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martes, 22 de junio de 2021

La moratoria concursal reduce los concursos necesarios de empresas al 3,6% del total.

martes, 22 de junio de 2021

La moratoria concursal reduce los concursos necesarios de empresas al 3,6% del total.

21/06/2021 | Registradores

En 2020 el número de concursos necesarios de empresas analizados, según la fecha del auto de declaración, ha sido de 135, un 3,6% del total, frente a los 232 de 2019, casi un 42% menos que en ese año. Claramente la moratoria concursal establecida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (con entrada en vigor el 18 de marzo de 2020), y las ampliaciones posteriores, ha tenido su efecto sobre los concursos de acreedores de personas jurídicas. Pese a registrarse un 5% menos de sociedades concursadas, los pasivos afectados por procedimientos concursales aumentan un 6% respecto a 2019. La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años de edad, y tiene contratados más de 6 empleados. Este año, sin embargo, su pasivo tan sólo supera ligeramente los 300.000 euros, muy por debajo de los 400.000 de 2019 o los casi 600.000€ de 2015.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la UAB, cuyo estudio completo se puede consultar en este enlace

La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 96,4% de los casos) sigue estando bastante deteriorada: dos tercios reflejan pérdidas netas (resultado del ejercicio negativo) y más de la mitad de ellas ni tan siquiera se puede plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados (el resultado del ejercicio más amortizaciones y provisiones ofrecen también resultado negativo).

El 38,1% de los concursados muestra fondos propios negativos, es decir, carece de patrimonio alguno. Poco más del 16% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal.

En 2020 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción sigue disminuyendo; un 20,5%, frente al 23,1% de 2019, el 27,3% de 2017 o el ya muy lejano 48,3% de 2008. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 65,3% de las sociedades.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2020, y ya como característica estructural del procedimiento, de las 1.805 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 85,5% (83,8 en 2019) fueron liquidaciones directas, y un 8,3% (9,7 en 2019) liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración.

En más de 1.700 casos (1.500 en 2019), se produce la apertura y conclusión del concurso simultáneamente, por insuficiencia de recursos del deudor para sufragar el procedimiento concursal.

En relación con las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana en 2020 ha sido igual a la de 2018, 47,6%, con un punto de diferencia entre propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores, y aquellas que siguen el procedimiento habitual. En un 25% de los casos esta expectativa de cobro es superior al 67% de las deudas, y más del 96% solamente se devolvería en el 5% de los convenios aprobados.

Duración del concurso

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en más de dos tercios de los casos, igual que en 2019 (62,3% en 2018, 61,6% en 2017 y 57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios ese plazo solo lo cumplen el 46,6% (42 en 2019). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.

En 2020 se ha estimado que el concurso típico abreviado (liquidatorio) tarda 480 días en concluir (716 días en 2019, 937 en 2018 y 990,5 en 2017), mientras que los ordinarios requieren de 2.512 días (2.077 en 2019, 2.009 en 2018 y 1.698 en 2017). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

La existencia de dos autos consecutivos de apertura de fase sucesiva (de convenio y de liquidación) extiende extraordinariamente la fase común en la tramitación abreviada (242 días más), siendo la diferencia incluso mayor en los concursos ordinarios (258,5 días más).

En este anuario no se observa asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común (previa al convenio o la liquidación, por tanto, tiempo atribuible enteramente al procedimiento y no a operaciones societarias como la liquidación). Si bien, es en el grupo de concursos de mayor duración donde encontramos el 5% de empresas de mayor tamaño de toda la muestra, con pasivos superiores a los 16 millones de euros, cuando el pasivo típico de este grupo se sitúa en los 825.000.

Ciclo de la Construcción

Con una disminución clara en el número de sociedades concursadas, el ciclo de la construcción pierde incluso representatividad, con un total del 20,5% de la muestra, cifra en descenso desde 2013 (23,1% en 2019, 27,3% en 2017, 32,8% en 2015, 41,1% en 2013). Del total de pasivos afectados en 2020 (más de 8.100 millones, frente a los 7.700 de 2019 o 6.800 de 2018), la participación de la construcción desciende intensamente, hasta poco más del 15% de ese importe, desde el 40% en 2019.

De forma similar a ejercicios anteriores las sociedades inmobiliarias reflejan los peores niveles de viabilidad: en caso de generar recursos positivos (40% de los casos) requerirían 25 años para atender la totalidad de sus pasivos. Sin embargo, esta perspectiva mejora respecto a 2019 o 2018 (33 y 28 años respectivamente). La sociedad típica del subsector de la Construcción con recursos generados positivos, el 51% del total, tardaría 13 años (15 en 2019) en atender todas sus deudas.

Sólo el 15 % de las pymes cree que creará empleo durante este año

martes, 22 de junio de 2021

Sólo el 15 % de las pymes cree que creará empleo durante este año
Según se desprende del informe Impacto económico de la COVID-19 sobre la pyme en España, elaborado por el CGE y FAEDPYME con la colaboración de la Cámara de Comercio de España, y que recoge información de cerca de 1.000 pymes de toda España

17 de Junio 2021

El 25,2% de las pymes redujeron su empleo en 2020 con relación al 2019, un 62,5% lo mantuvo y un 12,3% lo aumentó. Las expectativas de empleo para 2021 resultan algo más favorables, pero lejos de niveles anteriores. Solo el 15,4% de las pymes señalaron que aumentará su empleo, el 74,9% lo mantendrá y 9,6% lo disminuirá.

El 52,6% señala haber reducido sus ventas en 2020, el 26,1% consiguió mantenerlas y un 21,3% las aumentó. Para el año 2021, las expectativas de ventas para el segundo semestre mejoran las manifestadas para el primer semestre. Así, en el primer semestre el 25,0% de las empresas considera que sus ventas aumentarán (37,5% prevé que aumenten en el segundo semestre).

Los datos muestran que la situación generada por la COVID-19 impactó de manera más negativa en las microempresas, en aquellas empresas acogidas a un ERTE/ERE, en las empresas de 10 años o menos (jóvenes) y en las pymes pertenecientes a los sectores industrial y de servicios.

La crisis afectó a la internacionalización de las empresas españolas. Más concretamente, el 47,2% de las empresas afirmó haber registrado un impacto negativo en su nivel de facturación en el exterior.

En cuanto a las actividades con clientes y proveedores, la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha impactado, principalmente, en la cadena de suministros de la empresa y los retrasos sufridos por las empresas en las entregas de sus proveedores.
La actividad innovadora de las pymes en España ha disminuido como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, rompiendo la tendencia favorable experimentada en los años anteriores. El 49,3% de las empresas encuestadas han realizado cambios o mejoras en productos o servicios (83,1% en 2019), y el 43,5% ha comercializado un nuevo producto o servicio (73,1% en 2019).

El 55,9% de las pymes solicitó líneas de financiación de entidades de crédito, el 3,3% no solicitó financiación al no necesitarlo y el 40,3% no solicitó líneas de crédito porque se autofinancian. Al poner el foco en las pymes que han intentado acceder a líneas de financiación, se aprecia cómo el 80,6% de las solicitudes han sido aceptadas por las entidades de crédito en las mismas condiciones que en años anteriores. El 16,9% fueron aceptadas, aunque en peores condiciones. Solo un 1,1% de las pymes que solicitaron financiación declaró que la entidad de crédito rechazó la solicitud o fue la propia empresa la que no aceptó las condiciones. Como conclusión, se podría confirmar que el acceso a la financiación no ha sido un problema grave para las pymes durante la pandemia generada por la COVID-19.

Los indicadores de rendimiento que las pymes españolas consideran que se han comportado de manera más favorable en relación con sus competidores más directos son: mayor satisfacción de los clientes (4,04 en una escala de 1 a 5), menor grado de absentismo laboral (3,95), rapidez de la empresa para adaptarse a los cambios del mercado (3,80) y calidad de sus productos (3,71).

Madrid, 17 de junio de 2021.- El Consejo General de Economistas de España (CGE), FAEDPYME y la Cámara de Comercio de España han presentado hoy en formato virtual el Informe pyme 2021 que lleva por título Impacto económico de la COVID-19 sobre la pyme en España, que han elaborado las dos primeras entidades con la colaboración de la Cámara, y que consiste en un estudio empírico a partir de la información proveniente de una encuesta realizada a directivos de cerca de 1.000 pymes españolas, lo que permite hacer una estimación del impacto de la crisis en el empleo, las ventas, las finanzas y otros indicadores económicos y financieros de las pymes españolas, con objeto de identificar las principales dificultades que atraviesan estas empresas y definir las medidas que estas demandan para favorecer la salida de la crisis.

El documento refleja de manera clara y concisa cuál es la situación real de las pymes españolas y de los problemas a los que tienen que hacer frente. De esta forma, se proporciona una potente herramienta que puede ser muy útil a la hora de identificar las principales áreas de acción a las que destinar recursos con objeto de dinamizar la actividad productiva, planificar estrategias a seguir e incrementar la competitividad del tejido de pequeñas y medianas empresas.

En la presentación han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs, director Cátedra EC-CGE y coordinador del “Informe pyme 2021”; Domingo García, coordinador del “Informe pyme 2021” y director general de FAEDPYME; y Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara Comercio de España.

Todos ellos han coincidido en que el análisis y lectura global de este informe nos muestra un panorama de afectación completa para la pyme española; por lo que estos resultados, que en definitiva no son más que la opinión real de uno de los principales actores y motor económico de nuestro país, pueden servir de guía a los decisores sobre las políticas de apoyo a la pyme, incluidos los derivados del enfoque o asignación de los denominados fondos Next Generation EU, de en qué deberían centrar sus esfuerzos y decisiones para el desarrollo efectivo de su actividad futura.

Para el presidente del CGE, Valentín Pich, “si bien el informe refleja una cierta mejora de las expectativas de empleo de las pymes para este año, no hay que olvidar que en 2020 se destruyeron más de 600.000 empleos –sin contabilizar los 700.000 trabajadores que aún se encuentran en ERTE–, por lo que el dato de que sólo un 15% de los encuestados prevea crear empleo en 2021 resulta bastante desalentador si tenemos en cuenta la caída experimentada el año pasado. Con respecto a los ERTE, Pich ha traído a colación dos datos muy significativos del Informe. El primero es que el 43,7% de las empresas de la muestra se han acogido a un ERTE/ERE. El segundo dato es que si bien un 25,2% de las pymes redujeron su empleo en 2020 con relación al 2019, en el caso de las empresas acogidas a un ERTE o ERE el empleo disminuyó un 33,3%. A ello hay que sumarle que el 52,6% de las pymes señala haber reducido sus ventas en 2020. Según Pich, a la vista de estos porcentajes, parece necesario “que las empresas en ERTE sigan contando con un apoyo adicional durante un tiempo –en forma de ayudas directas y mediante la disminución de impuestos y tasas– para evitar su destrucción”.

El presidente de los economistas también ha llamado la atención sobre dos cuestiones que el Informe parece evidenciar: que el acceso a la financiación no ha sido un problema grave para las pymes durante la pandemia generada por la COVID-19 y que las pymes españolas, en general, han sabido adaptarse a los cambios de mercado con rapidez para dar satisfacción a sus clientes.

Por último, el presidente del Consejo General de Economistas ha extractado algunas de las medidas recogidas en el informe para favorecer la salida de la crisis, entre las que ha destacado dos de carácter estratégico: ayudas para la internacionalización e incentivos a la innovación, especialmente en el ámbito de la digitalización.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado que “España necesita afrontar, en el corto y medio plazo, una profunda transformación que permita recuperar y consolidar la senda de crecimiento durante la próxima década. Dada su relevancia en el tejido productivo, las pequeñas y medianas empresas emergen como el eje fundamental para alcanzar un modelo de crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo. Parece claro que no habrá reconstrucción ni transformación del modelo económico sin poner el foco en las pymes.”

En la presentación también han intervenido Domingo García y Salvador Marín, coordinadores del informe, junto con Francisco Somohano, quienes también han incidido en el tema de los ERTE destacando que “en este estudio se pone de manifiesto que las pymes han sufrido los estragos de la crisis COVID-19 de manera virulenta, y que aquellas que más lo han sufrido son, lógicamente, las que se acogieron a ERTE/ERE. Asimismo, son estas las que peores expectativas esperan para 2021, concretamente las empresas que tienen unas expectativas más favorables serían las empresas medianas (aunque únicamente el 28,7% tienen expectativas de crear empleo, después de venir de caídas importantes), las empresas no acogidas a un ERTE/ERE, las empresas maduras, y las empresas de los sectores de construcción y comercio”.

Así mismo, Marín y García han señalado que “aunque para el año 2021, lógicamente las expectativas de ventas para el segundo semestre mejoran las manifestadas para el primer semestre, estas estarían aún muy lejanas de la recuperación previa a la crisis, deberían tener más capacidad de crecimiento en función de la caída experimentada. Estas subidas serán claramente insuficientes y un espejismo de recuperación si no vienen acompañas de un apoyo real y directo al tejido productivo de la pyme, vía acceso real a los fondos Next Generation u otros. Así, en el primer semestre el 25,0% de las empresas considera que sus ventas aumentarán (37,5% prevé que aumenten en el segundo semestre), mientras que esperan una disminución de las ventas en el primer trimestre el 22,6% de las empresas (15% prevé una disminución en el segundo semestre). Las expectativas de ventas más favorables para 2021 las presentan las empresas medianas, las que tienen una edad superior a los 10 años (empresas maduras) y las pertenecientes al sector comercio”.

El Gobierno prepara medidas coyunturales para bajar el precio de la luz y complementar la reforma en curso del sistema eléctrico

martes, 22 de junio de 2021

Congreso de los Diputados

El Gobierno prepara medidas coyunturales para bajar el precio de la luz y complementar la reforma en curso del sistema eléctrico

Miércoles 16 de junio de 2021

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados y ha destacado que el Ejecutivo trabaja para suspender elementos fiscales de manera temporal.

Se trata de «medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia la reforma de nuestra fiscalidad energética», ha señalado. «Mientras buscamos una respuesta solvente, es obvio que este gobierno debe de ser sensible y debe preocuparse por los consumidores», ha subrayado.

Además de esta reforma fiscal, el Gobierno trabaja en medidas estructurales para reducir el peso de los combustibles fósiles: «son los más caros y son los que marcan el precio al que se paga toda la electricidad del mercado mayorista, bien directamente, bien porque otras tecnologías optan por ofertar, incorporando el coste de oportunidad que tiene calcular cuánto más pueden ganar acercando su oferta a los costes de la tecnología más cara, el gas natural».

En este sentido, Ribera ha insistido en que solo el 13% de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles y que, sin embargo, son estos los que marcan el precio del mercado mayorista que cobran todas las tecnologías, emitan o no CO2. «El coste de contaminar ha de pagarlo quien contamina y no lo deben pagar injustamente las familias financiando los enormes beneficios que genera la energía limpia», ha destacado. Los combustibles fósiles «son los que marcan esos precios que tanto nos espantan y que caen como una losa sobre las familias y la industria».

Estas medidas en preparación se unen a las últimas propuestas normativas del Ejecutivo, como el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el anteproyecto de Ley para corregir el dividendo extraordinario que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión y actuar, así, sobre el elevado precio de la factura eléctrica.

Las estimaciones apuntan a que el mecanismo para actuar sobre este dividendo de carbono producirá una rebaja cercana al 4,8% para los consumidores domésticos y del 1,5% para los consumidores industriales. Por su parte, el FNSSE, que se aplicará progresivamente en un plazo de 5 años, producirá una reducción del 13% al final del periodo sobre la factura doméstica.

Incremento de 100 millones para la industria

Ribera también ha anunciado que trabaja junto con los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Hacienda para generar un crédito de 100 millones de euros como compensación adicional a la industria por ese incremento de los costes del CO2. Además, ha destacado que en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya incorpora una previsión específica por la que cada año se puedan destinar el 25% de los ingresos del CO2 a compensar los costes de la industria.

Asimismo, Ribera ha recordado que España ha puesto a su disposición de los grandes consumidores de energía la cobertura pública para sus contratos bilaterales de suministro, facilitándolos y abaratándolos. En este ámbito, España ha pasado a ser uno de los primeros países de Europa.

La vicepresidenta ha subrayado que gracias a estas medidas en curso el precio de la electricidad será ya en 2022 más barato en España que en otros países de nuestro entorno, todos afectados por el incremento de precios del CO2 y de los hidrocarburos, como Francia o Alemania.

Frente a las propuestas de la oposición de trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) varios costes fijos del sistema eléctrico, la vicepresidenta ha recalcado que «actuar de manera estructural para atajar los precios del mercado no consiste en trasladar los costes del consumidor eléctrico a los PGE, porque paga el mismo y se sigue beneficiando el mismo. Consiste en establecer un sistema razonable, estable, asequible y que perdure en el tiempo».

Ribera ha enfatizado que esto «requiere que aquellos cuyos beneficios se disparan a consecuencia del diseño actual del mercado compartan el dividendo que genera el CO2 con el conjunto de los consumidores, haciendo llevadera una transformación enormemente beneficiosa para todos, que no puede ser injusta con los más vulnerables en los años de la transición energética».

El Tribunal Supremo fija que las compañías telefónicas deben entregar previamente y por escrito las condiciones de contratación a los usuarios que lo soliciten

martes, 22 de junio de 2021

Miércoles, 16 de junio de 2021

El Tribunal Supremo fija que las compañías telefónicas deben entregar previamente y por escrito las condiciones de contratación a los usuarios que lo soliciten

La sentencia estima un recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz, de 22 de mayo de 2019, relativa a una serie de sanciones a la compañía Vodafone

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías telefónicas deben facilitar al usuario, con carácter previo y por escrito, las condiciones generales de contratación cuando las mismas hayan sido solicitadas expresamente, aun tratándose de contrataciones realizadas de forma telefónica, y que pueden hacerlo tanto en forma papel como mediante sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico.

Consideran los magistrados que así debe interpretarse del artículo 12 de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas aprobada por Real Decreto 899/2009, de 12 de mayo, y de otro, de lo previsto en los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado por RDL 1/2007, de 16 de noviembre.

La sentencia estima un recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz, de 22 de mayo de 2019, relativa a una serie de sanciones a la compañía Vodafone. El recurso ante el Supremo se refería solo a la infracción por no entregar por escrito las condiciones generales de contratación habiendo sido solicitadas, que el TSJ andaluz revocó y el Supremo repone.

El TSJ andaluz vino a aceptar la argumentación de Vodafone sobre la falta de tipicidad de la conducta al entender que la contratación a distancia no exige facilitar al cliente/usuario la información por escrito si la pide.

El Supremo expone que el Preámbulo del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas insiste en la necesaria protección de los usuarios finales en los procesos de alta y en el catálogo de derechos del usuario. “Por ello –indican los magistrados– aun siendo notorio que hoy día se realizan múltiples contrataciones telefónicas o a distancia con remisión a páginas de internet para conocer las condiciones generales de contratación también es cierto, como sostiene la Junta de Andalucía, que existen usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas de diversas características”.

Así, destaca la sentencia que “si bien los usuarios conocidos como “nativos digitales”, que han crecido con la red y el progreso tecnológico, están totalmente familiarizados con ella no acontece lo propio con los llamados “inmigrantes digitales”, es decir aquellos usuarios que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en su época adulta. Y como esgrime la Junta de Andalucía puede haber usuarios carentes en absoluto de habilidad o de medios para acceder a las condiciones generales publicadas de manera telemática”.

Por tal razón, conforme a la previsión de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas respecto a la facilitación por escrito de las condiciones generales de contratación previa a su celebración cuando es peticionada, debe accederse a ello sin que altere la naturaleza del futuro contrato la pre-contratación a distancia o telefónica, tal cual regula, con carácter general, el apartado sexto del artículo 98 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. “Y, de no hacerlo, como aquí aconteció, puede la empresa de telecomunicaciones ser sancionada”, explica la sentencia.

En ese sentido, recuerda el Supremo que “debe tenerse en consideración que cuando la norma dice «por escrito» tanto comprende el tradicional formato papel enviado a domicilio, como los más novedosos WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, SMS, o un correo electrónico. De lo que se trata es de que si el usuario final demanda un texto escrito individualizado lo reciba”.

Ábalos celebra el reconocimiento al poeta Miguel Hernández que da nombre al aeropuerto Alicante-Elche

martes, 22 de junio de 2021

Ábalos celebra el reconocimiento al poeta Miguel Hernández que da nombre al aeropuerto Alicante-Elche

Viernes 18 de junio de 2021

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado que compartir la memoria de Miguel Hernández hace que este aeropuerto, quinto más importante de España, no sea internacional sino universal como lo es el poeta que le da nombre.

José Luis Ábalos ha celebrado el reconocimiento a la figura del poeta Miguel Hernández que da nombre al aeropuerto Alicante-Elche, tierra que vio nacer al trovador y que según ha expresado el ministro paga la enorme deuda contraída con esta relevante figura de las letras españolas.

Ábalos, en su intervención durante la presentación de la denominación de aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández quiso resaltar que no existe nombre mejor y más digno que colocar en esta puerta que comunica a España con el mundo.

Además, ha destacado que compartir la memoria de Miguel Hernández hace que este aeropuerto no sea internacional sino universal como lo es el poeta que le da nombre.

Entre los aeropuertos más importantes de España

El ministro ha recordado que este es el quinto aeropuerto más importante de España. En 2019 atendió a más de 15 millones de usuarios en sus más de 101.000 operaciones. Su tráfico había experimentado constantes crecimientos anuales hasta la aparición de la Covid 19 que hizo que 2020 cerrara con una caída de pasajeros del 75,1%.

Ábalos ha asegurado que entre enero y mayo de este año, más de 505.000 personas han utilizado las instalaciones de esta infraestructura, y ha mostrado su confianza en que este repunte se consolide en los próximos meses.

Ábalos ha destacado que este aeropuerto ha estado a la altura del desafío. De esta manera ha recordado que en marzo recibió el premio a las «mejores medidas de higiene» de ACI (Airports Council International) por la positiva valoración de los viajeros y en mayo fue acreditado como aeropuerto «seguro» para empleados y trabajadores.

Además, se han extremado todas las medideas de prevención, tanto las de limpieza y desinfección como las de ventilación y señalización. Recientemente, se ha abierto en la zona de facturación una clínica de test diagnóstico COVID para facilitar así la salida de aquellos pasajeros que necesitan estas pruebas antes de volar.

En este sentido, Ábalos ha mostrado su satisfacción por lo conseguido en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y en el conjunto de la red aeroportuaria española.

Inversiones de AENA

El ministro ha querido detallar las inversiones de AENA que en 2020 se destinó casi 13 millones de euros a la mejora de estas instalaciones. Además, actualmente está en ejecución la reconstrucción de la cubierta plana sur del edificio de la terminal que se incendió en enero de 2020. Los trabajos, por un importe superior a 1.350.000 euros, finalizarán durante este verano ha asegurado.
La denominación de Miguel Hernández ya está presente en el tótem de bienvenida al aeropuerto y en los directorios y elementos de mayor visibilidad. Antes de agosto, también lo estará en la fachada que da a las pistas, en la sala multiusos y en los vestíbulos y ascensores del aparcamiento.