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Archivo del 20 de junio de 2021

Tribunal Supremo

domingo, 20 de junio de 2021

El Tribunal Supremo considera que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica no es contrario a la Constitución ni al derecho de la UE

domingo, 20 de junio de 2021

Jueves, 17 de junio de 2021

El Tribunal Supremo considera que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica no es contrario a la Constitución ni al derecho de la UE
Recuerda que el Tribunal Constitucional resolvió que las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con el citado impuesto resultaban infundadas, motivo por el que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por esta Sala

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que declara que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no es contrario a la Constitución ni al derecho de la Unión Europea.

La Sala afirma que los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que regulan el impuesto, no contradicen el principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional resolvió que las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con el citado impuesto resultaban infundadas, motivo por el que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por esta Sala.

En sus sentencias indica que el grado de semejanza del hecho imponible del IVPEE con el del IAE no es motivo de inconstitucionalidad, pues el doble gravamen de la misma manifestación de capacidad económica no es contrario per se a la Constitución. Añade que fuera del caso de los tributos autonómicos, la existencia de un doble gravamen por una misma manifestación de riqueza sólo debería analizarse desde el punto de vista del principio de capacidad económica y de la prohibición de no confiscatoriedad del art. 31.1 CE, pues ese impuesto puede estar sometiendo a tributación la misma capacidad económica por la que los productores de energía eléctrica abonan el IAE, constituyendo casos de doble imposición permitida.

Asimismo, Sala resuelve que el IVPEE no es contrario al derecho de la Unión Europea, conforme a lo declarado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de marzo de 2021. En definitiva, señala que el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema.

La Sala considera que la doctrina establecida en la sentencia de 3 de marzo de 2021 mencionada, despeja las dudas suscitadas y confirma la adecuación del impuesto que la Ley 15/2012 establece y que ha sido examinada, con extensión y plenitud, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La economía abre la puerta a la recuperación intensa en el segundo semestre

domingo, 20 de junio de 2021

La economía abre la puerta a la recuperación intensa en el segundo semestre

En esta recuperación se hace más necesaria que nunca la concertación social sobre la política económica a desarrollar

14 de junio de 2021 Foment del Treball

◾Es necesario articular un pacto social en Cataluña para facilitar la salida de la crisis, pero con secuelas persistentes por los retos de transformación económica que exigen los nuevos requerimientos derivados de la digitalización y de la economía verde.
◾La mejora viene por la vacunación en las economías desarrolladas y por el estímulo fiscal masivo de los EEUU.
◾En España y Cataluña, la recuperación de la economía se ha atrasado, principalmente en servicios, debido al mantenimiento de las restricciones que condicionan el normal desarrollo de la actividad en ramas importantes de este sector como la hostelería, el transporte o la restauración.
◾La Comisión Europea prevé un fuerte repunte en el crecimiento del PIB de España a partir del segundo trimestre de este año, con una recuperación de los niveles precrisis a finales de 2022.
◾Se prevé un aumento del PIB de España de 5,9% para este año y de 6,8% el siguiente.

Informe de coyuntura económica junio 2021

Las economías española y catalana no han recuperado aún los niveles precrisis. Recientemente la OCDE señalaba que España se encuentra en la cola de la recuperación del nivel precrisis, a diferencia de otros países. Aunque en los próximos trimestres el crecimiento será más intenso. De hecho, la Comisión Europea prevé un fuerte repunte en el crecimiento del PIB de España a partir del segundo trimestre de este año, con una recuperación de los niveles precrisis a finales de 2022. El Plan de Recuperación y Resiliencia tendrá un impacto muy importante en la expansión económica de España, así como el consumo interno y la actividad turística, principalmente en 2022. La Comisión prevé un aumento del PIB de España de 5,9% para este año y de 6,8% el siguiente. Las expectativas de recuperación están en el proceso de vacunación que avanza rápidamente.

Las mejores previsiones para este y el próximo año se deben a la incorporación de los efectos del impulso fiscal en unas pocas economías grandes y a la recuperación esperada a partir de la segunda mitad de este año con la vacunación.

De acuerdo con las valoraciones del FMI, gracias a la respuesta sin precedentes por parte de la política económica, la recesión de la COVID-19 dejará, probablemente, menores secuelas que la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, destaca que las pérdidas de producto han sido especialmente grandes en países con fuerte dependencia del sector turístico o exportadores de materias primas y con limitada capacidad de reacción desde el ámbito de la política pública.

Laboral

En el mercado laboral se aprecian signos positivos. En la evolución de la afiliación y del paro registrado se observa un punto de inflexión. Cabe mencionar, que el último día de mayo, se registró en Cataluña un total de 112.089 trabajadores en ERTE, mientras que en el conjunto de España la cifra asciende a 542.142.

Por otra parte, la afiliación total en Cataluña subió un 3,7% interanual en el mes de mayo, en línea con el aumento de 3,8% en España. La cifra de afiliación actual asciende a 3.435.428 y 19.267.221 personas en Cataluña y España, respectivamente. Es importante destacar que ya van tres meses seguidos en los que la afiliación aumenta y cada vez a mayor ritmo.

Precios y financiamento

En España, el IPC continúa subiendo en abril, con una variación anual de 2,2%, casi un punto superior a la registrada en marzo, y la más elevada desde octubre de 2018. La variación mensual, es decir, de abril respecto a marzo, es de 1,2%, en línea con el incremento del mes de marzo (+1,0%).

En Cataluña, el IPC de abril sube un 2%, frente al incremento del 1,3% del mes anterior. Cabe señalar, que la tasa de inflación en Cataluña es una de las más bajas de todas las CCAA (salvo Canarias, Ceuta y Madrid).

Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2020: el paper de la concertació social

El Informe de Coyuntura de Foment del Treball analiza el Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2020. Un marco de actuaciones concretas consensuado entre agentes sociales y la administración pública, para impulsar la industria catalana, su tejido empresarial y la ocupación de calidad.

Para ello, fueron definidos seis ámbitos de trabajo concretos:
1.Competitividad y ocupación industrial (presupuesto de 738,9 millones de euros)
2.Dimensión empresarial y financiación (presupuesto de 106,7 millones de euros)
3.Industria 4.0 y digitalización (presupuesto de 178,9 millones de euros)
4.Formación (presupuesto de 699,1 millones de euros)
5.Infraestructuras y energía (presupuesto de 342,9 millones de euros)
6.Sostenibilidad y economía circular (presupuesto de 150,4 millones de euros)

En este sentido, recientemente se ha dado a conocer el grado de cumplimiento presupuestario del PNI, con un porcentaje de ejecución total sobre el presupuesto de 1.800 millones de euros del 91%.

Cabe destacar, que en ámbitos como las infraestructuras y energía o la industria 4.0 y digitalización el volumen ejecutado a lo largo de estos años ha sido menor, lo que nos debería llevar a reflexionar sobre la necesidad de reforzarlos para desplegar una ambiciosa política industrial.

En definitiva, esta política industrial debe contener, en el marco de un gran pacto social y económico, herramientas que permitan hacer frente a contextos de crisis, así como también, a los cambios disruptivos que obligadamente tendrá que afrontar el sector, como la digitalización y la producción sostenible.

El PNI 2017-2020 del que recientemente conocemos su balance, aunque puede tener alguna sombra, pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de articular una política económica de carácter concertado con los agentes económicos y sociales.

Por ello, articular un pacto social en Cataluña resulta adecuado por la finalización del mismo, por la actual situación salida de la crisis, pero con secuelas persistentes por los retos de transformación económica que exige los nuevos requerimientos derivados de la digitalización y de la economía verde, y finalmente por la oportunidad, en contenido y recursos que los fondos Next Generation harán en estos siete años, y especialmente en los tres primeros, que deberán administrarse de forma bien enfocada y ágilmente.

Pla d’Estabilitat 2021-2024: senda de reducció del dèficit públic

El Plan de Estabilidad, remitido a Bruselas a finales de abril incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales del Gobierno para el período comprendido entre 2021 y 2024. En este sentido, se prevé una recuperación de la economía española, después de la brutal contracción en el 2020 del 11% del PIB, en forma de V asimétrica, con unos aumentos más fuertes del PIB en los primeros años para después ir moderando su crecimiento a fin del horizonte de previsión.

La recuperación de la economía, en las previsiones del Gobierno, se basa en la dinamización del consumo interno y la normalización de la actividad turística, estimando alcanzar el nivel precrisis en casi dos años más. Vale la pena recordar, que muchas economías ya han recuperado su nivel anterior a la crisis en términos de PIB o lo harán en los próximos trimestres, antes de acabar el 2021.

Como se desprende del cuadro macroeconómico, la principal fuente de impulso del PIB será el consumo privado, cuyo crecimiento se acelerará por la recuperación del mercado laboral y el ahorro generado por consumo no realizado al no poder materializar ciertos gastos a raíz de las medidas de restricción para evitar la propagación del virus. Además, se prevé un impulso de la demanda interna por la vía del aumento de la inversión pública.

En cuanto a la demanda exterior, se proyecta la recuperación del balance positivo debido a la reactivación del sector exterior junto con la normalización de la actividad turística internacional.

Si el incremento del déficit se explica por las ayudas directas y los ERTE, la disminución del mismo vendrá también por la retirada de estos conceptos. Es importante, tener en cuenta, y tal como ya han advertido los organismos internacionales, que la retirada de las ayudas debe ser de manera gradual y acompañando la evolución de la actividad o de lo contrario muchas empresas se verán avocadas al cierre, el timing es un elemento determinante en la supervivencia o no de la actividad empresarial en estos momentos delicados, después de un período de crisis corto pero intenso.

Los gestores administrativos suspenden a las administraciones y a los agentes sociales por su gestión durante la crisis

domingo, 20 de junio de 2021

Los gestores administrativos suspenden a las administraciones y a los agentes sociales por su gestión durante la crisis.

Consejo General / 31 de mayo de 2021 /

El 57% de los gA consideran que no empezaremos a salir de la crisis antes de 2023

El 89% de los gA creen que no se tomaron las medidas suficientes para poder superar la crisis económica que nos ha generado la crisis financiera.

Madrid, 31 de mayo de 2021. Los Gestores Administrativos (gA) han presentado hoy su barómetro del mes de mayo. En esta ocasión, el barómetro ha recabado la opinión de los gA sobre determinados aspectos vinculados a la gestión de la crisis y su posible evolución. Una vez más, el nivel de respuestas obtenidas permite ofrecer unos resultados con un 99% de confianza y un 5,2% de margen de error.

Preguntados sobre la nota que les ponen a las administraciones por su gestión durante la crisis, la media que obtienen las mismas es un 3. En cuanto a la nota que les ponen los gA a los diferentes agentes sociales (CEOE, CEPYME, Sindicatos…) sube un poco hasta alcanzar el 4. En opinión del presidente de los gA, Fernando Santiago, “ha faltado empatía por parte de todos, administraciones y agentes sociales, para entender los problemas de las PYME y, por ello, este suspenso”.

El 85% de los gA consideran que el Gobierno ha tomado las medidas de ayuda a los negocios sin considerar los elementos diferenciales de las PYME. El 70% de los gA cree que los agentes sociales no han defendido de forma adecuada los intereses de las PYME en sus negociaciones con el Gobierno.

El 89% de los gA consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes para poder superar la crisis. El 94% de los gA consideran que no es el momento para subir los impuestos; el 78% de los gA considera confiscatoria la propuesta del ministro Escrivá para la reforma de los seguros sociales por parte de los autónomos. El 78% de los gestores administrativos creen que no es el momento para derogar la anterior reforma laboral.

En general, los gA creen que deben mantenerse las medidas de protección que el Gobierno estableció para procurar aliviar los efectos negativos de la crisis económica derivada del COVID 19. “Esta es una clara demostración del equilibrio inestable en el que nos encontramos; los gA consideramos que, aun siendo insuficientes, si se retiran las medidas de protección se habrá abierto la caja de pandora de la desaparición de empresas y de puestos de trabajo”, afirma Santiago.

En cuanto a los principales problemas que la crisis económica ha generado en los negocios, el 73% de los gA manifiesta que la principal consecuencia es la caída de ingresos. Un 66% indica que otro de los problemas graves es la falta de liquidez y un 63% entiende que otro de los principales problemas es el elevado endeudamiento en el que se han embarcado los negocios para poder seguir vivos.

“Un asunto que algún alto cargo del actual Gobierno nos ha preguntado es sobre nuestra opinión de por qué las pequeñas empresas no quieren dar el salto de tamaño. El 59% de los gA consideran que, efectivamente, las empresas son reacias a dar el salto de tamaño”, indica el presidente de los gA. “Más allá de la incertidumbre del momento, en nuestra opinión el incremento de burocracia y de los costes que supone crecer, echa para atrás a muchos empresarios en cuanto a la posibilidad de crecer”

Un 57% de los gA considera que no vamos a salir de la crisis antes de 2023. El 25,5% cree que podremos salir de la crisis en 2022. Sólo un 11,5% de los gA considera que podremos salir de la crisis en cuanto el 70% de la población esté vacunada. “En todo caso, quiero destacar un elemento que para mi es muy positivo: un 34% de los gA cree que sus clientes contratarán personal el próximo año. Es evidente la valentía de los empresarios que, a pesar de la negro nube que tenemos sobre nuestras cabezas, un tercio de ellos está pensando ya en contratar”.

La vulnerabilidad por covid-19 contará a la hora de optar a una vivienda de emergencia en Madrid, como pidió el Defensor

domingo, 20 de junio de 2021

La vulnerabilidad por covid-19 contará a la hora de optar a una vivienda de emergencia en Madrid, como pidió el Defensor

17/06/2021

La Comunidad de Madrid incluirá la vulnerabilidad derivada de la crisis provocada por la COVID-19 entre los criterios para adjudicar una vivienda de emergencia social, tal y como le había recomendado el Defensor del Pueblo.

Tras el estallido de la pandemia, la Institución consideró que era necesario adoptar alternativas y medidas para aliviar el impacto económico y social que ha generado el coronavirus en las familias más vulnerables.

Tras abrir una actuación de oficio, el Defensor recomendó “incluir entre los acontecimientos extraordinarios del artículo 18 del Decreto 52/2016, de 31 de mayo las situaciones de vulnerabilidad residencial derivadas de la COVID-19 que imposibilitan a los ciudadanos afectados encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviven, de manera que estos puedan resultar adjudicatarios de vivienda por emergencia social, siempre que en todos ellos concurran situaciones de grave dificultad económica, social o familiar”.

En su escrito de respuesta a la Institución, la Consejería de Vivienda y Administración Local del gobierno madrileño reconoce que “serán numerosas las familias que se verán especialmente afectadas por esta crisis y que necesitarán de un apoyo en su proceso de recuperación en aras de evitar situaciones de exclusión social”.

Por ello, acepta la recomendación y asegura que “se valorarán como supuesto de emergencia social las circunstancias acreditadas y derivadas desde el inicio de la situación de estado de alarma como consecuencia de la COVID-19”.

En concreto, añade que “como situación de especial necesidad, se atenderá mediante una clasificación propia a personas en situación de estabilidad residencial y económica previa a la COVID-19 que como consecuencia de la pandemia sanitaria hayan visto agravada su situación acreditada de vivienda, o haya concurrido pérdida de la misma, mediante su priorización, considerando tal circunstancia ponderable en aplicación del apartado 8 del Anexo I del Decreto 52/2016, de 31 de mayo”.

Agentes de la Policía Nacional y de las Policías de Francia e Italia patrullan juntos desde hoy en Alicante para reforzar la atención a los turistas

domingo, 20 de junio de 2021

En el marco del proyecto “Comisarías Europeas”
Agentes de la Policía Nacional y de las Policías de Francia e Italia patrullan juntos desde hoy en Alicante para reforzar la atención a los turistas

A lo largo de los próximos meses, efectivos de Francia, Italia, Portugal y Alemania estarán presentes durante diferentes periodos en las calles de Alicante, Benidorm, Estepona, Granada, Ibiza, Madrid, Málaga, Marbella, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Vigo

Agentes de la Police Nationale francesa, la Polizía di Stato italiana y la Polícia de Segurança Pública portuguesa coincidirán en la ciudad de Santiago de Compostela al mismo tiempo, con la finalidad de que se realicen patrullas compuestas por efectivos de cuatro nacionalidades


Agentes de la Policía Nacional y Policías de Francia e Italia

Agentes de la Policía Nacional y Policías de Francia e Italia


18/06/21

Agentes de la Policía Nacional de España, de la Police Nationale de Francia y de la Polizía di Stato de Italia, en el marco del proyecto “Comisarías Europeas”, comienzan hoy a patrullar juntos por las calles de Alicante para reforzar la atención a los turistas y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos extranjeros. Se inicia, de esta manera, un proceso de colaboración en el que, como en ocasiones anteriores, efectivos franceses, italianos, portugueses y alemanes estarán destinados en zonas de gran afluencia turística de España durante diferentes intervalos de tiempo.

Durante este verano, los agentes franceses patrullarán por las ciudades de Alicante, Benidorm, Granada, Madrid, Marbella y Santiago de Compostela. Los italianos estarán presentes en Alicante, Benidorm, Ibiza, Granada, Madrid y Santiago de Compostela. Por su parte, de Portugal llegarán efectivos que proporcionarán seguridad, junto a la Policía Nacional, en las ciudades de Santiago de Compostela y Vigo, mientras que los policías alemanes irán destinados a Palma de Mallorca, Estepona y Málaga.

Desde 2008, la colaboración ha ido creciendo cada año

El Proyecto Comisarías Europeas se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, con Italia en 2014 y con Alemania en 2020, incorporándose cada año nuevos desplazamientos debido a la buena acogida tanto en España como en el exterior. Este año será el primero que se lleve a cabo en las ciudades de Alicante, Estepona, Granada, Marbella y Vigo.

La Police Nationale francesa, la Polizía di Stato italiana y la Polícia de Segurança Pública portuguesa coincidirán en la ciudad de Santiago de Compostela al mismo tiempo, con la finalidad de que se realicen patrullas compuestas por cuatro nacionalidades. En otras localidades como Madrid, Alicante, Benidorm o Granada coincidirán policías de más de uno de los países participantes, formando grupos policiales de hasta tres nacionalidades diferentes.

Las funciones de los policías serán, entre otras, realizar patrullas preferentemente a pie, pero también en vehículo, en zonas con mayor afluencia de turistas para prevenir la delincuencia en la vía pública; tomar contacto con el ciudadano en general y, en particular, con los turistas de sus nacionalidades para asistirles en labores de traducción y, por último, ayudar y dar apoyo en las denuncias ciudadanas, entre otras. Además, los policías extranjeros patrullarán con su uniforme de servicio.

Reciprocidad por parte de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional de España también serán destinados en localidades del extranjero. Entre ellas, este año estarán presentes en ciudades como París, en Francia, o en las portuguesas de Lisboa, Nazaré, Oporto y Villa Real de San Antonio.