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Archivo del 14 de julio de 2021

Pilar Llop recibe la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo

miércoles, 14 de julio de 2021

Pilar Llop recibe la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo

Lunes 12 de julio de 2021

La nueva ministra de Justicia ha agradecido la confianza que ha sido depositada en ella por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha puesto en valor la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos del ministro saliente, Juan Carlos Campo.

Pilar Llop recibe la cartera ministerial de manos de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Campo,

Pilar Llop ha recibido la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo. Llop ha tomado posesión de la cartera en un acto, celebrado a las 12:45 horas en el Palacio de Parcent, al que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; la presidenta del Consejo de Estado, Mª Teresa Fernández de la Vega; la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; la abogada general de Estado, Consuelo Castro; y el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, entre otros.

En su intervención, la nueva ministra de Justicia ha agradecido la confianza que ha sido depositada en ella por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha puntualizado que «ser ministra de Justicia es gran un honor que asumo con todo el respeto y que asumo con toda la responsabilidad».

La ministra de Justicia ha destacado la importancia del diálogo: «España ha demostrado a lo largo de la pandemia que el diálogo territorial y entre las distintas administraciones es la clave para salir cuanto antes de la crisis con el menor daño posible».

En este sentido, Llop ha puesto en valor la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos del ministro saliente, Juan Carlos Campo. Del mismo modo ha señalado la importancia de dialogar con las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas, con los ayuntamientos, así como con las distintas administraciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), direcciones generales y los distintos colectivos profesionales.

La nueva ministra ha señalado su vocación por el servicio público y la ilusión con la que afronta esta nueva etapa llena de retos para la Administración de Justicia. Del mismo modo, Llop ha hecho hincapié «en que», tanto «para ella como para el Gobierno de España, la igualdad entre mujeres y hombres, la transición ecológica y la transición energética, son cuestiones nucleares».

Por su parte, Campo ha agradecido el esfuerzo y el cariño que ha recibido por todo el equipo de Justicia durante este periodo al frente del Ministerio, y le ha deseado lo mejor a la nueva ministra: «Pilar, querida ministra enhorabuena, te deseo todo lo mejor».

El hasta ahora titular de la cartera de Justicia también ha querido agradecer el apoyo recibido por las Comunidades Autónomas, la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, los colectivos profesionales de la abogacía, los procuradores, notarios, registradores y graduados sociales, letrados y profesionales de la Administración de Justicia, así como otros operadores y asociaciones relacionados con el sector.

Llop, que hasta hoy ostentaba el cargo de presidenta del Senado, es jueza y política, especialista en violencia de género y en cooperación internacional de la Administración de Justicia.

Como magistrada especialista en violencia machista, ha ostentado cargo en el juzgado de violencia de género número 5 de Madrid y, como letrada, en el Gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial, con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, la Secretaría de la Comisión de Igualdad, la Secretaría del Foro Justicia y Discapacidad, y el Comité de Dirección del CGPJ.

En 2015 deja la carrera judicial para ser diputada por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid hasta 2018. Allí ejerció además como portavoz del PSOE en las comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, y en la de Justicia. En julio de 2018 es nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y en 2019, senadora por designación de la Asamblea de Madrid.

UGT reclama limitar el precio de los alquileres y vincularlos a los ingresos de los hogares

miércoles, 14 de julio de 2021

UGT reclama limitar el precio de los alquileres y vincularlos a los ingresos de los hogares

08 Julio 2021

Es urgente situar la vivienda en el campo de los bienes esenciales, arrancándola de las garras del negocio y la inversión especulativa. UGT considera que las trabajadoras y trabajadores españoles llevamos décadas soportando las consecuencias de unas políticas de vivienda equivocadas y radicalmente injustas. Lo que debería ser un derecho fundamental real, no solo constitucional, es un problema estructural que impide la emancipación de las personas jóvenes, consume una parte desproporcionada de los recursos de las familias, y hunde en la pobreza y el desarraigo a quienes se ven privados de su vivienda como consecuencia de desahucios o desalojos.

Es un problema complejo, viene de lejos, e intervienen muchos factores, pero necesitamos normas y actuaciones diferentes. Pretender que la libertad de mercado podría dar respuesta a un derecho ciudadano básico se ha demostrado enormemente erróneo y lo hemos pagado muy caro. Por eso hay que dar un giro radical a las políticas de vivienda. UGT lleva años presentando iniciativas y propuestas cuyo eje central es la promoción pública de un parque de viviendas en alquiler, el control de precios del alquiler, y la reordenación de un sector configurado para el negocio y no para la provisión de un servicio esencial. En la revista de información sindical UNIÓN de esta semana se analizan en detalle estas propuestas.

El TSJCV autoriza el ‘toque de queda’ en 32 localidades y la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales

miércoles, 14 de julio de 2021

Lunes, 12 de julio de 2021

El TSJCV autoriza el ‘toque de queda’ en 32 localidades y la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo cree que las medidas son “equilibradas” y cumplen el juicio de “proporcionalidad”. La resolución destaca el crecimiento exponencial de contagios, el aumento de hospitalizaciones y la expansión de la variante Delta del SARS-CoV-2

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha autorizado la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares en toda la Comunidad Valenciana y las restricciones a la movilidad nocturna entre las 1 y las 6 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.

Estas medidas se hallan contenidas en una resolución de la Conselleria de Sanidad Universal fechada el pasado 9 de julio y tendrán una vigencia de 14 días desde su publicación en el DOGV.

La Sala considera que son medidas “equilibradas”, pues se derivan de ellas “más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”, al tiempo que cumplen el “juicio constitucional de proporcionalidad”.

El auto, que cuenta con un voto particular discrepante y que puede ser recurrido en casación, alude a la expansión de la variante Delta del coronavirus, el crecimiento exponencial de contagios, el aumento de las hospitalizaciones y la “situación cercana al colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria”.

Todo ello se pone de manifiesto en el informe sobre la situación epidemiológica actual en la Comunidad Valenciana que acompaña a la solicitud de autorización presentada por la Administración autonómica.

Como ya expuso en anteriores autos, la Sala entiende que estas restricciones encuentran suficiente cobertura normativa en la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, aunque reitera que lo “deseable” sería una legislación específica para evitar “problemas interpretativos” y “contradicción de criterios”.

El auto recuerda que el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en dos sentencias sobre la suficiencia de la Ley 3/1986 para amparar limitaciones de derechos fundamentales, siempre que su justificación esté a la altura de la intensidad y extensión de la restricción de derechos fundamentales de que se trate.

En el caso ahora analizado, los magistrados aseguran que las medidas propuestas por la Conselleria de Sanidad Universal cumplen los requisitos para su adopción que establece la doctrina del Tribunal Supremo.

Son medidas necesarias e idóneas -precisa el TSJCV- para interrumpir la propagación del SARS-Cov-2, pues “atañen al marco de las relaciones sociales y el ocio nocturno no reglado”, que son las principales causas de contagios.

Así, la limitación a la circulación nocturna presenta una eficacia mucho mayor que otras medidas existentes para “intentar impedir la actividad de ocio nocturno conocida como botellón”, añade la Sala, y así se refleja en un informe elaborado por la Comisaria Jefa de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana, que se adjunta a la solicitud de autorización.

“La experiencia práctica que ahora tenemos y se pone de manifiesto en las justificaciones de referencia es que medidas más laxas que las que aquí se trata no han funcionado correctamente en relación al objetivo evidente que se persigue”, recoge la resolución judicial.

En cuanto a la limitación a un máximo de diez personas de las reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados, el Tribunal apunta que está “cohonestada y resulta acompasada con el resto de medidas sanitarias adoptadas por la Administración”.

Las ciudades españolas de tamaño medio se unen en torno a ‘Invest in Cities’ para atraer inversión y empresas

miércoles, 14 de julio de 2021

Las ciudades españolas de tamaño medio se unen en torno a ‘Invest in Cities’ para atraer inversión y empresas

Madrid, 8 de julio de 2021

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha participado esta mañana en acto de presentación de la Red de Ciudades Atractivas para la Inversión ‘Invest in Cities’, una iniciativa impulsada por la Confederación -junto a la consultora Grupo PGS- que, por cuarto año consecutivo, se desarrolla con el objetivo de situar a ciudades españolas en el foco de inversores y empresas. Alcaldes y concejales de Alfafar (Valencia), Algete (Madrid), Almassora (Castellón), Burgos, Córdoba, Espartinas (Sevilla), Guadalajara, Manzanares (Ciudad Real), Martos(Jaén), Melilla, Miranda de Ebro (Burgos), Monzón (Huesca), San Javier (Murcia), Tarazona (Zaragoza), Torija (Guadalajara), Torrremolinos (Málaga) y Valverde del Camino (Huelva) han recogido en la sede de CEPYME la placa que distingue a sus ciudades como territorios propicios para la atracción de inversión, la creación de empresas y el desarrollo económico.

Durante el acto de presentación, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha destacado que Invest in Cities es “una apuesta para llevar la inversión a zonas de España con potencial de crecimiento, más allá de los grandes polos de atracción inversora, como pueden ser Barcelona o Madrid”.

El presidente de CEPYME ha recordado que España recibe aproximadamente 24.000 millones de euros de inversión extranjera. “Uno de los retos de España es deslocalizar esa inversión, porque hay muchos focos potenciales en nuestro país y es importante darles visibilidad y ayudarles a ser atractivos para las inversiones”. En este sentido, Gerardo Cuerva ha señalado que esta inversión es de vital importancia en estos momentos para mantener la actividad de las empresas y propiciar la recuperación.

Por su parte Pablo Gimeno, presidente de la consultora de inversión Grupo PGS, ha señalado durante su intervención que “algunos municipios y empresas saldrán muy relanzados con las oportunidades que ofrece Invest in Cities y se convertirán en ciudades muy favorecidas”. Gimeno ha señalado que “tienen que ser capaces de atraer fondos europeos y también hay mucho capital privado deseando ser invertido, porque se invierte en los momentos de crisis”.
Laura Nistal, directora de ‘Invest in Cities’ ha querido agradecer “el inmenso esfuerzo” que los Ayuntamientos han hecho durante el último año y medio para ayudar a sus pymes y autónomos.

“Han modificado sus presupuestos para no dejar morir sus tejidos productivos y han estado siempre al lado de los comerciantes, de la pequeña y de la mediana empresa”. Además, Nistal ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y ha señalado que “las ciudades tienen ahora una gran oportunidad con la llegada de los fondos europeos y van a ser actores clave en la recuperación del país”

Este grupo de ciudades que conforman la red, a las que en los próximos meses se unirán otras, han sido seleccionadas, entre otros factores, por contar con grandes ventajas competitivas, entre las que destacan la disponibilidad de suelo industrial a precios competitivos, la fortaleza en sectores como el turismo, las energías renovables, el sector agroalimentario, la industria o la logística, así como por ofrecer importantes bonificaciones fiscales y ayudas.

Como parte de la iniciativa, ‘Invest In Cities’ celebrará cinco foros sectoriales en torno a grandes áreas de actividad económica, en los que reunirá a responsables municipales con representantes de empresas de referencia en cada uno de ellos. Además, el próximo mes de diciembre Madrid acogerá la gran Cumbre Nacional de Atracción de Inversión, a la que asistirán más de 500 inversores y empresas, así como representantes comerciales de más de diez países extranjeros.

A través de la web www.investincities.com se podrá consultar toda la información relativa a la iniciativa, así como los proyectos de desarrollo de cada ciudad. La plataforma servirá también como punto de encuentro entre empresarios e inversores.

La Guardia Civil destruyó más de 60.000 armas durante el año 2020

miércoles, 14 de julio de 2021

09/07/21

La Guardia Civil destruyó más de 60.000 armas durante el año 2020

Las armas de fuego destruidas superan las 49.000

Estas actuaciones se suman al Programa de Acción de NNUU sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras

La Guardia Civil destruyó durante el pasado año un total de 60.083 armas, entre las cuales más de 49.100 eran de fuego.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.

Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

En la citada Conferencia, quedaba patente, entre otras cuestiones “la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, lo cual tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional”.

A partir de ahí, la ONU estableció que, cada 9 de julio, se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito.

Control del acceso legal a las armas

Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Estas unidades, controlan el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.

Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.

La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.

Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.

Para cualquier duda o aclaración en relación con el contenido de la presente nota, deben dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, teléfono 682.844.368.