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jueves, 1 de julio de 2021

El Congreso aprueba la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que combatirá las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías

jueves, 1 de julio de 2021

El Congreso aprueba la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que combatirá las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías

Miércoles 30 de junio de 2021 La Moncloa

El Congreso ha aprobado definitivamente el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, después de haber culminado con éxito su tramitación parlamentaria.

Esta norma permite la adaptación de las herramientas para combatir las nuevas formas de comportamientos fraudulentos asociados a las nuevas tecnologías, en línea con las políticas que desarrollan otros países del entorno. También refuerza los instrumentos para perseguir la elusión que realizan las grandes multinacionales mediante la planificación fiscal abusiva.

El Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre de 2020 y ha seguido los trámites parlamentarios correspondientes. La aprobación de esta norma se enmarca en la estrategia del Gobierno de modernizar el sistema tributario español y adaptarlo a los retos del siglo XXI. De hecho, esta medida se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del componente 27 del citado plan, denominado ‘Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal’.

El Proyecto de Ley contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario a la normativa española, como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal y la economía sumergida. Asimismo, pretende reducir la litigiosidad de los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Medidas concretas para atajar el fraude

Entre las medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Asimismo, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales, evitando que existan agravios comparativos con la mayoría de contribuyentes, que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Con esta Ley se rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. Además, se incluyen en esa lista de deudores a los responsables solidarios.

La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse ‘jurisdicciones no cooperativas’, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.

En sintonía con el objetivo de combatir las nuevas fórmulas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías, la Ley establece la prohibición de la producción, tenencia o comercialización del denominado ‘software de doble uso’, donde se emplean programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y que pueden ser usados por empresas infractoras para ocultar parte de su actividad.

Además, mediante esta norma se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales.

Valor de referencia

Esta nueva Ley contempla además una reforma que permitirá que, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierta en la base imponible de los tributos patrimoniales, esto es, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta misma regla será aplicable en el Impuesto sobre el Patrimonio para los inmuebles en cuya adquisición, onerosa o lucrativa, la base imponible haya sido el valor de referencia del Catastro.

El objetivo de la medida es reducir la litigiosidad provocada por el valor real, un concepto ambiguo que los tribunales asemejaban al valor de mercado. Tal y como señala explícitamente la Ley, el nuevo valor de referencia no puede superar el valor de mercado, para lo que se emplean factores de minoración en su determinación, de manera que su uso como base imponible no implica un aumento de la tributación.

El valor de referencia de cada inmueble se basa en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario público. Además, se realizarán valoraciones individualizadas teniendo en cuenta las características de cada inmueble (calidad constructiva, antigüedad, estado de conservación…). Por tanto, se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por el Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo.

Este nuevo uso del valor de referencia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas. De hecho, todas las Comunidades de régimen común están suscribiendo convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia.

Hay que recordar que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

El valor de referencia sólo afectará a quien adquiera un inmueble a partir del 1 de enero de 2022, y a la vez tenga que tributar, bien por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, bien por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Igualmente, sólo podrá afectar al Impuesto sobre el Patrimonio en lo que se refiera a inmuebles adquiridos a partir de entonces, en ningún caso al patrimonio preexistente.

Trasposición directiva antielusión

La nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incluye también la trasposición de la directiva europea antielusión fiscal (ATAD), por la que se establecen normas contra estas prácticas que inciden en el mercado interior.

En el proyecto de Ley aprobado hoy se incorporan a la legislación española los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o «Exit Tax».

De esta forma, se persigue reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización. Además, se quiere asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Cumplimiento voluntario de las obligaciones

La nueva norma contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Asimismo, este proyecto de Ley incluye medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.

Incorporación de enmiendas

Durante el trámite parlamentario se han incorporado además una serie de enmiendas que refuerzan el carácter de justicia fiscal que persigue la ley. En el Congreso, por ejemplo, se aprobó que las Socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) tributarán al 15% por sus beneficios no distribuidos.

Además, en lo que se refiere a las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), se refuerza su control mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser 100.

Otra enmienda introducida en la Cámara Baja contempla que cuando sea necesario llevar a cabo una inspección tributaria en el domicilio de un contribuyente, la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento, bien del obligado tributario, bien una autorización judicial. La solicitud de la autorización judicial para la entrada en un domicilio deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad. Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento.

Otras enmiendas han sido introducidas durante su trámite en el Senado y permitirán mantener el actual tratamiento fiscal a las herencias transmitidas en vida, los llamados ‘pactos sucesorios’, en aquellos bienes que sean vendidos a partir de los cinco años posteriores a esa transmisión.

Bajada temporal del IVA de la luz: claves y sombras de una medida superficial

jueves, 1 de julio de 2021

Bajada temporal del IVA de la luz: claves y sombras de una medida superficial

25 junio, 2021 USO

Rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de año, pero solo para los colectivos especialmente vulnerables

El IVA de la luz baja oficialmente del 21% al 10% hasta el 31 de diciembre de este año, pero lo hace para sectores muy concretos de la población. Esta rebaja del IVA de la luz solo se le aplicará a los hogares especialmente vulnerables, los que tengan concedido el bono social, y los que tengan contratada la potencia mínima: hasta 10kw.

Para el resto de hogares, la única rebaja será la del Impuesto a la Generación Eléctrica, que se suspende durante el tercer trimestre del año (1 de julio a 30 de septiembre), para paliar la subida anormal de precios para esta época. Esta tasa, que asciende al 7%, supondrá, según cálculos de organizaciones de consumidores, la rebaja de unos 7 mensuales en el recibo de la luz de un consumidor medio. Las proyecciones de los precios de la energía, no obstante, prevén precios similares a los actuales durante un período mucho más largo.

El IVA: un alivio momentáneo, punta del iceberg del necesario cambio impositivo

El IVA es una parte importante de lo que el usuario final paga en la factura eléctrica, y también uno de los impuestos más indiscriminados e injustos, por no ser progresivo en función de las rentas de cada consumidor. Por ello, la rebaja de esta tasa va en la línea con lo que pedimos desde USO, no gravar como bien de consumo lo que es en toda regla un suministro básico y al que debería aplicársele el IVA superreducido del 4%. Lejos aún de la bajada aprobada hoy, que, además, es transitoria. Y que no llega ni al hogar medio ni a las microempresas más vulnerables, con autónomos al frente.

Pero los impuestos a la energía van mucho más allá. El secretario de Transición Ecológica de la Federación de Industria de USO, Carlos Padilla, recuerda que casi el 65% de nuestra factura de la luz son impuestos. Estos se han ido añadiendo de forma desordenada según han ido surgiendo nuevas realidades en la producción energética. Y, en algunos casos, se dan incluso duplicidades sobre el concepto gravado. Ha ocurrido con la metamorfosis de las energías fósiles, con la llegada de las renovables, con lo destinado a nuclear, con las tasas por emisiones…

Medidas necesarias en la regulación eléctrica

Por ello, “esta medida es un tratamiento momentáneo, que efectivamente alivia un poco el bolsillo de las familias más vulnerables, aunque no tanto del consumidor medio. Pero, sobre todo, es la punta del iceberg del caos de la regulación fiscal energética. La reducción del IVA, que debería ser al 4%, es una medida que desde USO ya hemos defendido como plan de choque rápido ante la escalada de los precios de la energía. Pero debe dar paso a un debate y profundas reformas de la fiscalidad en nuestro país y de la fiscalidad de la energía en particular”, advierte Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Así, “las tasas eléctricas no pueden ir por un camino diferente a la estrategia energética y al mix de generación por el que apostemos, que debe ir en la senda de un desarrollo sostenible. Por lo tanto, es necesario saber qué modelo energético queremos para España para saber cómo lo gravamos y también cómo se estructura el sistema de subastas. Obviamente, esto obliga a acometer la reforma fiscal integral que se ajuste a una economía digitalizada y obtenga los ingresos para las arcas públicas de otras actividades que deberían tributar más que un hogar por su consumo de luz”, recuerda Pérez.

Luis Planas: Avanzamos hacia una nueva política agraria más justa y más sostenible

jueves, 1 de julio de 2021

Ratificado el acuerdo para la reforma de la PAC

Luis Planas: Avanzamos hacia una nueva política agraria más justa y más sostenible

Lunes 28 de junio de 2021

Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la ratificación por los Estados miembros del acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC), alcanzado entre Consejo y Parlamento Europeo, supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones.

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado en Luxemburgo ha ratificado hoy el acuerdo alcanzado el pasado viernes, con lo que finaliza con éxito un proceso que ha resultado muy complejo, no exento de dificultades, y cuya negociación se inició hace tres años.

El ministro ha recordado que en este tiempo han surgido situaciones que han complicado la reforma de la PAC como la negociación del nuevo marco financiero, sometida a la tensión del Brexit, los cambios en el colegio de comisarios y en el Parlamento Europeo, la irrupción de nuevas prioridades políticas en la UE como el Pacto Verde y la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

El acuerdo alcanzado, según Planas, proporciona un marco equilibrado y estable para que el sector agrario pueda planificar su actividad en los próximos años.

España ha cubierto sus objetivos, tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual, primero, como en la negociación específica de la PAC, y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.

Estamos ante una PAC que va en línea con las nuevas demandas del siglo XXI, no solo es más social y medioambiental, sino también más igualitaria -España ha sido el país que ha conseguido incluir el enfoque de género en la política agraria- y con decididas medidas para apostar por el necesario relevo generacional para asegurar también el futuro del mundo rural.

Con el acuerdo ratificado hoy, se garantiza que este presupuesto se podrá aplicar de forma equilibrada entre la necesaria sostenibilidad ambiental y la imprescindible sostenibilidad económica para la actividad agrícola y ganadera, con la suficiente flexibilidad y tiempo para que las explotaciones puedan adaptarse a los cambios que necesitan para afrontar esta nueva etapa.

Ahora, los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos, atendiendo a las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura, una de las aspiraciones que ha venido defendiendo España.

El enfoque del reglamento permite que este Plan Estratégico pueda elaborarse teniendo en cuenta la distribución competencial española, con la participación efectiva por tanto de las comunidades autónomas.

Se trata de un trabajo conjunto que garantizará la coherencia y complementariedad del plan en todos los territorios, ha explicado Planas. El ministerio convocará en los próximos días una Conferencia Sectorial monográfica con las comunidades autónomas para abordar la aplicación de la PAC en España.

El acuerdo permite una mayor subsidiariedad en los estados miembros para el diseño de sus planes específicos, cuyas medidas podrán ajustarse a las necesidades cada país. El Plan Estratégico deberá estar elaborado antes de que finalice el año para su remisión a la Comisión Europea, a quien compete su aprobación definitiva.

Sostenibilidad económica y ambiental

Cartel Política Agrícola ComúnEl acuerdo final sobre la PAC garantiza un equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental para una transición de modelo justa, y como ha defendido España, permitirá dedicar un 60 % de los importes de los pagos directos a ayuda básica a la renta en nuestro Plan Estratégico, cumpliendo así el nivel previsto en el análisis de necesidades elaborado por el MAPA en colaboración con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y medioambientales. «Garantizamos certidumbre y seguridad a nuestros los agricultores y ganaderos», ha asegurado Planas.

Entre otros logros destacados para los intereses de España, se aumenta el porcentaje de los pagos directos que puede destinarse a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción), de las que se benefician sectores productivos con especiales dificultades, y se permite impulsar nuevas intervenciones sectoriales como las previstas para apoyar el olivar tradicional. Los Estados podrán disponer de hasta el 13 % de los pagos directos para ayudas vinculadas a la producción en sectores con más necesidades, tres puntos más que la propuesta inicial de la Comisión. A este porcentaje se podrá añadir un 2 % adicional destinado a cultivos proteicos.

Una de las principales novedades de la reforma de la PAC es la introducción de los ecoesquemas, herramientas clave para la transformación medioambiental. El acuerdo final contempla que el 25 % de las ayudas directas se destinarán a estos ecoesquemas, prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionen beneficios climáticos y medioambientales. Se trata de prácticas voluntarias que remunerarán los compromisos medioambientales de las explotaciones.

Luis Planas ha destacado que los Estados dispondrán de suficiente flexibilidad para que los fondos destinados a ecoesquemas que no sean utilizados en un año concreto no se pierdan y puedan ser trasladados a otras intervenciones, especialmente durante los dos primeros años. El reto ahora, según ha explicado el ministro, es encontrar complementariedad y coherencia de estas medidas con los compromisos agroambientales que diseñarán las comunidades autónomas.

Jóvenes y relevo generacional

La nueva PAC dará un mayor protagonismo a los jóvenes y al necesario relevo generacional, de forma que al menos un importe equivalente al 3 % de las ayudas directas tendrán que ser destinadas a este capítulo, a través de pagos complementarios. Además, se mantiene el apoyo a la primera instalación que podrá ser de hasta 100.000 euros por cada joven.

El Plan Estratégico incluirá también medidas de apoyo a los jóvenes adaptadas a sectores y territorios específicos, destinadas a superar las barreras que dificultan su incorporación a las actividades agrícolas y ganaderas.

Igualdad de género

Pastora conduciendo un rebaño de ovejasPor primera vez, la igualdad de género se incluye específicamente como uno de los objetivos de la PAC, gracias a España. Esto permitirá que en el Plan Estratégico puedan introducirse medidas de discriminación positiva hacia la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o de pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural. Con ello, se potenciará que la mujer desempeñe un papel más activo y visible en las comunidades rurales, fomentando su participación en el liderazgo de empresas, cooperativas y organizaciones.

El Plan Estratégico diseñará intervenciones encaminadas a atender las necesidades específicas de las mujeres para facilitar su incorporación y permanencia en el sector agrario y disminuir la actual brecha de género, además de fomentar la diversificación económica en el medio rural.

Equidad y convergencia

Otro de los principales objetivos de la reforma de la PAC es conseguir una mayor equidad en las ayudas, a través de instrumentos como el capping (tope máximo de ayuda) y de la degresividad. Para la limitación y modulación de los importes de los grandes perceptores se tendrá en consideración el papel de las explotaciones que más empleo generan. El pago redistributivo, al que España destinará un 20 % de las ayudas básicas a la renta, supondrá un apoyo adicional para las explotaciones medianas y pequeñas. Es un compromiso del Gobierno a favor de la agricultura profesional y familiar.

El proceso de convergencia interna para equiparar las diferencias entre las ayudas en una misma región deberá alcanzar un mínimo del 85% en 2026.

Programas sectoriales

En la nueva PAC se mantienen los programas sectoriales ya existentes como los del sector del vino, apicultura -con un importante incremento de la dotación presupuestaria- y frutas y hortalizas; así como los planes escolares para el fomento del consumo de fruta y leche.

Se podrán realizar programas de apoyo sectoriales a los que se podrán destinar hasta el 3 % de los pagos directos, a través de organizaciones de productores que podrán recibir un apoyo de hasta el 6 % del valor de la producción comercializada. El MAPA propondrá un plan para el sector del olivar, de acuerdo con las propuestas contenidas en la Hoja de Ruta del sector acordada el año pasado.

Desarrollo rural

La reforma de la PAC asegura la continuidad de las actuaciones de desarrollo rural financiados con los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) y que podrán planificarse con carácter estratégico, algo clave para el desarrollo y éxito de estas intervenciones concebidas para modernizar y transformar el medio rural, generando riqueza y empleo.

Además, la PAC reconoce por primera vez la dimensión social de la actividad agraria en el empleo. El mecanismo introducido para este control no supondrá ninguna carga administrativa adicional para los agricultores y ganaderos ni para las administraciones.

Organización común de los mercados agrarios (OCMA)

El acuerdo sobre la PAC incluye una declaración política conjunta entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre uno de los asuntos que más preocupan a los agricultores y ganaderos, como las importaciones de productos procedentes de países terceros y las condiciones en las que se producen para que no supongan una competencia en desigualdad de condiciones con los productores europeos. «Tenemos que tener muy claro que si vamos a producir en condiciones más exigentes y que van a suponer para nuestros agricultores y ganaderos cargas suplementarias, nuestras propuestas tienen que tener también una dimensión externa, particularmente en temas de residuos de productos fitosanitarios», ha explicado Planas.

Hortalizas en un mercadoEn materia de Organización Común de Mercados Agrarios, España ha conseguido sacar adelante la reivindicación de que la aceituna de mesa pueda beneficiarse de ayudas para el almacenamiento privado. Asimismo, se permite que el sector de frutas y hortalizas pueda ser objeto de medidas excepcionales en el caso de crisis graves ocasionadas por enfermedades y plagas vegetales.

Otro aspecto interesante es la extensión de los observatorios de mercado a todos los sectores agrícolas, porque los informes que éstos emiten son un instrumento que permite mejorar la rapidez de actuación en casos de crisis.

Un elemento también destacado por el ministro español es la simplificación administrativa que introduce la nueva PAC y que permitirá que el agricultor pueda destinar más tiempo a la gestión de su explotación, ahorrándolo en trámites administrativos.

Luis Planas ha concluido que el acuerdo sobre la PAC ratificado hoy por el Consejo de Ministros europeo significa un necesario paso adelante hacia una nueva agricultura más sostenible medioambientalmente, pero a la vez más rentable, que conjuga hacer frente a los desafíos climáticos con el mantenimiento de una actividad que es clave para mantener viva la economía y para la creación de riqueza en nuestro mundo rural.

El Gobierno lanza una Manifestación de Interés para identificar proyectos innovadores y solventes en el despliegue de las tecnologías 5G y 6G

jueves, 1 de julio de 2021

El Gobierno lanza una Manifestación de Interés para identificar proyectos innovadores y solventes en el despliegue de las tecnologías 5G y 6G

Viernes 25 de junio de 2021

31/05/2021. Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G

La consulta va dirigida a Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación con experiencia en programas internacionales de máximo nivel científico en tecnología 5G avanzado y 6G.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado una Manifestación de Interés para identificar y localizar proyectos de investigación e innovación solventes en el ámbito del 5G y el 6G.

Los proyectos deben estar alineados con la agenda estratégica europea de investigación e innovación del 5G y 6G, en particular con la Joint Undertaking on Smart Networks and Services de la Unión Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo que los países europeos desarrollen capacidades de investigación e innovación en el ámbito de 6G y para el despliegue de sistemas de 5G avanzado, fortaleciendo las bases de los futuros servicios digitales. De esta manera aspira a fomentar la autonomía digital de Europa en el ámbito de los servicios digitales avanzados.

La Manifestación de Interés va dirigida a Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación que hayan participado en programas internacionales de máximo nivel científico en tecnología 5G, que deberán estar detallados en la documentación presentada. También deben especificar si permiten la colaboración público-privada, especialmente con pymes.

Las propuestas deben recoger los beneficios previstos para el territorio donde se lleve a cabo el proyecto y el impacto que tendrían para la creación de empleo directo e indirecto. Otros aspectos sobre los que se solicita información en las manifestaciones de interés es si incluye planes de atracción del talento tanto a nivel nacional como internacional y promoción de los Grados, Másteres y Doctorados relacionados con las Telecomunicaciones. Asimismo, las propuestas deben incluir un Plan de fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Tanto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G incluyen entre sus objetivos liderar el despliegue tecnológico de 5G e impulsar el desarrollo de 6G en Europa, tanto en relación con las infraestructuras como en lo que respecta a la innovación tecnológica en sectores tractores. El Plan de Recuperación tiene previsto invertir 1.500 millones de euros en el impulso de la tecnología 5G en España.

Las manifestaciones de interés podrán enviarse hasta el día 9 de julio de 2021 a las 23:59h.

La reserva hídrica española se encuentra al 57,0 por ciento de su capacidad

jueves, 1 de julio de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 57,0 por ciento de su capacidad

Martes 29 de junio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 57,0 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.856 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 410 hectómetros cúbicos (el 0,7 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1%
•Cantábrico Occidental al 85,3%
•Miño-Sil al 65,4%
•Galicia Costa al 75,9%
•Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
•Duero al 76,0%
•Tajo al 54,9%
•Guadiana al 37,0%
•Tinto, Odiel y Piedras al 76,9%
•Guadalete-Barbate al 40,6%
•Guadalquivir al 37,2%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 49,2%
•Segura al 49,5%
•Júcar al 60,0%
•Ebro al 79,8%
•Cuencas internas de Cataluña al 90,1%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián – Donostia con 77,3 mm (77,3 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro: