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Archivo del 19 de julio de 2021

Reloj. Palacio Real

lunes, 19 de julio de 2021

Pilar Llop: «El empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido»

lunes, 19 de julio de 2021

Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI)

Pilar Llop: «El empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido»

Viernes 16 de julio de 2021

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrado por primera vez bajo la presidencia de Eslovenia.

En el encuentro, se han abordado temas relacionados con la inteligencia artificial, la herencia digital y la Justicia adaptada a los niños.

Llop ha destacado que «el empleo de la inteligencia artificial en el ejercicio de potestades del poder público debe estar sujeto a una intervención humana significativa y a un proceso debido».

En este sentido, la ministra ha afirmado que la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial puede ser «fundamental para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y valores de la Unión Europea en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial y, en particular, en los procedimientos judiciales y en el ámbito de la Justicia». Y ha añadido que la inteligencia artificial «debe desarrollarse en un marco referencial de principios éticos y derechos fundamentales».

En cuanto a la herencia digital, otro de los temas tratados en la reunión, Pilar Llop ha señalado que tanto la cooperación como la prudencia entre los diferentes países son fundamentales para abordar los problemas prácticos. «La acción en solitario de la Unión Europea se revela insuficiente; por ello, para abordar la encrucijada, se requiere de una acción en un foro internacional, como podría ser Naciones Unidas», ha añadido Llop.

Finalmente, la ministra ha indicado, en relación a la Justicia amigable para los niños, que «debemos continuar aunando esfuerzos para proteger mejor a nuestros menores, especialmente en su relación con la Justicia». La ministra ha resaltado la importancia de contar con datos fiables y comparables sobre menores implicados en procedimientos judiciales de manera que sea más fácil identificar los posibles problemas.

José Luis Bonet destaca la importancia de la digitalización de las pymes españolas

lunes, 19 de julio de 2021

José Luis Bonet destaca la importancia de la digitalización de las pymes españolas

XX Aniversario de Camerfirma

15 de Julio 2021

Cámara de España

La jornada El futuro de la identidad digital en España contó con la participación del director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, quien señaló que la transformación digital es una de las claves de las inversiones prioritarias
José Luis Bonet destaca la importancia de la digitalización de las pymes españolas

Madrid, 15/07/2021.- El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha señalado la importancia de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, acentuada como consecuencia del COVID-19. Así se ha manifestado en la apertura de la jornada El futuro de la identidad digital en España organizada por Camerfirma, entidad de certificación cualificada eIDAS creada por las Cámaras de Comercio de España en 2018, con motivo de su vigésimo aniversario.

En su intervención, Bonet recordó que las pymes contarán con apoyo de la red de Cámaras de Comercio en su proceso de digitalización y ayuda financiera de los fondos Next Generation EU, al tratarse de uno de los ejes en los que se apoya el proceso de recuperación económica tras la pandemia. En ese sentido, Bonet señaló que “las empresas son generadoras de riqueza y creadoras de empleo, y ninguna de ellas puede quedar atrás por falta de recursos o de información sobre cómo sumarse al gran proyecto modernizador que este país tiene por delante y que todos deseamos que alumbre un nuevo sistema económico más tecnológico, más sostenible y más inclusivo. En ese camino, estoy convencido de que Camerfirma, que ya fue pionera en el campo de la digitalización, seguirá trabajando al servicio de las empresas españolas”.

La jornada contó también con la participación del director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, quien destacó que para las empresas “la digitalización es una cuestión de supervivencia. El reto de la digitalización que, si antes era evidente, ahora se ha hecho absolutamente urgente, es una de las claves de las inversiones y de las prioridades que nos tienen que guiar en los próximos meses y de cara al futuro”.

Junto a Bonet y Martínez Lacambra, intervinieron Danilo Cattaneo, consejero delegado de InfoCert, propietaria del 51 % del capital de Camerfirma y la mayor autoridad de certificación de Europa, y Alfonso Carcasona, director general de Camerfirma. Estos últimos repasaron la trayectoria de la empresa en los últimos años y explicaron las perspectivas de futuro.

Un Juzgado de Pontevedra anula una multa de 15.000 euros impuesta por la Xunta por alquilar un piso de protección oficial

lunes, 19 de julio de 2021

Jueves, 8 de julio de 2021

Un Juzgado de Pontevedra anula una multa de 15.000 euros impuesta por la Xunta por alquilar un piso de protección oficial

La Administración, no obstante, podrá exigir a los dueños el pago de lo que hayan ganado si continúan incumpliendo el decreto de 2007 que les impide arrendar la vivienda hasta amortizar el préstamo

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha anulado la multa de 15.000 euros que la Xunta impuso a los dueños de un piso de protección oficial situado en Monteporreiro por no residir de forma habitual en él y alquilarlo sin haber amortizado el préstamo concedido por la Administración autonómica. El magistrado considera que, si bien les afecta el decreto de 2007 que les impide arrendar la vivienda hasta haberla pagado, en este caso anula la multa porque en la escritura de compraventa, firmada en 2004, “no se estableció la obligación de los adquirentes de residir permanentemente en ella sin límite temporal, ni tampoco por el período de amortización de la deuda -20 años-”.

El juez destaca que “la única indicación expresa al respecto circunscribió la afección al régimen de protección oficial al plazo de treinta años a partir de la fecha de calificación definitiva del inmueble, que se había producido en 1987”. El magistrado, por tanto, considera “razonable” que el comprador y su esposa entendiesen “que la afectación del piso al régimen de protección oficial finalizaría a los 30 años, esto es, en enero 2017”, por lo que, en 2018, suscribieron el contrato de arrendamiento, “con buena fe, de manera transparente, depositando la fianza en el propio Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)”.

No obstante, recuerda en la sentencia que en 2007 la Xunta aprobó un decreto que dispone, “muy claramente” que, en estos supuestos de compraventa de viviendas promovida por el IGVS, “el régimen de protección se extenderá hasta la amortización total del préstamo concedido para su adquisición”. En el año 2018 los dueños del inmueble de Monteporreiro todavía tenían pendiente de pagar más de la mitad del préstamo concedido por el IGVS para la compra del piso.

El juez concluye que el decreto sí les resultaba de aplicación, pues se trata de “una vivienda transmitida directamente por el IGVS por un precio muy inferior al de mercado y con un régimen de financiación también muy privilegiado”, por lo que entiende que “contradice la finalidad y el espíritu de dicho régimen de protección el que, cuando el adquirente todavía no ha pagado el precio completo (quedándole más de la mitad), deje de residir en la vivienda y la alquile por una renta tres veces superior a las mensualidades de pago aplazado que todavía tiene pendientes, obteniendo con ello un enriquecimiento injusto manifiesto”.

Al determinar el magistrado que el inmueble sigue sometido al régimen de protección hasta que se amortice totalmente el préstamo del IGVS, la estimación del recurso contra la multa interpuesta por los propietarios es solo parcial. Así, el juez recalca que “no pueden ya desconocer su obligación de residir en ella o de transmitirla cumpliendo las condiciones establecidas para las viviendas protegidas”, por lo que insta a la Xunta a concederles “un plazo razonable para que den cumplimiento efectivo al régimen protegido de la vivienda”. De no cumplirlo, la Administración “podrá requerirles el pago de todo lo que hayan ganado con el alquiler”.

¿En qué consiste la resolución de un banco?

lunes, 19 de julio de 2021

¿En qué consiste la resolución de un banco?

22/06/2021 Banco de España

Los bancos prestan servicios esenciales a los ciudadanos y a las empresas; por eso se considera un sector sistémico y está fuertemente regulado y supervisado. La crisis financiera global de 2008 tuvo un alto coste en términos de PIB, empleo y dinero de los contribuyentes aportado para que las entidades pudieran seguir prestando esos servicios, y reveló, por ello, la necesidad de introducir cambios de calado en la normativa vigente. En primer lugar, para actuar de forma preventiva evitando que las entidades acumulen excesivos riesgos. Y, en segundo, creando un marco que mitigue el impacto en la economía y en las cuentas públicas si ese riesgo llegara a materializarse.

La pasada crisis financiera puso de manifiesto la necesidad de contar con normas de resolución bancaria para que las autoridades puedan gestionar la crisis de un banco de una manera enérgica, rápida y segura, no solo para garantizar la estabilidad financiera, sino también para que sean sus dueños y acreedores (y no los ciudadanos con sus impuestos) quienes asuman las pérdidas.

Así, en 2014 se aprobó en la Unión Bancaria un marco integrado de toma de decisiones en materia de resolución: el llamado Mecanismo Único de Resolución (MUR). El MUR está integrado por las Autoridades Nacionales de Resolución (ANR) de la zona del euro y la Junta Única de Resolución (JUR). La JUR es la autoridad europea que garantiza que la gestión de las crisis bancarias de la zona euro se aborde de forma que tengan el menor impacto posible en la economía real y en las haciendas públicas de los países de la Unión Bancaria.

Para ello, las autoridades nacionales y la JUR, de forma coordinada, se reparten sus responsabilidades en función del tamaño de los bancos. Los bancos significativos y otros grupos transfronterizos de la zona euro están bajo la responsabilidad de la JUR, mientras que los bancos menos significativos quedan bajo el ámbito nacional.

En España, hay dos autoridades que trabajan con la JUR: el Banco de España, que prepara la resolución de los bancos españoles ante una posible situación de crisis (“fase preventiva”) y el FROB, que toma el control si el banco ha sido declarado inviable (“fase ejecutiva”).

Junta Única de Resolución (JUR)

Unión Europea

Función: garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la UE participantes y terceros

Presidenta: Elke König

Colaboradores: Parlamento Europeo, Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE), Autoridades Nacionales de Resolución (las ANR) y Autoridad Bancaria Europea (ABE)

Año de creación: enero de 2015

Plantilla: (aún en fase de creación) objetivo: máximo 300 a principios de 2017

Sede: Bruselas (Bélgica)

Página web: Junta Única de Resolución

La Junta Única de Resolución (JUR) es la nueva autoridad de resolución de la Unión Bancaria Europea. Es un elemento clave de la Unión Bancaria y de su Mecanismo Único de Resolución. Su misión consiste en garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la UE participantes y terceros.

Qué hace?
Sus principales tareas son:

Establecer normas y procedimientos habituales para la resolución de las entidades.
Tomar decisiones sobre las resoluciones en el seno de la Unión Bancaria mediante un procedimiento uniforme para ayudar a mantener la confianza del mercado.
Establecer unos mecanismos de resolución que comporten credibilidad y viabilidad.
Eliminar los obstáculos a la resolución para conseguir un sistema bancario más seguro en Europa.
Minimizar el coste de la resolución y evitar toda destrucción de riqueza que no sea necesaria para alcanzar los objetivos de la resolución.
Facilitar beneficios importantes a los contribuyentes, bancos y titulares de depósitos.
Fomentar la estabilidad económica y financiera a escala de la UE.

Cómo funciona?
En dos sesiones: ejecutiva y plenaria. Durante cada sesión, las normas de votación tratan de conciliar la necesidad de tener en consideración los intereses de todos los países y la de garantizar que las decisiones tomadas a escala de la UE revistan eficacia.

Sesiones ejecutivas: se destinan a la toma de decisiones de carácter preparatorio y operativo relativas a las resoluciones que afectan a los bancos concretos. Este proceso incluye la utilización del Fondo y las decisiones dirigidas a las autoridades nacionales para que apliquen las medidas. En estas sesiones participan:

la presidenta
el vicepresidente
los cuatro miembros permanentes
las autoridades del país donde está ubicado el banco en dificultades.
Se adoptan decisiones de resolución concretas que implican la utilización del Fondo por un valor inferior a 5.000 millones de euros.

Sesiones plenarias: tienen competencia para decidir en casos de resolución concretos si se requiere la ayuda del Fondo por un valor superior al umbral de 5.000 millones de euros.

La Junta Única de Resolución desempeña su actividad en estrecha colaboración con la Autoridad Bancaria Europea cuyo principal objetivo consiste en ayudar a establecer un código normativo único europeo sobre la banca para fijar normas exigentes aplicables a las instituciones financieras en la UE. La Autoridad también promueve la convergencia de las prácticas de supervisión y evalúa los riesgos y vulnerabilidades del sector bancario de la UE.

A quién beneficia?
La Junta Única de Resolución podrá actuar de forma proporcional, adecuada y ágil para sentar las bases de recuperación y resolución de los bancos de la zona del euro. Se trata de evitar otros rescates y transferir a los bancos la responsabilidad de la resolución con el coste mínimo para los contribuyentes y la economía real.

COVID-19: el Consejo añade a Ucrania a la lista de países para los que deben levantarse las restricciones de viaje y retira a dos países

lunes, 19 de julio de 2021

COVID-19: el Consejo añade a Ucrania a la lista de países para los que deben levantarse las restricciones de viaje y retira a dos países


Tras una revisión realizada en virtud de la Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, el Consejo ha actualizado la lista de países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. Concretamente, se ha retirado de la lista a Ruanda y Tailandia y se ha añadido a Ucrania.

Consejo Europeo

Con arreglo a lo dispuesto en la Recomendación del Consejo, esta lista se seguirá revisando regularmente y, si procede, se actualizará.

Conforme a los criterios y condiciones fijados en la Recomendación, a partir del 15 de julio de 2021 los Estados miembros deben levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores para los residentes de los terceros países siguientes:

Albania,
Armenia,
Australia,
Azerbaiyán,
Bosnia y Herzegovina,
Brunéi,
Canadá,
Israel,
Japón,
Jordania,
Líbano,
Montenegro,
Nueva Zelanda,
Qatar,
Moldavia,
Macedonia del Norte,
Arabia Saudí,
Serbia,
Singapur,
Corea del Sur,
Ucrania (nuevo),
Estados Unidos de América,
China, con sujeción a confirmación de reciprocidad.
Asimismo, deben levantarse gradualmente las restricciones de viaje para Hong Kong y Macao, regiones administrativas especiales de China.

Dentro de la categoría de entidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados por al menos un Estado miembro, también deben levantarse gradualmente las restricciones de viaje para Kosovo[1] y Taiwán.

A efectos de esta Recomendación, los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deben considerarse asimilados a residentes de la UE.

Los criterios para determinar los terceros países para los que deben levantarse las restricciones de viaje en vigor se actualizaron el 20 de mayo de 2021. Se refieren a la situación epidemiológica y la respuesta general a la COVID-19, así como a la fiabilidad de la información y de las fuentes de datos disponibles. Debe tenerse en cuenta asimismo el criterio de reciprocidad, caso por caso.

También participan en esta Recomendación los países asociados a Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Contexto
El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción. Dicha Recomendación incluía una lista inicial de países para los que los Estados miembros debían comenzar a levantar las restricciones de viaje en las fronteras exteriores. La lista se revisa regularmente y se actualiza si procede.

El 20 de mayo, el Consejo adoptó una Recomendación de modificación para responder a las campañas de vacunación en curso mediante la introducción de determinadas dispensas para personas vacunadas y mediante la simplificación de los criterios para levantar las restricciones aplicables a terceros países. Al mismo tiempo, las modificaciones tienen en cuenta los posibles riesgos que plantean las nuevas variantes mediante el establecimiento de un mecanismo de «freno de emergencia» para reaccionar con rapidez ante la aparición de una variante de interés o una variante preocupante en un tercer país.

La Recomendación del Consejo no es un instrumento jurídicamente vinculante. Las autoridades de los Estados miembros siguen siendo responsables de la aplicación del contenido de la Recomendación. Pueden, con total transparencia, decidir levantar solo progresivamente las restricciones de viaje aplicables a los países de la lista.

Ningún Estado miembro debe decidir el levantamiento de las restricciones de viaje a terceros países no incluidos en la lista antes de que se haya decidido de manera coordinada.

[1] La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.