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Archivo del 16 de junio de 2021

Puesta de sol en el País Vasco

miércoles, 16 de junio de 2021

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): el Tribunal de Justicia precisa los requisitos para el ejercicio de las facultades de las autoridades nacionales de control con respecto al tratamiento transfronterizo de datos

miércoles, 16 de junio de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 103/21

Luxemburgo, 15 de junio de 2021

Sentencia en el asunto C-645/19

Facebook Ireland y otros

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): el Tribunal de Justicia precisa los requisitos para el ejercicio de las facultades de las autoridades nacionales de control con respecto al tratamiento transfronterizo de datos
En determinadas condiciones, una autoridad nacional de control puede ejercer su facultad de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cualquier supuesta infracción del RGPD, aunque no sea la autoridad de control principal en lo referente a ese tratamiento

El 11 de septiembre de 2015, el presidente de la Comisión belga de protección de la vida privada («CPVP») ejercitó ante el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunal de Primera Instancia Neerlandófono de Bruselas, Bélgica) una acción de cesación contra Facebook Ireland, Facebook Inc. y Facebook Belgium, destinada a poner fin a infracciones de la legislación en materia de protección de datos supuestamente cometidas por Facebook. Estas infracciones consistían, entre otras, en la recogida y utilización de información sobre los hábitos de navegación de los internautas belgas, poseedores o no de una cuenta Facebook, mediante diferentes tecnologías, como cookies, complementos sociales (1) o píxeles.

El 16 de febrero de 2018, dicho órgano jurisdiccional se declaró competente para conocer de esa acción y, pronunciándose sobre el fondo del asunto, declaró que la red social Facebook no había informado suficientemente a los internautas belgas de la recogida y del uso de dicha información. Además, no se consideró válido el consentimiento dado por los internautas para la recogida y el tratamiento de la información.
El 2 de marzo de 2018, Facebook Ireland, Facebook Inc. y Facebook Belgium interpusieron recurso de apelación contra esa sentencia ante el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. Ante este órgano jurisdiccional, la Autoridad de Protección de Datos belga («APD») ha actuado como sucesor legal del presidente de la CPVP. El órgano jurisdiccional remitente solo se ha declarado competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por Facebook Belgium.

El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de los efectos de la aplicación del mecanismo de «ventanilla única» previsto por el RGPD (2) en las competencias de la APD y, más concretamente, se pregunta si, con respecto a los hechos posteriores a la entrada en vigor del RGPD, a saber, el 25 de mayo de 2018, la APD puede ejercitar acciones judiciales contra Facebook Belgium, dado que Facebook Ireland ha sido identificada como la responsable del tratamiento de los datos en cuestión. En efecto, desde esta fecha y, en particular, en aplicación del principio de «ventanilla única» establecido por el RGPD, el Comisario irlandés de protección de datos es el único competente para ejercitar una acción de cesación, bajo el control de los órganos jurisdiccionales irlandeses.

En su sentencia, dictada por la Gran Sala, el Tribunal de Justicia precisa las facultades de las autoridades nacionales de control en el marco del RGPD. De este modo declara en particular que, en determinadas condiciones, este Reglamento autoriza a una autoridad de control de un Estado miembro a ejercer su facultad de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro cualquier supuesta infracción del RGPD y de iniciar o ejercitar acciones judiciales con respecto a un tratamiento de datos transfronterizo,(3) aunque no sea la autoridad de control principal en lo referente a ese tratamiento.
Apreciación del Tribunal de Justicia

En primer lugar, el Tribunal de Justicia precisa las condiciones en las que una autoridad nacional de control, que no tiene la condición de autoridad principal con respecto a un tratamiento transfronterizo, debe ejercer su facultad de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cualquier supuesta infracción del RGPD y, si procede, iniciar o ejercitar acciones judiciales para garantizar la aplicación de este Reglamento. Así, por una parte, el RGPD debe conferir a dicha autoridad de control competencia para adoptar una decisión en la que se declare que dicho tratamiento incumple las normas que contiene ese Reglamento y, por otra parte, esa facultad debe ejercerse respetando los procedimientos de cooperación y de coherencia establecidos por el Reglamento. (4)

En efecto, en el caso de los tratamientos transfronterizos, el RGPD establece el mecanismo de «ventanilla única», (5) basado en un reparto de competencias entre una «autoridad de control principal» y las demás autoridades de control interesadas. Este mecanismo exige una cooperación estrecha, leal y efectiva entre estas autoridades, para garantizar una protección coherente y homogénea de las normas relativas a la protección de datos personales y preservar así su efecto útil. El RGPD establece a este respecto la competencia de principio de la autoridad de control principal para adoptar una decisión en la que se declare que un tratamiento transfronterizo incumple las normas establecidas en dicho Reglamento, (6) mientras que la competencia de las demás autoridades nacionales de control para adoptar tal decisión, incluso con carácter provisional, constituye la excepción. (7) No obstante, en el ejercicio de sus competencias, la autoridad de control principal no puede prescindir de un diálogo indispensable y de una cooperación leal y efectiva con las demás autoridades de control interesadas. Por ello, en el marco de esta cooperación, la autoridad de control principal no puede pasar por alto los criterios de las demás autoridades de control interesadas, y toda objeción pertinente y motivada formulada por una de estas últimas autoridades tiene por efecto bloquear, al menos temporalmente, la adopción del proyecto de decisión de la autoridad de control principal.

El Tribunal de Justicia precisa, además, que el hecho de que una autoridad de control de un Estado miembro que no sea la autoridad de control principal con respecto a un tratamiento de datos transfronterizo solo pueda ejercer la facultad de poner en conocimiento de los órganos jurisdicciones de ese Estado miembro cualquier supuesta infracción del RGPD y de iniciar o ejercitar acciones judiciales respetando las reglas de reparto de la competencias decisorias entre la autoridad de control principal y las demás autoridades de control (8) es conforme con los artículos 7, 8 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan al interesado, respectivamente, el derecho a la protección de datos de carácter personal y el derecho a la tutela judicial efectiva.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que, en caso de tratamiento de datos transfronterizo, el ejercicio de la facultad de una autoridad de control de un Estado miembro, distinta de la autoridad de control principal, de iniciar o ejercitar acciones judiciales (9) no exige que el responsable o encargado del tratamiento transfronterizo de datos personales contra el que se ejercite dicha acción disponga de un establecimiento principal u otro establecimiento en el territorio de dicho Estado miembro. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad debe estar comprendida en el ámbito de aplicación territorial del RGPD, (10) lo que supone que el responsable o el encargado del tratamiento transfronterizo disponga de un establecimiento en el territorio de la Unión.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que, en caso de tratamiento de datos transfronterizo, la facultad de una autoridad de control de un Estado miembro, distinta de la autoridad de control principal, de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de este Estado cualquier supuesta infracción de dicho Reglamento y, si procede, iniciar o ejercitar acciones judiciales puede ejercerse tanto con respecto al establecimiento principal del responsable del tratamiento que se encuentra en el Estado miembro de dicha autoridad como con respecto a otro establecimiento de ese responsable, siempre que la acción judicial tenga por objeto un tratamiento de datos efectuado en el contexto de las actividades de ese establecimiento y que dicha autoridad tenga competencia para ejercer esa facultad.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que el ejercicio de esta facultad presupone que el RGPD sea aplicable. En el presente asunto, dado que las actividades del establecimiento del grupo Facebook situado en Bélgica están indisociablemente vinculadas al tratamiento de los datos personales de que se trata en el litigio principal, de los que Facebook Ireland es el responsable en lo que se refiere al territorio de la Unión, este tratamiento se realiza «en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable» y, por tanto, está efectivamente comprendido en el ámbito de aplicación del RGPD.

En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia declara que, cuando una autoridad de control de un Estado miembro que no es la «autoridad de control principal» haya ejercitado, antes de la fecha de entrada en vigor del RGPD, una acción judicial cuyo objeto sea un tratamiento transfronterizo de datos personales, dicha acción puede mantenerse, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, sobre la base de las disposiciones de la Directiva relativa a la protección de datos, (11) que sigue siendo aplicable en lo que se refiere a las infracciones de las normas que establece, cometidas hasta la fecha en la que dicha Directiva fue derogada. Además, la citada acción puede ser ejercitada por esa autoridad por infracciones cometidas después de la fecha de entrada en vigor del RGPD, siempre que sea en una de las situaciones en las que, excepcionalmente, dicho Reglamento confiere a esa misma autoridad competencia para adoptar una decisión por la que se declare que el tratamiento de datos de que se trata no cumple las disposiciones de dicho Reglamento y siempre que se respeten los procedimientos de cooperación que este último establece.
En quinto lugar, el Tribunal de Justicia reconoce el efecto directo de la disposición del RGPD en virtud de la cual cada Estado miembro dispondrá por ley que su autoridad de control esté facultada para poner en conocimiento de las autoridades judiciales las infracciones de ese Reglamento y, si procede, para iniciar o ejercitar de otro modo acciones judiciales. Por consiguiente, tal autoridad puede invocar dicha disposición para ejercitar o retomar una acción contra particulares, aun cuando dicha disposición no se haya aplicado específicamente en la legislación del Estado miembro de que se trate.

1 Por ejemplo, los botones «Me gusta» o «Compartir».
2 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; «RGPD»). A tenor del artículo 56, apartado 1, del RGPD, «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, la autoridad de control del establecimiento principal o del único establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento será competente para actuar como autoridad de control principal para el tratamiento transfronterizo realizado por parte de dicho responsable o encargado».
3 En el sentido del artículo 4, punto 23, del RGPD.
4 Establecidos en los artículos 56 y 60 del RGPD.
5 Artículo 56, apartado 1, del RGPD.
6 Artículo 60, apartado 7, del RGPD.
7 El artículo 56, apartado 2, y el artículo 66 del RGPD establecen las excepciones al principio de la competencia decisoria de la autoridad de control principal.
8 Establecidas en los artículos 55 y 56, en combinación con el artículo 60 del RGPD.
9 En virtud del artículo 58, apartado 5, del RGPD.
10 El artículo 3, apartado 1, del RGPD establece que este Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales efectuado «en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no».
11 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).

El Gobierno pone en marcha la campaña de lucha contra incendios forestales 2021 para un verano que se prevé más caluroso de lo habitual

miércoles, 16 de junio de 2021

Dispositivo nacional

El Gobierno pone en marcha la campaña de lucha contra incendios forestales 2021 para un verano que se prevé más caluroso de lo habitual

Martes 15 de junio de 2021 La Moncloa

Campaña de lucha contra incendios forestales 2021

El Gobierno ha dado a conocer el dispositivo de lucha contra incendios forestales para la campaña 2021, que comienza hoy de forma oficial. Un año más, el operativo incorpora la más alta tecnología, como aviones de coordinación y observación, y herramientas satelitales, para ayudar en la prevención y la extinción de los incendios y reducir su impacto.

La campaña se desarrolla tradicionalmente desde el 15 de junio hasta el 15 de octubre y ha sido diseñada a lo largo de los últimos meses por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) en el que participan, entre otros, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia Gobierno; de las Direcciones Generales de Policía, de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico y de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior; de la Dirección General de Política de Defensa; y de la Agencia Estatal de Meteorología.

Con el dispositivo de lucha contra los incendios forestales, el Estado complementa la acción que corresponde a las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias en Protección Civil y gestión forestal, aportando medios de titularidad estatal y facilitando la incorporación de medios de otras Administraciones, así como la ayuda internacional si resultase necesaria

A lo largo de esta campaña, y como es habitual, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior informará diariamente de su evolución, a través de las redes sociales, de comunicados de prensa y de su página web. De manera simultánea, la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica cada día mapas del riesgo de incendio según variables climatológicas y factores como la sequedad del suelo, entre otros indicadores relevantes.

Brigadas de lucha contra incendios forestales

Aunque los meses de verano son los que entrañan un mayor riesgo en la mayor parte del territorio, los medios del MITECO permanecen activos durante todo el año, ya sea en tareas de prevención (con las Brigadas de Labores Preventivas) o en labores de extinción en aquellas regiones donde el peligro de incendios se desplaza a otras épocas del año, como la cornisa cantábrica, con mayor recurrencia en los últimos meses del invierno.

El MITECO pone a disposición de las comunidades autónomas aeronaves y medios materiales y humanos, en especial las Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales (BRIF). Los medios aéreos de gran capacidad del MITECO son operados por personal del 43 Grupo del Ejército del Aire, a través de un convenio firmado entre el MITECO y el Ministerio de Defensa que lleva 50 años en funcionamiento.

Son 69 medios aéreos (18 aviones anfibios Cl-215T y CL-415, 4 helicópteros de vigilancia, 8 helicópteros bombarderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra AT-802, 6 aviones anfibios AT-802FB, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, 4 aviones de coordinación y observación (ACO).

A ellos, se suman 7 unidades móviles de análisis y planificación sobre el terreno y cerca de 1.000 efectivos entre técnicos, pilotos y mecánicos de las aeronaves, personal de las brigadas forestales y las bases de medios aéreos y trabajadores del Ministerio, entre otros. Para ello, el MITECO destinará este año 85 millones de euros, sin contar el coste del personal funcionario.

La actividad de este dispositivo se centraliza a través del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), como encargado de dirigir el operativo nacional durante todo el año. El CCINIF cuenta con un equipo humano muy experimentado y está dotado de tecnología para disponer de información esencial para la toma de decisiones: ubicación en tiempo real de todos los medios aéreos de extinción de España, datos meteorológicos (temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento…) e información en tiempo real de los incendios, aportada por aeronaves de observación. Desde este centro se gestionan las peticiones de apoyo que realizan las comunidades autónomas e incluso otros países, y se envían los medios de apoyo necesarios a los diferentes incendios.

Unidad militar de emergencias

Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior, aporta 1.400 efectivos en intervenciones de ataque directo al fuego y otros 1.500 en funciones de apoyo logístico, junto a los correspondientes medios materiales, tanto terrestres como aéreos. La activación de esta capacidad extraordinaria del Estado se realiza por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CENEM, a petición de las Comunidades Autónomas cuando se vean desbordadas en sus capacidades.

El dispositivo del Estado se completa con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) en tareas de vigilancia, prevención e investigación y de la Dirección General de Tráfico, que pone a disposición sus paneles de información variables para colocar mensajes sobre el riesgo de incendios, entre otras actuaciones, como las informaciones por radio.

Desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se realiza un seguimiento continuo de las situaciones declaradas y se suministra información actualizada a todos los órganos implicados para facilitar la pronta toma de decisiones.

Un verano caluroso y seco

En lo que llevamos de año 2021, aunque por debajo de la media tanto de número de incendios como de superficie afectada en el último decenio, se han producido 6 grandes incendios, lo que supera ligeramente la media de grandes incendios de la última década. El pronóstico de AEMET para los meses de junio, julio y agosto indica que prácticamente todo el país registrará temperaturas más elevadas de los valores normales para esta época del año.

Estado de los embalses

miércoles, 16 de junio de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 58,3 por ciento de su capacidad

Martes 15 de junio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 58,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.611 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 487 hectómetros cúbicos (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

Mapa de la reserva hídrica

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 76,7%
•Cantábrico Occidental al 85,1%
•Miño-Sil al 67,3%
•Galicia Costa al 76,0%
•Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
•Duero al 77,3%
•Tajo al 57,4%
•Guadiana al 38,3%
•Tinto, Odiel y Piedras al 78,2%
•Guadalete-Barbate al 41,9%
•Guadalquivir al 38,6%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 50,5%
•Segura al 49,6%
•Júcar al 61,4%
•Ebro al 79,7%
•Cuencas internas de Cataluña al 90,5%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Ourense con 40,6mm (40,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

España pide que el reglamento de infraestructuras transeuropeas de energía facilite la descarbonización

miércoles, 16 de junio de 2021

Hoy, en Luxemburgo

España pide que el reglamento de infraestructuras transeuropeas de energía facilite la descarbonización

Viernes 11 de junio de 2021

11/06/2021. España pide que el reglamento de infraestructuras transeuropeas de energía facilite la descarbonización
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico

El Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea ha alcanzado hoy, en su reunión en Luxemburgo, un acuerdo de orientación general sobre la revisión del reglamento de infraestructuras transeuropeas de energía (Reglamento TEN-E).

Gracias al liderazgo de la Presidencia Portuguesa ha sido posible mejorar un texto clave para el despliegue de la infraestructura energética de Nota de prensa la Unión Europea. España lamenta que el texto no haya sido más preciso en el calendario de salida del gas natural aplicable a dichas infraestructuras.

España ha mantenido en todo momento un apoyo claro a que los fondos UE dejen de financiar infraestructuras de combustibles fósiles, a fin de dar una señal coherente para orientar las inversiones y las decisiones de la Comisión Europea en el próximo período. Con ello, España apuesta por apoyar las soluciones sostenibles que contribuyan de forma clara a cumplir los compromisos y objetivos hacia una Unión Europea climáticamente neutra antes de 2050.

La revisión de este reglamento por parte de los 27 ha centrado el debate más intenso de la jornada, en el que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado asimismo como prioridad de España la inclusión de los territorios insulares en el ámbito de aplicación del reglamento y la necesidad de reforzar los criterios de sostenibilidad aplicados a todas las categorías de infraestructuras.

Paquete FIT FOR 55

Durante esta reunión del Consejo, la Comisión ha abordado los aspectos más importantes del paquete Fit for 55, que tiene previsto presentar en las próximas semanas. Este paquete pretende asegurar que el cumplimiento del nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% genere una verdadera transformación económica e industrial justa e inclusiva y refuerce la posición internacional de la UE como líder creíble que apuesta por la cooperación y el establecimiento de estándares de referencia ambiciosos.

Este paquete abordará medidas relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética, el sistema de comercio de derechos de emisión y con el ajuste de carbono en frontera. Se espera que sea un paquete ambicioso y coherente con la apuesta europea y que promueva cambios en la economía real, en el desarrollo y promoción de mercados económicos sin emisiones.

Ola de renovación

En la reunión del Consejo también se han adoptado, tras un elevado grado de consenso en las discusiones, las Conclusiones sobre la «Ola de Renovación para Europa: reverdecimiento de los edificios, creación de empleo y mejora de la calidad de vida». Esta estrategia busca intensificar los esfuerzos de renovación de edificios en toda Europa para que este sector contribuya al objetivo de neutralidad climática en 2050 y será una pieza clave para la reactivación económica.

«Tenemos una oportunidad única de invertir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto por el ahorro energético que supondrá para las familias como por su contribución para aliviar situaciones de pobreza energética a largo plazo y garantizar una energía más accesible para todos los hogares», ha señalado Ribera.

Estrategia europea del hidrógeno

Los ministros de Energía de los Estados miembro también han abordado cómo implementar la Estrategia europea del Hidrógeno. A este respecto, la vicepresidenta ha declarado que comparte la visión del documento distribuido por la Presidencia Portuguesa sobre las crecientes preocupaciones sociales, políticas y de sostenibilidad acerca de las tecnologías y vías de producción de hidrógeno no renovable. «Creemos que el hidrógeno renovable es la única solución sostenible en el largo plazo», ha señalado.

Ribera también ha destacado el papel de este vector energético en áreas donde la electrificación no es viable a nivel técnico o económico, como ocurre en la industria intensiva o en sectores de la movilidad como el transporte marítimo o la aviación, y ha pedido una clara priorización de los proyectos de tecnologías limpias.

España considera el hidrógeno renovable un vector estratégico y materializa esta apuesta en su «Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable», que incluye un objetivo de implantación a 2030 de 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores, lo que representa un 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE.

Asimismo, Ribera ha puntualizado que la Directiva de energías renovables solo debe incluir en su ámbito de aplicación el hidrógeno renovable y ha enfatizado la importancia de que exista un sistema robusto y trazable que garantice el origen del hidrógeno renovable a nivel de la Unión Europea y que aplique las mismas reglas a las potenciales importaciones de esta materia procedentes de terceros países.

La Comisión Europea reconoce los importantes avances de España en la depuración de aguas residuales urbanas

miércoles, 16 de junio de 2021

La Comisión Europea reconoce los importantes avances de España en la depuración de aguas residuales urbanas

Viernes 11 de junio de 2021 La Moncloa

La Comisión Europea, tras la última reunión del Colegio de Comisarios, ha reconocido los importantes avances de España durante estos últimos años en recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente y ha retirado 274 aglomeraciones urbanas de las 606 que fueron denunciadas por deficiencias en el año 2015.

En 2012 la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España por la mala calidad de las aguas residuales. Tres años más tarde, la Comisión concretó dicho procedimiento de infracción en un dictamen motivado conforme al artículo 258 del Tratado de Lisboa (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), en el que se señalaban deficiencias en la recogida y la depuración de las aguas residuales de 606 aglomeraciones urbanas distribuidas por todo el país.

Tras la mejora de 274 aglomeraciones que ya cumplen con la normativa europea, a día de hoy quedarían 332 aglomeraciones de las inicialmente incluidas en este procedimiento de infracción.

Dentro de las vías de diálogo que mantiene España con la Comisión Europea, nuestro país ha acreditado que tan solo 231 aglomeraciones, es decir, en 101 casos menos de los reclamados esta misma semana por la Comisión, todavía no han terminado de adoptar las medidas necesarias para alcanzar y poder demostrar el pleno cumplimiento de los umbrales de calidad señalados por la Directiva 91/271.

En los próximos dos meses se podrá actualizar la información para reseñar los resultados que van ofreciendo las actuaciones en curso y los progresos en las sendas de cumplimiento previstas, que se han actualizado con la nueva versión de los programas de medidas que acompañan a los planes hidrológicos que serán puestos a disposición pública en los próximos días.

Actuaciones compartidas y coordinadas

La mejora del saneamiento y la depuración de las aguas residuales es una prioridad para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para mejorar las estrategias de intervención en este ámbito de actuación se ha preparado el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) que en estos momentos está completando su proceso de evaluación ambiental y que se espera aprobar en las próximas semanas. Este Plan DSEAR incidirá directamente sobre la revisión en curso de los planes hidrológicos para el periodo 2022-2027.

El propósito que se persigue con todas estas acciones es alcanzar un pleno cumplimiento de las obligaciones de depuración establecidas en la Directiva 91/271/CEE, y con ello y otras medidas de restauración y recuperación ambiental, cumplir con los exigentes objetivos ambientales que señala la Directiva Marco del Agua antes de final de 2027.

Para ello es esencial la actuación coordinada de todas las administraciones competentes involucradas. La recogida y tratamiento de las aguas residuales son, en su mayor parte, competencia de las Administraciones locales y autonómicas, limitándose la responsabilidad de la Administración General del Estado para aquellas actuaciones que hayan sido declaradas de interés general.

En este sentido, el Ministerio también da apoyo a Comunidades Autónomas y Entidades Locales en estas materias. En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el MITECO ha habilitado recientemente una primera partida de 100 millones de euros para financiar las inversiones destinadas a mejorar el saneamiento y la depuración de aquellas aglomeraciones urbanas con menor capacidad de inversión. Es una ayuda dirigida a los vertidos urbanos de entidades menores de 5.000 habitantes equivalentes.