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lunes, 12 de abril de 2021

El Tribunal Supremo fija que los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por colaboración en la ocultación de bienes

lunes, 12 de abril de 2021

Miércoles, 7 de abril de 2021

El Tribunal Supremo fija que los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por colaboración en la ocultación de bienes

La sentencia argumenta que no puede haber duda de que el menor, que carece de capacidad de obrar, “no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que no cabe exigir a un menor de edad responsabilidad solidaria ante Hacienda cuando la actuación que se le impute sea la de causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos realizada por su representante legal para impedir la actuación de la Administración tributaria.

La sentencia argumenta que no puede haber duda de que el menor, que carece de capacidad de obrar, “no puede colaborar (menos aún de manera consciente y voluntaria) en la ocultación de bienes, pues tales conceptos normativos -colaboración, causación, consciente, voluntaria, ocultación, transmisión, finalidad, maliciosa, etc., son privativos de quienes gozan de capacidad de obrar, entre quienes no se encuentran los menores de edad, bajo ningún concepto”.

Añade que el dolo o intención que exige jurisprudencialmente la citada imputación no puede atribuirse a quien, por ser menor de edad, es legalmente inimputable, aunque no se pronuncia en esta sentencia sobre la posibilidad de imputar dichos negocios jurídicos a su representante legal, que actúa en nombre de él.

El Supremo advierte, para quienes crean ver abierta con esta doctrina una vía defraudatoria, que la misma no prejuzga “la validez o la corrección de los negocios jurídicos efectuados, en tanto pudieran ser defraudatorios o celebrados en perjuicio de acreedores, ni priva a la Administración de las acciones que le incumben para rescindir civilmente el negocio jurídico o, en caso de que proceda, emprender la acción penal por alzamiento de bienes, precisamente frente a los criminalmente responsables, entre los que jamás podría encontrarse un menor de edad”.

La sentencia da la razón a una menor de edad, a quien su madre, que era administradora única de una sociedad, donó cuando la menor tenía 6 años de edad la nuda propiedad de la vivienda familiar en Cantabria. Según los hechos probados, la Administración tributaria realizó actuaciones por las deudas tributarias contraídas por la mercantil y declaró a la progenitora responsable subsidiaria de las mismas, por la cantidad de 477.249,70 euros. Posteriormente, inició un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria a la niña, por las deudas de su madre, que fue declarada responsable solidaria, como causante o colaboradora.

La Sala estima el recurso de casación planteado por la entonces menor de edad, representada por sus padres (hoy ya es mayor de edad), contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la responsabilidad solidaria de la niña fijada por Hacienda. La sentencia interpretó, por un lado, que la donación de la madre a la hija, pese a que había hermanos mayores, se realizó con el único objetivo de ocultar bienes con los que hacer efectivas las deudas tributarias, vaciando su patrimonio. Por otro lado, que la menor, representada legalmente por su padre, con la aceptación de la donación estaba colaborando de manera consciente y voluntaria en la ocultación de esos bienes. Por ese motivo, concluyó que existía responsabilidad solidaria de la niña, representada en el mundo jurídico por su padre que era quien debía asumir las consecuencias de esa representación legal.

El Tribunal Supremo, por el contrario, concluye que no cabe trasladar la responsabilidad solidaria de los artículos 131.5.a) Ley General Tributaria de 1963 y su correlativo 42.2.a) de la Ley de 2003 a un menor de edad, a quien “le es ajeno, ontológicamente, el concepto de dolo, y también de culpa; o toda posibilidad legal de ser causante o colaborador en una ocultación de bienes ni de perseguir finalidad alguna de sustraer los bienes a su traba o ejecución”.

La Sala recuerda que la conducta habilitante de la responsabilidad solidaria de “…causar o colaborar en la ocultación o transmisión de bienes…con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria” no es compatible con el caso fortuito, el puro desconocimiento o el descuido, sino que se sigue requiriendo “una conducta maliciosa y, por tanto, conocedora y voluntaria, atributos que cabe negar, ex lege, a los menores que, como tales, carecen de capacidad de obrar. Además, aun si por hipótesis concurriera mera negligencia, tampoco le podría ser imputada al menor como fuente de responsabilidad subjetiva”.

En su sentencia, ponencia del magistrado Francisco Javier Navarro Sanchís, la Sala advierte que es consciente de que la conclusión alcanzada podría entenderse, indebidamente, como una especie de habilitación o nihil obstat a que se abriera una vía defraudatoria, utilizando para ello de forma indebida la doctrina establecida por la Sala. Por ello, subraya que en dicha doctrina no se efectúa juicio alguno, en un sentido o en otro, sobre la legalidad y eficacia de los negocios efectuados ni sobre la subsunción de los hechos acreditados en el supuesto de responsabilidad solidaria del artículo 131.5.a) LGT de 1963 y, con posterioridad, en el vigente 42.2.a) de la LGT de 2003. Y agrega que ese potencial peligro exista no permite interpretar las normas, en este caso de perfil sancionador, en un sentido amplio y corrector de su significado no sólo gramatical, sino lógico, sistemático y teleológico.

La doctrina jurisprudencial fijada es la siguiente:
1) No cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 131.5.a) de la LGT de 1963 -en la redacción aplicable al caso debatido-, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, a un menor de edad, en ningún caso, toda vez que en ambos supuestos, tipificados en tales normas, la actuación que se le imputa y por la que se le responsabiliza es la de ser causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, como presupuesto determinante de su responsabilidad solidaria, ya que el precepto comprende actividades, conductas e intenciones dolosas de las que un menor es, siempre, inimputable por ministerio de la ley, condición de la que deriva su inmunidad a las sanciones.
Esto es, no cabe trasladar o extender la responsabilidad fiscal a un menor cuando el negocio jurídico en virtud del cual se pretende la ocultación o transmisión -aquí, la donación de la nuda propiedad de un bien inmueble- se ha concluido por su representante legal, por cuenta de aquél, aunque adquiera éste en su patrimonio.

2) El dolo o intención que se exigen jurisprudencialmente para sustentar la posición de causante o colaborador en tal ocultación o transmisión -tanto en uno como en otro precepto sucesivamente reguladores de esta clase de responsabilidad solidaria en vía recaudatoria- no pueden ser atribuidos a quien, por ser menor, es legalmente inimputable, carece de capacidad de obrar y, por tanto, de concluir por propia voluntad negocios jurídicos, sin perjuicio de la titularidad que ostenta de derechos y obligaciones. Cabe añadir que la cesión de derechos reales sobre bienes inmuebles y la donación de estos (arts. 1280.1 y 633 C.C.) está sometida a la forma de la escritura pública, de suerte que es preciso, como requisito de validez -ad solemnitatem-, la intervención de un fedatario público, el notario, obligado por la ley y por el Reglamento Notarial a advertir a los contratantes de los vicios de que puedan estar aquejados los actos y negocios que celebren bajo la fe pública y autorizados por aquellos.

3) No cabe ahora que nos pronunciemos sobre la posibilidad de imputar, eventualmente, tales negocios jurídicos, mediante la atribución de la responsabilidad solidaria discutida, del artículo 131.5.a) de la LGT de 1963, en la redacción aplicable al caso debatido, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, al representante legal del menor, que actúa por cuenta de éste y en su representación, pues pese a los términos del auto de admisión, no se trata de una cuestión que derive de los hechos acreditados en autos ni sea precisa para resolver el recurso de casación planteado, al margen del interés casacional que, hipotéticamente, pudiera suscitar tal cuestión jurídica, debidamente manifestada, para formar doctrina general, si se aprecia en tal asunto el interés casacional objetivo necesario a tal fin jurisprudencial.

Ribera presenta el Plan MOVES III, que dará ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de vehículos eléctricos

lunes, 12 de abril de 2021

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Ribera presenta el Plan MOVES III, que dará ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de vehículos eléctricos

Viernes 9 de abril de 2021

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado la tercera edición del programa MOVES de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible.

Una línea con continuidad hasta finales de 2023 con un presupuesto de inicial de 400 millones de euros ampliables, al menos, a 800, cuadriplicando la dotación de la convocatoria anterior. Este presupuesto se podrá seguir reforzando en futuros ejercicios.

Este programa, dotado con los fondos Next Generation, constituye la primera línea de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de movilidad sostenible. «Hemos optado por arrancar con aquellas actuaciones de las que se puedan beneficiar las familias, las pymes, los autónomos y, en definitiva, el conjunto del tejido del país», ha explicado la vicepresidenta durante el acto de presentación del Plan MOVES III.

Según las estimaciones del MITECO, el programa puede contribuir con más de 2.900 millones de euros al PIB y generar más de 40.000 empleos a lo largo de toda la cadena de valor.

La vicepresidenta ha señalado la importancia de aprovechar la oportunidad para salir fortalecidos de esta crisis y «consolidar una España más sostenible, moderna, justa e inclusiva», y ha destacado que «es crucial acompasar las actuaciones impulsando la cadena de valor del sector de la automoción en nuestro país con la creación de empleo y de nuevos modelos de negocio».

Novedades del MOVES III

«MOVES III constituye la línea de apoyo a la movilidad eléctrica más ambiciosa que ha planteado nuestro país y permitirá y contribuirá a la reactivación económica a corto plazo, acompasando la necesaria transformación del modelo industrial de nuestro país con los objetivos económicos y ambientales», ha añadido la vicepresidenta.

El Plan MOVES III refuerza las convocatorias anteriores e incorpora el aprendizaje adquirido en las ediciones pasadas. Esta línea mejora las ayudas para infraestructura de recarga para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como para infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. Además, establece la obligatoriedad de que los puntos de recarga de acceso público apoyados por el MOVES III estén continuamente disponibles para el usuario y que sean accesibles de forma directa, sin necesidad de registro previo.

Esta nueva edición también refuerza las ayudas directas para particulares y autónomos. Con el objetivo de acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes, MOVES III subvenciona con un máximo de hasta 7.000 euros para la adquisición de un vehículo eléctrico y con hasta 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si el usuario achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad. En caso de que no se achatarre un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros.

Asimismo, la compra de furgonetas eléctricas se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de que el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga.

El achatarramiento de vehículos antiguos no solo es importante para reducir emisiones y mejorar la seguridad vial, sino que permite reforzar cadenas de valor en sectores como el aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, las gomas o los cauchos, contribuyendo a la economía circular.

Esta nueva edición de MOVES también incluye mayores cuantías a los autónomos (taxis y VTC) que compren un vehículo eléctrico que utilicen para trabajar, lo que permite ayudar a un sector clave de la economía española y favorece la sustitución de vehículos que realizan un elevado número de kilómetros.

Alineado con la agenda de Reto Demográfico, el programa MOVES III proporciona ayudas de un 10% adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de infraestructuras de recarga en estos territorios como para la compra de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en ellos. También dota con un 10% extra la ayuda que reciben las personas con movilidad reducida.

Particulares y autónomos podrán beneficiarse de las ayudas de la nueva convocatoria en la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga desde mañana, 10 de abril. MOVES II seguirá vigente hasta el término de las convocatorias, lo que permitirá evitar un periodo sin ayudas. Los usuarios podrán decidir a qué línea acogerse durante el tiempo en que ambas líneas coexistan.

Para ayudar al ciudadano a resolver sus dudas sobre el nuevo MOVES III y, especialmente, sobre a qué ayudas acogerse en el periodo de vigencia de ambas líneas, o sobre la documentación necesaria para ser beneficiario del nuevo programa, la web del MITECO publicará un documento elaborado junto con el el sector que dará respuesta a las preguntas y respuestas más frecuentes.

Transformación de la movilidad

El programa MOVES III estará coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. El criterio de reparto del presupuesto inicial (400 millones de euros) se ha consensuado con la Conferencia Sectorial de Energía, el órgano de coordinación entre el MITECO y las administraciones autonómicas en esta materia, y está basado en el Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Programas como el Plan MOVES contribuyen a aumentar la penetración del vehículo eléctrico en España para alcanzar el objetivo de 100.000 puntos de recarga y 250.000 vehículos eléctricos para 2023 marcado por el Gobierno en el contexto del Plan de Recuperación, lo que permitirá evitar más de 450.000 toneladas de CO2 y generar empleo y actividad a lo largo de toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica.

En la actualidad se fabrican en España más de una docena de turismos eléctricos, y es un país líder en fabricación de motocicletas eléctricas y de infraestructuras de recarga. Programas como el MOVES permiten acelerar la transformación hacia un modelo de velocidad sostenible gracias a la electrificación del transporte.

Marco normativo coherente

La transformación de la movilidad requiere actuaciones globales y coherentes que, acompañadas del desarrollo de un marco normativo estable junto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye tanto mecanismos de apoyo como reformas, nos va a permitir maximizar esta oportunidad histórica, donde la movilidad es fundamental.

Hoy se abre el periodo de audiencia e información pública del Real Decreto de puntos de recarga por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, así como de la orden que determina la información a remitir al MITECO y a las comunidades autónomas por parte de los prestadores de servicios.

Este Real Decreto regula las condiciones que deben cumplir los gestores de información de recarga y la remisión de información por parte de los prestadores de servicios de recarga energética. Toda la información que no sea confidencial será incorporada y publicada por MITECO en un geoportal que mostrará un mapa de puntos de recarga, lo que facilitará a los ciudadanos conocer la localización, características, precio y disponibilidad de los puntos de recarga de acceso público, aportando transparencia y claridad al mercado.

Toda la información relativa al periodo de audiencia ya está disponible. Las aportaciones podrán enviarse a la dirección bzn-puntosrecarga@miteco.es para el Real Decreto y a bzn-SGH@miteco.es para la orden ministerial hasta el 30 de abril de 2021.

Plan de recuperación

MOVES III es solo la primera de las líneas de intervención previstas en materia de movilidad limpia en el marco del Plan de Recuperación, que contará con actuaciones lideradas no solo por el MITECO, sino también por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Ambos departamentos trabajarán de forma conjunta en el impulso del cambio modal, la definición y la implementación de zonas de bajas emisiones en línea con la obligación incluida en la Ley de Cambio climático y Transición Energética -aprobada ayer por el Congreso- en municipios de más de 50.000 habitantes. Asimismo, MITMA llevará a cabo actuaciones para incentivar el transporte público y la movilidad a pie y en bicicleta en todo el territorio.

MITECO también colabora con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para reforzar la cadena de valor del vehículo eléctrico y la fabricación nacional, y con el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre nuevos desarrollos y sobre Investigación, Desarrollo e innovación.

Para contribuir al diseño de las líneas de Plan de Recuperación, el pasado mes de diciembre el MITECO lanzó una manifestación de interés sobre movilidad eléctrica a fin de identificar proyectos y nuevas líneas de actuación, gracias a la cual se han recibido propuestas que han permitido reforzar y mejorar la línea MOVES.

Además, de acuerdo con la información obtenida por estas expresiones de interés, en los próximos meses se desarrollarán varias convocatorias para proyectos singulares con un presupuesto de al menos 300 millones de euros. Estas convocatorias serán de gestión centralizada, abiertas, transparentes y en concurrencia competitiva, y permitirán seleccionar los mejores proyectos con unas condiciones claras de plazos de ejecución, conceptos subvencionables y requisitos administrativos.

Marzo registra una caída del paro y un fuerte aumento de la contratación indefinida por la campaña contra el fraude en la contratación

lunes, 12 de abril de 2021

Marzo registra una caída del paro y un fuerte aumento de la contratación indefinida por la campaña contra el fraude en la contratación

CCOO

La caída del paro el pasado mes de marzo, si bien es un dato positivo, no supone la recuperación del empleo. La campaña de Semana Santa, aunque el efecto favorable de la Semana Santa sobre la actividad y el empleo ha sido mucho menor debido a las restricciones que impone la pandemia, y la conversión de contratos temporales en indefinidos, que CCOO atribuye a la labor realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha permitido aflorar fraude en la contratación, explica el descenso del desempleo, ha señalado la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana. «A pesar del descenso, seguimos rozando los 4 millones de personas en desempleo, por lo que es imprescindible cerrar cuanto antes un acuerdo en la mesa de diálogo social sobre políticas activas de empleo», añadió.

06/04/2021.

Para CCOO, los datos laborales de marzo son buenos (la afiliación aumenta en casi 71 mil personas y el paro baja en 59 mil). La comparación interanual no es posible con los datos de marzo de 2020 porque entonces la explosión de la pandemia y el confinamiento obligatorio hundieron nuestro mercado laboral. Si la comparación la realizamos con meses de marzo anteriores, los datos son razonablemente positivos dadas las circunstancias: el paro cae más que en meses de marzo anteriores y el empleo aumenta aproximadamente la mitad que un mes de marzo, a pesar de que este año el efecto positivo de la semana santa sobre el empleo ha sido mucho menor dadas las restricciones y limitaciones a la actividad y la movilidad.

La población asalariada afectada por un ERTE se sitúa en 746 mil personas, tras haber bajado en el último mes en 114 mil personas, que en su inmensa mayoría se han reincorporado a su puesto de trabajo como evidencia el fuerte descenso del paro registrado. 4 de cada 5 personas incluidas en ERTE se han reincorporado ya a la actividad laboral y este mecanismo de ayuda pública ha permitido salvar por el momento 2,8 millones de empleos y a miles de empresas desde el inicio de la pandemia

Destaca igualmente el fuerte aumento de la contratación indefinida en marzo (+42%), un dato muy positivo aunque coyuntural que se explica por la campaña contra el fraude en la contratación del Ministerio de Trabajo y que se ha traducido en decenas de miles de conversiones de contratos temporales en indefinidos.

CCOO considera que sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes sociales desde el inicio de la pandemia el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores, en un mercado de trabajo que ya arrastraba profundos desequilibrios agravados durante la anterior recesión (paro, precariedad, brechas de género, desequilibrio relaciones laborales).

«A pesar del descenso producido este mes, seguimos rozando los 4 millones de personas en desempleo, por lo que para CCOO es imprescindible cerrar cuanto antes un acuerdo en la mesa de diálogo social sobre políticas activas de empleo», declaró Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO.

La Sanidad prescindió de 14.582 empleos en el primer trimestre del año

lunes, 12 de abril de 2021

La Sanidad prescindió de 14.582 empleos en el primer trimestre del año

  • Datos de la Seguridad Social: la Sanidad afronta las vacunaciones masivas destruyendo empleo
  • El Ministerio convocará este mes las mesas de negociación sobre temporalidad y empleo, tras la petición de CSIF

06 de Abril de 2021

El sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales destruyó un total de 14.582 empleos en el primer trimestre del año (-9.547 en enero, -1.778 empleos en febrero y -3.257 en marzo), según datos de la Seguridad Social extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Para CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, resulta indignante que se haya prescindido de efectivos durante tres meses consecutivos, de los peores meses de la pandemia, en los que se volvieron a disparar los contagios, la presión hospitalaria, con las UCI al límite y la segunda cifra más alta de fallecidos en lo que va de crisis sanitaria.

Además, estamos afrontando las vacunaciones masivas destruyendo empleo. CSIF ha denunciado la falta de transparencia de las administraciones y que el proceso se desarrolla de forma muy desigual: hay comunidades en donde se vacuna en centros de salud, pero también en palacios de exposiciones y congresos, aparcamientos, centros cívicos, mientras que en otras muchas no se están utilizando los medios de los centros hospitalarios.

Mientras tanto, la situación de la Atención Primaria sigue estancada y sumida en la precariedad en la atención. Al igual que se están destinando recursos de vacunación a los grandes espacios, la Atención Primaria debería recibir refuerzos.

Refuerzo de plantillas y temporalidad

En este sentido, tras las peticiones CSIF, el Ministerio de Sanidad nos ha informado que convocará las mesas técnicas de negociación sobre empleo y temporalidad este mismo mes de abril.

CSIF ha presentado un plan de refuerzo para el conjunto de las administraciones públicas para reforzarlas con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años. La Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea.

España cuenta con 3 camas de hospital por cada mil habitantes, frente a las 5 de la media UE o las 8 de Alemania, con lo que conlleva de personal. La sanidad tiene un problema de personal estructural, tanto de médicos como de Enfermería, de tal manera que se han tenido que adoptar medidas como la contratación de médicos extracomunitarios sin título homologado, estudiantes en el último año de grado o la movilidad forzosa.

El mes de marzo termina con 743.628 personas en ERTE

lunes, 12 de abril de 2021

Balance mensual

El mes de marzo termina con 743.628 personas en ERTE

Martes 6 de abril de 2021

A 31 de marzo de 2021, había 743.628 personas protegidas por ERTE, según los datos provisionales recogidos en la Seguridad Social. Estas cifras se mantienen más o menos estables desde el mes de septiembre, lo que indica que la segunda y tercera ola de la pandemia han tenido un efecto mucho menor que la primera en este sentido.

La Moncloa

Respecto al cierre de febrero, se ha producido un descenso de 115.913 personas si tenemos en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Según la fecha de notificación (ver nota al final de este documento), se ha producido un descenso de 155.755 personas.

De media en marzo, ha habido 779.562 personas en ERTE, de los que 555.080 eran de los RDL 30/2020, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por tanto, con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Respecto al momento más agudo de la crisis, en abril de 2020, se ha producido un descenso de 2,9 millones de personas en ERTE, según fecha de alta, y de 2,6 millones, según fecha de notificación. En ambos casos, suponen un descenso de casi el 80% respecto al momento más agudo de la pandemia de la COVID-19.

De las 743.628 personas en ERTE asociado a la COVID-19 al final de marzo, 528.098 -el 71% del total- lo están en algunas de las modalidades que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

En concreto, 54.250 personas están acogidas a ERTE de impedimento, otras 200.056 a ERTE de limitación y otras 273.792 a ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor. Los primeros han sido los que han registrado una mayor variación respecto al fin de febrero (-33,5%), debido al levantamiento de algunas restricciones administrativas.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 215.530 personas en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

Además de las 743.628 personas en ERTE al cierre del mes, 214.756 están suspendidas a tiempo parcial. En el mes de marzo se ha producido una mayor caída en los ERTE a tiempo completo (-14,75%) respecto al 28 de febrero que a tiempo parcial (-10,19%).

Concentración sectorial y geográfica

El número de trabajadores en ERTE supone el 5,19% de los afiliados del Régimen General (sin sistemas especiales) con una gran concentración sectorial. En términos absolutos, el mayor número de trabajadores acogidos a esta fórmula de protección, concretamente, corresponde a Servicios de comidas y bebidas con 243.595 personas, que suponen casi el 30% del total de los afiliados en este sector.

Los sectores con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son: Agencias de viajes, con el 60,5% de sus afiliados en esta situación; Servicios de alojamiento, con un 56,68% de sus afiliados bajo este instrumento de protección, y Actividades de juegos de azar (42,67%) y Transporte aéreo (42,14%).

Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (15,75% de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 12,5%, y Baleares, con un 10,6% de sus trabajadores en ERTE. Guadalajara es, por el contrario, la provincia que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 2,3% del total.

NOTA SOBRE PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE ERTE:

Dado que las fechas de solicitud del ERTE y la de sus efectos pueden ser distintas, hay una cierta disparidad entre la fecha de notificación -los datos comunicados hasta esa fecha- y la fecha en la que produce efectos -en alta- (por ejemplo, puede ser que una empresa comunique a la Tesorería el ERTE de su plantilla el 10 de diciembre, cuando éste tiene efectos ya desde el 20 de noviembre).

En aras de la transparencia, en el Excel adjunto se pueden consultar las series revisadas tanto de las personas en ERTE por su fecha de alta -una serie que requiere actualización diaria- como por la fecha de notificación para que se puedan realizar las comparaciones oportunas y en los próximos días se actualizarán también los Excel de los últimos meses con estas series revisadas.