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jueves, 6 de mayo de 2021

Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

jueves, 6 de mayo de 2021

Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Publicado en:
«BOE» núm. 85, de 8 de abril de 2014, páginas 29568 a 29571 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Referencia:
BOE-A-2014-3729

Texto

TEXTO ORIGINAL

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce a éstos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

En el artículo 18, apartado 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, citada anteriormente, se establece la posibilidad de usar como sistema de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada un sistema de código seguro de verificación (en adelante CSV) vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento así firmado mediante el acceso a la sede electrónica.

Asimismo, en el artículo 30, apartado 5, de dicha Ley, se establece también que las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente, tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Posteriormente, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, en su artículo 20, regula el uso de los CSV como sistema de firma electrónica en las actuaciones administrativas automatizadas y, en su artículo 21, establece la posibilidad de usar este tipo de códigos como medio de firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependiente.

En todos estos casos, la aplicación del sistema de código seguro de verificación requiere una orden del titular del Ministerio competente o resolución del titular del organismo público, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica, que se publicará en la sede electrónica correspondiente, que deberá incorporar las especificaciones que establece el artículo 20 del citado Real Decreto.

Regulada la creación y funcionamiento de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, mediante la Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, se aprueba en la presente Orden, la utilización CSV, tanto en la actuación automatizada como en la firma del personal empleado público de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

A través de la presente Orden, se aprueban asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, las actuaciones administrativas automatizadas que se certifican mediante el código seguro de verificación.

En su virtud, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

  1. La presente Orden tiene por objeto establecer el Código Seguro de Verificación (en adelante CSV) como sistema de firma electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (en adelante SEAP) y del personal a su servicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 c) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con lo señalado en el siguiente apartado de esta Orden.
  2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende exclusivamente a los órganos y unidades pertenecientes a la SEAP, cuyos sistemas de firma electrónica son proporcionados por la División de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación o por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.

Artículo 2. Utilización del sistema de CSV.

  1. La SEAP podrá utilizar un sistema de CSV vinculado al citado centro directivo en las siguientes actuaciones:

a) Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada.

b) Vinculado al empleado público actuante para la producción de firmas electrónicas de sus empleados públicos en cualesquiera actos resolutorios, de trámite o mera comunicación que requieran su firma por empleado público.

  1. La integridad y conservación de los documentos electrónicos y de sus metadatos asociados obligatorios quedará garantizada a través de las medidas técnicas que aseguren su inalterabilidad dentro de lo establecido por las Normas Técnicas de Interoperabilidad de documentos y expedientes electrónicos, la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos, y el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 3. CSV de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en actuaciones administrativas automatizadas.

  1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, la SEAP podrá utilizar un sistema de CSV como el que se describe en esta orden.

Se podrá superponer al CSV una firma con sello electrónico, con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica para su cotejo.

  1. El CSV, en lo referido a las actuaciones automatizadas, sólo podrá ser utilizado, para autenticar todas aquellas actuaciones automatizadas aprobadas mediante resolución de la SEAP y en todo caso:

a) Comunicaciones electrónicas con ciudadanos y empresas.

b) Generación y emisión de certificados y documentos administrativos electrónicos.

c) Generación y emisión de copias electrónicas auténticas a partir de documentos electrónicos y de documentos en soporte no electrónico.

d) Procesos de sellado de documentos electrónicos, al objeto de facilitar su interoperabilidad, conservación y legibilidad.

e) Inscripciones, anotaciones registrales y archivo de documentos electrónicos registrales.

f) Generación y emisión de acuses de recibo, incluyendo los generados por los diferentes registros electrónicos.

Artículo 4. Órganos responsables.
La responsabilidad de aplicación del sistema de CSV, será, según el ámbito del procedimiento, la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica o la División de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación.

Artículo 5. Definición de CSV.
Se entiende por CSV el sistema de firma electrónica vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, que permite comprobar la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Artículo 6. Descripción del CSV.

  1. El CSV se compone de 35 caracteres: 32 caracteres alfanuméricos hexadecimales de identificador de documento y una especificación de 3 caracteres que delimita el ámbito del documento (o sistema de información). Se almacena como metadato del documento al que se vincula, de conformidad con el esquema XML establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
  2. Los alfabetos pertinentes para cada parte del CSV serán: el hexadecimal para los 32 caracteres del primer bloque y el alfabeto ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 para los 3 caracteres del ámbito.
  3. Una vez generado el CSV, el sistema lo vinculará al documento y al firmante (sea sistema electrónico o persona física).
  4. El CSV será generado del siguiente modo:

a) Cálculo previo de los PKCS# 1 del documento, mediante los certificados digitales de los firmantes.

b) Generación de un número aleatorio de 256 bits acorde con RFC 1750.

c) Se realiza el SHA256 sobre el documento, y sobre todos y cada uno de los PKCS#1 generados en el apartado a).

d) Se realiza a continuación la operación XOR sobre el número aleatorio generado y todos los resúmenes SHA256 resultantes del apartado c).

e) Sobre lo anterior, se seleccionan los bits pares, obteniendo una cadena de 128 bits. En formato hexadecimal, los 32 caracteres resultantes serán la primera parte del CSV.

f) El CSV se compondrá de la cadena de tres caracteres delimitadores del ámbito del documento (o sistema de información) más los 32 caracteres hexadecimales del punto anterior.

g) En caso de obtener un CSV ya existente en el sistema, vinculado a otro documento, se repetirá el proceso comenzando con la generación de un nuevo número aleatorio.

  1. En todo caso, el CSV será custodiado por la aplicación responsable de la tramitación o, en su caso, el sistema responsable de la firma. Se guardarán las medidas de seguridad oportunas, que aseguren su inalterabilidad.

Artículo 7. Verificación del contenido por los interesados.

  1. La integridad de los documentos electrónicos autenticados mediante CSV podrá comprobarse mediante el acceso directo y gratuito a la sede electrónica de la SEAP (https://sede.administracionespublicas.gob.es/), en tanto no se acuerde la destrucción de dichos documentos con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.
  2. Cuando se intente cotejar en sede un documento emitido con CSV que ya no exista, por decisión judicial o por la aplicación de la normativa vigente, aparecerá un mensaje que informe de esta circunstancia.

Artículo 8. Plazo de disponibilidad del sistema de verificación.
El CSV estará disponible a efectos de comprobación en tanto no se acuerde la destrucción de los documentos sobre los que se haya emitido, con arreglo a la normativa que resulte de aplicación o por decisión judicial.

Disposición adicional única. No incremento de gasto público.
Las medidas contenidas en esta Orden se atenderán con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y no podrán suponer incremento de gasto público.

Disposición final única. Entrada en vigor y publicación en sede electrónica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, será objeto de publicación en la sede electrónica de la SEAP.

Madrid, 28 de marzo de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

¿Cuáles son las causas de las tensiones en la relación entre Rusia y la UE?

jueves, 6 de mayo de 2021

¿Cuáles son las causas de las tensiones en la relación entre Rusia y la UE?

Parlamento Europeo

La detención del líder opositor ruso Alexéi Navalni es uno de los últimos choques en las relaciones entre Europa y Rusia. Descubra las razones de las confrontaciones y qué opina el PE.

Durante la última década han surgido nuevas tensión entre Europea y Rusia. A la anexión de Crimea en 2014 se le sumó el apoyo del régimen de Putin a los separatistas del este de Ucrania y la intervención militar rusa en Siria. Otros focos de confrontación surgieron con las campañas de desinformación y los ciberataques, así como con los intentos de interferir en los procesos democráticos occidentales.

Encarcelamiento de Alexéi Navalni
El vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Urmas Paet, exigió el 27 de enero, en una entrevista retransmitida en Facebook, sanciones para «aquellos que tienen la responsabilidad directa de la detención y el acoso de Alexéi Navalni». Tras haberse recuperado de un envenenamiento que le pudo costar la vidael año pasado, el líder de la oposición rusa fue detenido el 17 de enero.

Cuatro días después de su encarcelamiento, el Parlamento aprobó una resolución en la que pedía sanciones de la UE más estrictas contra Rusia, así como la liberación inmediata e incondicional de Alexéi Navalni y del resto de detenidos en relación con su regreso a Moscú. Además de sanciones para el círculo más cercano del presidente Putin y de los medios propagandistas rusos, los eurodiputados subrayaron que también se podrían tomar medidas amparadas en el régimen global europeo de sanciones en materia de derechos humanos. El vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento consideró este mecanismo como una herramienta «absolutamente apropiada». «Es imposible que las sociedades europeas libres no reaccionen ante las graves violaciones de los derechos humanos», añadió.

Sanciones de la UE contra Rusia
Desde la anexión de Crimea en 2014, las sanciones económicas de la UE se dirigieron a los sectores financieros, energéticos y de defensa de Rusia. Por su parte, el régimen de Putin respondió con prohibiciones de alrededor de la mitad de sus importaciones agroalimentarias al bloque comunitario.

Antes de Navidad, los líderes de la UE decidieron por unanimidad extender las medidas restrictivas hasta el 31 de julio de 2021, las cuales se renuevan dos veces al año. Éstas perjudicaron duramente a Rusia y a finales de 2018, se estimaba que su economía cayó en un 6% debido a las sanciones de la UE y Estados Unidos.

La UE también castigó a los funcionarios rusos responsables del envenenamiento de Nalvani.

Paet enumeró en su entrevista «ejemplos muy tristes» de la política exterior rusa y afirmó que «si un país no cumple con los derechos humanos básicos y el derecho internacional, a los países de la UE no les queda otra opción» que imponer sanciones.

Bielorrusia
El portavoz del Parlamento de las relaciones con Rusia, el eurodiputado Andrius Kubilius, que también participó en la entrevista, defendió que las sanciones eran efectivas y señaló que miles de rusos se habían enfrentado a palizas, arrestos y temperaturas de -50°C para protestar por el arresto de Navalni.

“Podemos sacar una conclusión muy simple: la democracia es muy importante para el pueblo ruso y Alexéi Navalni, que lucha por esos derechos, está haciendo un trabajo de héroe. Por eso, condenamos el comportamiento autocrático del Kremlin», añadió,

El eurodiputado también mencionó las conexiones entre Rusia y Bielorrusia: “Lukashenko intentó robar las elecciones presidenciales de Bielorrusia y está muy claro que el régimen del Kremlin está tratando de robar las elecciones legislativas de Moscú. Tenemos que castigar ese comportamiento».

Gasoducto Nordstream 2
La controversia sobre el nuevo gasoducto Nord Stream 2 por el Báltico, que uniría Alemania con Rusia, puso de relieve la influencia de Rusia como principal proveedor de energía de la Unión. En una resolución del 21 de enero, los eurodiputados pidieron a la UE que detuviera inmediatamente su construcción. Paet expresó su esperanza de que los ministros de la UE se tomen en serio la posición del Parlamento y destacó que este proyecto «viola la política común de seguridad energética de la UE».

Ya no es un «socio estratégico»
En una resolución publicada en marzo de 2019, el Parlamento Europeo afirmó que Rusia ya no se podía considerar un «socio estratégico». Sin embargo, sigue habiendo áreas en las que ambas partes comparten intereses y preocupaciones. Por ejemplo, Rusia jugó un papel constructivo en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de Irán. Además, tanto la UE como Rusia abogan por una solución basada en dos Estados para resolver el conflicto de Israel-Palestina y formanb parte del acuerdo climático de París.

La UE es, con diferencia, el mayor socio comercial e inversor de Moscú: en 2019, representó el 42% de las exportaciones rusas.

Paet reconoció que Rusia es un país europeo y que el Parlamento quiere que los rusos disfruten de las mismas libertades que los europeos. Sin embargo, enfatizó que “los cambios reales solo pueden venir en última instancia desde adentro, no desde afuera”. Por su parte, Kubilius añadió: «Nos solidarizamos con el pueblo ruso común. Si bien Rusia ha dejado el camino del desarrollo democrático, puede volver».

Últimos acontecimientos
En una resolución aprobada el 29 de abril de 2021, el Parlamento mostró su preocupación por la acumulación de efectivos militares en la frontera entre Rusia y Ucrania, así como en Crimea, territorio ocupado ilegalmente. Los eurodiputados advirtieron de que si la presión en torno a Ucrania acaba en una invasión, las consecuencias serán severas. Además, condenaron la participación de los servicios de inteligencia rusos en la explosión de un depósito de armas Vrbětice, Chequia, en 2014, en el que resultaron muertos dos ciudadanos checos. Los miembros del PE reiteraron la liberación inmediata del líder opositor ruso Alexéi Navalni.

Al día siguiente, los presidentes del Parlamento, la Comisión y el Consejo condenaron la decisión de Rusia de prohibir la entrada al país a ocho altos cargos europeos, incluido el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. El presidente del PE reacciónó con un tweet: «Ninguna sanción o intimidación impedirá que el Parlamento Europeo o yo defendamos los derechos humanos, la libertad y la democracia».

La Sala Tercera del Tribunal Supremo adopta acuerdos para aplicar la reforma legal sobre recursos y acortamiento de plazos en materia de medidas administrativas contra el Covid-19

jueves, 6 de mayo de 2021

Miércoles, 5 de mayo de 2021

La Sala Tercera del Tribunal Supremo adopta acuerdos para aplicar la reforma legal sobre recursos y acortamiento de plazos en materia de medidas administrativas contra el Covid-19

La Sección Cuarta será la competente para resolver dichos recursos de casación

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, César Tolosa, ha celebrado hoy una reunión con los cuatro presidentes de Sección de la misma Sala con el fin de preparar la aplicación de la reforma de la Ley de la Jurisdicción aprobada por el Gobierno en materia de recursos relativos a medidas de las administraciones en la lucha contra el Covid-19, toda vez que la reforma entrará en vigor el próximo 9 de mayo. La reforma establece que pueden recurrirse en casación al Supremo los autos de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas relativos a las medidas adoptadas por las administraciones en dicha materia.

Como primer acuerdo, en la reunión se ha decidido que será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la asignación competencial para resolver dichos recursos de casación. La Sección estará presidida por el presidente de la Sala. Dicha sección se ocupa ya de la materia desanidad y ha resuelto en los últimos meses los asuntos relativos a medidas relacionadas con El Covid-19.

En segundo término, se ha acordado solicitar un informe al Gabinete Técnico sobre la aplicación de la Ley, documento de carácter técnico que se repartirá a todos los magistrados de la Sala para que realicen las aportaciones que estimen adecuadas.

Y en tercer lugar, se ha acordado establecer un canal de contacto entre el presidente de la Sala III del Supremo y de los salas de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia, ya existente para otros asuntos, con la finalidad de coordinar que se dé cumplimiento a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos.

El déficit del Estado se sitúa en el 0,92% del PIB en el primer trimestre del año por el impacto de la COVID-19

jueves, 6 de mayo de 2021

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado se sitúa en el 0,92% del PIB en el primer trimestre del año por el impacto de la COVID-19

Viernes 30 de abril de 2021

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que recogen el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas y, en muchos casos, prorrogadas para afrontar la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

En concreto, se han difundido los datos de déficit del Estado hasta el mes de marzo, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional. A la hora de comparar las cifras, hay que tener en cuenta que los datos registrados en enero y febrero de 2020 no estaban afectados por la COVID-19.

Déficit del Estado marzo

Hasta marzo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,92% del PIB, frente al 0,49% registrado en el primer trimestre de 2020. Este resultado se debe a un descenso de los ingresos no financieros del 4,2%, frente al incremento de los gastos, que crecen un 6,8%.

A la hora de comparar entre ambos años la evolución entre los recursos y los empleos, hay que considerar que en febrero de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y

AP-4 al finalizar sus contratos de concesión. Esta operación no tuvo incidencia en el déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, en la rúbrica de formación bruta de capital fijo, y en los recursos, en la rúbrica de otras transferencias de capital, por un valor estimado de 1.745 millones.

Además, es importante resaltar que la situación de pandemia internacional que empezó en el primer trimestre de 2020 tendrá previsiblemente un significativo impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021. Unos efectos producidos, no solo por la emergencia sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo para paliar las consecuencias de esta crisis.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros, que ascienden a 45.435 millones, han descendido un 4,2% respecto al mismo periodo de 2020.

Los impuestos alcanzan los 38.960 millones, con un aumento de 14 millones respecto al primer trimestre de 2020. Esta evolución se debe al efecto que están teniendo sobre los ingresos por IRPF en el Estado los distintos calendarios de entregas a cuenta en ambos ejercicios.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 2,2%, caída que se compensa por el aumento de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 5,4%. También por los impuestos sobre el capital, que aumentan un 35%, respecto al mismo periodo del año anterior, aunque se tratan de datos poco significativos al tratarse solo del inicio del año.

Los ingresos de las cotizaciones sociales han ascendido a 1.571 millones, prácticamente los mismos que el año anterior.

Las rentas de la propiedad descienden un 10,9% respecto a 2020, como consecuencia del menor ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España y del descenso de los ingresos por intereses.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 17,9% pasando de 358 millones en 2020 a 422 millones en 2021. Esta evolución se debe, entre otras causas, a los ingresos por comisiones de avales en 2021 correspondientes al ICO liquidez e ICO inversión (RDL 8/2020 y RDL 25/2020) por importe de 94 millones, sin correspondencia en el mismo periodo de 2020.

Los otros recursos no financieros, con 3.193 millones, disminuyen un 4,8%, descontada en 2020 la reversión mencionada. Dentro de este apartado, las transferencias recibidas de otras administraciones públicas disminuyen un 3,5%, hasta los 2.582 millones.

Empleos no financieros del Estado

En los tres primeros meses del año los empleos no financieros del Estado se han situado en 56.547 millones, cifra superior en un 6,8% a la registrada en 2020.

Esta evolución se debe, fundamentalmente, al aumento del 16% de las transferencias al resto de las administraciones públicas, con un total de 34.365 millones, cifra que equivale al 60,8% del gasto del Estado en el primer trimestre del año y al 2,84% del PIB.

En términos cuantitativos, las de mayor relevancia son las transferencias a la Administración Regional, con un total de 20.995 millones y un avance del 5,5% (1.087 millones, de los que 354 millones corresponden al adelanto del 100% de la anualidad de las subvenciones al Plan estatal de vivienda). Por el sistema de financiación se han transferido 19.051 millones, un 2,9% más que el primer trimestre de 2020.

A los Fondos de la Seguridad Social se han destinado 6.946 millones, lo que suponen 3.225 millones más que el año anterior. De esa cifra, 1.587 millones se han transferido al SEPE y 1.667 millones al Sistema de Seguridad Social, incluyendo 754 millones para financiar la prestación del ingreso mínimo vital; 557 millones para la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor; y 356 millones las reducciones en la cotización a la Seguridad Social. Todas ellas sin correspondencia el año anterior.

En segundo lugar, destaca el aumento de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB en 730 millones, hasta situarse en 4.210 millones.

En cuanto al resto de las rúbricas, los consumos intermedios descienden notablemente, un 41,8% hasta 1.123 millones. Los gastos COVID en esta rúbrica proceden en su mayor parte del programa prestaciones sanitarias y farmacia, y han pasado de 845 millones en 2020 a 90 millones en este ejercicio.

La remuneración de asalariados crece un 2%. Esta rúbrica incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 4,4%, de las cuales las pensiones de Clases Pasivas registran un incremento interanual del 4,9%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior. Por su parte, las transferencias sociales en especie caen un 15,9%

Destaca también el aumento de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, hasta 144 millones de los que 96 millones son transferencias al CDTI para financiar la participación en programas espaciales, sin importe equivalente en 2020.

Por último, la formación bruta de capital fijo ha sido de 848 millones, mientras que en 2020 la inversión ascendió a 2.870 millones, por el impacto de la operación de reversión mencionada de la AP4 y AP7, sin correspondencia en 2021.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (febrero)

Hasta febrero de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, ha sido de 18.231 millones, equivalente al 1,51% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras (29 millones en 2020 y 18 millones en 2021), el déficit se mantiene en el 1,51% del PIB.

Administración Central
La Moncloa

•El déficit de la Administración Central se sitúa en 16.206 millones a finales de febrero de 2021, el 1,34% del PIB, frente al 1,05% del PIB registrado en el mismo periodo de 2020.
•El déficit del Estado en febrero, en términos de PIB, equivale al 1,30%, alcanzando la cifra de 15.734 millones.

Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de febrero un déficit de 472 millones, frente al déficit de 646 millones de febrero de 2020, lo que supone un descenso del 26,9% interanual.

Comunidades Autónomas

La Administración regional registra un déficit en febrero de 2021 hasta los 1.412 millones, lo que equivale al 0,12% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 6,1% frente a los ingresos que crecen un 3,6%.

Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que caen un 4,3% hasta los 2.102 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio crecen un 6,5% hasta los 8.041 millones. Por último, los ingresos por impuestos sobre el capital también crecen hasta alcanzar los 492 millones, lo que implica 170 millones más que en febrero de 2020.

Las transferencias entre AAPP siguen la tendencia al alza de las anteriores rúbricas, subiendo un 5,2% hasta los 15.874 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado, que representan el 56,11% de los recursos del sector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 9,7% y los consumos intermedios se elevan un 7,7% hasta situarse en 13.489 millones y 5.305 millones, respectivamente. Las subvenciones ascienden hasta los 368 millones, 46 millones más que en 2020.

Las transferencias sociales en especie descienden hasta los 569 millones. Por último, la inversión disminuye un 1,2% respecto a 2020, alcanzando los 1.924 millones.

Hay seis Comunidades Autónomas con superávit o equilibrio. Se trata de Asturias, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 1.343 millones corresponden hasta febrero a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social hasta febrero de 2021 registran un déficit de 613 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social asciende al 0,05%. Este resultado, es consecuencia del aumento del gasto en un 12,6%, frente al incremento de los ingresos un 7,2%.

Cabe recordar que en 2021 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020, y se encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación, y a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales, (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

El Sistema de Seguridad Social registra hasta febrero un déficit de 32 millones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 575 millones, el 0,05% del PIB.

El FOGASA presenta un déficit de 6 millones, mientras que en 2020 obtuvo un superávit de 42 millones.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha se sitúa en 2.342 millones

Cartela COVID-19-Información actualizada 4 de mayo de 2021

jueves, 6 de mayo de 2021

Estado de situación del COVID-19

Martes 4 de mayo de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 4 de mayo de 2021

Actualización nº 367. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 04.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 04.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y, además, los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.544.945 casos confirmados de COVID-19 y 78.399 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.