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lunes, 31 de mayo de 2021

La libertad económica y la libertad de empresa

lunes, 31 de mayo de 2021

La libertad económica y la libertad de empresa

Instituto de Estudios Económicos

– La libertad económica es un factor decisivo para la mejora del nivel de vida a través de su incidencia positiva sobre el dinamismo emprendedor, la innovación, la preservación del medio ambiente y la competitividad.

– El aumento de la libertad económica ha sido un factor determinante en el bienestar social, siendo clave para la reducción del desempleo y de la pobreza mundial. Es más, se evidencia que también resulta crítico para la reducción de la economía sumergida.

– En esta última crisis, los países con más libertad económica son los que han tenido un mejor desempeño económico, registrando menos caídas del PIB y facilitando las transformaciones estructurales que anticipan y aseguran la salida de la crisis.

– España tiene un nivel moderado de libertad económica (posición 26 de los 37 países de la OCDE) y relativamente alejado de los países con mejores prácticas de libertad económica (puesto 39 de los 178 países analizados), siendo los peores resultados de las variables de gasto público, libertad de empresa y flexibilidad laboral. Nuestro nivel de libertad económica es inferior en un 4,4% al promedio de la OCDE y menor en un 2,3% a la media de la UE.

– En lo referente a la libertad de empresa, España se encuentra en una posición muy desfavorable dentro de los países desarrollados, con la posición 32 de los 37 países de la OCDE. De hecho, ocupamos el puesto 78 de los 178 países analizados en el informe. Nuestra libertad de empresa es inferior en un orden del 14% con relación a la media de la OCDE. En el marco de la UE, nuestra libertad de empresa es un 9% menor.

– Una de las grandes reformas estructurales pendientes de la economía española es la de promover la libertad económica y la libertad de empresa, como ya están haciendo los países más prósperos del mundo, apostando por prácticas regulatorias más favorables a la empresa y a la iniciativa privada.
Madrid, 27 de mayo de 2021. El presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han presentado ‘La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2021’, que señala que un entorno de libertad económica es un elemento clave para el desarrollo y el progreso, favorece economías más abiertas e impulsa la iniciativa privada, que son motores determinantes para la creación de riqueza en los países.

Para medir la libertad económica, la Fundación Heritage, en colaboración con The Wall Street Journal, publica anualmente el Índice de Libertad Económica (ILE), cuya adaptación para España se lleva a cabo por el Instituto de Estudios Económicos. Este índice aproxima el grado de libertad económica del que disfrutan los diferentes países analizados, 178 en la edición de 2021. Desde su primera publicación en 1995 hasta ahora, el aumento de la libertad económica a nivel mundial ha favorecido un crecimiento que ha duplicado el PIB global y ha reducido el porcentaje de personas que viven bajo el umbral de pobreza a la tercera parte, pasando del 34,2% al 9,2%. Así mismo, este índice demuestra que la libertad económica conduce a un mayor crecimiento de la economía. Durante este periodo, los países en los que la libertad económica ha aumentado han crecido, en media anual, un 2,6%, mientras que, aquellos donde se ha reducido la libertad económica, presentan un crecimiento medio del 1,7%.

Pero, además, también hay una estrecha relación entre libertad económica y PIB per cápita. De tal modo que, en las economías donde la libertad económica es muy alta, el PIB per cápita es 10 veces mayor que en aquellas otras donde la libertad económica es baja o muy baja. Además, el informe de la Fundación Heritage también pone de manifiesto relaciones positivas entre libertad económica y dinamismo emprendedor, al igual que con la mayor innovación. Incluso, con otras variables, como el Índice de Desarrollo Humano o con la preservación del medio ambiente.

El Instituto de Estudios Económicos, centrando el análisis en los países que conforman la OCDE, ha establecido una relación clara entre mayor libertad económica y menor economía sumergida (el 8,4% en los países con libertad económica muy alta, frente al 20,9% de promedio en aquellos cuya libertad económica es moderada o baja). Al igual que se puede asociar una mayor libertad económica con menores niveles de tasas de desempleo (el 4,1% en promedio en las economías de libertad económica muy alta frente al 7,9% en las de libertad económica moderada).

España en el ránking

España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, en la posición 39 del ranking, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas. En este sentido, ocupa la posición 26 de entre los 37 países que componen la OCDE, y en la posición 18 dentro de la UE, y está muy alejada de países como Singapur, Nueva Zelanda, Australia o Suiza, que ocupan las primeras posiciones.

El ILE considera cuatro grandes categorías: el imperio de la ley, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados, que a su vez, cada una está compuesta por tres variables de referencia, de modo que el ILE se construye sobre la base de los resultados que arrojan doce indicadores, que ponderan por igual para la determinación final del índice. Analizando todas, nuestro país sólo se sitúa en tres de ellas por encima de la media de la OCDE. Por el contrario, destaca especialmente la baja puntuación relativa en materias como la salud fiscal, la libertad de empresa y la flexibilidad laboral. En lo referente a la libertad de empresa, España se sitúa en la posición 78 del ranking mundial, ocupando la posición 32 dentro de la OCDE y la 21 dentro de la UE, un 14% por debajo de la media de la OCDE y un 9,5% inferior a la media de la UE. Además, sus resultados son un 26% inferiores al promedio de las cinco mejor clasificadas, en este aspecto, dentro de la OCDE.

Estos malos resultados son preocupantes, ya que dicha libertad de empresa, junto con la iniciativa privada, son elementos claves para la generación de riqueza y empleo en las sociedades. Resulta especialmente decepcionante el abrupto descenso que se ha producido en la libertad de empresa en nuestro país, con un retroceso de hasta quince puntos en la última década, situándonos como la sexta economía desarrollada con más trabas. Además, se ha visto que hay una notable relación entre libertad de empresa y mayor competitividad de las regiones y de los países, y que la mayor libertad de empresa favorece una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa de los agentes económicos, lo que se traduce en menores tasas de desempleo y en menores niveles de economía sumergida.

La crisis derivada de la pandemia de la covid-19 ha supuesto un shock de oferta y de demanda al mismo tiempo, a nivel global, con un fuerte impacto en la actividad económica y el empleo, y efectos perniciosos sobre el tejido productivo. No obstante, se observan comportamientos diferenciales atendiendo al grado de libertad económica de los países. Dentro de la OCDE, los países con mayor libertad económica han presentado una contracción media del PIB del 4,1%, frente a retrocesos del 7,5%, en media, en los países con libertad económica moderada o baja.

Analizando las crisis pasadas, se pone de manifiesto que la mayor libertad económica está asociada a menor profundidad de la caída y a menor tiempo de recuperación tras la crisis. Por ello, y dada la notable relación existente entre libertad económica y libertad de empresa con variables como la mayor competitividad, el mayor crecimiento del PIB, la mayor renta per cápita, la menor economía sumergida o menores tasas de paro, entre otras, es fundamental apostar por un marco regulatorio que favorezca esta libertad económica y de empresa como el mejor camino para impulsar una más rápida y mejor recuperación.

En este sentido, también se destaca la relación entre libertad de empresa, la propiedad privada y la libre competencia, que, junto con una regulación clara y previsible, son elementos fundamentales para el dinamismo de la economía, ya que favorecen la atracción de la inversión y generan confianza en los agentes. Por ello, se incide en que la libertad de empresa es un derecho fundamental, y que, aunque está sujeto al interés general, también el poder de intervención público debe respetar el principio de proporcionalidad.

Para impulsar la libre competencia y la libertad de empresa se aboga por la declaración responsable para facilitar el inicio de las actividades, como ejemplo de técnica menos invasiva al derecho de libre empresa, limitando la necesidad de autorización a los casos en que la actividad sea susceptible de causar perjuicio.

Hay que evitar la imprevisibilidad y la inseguridad jurídica, ya que son factores del riesgo regulatorio, que perjudica la eficiencia de los sectores, afectando a empresas y usuarios. Además, resulta especialmente negativa para las inversiones, principalmente en el caso de las inversiones internacionales, a través del riesgo país que generan. En este sentido, los principales principios básicos que debieran aplicarse a toda regulación son los siguientes: estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica; simplicidad y trasparencia; accesibilidad y participación en el proceso regulatorio; consistencia y credibilidad; y eficacia, orientación, proporcionalidad y justificación de las propuestas normativas.

Una de las amenazas a la libertad de empresa que está suscitando una mayor oposición a nivel internacional son las propuestas de empaquetado neutro que han establecido países como Australia o Francia de manera obligatoria para el sector del tabaco. En este contexto, resulta obligado y oportuno advertir de los múltiples riesgos que supone el empaquetado neutro para la libertad de empresa. Afecta a la función de las marcas, que es identificar y diferenciar los productos. Además, perjudica la libre competencia, dificultando las elecciones de los usuarios y obstaculizando la garantía de la procedencia y calidad de los productos, al tiempo que quebranta el derecho de propiedad. Además, como consecuencia ante la homogeneización del producto, la única vía para competir pasa a ser la disminución del precio. Otro problema que surge de la falta de diferenciación del producto es que podría favorecer el comercio ilegal, la economía sumergida, la falsificación y el contrabando, es decir, se crearía un marco propicio para las actividades fraudulentas.

Conclusiones

Hay que incidir en que se han puesto de manifiesto claramente las relaciones positivas entre libertad económica y libertad de empresa con el mejor comportamiento de las economías, en cuanto a crecimiento, PIB per cápita, menor desempleo, menor economía sumergida, mayor competitividad, así como con otras variables como el índice de desarrollo económico, el emprendimiento, la innovación o la preocupación medioambiental. Además, también se ha visto que en las economías con mayor libertad de empresa y económica, en general, las crisis son menos intensas y la recuperación de las mismas es más rápida.

Por todo ello, en el momento actual es de vital importancia apostar por entornos reguladores que favorezcan esta mayor libertad económica y empresarial, en la que España se encuentra en posiciones rezagadas al compararla frente a otras economías avanzadas, especialmente en cuanto a libertad de empresa se refiere. La libertad de empresa, la propiedad privada y la libre competencia, junto con regulaciones claras y previsibles, son fundamentales para potenciar la inversión y generar confianza en los agentes económicos. En este sentido, la apuesta por la declaración responsable, como técnica menos invasiva al derecho de libre empresa, sería un factor positivo que podría ayudar a dinamizar la economía y hacerla más competitiva.

Fundación CEOE firma con Foment del Treball su adhesión al ‘Plan Sumamos. Salud + Economía’

lunes, 31 de mayo de 2021

19 mayo 2021

Fundación CEOE firma con Foment del Treball su adhesión al ‘Plan Sumamos. Salud + Economía’

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de Fundación CEOE, Fátima Báñez, y el presidente del Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, han suscrito este jueves un acuerdo por el que se crea un marco de colaboración para agilizar proyectos entre las partes. En el acto también ha estado presente el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Fundación CEOE firma con Foment del Treball PLAN SUMAMOS

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y el presidente del Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez-Llibre, han suscrito este miércoles un acuerdo para crear un marco de colaboración en el que agilizar el desarrollo de proyectos entre las partes, entre ellos el refuerzo de la campaña de vacunación o el desarrollo de proyectos solidarios para colectivos vulnerables a través del ‘Plan Sumamos. Salud + Economía’. En el acto también ha estado presente el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Concretamente, Foment del Treball, con el apoyo de la Fundación CEOE, amplificará y reforzará las actuaciones de las autoridades sanitarias, poniendo las herramientas y medios al alcance de las empresas.

La vacunación masiva para alcanzar el 70% de inmunidad en la población es actualmente el principal objetivo para luchar contra la pandemia y recuperar la normalidad social y económica.

Por ello, la Fundación CEOE ha suscrito junto a la Seguridad Social y las mutuas un acuerdo de colaboración en el marco del ‘Plan Sumamos’ para que estas puedan vacunar y agilizar así la campaña de vacunación.

Concretamente, en Cataluña hay 186 centros de mutuas que disponen de 2.000 efectivos sanitarios, cuya colaboración podría amplificar la capacidad de vacunación en la comunidad hasta un 30%.

Fundación CEOE firma con Foment del Treball PLAN SUMAMOS II
En este sentido, Foment del Treball se compromete activa y directamente para conseguir este objetivo en Cataluña. Por ello, Josep Sánchez Llibre ha subrayado: “Las empresas ofrecen su plena colaboración en la campaña de inmunización masiva de la población, con el objetivo de acelerar la administración de la vacuna a los trabajadores cumpliendo todos los protocolos de la autoridad sanitaria. La vacunación en centros de trabajo evitará el desplazamiento de trabajadores y sanitarios y, por lo tanto, las aglomeraciones y concentraciones masivas de personas en los centros de vacunación”.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado que “es fundamental seguir sumando esfuerzos entre el sector público y el privado para lograr superar cuanto antes la pandemia y propiciar que, fruto de esa colaboración, se pueda acelerar la recuperación económica”.

‘Plan Sumamos. Salud + Economía’
El ‘Plan Sumamos’ de la Fundación CEOE contempla un conjunto de cinco iniciativas mediante las que las empresas pueden ayudar, que van desde el testeo (prestando apoyo para la realización de test masivos en sus centros de trabajo, donando recursos, material y espacios); el rastreo (apoyado la adopción masiva de la aplicación Radar COVID mediante campañas de comunicación a los trabajadores, proveedores o clientes); iniciativas de comunicación, atención a los colectivos más vulnerables, hasta la vacunación.

Con la adhesión al ‘Plan Sumamos’, Foment del Treball quiere lograr el tan necesario equilibrio entre salud y economía, un binomio para el que hoy se han puesto unos mimbres fundamentales de colaboración.

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Nueva prórroga del “Plan Me Cuida”: hasta el 30 de septiembre de 2021

lunes, 31 de mayo de 2021

Nueva prórroga del “Plan Me Cuida”: hasta el 30 de septiembre de 2021

8 mayo, 2021

USO

El “Plan Me Cuida” entra en su quinta prórroga y sus medidas excepcionales para la conciliación estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2021

El “Plan Me Cuida” se prorroga por quinta vez, ahora hasta el próximo 30 de septiembre de 2021. Forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de ofrecer cobertura a los trabajadores durante la pandemia por covid-19.

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del “Plan Me Cuida”, junto al resto de medidas del paquete de actuaciones contenidas en el Real Decreto-ley de medidas que refuerzan la protección del empleo. Su principal objetivo es que los trabajadores puedan seguir adaptando el tiempo de su jornada para hacerse cargo de necesidades familiares y mejorar su conciliación a tenor de la pandemia.

El Plan Me Cuida queda regulado en el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, mediante el cual se podrá flexibilizar la jornada laboral para ejercer el deber de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, por circunstancias excepcionales, para evitar la transmisión comunitaria del covid-19. Es decir, padres, madres y abuelos/as en línea ascendente y los hijos/as y nietos/as en línea descendente.

Recordemos que solo es aplicable a personas trabajadoras por cuenta ajena, las cuales deben acreditar las circunstancias excepcionales antes mencionadas. También se incluyen las circunstancias derivadas de decisiones institucionales relacionadas con el virus. Como, por ejemplo, cierre de centros educativos, o cuando una persona que se encargaba del cuidado de familiares hubiera tenido que dejar de ejercer esa labor por razones derivadas de la pandemia.

Adaptación de jornada laboral y reducción de jornada, las medidas principales

Las dos principales soluciones que ofrece el Plan Me Cuida son: por un lado, la adaptación de la jornada laboral, que no supone la pérdida de salario al mantenerse la jornada (distribución del tiempo o cambio de centro de trabajo, por ejemplo). Y, por otro, la reducción de jornada, que supone una pérdida de ingresos que puede llegar al 100% si se reduce la totalidad de la jornada.

Estos derechos del Plan Me Cuida deben ser justificados, razonables y proporcionados en relación con la situación de la empresa. En caso de conflicto, se resolverá por la jurisdicción social a través del procedimiento de urgencia. Aunque la empresa pueda acreditar debida y objetivamente la imposibilidad de llevarse a cabo cualquiera de los dos supuestos (adaptación o reducción), acogerse a este plan supone hacer uso de un derecho regulado por ley. No es, por tanto, una solicitud como otra cualquiera.

Desde USO consideramos que medidas como esta deben ser aprobadas a tiempo. Como ocurre con otras medidas como la prórroga de los ERTE, estirarlo hasta el último día genera mucha incertidumbre. Hay familias que no sabían qué iba a pasar con su conciliación familiar la próxima semana hasta que no se han prorrogado las medidas: 4 días antes de la finalización de la última prórroga aprobada por el Gobierno.

¿Necesitas ampliar información sobre las medidas reguladas en el Plan Me Cuida? ¿Tienes problemas para solicitar la conciliación? Ponte en contacto con USO y te ayudaremos.

A la medida de su propósito: Cómo adaptar el asesoramiento del FMI al nuevo panorama económico

lunes, 31 de mayo de 2021

A la medida de su propósito: Cómo adaptar el asesoramiento del FMI al nuevo panorama económico

Por Fabian Bornhorst y Ceyla Pazarbasioglu

El Fondo Monetario Internacional está respondiendo a los desafíos en materia de políticas que plantea una economía mundial en rápida evolución y que aún sufre las secuelas de la crisis de COVID-19: la institución está modernizando la forma en que asesora a sus países miembros en materia de política económica, un proceso conocido como supervisión.

El examen periódico de las economías de los países miembros, conocido como las consultas del Artículo IV, continuará abordando temas fiscales, monetarios, cambiarios y financieros, los cuales constituyen la esencia de la labor del FMI.

En el futuro, a fin de cumplir mejor nuestro mandato de supervisión integraremos de manera sistemática temas que tienen un importante impacto macroeconómico, como el cambio climático y la tecnología digital.

El asesoramiento específico y focalizado que brindamos a los países en materia de políticas también ayudará a las autoridades económicas a prepararse mejor para un panorama económico en proceso de transformación.

Un mundo en rápido cambio con desafíos … nuevos y viejos

La pandemia de COVID-19 constituye un punto de inflexión en el aún incipiente siglo XXI. A raíz de la pandemia surgieron nuevos riesgos y efectos de contagio, así como gran incertidumbre en cuanto a la recuperación.

Las perspectivas de un cambio transformador ya existían antes de la pandemia. El mundo está cada vez más interconectado, las tendencias en materia de digitalización y desigualdad se aceleran, y resolver la amenaza del cambio climático es hoy una máxima prioridad.

A esto se suma que ahora las autoridades políticas deben también manejar la crisis de COVID-19. Ante todo, deben salvar vidas y medios de vida, y luego asegurar una recuperación sostenible y evitar secuelas en la economía.

Para ello, deben hacer frente a preguntas para las que a menudo no hay respuestas fáciles; entre ellas, ¿cómo deben calibrarse las políticas para mantener un apoyo adecuado y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad y un crecimiento sostenido? ¿Cómo deben responder las autoridades económicas cuando tienen poco margen de maniobra porque ya se ha recurrido ampliamente a las herramientas macroeconómicas utilizadas en la crisis financiera mundial? ¿Cómo pueden coordinarse recuperaciones económicas asíncronas y divergentes para que quienes todavía están luchando con la pandemia no queden aún más rezagados?

Modernización del marco de supervisión del FMI

Para hacer frente a estos cambios, el asesoramiento del FMI en materia de políticas está evolucionando, tanto en su esencia como en la forma en que el FMI interactúa con sus países miembros.

El Examen Integral de la Supervisión de 2021, recientemente aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, hace hincapié en esta nueva orientación. Dicho Examen —el primero desde 2014— es producto de profundos análisis con las autoridades de los países miembros, especialistas externos y otras partes interesadas. Define cuatro prioridades que habrán de orientar la supervisión del FMI en el futuro:

Enfrentar riesgos e incertidumbre. El asesoramiento sobre políticas tendrá que evaluar mejor un abanico de posibles resultados. Esto ayudará a prepararse para escenarios peores de lo esperado, asegurando al mismo tiempo que las políticas aprovechen las oportunidades y sorpresas positivas.
Para ello se requerirá una mejor comprensión de las relaciones entre riesgos y beneficios, con el apoyo de la planificación para contingencias y de políticas orientadas a la gestión de riesgos. Dicho asesoramiento puede incluir consideraciones cuantitativas —por ejemplo, cuánta cobertura de seguro contratar para desastres naturales— y aspectos cualitativos, por ejemplo, cómo aprovechar un crecimiento inesperado.

Prevenir y mitigar los efectos de contagio. La pandemia ha puesto en relieve la magnitud de la interconexión mundial. Los sucesos en un país pueden tener efectos significativos en todo el mundo. La divergencia en las recuperaciones puede intensificar los efectos de la normalización de las políticas económicas. El futuro estará determinado por nuevas fuentes de efectos de contagio, entre ellas las políticas sanitarias, el cambio climático y la digitalización. Será fundamental identificar y evaluar los efectos de contagio económicos y en materia de políticas y proporcionar asesoramiento sobre cómo mitigarlos y prevenirlos. La cooperación económica internacional también puede beneficiarse de un mejor diálogo entre quienes generan y quienes reciben los efectos de contagio.
Promover la sostenibilidad económica. Es preciso comprender mejor el concepto de estabilidad económica. La estabilidad económica en el tiempo es necesaria pero no suficiente para lograr la sostenibilidad económica. Las tendencias demográficas, de desigualdad, los acontecimientos sociopolíticos y el cambio climático tienen impacto en la estabilidad económica y se analizarán de manera más sistemática. No todas las tendencias tienen el mismo grado de apremio para todos los países; son las circunstancias de cada país las que determinan si estas son críticas para la macroeconomía.
Un enfoque unificado para el asesoramiento sobre políticas. El principal desafío consiste en equilibrar las prioridades contrapuestas con un margen de maniobra limitado. Durante la pandemia, los países miembros emplearon simultáneamente varias herramientas de política económica (véase el gráfico). Para esto fue preciso calibrarlas con cuidado y entender los objetivos en conflicto y las complementariedades.

Las cuestiones importantes difieren entre países y en el tiempo: por ejemplo, la coordinación de políticas fiscales y estructurales es importante para países que enfrentan un bajo nivel de productividad. Es especialmente importante lograr una integración más profunda del análisis macrofinanciero en los casos en que se están intensificando los riesgos financieros.

Para los países que deben hacer frente a los flujos de capital y buscan protegerse mejor de los shocks externos, el Marco Integrado de Políticas, que define las opciones en materia de políticas y las disyuntivas que tienen las autoridades económicas, ofrece un método analítico para seleccionar la combinación adecuada de políticas.

Un asesoramiento unificado en materia de políticas económicas contribuye a que los responsables de tomar decisiones analicen estas disyuntivas y traten de aprovechar las sinergias.

Qué significa esto en la práctica

El diálogo sobre políticas con los países miembros del FMI continuará guiándose por los requisitos aprobados por el Directorio Ejecutivo del FMI. Las consultas del Artículo IV continuarán aportando una evaluación integral de las políticas fiscales, monetarias, externas, financieras y estructurales.

Los informes serán más específicos e integrarán mejor los aspectos macrofinancieros, la evaluación de riesgos y la planificación para contingencias, los efectos de contagio y el fortalecimiento de las capacidades. Las nuevas tecnologías y la disponibilidad de datos de mejor calidad contribuirán a modernizar las prácticas institucionales y realzarán la pertinencia de la supervisión.

El asesoramiento sobre políticas será más granular y específico para cada país. Esto se aplica especialmente a temas nuevos y apremiantes, donde será preciso aprender de los pares, por ejemplo, cómo limitar las secuelas económicas o dar apoyo específico a las empresas. Otra mejora consiste en asegurar que el asesoramiento del FMI tenga en cuenta la identificación temprana de cuestiones de política complejas de alcance intersectorial y las lecciones aprendidas a partir de la experiencia de otros países.

El Examen Integral de la Supervisión es un hito importante y queda mucho trabajo por delante para ponerlo en marcha. El cambio será gradual. Si bien las prioridades son pertinentes para una amplia gama de posibles situaciones futuras, el devenir de los acontecimientos es incierto y se producirán shocks imprevistos. El FMI es una institución basada en el aprendizaje; su predisposición a adaptarse, experimentar y a introducir cambios es el pilar que permite proporcionar asesoramiento ágil y eficaz a nuestros países miembros.

El Gobierno distribuye entre nueve comunidades autónomas más de 3.000 millones en el nuevo compartimento REACT-UE del Fondo de Financiación

lunes, 31 de mayo de 2021

El Gobierno distribuye entre nueve comunidades autónomas más de 3.000 millones en el nuevo compartimento REACT-UE del Fondo de Financiación

Viernes 28 de mayo de 2021

El Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado la distribución de 3.056,84 millones de euros. Estos recursos corresponden a la financiación para 2021 del compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE.

El compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE es una nueva herramienta incluida dentro del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas (FFCCAA) y que permite un anticipo de estos recursos y facilita liquidez para el rápido despliegue y absorción de estas ayudas comunitarias.

En concreto, se han adherido a este fondo nueve Comunidades Autónomas: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. Todas las solicitudes han sido aceptadas.

Este compartimento permite anticipar los recursos que posteriormente llegarán procedentes de la Ayuda REACT-UE. El pasado 17 de marzo, la CDGAE aprobó el procedimiento y las condiciones necesarias para que los diversos territorios puedan adherirse al nuevo compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, que permitirá agilizar el uso de los fondos comunitarios contemplados en la Ayuda REACT-UE, dotada con 10.000 millones, para ayudar a los territorios a fortalecer el Estado del Bienestar, blindar los servicios públicos y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19.

Pretende de esta forma anticipar esas cantidades a las comunidades que lo han solicitado, todo ello sin comprometer su presupuesto ni el calendario de pagos al resto de proveedores y acreedores.

La Comisión. hoy. ha aprobado la asignación de 3.056,84 millones para atender las necesidades de financiación de 2021. La distribución por territorios queda como sigue:

Reparto por comunidades autónomas de la asignación total

Reparto por comunidades autónomas de la asignación total

Este nuevo compartimento prevé en su funcionamiento ordinario tres desembolsos anuales en función del ritmo de ejecución de los programas y de las necesidades financieras de las CC.AA.

No obstante, durante el año 2021 se prevén dos pagos; el primero de hasta el 50% de la cantidad asignada anualmente por la CDGAE en este Acuerdo y un segundo desembolso que se deberá solicitar en septiembre en función de las necesidades de liquidez acreditadas. Con este calendario se pretende que las CCAA puedan ajustar sus solicitudes al ritmo de ejecución de los gastos y a la situación de su tesorería.

Desembolso inicial

Algunas Comunidades Autónomas adheridas han solicitado un pago inicial, conforme al acuerdo de CDGAE de 17 de marzo. Las que no lo han reclamado ahora prevén hacerlo a partir de septiembre.

El desembolso inicial de 2021, que asciende a un importe de 685,96 millones de euros, se distribuye entre las Comunidades Autónomas de esta forma:

Reparto por comunidades autónomas del primer desembolso 2021

Reparto por comunidades autónomas del primer desembolso 2021

Compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE

El compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE es un nuevo compartimento, creado por la Disposición Final Vigésima Novena de la Ley Presupuestos Generales del Estado de 2021, destinado a la concesión de préstamos para adelantar los recursos que permitan atender los proyectos y actuaciones de la Iniciativa REACT-UE, antes de recibir los recursos de la UE.

Se trata de una línea de liquidez transitoria, que no está previsto que se refinancie ni en los mercados financieros ni con cargo a otros compartimentos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.

Los recursos deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como para apoyar a las pymes y los autónomos.

La creación y dotación de este Fondo forma parte del conjunto de medidas desplegadas por el Gobierno de España para conseguir la máxima absorción de los Fondos Europeos.

Está previsto que cada año se formalicen nuevos préstamos con cargo a este compartimento con las CCAA que se adhieran según sus necesidades y que la CDGAE acuerde anualmente las condiciones aplicables al préstamo.

La aprobación de este acuerdo reafirma una vez más el compromiso del Gobierno con los territorios, a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que aporta liquidez a muy bajo coste, incluso en momentos como el actual en el que se mantienen las dificultades derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con el objetivo de reforzar su liquidez y fortalecer los servicios públicos.

Las necesidades estimadas del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FCCAA) para todo el ejercicio 2021, que contemplan los compartimentos Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y Facilidad Financiera (FF), ascienden a 36.796,60 millones de euros, incluido el compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE.

Silvestres

domingo, 30 de mayo de 2021

Teresa Ribera reafirma la prioridad del Gobierno para convertir el medio rural en un «espacio de derechos y oportunidades»

domingo, 30 de mayo de 2021

En Soria, durante la IV Feria Presura para la repoblación rural

Teresa Ribera reafirma la prioridad del Gobierno para convertir el medio rural en un «espacio de derechos y oportunidades»

Viernes 28 de mayo de 2021

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante su intervención

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reafirmado en Soria su compromiso con los objetivos de la agenda de cohesión social y territorial para convertir el medio rural en un «espacio de derechos y oportunidades» a través del Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico.

La vicepresidenta, que ha clausurado en Soria la ‘IV Feria nacional para la repoblación de la España rural’ inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incidido en el papel clave de las mujeres y los jóvenes en la transformación del medio rural. «Debemos centrarnos en las personas, especialmente en las mujeres y los jóvenes, con líneas específicas de emprendimiento para lograr el empoderamiento de la mujer y asegurar el futuro de nuestros jóvenes en cualquier territorio», ha destacado.

En línea con la agenda del Gobierno en materia de reto demográfico, Ribera ha insistido en la capacidad del Plan de Medidas para reactivar las zonas en declive demográfico. «Este Plan marca un proyecto de país amplio y sólido para que cada territorio pueda reactivar sus áreas rurales dentro de un objetivo compartido de cohesión territorial a nivel global», ha apuntado.

Más de 10.000 millones y 130 políticas activas

La vicepresidenta ha subrayado la transversalidad del reto demográfico y la importancia de un diálogo activo con los actores municipales y locales para hacer llegar el Plan de Medidas al medio rural a través de instrumentos como el Foro para la Cohesión Territorial, que contribuirá a acercar al territorio las 130 medidas y más de 10.000 millones de inversión procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En este sentido, Ribera ha señalado la cohesión social y territorial como una de las tres claves de inversión del PRTR, junto al compromiso de que al menos el 40% de los fondos debe ir destinado a actuaciones en transición ecológica y el 100% de los mismos no debe generar ningún daño ambiental significativo.

La vicepresidenta ha repasado también algunas de las actuaciones coordinadas por el MITECO para aplicar la perspectiva demográfica al proceso de toma de decisiones y acercar la Administración Pública al territorio a través de la deslocalización del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria o de los Centros de Competencias Digitales de Renfe en Teruel, Linares (Jaén), Mérida, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Miranda de Ebro (Burgos).

Ribera ha incidido además en el hecho digital y el acceso a la conectividad universal como uno de los grandes motores para superar la brecha entre el medio urbano y rural. La vicepresidenta ha anunciado que en lo que va de 2021 se ha completado la conexión digital de banda ancha de 100 megabits por segundo en todas las escuelas del país, incluidas las rurales, dentro del programa Escuelas Conectadas. Igualmente y para adelantar el cumplimiento del compromiso de conectividad universal antes de 2025, se va a iniciar de forma inminente una prueba piloto con satélite en una comarca de muy baja densidad para testar la banda ancha ultrarrápida.

Depuración de aguas

Antes de clausurar la feria Presura, la vicepresidenta mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Ambos analizaron distintos proyectos en marcha en la capital y en especial la evolución de los trabajos para la construcción de la nueva estación depuradora que se ubicará en Sinova, así como las obras de los túneles emisarios que la conectarán con la vieja depuradora a la que sustituirá.

El proyecto se enmarca en la actuación ‘Saneamiento de Soria’, cuyo objetivo es solventar las deficiencias en materia de depuración que sufren Soria y el municipio de Los Rábanos. Una vez concluidas las obras, con fecha estimada en el verano de 2023, la nueva EDAR de Sinova conectada a los emisarios permitirá tratar las aguas residuales de 135.000 habitantes equivalentes, ampliables hasta 180.000 en un horizonte futuro.

La inversión total de la nueva planta depuradora y los emisarios superará los 60 millones de euros, cofinanciados en un 35% mediante fondos FEDER y el 65% restante por el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León a partes iguales.

La vicepresidenta y el alcalde Carlos Martínez ratificaron la voluntad de ambas administraciones de agilizar los trabajos y darles continuidad según el calendario previsto. Asimismo, repasaron algunas líneas de actuación englobadas en la iniciativa Soria 2030, una hoja de ruta municipal para transformar la ciudad en una urbe descarbonizada y sostenible. Entre otras, la rehabilitación del barrio El Calaverón según estándares de alta eficiencia energética, iniciativas de movilidad sostenible y renaturalización del entramado urbano.

El Gobierno prorroga los ERTE y las ayudas especiales a los autónomos hasta el 30 de septiembre

domingo, 30 de mayo de 2021

Consejo de Ministros Extraordinario

El Gobierno prorroga los ERTE y las ayudas especiales a los autónomos hasta el 30 de septiembre

La Moncloa, Madrid, jueves 27 de mayo de 2021

El Ejecutivo ha aprobado la quinta prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con el objetivo de extender la protección social a los ciudadanos y ajustar el ciclo de actividad del tejido productivo a la evolución de la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021.

La decisión se produce tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y las empresariales CEOE y CEPYME. En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho que España «es un ejemplo de cómo desplegar con máxima eficacia el diálogo social» y ha agradecido la disposición al acuerdo a todas las partes.

«El Gobierno ha puesto la principal piedra para demostrar que las recuperaciones pueden ser justas. Y si hubo un ejemplo de justicia social en nuestro país, creo que ha sido el mecanismo de los ERTE como el mayor amortiguador social, me atrevo a decir en el histórico de la democracia española», ha dicho Díaz.

La vicepresidenta ha añadido que sin este mecanismo de protección social, hoy tendríamos más de seis millones de parados. Además, ha resaltado que los dados del paro están siendo moderadamente positivos y se están alcanzando los niveles de empleo previos a la pandemia.

Prórroga de los ERTE

Yolanda Díaz durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/Fernando CalvoEl acuerdo, según ha trasladado Díaz, permite prorrogar los ERTE por fuerza mayor, tal y como se estableció al inicio de la pandemia.

En concreto, se aplican las medidas de flexibilidad adoptadas desde el comienzo de la crisis sanitaria en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021 y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También se prorrogan las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, así como otras iniciativas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitar despidos y destrucción de puestos de trabajo.

Yolanda Díaz ha incidido en que la gestión para tramitar los ERTES se ha simplificado al máximo y se mantienen las limitaciones a las empresas que se acojan a este mecanismo: no podrán repartir dividendos, operar en paraísos fiscales o formular horas extras.

Protección a los trabajadores

La vicepresidenta también ha señalado que se mantiene la prohibición expresa de despedir por causa COVID a trabajadores de las empresas acogidas a un ERTE.

Por otra parte, Díaz ha explicado que las personas que no cuentan con el periodo necesario de carencia tendrán una prestación pública contributiva de desempleo: «Mantenemos el contador a cero para todas aquellas personas que pueden ser despedidas, una vez se acabe el tránsito de los seis meses y durante la vigencia del año 2021, y les damos la cobertura de la base reguladora, extendiendo esa base al 70% en las prestaciones públicas de desempleo».

Yolanda Díaz ha anunciado que se ha cambiado el modelo de fijos discontinuos para favorecer la estabilidad laboral y al sector del turismo: «A partir de ahora, los empresarios tendrán que hacer, como exige el contrato fijo discontinuo, el llamamiento al trabajador o a la trabajadora para, o bien incorporarlo a la empresa, o bien incorporarlo al ERTE».

Asimismo, la vicepresidenta ha avanzado que se prorroga el Plan Me Cuida con el fin de que los trabajadores puedan seguir adaptando su jornada laboral o solicitar una reducción de jornada, y se extienden todas las medidas de protección social diseñadas para los trabajadores de la cultura al personal técnico y auxiliar.

Exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha especificado que, la exoneración de cuotas de la Seguridad Social para las empresas en ERTE que siguen sin poder reanudar su actividad sigue alcanzando el 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y el 90% para las de más de este número.

Respecto a los sectores ultraprotegidos, indicados en la lista de códigos CNAE, y a aquellas empresas vinculadas a ellos, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social serán mayores si los trabajadores se reincorporan a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

En la categoría de ERTES de limitación, para aquellos casos que todavía tienen restricciones a su actividad completa -por aforos u horarios, entre otros- las exoneraciones se mantienen vigentes en el 85% actual e irán decreciendo para llegar al 75% en agosto y septiembre. ´

2.000 millones para los próximos 4 meses

José Luis Escrivá ha destacado la certidumbre y protección que ofrece el Real Decreto-ley para los próximos cuatro meses, tanto para aquellas empresas que todavía afrontan dificultades como para los 550.000 trabajadores que, del millón que estaban en ERTE a finales de enero, todavía no se han podido reincorporar a sus puestos de trabajo.

Escrivá ha explicado que el actual se ha adaptado para estimular e incentivar la reincorporación de estos trabajadores y acompañar al actual proceso de reactivación económica, derivado de la mejora de la situación sanitaria y del avance de la campaña de vacunación.

Los recursos comprometidos para este nuevo periodo superarán los 2.000 millones de euros, que se sumarán a 19.000 millones de euros ya destinados durante el último año tanto a los ERTES como a las ayudas para los trabajadores autónomos, que también se prolongan.

Prórroga de cuatro meses para las ayudas a autónomos

Foto: Pool Moncloa/Fernando CalvoLas prestaciones extraordinarias vigentes para los trabajadores autónomos que no pueden desarrollar su actividad con normalidad se mantendrán también hasta el 30 de septiembre: la prestación compatible con la actividad, la de suspensión de actividad y la de temporada.

Además, como novedad, se incluyen para los próximos cuatro meses exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social para los casi 460.000 trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos de febrero a mayo. Estas exoneraciones buscan apoyar la reactivación de la actividad de los que han visto su negocio afectado recientemente y serán del 90% en junio, del 75% en julio, del 50% en y del 25% en septiembre.

José Luis Escrivá -que ha agradecido a las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y UATAE el trabajo realizado para alcanzar este acuerdo- ha explicado que el objetivo es hacer «una desescalada progresiva en la exoneración de las cotizaciones hasta el mes de septiembre para, ojalá, poder concluir en una situación de normalidad en el mes de octubre».

Características de las prestaciones

La prestación extraordinaria por suspensión de actividad se eleva al 70% de la base mínima de cotización. Los beneficiarios quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo les contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

La prestación compatible con la actividad se dirige a aquellos trabajadores que, además del requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese, cumplan otras dos exigencias durante el segundo y tercer trimestre de 2021: que su facturación caiga el 50% respecto al mismo periodo de 2019 y no obtengan rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Los autónomos que no reúnan los requisitos para el cese ordinario ni la prestación compatible con la actividad podrán solicitar una prestación extraordinaria del 50% de la base mínima de cotización y exoneración de abono de las cuotas si acreditan una caída de ingresos del 50% (los ingresos del segundo y tercer trimestre de 2021 deben ser inferiores a los del primer trimestre de 2020) y no obtienen rendimientos netos computables, en esos seis meses de 2021, superiores a 6.650 euros.

Finalmente, se mantiene también la prestación del 70% de la base mínima para autónomos de temporada, adaptando el periodo de referencia que se amplía a siete meses. El beneficiario deberá tener ingresos inferiores a 6.650 euros en el segundo y tercer trimestre de 2021.

Recuperación y evolución de la pandemia

Durante su intervención al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, también ha resaltado la apuesta por el diálogo social como elemento imprescindible para seguir avanzando en la recuperación económica.

Además, ha señalado que el buen ritmo de vacunación camina en esa línea, así como la incorporación progresiva de los trabajadores en ERTE a sus correspondientes puestos de trabajo.

La Policía Nacional destapa en A Coruña un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

domingo, 30 de mayo de 2021

En colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social


La Policía Nacional destapa en A Coruña un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

Una de las tramas investigadas fue creada por un padre y sus dos hijas y, a pesar de tener un elevado volumen de capital, no pagaban a sus trabajadores

Otra de las tramas era gestionada por un matrimonio que había sido inhabilitado judicialmente para la actividad empresarial, pero que continuó creando mercantiles

En el operativo policial se ha procedido a la detención de 13 personas

27/05/21

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado en A Coruña un fraude a la Seguridad Social cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, promoción inmobiliaria, peluquería y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. En concreto, el fraude total se ha cuantificado en 2.949.309,64 euros.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020, tras recibirse varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela y Cambados.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 15 personas, siendo principalmente los administradores de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.

Un entramado que desarrollaba su actividad en cafeterías

Destaca la creación de un entramado empresarial que desarrollaba su actividad en cafeterías con venta de productos alimenticios, dirigido y gestionado por un padre y sus dos hijas desde el año 2006. Aunque en febrero de 2016 el padre se jubiló, nunca se desvinculó de las empresas, ejerciendo como jefe de todas ellas y figurando desde mayo de 2020 como administrador y socio único, pasando sus hijas a ser cesadas como socias fundadoras y administradoras mancomunadas.

La primera empresa constituida en el año 2006 generó beneficios, pero no como para hacer frente a las deudas contraídas. Por ello, crearon nuevas empresas con la misma actividad, creando confusión respecto a la aparente persona jurídica de derecho que ejercía la actividad en cada momento, con los mismos trabajadores, proveedores, domicilio y autorizado RED. De esta manera, la nueva mercantil dejó de ser titular de las obligaciones adquiridas por la empresa anterior y se impidió, a su vez, que se perfeccionasen los actos ejecutivos dirigidos al cobro de la deuda, eludiendo la responsabilidad de obligaciones anteriores.

Estas empresas no regularizaron su situación deudora con la Tesorería General de la Seguridad Social, no realizaron ningún trámite de disolución ni promovieron concurso de acreedores, por lo que continuaron generando deuda a pesar de que tenían un elevado volumen de movimiento de capital en sus cuentas bancarias.

El entramado empresarial creado por esta familia, así como las maniobras para eludir los pagos obligados, hizo que el perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social ascendiese a 850.449 euros.

Entramado empresarial con ingresos cercanos al millón de euros

Resultó significativa la creación de un entramado empresarial que se fue sucediendo en el tiempo desarrollando siempre la misma actividad: construcción de edificios, residenciales y promoción inmobiliaria. Fue creado y dirigido por un matrimonio pero, a pesar de que el juzgado declaró concurso voluntario de acreedores en una de las empresas y, posteriormente, condenó al marido con inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a personas físicas y jurídicas durante cinco años, éste hizo caso omiso a dicha sentencia y dirigió las distintas mercantiles. Incluso, constituyó otras nuevas con la colaboración de su esposa.

El entramado empresarial generó beneficios, llegando alguna de esas mercantiles a obtener ingresos anuales cercanos al millón de euros. Sin embargo, no se procedió al pago de cuotas a la Seguridad Social ni se solicitó su aplazamiento, y tampoco se realizó ningún trámite para reducirlas. Sin embargo, se obstaculizó la labor de este organismo.

Este matrimonio, a pesar de no abonar las deudas generadas por las mercantiles, mantuvo un alto nivel de vida, utilizando vehículos de alta gama y realizando la compra de dos embarcaciones de recreo, una en el año 2014 y otra en 2020. Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados originaron un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social de 300.012 euros.

Las normas de responsabilidad medioambiental necesitan una renovación

domingo, 30 de mayo de 2021

Las normas de responsabilidad medioambiental necesitan una renovación

Parlamento Europeo

Los eurodiputados quieren reforzar la legislación de la UE sobre responsabilidad medioambiental de las empresas para reducir y prevenir los daños al entorno.

Con el objetivo de reforzar la aplicación y aumentar la confianza de los ciudadanos en las normas vigentes, a la vez que se mejora la prevención y la efectividad de las medidas, el Parlamento exige mejoras de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental (DRM) y la Directiva de Delitos Medioambientales.

Las recomendaciones de los eurodiputados incluyen:

Revisar y transformar la Directiva de Responsabilidad Medioambiental en un reglamento, aplicable directamente, para asegurar que cubre a todas las empresas que operan en la UE;
Alinear la Directiva sobre Responsabilidad con otras leyes europeas sobre protección medioambiental, incluyendo la Directiva de Delitos Medioambientales y el Acuerdo de París; incrementar los esfuerzos para armonizar su aplicación en los Estados miembro;
Actualizar la Directiva de Delitos Medioambientales tras una exhaustiva evaluación sobre los nuevos tipos de delitos;
Investigar cómo se puede reconocer el “ecocidio” en la legislación europea, y también a nivel diplomático; aclarar los términos legales clave dentro de las dos directivas medioambientales y desarrollar una clasificación armonizada de delitos;
Crear un grupo de trabajo sobre responsabilidad medioambiental, con expertos y personal de la Comisión, para ayudar a su traslado y aplicación a nivel nacional, y para apoyar y asesorar a las víctimas de daños medioambientales sobre las opciones de recurso legal;
Estudiar la introducción de un sistema obligatorio de protección financiera (por ejemplo, cobertura de seguros, garantías bancarias, bonos o fondos) para que el coste de los daños medioambientales no recaiga sobre los contribuyentes.
Delitos medioambientales

Los eurodiputados lamentan la baja tasa de detección, investigación y condena de los delitos medioambientales, que según diversos cálculos son el cuarto tipo de actividad criminal más extendido en el mundo, y piden formación para las autoridades responsables (incluidos fiscales y jueces) para que la lucha contra estos delitos sea más efectiva. El mandato de la Fiscalía Europea debería ser ampliado para abarcar los delitos medioambientales, según el PE.

Además, el Parlamento condena cualquier forma de violencia, abuso o intimidación contra los defensores de los derechos humanos medioambientales y pide a los Estados miembro que investiguen con eficacia estos actos y los persigan judicialmente. En la misma sesión, el pleno aprobó otro informe en el que reclama apoyo y protección de la UE para esos activistas medioambientales y el reconocimiento del «ecocidio» como un delito en el Estatuto de Roma.

El informe sobre la responsabilidad medioambienta fue aprobado con 536 votos a favor, 121 en contra y 36 abstenciones.

Declaración

«Después de casi 20 años, ha llegado el momento de modernizar la Directiva de Responsabilidad Medioambiental y convertirla en un reglamento para prevenir y reducir los riesgos. Igual de importantes son las medidas que aseguran que, si se producen daños, los contribuyentes no paguen la factura al final. También proponemos que la Comisión ayude a los países a la hora de aplicarla », señaló el ponente del informe Antonius Manders (PPE, Países Bajos).

ICEX, Foro de Marcas y Cámara de España lanzan una campaña de imagen internacional basada en las fortalezas de las empresas españolas

domingo, 30 de mayo de 2021

ICEX, Foro de Marcas y Cámara de España lanzan una campaña de imagen internacional basada en las fortalezas de las empresas españolas

28 de Mayo 2021

Camara de España

‘Think Again, Think Spain’ tiene como objetivo reforzar la imagen de España en su dimensión económica y empresarial a través de la comunicación de casos de éxito y buenas prácticas de marcas líderes españolas
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo asegura que la campaña muestra lo mejor de la marca España que podría resumirse en dos atributos: excelencia y apertura
ICEX, Foro de Marcas y Cámara de España lanzan una campaña de imagen internacional basada en las fortalezas de las empresas españolas

Madrid, 28 de mayo. El Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX España Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio de España han presentado hoy la campaña de comunicación internacional ‘Think Again, Think Spain’, cuyo objetivo es la mejora de la imagen de España en su dimensión económica y empresarial a través de la comunicación de casos de éxito y buenas prácticas de marcas líderes españolas, asociados a los atributos de excelencia, creatividad, versatilidad e innovación.

La campaña da a conocer una realidad de España relativamente desconocida, ya que la imagen internacional de España, según los principales estudios de reputación, está basada en atributos blandos relacionados con el estilo de vida, el ocio, el entorno natural y la cultura, y mucho menos con el liderazgo y el saber hacer de sus empresas.

La iniciativa está dirigida a un público profesional y empresarial, con capacidad de decisión en los sectores más relevantes de la actividad internacional de nuestras empresas. La campaña prestará especial énfasis en mercados de alto interés para la economía y las empresas españolas como EE.UU., Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Perú.

Entre sus objetivos también se encuentra recuperar la confianza en España a partir de las fortalezas de su realidad económica y empresarial como destino de inversiones y como socio comercial, palancas clave para la recuperación de la actividad económica y por tanto para superar la crisis económica y social generadas por la pandemia.

La pieza central de la campaña es un vídeo (https://youtu.be/ZvHvNkDmMKE) en el que, a través de hitos procedentes de fuentes internacionales sobre España y sus empresas, juega con la “sorpresa positiva” y anima al espectador a reflexionar sobre una realidad de España muchas veces desconocida por el público tanto nacional como internacional.

La campaña también cuenta con una web www.thinkagainthinkspain.com que actúa como repositorio de materiales, en la que se pueden encontrar gráficas de diferentes ámbitos y sectores y un recopilatorio de hitos de liderazgo del país y sus empresas.

En el acto de presentación, realizado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la ministra Reyes Maroto ha destacado que “esta campaña contribuirá a poner en valor la marca España como un país vanguardista, dinámico y próspero. Somos una nación con carácter propio, pero también con una gran vocación global que está presente en el mundo a través de nuestras empresas, que son líderes en sectores clave en la economía del futuro, como las energías renovables, el sector de las telecomunicaciones, los productos agroalimentarios de alta calidad y productos punteros en el sector farmacéutico o en el sector automóvil”.

En el acto han participado también Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, María Peña, consejera delegada de ICEX, y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, en una mesa de debate moderada por la periodista Belén Chiloeches.

En palabras de Ignacio Osborne: “Es necesario activar la relación bidireccional que existe entre la imagen de cualquier país y la de sus empresas y marcas de referencia. El hecho de que en los principales estudios internacionales España no aparezca tan bien valorada en variables como la calidad de nuestros productos y servicios o en tecnología e innovación demuestra que en parte existe un desconocimiento sobre nuestra realidad económica y sobre nuestro tejido empresarial. Para corregir ese desfase entre percepción y realidad de una forma creíble, es necesario apoyarse en datos e hitos concretos de nuestras marcas embajadoras”.

José Luis Bonet ha subrayado que “la imagen internacional de España se asienta sobre bases muy sólidas y cuenta con un prescriptor fundamental que son los millones de turistas extranjeros que nos visitan cada año y que, no me cabe duda, volverán a hacerlo una vez que superemos la pandemia. Contamos, además, con las empresas, que son nuestras mejores embajadoras en el mundo, y cuyos valores se ponen de manifiesto en esta campaña como palanca de atracción para la inversión extranjera y componente esencial de la reputación internacional de España”.

Por su parte, María Peña, ha destacado que “ICEX lleva en su ADN la promoción en el exterior de la imagen de las marcas y sectores productivos españoles. En momentos como el actual, las empresas demandan esfuerzos adicionales en este sentido y a ello responde esta campaña de imagen en el convencimiento de que las grandes empresas generan un efecto arrastre muy positivo para las pequeñas”.

La campaña se distribuirá en todos los mercados de habla hispana e inglesa en los que se cuenta con medios propios como la red de Oficinas Económicas y Comerciales y la red de Cámaras de Comercio Territoriales y de Cámaras de Comercio en el Exterior. Asimismo, se hará un especial esfuerzo en llegar a líderes de opinión y medios de comunicación internacionales, especialmente de Estados Únicos, Reino Unido, Canadá, México, Colombia y Perú, y se apoyará para su difusión en las propias empresas españolas que la protagonizan.

Detrás de la idea creativa de la campaña y la ejecución de la misma se encuentra la agencia Contrapunto BBDO, que la ha desarrollado partiendo de un trabajo de diseño de estrategia realizado previamente por Interbrand.

Sobre el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE)

Fundado en 1999, el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) es una alianza público-privada integrada por más de cien de las principales empresas españolas con marcas líderes en sus respectivos sectores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ICEX España Exportación e Inversiones, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Cámara de Comercio de España, Turespaña y las Secretarías de Estado de Turismo y de la España Global. Su objetivo es fomentar a todos los niveles la importancia estratégica de la marca, la innovación y el diseño e impulsar la internacionalización de las empresas como palanca clave para la mejora de la competitividad de la economía española, contribuyendo así a potenciar la imagen de España y del conjunto de sus empresas a través de la unión de esfuerzos entre las marcas líderes españolas y las administraciones públicas competentes.

Sobre ICEX España Exportación e Inversiones

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España. Presta sus servicios a través de una red de 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y más de 100 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. Dispone, además, de 31 Centros de Negocio en el extranjero, que ofrecen a las empresas españolas infraestructura temporal a modo de incubadoras de la internacionalización.

Sobre la Cámara de Comercio de España

La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público que representa, defiende y promueve los intereses generales de las empresas españolas. Entre sus objetivos estratégicos figuran la mejora de la competitividad y el impulso a la internacionalización del tejido empresarial español, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, así como hacer llegar a las administraciones públicas la voz de las empresas, e el ejercicio de la función consultiva que le asigna la ley.

Marc15

domingo, 30 de mayo de 2021

María Cruz Castuera Salvatierra

sábado, 29 de mayo de 2021

Doña Maria Cruz Castuera Salvatierra, Oficial Sustituto que fue del Registro de la Propiedad número 2 de Pamplona ha fallecido en dicha ciudad, el día 23 de mayo de 2021 a los 88 años de edad.

Los funerales se celebrarán el lunes, día 31 de mayo a las 7 de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Francisco Javier, en Pamplona.

Nuestro más sentido pésame a toda su familia

Expansión

sábado, 29 de mayo de 2021

Libertad para Roman Protasevich y Sofia Sapega.

sábado, 29 de mayo de 2021

La UE exige la liberación del periodista de Bielorrusia

Roman Protasevich y Sofia Sapega siguen detenidos por las autoridades bielorrusas. Descubra cómo unirse a la petición para exigir su puesta en libertad.


Libertad para Roman Protasevich y Sofia Sapega.

Parlamento Europeo


El periodista bielorruso Roman Protasevich y su pareja Sofia Sapega fueron detenidos el 23 de mayo en MInsk por el gobierno de Bielorrusia tras el desvío forzoso de su vuelo de Ryanair, que se dirigía de Atenas a Vilna.

La táctica fue condenada inmediatamente por todo el mundo y diferentes voces internacionales exigieron que se aplicaran sanciones contra el país.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, afirmó que los acontecimientos en Bielorrusia, «con el secuestro de un avión civil para detener a los oponentes del régimen, requieren acelerar y endurecer nuestra respuesta».

El Parlamento y otras instituciones europeas exigen la liberación inmediata de Protasevich e instan a todo el mundo a difundir y condenar esta violación a los derechos fundamentales.

¿Qué puede hacer para contribuir a la liberación de Roman Protasevich?
El abuso de los derechos humanos solo puede prosperar si nadie habla sobre ello. Difunda información sobre Protasevic y Sapega, quienes actualmente están siendo silenciados y detenidos.

Comparta información en línea:

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Ayúdenos a difundir el mensaje al compartir este artículo y nuestras publicaciones en redes sociales
Además, le animamos a encontrar otras formas de protestar. Por ejemplo, el presidente Sassoli sugirió a los aeropuertos que se solidarizaran con la causa: «Creo que sería un gesto muy positivo que se exhibiera una foto de Roman Protasevich en los principales aeropuertos de los Estados miembros de la Unión Europea, como muestra de solidaridad y para demostrar que no le fallaremos».

¿Qué está haciendo la UE en respuesta a las acciones de Bielorrusia?
Los líderes de la UE se reunieron un día después del desvío y aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair para acordar una respuesta comunitaria. En su intervención durante la apertura de la cumbre, Sassoli llamó a la acción: «Nuestra respuesta debe ser fuerte, inmediate y unificada. La Unión Europea debe actuar sin dudar y castigar a los responsables. Hoy tienen una gran responsabilidad para demostrar que la Unión Europea no es un tigre de papel».

El Consejo Europeo acordó la prohibición del sobrevuelo del espacio aéreo de la UE por las aerolíneas bielorrusas, así como el uso de los aeropuertos de la UE. Además, exigió la liberación inmediata de Protasevich y Sapega y demandó a la Organización de Aviación Civil Internacional que investigue urgentemente este incidente insólito e inaceptable.

Además, determinó sanciones económicas selectivas adicionales y exigió que se adoptaran lo antes posible nuevas inclusiones en las listas de personas.

¿Qué exige el Parlamento Europeo?
La comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento debatió los incidentes el 26 de mayo con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya. «Pido al Parlamento Europeo que se asegure de que la reacción de la comunidad internacional no se limite al incidente del vuelo de Ryanair. La respuesta debe abordar la situación en Bielorrusia en su totalidad», demandó Tijanóvskaya.

El Parlamento ha pedido con regularidad elecciones transparentes en Bielorrusia, así como el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.

En concreto, los eurodiputados demandaron el año pasado que se celebraran nuevas elecciones en el país, así como sanciones más severas contra los funcionarios del régimen implicados en abusos de los derechos humanos. Los miembros del PE exigieron más apoyo para los ciudadanos de Bielorrusia y una revisión de las relaciones de la UE con el país.

En 2020, los eurodiputados galardonaron a la oposición democrática bielorrusa con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.

​​El Gobierno aborda con las CCAA las inversiones de los fondos para la transformación digital del Plan de Recuperación

sábado, 29 de mayo de 2021

27 de mayo de 2021

​​El Gobierno aborda con las CCAA las inversiones de los fondos para la transformación digital del Plan de Recuperación

​La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha presidido la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital en la que se han abordado los componentes en materia de transformación digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Tanto Comunidades Autónomas como Entidades Locales participan en la definición de actuaciones, en la ejecución directa de determinadas medidas y en la gestión de ayudas del Plan
Las Administraciones Territoriales dispondrán de 360 millones de euros para liderar acciones que impulsen la conectividad digital, lo que incluye el refuerzo de centros de referencia para la prestación de servicios esenciales, actuaciones para incorporar la conectividad a actividades económicas, en particular en polígonos industriales y centros logísticos, el programa de bonos digitales para colectivos vulnerables y la adaptación de infraestructuras para telecomunicaciones en edificios
En materia de competencias digitales, las Administraciones Territoriales dispondrán de 152 millones de euros para desarrollar actuaciones de capacitación digital de la ciudadanía, con especial atención en mujeres y niñas
Las Entidades Locales contribuirán, gracias a su cercanía con el tejido productivo local, a perfilar el impulso de la conectividad y también a impulsar las capacidades digitales transversales
En la reunión se ha abordado la importancia de la Ciberseguridad, destacando la relevancia de la implementación del “Plan de choque de Ciberseguridad” que esta semana ha aprobado el Consejo de Ministros; además, se ha acordado la celebración, próximamente, de una reunión sobre este asunto en el marco de la Comisión Sectorial de Digitalización e Inteligencia Artificial

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, que se ha celebrado de manera telemática. En la reunión han participado los responsables autonómicos en materia de competencias digitales, la Federación Española de Municipios y Provincias, además del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Durante la Conferencia Sectorial se han analizado algunas de las principales actuaciones en materia de transformación digital que despliega el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia​ , a través de la modernización de las Administraciones Públicas, la Industria 4.0, la Educación, la Formación para el Empleo, el Plan de choque de Ciberseguridad, la Conectividad Digital y las Competencias Digitales.

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tienen un papel activo en la ejecución de dichas actuaciones a través de la participación en la definición de las mismas, mediante la ejecución directa de algunas medidas, con la gestión de ayudas y subvenciones asociadas a fondos territorializados y también a través de la presentación de proyectos en las convocatorias con carácter general.

Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G

En el marco del Componente 15 del Plan de Recuperación, el componente dedicado a “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G”, las Comunidades Autónomas serán las encargadas de liderar acciones de refuerzo de conectividad en centros de referencia y servicios públicos. La finalidad es potenciar la conectividad y equipamiento de centros que permiten acceder a servicios esenciales, asistenciales y sociales tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y otros centros de referencia.

Las CCAA también desarrollarán el programa de bonos digitales de conexión a banda ancha para colectivos vulnerables y de la adaptación de infraestructuras para telecomunicaciones en edificios. Esta última actuación favorecerá la mejora del equipamiento que permite alojar las infraestructuras para telecomunicaciones situadas en los edificios y las posibilidades de despliegue de las redes de alta velocidad de una manera sostenible y respetuosa con los aspectos urbanísticos, contribuyendo a un menor consumo de energía.

A estas actuaciones hay que sumar las inversiones para incorporar la conectividad Gigabit a actividades económicas, con la finalidad de facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de carácter innovador de digitalización sectoriales (salud, agroalimentario, movilidad, turismo, industria, comercio…), en particular, en polígonos industriales y centros logísticos, especialmente en ámbitos rurales y zonas afectadas por el reto demográfico, donde el papel de las Entidades Locales será esencial.

Este conjunto de medidas se acompañará de la transferencia a las Comunidades Autónomas de más de 360 millones de euros de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea asignados al componente “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G”.

Competencias digitales

Respecto al Componente 19​ del Plan de Recuperación, el componente dedicado al “Plan Nacional de Competencias Digitales”, las Comunidades Autónomas se encargarán del desarrollo de las actuaciones de capacitación digital de la ciudadanía para lo que se transferirán 152 millones de euros. En concreto, se invertirá en refuerzo y desarrollo de redes de centros de apoyo a la formación digital, acciones de inclusión digital con foco en colectivos vulnerables, programas de información y sensibilización para población senior o programas de innovación para el cierre de la brecha digital.

Además, se impulsarán programas de capacitación digital para la transición ecológica y el reto demográfico, especialmente en zonas despobladas y se fomentará la capacitación para la ciudadanía digital en colaboración con Ayuntamientos.​

¿Necesitas reorganizar tus pagos?

sábado, 29 de mayo de 2021

¿Necesitas reorganizar tus pagos?

25/05/2021 Banco de España

Coincidiremos en que dirigirte a tu entidad financiera para decirle que tienes dificultades al afrontar los pagos comprometidos con ella no es agradable. Pero se trata, sin embargo, de una actitud valiente y responsable con tus finanzas que puede evitarte más disgustos, como la acumulación de intereses de demora o que aparezcas en ficheros de morosos, entre otras consecuencias. Ninguno estamos exento de que la vida nos presente giros más o menos inesperados que tengan un fuerte impacto en nuestras finanzas.

Llegado este caso, la entidad puede plantearte varias alternativas:

Una renegociación de las características de las operaciones en vigor y con las que tienes dificultades: reducción de la cuota, incorporación de carencias, rebaja de tipos… Estas modificaciones pueden formalizarse en contrato privado, aunque a veces puede ser necesario el reflejo en escritura pública, como suele ser el caso de los préstamos hipotecarios.
Una reestructuración de la deuda, que implica la cancelación de los contratos en vigor y formalización de otro u otros nuevos. Debes tener en cuenta que la cancelación anticipada de los contratos puede conllevar algún tipo de penalización o comisión, pero en cualquier caso también eso deberá ser objeto de la nueva negociación con la entidad.
Estas operaciones pueden llevar asociados gastos de Notaría, Registro y gestoría.

Existen empresas expertas en este tipo de negociación con las entidades que, a cambio de unos honorarios, te pueden asesorar y pueden ser útiles, sobre todo si mantienes deudas con varias prestamistas.

Analiza bien los términos de la operación resultante de la negociación. Con frecuencia se materializa en reducción del número de cuotas a pagar mensualmente, así como una disminución del importe total mensual dedicado al pago de deudas, pero esto no significa que te estén perdonando parte de lo que debes, simplemente se altera el calendario de pagos, alargándose, y en algunos casos, incrementando el pago total de intereses a lo largo de vida de la operación. Esto no es bueno ni malo, simplemente te advertimos sobre ello; en algunas circunstancias es la única forma de afrontar los pagos y sanear tus finanzas.

Algunos consejos que pueden serte útiles en este proceso:

Sé sincero con la entidad y/o el asesor que te ayude, ocultar información puede que haga que las opciones que te planteen no sean las más adecuadas en tu situación.
Sé realista contigo mismo respecto a la posibilidad de afrontar esta nueva deuda en el futuro: quieres resolver el problema de forma definitiva, no encontrarte al cabo de un tiempo en una situación similar.
Analiza y comprende cada una de las opciones que te presenten, no te quedes con dudas respecto a la nueva operación que afrontarás.
No te comprometas a hacer algo que tú sabes a ciencia cierta no vas a poder cumplir. Y cuando te comprometas, cumple con lo pactado.
Reflexiona sobre la forma en la que has manejado tus finanzas hasta la fecha, quizás debas realizar algunos cambios en tus gastos e ingresos ante unas circunstancias distintas.
La legislación actual recoge algunos supuestos para la renegociación y reestructuración de deudas que deberías revisar por si son aplicables a tu caso:

Medidas tomadas en relación con la situación derivada de la pandemia Covid-19.
Medidas recogidas en el Código de Buenas prácticas.
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores de las comunidades autónomas baja un 9,5% en marzo y se sitúa en 26,26 días, el mínimo histórico

sábado, 29 de mayo de 2021

Período Medio de Pago a Proveedores de marzo de 2021

El Periodo Medio de Pago a Proveedores de las comunidades autónomas baja un 9,5% en marzo y se sitúa en 26,26 días, el mínimo histórico

Lunes 24 de mayo de 2021

La Moncloa

La deuda comercial de las comunidades autónomas vuelve a registrar mínimos históricos, al situarse por debajo de los 3.000 millones, y mejora los datos de enero y febrero.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las Comunidades Autónomas se ha reducido en el mes de marzo de 2021 en 2,77 días, lo que supone una bajada del 9,54% con respecto al mes anterior, con lo cual se sitúa en 26,26 días, que constituye el valor mínimo desde el inicio de la publicación de la serie histórica en abril de 2018.

De esta forma, por cuarto mes consecutivo, el PMP de las comunidades presenta una cifra inferior a los 30 días.

Estos mínimos históricos se deben, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los territorios autonómicos, que han logrado atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes que son proveedoras de estas Administraciones.

El PMP de la Administración Central se cifra en el tercer mes del año en 33,10 días, lo que supone una disminución de 0,73 días.

Las Entidades Locales sitúan su PMP en 66,03 días en el primer trimestre del año. Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en 12,36 días.

Datos de la Administración Central

El PMP de la Administración Central se ha cifrado en 33,10 días en marzo de 2021, lo que supone 0,73 días menos que en febrero.

La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 30,61 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 37,57 días.

Datos de las Comunidades Autónomas

En las comunidades autónomas, el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en marzo de 2021 en 26,26 días, con lo que disminuye en 2,77 días respecto al mes anterior (-9,54%).

El PMP de este mes presenta el mínimo valor desde el inicio de la publicación de la serie histórica en abril de 2018. Además, se mantiene la tendencia de meses anteriores de forma que es la primera vez que el PMP se sitúa por debajo de los 30 días durante cuatro meses consecutivos.

En relación a la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 22,15 días y la de operaciones pendientes de pago en 33,91 días. Ello supone una disminución de 1,42 días de la ratio de operaciones pagadas, y una bajada de 3,05 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

Ninguna comunidad presenta este mes un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad. Además, sólo hay cuatro Comunidades que incumplen el plazo de 30 días.

Deuda comercial

El importe de la deuda comercial se sitúa por debajo de los 3.000 millones y se cifra en 2.981,4 millones de euros, equivalente al 0,25% del PIB nacional. Ello supone una disminución de 82,98 millones de euros con respecto al mes anterior (-2,71%).

El volumen de deuda comercial, tanto global como sanitaria, vuelve a alcanzar un nuevo mínimo histórico en toda la serie publicada desde abril de 2018, mejorando incluso a los niveles registrados en enero y febrero.

La causa principal de ese descenso es el establecimiento de medidas de liquidez que en favor de las comunidades ha puesto en marcha el Estado. Ya en diciembre de 2020 la deuda comercial bajó casi un 30% respecto a diciembre del año anterior, y esa evolución se está manteniendo en los primeros meses de 2021. Es decir, aunque las operaciones comerciales han aumentado por efecto de la crisis sanitaria, los pagos han aumentado en mayor medida por las medidas de liquidez del Estado, lo que hace que la deuda comercial se haya reducido.

Medidas por la COVID-19

Como lleva ocurriendo prácticamente todo el último año y también en este 2021, la evolución del PMP y de la deuda comercial están relacionadas con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas entre marzo de 2020 y marzo de este año se han incrementado en media mensual un 14,97% con respecto al ejercicio 2019, año previo a la crisis sanitaria.

Teniendo en cuenta el aumento del volumen de operaciones tramitadas, para contener la deuda comercial y el PMP ha sido básico el incremento del volumen de pagos efectuados por el conjunto de Comunidades Autónomas.

De esta forma, los pagos realizados en el primer trimestre de 2021 han ascendido a 15.145,44 millones de euros (9.846,47 millones en el ámbito sanitario), que supone un incremento del 7,71% (12,04% en el ámbito sanitario) con respecto al primer trimestre del ejercicio 2019. El incremento de los pagos a proveedores en media mensual desde el inicio de la pandemia con respecto al ejercicio 2019 se eleva hasta el 13,92%, alcanzando el 21,73% en relación a pagos a proveedores sanitarios.

En la evolución de la deuda comercial y del incremento de pagos efectuados, han resultado determinantes las medidas de liquidez adoptadas por el Estado para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

De esta manera, para las Comunidades Autónomas de régimen común cabe destacar el abono en los meses de marzo y abril de 2020 de una cuantía global de 2.862,55 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta.

Además, de acuerdo con el Real Decreto-ley 22/2020, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, durante el mes de diciembre se finalizó la distribución de todos los tramos de este fondo, por un importe total de 16.000 millones de euros.

Asimismo, las cantidades abonadas a terceros y proveedores en el ámbito del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas han ascendido a un importe de 7.477,99 millones de euros en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Todo ello está permitiendo que los niveles de deuda comercial y PMP de las CCAA no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria. De hecho, con respecto a los datos de marzo de 2020, la deuda comercial se ha reducido un 34,84% y el PMP se ha reducido un 24,93% y se ha situado por cuarto mes consecutivo por debajo de los 30 días.

Datos de las Corporaciones Locales

En cuanto a todo el conjunto de las Corporaciones Locales (cesión y variables), el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en 66,03 días en el primer trimestre del año, 18,13 días más con respecto al cuarto trimestre de 2020.

El dato de media del subsector está calculado conforme a la misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, es decir, que se ponderan los días en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores.

Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 34,79 días, alejado de los 66,03 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.

Además, de las entidades que han presentado información en este período, la mayoría cumple con el plazo de pago que marca la normativa de morosidad. Concretamente, el 69,74% de las entidades de cesión (grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el 77,66% de las de variables (resto de municipios) presentan en dicho período un PMP igual o inferior a 30 días. Con los datos de la muestra se puede afirmar que el 80% de las entidades que presentan información poseen un PMP igual o inferior a 32,34 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan en torno al 9,21% en cesión y el 9,64% en variables, el Período Medio de Pago bajaría hasta los 24,02 días en el primer trimestre para la totalidad del subsector, un importe claramente dentro del plazo legal.

De las principales ciudades, cuatro superan los treinta días, y tan sólo una ciudad, incluida en las anteriores, presenta en marzo un PMP superior a los 60 días.

El PMP en los Fondos de la Seguridad Social

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de marzo se ha situado en 12,36 días. El indicador ha aumentado en 0,84 días respecto al mes anterior. La ratio de operaciones pagadas se cifra en 10,63 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 22,84 días.

Estado de situación del COVID-19

sábado, 29 de mayo de 2021

Estado de situación del COVID-19

Viernes 28 de mayo de 2021

Cartel de información actualizada del COVID-19 a 28 de mayo de 2021

Actualización nº 385. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 28.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 28.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.668.658 casos confirmados de COVID-19 y 79.905 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Metro Ríos Rosas

viernes, 28 de mayo de 2021

La vivienda de alquiler asequible como parte de la recuperación en Europa

viernes, 28 de mayo de 2021

La vivienda de alquiler asequible como parte de la recuperación en Europa

Por Alfred Kammer, Andrea Schaechter y Andreas Tudyka

Fondo monetario Internacional

Ya antes de la pandemia eran muchos los empleados de tiendas y restaurantes que tenían que gastar más de la mitad del ingreso del hogar para alquilar una vivienda en una gran ciudad europea. Durante la pandemia, muchos sufrieron una caída del ingreso y tuvieron que destinar al alquiler una proporción más alta. Como los inquilinos jóvenes y de bajo ingreso suelen trabajar con más frecuencia en sectores que requieren un contacto intensivo u ocupar empleos precarios, se necesitan políticas estatales para que estos hogares no queden rezagados a medida que las economías se recuperan de la crisis de la COVID-19.

Tendencias preocupantes

Durante la última década, la vivienda de alquiler se volvió menos asequible en muchas economías europeas. En nuestro reciente estudio de 17 economías avanzadas europeas , un inquilino típico destinaba alrededor de 25% del ingreso al alquiler en 2018, y una familia joven, alrededor de una tercera parte. En el caso de un hogar en el 20% más bajo de la distribución del ingreso, la proporción del ingreso destinada al alquiler era mucho más alta: 40%.

Ese 40% es generalmente el umbral en el que se considera que un hogar está sobrecargado por el pago del alquiler. Es estremecedor constatar que en casi tres cuartas partes de los países analizados, la mitad o más de los inquilinos de bajos ingresos se encontraba sobrecargado en 2018. Las tasas eran particularmente elevadas entre la población de 16 a 29 años de edad y en las grandes ciudades. En 2013–18, en capitales como Lisboa, Dublín, Madrid, Reikiavik, Estocolmo y la Ciudad de Luxemburgo, el alza de precios de los alquileres superó varias veces el aumento a nivel nacional.

A diferencia de los inquilinos, los costos de la vivienda para los propietarios han disminuido desde 2014. Un inquilino suele gastar en vivienda una vez y media de lo que gasta un propietario como proporción del ingreso disponible. Esta discrepancia se ahondó en más o menos 4 puntos porcentuales entre 2011–13 y 2016–18, sobre todo para los más pobres, es decir los que ocupan el 20% más bajo de la distribución del ingreso. Así lo muestran las barras verdes del gráfico. Eso significa que los propietarios en general se beneficiaron directamente de las bajas tasas de interés vigentes durante ese período, pero no así los inquilinos.

Razones detrás de las crecientes presiones sobre la asequibilidad de los alquileres

Según nuestro análisis, el aumento del producto económico no se tradujo en alzas del ingreso disponible que compensaran en suficiente medida el encarecimiento de los alquileres, sobre todo para los hogares de bajo ingreso. Además, el avance de la urbanización, la transformación estructural hacia el empleo muy calificado en el sector de los servicios y la mayor incidencia del turismo agudizaron las presiones sobre la asequibilidad para los inquilinos, especialmente de menores ingresos. En otras palabras, los hogares más pobres no han podido cosechar muchos de los beneficios del cambio y el crecimiento de las economías.

La pandemia probablemente empeorará la situación

Mucha gente que alquila es especialmente vulnerable a la crisis de la COVID-19 ya que trabaja con más frecuencia en sectores de contacto intensivo, recién inicia su carrera y tiene poca seguridad laboral y, por lo general, tiene menor acceso al teletrabajo. Cabe prever que sus ingresos tardarán años en recuperarse, y el regreso a la normalidad probablemente será más prolongado para quienes tengan que pasarse a otro sector. El abaratamiento de los alquileres compensaría en parte esa pérdida de ingresos, pero hasta el momento se lo observa más que nada en algunos lugares muy turísticos y principalmente en viviendas de alta gama. Además, es muy difícil saber en qué medida se generalizarán los cambios de comportamiento que podrían moderar los costos de alquiler, ni cuánto perdurarán. En consecuencia, las tendencias de divergencia económica y desigualdades que ya existían antes de la pandemia probablemente se intensificarán.

Políticas para promover la asequibilidad del alquiler de viviendas

Abordar la asequibilidad de los alquileres no es tema fácil porque las políticas de la vivienda son complejas. A menudo apuntan a múltiples metas, entre las cuales la asequibilidad, un buen equilibrio en las regulaciones para arrendadores y arrendatarios, y la igualdad de acceso a las oportunidades son solo algunas de ellas.

En general, las políticas eficaces deberían incluir esfuerzos por promover las oportunidades de ingreso a largo plazo de los hogares de bajo ingreso y los jóvenes, para que puedan beneficiarse de la transformación estructural de la economía.

La herramienta de política inmediata más poderosa es incrementar los niveles y la cobertura de la ayuda portátil para la vivienda, que puede utilizarse con flexibilidad en distintas localidades. Esta medida se presta a un rápido despliegue y una eficaz focalización. Brindaría respaldo durante y después de la recuperación y reduciría los gastos de alquiler de las familias de bajo ingreso en todo el mercado privado.

Los gobiernos también deberían lanzar iniciativas que incrementen la oferta de vivienda asequible para aliviar la presión sobre la demanda de manera más permanente. En particular, los gobiernos podrían invertir más en vivienda social de alquiler, cuyo precio está subvencionado, sobre todo si la oferta es decreciente y está baja. Asimismo, podrían ajustar los incentivos financieros; por ejemplo, aplicando impuestos a las propiedades vacías y reorientando los subsidios hacia la inversión privada en construcción de viviendas de alquiler, en lugar de favorecer a los propietarios de alto ingreso.

En la UE, el financiamiento proveniente del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea brinda la oportunidad de invertir en vivienda social e infraestructura pública como parte integral de la estrategia de recuperación tras la pandemia. El aumento de la inversión en vivienda respaldaría el crecimiento inclusivo al crear empleo, ofrecer un mayor número de viviendas de alquiler asequible y facilitar el acceso al trabajo en distintas localidades.

Se prevé que la pandemia empeore la asequibilidad de la vivienda de alquiler y las tendencias de desigualdad que ya estaban presentes antes de que la COVID-19 golpeara Europa. Los gobiernos deben redoblar con urgencia los esfuerzos por evitar que los inquilinos de bajos ingresos y los jóvenes queden aún más rezagados.

Este blog se basa en un estudio realizado junto con Khalid Elfayoumi, Izabela Karpowicz, Jenny Lee, Marina Marinkov, Aiko Mineshima, Jorge Salas, Andreas Tudyka y Andrea Schaechter.

Estado de situación del COVID-19

viernes, 28 de mayo de 2021

Estado de situación del COVID-19

Jueves 27 de mayo de 2021

27/05/2021. Cartela 27 de mayo

Actualización nº 384. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 27.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 27.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.663.176 casos confirmados de COVID-19 y 79.888 fallecidos

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Jos Dijsselhof defiende como clave de la recuperación el acceso a los mercados de las pequeñas y medianas empresas

viernes, 28 de mayo de 2021

Jos Dijsselhof defiende como clave de la recuperación el acceso a los mercados de las pequeñas y medianas empresas

•El Consejero Delegado de SIX y Presidente de BME se muestra optimista sobre las salidas a Bolsa en los próximos meses y defiende el poder transformador de la tecnología
•El Foro Medcap despide su decimoséptima edición, la segunda online, con 3.600 conexiones vía streaming a sus paneles y discovery meetings
•La importancia de los mercados financieros como vía de financiación para las empresas de todo tamaño ha ido la idea central del tercer y último día del evento
•Los gestores de un centenar de empresas han podido explicar a los inversores sus planes de crecimiento y recuperación para el escenario post Covid-19

Jos Dijsselhof, Consejero Delegado de SIX y presidente de BME ha sido el encargado de abrir la tercera y última jornada del Foro Medcap. Durante su intervención, ha destacado la mayor visibilidad que proporciona a las empresas cotizar en Bolsa, además de las ventajas que aporta en términos de reputación y crecimiento. Así mismo ha señalado la importancia de BME Growth a la hora de proporcionar financiación a las pymes, ya que ellas serán clave en la recuperación económica y el fin de la pandemia. En este sentido el consejero delegado de SIX ha afirmado que todo el ecosistema y los actores financieros deben estar alineados y trabajar en la misma dirección para mejorar el acceso de las pymes a los mercados.

Jos Dijsselhof se ha mostrado también optimista respecto a la recuperación de la economía y la evolución de la pandemia, que ha acelerado los procesos de digitalización. En este aspecto ha destacado cómo la tecnología blockchain puede ayudar a mejorar la eficiencia y el acceso a los mercados. Otro de los aspectos clave ha sido el proyecto de Unión de Mercados de Capitales, cuyo ritmo cree necesario acelerar para poder hacer frente a la competencia internacional con más garantías. El Consejero Delegado de SIX ha afirmado igualmente que las perspectivas de salidas a Bolsa en España y Suiza son positivas.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, ha sido el protagonista de la siguiente intervención del Foro. Tras ser presentado por Jesús González Nieto-Márquez, director general de BME Growth, el presidente del ICO ha destacado que el crecimiento postCovid-19 será más sostenible y vendrá acompañado de una mayor digitalización. También ha apoyado el objetivo de BME de facilitar el crecimiento de las pymes y su trabajo en el Entorno Pre Mercado, la iniciativa lanzada por BME que prepara a las pequeñas y medianas empresas a dar el salto a los mercados financieros.

García de Quevedo ha destacado igualmente que los programas de avales del ICO, incluidos los que conciernen al MARF, han sido de los más exitosos de Europa.

El tercer panel del día, muy relacionado con el anterior, ha reflexionado sobre el papel de la Bolsa como eficiente herramienta de crecimiento para las empresas. Marian Fernández, responsable de macroeconomía de Andbank España, ha moderado la mesa, en la que han participado Ibon Naberan, General Manager y CFO de All Iron Socimi; Manuel de Luna, Deputy CFO de Ebro Foods; Daniel Lozano, Director de Relación con Inversores y Comunicación de Grenergy, y Susana Álvarez, Profesora de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo.

Los ponentes han coincidido en resaltar que ser una empresa cotizada ofrece a las compañías visibilidad, disciplina, acceso a nuevos inversores para financiar su crecimiento y también liquidez y transparencia para sus accionistas. También han resaltado que el acceso a la Bolsa abarata el coste de financiación de las empresas.

El impacto de la crisis en sectores estratégicos y sus perspectivas, por un lado, y los sectores de salud y biotecnología, por el otro, han centrado los dos últimos paneles del Foro Medcap. El primero de ellos estuvo moderado por Arturo Gayoso, Socio de Deloitte, y contó con representantes de Atom Hoteles, Atresmedia y Metrovacesa. Resaltaron la capacidad de adaptación de sus respectivos sectores ante la crisis del Covid-19. En cuanto a las lecciones que se pueden extraer para el futuro destacaron, entre otras, el creciente poder de la digitalización, el modo en el que los cambios en la forma de trabajan repercuten directamente en todos los sectores de la economía y el aumento generalizado de aptitudes tras esta experiencia.

En el panel dedicado a la salud y la biotecnología, que moderó Jorge Bagán, socio de Deloitte, participaron Oryzon Genomics, Reig Jofre y Pharmamar. Los ponentes han destacado la buena marcha del ritmo de vacunación, señalando como sin salud no hay economía y destacando la importancia de la prevención y el cuidado de la salud frente a los tratamientos.

Así mismo han subrayado que la búsqueda de fármacos para combatir la pandemia ha proporcionado oportunidades al sector y ha fomentado acuerdos comerciales, al tiempo que ha servido de catalizador, fomentando la digitalización y una mayor colaboración público-privada. Los ponentes han abordado igualmente la evolución de las principales referencias financieras de sus compañías y su evolución en Bolsa durante la pandemia, así como los retos y perspectivas futuras de consolidación.

La decimoséptima edición del Foro Medcap se cierra con 3.600 conexiones a los distintos paneles y discovery meetings del evento, que ha batido récord de inversores inscritos, con más de 230, más de la mitad, internacionales.

La reserva hídrica española se encuentra al 60,6 por ciento de su capacidad

viernes, 28 de mayo de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 60,6 por ciento de su capacidad

Martes 25 de mayo de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 60,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.875 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 200 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1%
•Cantábrico Occidental al 83,0%
•Miño-Sil al 71,8%
•Galicia Costa al 80,8%
•Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
•Duero al 79,2%
•Tajo al 61,9%
•Guadiana al 40,3%
•Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%
•Guadalete-Barbate al 43,9%
•Guadalquivir al 40,6%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,5%
•Segura al 47,9%
•Júcar al 62,4%
•Ebro al 80,4%
•Cuencas internas de Cataluña al 91,3%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Alicante (A) con 61,0 mm (61,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Europa Creativa: un impulso a la cultura europea

viernes, 28 de mayo de 2021

Europa Creativa: un impulso a la cultura europea

Parlamento Europeo

Los eurodiputados aprobaron en mayo un presupuesto de 2 500 millones de euros para los sectores cultural y creativo, el mayor compromiso financiero conocido hasta la fecha en este ámbito.

Europa Creativa

Del ballet al breakbeat: apoyando la creatividad europea
El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron el nuevo paquete financiero que ayudará a los artistas y a los trabajadores de la cultura europea a recuperarse de la crisis provocada por la pandemia, que dañó en gran medida al sector. Los eurodiputados aprobaron en el pleno de mayo el acuerdo sobre «Europa Creativa», el único programa europeo dedicado en exclusiva a los sectores cultural y creativo.

2 500 millones presupuesto para el programa «Europa Creativa»

Una mejor respuesta a las necesidades de los diferentes sectores

El programa «Europa Creativa» se divide en tres apartados para responder mejor a la naturaleza específica de los diferentes sectores y atender a sus necesidades.

El apartado Cultura apoya iniciativas del sector cultural y creativo, como las que fomentan la cooperación transfronteriza y multidisciplinar, y fomentan la identidad y los valores europeos. A petición de los eurodiputados, se le concede especial atención al área de la música.

La categoría Media se centra en la cooperación transfronteriza, la movilidad y en la innovación. Además, apoya la promoción de las obras audiovisuales europeas y las hace más atractivas para diferentes audiencias, en particular, para los jóvenes.

El apartado Intersectorial pretende fomentar la innovación, apoyar los projectos transverales e intercambiar buenas prácticas para hacer frente a los retos comunes.

Otras iniciativas de «Europa Creativa»
Sello de Patrimonio Europeo
Jornadas del Patrimonio Europeo
Premios europeos de música, literatura, patrimonio y arquitectura
Capitales Europeas de la Cultura
Apoyo para actividades con valor añadido de la UE

El programa reconoce el valor añadido de la cultura para nuestro modo de vida europeo, la diversidad cultural y la cooperación transfronteriza.

Promoción de la inclusión y de la igualdad de género

Los eurodiputados consiguieron que el programa promueva la inclusión y la igualdad de género, a través del fomento de la participación de personas con discapacidad, minorías y personas de entornos desfavorecidos y apoya al talento femenino.

En pareja

jueves, 27 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo se opone a la concesión del indulto a los doce condenados en la causa del ‘procés’

jueves, 27 de mayo de 2021

Miércoles, 26 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo se opone a la concesión del indulto a los doce condenados en la causa del ‘procés’

Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo

Autor: Comunicación Poder Judicial

El tribunal que juzgó la causa del ‘procés’ ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto –total o parcial- a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

La Sala afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”.

El informe, ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, “la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados. La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.

Falta arrepentimiento de los condenados

El tribunal destaca que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”.

“Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”, subrayan los magistrados.

El informe cita a Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”, subrayan los magistrados.

En su informe, recuerda que el tribunal quiso oír a los condenados, cumpliendo el trámite indispensable impuesto por la Ley de Indulto, y que la mayor parte de ellos, salvo Jordi Cuixart y Santi Vila, no informaron, por lo que “con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos decisivos para respaldar nuestro informe y, lo que es más importante, nos obliga a una interpretación flexible que no vea en esa falta un impedimento formal que sugiera el cierre del expediente”.

Como consecuencia, la Sala interpreta que la oposición de los condenados a la sentencia encierra la implícita reivindicación de que la responsabilidad criminal declarada sea ahora extinguida mediante el ejercicio del derecho de gracia.

“Y ello aunque, por razones estratégicas de una u otra naturaleza, esa voluntad no llegue a exteriorizarse públicamente o, en algún supuesto singular, se llegue a sugerir de manera indubitada un rechazo a esa medida impetrada por otros, por lo que pudiera suponer de aceptar un perdón por lo que se entiende que no debe ser perdonado. Y en otros casos, la indiferencia o indolencia, aparente y puramente fingida o real, sitúe a algunos penados en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe esperar de quien aspira a ser indultado con arreglo a los parámetros perfilados normativamente”, según la sentencia.

Solicitudes desenfocadas que dibujan una responsabilidad grupal

El tribunal explica que el indulto, contrariamente a lo que sugieren algunas de las solicitudes presentadas en nombre de los condenados, no puede presentarse como una segunda instancia ante el Gobierno de la nación ni como el último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales. “Lejos de subrayar las razones que justificarían la innecesariedad de la pena, optan por centrarse en una crítica jurídica de la sentencia dictada por esta Sala, llegando a cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.

En su informe, la Sala advierte un llamativo desenfoque en las peticiones de indulto que buena parte de ellas no mencionan consideraciones de equidad o justicia y que “dibujan una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida por un sujeto activo plural que respondería a la denominación de “los presos del procés”.

El tribunal argumenta que esta responsabilidad compartida, grupal, ligada por vínculos de coincidencia ideológica entorpece el razonamiento a la hora de exponer los motivos que justificarían su extinción y no permite entender ni justificar el efecto extintivo que es propio del indulto.

La Administración Penitenciaria ha entorpecido el cumplimiento de los fines de la pena

A juicio del tribunal sentenciador, tampoco facilita su tarea el criterio de la administración penitenciaria que, “desde el primer momento del cumplimiento de la pena y en la elaboración de los informes unidos al expediente, bajo la apariencia de una valoración diferenciada, ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento de “los presos del procés” sin atender a la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos”.

Ese criterio institucional -añaden los magistrados- “con visible distanciamiento de los requerimientos legales y que ha tenido que ser corregido una y otra vez por esta Sala, ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto”

Penas proporcionadas a la gravedad del delito

Varias de las solicitudes de indulto justifican la extinción de la responsabilidad criminal por la desproporción de las penas ante un delito contra el orden público.

La Sala recuerda que su sentencia proclamaba con nitidez que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público “lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara – por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”.

Por ello el tribunal considera que el enfoque tiene que ser distinto cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática.

La Sala analiza los tipos penales vigentes en sistemas extranjeros en relación con los hechos juzgados y concluye que desde el derecho comparado también debe rechazarse la conclusión acerca de la quiebra del principio de proporcionalidad.

En relación con los penados que también fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos, afirma que es más que evidente que en cualquier sistema penal democrático, la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad.

El informe recoge también las razones por las que considera improcedente la concesión del indulto a los condenados sólo por un delito de desobediencia que no cumplieron penas de prisión. En este caso, señala que su negativa se deriva de la ausencia de cualquier razón que obligue a corregir un desenlace punitivo que, en modo alguno, puede considerarse contrario al principio de proporcionalidad. Sobre todo, según la Sala, porque el abono de las penas pecuniarias que le fueron impuestas y el tiempo transcurrido desde la firmeza de la sentencia, descartan el efecto extintivo que es propio del indulto.

La amnistía planteada por Cuixart: desenfoque sin precedentes en los archivos del Tribunal Supremo

En sus alegaciones, Jordi Cuixart no acepta el indulto, pero sí la amnistía, como un instrumento jurídico de sanación de sentencias injustas. En concreto, su escrito señala textualmente que “ha manifestado en reiteradas ocasiones de manera pública que como preso político su prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena, empezando por la amnistía como respuesta colectiva en lugar del indulto como solución individual».

El tribunal explica que abordar el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía como fórmula de extinción generalizada de la responsabilidad criminal declarada por los jueces y tribunales desbordaría los términos propios de este informe de indulto. Pero añade que “esa preferencia por la amnistía – justificada en momentos políticos de transición de un sistema totalitario hacia un régimen democrático- prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.

De la memoria colectiva, añade la Sala, forman parte decisiones políticas de amnistía “que sirvieron para ocultar delitos cuyo perdón y consiguiente impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto final, que tuvieron que ser neutralizadas, precisamente, por los tribunales”.

De ahí las dificultades que aprecia la Sala para entender esa preferencia incondicional por un instrumento jurídico de extinción de la responsabilidad criminal – la amnistía- que para Cuixart convertiría en legítima su excarcelación, frente al rechazo al indulto. “El primero (el indulto) se presenta como una institución que adulteraría la dignidad de quien se acoge a su ámbito, mientras que la amnistía tendría un efecto balsámico que proyectaría sus saludables efectos, no solo en el proceso penal ya resuelto, sino “ en la resolución del conflicto político”.

Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre

jueves, 27 de mayo de 2021

Diálogo social

Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre

Miércoles 26 de mayo de 2021

La Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021.

Su objeto es extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El preacuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo.

Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las medidas extraordinarias de protección del empleo relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones.

Sectores ultraprotegidos

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena de valor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.

En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 -Confección de otras prendas de vestir y accesorios -, 4637 -Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias- y 7420 -Actividades de fotografía-). Y salen cinco (1811 -Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas-, 2670 -Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico-, 4741 -Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados-, 5122 -Transporte espacial- y 7734 – Alquiler de medios de navegación-).

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril de 2020 y finales de mayo han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por los ERTE igual o superior al 15%.

Limitación e impedimento

Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.

Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un «ERTE de impedimento». Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

Actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE. Del total, unos 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de 16.300, por impedimento. Del resto, poco más 233.000, se encuadran entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos.

Garantías de los ERTE

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria.

La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad.

El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del artículo 8.7 del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre.

Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.

Esta prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

Ábalos anuncia que las CC.AA. gestionarán 4.450 millones de euros de los fondos europeos para impulsar la rehabilitación de viviendas y actuaciones urbanas

jueves, 27 de mayo de 2021

Ábalos anuncia que las CC.AA. gestionarán 4.450 millones de euros de los fondos europeos para impulsar la rehabilitación de viviendas y actuaciones urbanas

Miércoles 26 de mayo de 2021

El ministro José Luis Ábalos y el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, se ha reunido con los consejeros regionales, acompañado por el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, y el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

Ábalos les ha transmitido las inversiones y líneas de ayudas a fondo perdido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que tendrán que gestionar para garantizar la rápida recuperación de la economía y acelerar la transformación y modernización del sector de la construcción e inmobiliario.

Durante su intervención, Ábalos ha afirmado que la cogobernanza es fundamental para ejecutar con éxito el plan de rehabilitación energética ya que el Ministerio va a transferir a los gobiernos regionales más del 80% de los 5.520 millones de euros de los fondos europeos de los que son responsables y, por lo tanto, de los que debe responder ante la UE. El resto, hasta los 6.820 millones incluidos en la Componente 2 del Plan, está gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

«Más del 80% de los fondos de nuestro ministerio para vivienda y actuaciones urbanas – en concreto 4.450 millones de euros-, serán transferidos a ustedes, las comunidades y ciudades autónomas para que los gestionen. Para ello debemos reforzar los mecanismos de colaboración entre ustedes y nosotros, que ya venimos empleando desde hace años en el marco de los planes de vivienda y en otros ámbitos, y que en esta Conferencia Sectorial abordamos», ha señalado Ábalos, que en más de una ocasión ha dejado claro que el Plan «es un proyecto de país» ya que «a todos nos atañe su éxito».

«Es importante que hagamos un trabajo de identificar y eliminar obstáculos y cuellos de botella, superar errores del pasado que afectan a la ejecución de las obras, con el objetivo claro de acelerar la transformación del sector y que los fondos alcancen lo antes posible a las empresas y al empleo», ha alertado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Llegar a los que más lo necesitan

Asimismo, el ministro ha explicado que el Plan España Puede persigue que los fondos europeos financien una serie actuaciones que impliquen una reducción media del consumo de energía primaria no renovable (gas, carbón) de más de un 40%. Una medida que ayudará a poner coto a las emisiones de gases invernadero y al consumo energético del parque de edificios de nuestro país, que representa el 30% del total.

«En concreto el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana permitirá reducir el consumo medio de energía primaria no renovable del sector residencial en más de un 40% y ahorrar la emisión a la atmósfera de 650.000 toneladas de CO2 al año», ha asegurado Ábalos. Así, además de las iniciativas destinadas a la mejora de barrios y del parque de titularidad privada, eminentemente residencial, el Plan incluye una partida de 1.080 millones de euros para la rehabilitación de edificios de titularidad pública, tanto de las Comunidades Autónomas como de las Entidades Locales.

En línea con este objetivo medioambiental, el plan persigue mitigar la pobreza energética de los hogares, un problema social que afecta a más de 3,5 millones de personas en España. Para ello, contempla financiar prácticamente en su totalidad las actuaciones de mejora y rehabilitación energética que lleven a cabo los hogares y barrios de muy bajos recursos y que, entre otras cosas, permitan abaratar el coste de los servicios básicos de energía. «Estos fondos tienen una prioritaria: alcanzar efectivamente a las personas que más lo necesitan y mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestros edificios y ciudades», ha destacado el ministro de Transportes.

Objetivos del Plan

La componente 2, bautizada como Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana, está compuesta por seis programas de inversión y seis reformas legales, entre las de que destaca la Ley de Vivienda, en la que Ejecutivo lleva meses trabajando para garantizar el derecho a una vivienda digna a un precio asequible, y la mejora de acceso a la financiación para rehabilitación. Los programas, que cuentan con una financiación generosa con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, persiguen unos «objetivos ambiciosos»:
•Más de medio millón de actuaciones de rehabilitación hasta junio de 2026, y sentar las bases para alcanzar las 300.000 viviendas rehabilitadas anualmente en el horizonte del año 2030, multiplicando por diez la cifra actual de 30.000 rehabilitaciones anuales en la próxima década
•La construcción de 20.000 viviendas nuevas energéticamente eficientes para el alquiler social.
•Reducir la pobreza energética, abaratar los costes de los servicios energéticos básicos, mejorar la calidad de vida y la integración social, especialmente en zonas menos favorecidas de España y modernizar, digitalizar y aumentar el valor del sector de la construcción y sus técnicos y profesionales.
•Crear más de 180.000 empleos y aportar 13.500 millones de euros al PIB. Puestos de trabajo y valor añadido que serán más estables y cualificados que los de una burbuja especulativa.

Además del impacto en la reactivación de la economía, el plan de recuperación europeo también está llamado a modernizar el sector para evitar nuevas burbujas especulativas.

«Los fondos también tienen la capacidad de transformar el sector de la construcción para hacerlo más profesional, cualificado y estable en el medio plazo. También representar una oportunidad para aumentar la formalidad de la actividad, el tamaño de las empresas y su competitividad general. No son programas pensados para grandes empresas. Las Pymes pueden ser grandes beneficiadas, y de eso nos debemos concienciar todos los que tenemos una responsabilidad en la gestión de estos fondos», ha explicado Ábalos.

En este punto, cabe señalar que el sector de la rehabilitación tiene un potencial de crecimiento muy importante en nuestro país. Y es que en España cerca del 45% de los edificios es anterior a 1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial, y una cifra de 9,7 millones de viviendas. A su vez, se estima que alrededor de un millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso, que el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y que el 40% de los mismos de cuatro o más plantas no tiene ascensor.