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En la orilla del Cantábrico

domingo, 2 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo fija que el derecho de la defensa a conocer el contenido de las actuaciones excluye la investigación policial desarrollada antes del inicio del procedimiento judicial

domingo, 2 de mayo de 2021

Miércoles, 28 de abril de 2021

El Tribunal Supremo fija que el derecho de la defensa a conocer el contenido de las actuaciones excluye la investigación policial desarrollada antes del inicio del procedimiento judicial

El Tribunal considera que solo son susceptibles de reclamarse estas investigaciones de la policía cuando la defensa presente indicios de que concurren circunstancias que pueden afectar a la validez de la prueba obrante en el procedimiento, o que pueden influir en su calidad, en su credibilidad o en su fuerza incriminatoria

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal supremo ha rechazado los recursos de casación que presentaron dos personas que fueron condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 8 años de prisión por un delito contra la Salud pública y ha fijado en una sentencia el contenido y los límites del derecho de defensa estableciendo que no existe un derecho a conocer la investigación policial desarrollada con anterioridad al inicio del procedimiento judicial. El tribunal considera que solo son susceptibles de reclamarse estas investigaciones de la policía cuando la defensa presente indicios de que concurren circunstancias que pueden afectar a la validez de la prueba obrante en el procedimiento, o que pueden influir en su calidad, en su credibilidad o en su fuerza incriminatoria.

En sus alegaciones los recurrentes denunciaban la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por habérseles negado desde el juzgado instructor, la Audiencia Provincial y el TSJ, el acceso a la investigación realizada por el grupo de blanqueo de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil que dio lugar a la posterior detención de los dos recurrentes como presuntos responsables de un cargamento de cocaína que se intervino en su poder.

Los dos condenados argumentaban que no resultaba creíble que fueran sorprendidos en posesión de 215 Kg de cocaína de manera casual y durante la vigilancia policial de la vivienda otras dos personas investigadas por blanqueo de capitales. Su sospecha de que la incautación de la droga estaba conectada con el contenido de la investigación por blanqueo de capitales, hizo que la defensa reclamara copia de los comunicados que se habían cruzado el FBI y la UCO en el seno de la investigación abierta por blanqueo, así como el contenido de la investigación policial desarrollada para el esclarecimiento de este delito.

Los recurrentes sospechaban que su detención resultaba de una investigación específica de narcotráfico y que tenían derecho a conocer por orden de quién y por qué se había seguido la investigación que llevó a su condena. Consideraban en su recurso que la denegación del acceso a la información solicitada, había supuesto una vulneración de su derecho de defensa en los términos expresados en la Directiva 2012/13 UE del Parlamento Europeo, relativa al derecho a la información en los procesos penales. La directiva, en su artículo 7, establece el derecho de todo detenido a que se le faciliten los documentos relacionados con el expediente de su detención y, con carácter más general, reconoce el derecho de cualquier investigado a tener acceso a la totalidad de las pruebas materiales que estuvieran en posesión de las autoridades competentes, para salvaguardar así la equidad en el proceso y poder preparar su defensa.

La Sala analiza la mencionada directiva, así como su trasposición a través de la Ley Orgánica 5/2015 y la doctrina establecida en el Pleno no Jurisdiccional de 26 de mayo de 2009 sobre esta materia, y concluye que el derecho a conocer la información que pueda resultar relevante para el material probatorio no es de configuración absoluta y sin modulación.

La sentencia, ponencia del magistrado Pablo Llarena, explica que para que la petición de la defensa esté indebidamente denegada no solo debe existir correlación entre el objeto de la prueba y el instrumento que se propuso para su verificación, sino que razonablemente debe poder atribuirse a la prueba la capacidad de aportar un eficaz reforzamiento de las tesis de la defensa.

El derecho a conocer las pruebas no incluye el contenido de la investigación preprocesal

La sentencia precisa que el derecho de las partes personadas a conocer las pruebas materiales que estén en posesión de las autoridades competentes, está referido al material que integra el procedimiento judicial, pero que “En modo alguno el derecho abarca a conocer el contenido de la investigación preprocesal, cuyo resultado final, al tener valor de denuncia o de mero objeto de la prueba (art 297 LECRIM) sólo sirve para el arranque del proceso penal y se materializa como referencia inaugural para el ejercicio del derecho de defensa en la forma procesalmente prevista”.

La sentencia añade que no existe un derecho a que el encausado pueda desvelar el contenido y el alcance de las colaboraciones policiales internacionales, y que tampoco existe un derecho “a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de investigación policial desarrolladas en nuestros límites territoriales, como no lo hay tampoco a conocer la identidad de los agentes que hayan intervenido en la investigación, cuando no tiene una repercusión legal sobre el material probatorio en el que pueda fundarse una eventual acusación”.

Los investigados sometidos a proceso penal -añade el tribunal- carecen de un derecho que les ampare a desvelar los puntos de apostamiento policial, o la identidad de los confidentes, o la información recabada mediante técnicas de criminalística que perderían su eficacia si se divulgaran masivamente.

No existe por tanto el derecho a conocer los instrumentos y materiales concretos de los que dispuso la policía para la investigación. Este derecho solo es apreciable en los casos en que una de las partes presente indicios fundados de que la actuación policial o preprocesal puede haber quebrantado sus derechos fundamentales, o “incurrido en irregularidades, o discurrido de un modo que pueda afectar a la validez de la prueba o del procedimiento penal, así como cuando aporte indicios de coexistir circunstancias en la investigación que puedan afectar a la fuerza incriminatoria del material probatorio”. Sólo en esos supuestos “se justifica, por los principios de equilibrio y defensa, autorizar tal prospección, siempre limitada a lo estrictamente necesario y bajo control judicial”.
En su sentencia, la Sala establece las siguientes conclusiones:

  1. Las partes personadas, y en particular los encausados, tienen derecho a conocer el contenido íntegro de las actuaciones procesales, sin más excepción que la derivada de su declaración de secreto (art. 302 LECRIM).
  2. Este derecho se extiende a conocer actos jurisdiccionales limitativos de derechos fundamentales realizados en otro procedimiento judicial cuando de su legitimidad dependa la validez del medio probatorio que le afecta y no se hayan ya incorporado al proceso (arts. 579 bis y 588 bis i de la LECRIM).
  3. El derecho de las partes a conocer y examinar las actuaciones procesales, plasmado en los artículos 118, 627, 780.1 y 784.1 de la LECRIM, no faculta conocer la investigación preprocesal que no se haya reflejado en las actuaciones.
  4. Excepcionalmente, cuando se presenten indicios fundados de concurrir circunstancias que comprometen la validez de la prueba o que razonablemente pueden condicionar su credibilidad o su capacidad indicativa, afectando con ello al derecho de defensa de las pretensiones de las partes, estas pueden solicitar de la Autoridad Judicial competente que incorpore, únicamente, los extremos concretos de la investigación prejudicial que reflejen tales condicionantes.
  5. En este último supuesto, la sentencia establece que el órgano judicial debe realizar un doble control de pertinencia y de necesidad de la indagación peticionada:

a. En primer término, el juez debe hacer un control externo de estas cuestiones, esto es, precisa evaluar si verdaderamente se aprecian indicios fundados de que puede existir información no reflejada en las actuaciones procesales que condiciona el contenido de la prueba y, además, que sugiera razonablemente que su verificación tendrá capacidad para aportar un eficaz reforzamiento de las tesis de la defensa.

b. En segundo lugar, cuando la cuestión anterior se solvente en sentido positivo, deberá abordarse un control interno. En tal coyuntura, la autoridad judicial solicitará la información sobre los extremos afectados (no otros) y revisará la realidad subyacente. Un análisis que permitirá confirmar si la información es necesaria y si hay una necesidad real de su conocimiento por la defensa.

En todo caso, concluye, cuando la información sea pertinente y necesaria para la defensa no puede eludirse su entrega, si bien limitada a los extremos precisos. Si por el contrario se considerara que la información no es necesaria, la información no puede incorporarse al procedimiento judicial y no puede traspasar los límites que establece “el principio de reserva judicial que perfila el art. 311 de la LECRIM y que nuestro legislador recoge como regla rectora para el material que resulta irrelevante respecto del resultado del sumario (arts. 574 y 587 de la LECRIM)”.

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

domingo, 2 de mayo de 2021

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

Por Abdelhak Senhadji, Dora Benedek, Edward Gemayel y Alexander Tieman

Fondo Monetario Internacional

El impacto de la pandemia sobre la población pobre del mundo ha sido especialmente duro. La COVID-19 habría empujado a alrededor de 100 millones de personas a una situación de pobreza extrema solo en 2020, y las Naciones Unidas advierten que en algunas regiones la pobreza podría aumentar hasta niveles no vistos en 30 años. La crisis actual ha frustrado los avances hacia objetivos de desarrollo básicos, debido a que los países en desarrollo de bajo ingreso deben ahora compaginar el gasto urgente para proteger vidas y medios de subsistencia con las inversiones a más largo plazo en salud, educación, infraestructura física y otras necesidades esenciales.

En un nuevo estudio, proponemos un marco con el que los países en desarrollo pueden evaluar las opciones de política económica que pueden aumentar el crecimiento a largo plazo, movilizar más ingresos y atraer inversiones privadas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aun con ambiciosas reformas nacionales, la mayoría de los países en desarrollo de bajo ingreso no podrán obtener los recursos necesarios para financiar estos objetivos. Necesitan el apoyo decisivo y extraordinario de la comunidad internacional, que incluye a donantes privados y oficiales, y a las instituciones financieras internacionales.

Un revés importante

En 2000, los dirigentes mundiales se dispusieron a terminar con la pobreza y a crear una senda de prosperidad y oportunidad para todos. Estos objetivos se plasmaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, 15 años después, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030. Estos últimos representan un proyecto compartido de paz y prosperidad, para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. Exigen inversiones importantes, tanto en capital humano como físico.

Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas.

Desde que comenzó la pandemia, el FMI ha otorgado financiamiento de emergencia por valor de USD 110.000 millones a 86 países, entre los que se encuentran 52 beneficiarios de bajo ingreso. Hemos comprometido en total USD 280.000 millones, y prevemos una asignación general de DEG de USD 650.000 millones que beneficiará a los países pobres sin sumarse a la carga de sus deudas. El Banco Mundial y otros socios en el desarrollo también han ofrecido su apoyo. Aunque esto por sí solo no es suficiente.

En nuestro estudio desarrollamos una nueva herramienta macroeconómica para analizar las estrategias de financiamiento del desarrollo, que incluye el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos centramos en inversiones en desarrollo social y capital físico en cinco ámbitos fundamentales del crecimiento sostenible e inclusivo: salud, educación, carreteras, electricidad, agua y saneamiento. Estos ámbitos clave del desarrollo son los gastos más importantes en los presupuestos de la mayoría de los gobiernos.

Aplicamos nuestro marco a cuatro países: Camboya, Nigeria, Pakistán y Rwanda. En promedio, estos países necesitarán un financiamiento anual adicional de más del 14% del PIB para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030, unos 2½ puntos porcentuales anuales por encima del nivel anterior a la pandemia. Dicho de otra forma, sin un incremento del financiamiento, la COVID-19 habría retrasado los avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible en hasta 5 años en los 4 países.

Este revés podría ser mucho mayor si la pandemia provoca secuelas económicas permanentes. Las medidas de confinamiento han desacelerado significativamente la actividad económica, privando de ingresos a las personas e impidiendo que los niños vayan a la escuela. Estimamos que el daño duradero al capital humano de una economía y, por tanto, al potencial de crecimiento, podría aumentar las necesidades de financiamiento del desarrollo en 1,7 puntos porcentuales adicionales del PIB al año.

Afrontar el reto

¿Cómo pueden los países realizar avances significativos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estas nuevas circunstancias más difíciles que ha desencadenado la pandemia?

No será fácil. Los países tendrán que encontrar el equilibrio adecuado entre financiar el desarrollo y proteger la sostenibilidad de la deuda, entre los objetivos de desarrollo a largo plazo y las necesidades inmediatas apremiantes, y entre invertir en las personas y modernizar las infraestructuras. Tendrán que seguir ocupándose del asunto en cuestión: gestionar la pandemia. Sin embargo, al mismo tiempo, también tendrán que implementar un programa de reformas muy ambicioso que priorice las siguientes cuestiones:

Fomentar el crecimiento, lo que comenzará un círculo virtuoso. El crecimiento amplía la tarta, generando nuevos recursos para el desarrollo, lo que a su vez estimula el crecimiento. Las reformas estructurales que promueven el crecimiento —incluidos los esfuerzos por mejorar la estabilidad macroeconómica, la calidad institucional, la transparencia, la gobernanza y la inclusión financiera— son por tanto esenciales. Nuestro estudio señala cómo el fuerte crecimiento de Nigeria y Pakistán permitió a estos países realizar importantes progresos en la reducción de la pobreza extrema antes de 2015. Reactivar el crecimiento, que desde entonces se ha estancado en estos países muy poblados, será fundamental.

Fortalecer la capacidad de recaudación de impuestos es vital para financiar los servicios públicos básicos necesarios para lograr los objetivos de desarrollo principales. La experiencia demuestra que aumentar la relación impuestos/PIB en un promedio de 5 puntos porcentuales a mediano plazo, mediante una política tributaria integral y la aplicación de reformas, es un objetivo ambicioso, aunque alcanzable, para muchos países en desarrollo. Camboya lo ha hecho: en los 20 años anteriores a la pandemia, aumentó sus ingresos tributarios desde menos del 10% del PIB hasta aproximadamente el 25% del PIB.

Fomentar la eficiencia del gasto. Aproximadamente la mitad del gasto en inversión pública en los países en desarrollo se desaprovecha. Fomentar la eficiencia mediante una mejor gestión económica, junto con la mejora de la transparencia y la gobernanza, permitirá a los gobiernos lograr más con menos.

Catalizar la inversión privada. Reforzar el marco institucional mediante la mejora de la gobernanza y un entorno regulatorio más robusto contribuirá a catalizar nuevas inversiones privadas. Rwanda, por ejemplo, logró aumentar la inversión privada en los sectores del agua y la energía, desde prácticamente nada en 2005–09 hasta más del 1½% del PIB anual en 2015–17.

Aplicadas en paralelo, estas reformas podrían generar hasta la mitad de los recursos necesarios para realizar avances sustanciales hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero aun con estos ambiciosos programas de reformas, estimamos que los objetivos de desarrollo se retrasarían en una década o más en tres de los cuatro países del estudio de caso si tuvieran que hacerlo por sí solos.

Esta es la razón por la que es crucial que la comunidad internacional también redoble sus esfuerzos. Si los socios en el desarrollo aumentan de forma gradual la ayuda oficial al desarrollo, desde el actual 0,3% hasta el objetivo de las Naciones Unidas del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto, muchos países en desarrollo de bajo ingreso podrían estar en posición de cumplir sus objetivos de desarrollo de aquí a 2030 o poco después. Proporcionar esta asistencia puede ser una tarea difícil para las autoridades económicas de las economías avanzadas, que están probablemente más centradas ahora mismo en retos nacionales. Pero contribuir al desarrollo es una inversión valiosa con rendimientos potencialmente altos para todos. En palabras de Joseph Stiglitz, la única prosperidad verdadera y sostenible es la prosperidad compartida.

La Seguridad Social solo reconoce el 10% de los contagios por covid19 como accidente de trabajo y ninguno como Enfermedad Profesional

domingo, 2 de mayo de 2021

La Seguridad Social solo reconoce el 10% de los contagios por covid19 como accidente de trabajo y ninguno como Enfermedad Profesional

  • Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo 2021: #CSIFporlaResiliencia
  • CSIF promoverá reclamaciones individuales para que se reconozca el contagio como contingencia profesional y recurrirá a los tribunales las denegaciones
  • CSIF denuncia las trabas para reconocer las bajas, la falta de medios en los servicios de prevención y el escaso reconocimiento de las secuelas del Covid19

26 de Abril de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, marcado un año más por la pandemia de coronavirus.

Trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos, en los servicios considerados esenciales, cuando se decretó el confinamiento y de manera especial el personal de la sanidad, llevan más de un año expuestos al virus. Sin embargo, comprobamos que la vigilancia de la salud en el trabajo sigue siendo una asignatura pendiente en España. De entrada, los indicadores nos muestran un déficit en el reconocimiento de las contingencias laborales y prestaciones que se derivan del contagio del virus.

El pasado mes de febrero, tal y como había solicitado CSIF desde el inicio de la pandemia, el Gobierno reconocía el contagio del Covid19 como enfermedad profesional para el personal sanitario y socio sanitario con efectos retroactivos desde que comenzó la pandemia (un reconocimiento fundamental para la futura protección en caso de secuelas graves o las indemnizaciones derivadas del fallecimiento). En su momento avisamos de las deficiencias de este decreto si no se facilitaba la gestión de oficio.

Pues bien, hasta la fecha la Seguridad Social no ha reconocido ningún caso de enfermedad profesional por Covid, como se puede comprobar en las estadísticas. Esto es así porque pese al anuncio del Gobierno, el Covid hoy por hoy no es una enfermedad profesional y solo se considera a efectos de la prestación. Esto significa que cuando finalice la pandemia sus secuelas no podrán justificarse como un daño derivado de su puesto de trabajo.

Por otra parte, la Estadística de Accidentes de Trabajo correspondiente al año pasado y los dos primeros meses de 2021 (últimos datos disponibles) únicamente reconoce 24 muertos y 12.185 accidentes de trabajo por Covid19.

CSIF considera que estas cifras no reflejan la realidad de los efectos del Covid entre las personas trabajadoras, a tenor de la evolución de la pandemia y los datos del Ministerio de Sanidad: desde que comenzó la pandemia, oficialmente en marzo del año pasado, Sanidad ha contabilizado más de 76.000 fallecidos y en torno a los 3,3 millones de contagios.

Si comparamos las estadísticas, vemos que hasta febrero de este año se registraron 12.325 accidentes de trabajo por Covid19 entre el personal de la sanidad, 22 de ellos mortales, según el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Sanidad eleva la cifra de contagios en el mismo periodo a más de 125.691.

Esto supone que solo se están reconociendo como accidente laboral por Covid19 un 10 por ciento de los casos en el personal sanitario, el colectivo laboral con mayor cifra de contagios en España desde el inicio de la pandemia.

Después del personal de la Sanidad, según la misma estadística del Ministerio de Trabajo, las actividades económicas en las que se registran accidentes de trabajo son: residencias (llama la atención que solo registran 165 y ningún caso mortal pese a la especial virulencia del covid19 en este sector); administración pública y defensa (84 accidentes y 0 fallecidos) y otras actividades (11 accidentes y 0 fallecidos).

CSIF considera que esta falta de reconocimiento de los accidentes laborales por Covid19 en la estadística del Ministerio de Trabajo se explica por errores en la tramitación de los expedientes y una clara falta de voluntad política por garantizar la protección de estos colectivos, especialmente en la sanidad, donde los contagios se sitúan desgraciadamente a la cabeza a nivel internacional.

Además, desde CSIF denunciamos las trabas que se están produciendo por parte de los servicios de prevención de Administración y empresas privadas, así como por parte de la Seguridad Social al reconocimiento de esta contingencia profesional y sus correspondientes prestaciones.

Esta circunstancia, derivada del caos en la gestión de las bajas laborales (se contabilizan como bajas por enfermedad común en vez de accidente de trabajo) genera una desprotección y pérdida económica: se dejan de percibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde la indemnización por secuelas. De hecho, el colectivo de la Sanidad estuvo en desamparo hasta que el Gobierno reconoció el contagio como accidente laboral y enfermedad profesional tras las presiones de CSIF.

Ante esta situación, CSIF inicia una campaña para promover el reconocimiento del contagio por Covid. Nuestro sindicato acompañará y asesorará a todas aquellas personas que estén sufriendo las trabas de mutuas, servicios de prevención y de la propia Administración y en último término, promoverá las acciones jurídicas necesarias para que se les reconozca el perjuicio sufrido.

Además, desde CSIF denunciamos el impacto psicosocial que ha producido en los profesionales y la necesidad de una vigilancia de la salud más exhaustiva, apoyo psicológico y seguimiento de las secuelas postcovid.

Si algo ha visibilizado esta pandemia de Covid19 es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para las diferentes administraciones, dejando de manifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la falta de equipos de protección individual, falta de previsión y planificación, insuficiente dotación de recursos humanos que derivan en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desgraciadamente, en fallecimientos.

Los retos laborales en plena pandemia

En plena crisis nos enfrentamos a retos laborales y a graves deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo:

Déficit de recursos humanos en los servicios de prevención, tanto de personal sanitario como técnico.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sin tramitar.

Desprotección frente al covid19 de trabajadoras embarazadas.

Insuficientes equipos y medios de protección.

Contagio por covid19 como accidente in itínere sin reconocer.

Ausencia de evaluaciones de riesgos y medidas.

Sobrecarga de trabajo como consecuencia de la temporalidad, jornadas a tiempo parcia y despidos que no se cubren.

Grave impacto psicológico como consecuencia del covid y la situación laboral (estrés postraumático, ansiedad, insomnio, miedos, depresión, irritabilidad, síndrome del profesional quemado y fatiga pandémica…)

Escasa vigilancia de la salud y secuelas del covid.

Desde CSIF también denunciamos la situación de caos por la vacunación y el desarrollo deficitario, en algunos ámbitos, del teletrabajo sin salvaguardar el derecho a la desconexión digital.

CSIF propone desarrollar la resiliencia en las empresas, es decir un nuevo modelo de relaciones laborales en las organizaciones, administraciones y en general en las personas trabajadoras. Nos referimos a la capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a situaciones difíciles como esta pandemia.

CSIF reclama organizaciones resilientes que inviertan en: análisis ante la crisis; refuerzo de los servicios de prevención; líderes empáticos, neutrales y ecuánimes; valoración y motivación del personal; flexibilidad laboral; mediación en los conflictos; apoyo psicológico, formación y salud laboral.

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 628,58 millones de euros

domingo, 2 de mayo de 2021

Ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2021

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 628,58 millones de euros

Viernes 30 de abril de 2021

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo, a 31 de marzo de 2021, de 628,58 millones de euros. Esta cifra es la diferencia entre derechos reconocidos por operaciones no financieras de 38.852,52 millones de euros, que registran un incremento del 5,46%, y obligaciones reconocidas de 39.481,1 millones, que crecen en un 8,02% interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,27% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,73% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 87,96% ha sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 12,04% por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 37.807,94 millones de euros, con un incremento del 5,37% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 9,26%, hasta alcanzar los 39.360,26 millones de euros.

Ingresos no financieros

Las cotizaciones sociales han ascendido a 32.187,53 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,92% respecto a los ingresos del ejercicio 2020 (292,85 millones de euros más).

Las cuentas de la Seguridad Social continúan reflejando el impacto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Esto se evidencia en el incremento interanual de los ingresos por cotizaciones de desempleados en un 14,91% (311,13 millones de euros más), así como en los ingresos por cotizaciones de ocupados, que descienden en un 0,06% (18,28 millones de euros menos).

La disminución en la cotización de ocupados se explica por las distintas medidas que el Gobierno puso en marcha el pasado ejercicio para hacer frente a la pandemia y que se mantienen durante este año, como las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores de empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas relacionadas con la COVID-19 que, hasta el 31 de marzo, han supuesto ingresar 424,22 millones de euros menos, así como las exoneraciones de cuotas de trabajadores autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias.

Las transferencias corrientes ascienden a 6.377,58 millones de euros, lo que representa un incremento del 38,56% interanual. La partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 5.419,89 millones (un 46,78% más). Este incremento viene motivado fundamentalmente por las transferencias recibidas del Estado para financiar el Ingreso Mínimo Vital y para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 por importe de 1.667,06 millones de euros, que en el ejercicio anterior aún no se habían aprobado.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 37.036,69 millones, un 7,28% más que en el mismo periodo de 2020. Esta cifra representa un 93,81% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 34.059,55 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 7,11% (2.260,53 millones de euros más).

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 1,26% hasta los 29.030,11 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,17%), de la pensión media (2,28%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2021 (0,90%).

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total ha aumentado un 31,66% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 3.045,75 millones de euros. En concreto, el gasto en incapacidad temporal derivado de contingencias comunes ha sido de 2.248,7 millones de euros, un 9,41% más que un año antes. Por su parte, el gasto en incapacidad temporal derivado de las contingencias profesionales se ha incrementado un 13,02%, hasta situarse en 291,27 millones de euros y para los procesos derivados del COVID-19 el subsidio alcanza los 505,77 millones de euros.

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 734,47 millones, con un incremento interanual del 5,7%. Este incremento tiene su origen, en la ampliación del permiso del segundo progenitor, anteriormente denominado permiso de paternidad, de 12 a 16 semanas.

Merece especial atención, las prestaciones para autónomos cuyo gasto acumulado hasta 31 de marzo, ascienden a 1.094,79 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 2.977,14 millones de euros, un 9,34% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 2.016,56 millones, y a subsidios y otras prestaciones 960,58 millones.

Específicamente, a prestaciones familiares corresponden 546,27 millones de euros, con un decremento de un 14,05% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social experimentan un incremento global del 0,15% interanual hasta alcanzar 855,84 millones de euros.

Inspección de Trabajo: 357.035 actuaciones en 2019

domingo, 2 de mayo de 2021

Inspección de Trabajo: 357.035 actuaciones en 2019

26 abril, 2021

Desde USO analizamos el último informe de actuaciones en materia de salud laboral y prevención de riesgos emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que abarca su labor a lo largo de 2019

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su informe de actividad de 2019 incide en el hecho de que la prevención no está integrada en la gestión empresarial. USO lleva años denunciando esta realidad así como que las evaluaciones de riesgos son genéricas para cumplir con los aspectos formales que estipula la normativa. Es decir, se hace “prevención de papel”.

Trabajadores temporales sufren más inseguridad e infradeclaración de accidentes laborales

Además, Inspección de Trabajo ha detectado que los trabajadores temporales no pueden llegar a ejercer los derechos en materia de prevención de riesgos laborales. La información que reciben sobre sus riesgos laborales es meramente formal y rutinaria y no reciben formación específica adecuada al puesto de trabajo. Además, en muchas ocasiones, ni se les garantiza una adecuada vigilancia de la salud, de ahí que sean quienes sufren más accidentes laborales.

Inspección de Trabajo también hace hincapié en la infradeclaración de los accidentes de trabajo y en la necesidad de desarrollar actuaciones inspectoras acerca de las condiciones preventivas concurrentes en los accidentes de trabajo inicialmente calificados como leves en los que posteriormente se comprueba que la gravedad era mayor.

Desde USO volvemos a exigir más recursos económicos y humanos para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda llevar a cabo su labor de forma eficiente. El trabajo conjunto de representantes sindicales e Inspección es fundamental para denunciar y atajar los incumplimientos o malas prácticas en materia de PRL. La diferencia entre actuar o no puede ser la vida de una persona.

Actuaciones inspectoras en 2019

Durante el año 2019, último periodo del que se conocen los datos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha finalizado en materia de prevención de riesgos laborales un total de 121.855 órdenes de servicio. Como consecuencia, se han llevado a cabo 357.035 actuaciones. Del total de las actuaciones realizadas en materia de prevención de riesgos laborales durante 2019, el 41% se produjo en Servicios; el 35%, en Construcción; el 18,5%, en Industria y un 5,5%, en Agricultura.

En cuanto a la distribución de las actuaciones por materias se observa que un 64,2% del total se refieren a aquellas que son de mayor trascendencia para la salud y seguridad en el trabajo:
•21,2% del total de actuaciones se han dedicado a la inspección de las condiciones de seguridad en los lugares y centros de trabajo.
•8,4% a la formación e información a los trabajadores.
•6,7% en relación con la evaluación de riesgos.
•6,8% a la vigilancia de la salud.
•4,2% corresponde a comunicación y apertura de centros de trabajo.
•6,4% a la vigilancia de los medios de protección personal.
•6,3% al control de las medidas de seguridad de máquinas y equipos de trabajo.
•4,2% en relación a la planificación de la acción preventiva.

En el total de accidentes investigados -10.314 en 2019, siendo 10.057 accidentes con baja durante la jornada y 257, in itinere– se detectaron 5.457 infracciones en prevención de riesgos laborales. El importe de las sanciones propuestas ascendió a 19.244.184 euros.

Se formularon también 4.095 propuestas de recargo en prestaciones económicas de la Seguridad Social, por considerar que esos accidentes laborales se produjeron por falta de medidas de seguridad.

También durante el año 2019 se investigaron un total de 697 enfermedades profesionales, que supusieron 115 infracciones, por importe de 506.865 euros y se formularon 152 requerimientos. Se han formulado también 148 propuestas de recargo en prestaciones económicas de la Seguridad Social en este sentido.

Los riesgos psicosociales son los segundos en número de actuaciones de Inspección de Trabajo en 2019, encabezando la lista los trastornos musculoesqueléticos, muy relacionados con los psicosociales.