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Archivo del 3 de junio de 2021

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jueves, 3 de junio de 2021

El mes de mayo finaliza con 542.142 personas en ERTE

jueves, 3 de junio de 2021

Balance mensual

El mes de mayo finaliza con 542.142 personas en ERTE

Miércoles 2 de junio de 2021

Se han activado más del 85% de los trabajadores que estaban en ERTE hace un año. Son 95.439 personas menos que en abril, un descenso del 15%. Servicios de Comidas y Bebidas y Servicios de Alojamiento concentran el 45,06% de los afiliados en esta situación.

La Seguridad Social registró 542.142 personas protegidas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a 31 de mayo, según los datos provisionales recogidos por el organismo. El número de trabajadores en ERTE asociado a la COVID- 19 se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Estos instrumentos, diseñados para ayudar a las empresas y proteger el empleo, registraron 3,6 millones de trabajadores en mayo de 2020, lo que significa que ya se han activado más del 85%.

El avance de la campaña de vacunación y la relajación de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia han contribuido a este nuevo descenso.

Respecto al último día de abril, se ha producido un descenso de 95.439 personas en ERTE si tenemos en cuenta la fecha de alta, es decir, la fecha de efectos del expediente. Según la fecha de notificación, es decir, de solicitud del Expediente de Regulación Temporal de Empleo, se ha producido un descenso de 96.141 personas (*ver nota al final de este documento).

Todas las provincias y las dos ciudades autónomas cerraron el mes con un descenso del número de personas en ERTE, destacando, con caídas superiores al 20%, Lleida, Asturias, Murcia, Melilla y las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

De las 542.142 personas en ERTE al cierre del mes, 168.662 estaban suspendidas a tiempo parcial.

De media en abril, ha habido 573.489 personas en ERTE, de los que 399.073 eran de los RDL 30/2020, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por tanto, con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Cerca del 70% con exoneraciones a la Seguridad Social

Del total el último día de mayo, cerca del 70% (375.325) estaban en alguna de las modalidades de ERTE que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

Dentro de ellas, 227.431 personas están incluidas en ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, otras 132.592 personas en ERTE de limitación y 15.302 en ERTE de impedimento.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 166.817 personas que siguen en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

Concentración sectorial y geográfica

El número de trabajadores en ERTE supone el 3,67% de los afiliados del Régimen General (sin sistemas especiales) con una gran concentración sectorial. De hecho, de las 100 actividades, dos, Servicios de Comidas y Bebidas (153.616 trabajadores en ERTE) y Servicios de Alojamiento (90.689) concentran el 45,06% de los trabajadores en esta situación.

Cabe destacar que Agencias de Viajes y Operadores Turísticos siguen teniendo bajo este instrumento de protección un 57,88% de los afiliados del sector; Transporte Aéreo, un 39,44%, y Servicios de Alojamiento, un 38,33%.

Geográficamente, se observa que varias provincias bajan ya del 2% de sus afiliados en ERTE. Es el caso de Guadalajara (1,59%), Murcia (1,65%), Ciudad Real (1,71%), Badajoz (1,75%), Jaén (1,77%) y Huelva (1,85%).

En zonas con mayor actividad turística, sin embargo, el porcentaje es mayor. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (13,72% de sus afiliados), seguida de Santa Cruz de Tenerife, con un 10,87%, y Baleares, con un 6,85%.

La estadística provisional de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo se puede consultar en el archivo adjunto.

Asimismo, se pueden encontrar más estadísticas detalladas con información sobre afiliados en ERTE vinculados al COVID-19 en esta ubicación.

NOTAS SOBRE PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE ERTE:

*Dado que las fechas de solicitud del ERTE y la de sus efectos pueden ser distintas, hay una cierta disparidad entre la fecha de notificación -los datos comunicados hasta esa fecha- y la fecha en la que produce efectos -en alta- (por ejemplo, puede ser que una empresa comunique a la Tesorería el ERTE de su plantilla el 10 de diciembre, cuando éste tiene efectos ya desde el 20 de noviembre). En aras de la transparencia, en el Excel adjunto se pueden consultar las series revisadas tanto de las personas en ERTE por su fecha de alta -una serie que requiere actualización diaria- como por la fecha de notificación para que se puedan realizar las comparaciones oportunas.

La contribución social de las grandes empresas españolas ascendió a más de 480.000 millones de euros

jueves, 3 de junio de 2021

27 mayo 2021

CEOE

La contribución social de las grandes empresas españolas ascendió a más de 480.000 millones de euros

Informe elaborado por la Fundación CEOE y la Fundación PwC

Los ingresos de las mayores compañías nacionales se redistribuyen, principalmente, en la adquisición de bienes y servicios a proveedores (343.731 M€), en aportaciones a las arcas públicas (73.520 M€) y en la remuneración a empleados (43.726 M€).

El estudio destaca la importante contribución que realizan las grandes compañías nacionales a la sociedad. Para ello, estima el Cash Flow Social (CFS), una métrica que permite evaluar la creación de riqueza en los distintos grupos de interés y en la sociedad en su conjunto. Los ingresos que estas compañías obtienen se redistribuyen al emplearse en la adquisición de bienes y servicios a proveedores, en la remuneración a empleados, en la contribución a las arcas públicas y en otras partidas que suponen una aportación directa al Producto Interior Bruto (PIB).

El empleo de la métrica Cash Flow Social responde a una demanda de transparencia por parte de los grupos de interés en el actual contexto internacional, en donde el éxito de las empresas no solo va a depender y medirse por su capacidad para maximizar su desempeño económico-financiero a medio y largo plazo, sino que también se medirá por la capacidad de generar valor para todos los grupos de interés.

Para calcular el Cash Flow Social agregado se ha seleccionado como muestra a las cuarenta principales compañías españolas por importe neto de su cifra de negocio y se ha utilizado información empresarial y pública correspondiente al ejercicio 2019. Dicha selección no incluye por razones metodológicas compañías del sector financiero.

Proveedores y prestadores de servicios, grandes beneficiados
Los principales indicadores del Cash Flow Social agregado son las entradas o valor económico directo generado (cobros de clientes, cobros por desinversiones y cobros financieros) y salidas o valor económico directo distribuido (pagos a proveedores, aportaciones a las administraciones públicas, pagos a empleados, pagos por dividendos, pagos financieros, autocartera y valor económico retenido por las propias organizaciones).

Respecto a las salidas, el informe sostiene que los ingresos generados por la gran empresa española, principalmente, se han redistribuido para emplearse en un 71,4% para la adquisición de bienes y servicios a proveedores (343.731 millones de euros), en un 15,3% para las aportaciones a las arcas públicas (73.520 millones de euros) y en un 9,1% para la remuneración a empleados (43.726 millones de euros), entre otros conceptos, lo cual supone una aportación directa al PIB español.

Así, de todos los sectores de actividad, el principal agente beneficiado son los proveedores y prestadores de servicios. La cadena de suministro resulta, de esta forma, el principal receptor del valor económico directo distribuido de la gran empresa española; seguido de los pagos a las administraciones públicas, de los cuales 23.868 millones de euros (32,5%) corresponden a tributos propios pagados (soportados) y 49.652 millones de euros (67,5%) a tributos de terceros (recaudados) por la actividad económica generada por las empresas.

En cuanto a los pagos a empleados (43.726 millones de euros), el estudio descuenta los impuestos asociados al empleo pagados por la gran empresa española – 19.489 millones – dado que se integran en la partida de pagos a las administraciones públicas. Asimismo, el estudio subraya que la gran empresa española emplea, de manera directa para realizar su actividad en los distintos territorios en los que opera, a más de 1.700.000 trabajadores, siendo el valor económico generado por empleado de 280.000 euros.

Adicionalmente, el informe refleja la inversión que realizan este tipo de compañías en proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, contribuciones a asociaciones benéficas, ONGs, institutos de investigación (no relacionados con I+D), fondos para apoyar las infraestructuras de la comunidad o los costes directos de sus programas sociales. Se estima que, en 2019, la gran empresa española realizó aportaciones a entidades sin ánimo de lucro por valor de 454 millones de euros -incluye las aportaciones tanto monetarias como en especie-.

Cash Flow Social agregado de la gran empresa española

Cash Flow Social agregado de la gran empresa española
Notas:

  1. El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas
    presente en 157 países con más de 284.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría,
    asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos
    ayudarte en www.pwc.es. PwC se refiere (en conjunto o por separado) a la red de firmas que integran PwC, cada una
    de las cuales se constituye con una entidad legal independiente. Por favor, visite www.pwc.co/structure para más
    información.
  2. La Fundación CEOE es la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que agrupa a
    más de 4.500 organizaciones empresariales de base. Tiene como áreas principales de actuación el bienestar social,
    el acceso a la cultura y la formación para la empleabilidad. En ellas se centra la mayor parte de sus actividades,
    planes, proyectos y programas, en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas.

Galicia tendrá 100% de conectividad digital de alta velocidad con el apoyo del Plan de Recuperación

jueves, 3 de junio de 2021

Galicia tendrá 100% de conectividad digital de alta velocidad con el apoyo del Plan de Recuperación

Miércoles 2 de junio de 2021

El Gobierno invertirá 4.000 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de extender banda ancha a 100 Mbps al 100% de la población, impulsar un ecosistema de ciberseguridad y acelerar el despliegue del 5G

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha compartido con la Federación Galega de Municipios e Provincias los planes del Gobierno para extender la conectividad al 100% de la población y acelerar el despliegue de redes y servicios 5G. «En 2025 no quedará población en Galicia que no tenga acceso a redes de alta velocidad» ha asegurado.

Estos objetivos forman parte de la estrategia del gobierno para afrontar el Reto Demográfico y se articulan a través del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso a la tecnología 5G.

Ambos planes cuentan para sus inversiones con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, 2000 millones de euros para extender la conectividad, 1500 millones de euros para el despliegue del 5G y 500 millones para impulsar un ecosistema de ciberseguridad, y están incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El secretario de Estado ha hecho un breve repaso de las inversiones realizadas en el marco del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA-NGA) en Galicia: más de 102 millones de euros de ayudas desde 2013, cuando se puso en marcha este programa cofinanciado con fondos FEDER, de los cuáles más de la mitad (80 millones de euros) fueron adjudicados en proyectos en las tres últimas convocatorias (2018, 2019 y 2020).

En la última convocatoria del PEBA-NGA, resuelta el pasado 4 de marzo, se adjudicaron ayudas por un importe de 13 millones de euros para extender la banda ancha en 2.617 entidades singulares de población a 56.159 viviendas y empresas. De ellas, 26.530 están en Lugo, 14.030 en A Coruña, 10.047 en Ourense y 5.552 en Pontevedra.

Gracias a estas inversiones, se ha logrado aumentar en los últimos años (2018, 2019 y 2020) en 32 puntos la cobertura a 30Mbps que ahora es del 95.07%. De esta manera desaparece la brecha digital con el resto de España, cuya cobertura con redes a esta velocidad es del 95.19%.

La cobertura a 100 Mbps en Galicia era de apenas el 59% en 2017. Desde entonces ha aumentado 13 puntos y en 2020 alcanzaba al 72.15% de la población gallega. Cuando finalicen los proyectos que están en ejecución, se estima que en 2022 la cobertura de redes fijas a velocidades ≥ 100 alcanzará al 83,67% de la población.

Plan para la Conectividad

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales se extiende hasta 2025, fecha en la que se cumplirá el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura con redes de 100 Mbps para toda la población. El Plan también tiene como prioridad que el 100% de los motores socioeconómicos tengan una conexión escalable a un gigabit por segundo en 2025, uno de los objetivos de la estrategia europea «la Sociedad del Gigabit».

En lo que se refiere a las pymes, se pondrá en marcha un programa para facilitar bonos de conectividad digital para las pequeñas y medianas empresas que participen en programas públicos de impulso a su digitalización.

España, Hub de datos es otro eje del Plan que incluye medidas para proyectar nuestro país como polo de atracción de las inversiones en infraestructuras de datos y convertirnos en punto de conexión transfronteriza para la Unión Europea.

Por último, el Plan incluye dos ejes transversales, uno relativo a la reforma normativa y sistemas de Información pública (que incluye la aprobación de la nueva ley general de Telecomunicaciones), y otro a la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, incluyendo medidas de apoyo a la eficiencia energética.

Por su parte, la Estrategia de impulso de la tecnología 5G tiene como principal objetivo acelerar el despliegue de esta tecnología que permite la hiper conectividad (conexiones permanentes, de alta capacidad y a gran velocidad entre personas y máquinas), por lo que tiene un gran efecto disruptivo para la economía y puede servir, asimismo, como vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad.

La Estrategia consta de tres ejes. El primero incluye acciones para facilitar la disponibilidad de las bandas de frecuencia prioritarias para los servicios 5G. En este sentido, España ya subastó en 2018 una de las bandas de frecuencias prioritarias, la de 3,5 GHz, lo que ha impulsado las primeras ofertas comerciales de los operadores, y acaba de publicar la orden de bases para la subasta de la banda de 700 MHz que se realizará en julio.

El segundo eje establece medidas de apoyo al despliegue de redes, en concreto en los corredores de transporte, tanto viales como ferroviarios y puntos singulares como aeropuertos.

El tercer eje incorpora medidas para crear un marco regulatorio y administrativo que propicie un clima inversor, como la Ley de Ciberseguridad 5G, que debe transponer al ordenamiento jurídico español los instrumentos y medidas (toolbox) que los Estados Miembros de la Unión Europea han consensuado para crear un entorno seguro y confiable que impulse el despliegue y fomente la adopción.

El Defensor pide más control a la hora de permitir el uso excepcional de pesticidas no autorizados por la UE

jueves, 3 de junio de 2021

El Defensor pide más control a la hora de permitir el uso excepcional de pesticidas no autorizados por la UE

28/05/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación siete sugerencias para mejorar el control y la aplicación de los permisos excepcionales para el uso y comercialización de pesticidas no autorizados por la Unión Europea.

Los conocidos como productos fitosanitarios, son sustancias que se utilizan para prevenir y combatir las plagas de los cultivos. Los más utilizados son insecticidas, fungicidas y herbicidas. Algunos de ellos han resultado ser perjudiciales para la salud humana, para otros animales como las abejas, o para el medioambiente y por eso su uso ha sido prohibido o no autorizado en la UE.

Sin embargo, tanto la legislación europea como la nacional posibilitan autorizaciones excepcionales en situaciones de “emergencia fitosanitaria” que requieran controlar un peligro que no pueda gestionarse por otros medios razonables. Estos permisos especiales tienen que estar científicamente justificados y se tienen que destinar a usos concretos durante un máximo de 120 días.

En España, se han autorizado en los últimos años de manera excepcional sustancias como la Clotianidina, el Diclorvos, el Extracto de Camelia, el Propanil o el Tidiazuron.

En este contexto, una asociación ecologista acudió al Defensor del Pueblo a principios de año alegando que este tipo de concesiones excepcionales se estarían realizando en nuestro país de “manera rutinaria”, sin los debidos controles y sin los estudios científicos y técnicos necesarios.

Petición de información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tras admitir a trámite la queja, la Institución pidió un informe al Ministerio que acreditara el cumplimiento de la normativa vigente en la autorización excepcional de la comercialización en 2020 y 2021 de estas cinco sustancias activas no autorizadas y el número de permisos otorgados.

Además, el Defensor también preguntó por las comunidades autónomas que habían solicitado la autorización, por los trámites concretos del procedimiento y quiso saber también si se había cumplido con el deber de difundir activamente la información ambiental sobre las autorizaciones excepcionales concedidas sobre dichas sustancias.

Tras analizar la información recibida, el Defensor del Pueblo considera que existe una irregularidad en la emisión repetida durante años de las autorizaciones excepcionales de uso de productos fitosanitarios prohibidos o no autorizados y que por tanto es necesario que exista un mayor control respecto del uso de los productos autorizados excepcionalmente.

A juicio de la Institución, el procedimiento administrativo que se sigue a la hora de otorgar las autorizaciones excepcionales no es transparente y las resoluciones no están suficientemente motivadas en la justificación de la excepcionalidad, lo que le lleva a pensar que no existe una situación de emergencia o un riesgo imprevisible que justifiquen dichas autorizaciones.

Siete sugerencias

Es por eso que el Defensor ha instado a modificar la normativa que regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios, para que se incluya una referencia específica a la evaluación de las solicitudes de autorización excepcional o, en su defecto, que se sometan dichas solicitudes a la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios, con intervención de las organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos de los consumidores.

Asimismo, la Institución ha enviado dos sugerencias al Ministerio para que las decisiones de concesión de permisos estén adecuadamente motivadas.

Además, y en aras de fomentar la transparencia, el Defensor también cree oportuno que se informe al público de las autorizaciones excepcionales que se emitan y que se informe sobre los estudios técnicos y el análisis de los mismos por parte de la Administración.

Por lo que respecta al caso concreto de la clotianidina, un insecticida prohibido en la UE desde 2013 por estar relacionado con la desaparición de las abejas, la Institución apunta que la información remitida por el Ministerio no aporta estudios científicos concluyentes sobre la falta de alternativas posibles. Así, ha solicitado que se revoque la autorización excepcional del uso de esta sustancia en el año 2021.

Asimismo, ha sugerido que se sometan los borradores de los acuerdos con las comunidades autónomas y los operadores del sector al dictamen de la Abogacía del Estado.

Por último, ha instado a que las administraciones autonómicas refuercen los mecanismos de inspección, vigilancia, control y sanción para asegurar que, cuando un agricultor use una sustancia prohibida o no autorizada, se reduzcan al mínimo los riesgos, se cumplan todas las condiciones de uso y se detecten con prontitud efectos adversos para la salud o el medio ambiente.

Las solicitudes se podrán presentar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre

jueves, 3 de junio de 2021

Las solicitudes se podrán presentar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre

Agricultura, Pesca y Alimentación destina 6,55 millones de euros en ayudas al Plan Renove de maquinaria agrícola

Martes 1 de junio de 2021

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará ayudas por valor de 6,55 millones de euros para el Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan Renove) en el ejercicio 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden de 7 de mayo reguladora de estas ayudas, que podrán solicitarse a partir del 15 de junio.

El objetivo del Plan RENOVE es modernizar el parque de maquinaria mediante la ayuda a la compra de vehículos y equipos que incorporen nuevas tecnologías que permitan unas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. Se incentiva la adquisición de distintos tipos de maquinaria, buscando reducir las emisiones de CO2, de amoniaco y partículas, optimizar la aplicación de insumos y fijar carbono en el suelo. Se trata de mejorar la adaptación al entorno, la protección ambiental y la eficacia y seguridad en la producción primaria.

La convocatoria de 2021 facilitará a los agricultores la adopción de los requisitos de la nueva Política Agraria Común (PAC) y busca la consecución de los compromisos ambientales de España en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases contaminantes. Como novedad en la convocatoria de 2021 se habilita una línea específica para incentivar la compra de máquinas para una aplicación localizada del purín (accesorios y cisternas), más respetuosos con el medio ambiente.

Para contribuir a la adopción por los agricultores de equipos de aplicación localizada de purines, sustituyendo los sistemas más contaminantes de platos, abanicos o cañones, se dotan dos líneas diferenciadas.

Una para subvencionar cisternas de purín, con sistemas de localización de producto en el suelo (rejas y discos), tubos flexibles (mangueras) o rígidos (para aplicación justo sobre el suelo), así como sistemas de localización de purín en el suelo independientemente de la cisterna, por 4 millones de euros.

La segunda, dotada con 2,55 millones de euros será para el resto de equipos y maquinaria, de acuerdo con las bases reguladoras de la ayuda, aprobadas por el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio. Si agotado el plazo de solicitud quedaran fondos disponibles en cualquiera de las dos líneas, se podrán utilizar para satisfacer la lista de espera.

Desde mañana, 2 de junio, los interesados pueden adquirir la máquina para la que soliciten la subvención, inscribirla en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y realizar todos los trámites pertinentes antes de presentar las solicitudes de ayuda. El plazo de presentación es del 15 de junio al 15 de septiembre. La información del Plan Renove 2021 está disponible en la página Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con esta nueva convocatoria, la cantidad de dinero movilizado por el MAPA en el año 2021 para ayudar a la adquisición de maquinaria agrícola asciende en total a 9,55 millones de euros, un 19,4 % más que en 2020. A la convocatoria publicada hoy hay que sumar los 3 millones de euros, contemplados en la Orden de subvenciones de avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para la compra de maquinaria del pasado 29 de abril.