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sábado, 24 de julio de 2021

El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios

sábado, 24 de julio de 2021

Viernes, 23 de julio de 2021

El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios

Autor: Comunicación Poder Judicial

Como se adelantó el 23 de junio de 2021, tras la deliberación del recurso de casación 1799/2020, el pleno de la Sala Primera ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor como consecuencia de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios.

En el auto, que se ha notificado hoy a las partes, se tiene en cuenta que es jurisprudencia constante del TJUE que cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, deberán respetar los principios generales de ese ordenamiento, entre los que figuran el principio de seguridad jurídica y el de protección de la confianza legítima.

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Tribunal Supremo

Sala Civil

Gabinete Técnico

Auto de Pleno de 22 de julio de 2021. Recurso 1799/2020. Cuestión prejudicial sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios

Como se adelantó el 23 de junio de 2021, tras la deliberación del recurso de casación 1799/2020, el pleno de la Sala Primera ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor como consecuencia de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios.

En el auto, que se ha notificado hoy a las partes, se tiene en cuenta que es jurisprudencia constante del TJUE que cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, deberán respetar los principios generales de ese ordenamiento, entre los que figuran el principio de seguridad jurídica y el de protección de la confianza legítima.

entos del TJUE descartan que el día inicial del plazo de prescripción de este tipo de acciones sea el día de celebración del contrato o la fecha en la en que se hicieron los pagos indebidos, por lo que quedarían dos opciones:

a) Que el día inicial del plazo de prescripción sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula. Esta solución puede ser contrario al principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los principios del ordenamiento jurídico de la UE: en la práctica, convierte la acción de restitución en imprescriptible, puesto que no puede comenzar el plazo de prescripción hasta que se haya estimado una acción (la de nulidad) que es imprescriptible en el Derecho interno, por tratarse de una nulidad absoluta. Además, el principio de seguridad jurídica se podría ver gravemente comprometido si se diera lugar a reclamaciones relativas a contratos consumados y extinguidos desde hace décadas.

b) Que el día inicial sea la fecha de las sentencias del TS que fijaron doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios (sentencias de 23 de enero de 2019) o la fecha de las sentencias del TJUE que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción (SSTJUE de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank SA, o de 16 de julio de 2020, Caixabank SA). Este criterio plantea el problema de que puede ser contrario al principio de efectividad, por ser dudoso que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz pueda ser conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del TJUE en la materia.

Las dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea que suscitan ambas opciones justifican el planteamiento de la cuestión prejudicial. Se adjunta una versión anonimizada del auto.
Gabinete Técnico. Área civil. Julio de 2021

Los eurodiputados presionan a la Comisión para que proteja los fondos de la UE

sábado, 24 de julio de 2021

Los eurodiputados presionan a la Comisión para que proteja los fondos de la UE

Parlamento Europeo

Los miembros del PE quieren que la Comisión Europea demuestre que está a la altura de defender el presupuesto europeo frente a los Estados miembros que vulneren el Estado de derecho.


La legislación aprobada a finales de 2020 vincula el presupuesto comunitario al respeto del Estado de derecho.


Los eurodiputados defendieron en un informe aprobado en el pleno de julio de 2021 que la Comisión debería investigar rápidamente posibles infracciones del principio del Estado de derecho, dado que la situación en algunos Estados miembros ya justifica una acción inmediata.

El informe considera las directrices elaboradas por la Comisión para la implementación de la legislación de la UE que vincula el desembolso de fondos de la UE con el respeto del Estado de derecho por parte de los Estados miembros. La legislación está en vigor desde el 1 de enero de 2021, pero hasta ahora la Comisión no ha propuesto ninguna medida bajo estas reglas. El Parlamento defiende que el reglamento no requiere ninguna interpretación adicional para su aplicación y sostiene que el desarrollo de directrices no debería causar más retrasos.

Los eurodiputados exigen que la Comisión informe al Parlamento sobre los primeros casos investigados lo antes posibles. Si la Comisión no actúa, el Parlamento la llevará antes el Tribunal Europeo de Justicia.

El informe se publica después de que el Parlamento Europeo hiciera una petición similar en una resolución aprobada el 10 de junio.

En una resolución paralela publicada el 8 de julio de 2021, el Parlamento condenó la ley húngara que, con el pretexto de luchar contra la pedofilia, prohíbe que el contenido LGBTIQ aparezca en materiales educativos escolares o programas de televisión para niños. La ley no es un incidente aislado, sino otro “ejemplo intencional y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría”, afirman los eurodiputados. El Parlamento sostiene que “la discriminación contra las minorías apoyada por el Estado tiene un impacto directo en los proyectos en los que los estados miembros deciden gastar el dinero de la UE”, y por tanto afecta la protección de los intereses financieros de la UE.

Los eurodiputados apelan a la Comisión para que active de inmediato el procedimiento para suspender o recortar los pagos del presupuesto de la UE a Hungría.

Defender el Estado de derecho: una cuestión de urgencia

Los eurodiputados debatieron el 26 de mayo cómo aplicar las nuevas normas sobre la vinculación del presupuesto europeo al respeto del Estado de derecho con el director general del departamento de presupuesto de la Comisión Europea, Gert Jan Koopman.

En la reunión conjunta entre las comisiones de Presupuestos y Control Presupuestario, Koopman subrayó que las evaluaciones potenciales de la Comisión con respecto al Estado de derecho en los países de la UE son un asunto sensible: “Las decisiones que se tomen estarán sujetas a una revisión judicial completa por parte del Tribunal [Europeo] de Justicia […] Necesitamos hacer esto bien desde el principio. No podemos permitirnos el lujo de cometer errores y presentar casos que son anulados por la Corte. Eso sería un desastre».

Los eurodiputados enfatizó que no hay necesidad de redactar dichas pautas, ya que el reglamento es suficientemente claro. “Si se quisiera redactar un conjunto de pautas breves, sería suficiente con decir: ‘Eche un vistazo al reglamento’”, dijo el eurodiputado finlandés Petri Sarvamaa, del Partido Popular Europeo.

“Todos los Estados miembros deberían poder ver que la Comisión lleva a cabo sus investigaciones de forma totalmente objetivia”, defendió Sarvamaa.

“Cuando hablamos de violaciones al Estado de derecho, nos referimos a un tema muy serio. Somos conscientes de que tenemos que tener mucho cuidado con estas evaluaciones. Pero la rigurosidad meticulosidad no pueden posponer para siempre la aplicación del reglamento”, aseveró la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal.

Algunos miembros del PE argumentaron que hay “una crisis sobre el Estado de derecho” en la UE y exigieron a la Comisión que actúe con decisión para evitar que la situación se siga deteriorando. “Tenemos absoluta confianza en la capacidad de la Comisión para monitorear, encontrar y evaluar casos. Tiene algunos de los abogados más inteligentes de Europa, tiene los mejores funcionarios públicos para proteger el presupuesto de la UE y el Estado de derecho «, defendió la eurodiputada alemana Terry Reintke, de Los Verdes/ALE. “Pero da la impresión de que, y hablo en nombre de millones de ciudadanos europeos, os falta el carácter de urgencia. Es como si estuvierais sentados en una casa y llama y dijerais: ‘Antes de que llamemos a los bomberos, en vamos a elaborar pautas sobre cómo se puede extinguir el incendio’”, añadió.

El presupuesto de la UE y el Estado de derecho

La legislación aprobada a finales de 2020 vincula el presupuesto comunitario al respeto del Estado de Derecho. Si la Comisión determina que un país ha vulnerado el Estado de derecho y que se compromete la gestión del dinero, puede proponer que se suspendan o congelen los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno.

El Consejo tiene entonces que tomar la decisión sobre las medidas propuestas por mayoría cualificada.

Las reglas buscan proteger los intereses de los beneficiarios de los fondos (agricultores, estudiantes, pequeñas empresas u ONG) que no deben ser castigados por las acciones de sus gobiernos.

Retos legales

El Parlamento insiste en que que se implemente el mecanismo para acabar con las vulneraciones del Estado de derecho que se han dado en algunos países europeos durante los últimos años.

Hungría y Polonia recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el nuevo mecanismo y pidieron anular el reglamento. En respuesta, los líderes de la UE acordaron en la cumbre del 10 al 11 de diciembre de 2021 que la Comisión tendría que elaborar las directrices para la implementación de las normas y estas no se finalizarían hasta conocerse la sentencia judicial.

El Parlamento insistió en que las normas están en vigor y la Comisión tiene obligación legal de defender los intereses y valores europeos.

Descubra cómo protege la UE el Estado de Derecho.

La Audiencia Nacional anula la prórroga de la concesión de ocupación a la fábrica de ENCE Energía y Celulosa de una superficie 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre entre Pontevedra y Marín

sábado, 24 de julio de 2021

Viernes, 16 de julio de 2021

La Audiencia Nacional anula la prórroga de la concesión de ocupación a la fábrica de ENCE Energía y Celulosa de una superficie 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre entre Pontevedra y Marín

La Sala estima los recursos de Greenpeace y del Concello Pontevedra

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recurso que Greenpeace y el Concello de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a ENCE Energía y Celulosa S.A. (ENCE) de ocupación de una superficie 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja de dominio público marítimo terrestre entre de Pontevedra y Marín.

En una sentencia, la Sala considera que Resolución de 20 de enero de 2016 de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la Ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.

Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019.

En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no puede tener otra ubicación. En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de ENCE Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, “pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas”.

Por tanto, añaden, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua. La Sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A. en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también con la fábrica de ENCE en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.

Para el tribunal resulta significativo que ENCE “no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente Resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del demanio en el margen derecho de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica”.

La sentencia recuerda que “la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, ex artículo 2 de la Ley de Costas, entre otros fines el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, como hemos dicho, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado”.

Darias: La flexibilización del uso de la mascarilla en exteriores supone recuperar una parte de nuestras vidas de forma prudente y cuidadosa

sábado, 24 de julio de 2021

Darias: La flexibilización del uso de la mascarilla en exteriores supone recuperar una parte de nuestras vidas de forma prudente y cuidadosa

Miércoles 21 de julio de 2021

La ministra de Sanidad ha recordado que la flexibilización del uso de la mascarilla se limita, con carácter general, a espacios exteriores en los que se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas no convivientes.

Carolina Darias lo ha defendido así durante su comparecencia en el debate de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, que se ha sustanciado este miércoles en el Congreso de los Diputados y que, entre otros, viene a flexibilizar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios recogida en la Ley 2/2021.

Tal y como ha recordado la ministra de Sanidad, el Real Decreto por el que se flexibiliza el uso de la mascarilla es una regulación de mínimos, y exime de la obligatoriedad de llevarla sólo cuando, en espacios exteriores, se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes. Para el resto de situaciones, la mascarilla será obligatoria, ha remarcado Darias.

Se trata, en cualquier caso, de una decisión que cuenta con el apoyo de la evidencia científica y que es fruto del trabajo realizado desde la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, donde participan tanto los responsables de los servicios de Vigilancia y Alerta de todas las comunidades y ciudades autónomas, como la Dirección General de Salud Pública, el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), la Subdirección General de Sanidad Exterior, la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad, INGESA, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Salud Carlos III.

La ministra de Sanidad ha insistido en que Real Decreto-Ley 13/2021 solo modifica el artículo 6 de la Ley 2/21, por lo que el resto de la ley sigue intacta. En este sentido, se ha referido a las aglomeraciones de personas sin mascarillas que se han observado en las últimas fechas; situaciones que no tienen ni amparo legal ni justificación alguna.

«Esas imágenes ponen de manifiesto un incumplimiento de las condiciones fijadas por la Ley», ha hecho hincapié Darias, quien ha insistido en la necesidad de perseverar y mantener al virus a raya con el cumplimiento de las normas a pesar de la fatiga pandémica.

Altas tasas de vacunación

La ministra ha explicado que la mascarilla es una medida no farmacológica que la ciudadanía ha asumido con la máxima responsabilidad y que se ha llegado a convertir en un elemento indispensable y parte del día a día.

Sin embargo, ha profundizado Darias, las amplias coberturas de vacunación que se han alcanzado ya en España han permitido plantear el inicio de una reducción limitada y progresiva del uso de mascarillas en exteriores y, exclusivamente, en determinadas situaciones; una medida que, ha incidido, también se encuentra vigente en muchos países de nuestro entorno, además de haber sido demandada por muchas de las comunidades autónomas.

Así, y tal y como ha detallado Darias, según los últimos datos correspondientes al día de ayer, en España se han vacunado con pauta completa más de 24,3 millones de personas, el 51,3 % de la población de nuestro país. Asimismo, casi 29,7 millones de personas cuentan con una única dosis, el 62,6 % de la población.

Por otro lado, se observa cómo el 82,2 % de las personas mayores de 40 años ya han completado la pauta de vacunación y el 91,3% cuenta con, al menos, una dosis de protección al coronavirus SARS CoV-2.

Asimismo, ha continuado la ministra de Sanidad, la Incidencia Acumulada (IA) en los mayores de 40 años difiere considerablemente respecto a los menores de esta edad, con lo que la población más vulnerable queda ampliamente protegida frente a la infección, hospitalización y fallecimiento gracias a la vacunación; algo, ha destacado que es fruto del trabajo desarrollado por las comunidades autónomas y sus profesionales sanitarios, especialmente, por las enfermeras y los enfermeros.

Por último, Darias ha valorado el artículo segundo del Real Decreto-Ley convalidado en el día de hoy y que establece una modulación por el Gobierno de la regulación del acceso a las terminales aeroportuarias de interés general.

De este modo, ha subrayado, avanzamos igualmente en la recuperación de la normalidad dentro de los parámetros de la vigilancia constante y de la modulación de restricciones si ello fuera preciso.

También deja sin efecto el régimen establecido para el aforo en la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB, una vez reanudadas las competiciones profesionales con la incorporación progresiva del público a las mismas.

El 10 % de la superficie agraria en España ya es ecológica y supera los 2,4 millones de hectáreas en 2020

sábado, 24 de julio de 2021

El 10 % de la superficie agraria en España ya es ecológica y supera los 2,4 millones de hectáreas en 2020

Lunes 12 de julio de 2021

La superficie destinada a la producción ecológica en España aumentó el 3,5 % en 2020 frente al año anterior, hasta alcanzar las 2.437.891 hectáreas. Estos datos confirman una tendencia de crecimiento anual medio de la superficie eco del 4,8 % en el último lustro y sitúan ya la superficie agraria útil (SAU) dedicada al ecológico en el 10 %.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que, un año más, estamos ante unos datos muy buenos, que muestran el liderazgo del sector ecológico español.

De hecho España, primer país europeo en superficie y producción ecológica y el tercero del mundo -por detrás de Australia y Argentina-, está en disposición de poder cumplir en 2030 el objetivo, fijado en el Pacto Verde europeo, de destinar un 25 % de las tierras agrícolas a la producción ecológica, en línea también con la agenda de transformación ecológica de este Gobierno, según el ministro.

La mayor parte de la superficie eco correspondió a pastos permanentes, con más de 1,27 millones de hectáreas, seguida por cultivos permanentes (662.423 hectáreas) y por cultivos arables (502.075 hectáreas), según el estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «Producción Ecológica 2020».

El 45 % de la superficie ecológica se halla en Andalucía (más de un millón de hectáreas), seguida por Castilla-La Mancha, que cuenta con algo más del 17 % de la extensión total y 422.864 hectáreas; y por Cataluña, con el 10,5 % del total estatal y casi 257.000 hectáreas.

Entre las cifras más reseñables: se eleva la superficie de cultivos permanentes ecológicos, mientras que se mantiene la cabaña ganadera eco, así como la producción acuícola bio, si bien aumenta el número de operadores.

Aumenta el número de operadores debido al incremento de la demanda Además, se detecta un aumento en el número de operadores (+6,3 %, hasta 50.047), especialmente en las fases posteriores de la cadena alimentaria, debido a un incremento de la demanda. En total son 50.047.

Han aumentado el número en casi todas las categorías: productores agrarios, (+6%, 44.493), establecimientos industriales (+8 %) y comercializadores (+8 %). La tendencia del crecimiento medio anual en los últimos 5 años ha sido del 6 % en agricultores, 11 % en industrias y 20 % en comercializadores de productos ecológicos.

Por lo que a los 10.395 establecimientos industriales eco registrados se refiere, han crecido un 8 % y ya llegan a 8.944 aquellos relacionados con la producción vegetal, siendo los más numerosos los de manipulación y conservación de frutas y hortalizas y los de elaboración de bebidas; y a 1.451 los relacionadas con la producción animal, destacando la industria cárnica y láctea.

Respecto al incremento de las hectáreas dedicadas a los cultivos permanentes (+9 %), es de resaltar que sube la superficie de cítricos (+19 %, hasta 19.843 hectáreas), plataneras y frutas tropicales (+16 %, hasta 6.929 hectáreas) y frutos secos (+16 %, hasta 196.940 hectáreas), también llama la atención el crecimiento de plantas cosechadas en verde para alimentación animal (+10 %).

No obstante, la mayor superficie de cultivos permanentes se corresponde con el olivar (222.722 ha), seguido por los frutos secos (196.940 ha) y el viñedo (131.182 ha).

Producción animal estable

La producción animal se mantuvo estable, con una ligera variación (-1 % respecto al año anterior), hasta 7.732 explotaciones ganaderas.

Disminuyen las explotaciones dedicadas a la carne de ovino (-3 %, hasta 1.879 explotaciones) y de caprino (-5 %, hasta 463), si bien se incrementaron las dedicadas a la cría de conejos (+33 %, solo son 4), pollos (+7 %, hasta 111), leche de ovino (+9 %, hasta 119) y caprino (+5 %, hasta 203).

Sin embargo, el número de cabezas de ganado aumenta especialmente en porcino (+17 %, hasta 37.846 animales), ovino, caprino y bovino de leche (+7 %, +15 % y +10 %, respectivamente) y en aves de corral de carne (+5 %, hasta algo más de 1,6 millones de animales) y de puesta (+13 %, hasta 943.106 animales).

La acuicultura bio ha sido otro subsector con crecimiento mantenido en producción alcanzando casi 7.480 toneladas y donde resaltan los mejillones con 3.585 toneladas. Se ha producido un aumento pasando de 61 explotaciones acuícolas a 174, motivado en su mayoría, por un cambio de certificación en grupo a certificación individual, en uno de los productores.

Los datos del informe «Producción Ecológica 2020» que anualmente elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que está disponible en la página del departamento, ofrecen una completa radiografía de la estructura productiva en eco en España por cultivos, ganaderías, operadores, actividades industriales, entre otras, con datos desagregados por comunidades autónomas y provincias.