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miércoles, 5 de mayo de 2021

Identidad Digital en las Administraciones Públicas

miércoles, 5 de mayo de 2021

Identidad Digital en las Administraciones Públicas

La Identidad Digital
Identificación de los Ciudadanos
Identificación de la Administración

La Identidad Digital

La Identidad Digital abarca todos los procesos, mecanismos, tecnologías que sirven a un individuo u organización para identificarse y para reconocer o descubrir la identidad de otros en medios y por medios digitales.

En esta sección vamos a tratar los mecanismos de identificación derivados de la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Identificación de los Ciudadanos

Según la Ley 11/2007, los ciudadanos pueden utilizar los siguientes sistemas para identificarse ante la Administración:

El DNI Electrónico.
Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los que se basan en certificado electrónico reconocido. Cada Administración Pública puede decidir qué certificados electrónicos admite para la identificación de los ciudadanos en los procedimientos y actuaciones que le competen.
Otros sistemas como claves concertadas en un registro previo o la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos. En este caso, la Administración tiene que justificar las razones por las que usar estos mecanismos..

Identificación de las Administraciones Públicas

La Ley 11/2007 establece los mecanismos que pueden utilizar las Administraciones Públicas para identificarse electrónicamente y autenticar los documentos electrónicos que produce.

Identificación de las sedes electrónicas
La sede electrónica es la dirección electrónica cuyo titular es una Administración Pública y a la que el ciudadano puede acceder a través de redes de telecomunicaciones.

Las sedes electrónicas deben utilizar tanto para identificarse como para garantizar las comunicaciones seguras, sistemas de firma basados en certificados de dispositivo seguro.

De este requisito de la ley se han derivado los Certificados de Sede.

Identificación mediante sello electrónico
La identificación y autenticación de la actuación automatizada de la Administración se puede realizar mediante el sello electrónico que también debe estar basado en certificado electrónico.

Código Seguro de Verificación o CSV
Para la autenticación de la actuación automatizada de la Administración también se puede utilizar el Código Seguro de Verificación (CSV).El CSV es un código estampado en un documento impreso que permite verificar la autenticidad e integridad de ese documento en papel comparándolo con el documento electrónico original en la sede electrónica correspondiente.El CSV permite la generación en papel de “copias auténticas” de documentos electrónicos.

Identificación del Empleado público
El empleado público, en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupa, puede utilizar alguno de los siguientes sistemas de identificación siguientes:

El DNI electrónico
Otros sistemas de firma electrónica proporcionados por la Administración Pública de la que depende el empleado, y que identifica conjuntamente al titular y a la Administración. Un ejemplo es el certificado de empleado público, derivado del RD 1671/2007 que desarrolla parcialmente la ley 11/2007 para la Administración General del Estado.

España se posiciona como primer país de retorno económico en el Programa de Financiación Europeo I+D+i HORIZONTE2020 para el ámbito de la Seguridad

miércoles, 5 de mayo de 2021

España se posiciona como primer país de retorno económico en el Programa de Financiación Europeo I+D+i HORIZONTE2020 para el ámbito de la Seguridad

Sábado 24 de abril de 2021

La Moncloa

9/03/2021. 090321-cibercriminalidad

España se posiciona como el primer país en términos de retorno económico en el último año del 8º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Horizonte 2020 (H2020), para el ámbito de la Seguridad, antes de dar paso al siguiente programa marco HORIZONTE EUROPA.

El resultado obtenido en dicho Programa de financiación europeo, para el Reto de Sociedades Seguras, supone la movilización de una ayuda total de 52,3M€, para los 27 países miembros y países asociados, de los cuales gracias a las propuestas en las que participa Ministerio del Interior en consorcio con otros países miembros, la Industria y la Academia nacional, España recibirá más 5,8M€ para financiar los proyectos tecnológicos de seguridad correspondientes.

Para alcanzar estas cifras, se ha realizado un esfuerzo por parte del Ministerio del Interior de España y la Secretaría de Estado de Seguridad-SGSICS, siguiendo la estrategia de fomentar la participación de los usuarios finales en proyectos europeos I+D+i (implantación de nuevas tecnologías), a modo de inversión eficiente.

Han resultado beneficiarios de 7 proyectos, presentados en la convocatoria del año 2020 y aprobados en el año 2021, en los que en representación del Ministerio del Interior trabajan la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de organismos dependientes de la Secretaria de Estado de Seguridad del Minitesterio. A continuación, se exponen los datos más relevantes sobre estos proyectos:

•H2020-SU-AI-2020 STARLIGHT PROJECT (ESMIR SGSICS-CNP-GUCI) – Innovation Action. Proyecto a nivel europeo, para la aplicación de procesos de Inteligencia Artificial, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad europeas, en el que el Ministerio del Interior de España tendrá un papel relevante, liderando tareas de análisis y especificación de requisitos operativos, casos de uso y validaciones técnicas propuestas. Su duración es de 48 meses revirtiendo en España 1.987.073 €, siendo 293.750 € la ayuda correspondiente al Ministerio del Interior. Coordinado por Ministerio Interior Francia-Commissariat a l’energie atomique et aux energies alternatives.
•H2020-SU-SEC-2020 INHERIT PROJECT (ESMIR-CNP) – Innovation Action. Enfoque multidisciplinario sobre las múltiples etapas de un ataque terrorista. Investigación en técnicas de búsqueda y detección de precursores de explosivos, así como análisis forense de explosivos. Su duración es de 36 meses. Coordinado por el Instituto Sueco de investigaciones para la Defensa.
•H2020-SU-SEC-2020 HEROES PROJECT (ESMIR-CNP) – Research & Innovation Action. Definición de nuevas estrategias para combatir delitos de explotación sexual infantil, trata de personas y protección de víctimas. Su duración es de 36 meses. Coordinado por la Universidad Complutense de Madrid (UPM).
•H2020-SU-SEC-2020 CYCLOPES PROJECT (ESMIR-GUCI) – Coordination and Support Action. Creación y mantenimiento de una red impulsada por la innovación de LEAs que luchan contra la ciberdelincuencia, acelerando la capacidad de la UE para contrarrestar la creciente presión de ciberamenazas. Su duración es de 60 meses. Coordinado por el Ministerio del Interior Polonia.

•H2020-SU-SEC-2020 PREVENT – PCP (ESMIR-CNP) – Pre-Commercial Procurement. Aumento de la seguridad en el transporte público mediante la adquisición de soluciones tecnológicas para: 1) la detección automática de objetos potencialmente peligrosos abandonados en infraestructuras de transporte público y alrededores, 2) identificación y seguimiento de autores de hechos delictivos/sospechosos y 3) sistema avanzado de gestión de crisis. Su duración es de 36 meses. Coordinado por la empresa de ingeniería informática italiana ENGINEERING.
•H2020-SU-SEC-2020 NESTOR (ESMIR-GUCI) – Innovation Action. Sistema de vigilancia de fronteras de última generación que ofrecerá capacidades de vigilancia de largo alcance y grandes áreas para la detección, clasificación y seguimiento de objetivos en movimiento mediante tecnologías de análisis del espectro óptico, imágenes térmicas y de radiofrecuencia (RF). Su duración es de 18 meses. Coordinado por el Ministerio del Interior Grecia- Policía Helénica.
•H2020-SU-SEC-2020 PROMENADE (ESMIR-GUCI) – Innovation Action. Seguimiento de embarcaciones, análisis y detección automática de anomalías mediante tecnologías como IA y Big Data. Intercambio colaborativo de información entre vigilancia marítima y autoridades. Su duración es de 18 meses. Coordinado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Política Insular, Hellenic Coast Guards, Grecia.

Estos logros, junto con los obtenidos de las convocatorias I+D+i H2020 – Tecnologías de Información y Comunicaciones (ICT) CEF-Telecom y, las convocatorias abiertas de Fondos de Seguridad Interior (ISFP), favorecen mediante la implantación de nuevas tecnologías, aspectos como la transformación digital y confirman la fortaleza de la I+D+i española en seguridad, donde el Ministerio del Interior, representado por la SGSICS como autoridad legal representativa, resulta un actor clave.

En este contexto, la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS), que tiene entre sus funciones, acordar, coordinar y llevar a cabo las acciones relativas a la participación en proyectos europeos de I+D+i, participa activamente como catalizador e impulsor de los mencionados proyectos para dar respuesta a las necesidades operativas de las FCSE, y resto de organismos dependientes.

Para ello, además, la SGSICS impulsa la Comunidad Nacional de Usuarios (CoU España), punto de encuentro de los usuarios finales a nivel nacional: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios de Emergencias, Aduanas, Protección Civil, Instituciones Penitenciarias, Defensa… etc, con la Industria y la Academia. La CoU España se constituye como un espacio de colaboración o Innovation Hub, que tiene por objetivo facilitar y coordinar la participación exitosa en Programas de financiación europeos y nacionales de los usuarios finales en seguridad.

La Bolsa negocia 28.724 millones de euros en abril

miércoles, 5 de mayo de 2021

04-mayo-2021

La Bolsa negocia 28.724 millones de euros en abril

•Las negociaciones en Renta Variable en abril 2021 aumentan un 6,6% respecto al mismo mes del año anterior

•La negociación en los contratos de Futuros sobre IBEX 35 se incrementa un 30% frente a abril de 2020

•El volumen contratado en Renta Fija en el mes alcanza los 20.873 millones

La Bolsa española negoció en Renta Variable 28.724 millones de euros en abril, un 6,2% menos que en el mismo mes de 2020 y un 18,3% por debajo del mes anterior. El número de negociaciones en abril fue de 3,68 millones, un 6,6% más que en el mismo mes del año anterior y un 24,9% menor que en marzo.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,96%. La horquilla media durante abril 2021 fue de 5,44 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 14,2% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 8,00 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 32,5% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx . Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en abril en los mercados de Renta Fija alcanzó los 20.872,9 millones de euros, un 12,5% menos que en marzo y un 34,1% por debajo del dato del mismo periodo de 2020. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron a 34.921,7 millones de euros, lo que implica una caída del 13,5% en comparación con marzo y una bajada del 37,9% respecto al mismo mes del año anterior.

El saldo vivo se situó en 1,69 billones de euros, con una bajada del 0,6% en abril y una subida del 2,6% en lo que va de año.

En el mercado de Derivados Financieros, el volumen negociado en abril en los contratos de Futuros sobre IBEX 35 aumentó un 30% y en Opciones sobre Acciones, un 94,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La posición abierta en Futuros sobre IBEX 35 aumentó un 13,9%. También creció la posición abierta respecto al mismo mes del año anterior en Derivados sobre Acciones: un 26,8% en Futuros y un 2,5% en Opciones.

No a los paraísos fiscales en Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta

miércoles, 5 de mayo de 2021

No a los paraísos fiscales en Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta

30 abril, 2021

La Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que USO es miembro, entrega cartas a las embajadas de Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta para reclamar que dejen de actuar como paraísos fiscales

Organizaciones de la sociedad civil que conforman la Plataforma por la Justicia Fiscal, entre las que está USO, han enviado cartas a las embajadas y a representantes políticos europeos de Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta. En ellas reclama que estos países, con sus prácticas asimilables a los paraísos fiscales, comprendan que hacen daño al estado de bienestar y a la Unión Europea.

En medio del debate mundial sobre cómo poner fin a prácticas abusivas en materia fiscal de grandes corporaciones y países que ofrecen beneficios y exenciones fiscales a las compañías que asienten ahí su sede fiscal (que no su actividad), las organizaciones sociales manifiestan a los representantes políticos de esos cinco países su descontento por la forma de actuar en materia fiscal. Se trata de una fiscalidad que nos perjudica como socios comunitarios.

“Sus leyes fiscales drenan recursos a todos los países socios de la Unión Europea, provocando resultados muy nocivos”, subraya la misiva. En ella se recuerda, además, que estos países “solamente representan el 5% de la población europea, pero vetan una política fiscal europea común”.

Por eso, la Plataforma por la Justicia Fiscal demanda a estos países que cambien y armonicen la legislación tributaria para dejar de dañar nuestras economías, y dejen de deteriorar el espíritu de unión que llevó a la creación de la Unión Europea.

La Audiencia de Cantabria revoca parcialmente la sentencia que condenó a varios ediles de Castro Urdiales por la construcción de un vial contrario al PGOU

miércoles, 5 de mayo de 2021

Miércoles, 28 de abril de 2021

La Audiencia de Cantabria revoca parcialmente la sentencia que condenó a varios ediles de Castro Urdiales por la construcción de un vial contrario al PGOU

Deja sin efecto la pena de siete meses de prisión al que fuera alcalde desde 2003 y a la ingeniera municipal por un delito continuado de prevaricación urbanística y les impone una multa de 2.550 euros. No ve prevaricación en el pleno municipal de 2002 que aprobó modificar el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 1.26 y absuelve a dos de los concejales condenados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Cantabria ha revocado parcialmente la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander que en diciembre de 2019 condenó a once representantes públicos y a una funcionaria municipal de Castro Urdiales por participar en los actos que dieron lugar a la construcción de la calle Cantabria en la Unidad de Ejecución 1.26, un vial que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

En una sentencia hoy dada a conocer y contra la que no cabe la interposición de recurso alguno, el tribunal confirma la existencia de un delito de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística.

No obstante, excluye de los hechos considerados ilícitos un pleno municipal celebrado en 2002 en el que se aprobó una modificación del Estudio de Detalle de la citada unidad de ejecución.

Tampoco considera que tengan “entidad delictiva independiente” del pleno de 2006 –que sí aprecia ilícito- las votaciones del proyecto de reparcelación ni el de urbanización.

Según señala la sentencia, “los mismos no hacen sino desarrollar las previsiones del estudio de detalle –aprobado en el pleno de 2006-, no aportan ningún elemento nuevo al delito ya cometido”, que “se produce cuando, con todos los requisitos propios del delito de prevaricación, se aprueba la modificación del Estudio de Detalle en el pleno del ayuntamiento”.

Sacar de los hechos delictivos el pleno de 2002 y la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización tiene como consecuencia la absolución de dos concejales que fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, dado que su participación se circunscribe a hechos que ahora se considera que no tienen relevancia penal.

Por otro lado, centrar el hecho delictivo en el pleno de 2006 –el que sí aprobó el estudio de detalle que finalmente se llevó a cabo- supone no apreciar continuidad delictiva en el resto de concejales (ocho).

La pena atribuida a estos queda ahora en dos años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público, frente a las impuestas por la titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que oscilaban entre los tres años y los tres años y seis meses.

Junto a ello, el tribunal confirma la comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística por parte del que fuera alcalde del municipio desde 2003 y de la ingeniera municipal por su participación a lo largo de los años en la tramitación del expediente de la unidad de ejecución que culminó con la concesión de la licencia para la construcción de 51 viviendas.

Sin embargo, la Audiencia deja sin efecto la pena de siete meses de prisión que acordó la juez de instancia y les impone una pena de multa de 2.550 euros, pues, según razona, “la sentencia no explica por qué motivo opta por la pena de prisión en lugar de la multa siendo aquella más aflictiva”.

No obstante, la sentencia mantiene la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público tanto para el que fuera alcalde como para la empleada pública.

No ve prevaricación en el pleno de 2002

La Audiencia resume los hechos enjuiciados en la aprobación en 2002 de la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 1.26; en la aprobación en 2006 de una nueva modificación que fue la que se llevó a cabo; y en la aprobación de las operaciones posteriores: el proyecto de reparcelación, el proyecto de urbanización y la concesión de las licencias urbanísticas.

Sin embargo, a la hora de analizar todos estos actos, el tribunal concluye que la consideración que tiene lo ocurrido en el pleno de 2002 es diferente a lo sucedido en 2006, así como que la posterior aprobación del proyecto de reparcelación y del de urbanización carecen de “entidad delictiva independiente” del citado pleno de 2006.

“La sentencia de instancia incluye una muy minuciosa, extensa y detallada relación de todos los trámites previos ocurridos desde el comienzo del expediente referido a la Unidad de Ejecución 1.26”, indica la resolución.

Sin embargo, “entiende la sala que debe intentar efectuarse una estricta consideración del acuerdo aprobado y su posible ilegalidad y la evidencia de esta”.

Para ello, “debe centrarse la cuestión en el extremo al que se anuda la ilegalidad cometida, en concreto, la apertura de un nuevo vial –no interior- que invadía terreno establecido para equipamiento público”.

En este sentido, considera que “algunos de los trámites citados” en la sentencia de instancia “no resultan trascendentes” y se refiere, en este sentido, al pleno de 2002 en el que los concejales que votaron “no se puede afirmar” que actuasen “a sabiendas de la flagrante ilegalidad de su voto, pues existe una explicación alternativa –la voluntad de anudar la ejecución del estudio de detalle a la modificación puntual del PGOU”.

Aprecia dolo en el pleno de 2006

A su juicio, no ocurrió lo mismo en el pleno de 2006, cuando los concejales que votaron a favor en el pleno municipal decidieron “continuar adelante, desistiendo de cualquier pretensión de modificación previa o paralela, presente o futura, del PGOU, y poniendo en marcha la ejecución de ese Estudio de Detalle pese a la flagrante ignorancia de las normas legales”.

Y añade: “La primera muestra del dolo es todo lo actuado previamente por la anterior corporación y que no podía ser ignorado por la nueva cuando figuraba en el mismo expediente”.

A ello suma la reunión mantenida en una notaría en 2005 entre el alcalde, el secretario municipal y algunos propietarios de los terrenos de la citada unidad de ejecución. En la misma se levantó acta del acuerdo de todos con el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización.

A juicio de la Audiencia, aquella reunión fue una “muestra de ese actuar arbitrario con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo que se pretendía aprobar”, una “actuación heterodoxa y extralegal en cuanto va a suponer buscar un acuerdo con los propietarios que permita saltarse todos los trámites legales”.

Opta por una pena menos aflictiva

Finalmente, en relación a la prevaricación urbanística cometida por el que fuera alcalde de Castro Urdiales, se refiere la Audiencia a su actuación desde 2003, con alusión a la reunión en la notaría, a su voto favorable en el pleno de 2006 o a la firma de las licencias de obra.

Sobre este punto, recuerda la sala que “aunque efectivamente tal acto no es sino la culminación del acuerdo municipal, constituye, conforme al tenor de la ley, un tipo propio, agravado respecto del tipo general de la prevaricación”, en alusión a la prevaricación urbanística.

“Las licencias culminan el proceso delictivo e introducen un nuevo delito por cuanto se fundan en un acto ilegal, arbitrario e injusto”, señala la sentencia, que añade que “el acusado actuaba a sabiendas de esta ilegalidad cuando firmó las licencias de obra”.

No obstante, a la hora de determinar la pena, entiende el tribunal que “resulta insuficientemente fundada la imposición de una pena más grave y aflictiva cuando la ley permite otra solución”.

Y continúa: “Cabría atender que la acumulación de hechos delictivos objeto de condena revela unas circunstancias personales que justificarían esta penalidad o que la gravedad del hecho lo permitiría”.

Sin embargo, “ni uno ni otro argumento aparece que hayan sido barajados por la juez de instancia y, con ello, esta sala correría el riesgo de incorporar una motivación frente a los cuales la defensa no ha podido defenderse”.

Además, “las circunstancias personales no revelan que, en particular tras el larguísimo tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la imposición de una privación de libertad por los aquí enjuiciados sea necesaria a los efectos de prevención general y especial como fines propios de la pena”, concluye la Audiencia.