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Archivo del 17 de julio de 2021

España y Cuba

sábado, 17 de julio de 2021

Residentes fiscales en España: según el Abogado General Saugmandsgaard , son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero

sábado, 17 de julio de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Luxemburgo, 15 de julio de 2021

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-788/19 P

Comisión/España (Obligación de información en materia fiscal)

Residentes fiscales en España: según el Abogado General Saugmandsgaard , son contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero

Por lo que respecta a las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016, la posibilidad de regularización de la que dispone la administración fiscal, independientemente de la fecha en que se hayan adquirido los activos de que se trate, así como la de imponer una multa proporcional del 150 % si no se cumple con esta obligación también constituyen un incumplimiento del Derecho de la Unión

España estableció en 2012 una normativa (1) con el fin de luchar contra el fraude y la elusión fiscales en relación con activos situados fuera de su territorio. Esta normativa obliga a los residentes fiscales en España a declarar algunos de sus bienes y derechos situados en el extranjero mediante un formulario (el denominado «modelo 720»). Se trata de las cuentas abiertas en entidades financieras, de los títulos representativos del capital social y de otros elementos patrimoniales asimilados con arreglo a la normativa, así como de los bienes inmuebles. El incumplimiento de dicha obligación lleva aparejadas las siguientes consecuencias: i) la calificación de los activos como ganancias patrimoniales no justificadas y su inclusión en la base imponible general, con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate, ii) la imposición de una multa proporcional del 150 % y iii) la imposición de multas fijas.
La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra España, pues estima que esas tres consecuencias y sus condiciones de aplicación constituyen restricciones desproporcionadas que menoscaban, en particular, la libre circulación de capitales, (2) al hacer menos atractiva la transferencia de activos al extranjero. Según la Comisión, esas consecuencias sancionan muy severamente el incumplimiento de la obligación de información, sin tomar en consideración el hecho de que la Administración tributaria española ya disponga, o tenga la posibilidad de disponer, de la información correspondiente gracias al régimen de intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad establecido por el Derecho de la Unión. (3)

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Henrik Saugmandsgaard considera, para empezar, que la normativa española constituye efectivamente una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros Estados, o impedir o limitar sus posibilidades de hacerlo. No obstante, esta restricción puede estar justificada por los objetivos perseguidos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Por tanto, la cuestión central es la proporcionalidad de la normativa española.

La Comisión alegaba, en primer lugar, que constituye una restricción desproporcionada el hecho de que no presentar o presentar extemporáneamente el modelo 720 conlleve que los activos objeto del modelo sean calificados de ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben.

En efecto, en virtud de la regla general española en materia tributaria, a las ganancias patrimoniales no justificadas se les aplica un plazo de prescripción, de modo que no pueden ser integradas en la base liquidable general del período impositivo durante el cual la Administración tributaria las haya descubierto si ha transcurrido un plazo de cuatro años desde el momento en el que deberían haberse declarado. Este plazo de prescripción no se aplica en el caso de los activos objeto del modelo 720, por lo que la Administración tributaria puede regularizar la deuda fiscal con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate y, por tanto, sin limitación temporal. Es lo que cabe denominar «efecto de imprescriptibilidad».

La Comisión sostenía que esa ausencia total de prescripción no es necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos por la normativa controvertida, habida cuenta de los instrumentos existentes en materia de intercambio de información tributaria en el ámbito de la Unión, que según afirmó han evolucionado considerablemente y permiten actualmente a los Estados miembros obtener la información necesaria sobre los bienes y derechos en el extranjero para ejercer el oportuno control fiscal.

El Abogado General destaca que la Comisión, en gran medida, no ha aportado al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este compruebe la existencia del incumplimiento alegado. Por una parte, estima que la regla del «efecto de imprescriptibilidad» puede ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo que persigue.

Por otra parte, el Abogado General señala que esta regla no es necesaria cuando el intercambio automático y obligatorio de información tributaria es suficiente para permitir a la Administración tributaria española efectuar los controles necesarios para liquidar correctamente el impuesto. En ese caso la Administración tributaria española no puede aplicar dicha regla escudándose en posibles dificultades.

Tras examinar los diferentes activos objeto del modelo 720 a la luz del régimen de intercambio de información tributaria, el Sr. Saugmandsgaard expresa sus dudas respecto a que los Estados miembros no dispongan de información relativa a las cuentas preexistentes y a los activos a los que se refiere el modelo 720 que son objeto de un intercambio automático y obligatorio, al menos en el caso de los bienes inmuebles. No obstante, hace constar que la Comisión no ha aportado datos que permitan comprobar la existencia de un incumplimiento a este respecto. La Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente que la Administración tributaria española dispone de la información necesaria únicamente en relación con las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016 («cuentas bancarias nuevas»). En consecuencia, la aplicación de la regla del «efecto de imprescriptibilidad» resulta desproporcionada, puesto que va más allá de lo necesario respecto de esta categoría de activos.

En cambio, el Abogado General considera que esta regla no resulta desproporcionada en el caso de los activos respecto de los que la Administración tributaria española no dispone de esa información, habida cuenta en particular del muy limitado grado de armonización alcanzado hasta ahora en el ámbito de la fiscalidad, y de la necesidad de los Estados miembros de luchar contra el fraude fiscal. En su opinión, los Estados miembros disponen en este ámbito de un amplio margen de apreciación, que comprende la posibilidad de aplicar la regla en cuestión.

El Abogado General añade que la Comisión no ha aportado la prueba de que en este caso se trate de una presunción irrefutable de fraude fiscal.

La Comisión alegaba, en segundo lugar, que constituye una restricción desproporcionada el hecho de imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150 % en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, y ello debido tanto a la severidad de la multa como a su carácter automático y no graduable, máxime cuando según ella se trata de una obligación formal.

El Abogado General pone de relieve que la multa del 150 % no sanciona el incumplimiento de una mera obligación formal, sino el incumplimiento de la obligación material de pago del impuesto, con la cual guarda relación directa. En efecto, esa multa solo se impone cuando el contribuyente es titular de activos en el extranjero por los que no ha pagado el impuesto que debería haber satisfecho, y se calcula a partir de la cuota del impuesto adeudado. Además, el incumplimiento de la obligación formal relativa al modelo 720 se sanciona por medio de las multas fijas antes citadas.

El Abogado General considera que la Comisión no ha aportado la prueba de que la multa del 150 % se imponga de manera automática y no graduable por el incumplimiento de las obligaciones relativas al modelo 720. Añade que la multa que se impone al contribuyente en caso de ocultación de activos no le parece desproporcionada. En opinión del Abogado General, esa sanción debe compararse con las previstas por el Derecho español en caso de ocultación reiterada y sistemática de bienes en situaciones internas, que según el gobierno español permiten imponer multas de hasta el 150 %. La Comisión no ha formulado ningún argumento que permita rechazar esta comparación, de modo que tampoco ha aportado la prueba de que la sanción impuesta en caso de activos ocultos en el extranjero sea más severa que las aplicadas en casos internos.

En contrapartida, el Sr. Saugmandsgaard considera que la aplicación de la multa es desproporcionada en caso de incumplimiento de la obligación de información relativa a las nuevas cuentas bancarias.

La Comisión alegaba, en tercer lugar, que constituye una restricción desproporcionada el hecho de imponer, en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el modelo 720, multas fijas cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen sancionador general para infracciones similares.

La normativa española sanciona como infracciones tributarias «muy graves» el hecho de no presentar o de presentar fuera de plazo el modelo 720, así como la inclusión en el mismo de datos incompletos, inexactos o falsos. Las sanciones más severas comportan la imposición de una multa fija de 5 000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, bien, inmueble, etc., siendo la cuantía mínima de la multa de 10 000 euros. En caso de declaración presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, se aplica una multa de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, siendo la cuantía mínima de la multa de 1 500 euros.

El Abogado General considera que esas multas fijas son desproporcionadas. En efecto, la obligación de presentar el modelo 720 constituye una obligación formal, cuyo incumplimiento no causa ningún perjuicio económico directo a la Hacienda Pública y que adopta la forma de una obligación de carácter general dirigida directamente al contribuyente. El Sr. Saugmandsgaard observa que esas multas fijas son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas. Incluso si se tiene en cuenta el margen de apreciación del que disponen los Estados miembros para establecer las sanciones apropiadas, esas multas son tan elevadas que parecen desproporcionadas, sin que sea necesario distinguir aquí entre las diferentes categorías de bienes.

El Abogado General propone por tanto al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido las obligaciones que le incumben de garantizar la libertad consagrada en el artículo 63 TFUE (capitales) así como la libertad correspondiente contenida en el Acuerdo sobre el EEE, en la medida en que, en caso de incumplimiento o de cumplimiento extemporáneo de la obligación de información relativa a las nuevas cuantas bancarias, la Administración tributaria puede regularizar la deuda tributaria correspondiente, con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate, e imponer una multa proporcional del 150 % si se incumple esta misma obligación. El hecho de imponer, en caso de incumplimiento de la obligación de información relativa a los bienes y derechos en el extranjero o de presentación extemporánea del modelo 720, multas fijas más severas que las sanciones establecidas en el régimen sancionador general para infracciones similares también constituye un incumplimiento de esos artículos.

1 Ley 7/2012, de 29 de octubre de 2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE no 261, de 30 de octubre de 2012).

2 Artículo 63 TFUE y artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).

3 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO 2014, L 359, p. 1).
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

Nueva estructura unificada del portal y la sede electrónica

sábado, 17 de julio de 2021

Nueva estructura unificada del portal y la sede electrónica

La Agencia Tributaria pone en marcha su nueva web para ofrecer más agilidad y comodidad al contribuyente en sus gestiones por internet

Jueves 15 de julio de 2021

Nueva web de la AEAT

La Agencia Tributaria ha lanzado una nueva página web que unifica el portal de información y la sede electrónica, de manera que todos los servicios pasarán a ser accesibles bajo una estructura temática de contenidos -con independencia de que se trate de información o de trámites- que hace más cómoda y ágil la navegación para el contribuyente, mejorando así la experiencia del usuario.

Para facilitar la transición en la utilización de una web que anualmente cuenta con más de 140 millones de usuarios únicos y más de 600 millones de visitas, durante los primeros meses la nueva página sólo se ofrecerá al usuario mediante un acceso destacado desde la página tradicional, que en otoño pasará a segundo plano y desaparecerá a final de año. En todo caso, la web de la Agencia seguirá siendo accesible en todo momento introduciendo la dirección habitual.

La Agencia Tributaria ha querido esperar a la finalización de la Campaña de Renta para iniciar este periodo amplio de transición, reduciendo así el impacto sobre una generalidad de usuarios que principalmente se relacionan por cauces telemáticos con la Agencia para trámites vinculados con su declaración de IRPF.

Mejoras de diseño, búsqueda y navegación

La nueva web cuenta con un diseño moderno para facilitar la navegación y una visión y lenguaje orientados al usuario, con explicaciones y descripciones previas al acceso a las distintas gestiones. Se pretende así reforzar la web de la Agencia como herramienta básica para minimizar los costes indirectos del cumplimiento tributario para el contribuyente.

En esa misma línea de ofrecer sencillez y comodidad, se irá mejorando el buscador de la web para facilitar la localización de los contenidos informativos y las gestiones a realizar. Además, los usuarios tendrán acceso en la propia página de inicio a su área personal, donde podrán visualizar sus expedientes, datos censales, notificaciones y documentos pendientes de firma.

Gestiones destacadas

La página de inicio muestra al usuario tres grandes apartados: un bloque de contenidos que irá cambiando a lo largo del tiempo (‘carrusel’, o ‘slider’), otro con los trámites más relevantes por su importancia y utilización por los contribuyentes (trámites destacados), y un tercero (información y gestiones) estructurado por temas que da acceso a los distintos trámites y contenidos informativos.

En el ´carrusel’, el usuario se encontrará, por ejemplo, las campañas de presentación de declaraciones más relevantes en cada momento, o avisos que se consideren especialmente significativos en una fecha determinada.

Los trámites destacados, por su parte, se agrupan en cinco categorías identificadas con distintos iconos gráficos (presentación de declaraciones, registro electrónico, cita previa, pagos y aplazamientos, y notificaciones enviadas por la Agencia).

Estructura por temas

El tercer gran bloque de la página de inicio está compuesto por 16 temas que segmentan el acceso a la información y los trámites de la web, bien por impuestos (IRPF, IVA, Sociedades y otros), bien por perfiles de contribuyentes (empresarios, empresas, ciudadanos, viajeros y no residentes) y materias (Aduanas, vehículos y vivienda); o bien por el tipo de trámite (declaraciones informativas, colaboración, censos y deudas).

El objetivo de esta segmentación por temas es facilitar al usuario un acceso más cómodo e intuitivo a aquellos contenidos que, en su caso concreto y para cada ocasión, le sean de interés. Para ello, además, se ha simplificado la estructura de navegación, con los contenidos jerarquizados por temas, subtemas e información.

Por último, en el área superior de la página de inicio se sitúa la información de actualidad (novedades, notas de prensa y estadísticas), y en la parte inferior de la página se ofrecen accesos directos a diversas materias de interés, así como un apartado de manuales, vídeos y folletos. Igualmente, se mantiene, en este caso durante toda la navegación en la nueva web, un bloque final de página con los avisos legales y de seguridad, los apartados ‘Contacta con nosotros’ y ‘Ayuda’, enlaces de interés y la fecha de actualización de la página.

¿Qué retos implica la ‘España 5.0’ hacia la que ya nos encaminamos?

sábado, 17 de julio de 2021

¿Qué retos implica la ‘España 5.0’ hacia la que ya nos encaminamos?

21 junio 2021

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, ha participado en la apertura de la jornada ‘Claves para una España 5.0. Hacia una economía más competitiva y sostenible en 2030’, en la que se ha presentado un informe elaborado por la consultora PwC con el patrocinio de Siemens.

El estudio analiza la situación presente de la industria e infraestructuras en España y sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En la presentación de este trabajo, participaron también el CEO y presidente de Siemens España, Miguel Ángel López, y el socio líder de Economics en PwC, Jordi Esteve. El moderador del encuentro online fue Eugenio Mallol, periodista especializado en tecnología.

En su intervención, el secretario general de CEOE señaló que, con este informe, “tenemos una hoja de ruta clara que permite avanzar en cómo debemos transformar y evolucionar nuestra economía hacia lo que se conoce como ‘España 5.0’, es decir, hacia un país más sostenible, centrado en las personas, basado en una industria más digital y competitiva y apoyado en el desarrollo de infraestructuras más inteligentes y eficientes”.

Como explicó González-Ruiz, el informe “recoge acertadamente que debemos ir más allá de la digitalización e incorporar otros elementos como la transición verde o la cohesión social y territorial que tanta relevancia están adquiriendo en los últimos tiempos”. Para ello, remarcó la relevancia de la “gran ventana de oportunidad de los fondos europeos Next Generation EU”, que, como ha puesto de relieve el Banco de España, pueden suponer en los próximos años hasta cinco puntos de crecimiento del PIB.

En este sentido, el secretario general de CEOE trazó un paralelismo entre estas pautas del informe y los grandes ejes de las 21 estrategias de país planteadas por CEOE en diciembre para acelerar la reconstrucción y fortalecer la economía: transición digital, ecológica, apuesta por la industria y la igualdad de género y la cohesión territorial.

De este modo, insistió en elevar el peso de la industria en el PIB, situado en el 16% en la actualidad, lejos del objetivo fijado para 2020 por la UE (20%). Destacó también la importancia de la formación para hacer posible la digitalización, y el impulso al proceso de descarbonización de la economía para la transición verde.

Un nuevo escenario

Por su parte, el presidente de Siemens España, Miguel Ángel López, defendió que “la pandemia y los fondos europeos alumbran un nuevo escenario y debemos ser ágiles e inteligentes si queremos salir fortalecidos de esta situación”. A su juicio, la industria ha hecho un gran esfuerzo para avanzar en ámbitos como la digitalización y la transición verde, aunque falta mucho camino por recorrer.

Detalló cómo el informe insta a reforzar la apuesta por las energías renovables, con una economía más conectada y circular y un refuerzo de la estrategia de almacenamiento. Se trata, con las políticas públicas adecuadas, de conseguir “una transformación justa y sin dejar a nadie atrás. Así, conseguiremos no solo más crecimiento, sino menos emisiones de CO2 y una sociedad más equitativa y resistente ante futuras crisis”.

“Ser un negocio sostenible es asegurar un equilibrio entre los beneficios, las personas y el planeta”, añadió Miguel Ángel López, quien mostró su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “En este momento histórico debemos concentrarnos en minimizar nuestros puntos débiles y sacar el máximo partido de las fortalezas que tenemos como país”, señaló.

Por último, centró su atención en la digitalización, para lo que destacó la necesidad de reforzar la permanente formación de los ciudadanos. Un reto que, de atenderse, podría generar 220.000 empleos y dar respuesta a los 20.000 especialistas en ciberseguridad que se demandan en este momento en el mercado laboral, según Miguel Ángel López.

Posteriormente, el socio líder de Economics en PwC desgranó los detalles del informe y explicó que el concepto de ‘economía 5.0’ no sustituye al de 4.0, sino que lo complementa, poniendo el foco en las personas; la sostenibilidad; la capacidad de resiliencia y adaptabilidad, y las infraestructuras inteligentes. Igualmente, explicó que la ‘España 5.0’ no se basa en las nuevas tecnologías, ya que se centra en las ya existentes, “pero lo hace a través de la hiperconectividad a través de toda la cadena de valor, compartiendo información y riesgos y mejorando productos y procesos”.

Este experto centró su intervención en la importancia de reducir las emisiones de CO2 en todos los ámbitos, al tiempo que defendió que España debe trabajar para posicionarse en el liderazgo de algunos de los procesos que implica la economía 5.0, pese a las dificultades actuales.

Fraude del técnico informático: ¿fuera virus?… ¿o fuera tu dinero?

sábado, 17 de julio de 2021

Fraude del técnico informático: ¿fuera virus?… ¿o fuera tu dinero?

17/07/2019 Banco de España

La llegada del mundo digital a nuestras finanzas trae ventajas y facilidades pero también la amenaza de la ciberdelincuencia.

Te explicamos la última estrategia desarrollada por los ciberdelincuentes para que estés alerta:

Recibirás una llamada telefónica de una persona haciéndose pasar por técnico informático de alguna conocida empresa, alertándote de que tienes un problema en tu ordenador, móvil u otro dispositivo (por ejemplo, un virus informático).


Para solucionar el problema, te pedirán que realices un pago, por lo general, de pequeño importe y solicitarán todos los datos de tu tarjeta bancaria (número, fecha de caducidad, y el CVV –código de seguridad de tres dígitos contenido en el reverso de la tarjeta-) para poder tramitar el pago a través de sus aplicaciones.


A continuación, te pedirán que te descargues una serie de programas o apps para conectarse a tu equipo en control remoto. Mientras los ciberdelincuentes “trabajan” en el supuesto problema, te recomendarán silenciar tu dispositivo y despreocuparte del asunto.


Pero, ¿qué hacen realmente?: acceden a tus cuentas bancarias y realizan transferencias a su favor o hacen compras por internet con tu número de tarjeta. ¡Con la pantalla en stand-by y tu móvil en silencio, no te darás cuenta de que están sustrayendo el dinero de tu cuenta!


Ante la amenaza de la ciberdelincuencia, te recomendamos que tengas cuidado con las llamadas telefónicas sospechosas, y que no facilites información personal o confidencial a terceros sobre tus productos bancarios.

El Gobierno acuerda con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

sábado, 17 de julio de 2021

Acto de la firma en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública

El Gobierno acuerda con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

Lunes 5 de julio de 2021

El acuerdo establece, entre otras medidas, una duración máxima de tres años a la relación de interinidad y sanciones por incumplimiento. Se realizará un último proceso de estabilización para los interinos que ocupen actualmente plazas de carácter estructural.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha suscrito con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF el acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, que aprobará el Consejo de Ministros mañana a través de un Real Decreto-ley.

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, ha presidido previamente la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde están representadas las CCAA, la FEMP y los sindicatos.

A la firma del acuerdo, junto al ministro, han asistido el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrell. Por los sindicatos, han suscrito el acuerdo Francisco García Suárez, por CC.OO, Julio Lacuerda, por UGT, y Miguel Borra, por CSIF.

Reforma del TREBEP para evitar en el futuro elevadas tasas de temporalidad

El acuerdo recoge la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que especificará la causa y término del nombramiento del personal interino, solo por cuatro modalidades:
•Por vacante cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera y con una duración máxima de tres años desde el nombramiento.
•Por sustitución transitoria de titulares el tiempo estrictamente necesario.
•Para la ejecución de programas de carácter temporal, que no superarán los tres años de duración, ampliables por doce meses más en función de lo previsto en las Leyes de Función Pública que desarrollan el TREBEP.
•Por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.

Se mejora asimismo la definición de la figura del personal funcionario interino: se refuerza el carácter de temporalidad al descartarse cualquier expectativa de permanencia tras una selección con publicidad y celeridad; se definen las causas de finalización y la duración máxima; y se establece la no discriminación entre el régimen jurídico del personal interino y el personal funcionario de carrera.

Se necesita un análisis pormenorizado de las causas estructurales de la temporalidad en las administraciones públicas y en cada sector para mejorar los sistemas de planificación, de forma que no quepa el recurso al nombramiento interino o contratación de personal temporal para funciones estructurales.

Para la selección de personal funcionario interino se acudirá a procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

Responsabilidades de las administraciones

La reforma prevé la exigencia de responsabilidades por incumplimiento:
•Imposibilidad de cubrir por personal funcionario interino una plaza vacante que haya sido ocupada ya durante el tiempo máximo por un interino, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto.
•Establecimiento de un régimen de compensaciones. La reforma prevé una compensación económica para el personal funcionario interino afectado.

Compensación económica

El personal interino que no apruebe los procesos selectivos de temporalidad, tendrá derecho a una compensación económica equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades.

Cuando entre en vigor la reforma del TREBEP, el incumplimiento máximo de permanencia también dará lugar a la misma compensación económica. El derecho a dicha compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y estará referida exclusivamente al nombramiento del que derive la causa del incumplimiento, y no tendrán derecho a indemnización quienes renuncien por causa voluntaria o sean separados del servicio por medidas disciplinarias.

Reforma ante una excesiva tasa de temporalidad

La excesiva tasa de temporalidad constituye un rasgo estructural del mercado laboral en España que lastra la competitividad de nuestro modelo productivo. En el ámbito del sector público, la temporalidad es aún más elevada que en el privado.

Las causas de este fenómeno se encuentran en las limitaciones a la reposición de efectivos derivadas de las leyes presupuestarias, principalmente entre los años 2012 y 2015, y en los procesos selectivos, que en muchos casos no se desarrollan con la celeridad necesaria para garantizar la prestación de los servicios públicos.

La urgencia de articular una reforma normativa con carácter inmediato viene motivada por varios factores:
•La UE ha dirigido indicaciones a España sobre la necesidad de acometer reformas estructurales dirigidas a atajar la excesiva temporalidad.
•Con la referencia de estas recomendaciones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora entre sus medidas un nuevo instrumento normativo con el objetivo de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas.

Gradualidad en la aplicación

La reforma del TREBEP se aplicará únicamente al sector de administración general de las administraciones públicas, otorgándose el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal docente y estatutario de los servicios de salud. Si transcurrido el plazo de un año no se adaptara la legislación específica en dichos ámbitos, lo dispuesto en el TREBEP se aplicaría a dicho personal.