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Archivo del 11 de junio de 2021

Puesta de sol en la montaña de Asturias

viernes, 11 de junio de 2021

Un consumidor que haya suscrito un préstamo denominado en moneda extranjera y que ignore el carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato de préstamo no puede ser expuesto a ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la base de dicha cláusula

viernes, 11 de junio de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 100/21

Luxemburgo, 10 de junio de 2021

Sentencias en el asunto C-609/19 y en los asuntos acumulados
C-776/19 a C-782/19

BNP Paribas Personal Finance

Un consumidor que haya suscrito un préstamo denominado en moneda extranjera y que ignore el carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato de préstamo no puede ser expuesto a ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la base de dicha cláusula

La información facilitada por el prestamista al consumidor sobre la existencia del riesgo de tipo de cambio no cumple la exigencia de transparencia si se basa en el supuesto de que la paridad entre la moneda de cuenta y la moneda de pago permanecerá estable durante toda la vida del contrato

En 2008 y 2009, unos consumidores suscribieron con el banco BNP Paribas Personal Finance unos contratos de préstamo hipotecario denominado en francos suizos (CHF) y reembolsable en euros, para financiar la compra de bienes inmuebles o participaciones en sociedades inmobiliarias. Debido a las características de esos préstamos, su suscripción implicaba un riesgo de tipo de cambio asociado a las fluctuaciones de la cotización del euro frente al CHF. Aunque la existencia de ese riesgo no se mencionaba de manera expresa en los contratos de préstamo, de ellos se desprendía no obstante indirectamente que dicho riesgo les era inherente y recaía sobre el consumidor.

Como consecuencia de dificultades que los consumidores encontraron para pagar las cuotas mensuales, se incoaron unos procedimientos judiciales ante el tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Tribunal de Distrito de Lagny-sur-Marne, Francia) y el tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), respectivamente. Estos tribunales deben examinar si las cláusulas de los contratos de préstamo anteriormente mencionados, que expusieron a los consumidores a un riesgo de tipo de cambio ilimitado, deben considerarse abusivas a la luz de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos de consumo (1) y, por ello, no vinculantes para los prestatarios. En este contexto, el Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne y el Tribunal de Grande Instance de Paris plantearon al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva.

Mediante sus sentencias de hoy, en primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato de consumo no vinculan al consumidor y que debe considerarse que nunca han existido, de modo que no pueden tener efectos en su situación de hecho y de Derecho. En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que una acción ejercitada por el consumidor para que se declare el carácter abusivo de una cláusula incluida en ese tipo de contrato no puede estar sujeta a ningún plazo de prescripción.
Dicho esto, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva no se opone a una normativa nacional que sujeta a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esa declaración. Sin embargo, el Tribunal de Justicia declara que en ningún caso puede ser compatible con la Directiva un plazo de prescripción para la devolución de cantidades abonadas sobre la base de una cláusula abusiva que puede haber expirado antes incluso de que el consumidor pueda tener conocimiento del carácter abusivo de dicha cláusula.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que corresponde a los tribunales remitentes apreciar si las cláusulas controvertidas determinan un elemento esencial que caracteriza los contratos de préstamo en cuestión y constituyen el objeto principal de estos. En tal supuesto, la Directiva únicamente permite examinar su carácter abusivo si no están redactadas de forma clara y comprensible.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que no cumple la exigencia de transparencia la comunicación por el profesional al consumidor, cuando se celebra el contrato, de información, aunque sea abundante, si esta se basa en el supuesto de que la paridad entre la moneda de cuenta y la moneda de pago permanecerá estable durante toda la vida del contrato. Así sucede, en particular, cuando el profesional no advierte al consumidor del contexto económico que puede repercutir en las variaciones de los tipos de cambio.

En cuarto lugar, a la luz de los conocimientos del profesional sobre el contexto económico previsible que puede repercutir en las variaciones de los tipos de cambio, de los mayores medios de dicho profesional para anticipar el riesgo de tipo de cambio y del considerable riesgo relativo a las variaciones de los tipos de cambio que las cláusulas controvertidas hacen recaer sobre el consumidor, el Tribunal de Justicia considera que dichas cláusulas pueden dar lugar a un desequilibrio importante, en detrimento del consumidor, entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato de préstamo. En la medida en que el profesional no ha observado la exigencia de transparencia frente al consumidor, parece que dichas cláusulas hacen recaer sobre este un riesgo desproporcionado en relación con las prestaciones y el importe del préstamo recibidos, puesto que su aplicación tiene como consecuencia que el consumidor deba asumir en último término el coste de la evolución de los tipos de cambio.

1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

Ábalos destaca que Ponferrada debe seguir siendo un punto de referencia en el transporte de mercancías y la logística del futuro

viernes, 11 de junio de 2021

Ábalos destaca que Ponferrada debe seguir siendo un punto de referencia en el transporte de mercancías y la logística del futuro

Jueves 10 de junio de 2021

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en el acto de inauguración de las obras de rehabilitación y puesta en uso del Castillo Viejo de Ponferrada, se ha referido a la capital del Bierzo como enclave logístico fundamental del Corredor Atlántico.

Para su desarrollo, el Ministerio va a construir un apartadero ferroviario de 750 metros, que ya ha sido presentado a la convocatoria de ayudas CEF Conectar Europa.

Este apartadero es fundamental para conseguir que el futuro enclave logístico de la ciudad sea intermodal y se convierta en referencia en el noroeste peninsular. Además, el ministro ha asegurado que Mitma prestará colaboración al ayuntamiento para poder ceder los terrenos de «la placa», necesarios para la conexión con la futura plataforma logística.

En este sentido, el ministro ha recordado la apuesta del Departamento que dirige por las comunicaciones ferroviarias de la región, dado que hace unos días se adjudicó la redacción de proyectos para la mejora de la vía e infraestructuras del tramo de La Granja-Covas, en la línea León-A Coruña. Un proyecto que busca la modernización de la línea y aumentar su capacidad y fiabilidad de manera que permita aumentar los tráficos y la calidad del servicio.

Ábalos también ha puesto en valor la apuesta del Ministerio por iniciativas de descentralización de sus actividades, con el objetivo de combatir la despoblación e impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo.

Relacionado con esto, Ábalos ha anunciado que el próximo año Adif va a inaugurar un nuevo servicio integral de circulación en Ponferrada que dará cobertura a 152 kilómetros y 22 estaciones de la línea León-A Coruña, que supondrá la creación de oportunidades laborales y dinamización de la economía del Bierzo que, lamentablemente también sufre un importante abandono poblacional. Para ello, se pondrá en valor el patrimonio ferroviario de la ciudad haciendo obras de acondicionamiento en un edificio anexo de la estación.

Asimismo, en defensa de la movilidad como un derecho y el apoyo a comunidades y municipios para garantizar el servicio de transporte público, el ministro ha puesto en valor la compensación a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos tarifarios derivada de la pandemia, aprobada en el pasado Consejo de Ministros, y que, en concreto para Ponferrada, asciende a 355.620 euros.

Castillo Viejo de Ponferrada

Durante el evento, acompañado del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, el ministro ha informado que el presupuesto total de la actuación en el Castillo de los Templarios de Ponferrada ha ascendido a 1.888.482,65 euros, en cuya financiación han participado Mitma y el Ayuntamiento de Ponferrada, de los que el Ministerio ha aportado 1.321.937,86 (70%), con cargo a fondos del programa del 1,5% Cultural de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.

El castillo de Ponferrada está considerado como el más notable del noroeste de España. Sus orígenes prehistóricos lo relacionan con un asentamiento durante la primera Edad del Hierro y su privilegiada situación lo convirtió en un recinto amurallado con diferentes dependencias en su interior.

Un total de 8.000 metros cuadrados conforman los restos históricos de este impresionante Castillo, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 1924 e integrado en la Red Nacional de Castillos y Palacios de España, convirtiéndolo en un referente de la marca España.

Ábalos ha valorado esta actuación enmarcándola en la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y que es esencial en muchos pueblos y ciudades que necesitan revertir su saldo demográfico negativo y ofrecer proyectos que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.

La intervención que hoy se ha inaugurado, completa las acciones del Plan Director, comenzadas en 1994, cerrando recorridos y habilitando puertas históricas ahora clausuradas, atajando la degradación cada vez más importante del muro norte, la única zona que corría verdadero peligro y que quedaba por restaurar, y asociadas a acciones paralelas de recuperación del entorno.

Esta actuación proporciona al Castillo Viejo un acceso independiente del principal del Castillo Nuevo, que permitirá la incorporación de usos que requieren condiciones de accesibilidad y evacuación más generosas que las existentes.

Los trabajos realizados han permitido recuperar el Castillo Viejo de Ponferrada para zona multifuncional, adaptada a grandes exposiciones y pequeñas actuaciones teatrales y musicales y especialmente las relacionadas con la Noche Templaria. Para ello se ha contado con el espacio central del castillo y las salas y torres anexas.

Los objetivos principales han sido dos: recuperar la ronda baja del Castillo Viejo para facilitar recorridos y salidas alternativas y, por otro lado, recuperar el propio castillo, su patio y sus estancias para su visita y para las actividades que el castillo alberga y las que pretende albergar.

Esta actuación, que demuestra el compromiso del Gobierno de proteger y salvaguardar el Patrimonio Cultural Español, se realiza en el marco del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, Actuaciones del 1,5% Cultural, que constituye uno de los instrumentos de la Administración General del Estado para responder al mandato constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.

Tras el establecimiento del nuevo procedimiento de concurrencia competitiva, en el VII Acuerdo de Colaboración entre los antiguos Ministerio de Fomento y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, son ya cuatro las convocatorias de ayudas publicadas.

La última de ellas, publicada en el BOE del 16/01/20, supondrá una aportación máxima por parte del Mitma de 61.000.000 de euros.

Otros programas del Mitma: Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico

El Ministerio financia asimismo otro importante número de actuaciones de rehabilitación a través del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del patrimonio arquitectónico español y dotación de equipamientos públicos con los presupuestos propios del Ministerio. En estos casos Mitma ejerce como órgano de contratación de las obras, estando previsto una inversión en el ejercicio 2021 de más de 23 millones de euros a este Programa.

COVID 19: Código de Buenas Prácticas – Financiación aval ICO

viernes, 11 de junio de 2021

COVID 19: Código de Buenas Prácticas – Financiación aval ICO

Banco de España

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito y otras entidades financieras, que tiene como objetivo reforzar la solvencia de empresas y autónomos cuyos negocios, siendo viables, están siendo afectados por la crisis del Covid.

Las entidades que decidan adherirse al Código se comprometen a facilitar la renegociación de la deuda con aval, esforzándose por incluir la deuda no avalada, contraída entre el 17 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021 (fecha de publicación del RDL 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19).

En este acuerdo, se establecen, por un lado, las líneas de actuación de las entidades financieras y de los organismos públicos y, por otro, los requisitos que deben reunir las empresas y autónomos para poder beneficiarse de las diferentes medidas aprobadas. Estas medidas son:

Nueva ampliación de vencimientos de la deuda avalada con aval público
Las entidades que se adhieran al Código tendrán la obligación de aplicar esta medida a todas aquellas empresas y autónomos que la soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo del Consejo de Ministros. Algunos de estos requisitos son:

No estar en mora de ninguno de los préstamos suscritos con la entidad ni estar en procedimiento concursal.
Haber experimentado una caída de la facturación como mínimo del 30% el año pasado con respecto a 2019.
En los casos en los que no se cumpla este último requisito, la ampliación del plazo será posible siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad.

Conversión de dicha deuda en préstamos participativos
Con esta medida se persigue reforzar los recursos propios de las empresas beneficiarias.

La entidad financiera y la empresa deberán llegar a un acuerdo para lograr la citada conversión.

Para que la empresa pueda beneficiarse de esta medida, además de cumplir los dos requisitos anteriores, deberá presentar un resultado negativo después de impuestos en la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020.

Reducción del endeudamiento mediante quitas
La concesión de quitas del principal de la financiación avalada requiere que el deudor, además de cumplir los requisitos establecidos, alcance un acuerdo de renegociación de deuda con la entidad financiera.

Además, las entidades adheridas al Código que concedan alguna de las tres medidas mencionadas anteriormente se comprometerán a mantener las líneas de circulante del deudor beneficiado hasta el 31 de diciembre de 2022.

Para conocer en detalle los requisitos que se han establecido para poder beneficiarse de cada una de estas medidas, consulta el acuerdo del Consejo de Ministros .

Las demandas de disolución matrimonial presentadas durante el primer trimestre de 2021 aumentaron un 5,7 por ciento respecto al año pasado

viernes, 11 de junio de 2021

Miércoles, 9 de junio de 2021

Las demandas de disolución matrimonial presentadas durante el primer trimestre de 2021 aumentaron un 5,7 por ciento respecto al año pasado

Las separaciones y divorcios consensuados se incrementaron en un 9,7 por ciento; por el contrario, las separaciones no consensuadas disminuyeron un 14,4 por ciento. Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria y Murcia encabezan la lista de territorios que superaron la tasa media del trimestre, que fue de 5,4

Autor: Comunicación Poder Judicial

Los distintos tipos de demanda de disolución matrimonial presentadas ante los órganos judiciales han mostrado un comportamiento desigual durante el primer trimestre de 2021. Así, mientras las demandas de separación y las de divorcio consensuadas tuvieron un incremento interanual medio del 9,7 por ciento, los divorcios no consensuados se mantuvieron estables y las separaciones no consensuadas disminuyeron un 14,4 %. Si se toman en consideración todos los tipos de demanda de disolución matrimonial, en el periodo analizado se produjo un aumento interanual del 5,7 por ciento.

Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 15.048 demandas de divorcio consensuado; 9.290 demandas de divorcio no consensuado; 723 de separación consensuada y 304 de separación no consensuada. En todo el trimestre se presentaron 22 demandas de nulidad, una menos que hace un año.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial presentadas en el trimestre con la población a 1 de enero de 2021 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con 6,4; la Comunidad Valenciana, con 6,3; Cantabria y Murcia, con 6; Islas Baleares y Cataluña, con 5,8; y Andalucía, con 5,7. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 5,4.

Las tasas más bajas del trimestre se dieron en Madrid, con 4,3; Castilla y León, con 4,4; y País Vasco, con 4,7.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, aumentaron en el primer trimestre de 2021, especialmente las consensuadas, que se colocaron en niveles muy superiores a los del primer trimestre del pasado año.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 3.496, mostraron un incremento interanual del 21,4 %; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 8.439, aumentaron un 7,4 % respecto al mismo trimestre de 2020.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, de las que se presentaron 6.456, tuvieron un importante incremento interanual (34,2 %) y las no consensuadas, 7.006, de un 11,5 por ciento.

Los datos estadísticos sobre demandas de disolución matrimonial pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios/

Certificado digital COVID de la UE: ahora depende de los Estados miembros

viernes, 11 de junio de 2021

Certificado digital COVID de la UE: ahora depende de los Estados miembros

Parlamento Europeo

Los eurodiputados ven el certificado como una herramienta para restablecer la libertad de circulación y exigen a los países de la UE que lo pongan en marcha el 1 de julio.

Debate sobre el certificado digital COVID de la UE

El objetivo del certificado digital COVID de la UE es hacer que los viajes sean más fáciles y seguros durante la pandemia. Probará que una persona ha sido vacunada, cuenta con un test negativo o se ha recuperado de la enfermedad. Para ello se ha puesto en marcha una infraestructura interoperable y 23 países de la UE ya cuentan con la preparación técnica necesaria. Nueve de ellos ya están emitiendo y verificando al menos uno de los tres tipos de certificado.

Restablecer la libertad de circulación

El encargado de la legislación en el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, apuntó en un debate en el pleno el 8 de julio que la necesidad de proteger la libertad de circulación, que es fundamental para los ciudadanos. «Las negociaciones sobre el certificado digital COVID han concluido en tiempo record. Queremos que los ciudadanos sepan que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para restaura las libertad de circulación», explicó.

El comisario de Justica, Didier Reynders, explicó a los eurodiputados que el certificado será gratuito, emitido por todos los Estados miembros y tendrá que ser aceptado en toda Europa. «Contribuirá al levantamiento gradual de las restricciones», explicó.

Los Estados miembros deben aplicar las normas

El certificado digital COVID es el «primer paso para eliminar las restricciones y eso es una buena noticia para muchas personas en Europa (personas que trabajan, familias, que viven en zonas fronterizas) así como para el turismo», afirmó la eurodiputada socialista alemana Birgit Sippel. Además, dijo que ahora depende de los países de la UE armonizar las normas.

«Todos los ciudadanos de la Unión Europea esperan poder utilizar este sistema a principios del verano y los Estados miembros deben cumplir», reconoció el eurodiputado holandés Jeroen Lenaers, , del Partido Popular Europeo. No solo es necesario tener preparada la parte técnica sino mucho más. «Los europeos quieren […] que por fin haya algo de coordinación y previsibilidad en nuestras fronteras internas», explicó.

La eurodiputada holandesa Sophia in ‘t Veld, del grupo Renew, llamó a los Estados miembros a garantizar que Europa vuelve a abrirse: «Los europeos quieren desesperadamente recuperar su libertad. Creo que vale la pena recordar que no es el virus lo que les ha quitado el derecho a la libre circulación en Europa. En realidad, es el mosaico de las normas nacionales lo que les impide moverse”.

Respeto de los derechos de los ciudadanos

«Necesitamos defender las libertades de todos y no solo de los que se van de vacaciones», defendió la eurodiputada Cornelia Ernst, del grupo La Izquierda. Ersnt subrayó que el Parlamento y la Comisión fueron los que defendieron durante las negociaciones los derechos de los ciudadanos.

La eurodiputada holandesa Tineke Strik, de Los Verdes/ALE subrayó la importancia de evitar la discriminación y garantizar la protección de datos y reconoció que el certificado cumple estos requisitos. «Los Estados miembros deben aplicar e implementar este nuevo y armonizado sistema y los eurodiputados garantizarán que no haya prácticas discriminatorias», dijo.

El miembro polaco Joachim Stanisław Brudziński, del grupo de los Conservadores y Reformistas, puntualizó que el certificado debe facilitar la libertad de movimiento, pero no ser una condición para ella. Las personas que no se hayan vacunado podrán viajar, respetando las medidas de los países, como el aislamiento o la cuarentena. “Este reglamento no puede verse como una oblicación para vacunarse», defendió. .

La eurodiputada alemana Christine Anderson, , de Identidad y Democracia, duda sobre sobre si el certificado será capaz de restaurar la libertad de circulación y respetar los derechos de las personas. Además, reconoció que le preocupe que fuerce a las personas a que se vacunen. «Esto no debería ser una puerta trasera para requerir la vacunación», afirmó.