AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 2 de julio de 2021

Plaza del Rey. Madrid

viernes, 2 de julio de 2021

El Gobierno firma con los interlocutores sociales ​el primer gran pacto sobre pensiones en el marco del diálogo social desde el año 2011

viernes, 2 de julio de 2021

Diálogo social

El Gobierno firma con los interlocutores sociales ​el primer gran pacto sobre pensiones en el marco del diálogo social desde el año 2011

Jueves 1 de julio de 2021 La Moncloa

Acuerdo en pensiones

El acuerdo firmado por el Gobierno y CEOE, Cepyme, CCOO y UGT traslada las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Este acuerdo elimina la incertidumbre sobre las pensiones. Y lo hace asegurando la suficiencia de las pensiones, reforzando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo e introduciendo elementos de equidad», ha declarado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el acto de la firma celebrado en el Palacio de la Moncloa.

Con este acuerdo, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y corrigiendo definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018. De esta forma, se fija un mecanismo estable de revalorización y el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.

Además, el acuerdo incluye una evaluación periódica de este nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años.

En segundo lugar, siguiendo la recomendación 12ª, se incorporan diversas previsiones dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este aspecto se incluyen cuatro medidas: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Una de las novedades es que los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En concreto, respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación. Además, se dará un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. En la mayoría de los casos, además, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral.

José Luis Escrivá durante su comparecencia para explicar el acuerdoFoto: Pool Moncloa/Fernando CalvoOtro de los elementos del pacto en esta materia es la supresión de los aspectos regresivos del sistema. En los casos de pensiones teóricas por encima de la máxima se hará de forma progresiva durante un plazo de 10 años a partir del 1 de enero de 2024.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.

En lo que se refiere a la jubilación anticipada por razón de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.

Nuevos incentivos a la jubilación demorada

En el caso de la jubilación demorada, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Pero como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que serán de tres tipos por cada año de demora:
•Un porcentaje adicional del 4%
•Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas
•Una combinación de ambas opciones

Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder a esta modalidad el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el marco del diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de doce meses.

Sobre la jubilación forzosa, se ha acordado prohibir las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador antes de los 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores. Las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios según la normativa vigente podrán ser aplicadas mientras sigan en vigor.

Por último, dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

Otro aspecto muy destacable es el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. Siguiendo la recomendación 1ª, se ha incluido en el documento la culminación de los gastos no contributivos de la Seguridad Social.

Conforme a la recomendación 5ª del Pacto de Toledo, el documento prevé la implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores autónomos. El nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. Cada tres años, se hará una revisión periódica en la que los interlocutores sociales y las asociaciones de autónomos, junto con el Gobierno, podrán decidir la aceleración de este calendario.

Nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en noviembre

Además, para preservar el equilibrio y la equidad intergeneracional, y en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los firmantes se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. El proceso de negociación se abrirá inmediatamente después de la firma de este texto en el marco del diálogo social de forma que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021. Si en ese proceso de negociación en el marco del diálogo social no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía el citado mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley.

Finalmente, se prevé el cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo mediante la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.

Asimismo, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado. En estos casos, se establecerá una reducción de cotización del 75%.

El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,53% del PIB y se reduce un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior

viernes, 2 de julio de 2021

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,53% del PIB y se reduce un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior

Miércoles 30 de junio de 2021

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que recogen el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la misma.

La evolución hasta mayo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en los primeros cinco meses de 2021 se ha reducido un 6,3%.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy en su web los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de abril en términos de contabilidad nacional, que también se ha reducido un 23,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

A su vez, también se han publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de Administraciones Públicas, incluyendo por primera vez en el año los datos de ejecución de las Corporaciones Locales.

Déficit del Estado mayo

Hasta mayo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 2,53% del PIB, frente al 2,91% existente hasta mayo de 2020, lo que supone un descenso del 6,3%. Este resultado se debe a un robusto incremento de los ingresos no financieros del 11,1%, frente al menor incremento de los gastos, que crecen un 5,1%.

A la hora de comparar entre ambos años la evolución de los recursos y los empleos, hay que recordar que en marzo de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y

AP-4 sin incidencia en el déficit, pero sí con impacto en los recursos y empleos del Estado, por un valor estimado de 1.745 millones, operación sin correspondencia en 2021.

Adicionalmente, la situación de pandemia internacional y la consecuente emergencia sanitaria que empezó en el primer trimestre de 2020, tendrán previsiblemente un impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021. Un efecto provocado, no solo por la crisis sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros, que ascienden a 69.464 millones, crecen un 11,1% respecto al mismo periodo de 2020. Los impuestos, por importe de 58.442 millones, crecen un 16,8% (8.400 millones) respecto a mayo de 2020.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 10,5%, de los cuales los ingresos por IVA crecen un 13,5%. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 31,8% debido al IRPF, que crece un 28% y al aumento del Impuesto sobre Sociedades, que crece un 43,4%. Por su parte, los impuestos sobre el capital se incrementan un 144,4%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente, en un 0,4%, manteniendo prácticamente los niveles del año anterior.

Las rentas de la propiedad descienden un 7,5% respecto a 2020, como consecuencia del menor ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España y del descenso del 10,5% de los ingresos por intereses.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 34,4%, hasta los 703 millones.

Los otros recursos no financieros aumentan un 5,3% descontada en 2020 la reversión mencionada.

Empleos no financieros del Estado

Hasta mayo, los empleos no financieros del Estado han ascendido a 100.092 millones, cifra superior en un 5,1% a la registrada en 2020.

Este aumento se debe fundamentalmente a las transferencias entre administraciones públicas, que ascienden a finales de mayo a 62.002 millones, un 10,5% más que en 2020 y, principalmente, a las destinadas a los Fondos de la Seguridad Social, que han ascendido a 11.677 millones, 3.736 millones más que el año anterior.

El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 5.074 millones, de los cuales 4.765 millones son transferencias a las Comunidades Autónomas y 308 millones es el gasto en los consumos intermedios, que se corresponde casi en su totalidad con las vacunas.

La remuneración de asalariados crece un 3,2%. Esta rúbrica, que asciende a 7.262 millones, incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2,0% en 2020.

Por su parte, los intereses devengados crecen un 3,7%, hasta situarse en 9.576 millones, mientras que la cooperación internacional corriente aumenta en un 21,5%.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 3,6%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior. Por su parte, las transferencias sociales en especie caen un 48,5%.

A su vez, entre las partidas de gasto que aumentan destaca el aumento de la rúbrica recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB del 3,2% (186 millones), hasta situarse en 5.956 millones.

En cuanto al resto de las rúbricas, cabe señalar el descenso de los consumos intermedios en un 24,3%, hasta los 2.029 millones, debido a los menores gastos COVID.

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que desciende un 54% (1.969 millones), por la operación de reversión de la AP4 y AP7 en 2020 antedicha sin correspondencia este año.

Déficit conjunto de la administración central, comunidades autónomas y seguridad social (abril)

Hasta abril de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, es de 21.910 millones, equivalentes al 1,81% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras el déficit sigue manteniéndose en el 1,81% del PIB.

Administración Central

El déficit de la Administración Central asciende a 16.690 millones a finales de abril de 2021, el 1,38% del PIB.
•El déficit del Estado en abril en términos de PIB, equivale al 1,33%, alcanzando la cifra de 16.058 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de abril un déficit de 632 millones.

La Administración regional registra un déficit hasta abril de 3.161 millones, lo que equivale al 0,26% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 4,2%, frente a los ingresos, que prácticamente se mantienen estables.

Entre los ingresos, destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que crecen un 22,1%, alcanzando la cifra de 4.796 millones. También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 95,7% hasta alcanzar los 1.059 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 4,7% hasta los 15.935 millones.

Las transferencias entre AAPP decrecen un 3,1% hasta los 33.868 millones. Las transferencias recibidas del Estado representan el 49% de los recursos del subsector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 8,3% (2.114 millones) debido, entre otras razones, al mayor número de efectivos en educación y sanidad. Los consumos intermedios decrecen un 1%, hasta los 10.644 millones, de los cuales 6.815 millones corresponden al ámbito sanitario.

Las subvenciones crecen un 20,4% hasta los 1.019 millones, por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 13,3% hasta 1.039 millones.

Las transferencias sociales en especie aumentan en un 1,8% hasta los 9.843 millones, debido al mayor gasto en conciertos educativos. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan un 10,1%. Por último, la inversión crece un 9,1% respecto a 2020, alcanzando los 4.277 millones.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 2.509 millones corresponden hasta abril a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social hasta abril de 2021 registran un déficit de 2.059 millones. En términos de PIB, el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,17%, lo que supone un descenso del 73,9% respecto al mismo periodo de 2020. Este mejor comportamiento es consecuencia de un incremento de los ingresos del 7,7% (destacando el buen comportamiento de las cotizaciones) frente al descenso de los gastos un 2,1%.

Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020, y se encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación, y a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo. En ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada, la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la actividad. Asimismo, han ido apareciendo distintas modalidades de ERTE, de modo que el RD 30/2020, de 1 de octubre, incorpora el ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y su cadena de valor.

El Sistema de Seguridad Social registra hasta abril de 2021 un déficit de 736 millones, lo que supone una reducción del 60,7%. El incremento del gasto en pensiones, fundamentalmente, ha motivado el alza de los empleos totales hasta el 2,5%. Los recursos han aumentado un 4,9%, tanto por el aumento de las transferencias recibidas del Estado como por el incremento de los ingresos por cotizaciones sociales.

Al igual que el mes anterior, destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de 1.335 millones, inferior en un 77,9% al del año anterior. Esta evolución se debe al aumento del 24,7% de los ingresos hasta 10.207 millones, como consecuencia de la transferencia de 1.587 millones recibida del Estado, sin correspondencia en 2020, y al aumento del 5,3% de las cotizaciones sociales, hasta situarse en 8.613 millones. Los gastos han sido de 11.542 millones, inferiores en un 18,9% a los del año anterior. Esta evolución se debe principalmente a la reducción del gasto en prestaciones de desempleo en un 19,7%.

El FOGASA presenta un superávit de 12 millones, frente a los 33 millones registrados en el mismo periodo de 2020.

Déficit conjunto de las administraciones públicas (marzo)

Finalmente, también se han publicado hoy los primeros datos de ejecución de 2021 de las Corporaciones Locales, correspondientes al primer trimestre del año. Los datos muestran que las Entidades Locales han registrado un superávit de 499 millones, lo que equivale al 0,04% del PIB, frente al déficit de 236 millones del primer trimestre de 2020.

Con estos datos de Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el primer trimestre del año asciende al 1,30% del PIB frente al 0,98% (sin ayuda financiera) registrado en el primer trimestre de 2020. Hay que tener en cuenta que los datos no son homogéneos porque la mayor parte de los tres primeros meses de 2020 no estaban afectados de manera considerable por las consecuencias de la pandemia.

Los gastos han aumentado un 4,2%, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 0,3%.

El Tribunal Supremo fija que los accidentes ‘in itinere’ de los funcionarios dan derecho a la pensión extraordinaria por incapacidad permanente

viernes, 2 de julio de 2021

Martes, 29 de junio de 2021

El Tribunal Supremo fija que los accidentes ‘in itinere’ de los funcionarios dan derecho a la pensión extraordinaria por incapacidad permanente

Dicta dos sentencias en las que reconoce el derecho al cobro de una pensión de estas características, cuya base de cálculo es del 200 por 100, a un funcionario de prisiones y a una guardia civil al considerar que los accidentes que sufrieron en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo fueron como consecuencia del servicio

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que el accidente ‘in itinere’ de un funcionario público es consecuencia del servicio a efectos de percibir la pensión extraordinaria de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio.

La Sala ha dictado dos sentencias en las que reconoce el derecho al cobro de una pensión de estas características, cuya base de cálculo es del 200 por 100, a un funcionario de prisiones y a una guardia civil al considerar que los accidentes que sufrieron en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo fueron como consecuencia del servicio.

El tribunal estima los recursos de casación interpuestos por los dos funcionarios contra las sentencias de la Audiencia Nacional que les denegaron el cobro de una pensión extraordinaria al considerar que los accidentes no sucedieron en el lugar y tiempo de trabajo.

En el caso del funcionario de prisiones, ocurrió cuando se desplazaba de su domicilio al Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) para hacerse cargo del servicio asignado en el turno de tarde el 14 de octubre de 2010. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas rechazó que el accidente se produjera en acto de servicio. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Económico Administrativo Central.

La guardia civil, por su parte, sufrió un accidente de tráfico el 11 de junio de 2014 cuando se dirigía desde su domicilio habitual a su destino en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. El Ministerio de Defensa declaró su incapacidad permanente, por insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajena a acto de servicio. Un juzgado Contencioso-Administrativo y la Audiencia Nacional confirmaron esta decisión.

El Tribunal Supremo anula las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en ambos casos y fija como doctrina que “la incapacidad permanente para el servicio derivada de accidente de tráfico sufrido por un funcionario público al realizar el desplazamiento para ir o al volver del centro de trabajo puede considerarse como incapacidad producida como consecuencia del servicio a los efectos de la obtención de pensión extraordinaria regulada en el artículo 47.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado”.

Las sentencias, con ponencias de los magistrados Celsa Pico y Pablo Lucas, explican que el artículo 59 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, y el gestionado por MUFACE remiten al Régimen General de la Seguridad Social para determinar qué supuestos tendrán la consideración de accidente de servicio o como consecuencia de él. Señalan que la legislación de la Seguridad Social incluye expresamente entre los accidentes de trabajo, los que sufra el trabajador en el trayecto que va desde el lugar de residencia al de trabajo en cualquiera de los dos sentidos.

Por ello subraya que “el accidente in itinere es un accidente de trabajo”; conclusión que, según la Sala, no altera el artículo 47.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Este artículo dice que “se presumirá el acto de servicio, salvo prueba en contrario, cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento del funcionario hayan acaecido en el lugar y tiempo de trabajo”.

Recuerda, además, la jurisprudencia de la Sala de lo Social que para calificar un accidente “in itinere” exige que concurran simultáneamente la concurrencia de una serie de circunstancias: que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo [elemento teleológico]; 2º) que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa [elemento geográfico]; 3º) que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto [elemento cronológico]; o lo que es igual, que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la vuelta del trabajo; 4º) que el trayecto se realice con medio normal de transporte [elemento de idoneidad del medio].

¿Por qué los fondos para las regiones son importantes?

viernes, 2 de julio de 2021

¿Por qué los fondos para las regiones son importantes?

Parlamento Europeo

La financiación europea ayudará a las regiones a recuperarse de la crisis de Covid-19 a la vez que reducirá sus desigualdades, las hará más ecológicas y creará empleo.

Compensar la desigualdad

Apoyo para las regiones de la UE
Las regiones europeas evolucionan a un ritmo diferente. Por eso, fortalecer la cohesión social y económica es una de las prioridades de la UE. El desarrollo regional y la política de cohesión recibirán 243.000 millones de euros (en precios de 2018) para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. La financiación apoyará la acción climática, los programas sociales y el desarollo urbano sostenible.

Lea más sobre una Europa social.

Rediseñar la política regional europea
El Parlamento tiene previsto aprobar el 24 de junio un «paquete de cohesión» que abarcará los principales fondos regionales: el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC), el programa Interreg (financiando principalmente por los fondos FEDER). También incluirá el reglamento en el que se establecen los objetivos de los fondos.

Apoyar el crecimiento inteligente y sostenible en las regiones de la UE
La nueva política de cohesión deberá simplificar los trámites, hacer que las inversiones sean más efectivas y alinearlas con con transición de las regiones hacia una Europa climáticamente neutra, en línea con el Pacto Verde Europeo y la recuperación de la pandemia de Covid-19.

Gran parte de la financiación se destinará a proyectos que promuevan el cremiento inteligente y una economía más sostenible. En el futuro, la política de cohesión deberá:

destinar al menos el 30% de los fondos regionales a la acción climática,
respetar los objetivos medioambientales, climáticos, de biodiversidad y de economía circular,
invertir en el crecimiento sostenible y en la creación de empleo,
ofrecer apoyo a medida para las regiones de la perififeria, las islas y las zonas despobladas,
centrarse en la investigación y la innovación,
asignar al menos un 8% de los fondos FEDER a desarrollo sostenible urbano.

Las inversiones relacionadas con las energía nuclear y los combustibles fósiles estarán excluidas, a excepción de los proyectos que reemplazan el petróleo con el gas natural. Estos últimos podrán optar a financiación hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para ayudar a las regiones a recuperarse de la crisis de Covid, los fondos apoyarán la cultura, el turismo sostenible, la digitalización y reforzarán los sistemas de salud pública.

Financiar el desarrollo regional y la cooperación
La política de cohesión se financiará a través del presupuesto de la UE a largo plazo y del plan de recuperación Next Generation EU.

El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
Creado en 1975
Su objetivo es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y el retraso de las regiones menos favorecidas así como apoyar la transformación de las regiones industriales en declive
Presta especial atención a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes


Interreg
Creado en 1990
Ayuda a los proyectos transfronterizos de salud y ecológicos, entre otros
Apoya la cooperación transfronteriza a nivel nacional y regional y a las regiones ultraperiféricas
Proporcionará fondos para la acción climática y los programas sociales, incluida la salud pública, así como para pequeños proyectos


El Fondo de Cohesión (FC)
Establecido en 1994
Apoya proyectos medioambientales y de redes transeuropeas
Financia proyectos incluidos en el marco del objetivo de «Inversión en crecimiento y empleo»
Se dirige a regiones menos desarrolladas de países de la UE con una Renta Nacional Bruta inferior al 90% de la media de la UE


Otros instrumentos financieros para apoyar a las regiones
Como parte del plan de inversión climática, el Fondo de Transición Justa tiene como objetivo apoyar a los territorios que dependen de los combustibles fósiles y son los más afectados por la transición hacia la neutralidad climática. El fondo, aprobado por el Parlamento en mayo de 2021, recibirá 7.500 millones de euros del presupuesto de la UE para 2021-2027 y 10.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación de la UE.

Además, las regiones europeas recibirán ayuda a través de ReactEU, el nuevo instrumento para ayudar a los sectores más afectados por el impacto económico de la pandemia.

COFIDES presenta a la Cámara de España el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19

viernes, 2 de julio de 2021

COFIDES presenta a la Cámara de España el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19

Dotado con 1.000 millones

24 de Junio 2021

Se trata de la primera de una serie de reuniones que tendrán lugar entre la gestora del fondo y entidades comprometidas con las empresas españolas, con el objetivo de explicar el funcionamiento del fondo de solvencia

Este fondo, dotado con 1.000 millones de euros de origen público, permitirá a las empresas de tamaño medio que se han visto afectadas por la pandemia acceder a financiación con la que volver a la senda de la rentabilidad

COFIDES presenta a la Cámara de España el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19

Madrid, 24/06/2021- COFIDES ha presentado hoy el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19 en la Cámara de Comercio de España. Se trata de la primera de una serie de reuniones que tendrán lugar entre la gestora del fondo y entidades comprometidas con las empresas españolas, con el objetivo de explicar el funcionamiento de este fondo de solvencia.

Durante el encuentro, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, y el director general, Rodrigo Madrazo, han explicado el funcionamiento del fondo, que permitirá a las empresas de tamaño medio que se han visto afectadas por la pandemia acceder a financiación con la que volver a la senda de la rentabilidad.

El objetivo del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, dotado con 1.000 millones de euros de origen público, es evitar la destrucción de empleo y del tejido productivo a nivel nacional y regional. Las empresas seleccionadas podrán acceder a financiación entre los 3 y los 25 millones de euros (entre 3 millones y 15 millones pymes; entre 4 y 25 millones no pymes), que se materializarán a través de inversiones de carácter temporal en forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y otros instrumentos financieros. En cuanto a la duración media de la financiación, rondará los ocho años, si bien el espíritu del Fondo busca una rápida amortización de las inversiones (alrededor de cinco años) y cada caso será analizado de manera individual.

Desde el 28 de junio, las compañías de tamaño mediano que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la COVID, pero que sean viables en el medio y largo plazo, podrán solicitar financiación a través del correo electrónico fondorecapitalizacion@cofides.es. COFIDES habilitará, además, una plataforma para facilitar la presentación de documentación de manera telemática.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha subrayado la oportunidad de este fondo en un momento en el que “el objetivo principal debe ser preservar al máximo a las empresas viables para evitar que los problemas financieros, derivados de la reducción de la actividad durante la pandemia, terminen comprometiendo su solvencia”.

Por su parte, José Luis Curbelo, presidente de COFIDES, ha destacado que “este encuentro con la Cámara de Comercio de España refleja el compromiso de las entidades de nuestro país con una parte clave del tejido empresarial español: las pymes y midcaps. Gracias a su apoyo, el Fondo de Recapitalización de empresas medianas afectadas por la COVID-19 conseguirá que un mayor número de empresas logren salir adelante y formen parte activa de la recuperación económica”.

SOBRE COFIDES

COFIDES es una sociedad público-privada que gestiona fondos del Estado, así como recursos propios y de terceras instituciones con distintas orientaciones: internacionalización de la economía española, promoción del desarrollo económico y refuerzo de la solvencia de las empresas afectadas por la COVID-19. En su accionariado, además del Estado, participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.