener un papel protagonista, como mecanismo privilegiado para generar consensos amplios y compromisos que se aceptan voluntariamente y se refrendan de forma pública y transparente.

No cometer errores del pasado

UGT señala en el informe que ni la condicionalidad en sí, ni los programas generalmente aplicados bajo condicionalidad, han logrado hasta ahora resultados específicos y lo que es preciso es examinar de qué tipo de condicionalidad se está hablando y qué políticas concretas se aplican algo que también debe hacerse con las llamadas “reformas estructurales”, término difuso que se ha utilizado en los paquetes condicionados, y que han supuesto la aplicación sistemática de una determinada opción de política económica.

El sindicato recuerda que lo sucedido en la última crisis constituye un ejemplo de malas prácticas que no puede volver a repetirse ya que la condicionalidad aplicada por las instituciones comunitarias en 2010 y 2012 obligó a ajustes fiscales que fueron directamente responsables de la prolongación de la crisis, y que, combinados con aquellas reformas estructurales que afectaron al mercado laboral, a las pensiones y a los servicios públicos, condujeron a un empeoramiento de la situación económica y social en aquellos países donde se aplicó (entre ellos, España).

Además del contenido de las medidas, entonces se abundó el uso de canales opacos, presionando más allá del reparto competencial consagrado en las leyes, a espaldas de los parlamentos nacionales o de la UE, y todo ello generó un grado de desafección ciudadana con el proyecto europeo que supuso un caldo de cultivo propicio para el auge de movimientos políticos de populistas y de extrema derecha.

Diferencias en el mecanismo de condicionalidad

La condicionalidad adscrita a los fondos europeos Next Generation Europe es, en teoría, muy diferente puesto que desaparece, por el momento, el ajuste fiscal y la Comisión no impone un conjunto de medidas concretas, sino que estas son decididas por los estados miembros pasando de un sistema basado en los indicadores de desequilibrios macroeconómicos a otro basado en el Informe País, de base más amplia y cualitativa, dando como resultado unas Recomendaciones Específicas por País con orientaciones para la política económica.

Esta nueva orientación debería eliminar toda tentación de imponer un nuevo paquete de ajustes o reformas o, dicho de otro modo, las reformas concretas que se realicen en el sistema de pensiones para mejorar su sostenibilidad, o en el mercado laboral para reducir la temporalidad, son responsabilidad de los gobiernos nacionales, y desde Europa no puede imponerse ninguna medida o política específica para ello. La credibilidad de la Unión Europea vuelve a estar en juego, con el antecedente del descrédito acumulado de 2010 a 2013.

El sindicato entiende que el nuevo marco de condicionalidad del que se ha dotado a los Fondos Next Generation Europe no permite, como tal, la imposición desde las instituciones europeas de una agenda de políticas concreta, y en este sentido, la apelación por parte de los gobiernos a que “Bruselas exige” carece de fundamento literal, aunque pueda ejercer presión, en las negociaciones, para caminar en una u otra dirección, sobre todo si no encuentran una resistencia unánime dentro del Gobierno. De ahí la importancia de la participación de los interlocutores sociales en el diálogo social de los fondos estructurales.

Estado de situación del COVID-19

viernes, 9 de abril de 2021

Estado de situación del COVID-19

Jueves 8 de abril de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 08 de abril de 2021

Actualización nº 349. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 08.04.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 08.04.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las comunidades autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.336.637 casos confirmados de COVID-19 y 76.179 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción determina que compete a la Administración resolver sobre la concesión de Factorías Vulcano en el puerto de Vigo

viernes, 9 de abril de 2021

Martes, 6 de abril de 2021

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción determina que compete a la Administración resolver sobre la concesión de Factorías Vulcano en el puerto de Vigo

Según recoge la sentencia, la Administración requirió al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra para que declinase su jurisdicción, a fin de proseguir las actuaciones sobre la extinción de la concesión demanial en el puerto gallego

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha dictado sentencia en el conflicto entablado entre la Delegación del Gobierno en Galicia y el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra y ha declarado que corresponde a la Administración la potestad para tramitar y resolver el expediente para declarar la extinción de la concesión demanial en el puerto de Vigo otorgada por la Autoridad Portuaria de Vigo a la entidad mercantil Factorías Vulcano S.A.

Según recoge la sentencia, la Administración requirió al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra para que declinase su jurisdicción, a fin de proseguir las actuaciones sobre la extinción de la concesión demanial en el puerto de Vigo, que fue otorgada en su día por la Autoridad Portuaria de Vigo a favor de la concursada, la mercantil Factorías Vulcano S.A. Consideraba la Administración requirente, añade el tribunal, que las actuaciones del Juzgado, dirigidas a enajenar la concesión como elemento integrante de la unidad productiva de la mercantil concursada, menoscaban las de la Autoridad Portuaria de Vigo para proseguir y resolver el procedimiento por ella incoado respecto a la extinción de la concesión demanial a favor de Factorías Vulcano S.A., como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores 18/2011, y la consiguiente extinción de personalidad jurídica de Factorías Vulcano, S.A.

El tribunal de conflictos declara que la jurisdicción competente sobre la concesión demanial y su eventual extinción es la Administración que ha suscitado el conflicto, ya que la actuación del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra invade las potestades de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre gestión del dominio público portuario, así como su competencia para constatar y declarar la extinción ex lege de la concesión demanial en su día otorgada a Factorías Vulcano S.A, con los efectos que de ello se sigan.

Recuerda la sentencia que las concesiones sobre bienes de dominio público se regulan por su legislación específica, que en este caso no es la legislación concursal, como afirma el auto de 15 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en cuya argumentación se apoya el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra para rechazar el requerimiento de inhibición. “La ley especial aplicable al dominio público portuario en la fecha de otorgamiento de la concesión demanial a que se refiere el conflicto jurisdiccional, estaba constituida por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo, LPE) y la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, ambas derogadas por la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 21 de octubre de 2011”.

Añade que esa legislación específica, que es aplicable con independencia de que la entidad concesionaria se encuentre o no en situación de concurso de acreedores, atribuye de forma exclusiva a la Administración portuaria las competencias para constatar la extinción de la concesión.

En conclusión, destaca el tribunal, “no existe ningún elemento de interpretación gramatical, funcional o teleológica que permita sostener que el art. 146 bis de la Ley Concursal, actual art. 222 del Texto Refundido de la Ley Concursal, atribuya competencia alguna al juez del concurso sobre el régimen de la concesión demanial, ni que la situación de concurso de la concesionaria produzca un desplazamiento de las competencias de la Administración para resolver sobre la eventual extinción ex lege de la concesión por la disolución de la entidad mercantil concesionaria, como efecto impuesto legalmente por la apertura de la fase de liquidación del concurso, ex art. 145.3 de la Ley Concursal”.