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Justicia pone los cimientos para la eficiencia del sector con la tramitación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa

sábado, 31 de julio de 2021

Rendición de cuentas

Justicia pone los cimientos para la eficiencia del sector con la tramitación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa

Viernes 30 de julio de 2021

La ministra Pilar Llop y el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero

El Anteproyecto de Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal dan respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia, uno de los hitos marcados por el Gobierno para este sector.

El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha cumplido con los objetivos marcados y los compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno de España para este periodo.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, otro de los objetivos del Ejecutivo, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, también en tramitación, potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social. De esta manera se potencia el papel de la Justicia como motor de desarrollo económico.

Lla Ley de eficiencia digital, prevista para antes de finales de año, culminará el impulso que el Ministerio quiere dar a la Justicia. Propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales, y traslada a la Justicia el efecto tractor que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, posicionando a España en un lugar estratégico a nivel internacional.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la transformación integral del proceso penal y se basa en los principios de coherencia institucional y en la armonización con el derecho de la Unión Europea.

Avance del Plan Justicia 2030

Estos proyectos legislativos forman parte del plan Justicia 2030, en el que el Ministerio avanza y cuyos objetivos son consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

Tras la Conferencia sectorial celebrada en el pasado mes de junio en Tenerife, Justicia 2030 ha dado un paso en la dirección de la cogobernanza. Entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades de Autónomas se han fijado quince proyectos prioritarios de carácter común, que abarcan desde la interoperabilidad digital al diseño de un marco común para los planes de igualdad, situando la transversalidad de género en todas las acciones del Ministerio. La financiación de los proyectos se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como ejes principales la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género y el reto demográfico.

Otros desarrollos legislativos

Además del desarrollo de las tres leyes de eficiencia que constituyen la placa base del plan Justicia 2030 y la LECrim, el Ministerio también ha participado en la elaboración de otros proyectos normativos situados como objetivos dentro del plan del Gobierno.

Así, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.

El Anteproyecto contempla la adopción y puesta en marcha de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.

También, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El objetivo de esta ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se puede vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad.

Por último, se ha culminado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria; y se ha aprobado la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

Estado y País Vasco acuerdan la concertación de dos impuestos y del régimen especial del IVA del comercio electrónico

sábado, 31 de julio de 2021

Reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico

Estado y País Vasco acuerdan la concertación de dos impuestos y del régimen especial del IVA del comercio electrónico

Jueves 29 de julio de 2021 La Moncloa

La Comisión Mixta del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco ha acordado la concertación del Impuesto de Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, en cumplimiento con lo establecido en la ley de cada uno de esos nuevos impuestos impulsados por el Gobierno en el marco de la fiscalidad del siglo XXI.

También se ha abordado la concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios contemplado en una directiva europea. Asimismo, en la reunión se han fijado las tasas de referencia de déficit y deuda de 2022 del País Vasco en un contexto extraordinario de reglas fiscales suspendidas.

La reunión se enmarca en la normalidad democrática y la lealtad institucional entre ambas administraciones. En el encuentro han participado, en representación del Estado, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la secretaria de Estado de Hacienda, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local y la secretaria general de Coordinación Territorial.

Por su parte, la representación del País Vasco ha estado encabezada por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi Landa, acompañados por los diputados generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y por la viceconsejera de Hacienda.

En un clima de colaboración, la Comisión Mixta ha llegado a importantes acuerdos en el ámbito tributario. En concreto, en la reunión de hoy se ha acordado la concertación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Se trata de dos figuras aprobadas por el Gobierno en el contexto de adaptar el sistema tributario español a las nuevas áreas de negocio que no estaban correctamente reflejadas en el modelo fiscal actual.

En las leyes de ambos impuestos, refrendadas por el Parlamento y que entraron en vigor el pasado 16 de enero de 2021, se preveía en una disposición final la concertación de estas figuras al Concierto Económico del País Vasco. Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el día de hoy ha dado cumplimiento a la legalidad vigente.

Además, la comisión también ha abordado la concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios. En concreto, una de las medidas incluidas en la directiva comunitaria es la extensión de la ventanilla única que permite a los empresarios y profesionales presentar una sola declaración-liquidación del impuesto para todas las operaciones de comercio electrónico realizadas en los distintos Estados miembros de la UE.

En la reunión de hoy se ha acordado la concertación de este nuevo mecanismo del IVA electrónico cuando las operaciones afecten a España como Estado miembro de identificación, en línea con lo establecido en la directiva europea.

Déficit y deuda

Por otra parte, la reunión de hoy también ha servido para fijar las tasas de referencia de déficit y deuda de 2022. El Gobierno, en línea con lo recomendado por la Comisión Europea, mantiene suspendidas las reglas fiscales para el próximo año para dotar de más flexibilidad a las administraciones en un contexto de pandemia e impulsar una reactivación económica y creación de empleo más rápidas y estables.

Para ello, al igual que el año pasado, el Gobierno pedirá al Congreso que aprecie si existe una situación de emergencia extraordinaria para aplicar la cláusula de salvaguarda y suspender las reglas fiscales, tal y como establece la Constitución y la Ley de Estabilidad.

En este contexto excepcional no hay objetivos de estabilidad, pero sí unas tasas de referencia de déficit y deuda que permitirán seguir avanzando en el saneamiento de las cuentas públicas y caminar hacia un horizonte de equilibrio presupuestario.

En el caso del País Vasco, la tasa de referencia de déficit en 2022 será del 0,9% del PIB. Se trata de una importante reducción respecto a la tasa del 2,2% del PIB establecida para 2021, lo que muestra la evolución positiva de la economía gracias al avance de la campaña de vacunación que permite una mayor actividad y un incremento del consumo.

Asimismo, la tasa de referencia de deuda en 2022 para el País Vasco será del 15,6% del PIB.

Viajes seguros con el Certificado COVID Digital de la UE

sábado, 31 de julio de 2021

Viajes seguros con el Certificado COVID Digital de la UE

Parlamento Europeo

El nuevo certificado facilita los viajes seguros este verano. Descubra cómo.

Certificado COVID Digital de la UE

¿Cómo funciona el certificado digital UE Covid ?

El certificado sirve para demostrar que una persona ha sido vacunada contra el coronavirus, cuenta con un test negativo o ha superado la enfermedad en los últimos seis meses.

Las autoridades nacionales son responsables de la expedición del certificado.

El certificado está disponible en formato digital, que podrá almacenarse en un dispotivo móvil, por ejemplo, y en papel. Ambos tendrán un código QR con la información esencial firmado electrónicamente.

Se puede utilizar desde el 1 de julio y es gratuito.

El sistema funcionará durante 12 meses y se utilizará en los 27 Estados miembros, así como algunos países de fuera de la Unión Europea.

Descubra información sobre cómo los países están conectados al portal del Certificado COVID Digital de la UE.

¿Puedo utilizarlo para viajar?

No, necesita su pasaporte u otra forma de identificación.

El certificado no será una condición previa para viajar (siguen exisitiendo requisitos nacionales), pero lo hará más fácil, al, por ejemplo, evitar las cuarentenas.

Si deciden imponer restricciones de viaj para hacer frente a circunstancias excepcionales, como la aparación y propagación de una nueva variante.

¿Qué datos incluye el certificado digital UE Covid?

En la práctica habrá tres certificados con el mismo formato. El primer documento avalará la vacunación.

Si quien se desplaza lo hace con un test como justificante, el certificado tendrá que mencionar el tipo de la prueba de la que se trata (PCR o prueba de antígenos), la fecha y el resultado.

Cuando lo que se certifique sea la recuperación, el documento tendrá que especificar que la persona superó la infección tras un test positivo.

Las pruebas serológicas no se reconocen por el momento, aunque podrán ser aceptadas en una fase posterior.

Se reconocerán las llamadas pruebas NAAT de amplificación de ácidos nucleicos (incluidas las pruebas RT-PCR) y las pruebas rápidas de antígenos.

La Comisión Europea va a movilizar al menos 100 millones del Instrumento de Ayuda de Emergencia para adquirir test para la emisión del certificado digital UE Covid.

El Parlamento dio su visto bueno definitivo al Certificado COVID Digital de la UE el 9 junio de 2021.

¿Qué más hace la UE para atajar la pandemia?

Covid-19: Cronología de la acción de la UE en 2021

Coronavirus: consejos prácticos para un viaje seguro

Coronavirus: 10 medidas para ayudar a la recuperación en la UE

Condenado un agente de seguros por estafar a un cliente al que engañó con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros

sábado, 31 de julio de 2021

Lunes, 19 de julio de 2021

Condenado un agente de seguros por estafar a un cliente al que engañó con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros

El acusado no estaba legitimado para operaciones de inversión de la compañía aseguradora con la que trabajaba

Autor: Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 19 de julio de 2021.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años y medio de prisión a un agente de seguros que engañó a un cliente con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros.

En una sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Audiencia le considera autor de un delito continuado de estafa, y a la pena de prisión suma la indemnización al perjudicado por el importe de la cantidad de la que se apoderó.

Para llegar a tal convencimiento, el tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones del propio acusado –que no negó la realidad de los hechos- y del perjudicado, quien fue persistente desde el comienzo de la instrucción en la descripción de la mecánica desplegada por el acusado.

Asimismo, la sentencia se refiere a la testifical del representante de la compañía aseguradora, quien confirmó que el acusado no estaba legitimado para reservar y comprar acciones, y negó que dichas inversiones se hubieran llevado a cabo.

Según relata la sentencia, el acusado, que era agente de una compañía aseguradora y estaba “exclusivamente habilitado para la mediación en la contratación de seguros”, propuso a un cliente la adquisición de cien acciones preferentes de la compañía por valor de 29.800 euros.

El cliente, “confiando en la realidad de la oferta” la aceptó y transfirió la cantidad requerida en una cuenta que era titularidad del acusado.

En días posteriores, éste le remitió “un certificado pretendidamente acreditativo de la adquisición de cien acciones preferentes” que, sin embargo, “no había sido realizado por la aseguradora, sino confeccionado por él mismo para dar apariencia de cobertura a la operación”.

Meses después, propuso nuevamente al querellante una nueva operación de compra de 16 acciones de la compañía aseguradora por un importe de 4.768 euros y, nuevamente, éste, “actuando merced a las artimañas desplegadas” por el acusado “en la creencia de la realidad de la inversión”, transfirió dicha cantidad en la cuenta del agente.

Días después, volvió a recibir un certificado “simulado” similar al que le había entregado en la anterior operación.

“Con el artificio referido, el acusado, quien ni había efectuado realmente la compra de las acciones ni estaba legitimado para ello, consiguió apoderarse de la suma de 34.568 euros que pasaron a formar parte de su patrimonio”, añade el relato de hechos.

Versión que carece de base probatoria

La Audiencia señala en su sentencia que “ha habido acreditación más que suficiente de los hechos que como probados se han descrito”.

En este sentido, apunta al “rotundo testimonio del perjudicado querellante”, quien manifestó que “debido a la confianza que tenía en él, a quien conocía desde hace tiempo y con quien había mantenido relaciones personales y especialmente profesionales por haber sido su asesor de seguros” y “dada la aparente fiabilidad de la operación, creyó en la operativa de la inversión”.

Por su parte, el propio acusado no negó los hechos y en juicio esgrimió “una versión defensiva pretendidamente justificativa de este comportamiento fundada en una supuesta problemática personal con consecuencias, según afirmó, en su capacidad decisoria”.

Sin embargo, considera el tribunal que tal versión “carece de la más mínima base probatoria que pudiera justificarla de algún modo”.

Delito continuado y reincidencia

Por todo ello, la Audiencia concluye que concurren todos los requisitos necesarios para que se dé el delito de estafa: “existía engaño derivado de la maquinación desplegada por el acusado; el engaño determinó un error en el perjudicado, que creía que efectivamente estaba realizando una inversión en un producto financiero sólido; existió acto de disposición, ya que, confiado en esas razones, entregó su dinero; y, finalmente, existió perjuicio patrimonial derivado de la pérdida de ese capital”.

Además, se trata de un delito continuado, pues “la mecánica comisiva se repitió en dos ocasiones”, y concurre la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado por delito de estafa en otra ocasión.

Así, “atendiendo a las circunstancias personales concretas del acusado, a la concurrencia de la agravante de reincidencia, a la continuidad delictiva, así como al importe de lo defraudado, que supera los 30.000 euros, se entiende ponderada una pena de dos años y seis meses de prisión”, sentencia el tribunal.

Julio mantiene el dinamismo del empleo de los meses anteriores y cerrará con un aumento de 150.000 afiliados

sábado, 31 de julio de 2021

Previsión de afiliación a la Seguridad Social

Julio mantiene el dinamismo del empleo de los meses anteriores y cerrará con un aumento de 150.000 afiliados

Lunes 19 de julio de 2021

El mes de julio se espera que termine con un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social de unas 150.000 personas, según el avance presentado por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a partir de la estadística experimental quincenal.

Este incremento, que se suma al dinamismo de la afiliación en los meses de mayo y junio, permitirá que prácticamente se alcance el mismo nivel de empleo que antes de la pandemia en términos ajustados.

Si se analiza el comportamiento de la afiliación diaria, se observa que este mes de julio está siendo mejor que el mismo mes del año previo a la pandemia, con unos 77.000 afiliados más. Este comportamiento se da tanto en los sectores que han estado más afectados por la pandemia (hostelería, comercio y actividades recreativas) como en el resto de sectores, con unos 35.000 afiliados más en la primera quincena de este mes que en la primera quincena de julio de 2019.

«Este dinamismo del empleo resulta compatible con una aceleración de la salida de trabajadores en ERTE», según ha subrayado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A día 15 de julio, quedaban en ERTE 361.000 trabajadores (según fecha de notificación), lo que supone 86.000 menos que al inicio del mes y 181.000 menos que a 1 de junio, cuando entró en vigor el último esquema de ERTE. De los 361.000 trabajadores en ERTE, 105.000, casi uno de cada tres, está parcialmente suspendido.

Por tipo de ERTE, hay 162.000 trabajadores en sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, que registran una gran concentración sectorial en comidas y bebidas, alojamientos, transporte y agencias de viaje. Otros 77.000 trabajadores están en ERTE de impedimento o limitación, también con una fuerte concentración sectorial en comidas y bebidas y comercio. Además, quedan 121.000 trabajadores en ERTE sin exoneraciones a la Seguridad Social, en este caso con gran dispersión sectorial.

Aunque la disminución del número de trabajadores en ERTE ha sido generalizada, «se ha acelerado más en los tipos que tienen incentivos a la reactivación» (ultraprotegidos y cadena de valor, impedimento y limitación), según ha explicado José Luis Escrivá.

Por sectores, la salida de trabajadores en ERTE ha sido general, aunque la bajada más relevante desde el punto de vista cuantitativo se ha producido en la hostelería, donde 239.000 trabajadores han salido de ERTE desde el máximo de la tercera ola, marcado en febrero. Actualmente, sólo dos sectores (transporte y agencias de viajes) tienen a más del 20% de sus trabajadores en ERTE.

«Esto muestra – según el ministro- la necesidad de concentrar los recursos en los sectores que aún no han podido volver a la actividad normal previa a la pandemia». En este sentido, ha explicado que los sectores más ligados al turismo aún podrían tener margen de crecimiento si se observa la afiliación acumulada desde el 1 de enero hasta el 15 de julio. Algunas actividades, como las que incluyen agencias de viajes, transporte aéreo o alojamientos aún se encuentran con un nivel de afiliación un 30% menor que el que registraban en julio de 2019.

Por el contrario, ha resaltado, «nos encontramos con sectores, como la educación, la sanidad, la informática o la arquitectura, con niveles de afiliación mucho más altos que los que tenían en julio de 2019».

Desde el pico de la tercera ola, a principios de febrero, se han activado más de 1,4 millones de trabajadores, entre los que han salido de ERTE y el crecimiento acumulado de la afiliación. De hecho, según ha explicado Escrivá, «estamos prácticamente en los mismos niveles de afiliación que teníamos antes de la pandemia en términos ajustados». Además, ha subrayado que la composición del empleo ha cambiado respecto a entonces, no sólo sectorialmente sino también en cuanto a los tipos de contrato. Respecto a julio de 2019, «hoy tenemos más de 400.000 trabajadores con contrato indefinido, mientras que se ha reducido el número de trabajadores temporales y del resto de regímenes».

«Esta recuperación del empleo prepandemia ha sido rápida gracias en parte al esfuerzo que ha hecho el Gobierno para proteger el empleo», ha destacado el ministro de Inclusión. «Sólo desde nuestro ministerio, se han abonado hasta junio más de 20.000 millones de euros en prestaciones por la COVID-19», ha indicado.

La ministra de Justicia se reúne con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España

viernes, 30 de julio de 2021

La ministra de Justicia se reúne con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España

29/07/2021

Pilar Llop con la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán

Pilar Llop con la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán

​29 de julio 2021.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido hoy con la decana y el vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán y José Miguel Tabarés, respectivamente. En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Justicia, se han abordado temas de interés para los registradores y otros relacionados con los proyectos normativos y de modernización que la cartera de Llop está llevando a cabo.

A la reunión, también han asistido el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. ​

Raquel Sánchez subraya el impulso de Mitma a la construcción de un total de 1.813 viviendas en Sevilla

viernes, 30 de julio de 2021

Vivienda asequible o social

Raquel Sánchez subraya el impulso de Mitma a la construcción de un total de 1.813 viviendas en Sevilla

Jueves 29 de julio de 2021

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha subrayado el impulso del Ministerio a la construcción de un total de 1.813 viviendas destinadas al alquiler asequible o social en la ciudad de Sevilla, como actuaciones importantes que garantizan el derecho a la vivienda.

Sánchez lo ha expresado en Sevilla, durante el acto de la firma de un protocolo junto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, cuyo objetivo es establecer las bases generales de colaboración y cooperación mutuas para fomentar la promoción de 585 viviendas en régimen de alquiler asequible o social en los suelos de titularidad municipal o de sus organismos dependientes, dentro del municipio de la capital andaluza.

En este punto, la responsable del Departamento ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y ha puesto en valor la cooperación para ofrecer soluciones a la ciudadanía.

Este protocolo se enmarca dentro de la puesta en marcha, por parte del Ministerio, de diferentes medidas para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler asequible o social, en este caso a través de la movilización de suelo público.

En este sentido, Raquel Sánchez ha detallado las actuaciones que, en materia de promoción de vivienda y destino al alquiler asequible o social, está llevando a cabo Mitma en la ciudad de Sevilla:
•948 viviendas para el alquiler asequible o social en los terrenos del Cuartel de Artillería, a través de Sepes.
• 280 viviendas con recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-21.
•585 viviendas, firmadas hoy en el citado protocolo.

La responsable de Mitma, además, ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 dotan de una partida de 4 millones de euros para que el Ministerio transfiera al Ayuntamiento de Sevilla para impulsar decididamente la promoción de estas viviendas.

Inversiones en vivienda de Mitma en Andalucía

La ministra ha recordado que, desde el convenio firmado en junio de 2018 con la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la dotación ha ascendido a 320,77 millones de euros, de los que 246,75 millones han sido aportaciones del Ministerio.

En este sentido, hasta la fecha se han suscrito 59 acuerdos dentro del Programa de fomento del parque en alquiler, para un total de 1.872 viviendas en Andalucía. Además, se han alcanzado 13 acuerdos de rehabilitación y regeneración urbana, que han afectado a 1.460 viviendas.

Raquel Sánchez ha valorado también que el pasado 21 de julio en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo se aprobó, sin ningún voto en contra, los criterios de reparto de los primeros 1.631 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación destinados a rehabilitación y regeneración urbana.

De esta partida, la responsable de Mitma ha señalado que Andalucía será la comunidad que más fondos reciba: 285,5 millones.

Apuesta de Mitma por la vivienda

La ministra, en su intervención, ha puesto en valor la aportación económica de Mitma en materia de vivienda, empezando con los 2.250 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales 2021.

A esto hay que sumar la revisión de los programas del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021 y sus 1.454 millones de euros, que se han destinado a ayudas al alquiler para personas vulnerables, a la mejora de la habitabilidad de las viviendas, a la promoción de vivienda social, a ayudas a jóvenes y a otras ayudas extraordinarias que han sido imprescindibles para combatir los efectos de la pandemia.

Paralelamente, Raquel Sánchez ha informado que el Ministerio está ultimando el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 para potenciar las ayudas directas a los arrendatarios con menos recursos y hacer posible la inmediatez en el acceso a la vivienda de estos colectivos.

Además, la segunda mayor inversión del Plan de Recuperación, 6.820 millones de euros, corresponde a programas de rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y barrios en entornos urbanos y rurales.

Sánchez, paralelamente, ha hecho hincapié en que desde el Gobierno se ha desplegado un escudo social para mitigar los efectos de la crisis sanitaria entre los sectores más afectados.

Finalmente, la ministra ha puesto en valor la actualización que se ha realizado desde el Departamento con las estimaciones del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el objetivo de impulsar las 100.000 viviendas, ya sea por la acción directa de los poderes públicos o gracias a la colaboración público-privada.

El Defensor del Pueblo pide al ayuntamiento de Madrid que aclare si está permitido instalar cocinas industriales en suelo residencial

viernes, 30 de julio de 2021

El Defensor del Pueblo pide al ayuntamiento de Madrid que aclare si está permitido instalar cocinas industriales en suelo residencial

20/07/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, mantiene abierta una actuación desde el pasado mes de mayo para que el Ayuntamiento de Madrid informe sobre la proliferación de cocinas industriales en suelo residencial, también conocidas como ‘cocinas fantasma’.

La institución inició esta actuación tras recibir la queja de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de varias comunidades de vecinos que consideran que estas instalaciones incumplen la normativa urbanística y medioambiental en lo que respecta a ruidos, olores, calidad del aire, riesgo de incendios, generación de residuos y movilidad, entre otras cuestiones.

En opinión del Defensor, la repercusión de este tipo de actividades tiene que contemplarse con la mayor de las cautelas, debido a los posibles efectos adversos que pueden producir en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que aclare si la actividad de este tipo de cocinas industriales está permitida en suelo residencial, de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Además, el Defensor también quiere conocer el número de instalaciones autorizadas o en trámite, mediante licencia o declaración responsable y ha pedido también un informe sobre las inspecciones que ha realizado el consistorio y las medidas correctoras que haya podido imponer.

La Institución le ha remitido además al Ayuntamiento un listado de los lugares donde se han instalado estas cocinas industriales en suelo residencial y que ha sido facilitado a la Institución por vecinos afectados en los distritos de Arganzuela, Chamartín, Centro, Puente de Vallecas y Tetuán.

Grande-Marlaska inaugura el Centro Penitenciario de Soria, que ofrece «un presente de dignidad y un futuro de posibilidades» a la población reclusa

viernes, 30 de julio de 2021

Grande-Marlaska inaugura el Centro Penitenciario de Soria, que ofrece «un presente de dignidad y un futuro de posibilidades» a la población reclusa

Viernes 16 de julio de 2021 La Moncloa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que ponerlo en funcionamiento ha sido una prioridad del Gobierno y un ejemplo de responsabilidad en la gestión pública.

Fernando Grande-Marlaska ha inaugurado el nuevo Centro Penitenciario de Soria, cuyas instalaciones «se han pensado para ofrecer un presente de dignidad y un futuro de posibilidades» a la población reclusa soriana.

El edificio que alberga el nuevo centro penitenciario se concluyó en 2014, pero se mantuvo cerrado y en desuso desde entonces. El ministro del Interior ha criticado esa decisión, y ha asegurado que «desde el primer día, para el secretario general de Instituciones Penitenciarias, para la presidenta de SIEPSE y para mí fue una prioridad habilitarlo y ponerlo en funcionamiento por responsabilidad en la gestión pública y porque es un poderoso instrumento de mejora de la dignidad y calidad de vida de las personas privadas de libertad en este territorio».

En el acto inaugural también han intervenido el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo. Y ha contado con la presencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.

El delegado del Gobierno en la comunidad, José Javier Izquierdo, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, han encabezado la representación de autoridades autonómicas, provinciales y locales.

El esquema urbano de los ‘centros-tipo’

Con la inauguración de Soria, ya son 27 los llamados ‘centros-tipo’ construidos por la Administración General del Estado desde 1995. Estos centros cuentan con un diseño urbano y modular. Son pequeñas ciudades pensadas para dar respuesta a las necesidades de las personas privadas de libertad y facilitar su proceso de reinserción.

El nuevo centro penitencio soriano cuenta con 684 celdas distribuidas en once módulos residenciales, más un módulo de régimen cerrado y un módulo de ingresos, salidas y tránsitos. Alrededor de la gran avenida que articula la prisión se sitúan el resto de edificios comunes: enfermería, deportivo-cultural, comunicaciones, cocina-panadería, lavandería y talleres productivos.

En el interior de cada módulo residencial -además de patio, sala de estar, comedor y economato-, los internos disponen de consulta médica, taller ocupacional, pequeño gimnasio, aulas formativas y peluquería. En las plantas superiores se encuentran las 72 celdas equipadas para dos personas.

Tres de los módulos residenciales son polivalentes, es decir, tienen 36 celdas cada uno, lo que contribuye a una mejor clasificación de los internos, mayor seguridad e intervención en programas de tratamiento.

El edificio sociocultural y deportivo cuenta con aulas para la formación de internos, biblioteca, polideportivo y gimnasio. El edificio de enfermería dispone de diversas salas de consultas para atención especializada y de las instalaciones necesarias para telediagnóstico y telemedicina, lo que permite mejorar la asistencia a los internos y reducir el número de traslados a centros hospitalarios.

Fomento del trabajo productivo

Fernando Grande-Marlaska durante su intervenciónUna de las principales novedades del nuevo centro penitenciario es la potenciación del trabajo productivo. Soria cuenta con cuatro talleres productivos dotados con las preinstalaciones necesarias para realizar diversas actividades industriales y de manipulados, que en la prisión de Soria son esenciales. Esta nueva infraestructura introduce, además, la creación de muelles de carga independientes para cada uno de esos talleres, para facilitar la labor de las empresas externas que en la actualidad dan trabajo a la práctica totalidad de la población penada.

Otras dos novedades son la instalación de una caldera de biomasa que permitirá generar energía limpia aprovechando los residuos forestales, agrícolas y ganaderos de la zona, y la creación de un aula de formación continuada para funcionarios y funcionarias.

El edificio de cocina-panadería y lavandería da servicio a todo el centro penitenciario. En la cocina se elaboran las comidas de consumo diario, que posteriormente se distribuyen por los diferentes módulos.

Por otra parte, Soria dispone de un edificio de comunicaciones en el que se ubican los locutorios para familiares, locutorios para jueces y abogados y un espacio para efectuar ruedas de reconocimiento, salas para comunicaciones de familiares y para visitas íntimas.

Apertura progresiva

La apertura centro penitenciario será progresiva y correrá a cargo de Concha Zurdo que, el pasado 6 de julio, se hizo cargo de la dirección de la prisión en sustitución de Segundo Pascual, jubilado tras cuatro décadas de servicio.

En próximas fechas comenzará el traslado paulatino de internos y de los cerca de 140 efectivos de la actual plantilla a la que, recientemente, se han sumado 19 funcionarios y funcionarias en prácticas. Está prevista, además, la ampliación de la plantilla, acordada con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con 98 nuevos efectivos de personal funcionario y doce de personal laboral.

El número de beneficiarios de becas y ayudas al estudio sube un 3% en el curso 2019-2020

viernes, 30 de julio de 2021

El número de beneficiarios de becas y ayudas al estudio sube un 3% en el curso 2019-2020

Viernes 16 de julio de 2021

La Moncloa

Más de 2,4 millones de alumnos y alumnas recibieron algún tipo de beca o ayuda al estudio durante el curso 2019-20, según la ‘Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio’, publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), con datos del MEFP, del Ministerio de Universidades y de las comunidades autónomas. Supone un aumento del 3% respecto al curso anterior.

En total, 2.446.568 estudiantes recibieron estas ayudas, de los que 1.080.198 recibieron financiación de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades y 1.366.370 de las comunidades autónomas.

La subida más importante se observa entre el alumnado de enseñanzas obligatorias, Enseñanza Infantil y Educación Especial, con un 6,9% más de beneficiarios, hasta los 1.381.757.

El importe total de estas becas y ayudas alcanzó los 2.228.131.130 euros. Casi la mitad de esta financiación, el 45,8%, se destina a becas de los estudiantes universitarios, el 29,2% corresponde a los de enseñanzas postobligatorias no universitarias y el 25% restante a los de las enseñanzas obligatorias, Educación Infantil y Educación Especial.

Por otra parte, el 71,8% del importe corresponde a la aportación del MEFP y del Ministerio de Universidades, hasta los 1.599.239.174 euros, lo que supone un aumento del 2,4% respecto al año anterior. Dentro de esta partida, suben en particular las de enseñanzas obligatorias, Educación infantil y educación especial (+9,9%) y las enseñanzas postobligatorias no universitarias (+4,5%).

Las ayudas financiadas por los ministerios incluyen, la convocatoria general de becas y ayudas al estudio (que supone la mayor parte de esta inversión) y la financiación para la compra de libros y materiales didácticos, entre otros.

El peso de la financiación por parte de los ministerios es más importante en las Enseñanzas universitarias (92%) y las posobligatorias no universitarias (81,6%).

Lucha contra el abandono escolar

Una prioridad del MEFP desde 2018 ha sido la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, con el objetivo de hacerlas llegar a quienes más las necesitan y reducir así el abandono escolar por motivos económicos.

En este tiempo se ha incrementado así la cuantía de la convocatoria general de becas y ayudas casi un 40% (578 millones de euros), hasta superar los 2.000 millones de euros de presupuesto para la convocatoria de 2021-22.

Entre otras medidas, se ha aumentado el umbral de renta 1 hasta casi equiparlo al umbral de la pobreza; la nota de acceso a estas ayudas es el aprobado; se ha elevado en 100 euros todas las cuantías fijas; y se ha ampliado el número de colectivos que se pueden beneficiar de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Carrer de la Princesa Mercé

jueves, 29 de julio de 2021

Barcelona, elegida Capital Mundial de la Arquitectura 2026

jueves, 29 de julio de 2021

Barcelona, elegida Capital Mundial de la Arquitectura 2026

Miércoles 28 de julio de 2021

Casa Milà

La elección, que conlleva ser la sede del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), supone una gran oportunidad para fortalecer el papel de la ciudad, de Cataluña y de España como centros de producción y pensamiento de la arquitectura y del diseño urbano contemporáneos, profundizando en su capacidad para transformar y mejorar la vida de las personas.

La Asamblea de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrada hoy en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), ha elegido por amplia mayoría la ciudad de Barcelona para acoger el Congreso Mundial de la UIA y ser Capital Mundial del Arquitectura UIA-UNESCO el año 2026. Barcelona competía con una única rival, la ciudad china de Beijing, y sucederá la ciudad de Copenhague, que acoge el Congreso del año 2023.

La candidatura de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura ha sido impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad condal, la Generalitat de Cataluña, el CSCAE y el Colegio de Arquitectos de Cataluña.

De este modo, la ciudad se convertirá en sede del congreso de arquitectura más importante del sector, una cita que servirá para poner de relieve el papel de la arquitectura y el urbanismo en la configuración del modelo de ciudad y en los proyectos que se están desarrollando hoy en día para hacer frente a los retos urbanos contemporáneos.

Así, además del Congreso de la UIA, en 2026 se prevé organizar eventos culturales multidisciplinares alrededor del eje de la arquitectura y el urbanismo a lo largo de todo ese año en Barcelona para hacer llegar la importancia y valor de la arquitectura y el urbanismo a toda la ciudadanía, en colaboración con otros países, por lo que Barcelona se posicionará como una ciudad cultural de referencia, inclusiva, mediterránea, abierta al mundo y espejo para otras ciudades internacionales

En cuanto a la designación de la ciudad, con motivo de la pandemia, la elección se ha tenido que hacer on line, basada en un vídeo en el que se ejemplifican los valores sociales y culturales de la arquitectura de Barcelona.

Un congreso para ensayar el futuro

Barcelona es reconocida en todo el mundo por su arquitectura y por ser una ciudad diversa, cosmopolita, moderna, integradora de diferentes ideas y culturas. El congreso que tiene que celebrarse en 2026 quiere apelar precisamente a los valores de la arquitectura y el urbanismo como factores de calidad de vida, bienestar y sentido de pertenencia social y cultural, y la necesidad de hacerlos extensibles y relevantes a otros países como herramienta transformadora y de cambio social para avanzar hacia ciudades del futuro.

Así, y bajo el lema «One today, one tomorrow», el congreso tomará como ejemplo la relación de la ciudad y su arquitectura para debatir sobre un futuro viable y sostenible. Un análisis del actual contexto social, medioambiental y económico que ayude a plantear cuáles son los retos de la arquitectura y definir los instrumentos para alcanzarlos.

Congreso Internacional con más de 70 años de historia

Los congresos de la UIA se celebran desde el año 1948 y, en cada ocasión, su objetivo es abordar los retos que afronta la sociedad desde el conocimiento riguroso que aportan los profesionales de la Arquitectura.

Barcelona ya acogió, en 1996, el Congreso Mundial con el título «Presente y futuros: arquitectura en las ciudades», con un éxito rotundo de público e impacto internacional. Exactamente 30 años después, la celebración de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura supone la oportunidad de dar forma a un nuevo evento de repercusión internacional, concebido como un espacio de debate del que surjan propuestas concretas para mejorar la calidad urbana de la ciudad y, por extensión, la calidad de vida de su ciudadanía.

En enero de 2020, Barcelona fue nombrada oficialmente por la UIA como ciudad candidata con una única rival, la ciudad china de Beijing.

CSIF muestra su disposición a la ministra de Justicia para impulsar las reformas pendientes

jueves, 29 de julio de 2021

CSIF muestra su disposición a la ministra de Justicia para impulsar las reformas pendientes

  • La transformación judicial debe incluir mejoras laborales y retributivas y abordar los problemas estructurales de la justicia: refuerzo de plantillas y disminución de los casos pendiente, entre otros
  • La ministra traslada a CSIF su reconocimiento a la labor del personal de la Justicia durante la pandemia para asegurar la prestación del servicio público

28 de Julio de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha mostrado su disposición y colaboración a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para impulsar las reformas judiciales pendientes.

La ministra de Justicia pidió a CSIF que transmitiéramos al colectivo su reconocimiento por el trabajo desplegado durante la pandemia en condiciones difíciles y haciendo posible la continuidad en la prestación del servicio público esencial, como corresponde en una democracia moderna. Asimismo, nos aseguró que se mantienen los proyectos de justicia 2030, así como las negociaciones en marcha, que continuarán en septiembre.

Por su parte, CSIF ha trasladado la necesidad de abordar desde la negociación colectiva, la necesaria transformación de la Administración de Justicia y, en particular, los proyectos que impulsa el Ministerio tales como las leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, de transformación digital, de enjuiciamiento criminal, o el nuevo modelo de registro civil, implicando al personal de Justicia a través de su participación real y efectiva en el diseño e implantación de estas reformas.

En una reunión mantenida en el Ministerio de Justicia, CSIF destacó que la proliferación de casos pendientes pese la importante disminución de trámites resueltos, así como la escasez de juzgados y jueces, obligan a tomar medidas urgentes relativas al refuerzo de las plantillas. La ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos y para ello reclamamos un plan de recursos humanos. A modo de ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea. De un estudio presentado por CSIF sobre necesidades de personal en el sector público se desprende que la Administración de Justicia necesita algo más de 19.000 puestos de trabajo adicionales en todos los Cuerpos de funcionarios para equipararse a estándares europeos.

En ese marco, CSIF trasladó a la ministra las principales reivindicaciones que afectan al personal de Justicia: la continuidad en la negociación de los temas que se estaban abordando antes del cambio de titular en el Ministerio, la negociación anual de plantillas con estructuración de refuerzos de 3 años y ofertas de empleo público y concursos anuales coordinados, la regulación básica de la carrera profesional, el fomento de la promoción interna para que sea real, la revisión del sistema de guardias y de la productividad, la eliminación de las diferencias retributivas en el concepto de grupos de población y la revisión de la estructura salarial de todos los cuerpos, entre otras. Es necesario también crear unidades administrativas con personal de Justicia para resolver los problemas de gestión que provocan retrasos en los procesos selectivos, concursos de traslados, sustituciones, comisiones de servicio o provisión por interinos.

La politización de la Justicia con asuntos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debe despistarnos a la hora de acometer las reformas que necesita la ciudadanía. La transformación de la Administración de Justicia debe incluir mejoras laborales y retributivas para su personal con el objetivo claro de dignificar y reconocer el trabajo que diariamente desempeñan, así como aprovechar su potencial para prestar el mejor servicio público posible.

A este deterioro en la Justicia le perjudica también que las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el Ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos. Se suma también la antigüedad de los medios tecnológicos, con aplicaciones obsoletas y sistemas informáticos lentos que afectan a la tramitación de los procedimientos.

El Comité Europeo de las Regiones da un paso más en la escucha activa a los ciudadanos

jueves, 29 de julio de 2021

El Comité Europeo de las Regiones da un paso más en la escucha activa a los ciudadanos

El pasado 9 de mayo de 2021, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y otros agentes clave brindaron la oportunidad de contribuir en la «Conferencia sobre el Futuro de Europa» a los líderes regionales y locales mediante su adhesión al mismo.

El futuro está en tus manos

Comisión Europea

Una iniciativa que solicita la selección de uno de los miembros como responsables de asuntos de la UE. Con esta medida, el CDR persigue la consecución de un gobierno más cercano a la ciudadanía y en el que depositen una mayor confianza.

Esta decisión, además de involucrar a los corresponsales locales y regionales no solo en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, permite su estrecha colaboración con el Comité Europeo de las Regiones en la celebración de debates políticos en sus asambleas locales y regionales, la difusión de información a la ciudadanía y la organización de diálogos locales.

El Comité insiste en el beneficio de participar garantizando un futuro de la UE construido por y para nuestra ciudadanía y municipios europeos. Si cada corresponsal escucha a su ciudadanía, las propuestas podrán ser expuestas en la Conferencia a nivel internacional.

Entre las diversas ventajas que se alcanzarán con esta aportación común, el CDR destaca las siguientes:

Compartir las opiniones ciudadanas.

La organización de diálogos locales con la ciudadanía.

La participación en la red de corresponsales locales y regionales de la UE.

La celebración de debates políticos en la asamblea local o regional.

Cimentar una visión común de la UE.

La iniciativa no ofrece únicamente un contacto directo, sino también otras oportunidades como el apoyo a los medios de comunicación, la recopilación de opiniones ciudadanas para hacerlas llegar a la Conferencia y su colaboración en la organización de diálogos locales.

Si le gustaría obtener más información, puede visitar la web del Comité Europeo de las RegionesBuscar traducciones disponibles del enlace anteriorES•••. Si además le gustaría documentarse sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa, visite el siguiente enlace.

Memoria de la Central de Información de Riesgos

jueves, 29 de julio de 2021

Memoria de la Central de Información de Riesgos

15/07/2021 Banco de España

La Memoria de la Central de Información de Riesgos (CIR) expone los aspectos más destacados de la actividad de este servicio durante el año 2020. La CIR es un servicio público, gestionado por el Banco de España, que recopila información individualizada de la mayor parte de las operaciones de crédito vivas concedidas por las entidades financieras a sus clientes, ya sean personas físicas o jurídicas, con dos objetivos fundamentales:

Proporcionar a las entidades declarantes información de los riesgos crediticios totales (tanto en la entidad como en otras entidades declarantes) de sus clientes y de posibles nuevos acreditados (en otras entidades declarantes) para que estas puedan analizar el riesgo de sus operaciones.
Facilitar el ejercicio de la supervisión e inspección y el desempeño de las restantes funciones que tiene legalmente atribuidas el Banco de España.
La CIR es uno de los servicios del Banco de España más demandado por los ciudadanos.

En la Memoria se explica por qué la CIR es una herramienta fundamental para la gestión de la actividad económica, especialmente tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. La información de la CIR ha permitido a las autoridades económicas monitorizar, prácticamente en tiempo real, el despliegue de las medidas del Gobierno.

Además, en la Memoria se presenta información estadística sobre:

Las características de las operaciones declaradas, de los titulares y de las entidades que han concedido la financiación. Durante el año 2020 aumentaron tanto las operaciones, más de 48,7 millones, como los titulares declarados que han superado los 20,8 millones.
Informes de riesgos facilitados a las entidades declarantes y a los titulares. Durante 2020 se entregaron más de 5 millones de informes de riesgos, de los que 473.000 los solicitaron directamente los titulares (empresas y particulares).
Solicitudes de rectificación o supresión de datos por parte de los titulares (coloquialmente, reclamaciones ante la CIR) que, durante 2020, ascendieron a 348.
También se explican las iniciativas del Banco de España para mejorar la disponibilidad de los datos de la CIR, a la vista del creciente interés tanto por usuarios internos como por investigadores y organismos externos. Por un lado, utilizando tecnologías Big Data para el tratamiento y análisis de la información y, por otro, poniendo a disposición de los investigadores estos microdatos de alta calidad, a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab) y firmando convenios que delimiten y concreten los datos a facilitar, así como las limitaciones en su uso.

Por último, se detalla la participación del Banco de España en el proyecto AnaCredit del Eurosistema, iniciado en 2018, para crear a nivel europeo una base de datos centralizada de créditos de personas jurídicas.

Ojea la Memoria en busca de las informaciones sobre los temas de tu interés.

También puedes ver este video explicativo.

Se requieren medidas urgentes para frenar la divergencia de la recuperación

jueves, 29 de julio de 2021

Se requieren medidas urgentes para frenar la divergencia de la recuperación

Por Kristalina Georgieva

Fondo Monetario Internacional

Cuando los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20 se reúnan en Venecia esta semana, podrán inspirarse en el espíritu inquebrantable de la ciudad.

Venecia, que fue el primer centro financiero internacional del mundo, ha experimentado los caprichos del devenir económico durante siglos y además sufre directamente los efectos del cambio climático. Esta resiliencia extraordinaria es más necesaria que nunca en un momento en el que los responsables de las políticas económicas continúan afrontando retos extraordinarios.

La buena noticia es que la recuperación mundial avanza, en líneas generales, en consonancia con las proyecciones de un crecimiento de 6% para este año formuladas en abril por el FMI. Tras una crisis sin parangón, en algunos países está teniendo lugar una recuperación sin parangón, impulsada por una combinación de contundentes medidas de apoyo fiscal y monetario y una rápida vacunación.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, proyectamos un crecimiento de 7% para este año, el mayor desde 1984. La recuperación también está cobrando impulso en China, en la zona del euro y en un puñado de otras economías avanzadas y emergentes.

Pero los nuevos datos también confirman una creciente divergencia en la evolución económica de los distintos países, muchos de los cuales se están quedando rezagados.

El mundo se enfrenta a una recuperación que, cada vez más, se produce a dos velocidades, como consecuencia de las enormes diferencias en la disponibilidad de vacunas, las tasas de infección y la capacidad para proporcionar apoyo mediante las políticas económicas. Estamos en un momento crítico que requiere medidas urgentes del G-20 y de las autoridades económicas de todo el mundo.

Como se señala en nuestra nota para la reunión del G-20, es vital actuar con celeridad. Según nuestras estimaciones, un acceso más rápido a la vacunación de las poblaciones de alto riesgo podría salvar más de medio millón de vidas solo en los próximos seis meses.

Los peligros de la divergencia

Las bajas tasas de vacunación significan que los países más pobres están más expuestos al virus y a sus variantes. Aunque la variante delta es motivo de preocupación en todo el mundo, incluidos los países del G-20, en estos momentos está causando un incremento brutal de las infecciones en el África subsahariana. En esta región, menos de 1 de cada 100 adultos han recibido la vacunación completa, frente a un promedio de más de 30 en las economías más avanzadas. La existencia de poblaciones no vacunadas en cualquier lugar incrementa el riesgo de que surjan cepas aún más letales, lo que socavaría los avances en todas las regiones e infligiría más daños en la economía mundial.

La merma de recursos fiscales hará que a las naciones más pobres les resulte aún más difícil impulsar la vacunación y apoyar a sus economías. Millones de personas quedarán sin protección y expuestas a un aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. La crisis ha causado ya un incremento de la inseguridad alimentaria y en muchos países aumenta el temor a nuevas subidas de la inflación de los precios de los alimentos.

El mundo también observa atentamente el reciente repunte de la inflación, en particular en Estados Unidos. Sabemos que la acelerada recuperación estadounidense beneficiará a muchos países al incrementar el comercio; además, las expectativas de inflación se han mantenido estables hasta ahora. Sin embargo, existe el riesgo de que la inflación o las expectativas de inflación aumenten de forma más sostenida, lo que exigir un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos antes de lo previsto. Otros países afrontan desafíos similares como consecuencia de las subidas de precios de las materias primas y los alimentos.

Unas tasas de interés más altas en Estados Unidos podrían dar lugar a un marcado endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y a cuantiosas salidas de capital de economías emergentes y en desarrollo. Esto supondría graves dificultades sobre todo para los países con grandes necesidades de financiamiento externo o niveles de deuda elevados.

No está de más reiterar que el mundo se encuentra en un momento crítico. Si queremos frenar la creciente divergencia de esta recuperación a dos velocidades, debemos tomar ya medidas de política urgentes.

Primero, intensificar la cooperación internacional para poner fin a la pandemia.

Los beneficios económicos serían extraordinarios, y trabajar para salvar, potencialmente, cientos de miles de vidas en los próximos meses es un imperativo moral. Los costos son relativamente pequeños.

El personal técnico del FMI propuso recientemente un plan que costaría USD 50.000 millones y que podría generar ganancias de billones de dólares gracias a la agilización de la vacunación y una recuperación más rápida. Sería la mejor inversión pública de nuestra vida y cambiaría el panorama en todo el mundo.

Para acelerar la ejecución de las medidas previstas en este plan, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han establecido un «comité de crisis». En nuestra primera reunión, convocada por el Banco Mundial y celebrada la semana pasada, acordamos trabajar juntos para contribuir a supervisar, coordinar y promover la entrega de recursos sanitarios vitales a países en desarrollo y movilizar a los responsables de políticas para eliminar obstáculos fundamentales.

El respaldo del G-20 y de otras economías marcará la diferencia, al apoyar la meta de vacunar a por lo menos el 40% de la población en todos los países para finales de 2021, y a por lo menos el 60% para el final del primer semestre de 2022.

Para lograr estos objetivos, se emprenderán iniciativas fundamentales como repartir más dosis en el mundo en desarrollo; respaldar el financiamiento concesionario y las donaciones para incrementar y diversificar la producción de vacunas, e impulsar la capacidad nacional de administración de vacunas, diagnóstico y tratamiento; y eliminar todas las barreras a la exportación de insumos y vacunas ya producidas, así como otras barreras en las operaciones de las cadenas de abastecimiento.

También resulta esencial adaptarse rápidamente a los cambios de las circunstancias, como la escalada de las infecciones en África subsahariana. El suministro inmediata de paquetes de emergencia, que incluyan oxígeno, material de detección, equipos de protección personal y tratamientos, a países en desarrollo de África subsahariana y de otras regiones afectadas es clave para salvar vidas.

Segundo, redoblar los esfuerzos para afianzar la recuperación.

Con las economías del G-20 a la cabeza, el mundo ha adoptado medidas sincronizadas extraordinarias, incluidos aproximadamente unos USD 16 billones en medidas fiscales. Ahora ha llegado el momento de redoblar estos esfuerzos con medidas que tengan en cuenta la exposición a la pandemia y el margen de maniobra de política de cada país.

En los países que experimenten un rápido incremento de las infecciones, es fundamental que la sanidad y los hogares y las empresas vulnerables continúen recibiendo apoyo. Para ello se requieren medidas fiscales focalizadas, dentro marcos a mediano plazo plausibles.

Una vez que la mejora de los indicadores sanitarios permita una normalización de la actividad, los gobiernos deben replegar gradualmente los programas de apoyo y, al mismo tiempo, incrementar el gasto social y los programas de capacitación para amortiguar el impacto en los trabajadores. Esto ayudaría a reparar las secuelas a largo plazo de la crisis, que afectó de manera especial a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualificados.

Para afianzar la recuperación también es necesario que la mayoría de los países sigan adoptando políticas monetarias acomodaticias, acompañadas de una estrecha vigilancia de la inflación y los riesgos para la estabilidad financiera. En los países en los que la recuperación se está acelerando, incluido Estados Unidos, es fundamental que se eviten reacciones exageradas ante incrementos pasajeros de la inflación.

Para mantener bien ancladas las expectativas inflacionarias, los principales bancos centrales han de comunicar con cuidado sus planes en materia de política monetaria. Esto contribuiría también a evitar una excesiva volatilidad financiera en sus países y en el extranjero. La clave es prevenir los efectos de contagio que se produjeron a principios de año.

Tercero, reforzar el apoyo a las economías vulnerables.

Los países más pobres se enfrentan a un doble golpe devastador: corren el riesgo de perder la carrera contra el virus y, además, podrían quedar excluidos de una transformación histórica que sentará las bases de una nueva economía mundial verde y digital.

Estimamos que los países de bajo ingreso deben desplegar unos USD 200.000 millones en cinco años solo para luchar contra la pandemia, y otros USD 250.000 millones para tener margen fiscal para reformas transformadoras que les permitan retornar a la trayectoria de convergencia hacia niveles de ingreso más elevados. Estos países pueden cubrir únicamente una parte de esos importes por sí solos. Por lo tanto, es vital que los países más ricos redoblen sus esfuerzos, especialmente en lo que respecta al financiamiento concesionario y las ayudas para hacer frente a la deuda.

La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 ha dado un respiro fiscal a estos países, pero, habida cuenta de la necesidad de proporcionar alivio de la deuda de carácter permanente, debemos trabajar para que el nuevo Marco Común esté plenamente operativo. Chad, por ejemplo, recibió seguridades de financiamiento de sus acreedores bilaterales miembros del G-20, y ahora necesitamos compromisos rápidos, en condiciones comparables, de sus acreedores privados.

También apoyamos firmemente la oportuna creación del comité de acreedores, para posibilitar la operación de deuda solicitada por Etiopía. El éxito de los primeros casos del Marco Común es fundamental para otros países con deudas insostenibles o necesidades de financiamiento persistentes. Estos países también deberían solicitar medidas tempranas de resolución o reorganización de la deuda.

El papel del FMI

Por su parte, el FMI ha redoblado sus esfuerzos de una forma sin precedentes, proporcionando USD 114.000 millones en nuevo financiamiento a 85 países y alivio del servicio de la deuda a los países miembros más pobres. Tenemos respaldo para incrementar los límites de acceso, lo que nos permite ampliar nuestra capacidad de préstamo a tasa de interés cero. También estamos estudiando un nuevo «mecanismo de financiamiento de vacunas» en el marco de nuestros servicios de financiamiento de emergencias, que ayudaría a los países a financiar programas de vacunación si lo necesitan.

Nuestros países miembros también apoyan una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro por un monto de USD 650.000 millones, la mayor emisión de la historia del FMI. Esta asignación complementará las reservas y ayudará a todos nuestros países miembros, especialmente a los más vulnerables, a dar respuesta a las necesidades urgentes, incluidas las vacunas. Nuestro Directorio Ejecutivo debatió recientemente la propuesta y esperamos que el proceso de asignación se complete para finales de agosto.

Además, estamos procurando amplificar los efectos de la nueva asignación de DEG, y en tal sentido estamos fomentando la canalización voluntaria de parte de los DEG, junto con préstamos presupuestarios, para alcanzar un objetivo mundial total de USD 100.000 millones para los países más pobres y vulnerables. Estamos analizando con los países miembros fórmulas para lograr ese objetivo, por ejemplo a través de nuestro Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) y, posiblemente, de un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

La cumbre del G-20 de esta semana es una oportunidad para impulsar el plan para un nuevo fondo de resiliencia y sostenibilidad, que brindaría apoyo a países de bajo ingreso, así como a países de ingreso mediano más pobres y vulnerables asolados por la pandemia. La idea es ayudarlos en su transformación estructural y a afrontar, entre aspectos, los desafíos relacionados con el cambio climático.

Para reforzar las medidas contra el cambio climático, el personal técnico del FMI propuso recientemente un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono. Dicho precio mínimo podría contribuir a acelerar la transición a un crecimiento con bajas emisiones de carbono en el curso de esta década, y nuestra intención promoverlo vigorosamente en la Conferencia sobre el Clima del G-20 que se celebrará esta semana en Venecia.

En el ámbito tributario, nos complace mucho el histórico acuerdo alcanzado por 130 países en el contexto del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20. El acuerdo prevé un impuesto mínimo mundial a las sociedades que contribuirá a garantizar que las empresas muy rentables tributen en proporción a sus beneficios en todo el mundo. A partir de nuestros propios estudios, sabemos que los regímenes de impuestos mínimos pueden ayudar a los países a preservar su base del impuesto de sociedades y a movilizar ingresos, algo que ahora es más importante que nunca.

Decenios de competencia fiscal han provocado una «carrera hacia el abismo», que ha privado a muchos países de los recursos necesarios para realizar inversiones vitales en salud, educación, infraestructuras y políticas sociales. La pandemia trajo consigo nuevas presiones para las políticas fiscales, lo que dificulta la inversión en la transformación verde y digital. Por lo tanto, aprovechemos este momento crucial para construir un sistema tributario internacional más justo y eficaz acorde con las realidades del siglo XXI.

Espero que las generaciones futuras que estudien este momento aprecien en nuestra asociación el inquebrantable espíritu de Venecia. Podemos poner fin a la pandemia y convertir esta recuperación a dos velocidades en crecimiento sincronizado y sostenible, pero para ello hemos de actuar con decisión y de forma mancomunada.

Buganvillas

miércoles, 28 de julio de 2021

La ministra de Justicia se reúne con los principales operadores jurídicos

miércoles, 28 de julio de 2021

La ministra de Justicia se reúne con los principales operadores jurídicos

27/07/2021

​26 de julio 2021.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido durante el día de hoy con los principales operadores jurídicos, dentro del marco de entrevistas que está manteniendo con los diferentes actores del sector tras su toma de posesión.

En el primer encuentro, Llop se ha reunido con el presidente y el vocal de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, Ángel Maraver y José Antonio Castillo, respectivamente. En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Justicia, han abordado temas relacionados con la modernización del sistema público de Justicia, como las reformas legislativas que está llevando a cabo la cartera de Llop.

En segundo lugar, la ministra de Justicia ha recibido a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. En la reunión, en la que han tratado temas que afectan a este colectivo, la presidenta ha hecho entrega de la Memoria de la Abogacía 2020.

Por otro lado, Llop se ha reunido con el presidente, el vicepresidente y la tesorera del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, Javier Carlos Sánchez y María Granizo, respectivamente, y han dialogado sobre los principales temas que preocupan a la procura y los proyectos que el Ministerio tiene previstos en el ámbito de Administración de Justicia.

Finalmente, la ministra de Justicia ha recibido al presidente del Consejo General del Colegio Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón. En el encuentro han hablado sobre las principales preocupaciones de los graduados sociales, mientras que desde el Ministerio se han trasladado los distintos proyectos que están llevando a cabo dentro del plan Justicia 2030.

En las cuatro reuniones, la ministra de Justicia ha estado acompañada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste.

El Tribunal Supremo declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair que permite mandar el equipaje en vuelo distinto al del pasajero y la de sumisión al derecho irlandés

miércoles, 28 de julio de 2021

Viernes, 23 de julio de 2021

El Tribunal Supremo declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair que permite mandar el equipaje en vuelo distinto al del pasajero y la de sumisión al derecho irlandés

En cuanto a la sumisión al derecho irlandés, la Sala expresa que “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha declarado nulas por abusivas, como reclamaba un recurso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las cláusulas del condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair que establecían, una de ellas, la posibilidad del envío en vuelo separado del equipaje respecto del pasajero al que pertenece; y la segunda, la sumisión al derecho irlandés de la interpretación del contrato.

El Supremo declara nula la cláusula por la cual la compañía podía decidir, “por motivos de seguridad u operatividad”, transportar el equipaje en un vuelo distinto al del pasajero. El Supremo señala que puede haber casos que justifiquen una excepción a la regla de que el pasajero y su equipaje viajen juntos, pero no mediante una cláusula tan genérica que deja “a la voluntad del transportista desplazar o no el equipaje facturado en el mismo vuelo bajo la invocación de unas inconcretas y absolutamente inespecíficas circunstancias de seguridad u operatividad”.

Asimismo, el tribunal declara nulo el inciso primero de la cláusula 2.4 de las condiciones generales, que establecía: “Salvo por disposición en contrario del Convenio o la legislación aplicable, el contrato de transporte con nosotros, los Términos y Condiciones de Transporte y nuestros Reglamentos se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación de Irlanda”.

El Supremo considera que esa cláusula es abusiva porque la sumisión a la ley irlandesa “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”, ya que “tiene como resultado que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Explica que “para enjuiciar el carácter abusivo de la cláusula de elección de ley no hay que acudir a ningún Derecho nacional (en este caso, ni el irlandés ni el español), sino que el estándar de abusividad deriva del propio Reglamento Roma I, puesto que determina la ley aplicable a un contrato en defecto de elección. Conforme a su art. 5, en el caso de un contrato de transporte de pasajeros, el Derecho aplicable al contrato sería la ley española si: (i) el consumidor tiene su residencia habitual en España; y (ii) además, el lugar de origen o destino de viaje se localiza en nuestro país”.

“Es decir –añade la sentencia–, sin la cláusula de elección, los contratos de Ryanair con los consumidores con residencia en España se someterían, en la mayor parte de los casos, a la ley española. Mientras que, con la inclusión de la cláusula, quedan sometidos a la ley irlandesa. Lo que, entre otras consecuencias, tiene como resultado que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Además, el Supremo resalta que la cláusula es incompleta y puede inducir a error al consumidor, porque da a entender que únicamente se aplica al contrato la ley irlandesa, sin informarle de que también le ampara la protección que le garantizan las disposiciones imperativas del Derecho de transporte aéreo de pasajeros (Derecho uniforme, en particular el Convenio de Montreal y los Reglamentos comunitarios sobre transporte de pasajeros).

El tribunal ha examinado los recursos de casación planteados tanto por la OCU como por Ryanair contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de julio de 2017, que declaró nulas por abusivas algunas cláusulas de las condiciones generales del contrato de pasajeros de Ryanair vigente en 2011. La Audiencia, a su vez, había revisado la sentencia del Juzgado de lo mercantil Número 5 de Madrid, dictada en septiembre de 2013.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Ryanair, y estima parcialmente el recurso de la OCU, declarando nulas por abusivas las dos cláusulas citadas, que se suman a las ya consideradas nulas por la Audiencia de Madrid.

Y tampoco acepta el resto del recurso de la OCU, que se refería a cláusulas sobre el contenido del equipaje, cargos por reservas o inclusión en el precio del billete del cargo por retraso/cancelación del vuelo, al entender el Supremo, como lo hizo la Audiencia de Madrid, que esas cláusulas no son abusivas ni engañosas con el consumidor.

Al desestimar el recurso de Ryanair, se mantiene la nulidad del redactado de las siguientes cláusulas, ya fijada por la Audiencia de Madrid: la del cargo de 40 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque (se consideró desproporcionada), la de denegación del transporte, entre otros a quien hubiese mostrado “una mala conducta en un vuelo anterior” y existiesen motivos “para creer que esta conducta podría repetirse” (se estima genérica e inconcreta, dejando a la compañía la definición de mala conducta actual o previa), o la del derecho de registro de equipaje, donde se destaca que el hecho de que “la compañía aérea tenga la facultad y el deber de velar por la seguridad del equipaje transportado en la aeronave no quiere decir que pueda registrarlo por sí misma, sin participación de los agentes de la autoridad o de sus auxiliares encargados legalmente de tales cometidos, en tanto que el registro del equipaje constituye, como resalta la sentencia recurrida, una intervención invasiva en el ámbito de privacidad del sujeto”. También se confirma la nulidad de la cláusula sobre transacciones en efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito.

La CNMC sanciona con 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo Santa Lucía

miércoles, 28 de julio de 2021

La CNMC sanciona con 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo Santa Lucía

21 julio 2021

◦La compañía incumplió la obligación de notificar a la CNMC la compra de la funeraria Tanatorios Móstoles, S.L. antes de llevarla a cabo en 2019.
◦Se trata de una infracción grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
◦La CNMC requirió a Albia que notificara la compra y, tras analizarla, aprobó la adquisición en primera fase.

La CNMC ha impuesto una multa de 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo asegurador Santa Lucía, por una infracción grave del artículo 62.3.d) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. (SNC/DC/045/21).

El pasado mes de abril, la CNMC abrió un expediente sancionador contra esta empresa por no haber notificado la operación de compra de la funeraria Tanatorios Móstoles, que ejecutó en octubre de 2019 (nota de prensa).

Esta práctica, conocida en el argot de competencia como “gun jumping”, supone un incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), ya que las empresas tienen la obligación de notificar sus operaciones de compra a la CNMC antes de ejecutarlas cuando superan determinados umbrales.

Umbrales de notificación

Es obligatorio notificar la operación a la Comisión cuando la cuota de mercado individual o conjunta de las empresas que participan en la operación sea igual o superior al 50% en cualquiera de los mercados relevantes afectados por la operación.

En este caso, los umbrales se cumplían, al menos, en el mercado minorista de servicios de tanatorio en Móstoles, de acuerdo con las definiciones de mercado vigentes en los precedentes del sector funerario cuando se ejecutó la operación.

Sanción a Albia

El control de las adquisiciones se realiza antes de su ejecución para evitar situaciones anticompetitivas que podrían afectar al interés general y, en tal caso, valorar la posibilidad de condicionar la operación a la previa asunción de compromisos asumidos por la parte o de condiciones fijadas por la CNMC.

Por todo ello, tras la instrucción del expediente, la CNMC ha impuesto a Albia Gestión de Servicios, S.L.U. una multa de 300.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.1 b) de la LDC.
La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Aprobación en primera fase

Por otra parte, el 13 de enero de 2021, la CNMC requirió de oficio a Albia la notificación de la compra de Tanatorios Móstoles.

Después de analizar la operación, el pasado 20 de abril de 2021, la CNMC autorizó en primera fase sin compromisos, la citada adquisición (C/1167/21 Albia/Tanatorios Móstoles), objeto ahora de sanción por las razones indicadas previamente.

Estado de los embalses

miércoles, 28 de julio de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 50 por ciento de su capacidad

Martes 27 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 50 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.958 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 919 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 76,7%
•Cantábrico Occidental al 80,1%
•Miño-Sil al 56,0%
•Galicia Costa al 73,7%
•Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
•Duero al 65,3%
•Tajo al 45,6%
•Guadiana al 33,6%
•Tinto, Odiel y Piedras al 73,4%
•Guadalete-Barbate al 37,1%
•Guadalquivir al 33,0%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,1%
•Segura al 46,5%
•Júcar al 56,5%
•Ebro al 69,7%
•Cuencas internas de Cataluña al 82,9%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Teruel con 35,4 mm (35,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

El Tribunal Supremo confirma la no autorización del ‘toque de queda’ en Tenerife

miércoles, 28 de julio de 2021

Martes, 27 de julio de 2021

El Tribunal Supremo confirma la no autorización del ‘toque de queda’ en Tenerife

La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto de 14 de julio del Tribunal Superior de Justicia canario que acordó no autorizar el ‘toque de queda’ entre las 0.30 y las 6 horas de la isla de Tenerife, o subsidiriamente, los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia COVID superior a 100 casos por 100.000 habitantes. La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio.

El alto tribunal considera que el auto del TSJ canario ha concluido de forma razonada que carece de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife, y que dicha medida restrictiva no era proporcional.

El Supremo se refiere a su reciente sentencia en la que avaló el confinamiento del municipio de Peal de Becerro (Jaén), y destaca que en ese caso la tasa de incidencia era más de diez veces superior al planteado ahora, y además se destacó la alta presencia de asintomáticos y el porcentaje de vacunación, entre otras razones que hacían ineficaces otras medidas diferentes a la adoptada.

Sin embargo, en primer lugar, el Supremo indica que en esa localidad de Jaén se trataba de un cierre perimetral y no de un ‘toque de queda`, “que exige una mayor justificación sobre que las medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública”. Además, coincide con la Sala de instancia en la ‘poca claridad’ en el planteamiento de la pretensión del Gobierno canario “cuando la petición principal era la autorización del ‘toque de queda’ en toda la isla de Tenerife pese a que las cifras aportadas respecto a los distintos municipios identificados no son homogéneas”.

Asimismo, rechaza que exista contradicción entre el pronunciamiento del Tribunal canario y el realizado por los tribunales superiores de Valencia, Cataluña y Cantabria, ya que el Gobierno canario no acreditado que las circunstancias de Tenerife sean coincidentes con las examinadas por esos otros tribunales.

Al respecto, señala que esas otras administraciones autonómicas “fundamentaron su pretensión de ratificación de las medidas con apoyo en los datos de la alta incidencia del número de contagiados y de su presión en el sistema sanitario, lo que la Sala de Canarias echa de menos en este caso”.

Paseo de la Habana

martes, 27 de julio de 2021

España inicia las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX

martes, 27 de julio de 2021

Plan de vacunación solidaria contra la COVID-19

España inicia las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX

Lunes 26 de julio de 2021

La Moncloa

OPS-OMS-COVAX

En cumplimiento del compromiso anunciado por el Presidente del Gobierno en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, España ha iniciado la donación de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe, que se distribuirán a través del mecanismo COVAX.

Tras el acuerdo alcanzado entre AstraZeneca, COVAX y España, las primeras donaciones ascenderán a más de 750.000 dosis y tendrán como destino Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua.

El Gobierno de España ha comprometido un total de 22,5 millones de las vacunas autorizadas en la Unión Europea y utilizadas en España, de las cuales al menos 7,5 millones se destinarán a países iberoamericanos. Las donaciones se canalizarán a través de COVAX -un mecanismo coordinado por la Alianza de Vacunas (GAVI), la Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, con el apoyo logístico de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en línea con la voluntad de España de articular una respuesta multilateral a la crisis provocada por la COVID-19.

El reparto de las dosis destinadas a América Latina y el Caribe se realiza en base a las necesidades epidemiológicas de los diferentes países de la región y a la coordinación de acciones de los diferentes actores implicados que realiza COVAX. La distribución será progresiva, a medida que España ponga las vacunas a disposición del mecanismo. Los primeros países destinatarios son: Paraguay, que recibirá 252.000 dosis; Guatemala, 201.600; Ecuador y Perú, 101.760 respectivamente; y Nicaragua: 97.920. Los envíos se materializarán en los próximos días.

Además, España está actualmente tramitando contribuciones al Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) por valor de 125 millones de euros, a las que se sumará una contribución adicional de 50 millones de euros a COVAX a través de GAVI.

Todo ello se inscribe bajo el Plan de Acceso Universal: Compartiendo las vacunas contra el Covid-19. «Vacunación Solidaria», aprobado por el Ejecutivo español en enero pasado, y que define la estrategia de donaciones. El principal objetivo de este plan es contribuir a garantizar un acceso justo, asequible y universal a la vacuna como un bien público global, con el fin de responder al llamamiento de solidaridad de la sociedad española.

España coordina la donación de las vacunas con la UE y sus Estados miembros, que hasta el momento han contribuido con 2.470 millones de euros a COVAX. El objetivo del mecanismo es inmunizar a, como mínimo, el 20% de la población de las 190 naciones que lo integran antes de que termine el año.

El pleno del TC por unanimidad acuerda mantener suspendido el precepto de la ley de salud de Galicia que impone la vacunación obligatoria

martes, 27 de julio de 2021

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

El pleno del TC por unanimidad acuerda mantener suspendido el precepto de la ley de salud de Galicia que impone la vacunación obligatoria

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha acordado mantener la suspensión de lo dispuesto en el número 5 del art. 38.2 b) de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación obligatoria a la ciudadanía gallega, a fin de controlar las enfermedades infecciosas transmisibles (cualquiera, no sólo el Covid-19) en situaciones de grave riesgo para la salud pública.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, razona que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, y supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano, que ha de someterse a la vacunación si se adopta esta medida, so pena de poder ser sancionado, en caso de negativa injustificada a vacunarse.

Ello significa que apreciar en este caso que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado sería susceptible de provocar perjuicios ciertos y efectivos que pueden resultar irreparables o de difícil reparación, en la medida en que la vacunación puede imponerse en contra de la voluntad del ciudadano.

Por el contrario, el Tribunal Constitucional sí levanta la suspensión que afecta al resto de lo dispuesto en el art. 38.2 de dicha Ley.

Madrid, 22 de julio de 2021

El Pago Medio a Proveedores (PMP) de las CCAA logra en mayo un nuevo mínimo histórico, con 24,45 días, y sigue por sexto mes consecutivo por debajo de los 30 días

martes, 27 de julio de 2021

El Pago Medio a Proveedores (PMP) de las CCAA logra en mayo un nuevo mínimo histórico, con 24,45 días, y sigue por sexto mes consecutivo por debajo de los 30 días

Jueves 22 de julio de 2021 La Moncloa

Billetes de euro

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las Comunidades Autónomas ha registrado en el mes de mayo de 2021 una cifra inferior a los 30 días, con 24,45 días, de forma que vuelve a presentar un nuevo mínimo histórico desde el inicio de la publicación de la serie, en abril de 2018.

Además, se mantiene la tendencia de meses anteriores de forma que es la primera vez que el PMP se sitúa por debajo de los 30 días (plazo máximo establecido en la normativa) durante seis meses consecutivos.

Estos mínimos históricos se deben, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los territorios autonómicos, que han logrado atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes que son proveedoras de estas Administraciones.

El PMP de la Administración Central se cifra en el quinto mes del año en 29,49 días.

Las Entidades Locales tienen un plazo de pago a proveedores de 70,05 días en mayo, lo que supone una bajada de 9,62 días en relación con abril. Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se cifra en mayo en 12,16 días.

Datos de la Administración Central

El PMP de la Administración Central se ha cifrado en 29,49 días en mayo de 2021.

La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 25,12 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 36,77 días.

Datos de las CCAA

En las Comunidades Autónomas, el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en mayo de 2021 en 24,45 días, con lo que desciende en 0,85 días con respecto al mes anterior (-3,36%).

En relación a la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 20,08 días y la de operaciones pendientes de pago en 32,77 días. Ello supone una disminución de 1,04 días de la ratio de operaciones pagadas, y una bajada de 0,16 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

Ninguna comunidad presenta este mes un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad. Además, sólo hay dos Comunidades que incumplen el plazo de 30 días.

Periodos medios de pago a proveedores en las comunidades autónomas

Periodos medios de pago a proveedores en las comunidades autónomas

Deuda comercial

El importe de la deuda comercial se cifra en 2.755,78 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB nacional. Ello supone una disminución de 101,10 millones de euros con respecto al mes anterior (-3,54%).

El volumen de deuda comercial global vuelve a presentar el valor mínimo de la serie publicada desde abril 2018.

La causa principal de ese descenso es el establecimiento de medidas de liquidez que en favor de las CCAA ha puesto en marcha el Estado. Ya en diciembre la deuda comercial bajó casi un 30% respecto a diciembre del año anterior, y esa evolución se está manteniendo en todos los meses de 2021. Es decir, aunque las operaciones comerciales han aumentado por efecto de la crisis sanitaria, los pagos se han incrementado todavía más por las medidas de liquidez del Estado, lo que hace que la deuda comercial se haya reducido.

Medidas por la COVID-19

Como lleva ocurriendo prácticamente todo el último año, la evolución del PMP y de la deuda comercial están relacionadas con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas entre marzo de 2020 y mayo de este año se han incrementado, en media mensual, en un 14,76% con respecto al ejercicio 2019, año previo a la crisis sanitaria.

Teniendo en cuenta el aumento del volumen de operaciones tramitadas, para contener la deuda comercial y el PMP ha sido básico el incremento del volumen de pagos efectuados por el conjunto de Comunidades Autónomas.

De esta forma, los pagos de naturaleza comercial realizados en los primeros cinco meses de 2021 han ascendido a 25.611,59 millones de euros, correspondiendo a pagos de naturaleza sanitaria 16.618,15 millones de euros, produciéndose un incremento del 2,44% en los de naturaleza comercial y una disminución del 0,65% en los pagos sanitarios con respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, en relación con el mismo periodo del ejercicio 2019, los pagos de operaciones comerciales se han incrementado un 11,30% y 15,01% en el caso de las operaciones sanitarias.

Asimismo, la media mensual de los pagos de las operaciones de carácter comercial se ha visto incrementada durante el periodo transcurrido desde el mes de marzo de 2020 hasta la fecha, de forma que con un importe de 5.284,67 millones de euros aumenta un 13,74% respecto a la media mensual de los pagos del ejercicio 2019. En el ámbito sanitario, dicho incremento supone el 21,24%.

Además, en la evolución de la deuda comercial y del incremento de pagos efectuados, han resultado determinantes las medidas de liquidez adoptadas por el Estado para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.

De esta manera, para las Comunidades Autónomas de régimen común cabe destacar el abono en los meses de marzo y abril de 2020 de una cuantía global de 2.862,55 millones de euros correspondientes al mayor importe derivado de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Además, a través del llamado Fondo COVID-19, en los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2020 se distribuyeron fondos en favor de las Comunidades Autónomas por un importe conjunto de 16.000 millones de euros.

Finalmente, destacan las cantidades abonadas a terceros y proveedores en el ámbito del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, que en el período comprendido entre marzo de 2020 y mayo de 2021 han ascendido a un importe de 9.070,65 millones de euros.

Este conjunto de medidas está permitiendo que los niveles de deuda comercial y PMP de las CCAA no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria. De hecho, con respecto a los datos de mayo de 2020, la deuda comercial se ha reducido un 36,87%, mientras que la deuda comercial sanitaria presenta una disminución del 38,61%. El PMP también experimenta una evolución favorable disminuyendo un 30,02% hasta los 24,45 días (también presenta el mínimo valor de la serie histórica) y se sitúa por sexto mes consecutivo por debajo de los 30 días.

Datos de las Corporaciones Locales

Las entidades de cesión presentan en mayo un Período Medio de Pago a Proveedores de 70,05 días, lo que supone, frente a abril de 2021, un descenso de 9,62 días.

Periodos medios de pago a proveedores en corporaciones locales

Periodos medios de pago a proveedores en corporaciones locales

El dato de media del subsector está calculado conforme a la misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, es decir, que se ponderan los días en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores.

Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 38,15 días, alejado de los 70,05 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.

Además, de las 151 entidades que han presentado información, 111 cumplen con el Período Medio de Pago en mayo, de forma que el 73,5% presentan en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan un 11,26% de las entidades que presentan información del subsector, el Período Medio de Pago se sitúa en los 23,27 días.

De las principales ciudades, prácticamente todas rebajan su PMP respecto al mes anterior. Tres ciudades presentan un PMP superior a 30 días y una de ellas supera los 60 días.

Periodo medio de pago a proveedores en las principales ciudades

Periodo medio de pago a proveedores en las principales ciudades

El PMP en los Fondos de la Seguridad Social

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de mayo se ha situado en 12,16 días. El indicador ha aumentado en un día respecto al mes anterior. La ratio de operaciones pagadas se cifra en 11,25 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 16,74 días.

La nueva estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo

martes, 27 de julio de 2021

Departamento de Comunicación – Banco de España – Eurosistema

9 de julio de 2021

La nueva estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo

Publicado en El País

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) adoptó el 7 de julio una nueva estrategia de política monetaria. Esta determinará la forma en la que el BCE conducirá su política monetaria en los próximos años, lo que afectará de manera decisiva a la economía del área del euro. Por ello, los ciudadanos merecen conocer la motivación y los ejes principales de esta nueva estrategia.

El Tratado de Maastricht, que dio paso a la Unión Económica y Monetaria, asignó al BCE un mandato principal: asegurar la estabilidad de precios en el conjunto del área del euro, como condición necesaria para la estabilidad macroeconómica y, por tanto, para el bienestar de la sociedad.

El BCE debía decidir de manera autónoma la definición exacta de ese objetivo y cómo conseguirlo. En 1998definió la estabilidad de precios como un aumento interanual del Índice
Armonizado de Precios de Consumo (IPCA) del área del euro inferior al 2 por ciento. En 2003, la institución clarificó que el objetivo era mantener la inflación por debajo, pero cerca, del 2 por ciento en el medio plazo. El BCE utilizaría como instrumentos principales los tipos de interés oficiales a los que presta y toma depósitos de los bancos. Estos tipos se transmiten a las condiciones de financiación de los agentes públicos y privados y a los precios de los activos financieros y reales y, en última instancia, influyen sobre la actividad económica y la inflación.

Los cambios experimentados por la economía europea desde 2003 y los nuevos retos de futuro hacían necesaria una nueva actualización de la estrategia. Desde la perspectiva del BCE, el cambio más relevante ha sido la caída progresiva de los llamados tipos de interés de equilibrio, es decir: aquellos que permiten mantener la actividad económica en su nivel potencial y la inflación en su nivel objetivo. Detrás de esta caída hay factores como el menor crecimiento de la productividad, el progresivo envejecimiento poblacional o el legado de la crisis financiera global.

En este contexto, para cumplir con su mandato de estabilidad de precios, en los últimos años el BCE ha reducido sus tipos de interés oficiales hasta niveles históricamente bajos, situando algunas de sus referencias principales incluso en terreno negativo.
Es el caso de la remuneración que reciben los bancos por depositar su liquidez en el BCE y que actualmente se encuentra en el -0,5 por ciento. Pese a ello, la inflación del área del euro se ha mantenido significativamente por debajo del 2 por ciento desde 2014, salvo en momentos muy puntuales. De hecho, el entorno de inflación por debajo del objetivo, junto con la existencia de un límite inferior en el nivel de los tipos de interés, ha llevado al BCE, al igual que a otros bancos centrales, a hacer uso de nuevos instrumentos de política monetaria, como las compras de activos financieros, con el fin de proporcionar un mayor estímulo monetario.

¿Por qué existe esa cota inferior a los tipos de interés? Los tipos de interés no pueden descender indefinidamente sin causar fricciones en el normal funcionamiento del sistema financiero, lo que eventualmente podría suponer una merma de la propia efectividad de la política monetaria. Esto es lo que se conoce como el problema del “límite inferior de los tipos de interés”. Esta limitación en la capacidad de actuación del banco central, cuando permanece en el tiempo, puede terminar generando un sesgo a la baja tanto en la inflación observada como en las expectativas de los agentes acerca de su evolución futura, lo que dificulta la labor del banco central para alcanzar la estabilidad de precios.

El problema del límite inferior de los tipos de interés era bien conocido en 2003, pero la posibilidad de que pudiera restringir la actuación del BCE se consideraba poco probable y de escasa relevancia práctica. No obstante, la experiencia posterior ha demostrado que dicho límite inferior, junto con la mencionada caída en los tipos de interés de equilibrio, son el principal desafío al que se enfrenta la política monetaria del BCE. Para hacerle frente, nuestra nueva estrategia de política monetaria incluye dos innovaciones importantes.

En primer lugar, se establece un nuevo objetivo de inflación del 2 por ciento en un horizonte de medio plazo. Este objetivo es, por tanto, ligeramente superior al anterior. También se enfatiza que dicho objetivo es simétrico, en el sentido de que consideramos las desviaciones positivas y negativas respecto del objetivo como igualmente indeseables. Por tanto, la nueva formulación elimina la indefinición y la asimetría percibida en el anterior objetivo de inflación (que, recordemos, era “inferior, pero cercano, al 2 por ciento”). En los últimos años, esa asimetría, de hecho, habría contribuido a la persistencia de la inflación baja en el área del euro al resultar poco efectiva para anclar las expectativas de inflación en el objetivo establecido. En definitiva, en el nuevo marco estratégico, el 2 por ciento no es un “techo” a la inflación, sino el objetivo en el medio plazo.

En segundo lugar, y quizás más importante de cara a hacer frente al problema del límite inferior, nuestra nueva estrategia reconoce explícitamente que el compromiso de simetría en la inflación alrededor del 2 por ciento requiere una política monetaria especialmente contundente o persistente cuando los tipos de interés se encuentran cerca de su límite inferior, para así evitar que se afiancen las desviaciones negativas respecto del objetivo de inflación. Un aspecto relevante que se recoge explícitamente en el nuevo marco estratégico es que una respuesta de la política monetaria de este tipo puede implicar periodos transitorios en los que la inflación se sitúe moderadamente por encima del objetivo.
En cuanto a los instrumentos de política monetaria, el principal seguirá siendo el conjunto de tipo de interés oficiales. Pero también utilizaremos, según proceda, el arsenal de herramientas introducidas en los últimos años, en especial, las indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria (forward guidance), las compras de activos financieros y las operaciones de financiación a más largo plazo. Y, si resulta necesario para lograr el objetivo de estabilidad de precios, consideraremos nuevos instrumentos.

En relación a la medición de la inflación, el IAPC se mantiene como el índice de precios adecuado para evaluar la consecución del objetivo de estabilidad de precios. No obstante, para mejorar la representatividad de la tasa de inflación relevante para los hogares, se reconoce la conveniencia de incorporar, cuando sea técnicamente posible, los costes asociados a la vivienda en propiedad. Para ello, será necesario separar el valor de la vivienda que viene dado por su naturaleza de activo real frente al valor que ofrece a su propietario como bien que, a su vez, produce un servicio residencial, siendo este último componente el relevante para la política monetaria.

Además, hemos anunciado nuestro compromiso de asegurar que el Eurosistema tenga en cuenta las implicaciones del cambio climático para la política monetaria y la actividad de banca central mediante un plan de actuación que incorpore factores climáticos en la evaluación de la política monetaria y adapte el marco operativo de la misma.

En definitiva, todos los que componemos el Consejo de Gobierno del BCE esperamos que estas modificaciones de nuestra estrategia mejoren nuestra capacidad de cumplir con el mandato que los tratados fundacionales confirieron a esta institución y que tan relevante resulta para favorecer la prosperidad económica y el bienestar de los ciudadanos europeos.

La recuperación de la economía española necesita de un clima empresarial favorable

martes, 27 de julio de 2021

La recuperación de la economía española necesita de un clima empresarial favorable

El Instituto de Estudios Económicos revisa al alza sus previsiones de crecimiento de la economía española para el periodo 2021 – 2022.
Se prevé una tasa del PIB para 2021 del 5,4% y del 5,7% para el año próximo.

Estas previsiones reflejan un escenario central en el que se materializa un buen avance de la vacunación y la relajación de las restricciones a la actividad y la movilidad, aunque debe de continuar con cierta cautela.

El empleo no mostrará una recuperación tan intensa como el PIB, por lo que la tasa de paro se estabilizará en 2021, alrededor del 15,5%, para moderarse en 2022, hasta situarse en el 14,8%.
Las claves para consolidar la recuperación de la economía: corrección de los desequilibrios de las finanzas públicas y del mercado laboral, uso apropiado de los fondos de recuperación europeos y un plan ambicioso de reformas estructurales.

Madrid, 15 de julio de 2021. Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, Presidente y Director General del IEE, respectivamente han presentado el Informe semestral de Coyuntura Económica «La recuperación de la economía española necesita de un clima empresarial favorable”. El Informe recoge el buen avance de la vacunación, que, junto con la relajación de las restricciones a la actividad y a la movilidad, están favoreciendo el fortalecimiento de la economía y haciendo que la recuperación mundial gane intensidad en el segundo trimestre del año. Se prevé que para 2023 el crecimiento global vuelva a tasas del 3,5%, en línea con los niveles promedio de la etapa anterior a la crisis.

Pero a pesar de las buenas perspectivas económicas, continúa habiendo motivos para mantener cierta cautela sobre la intensidad de la recuperación, ya que la pandemia aún persiste, y podría afectar a la movilidad y a la producción de determinados bienes y materias primas; si se prolongase el aumento de la inflación en el tiempo, podría anticiparse cambios en la política monetaria de los bancos centrales que afectarían al crecimiento y podrían generar tensiones financieras sobre las economías emergentes más endeudadas; y, el elevado nivel de endeudamiento existente y el escaso margen fiscal de muchos países para hacer frente a un posible shock negativo, afectaría al crecimiento potencial de las economías.

La economía en España

Durante el primer trimestre del año en España, el recrudecimiento de la situación sanitaria, el aumento de las restricciones, la lentitud en el proceso de vacunación y otros factores han dado lugar a un deterioro de las expectativas de los consumidores y de determinados sectores, que han lastrado el crecimiento del PIB, que según las estimaciones registró un nuevo retroceso, del -0,4% intertrimestral. A partir del segundo trimestre, la aceleración del proceso de vacunación y el levantamiento de ciertas restricciones han propiciado una notable mejoría de las expectativas. En este contexto, se observa una mejor evolución de aquellos sectores que estaban sufriendo más las restricciones. Con la información disponible de una gran parte de los indicadores coyunturales del segundo trimestre se estima que el crecimiento intertrimestral del PIB se situará en el orden del 2% en este periodo, actividad que podría acelerarse en el tercer y cuarto trimestre, si los sectores que todavía no se han recuperado ganasen dinamismo, especialmente el turismo. El Instituto de Estudios Económicos prevé una recuperación de la economía española, cuyo PIB podría registrar una tasa del 5,4% en 2021, que se intensificaría en 2022 con un crecimiento del 5,7%. Así, la reactivación económica será muy gradual y los niveles de PIB precrisis podrían no recuperarse hasta finales de 2022.

El crecimiento de 2021 vendrá impulsado fundamentalmente por la recuperación de la demanda interna, gracias al mayor dinamismo del consumo de las familias y la inversión. En lo que respecta al sector exterior, se espera que el saldo de turismo mejore gradualmente en línea con el aumento de la llegada de turistas extranjeros, al tiempo que las exportaciones continúan avanzando a mayor ritmo que las importaciones, lo que permitiría que la economía española registre un superávit en la balanza por cuenta corriente de en torno al 1% del PIB en 2021 y algo superior en 2022.

El empleo no mostrará un crecimiento tan intenso como el PIB en 2021 y en 2022 debido a la reincorporación de los trabajadores en ERTE. Además, parte de los parados que pasaron a ser inactivos durante la pandemia podrían volver a incrementar las cifras de desocupados. Así, la tasa de paro se estabilizará en 2021, alrededor del 15,5%, para moderarse en 2022, hasta situarse en el 14,8%.

La inflación en 2021 va a seguir muy condicionada por la evolución del precio del petróleo y de los productos energéticos en general. El IEE prevé cerrar 2021 en un 1,7% y para 2022 en un 0,8%.

Por su parte, el gasto público aumentará con respecto a 2020, si bien minorase el gasto corriente asociado a la pandemia, y los ingresos, aunque mejorarán con respecto a 2020, todavía serán inferiores a los anteriores a la crisis. Por todo ello se estima que el déficit público disminuirá menos de lo deseable en 2021 (hasta el -8,6% del PIB) y algo más en 2022 (-6,2% del PIB), lo que repercutirá en nuevos aumentos de la deuda pública y supondrá un elemento de debilidad para la economía española en el futuro.

Claves para el desarrollo económico

Ante el escenario expuesto, deben de llevarse a cabo las medidas necesarias para mejorar el potencial de crecimiento de la economía, impulsar la productividad, aumentar la tasa de empleo, corregir los desequilibrios y reducir las vulnerabilidades de nuestra economía. Es fundamental crear un clima de certidumbre y confianza que favorezca, y no entorpezca, el desarrollo de la actividad de las empresas, para generar empleo. Una de las claves para la evolución de la economía a medio plazo se centra en los fondos europeos ya que suponen una oportunidad única para España, por lo que es fundamental aprovecharlos de forma apropiada. Es crucial asegurar un uso eficiente y responsable de estos, dirigidos a proyectos de inversión productiva. Además, estas inversiones deben ser capaces de movilizar la inversión privada para potenciar el efecto dinamizador y de arrastre de los fondos. En este sentido, la participación de las empresas en estos proyectos es fundamental, ya que la aportación del enfoque empresarial contribuirá a una gestión y utilización eficiente de los recursos, por lo que la colaboración pública-privada resulta esencial.

Otra de las claves es un programa ambicioso de reformas estructurales, profundas y atrevidas, evitando las reformas superficiales. Además, no deberían revertirse las ya realizadas y que han funcionado. La puesta en marcha de unas reformas estructurales apropiadas contribuirá a un mejor aprovechamiento de los fondos europeos, incrementando su efecto tractor y dinamizando la recuperación.

Por último, las debilidades de las finanzas públicas y las amenazas del entorno sobre la viabilidad de nuestro Estado de bienestar hacen necesario que se diseñe una estrategia a corto y medio plazo de consolidación fiscal orientada a asegurar un entorno económico estable y previsible y que contemple como principales objetivos la reducción tanto del déficit estructural como de los niveles de deuda pública. Ahora bien, el camino hacia la necesaria consolidación fiscal ha de ser el de la contención y la mejora de la eficiencia del gasto, habida cuenta de los perjuicios sobre la actividad económica que tienen las alzas impositivas, la vía menos dañina, y más eficaz a largo plazo, para abordar la necesaria reducción del déficit, pasa por la contención del gasto. Así, si el incremento de los impuestos tiene una elevada incidencia negativa sobre la actividad y el empleo, que además se prolongan durante un largo período de tiempo, la contención del gasto asegura un efecto positivo a medio plazo, ya que genera confianza en los agentes acerca de la credibilidad del proceso de consolidación fiscal.

Medidas para las empresas

Las empresas son la principal fuente de creación de empleo y el principal contribuyente en el ámbito social, por lo que necesitan mercados laborales eficientes y sistemas de bienestar que estén bien diseñados para garantizar aún más el progreso económico y social en su conjunto. Las políticas de empleo y los sistemas de protección social han de mantener el crecimiento, la ocupación y la competitividad, así como para garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar. Los empresarios y los trabajadores deben adaptarse ante estas circunstancias en un renovado equilibrio entre adaptabilidad y seguridad.

Por último, la necesidad de introducir un conjunto de medidas adecuadas que incentiven tanto la mejora de la productividad como la del marco regulatorio-institucional, deben introducir elementos concretos para que superen de forma permanente los desequilibrios que nuestro modelo de crecimiento económico pueda generar en el corto y medio plazo; adaptar nuestra estructura productiva como ejercicio de prospectiva con los grandes retos que tiene que afrontar la economía española, tales como el crecimiento a largo plazo, el envejecimiento demográfico, el cambio tecnológico o la sostenibilidad entre otros; y permitir, a su vez, dar respuesta a los cambios inesperados que se puedan producir en el entorno.

Desde un punto de vista técnico, para promover una visión a más largo plazo de la economía española se necesita un mayor reconocimiento y estímulo de la actividad empresarial como principal agente generador de bienestar social y de cambio y modernización de la economía española. Este enfoque es esencial para reforzar y construir la mejor España del futuro, puesto que la economía en 2050 será, fundamentalmente, la resultante del esfuerzo inversor y de las mejoras de eficiencia y competitividad alcanzadas por nuestras empresas. Por todo ello es necesario desde ahora crear un clima especialmente favorable a la actividad empresarial y al empleo. La adaptación y transformación de nuestro tejido productivo ante los retos anteriormente mencionados, solo será viable si puede apoyarse en un clima favorable para la actividad empresarial.

Por todo ello es necesario promover el restablecimiento de unas condiciones óptimas para que pueda operar la recuperación de la inversión empresarial, factor determinante de la generación de empleo y, por tanto, de la reactivación de la actividad económica.

En memoria de Juergen B. Donges

Este informe está dedicado a la memoria del profesor Juergen B. Donges, fundador de las Reuniones de Coyuntura Económica del IEE y Asesor Científico de nuestra institución a lo largo de casi 40 años. Desde el Instituto de Estudios Económicos lamentamos profundamente su irreparable pérdida, tras su fallecimiento el pasado 25 de junio. Para este homenaje hemos contado con las aportaciones de importantes economistas y profesores que han colaborado en estos años con el IEE.

Ordoño II

lunes, 26 de julio de 2021

Aumentan un 18% los ERE en el primer cuatrimestre del año

lunes, 26 de julio de 2021

Aumentan un 18% los ERE en el primer cuatrimestre del año

Sindicato USO.

23 julio, 2021

Los ERE aumentaron un 18,1% de enero a abril de 2021. USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del ET para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos

Los ERE aumentaron con respecto a 2020. Este es uno de los datos de la Estadística de Regulación de Empleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los datos correspondientes al periodo de enero a abril de 2021.

Un total de 5.021 trabajadores fueron incluidos en un ERE en los primeros cuatro meses del año, lo que supone un 18,1% más que en el mismo periodo de 2020.

El aumento de los trabajadores afectados por despidos colectivos con respecto a 2020, denota que, por un lado, hay empresas que no han podido mantener el empleo pese a las medidas adoptadas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. “Y, por otro, que hay empresas que están aprovechando la coyuntura para cerrar centros de trabajo en España o aligerar la plantilla presentando un ERE sin base como es el caso de LM Wind Power que plantea el despido de casi 400 personas en su centro de Ponferrada”, critica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Por ello, USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1483/2012, de Procedimientos de Despido Colectivo, para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos. “De esta forma se devolvería a la autoridad laboral la competencia de paralizar o suspender procesos de despido colectivo. Esta medida la solicitamos hace un año, ante el peligro claro de que los ERTE se convirtieran en ERE, pero seguimos sin tener noticias del Gobierno”, denuncia García.

25.010 afectados por despidos colectivos, suspensiones de contrato o reducción de jornada

La Estadística de Regulación de Empleo recoge información sobre empresas, procedimientos y trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada. En el primer cuatrimestre de 2021, el total de trabajadores afectados por estas medidas ascendió a 25.010. De estos, 8.091 (32,4%) estaban
afectados por procedimientos por causa de fuerza mayor y 16.919 (67,6%), por procedimientos de regulación por
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Por otro lado, a 19.989 trabajadores (79,9%) se les han aplicado suspensiones de contrato o reducciones de jornada, frente a los 826.393 que se registraron en el primer cuatrimestre de 2020. De esta forma, se redujeron un 97,6%.

El descenso de personas afectadas por ERTE con respecto a 2020, responde a una consecuencia lógica de la vuelta a la actividad con respecto a los momentos de declaración de estado de alarma, confinamiento domiciliario y paralización de la actividad que tuvo lugar entre marzo y abril de 2020.

En cuanto a los sectores con más medidas de regulación de empleo destacan comercio y reparación de vehículos; actividades administrativas; industria manufacturera y transporte y almacenamiento. En este sentido, llama la atención que los sectores donde se están adoptando estas medidas no sean los sectores más afectados por las restricciones de movilidad y vida social a consecuencia de la pandemia.

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias se sitúan a la cabeza en la aplicación de estas medidas.