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Archivo del 26 de julio de 2021

Ordoño II

lunes, 26 de julio de 2021

Aumentan un 18% los ERE en el primer cuatrimestre del año

lunes, 26 de julio de 2021

Aumentan un 18% los ERE en el primer cuatrimestre del año

Sindicato USO.

23 julio, 2021

Los ERE aumentaron un 18,1% de enero a abril de 2021. USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del ET para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos

Los ERE aumentaron con respecto a 2020. Este es uno de los datos de la Estadística de Regulación de Empleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los datos correspondientes al periodo de enero a abril de 2021.

Un total de 5.021 trabajadores fueron incluidos en un ERE en los primeros cuatro meses del año, lo que supone un 18,1% más que en el mismo periodo de 2020.

El aumento de los trabajadores afectados por despidos colectivos con respecto a 2020, denota que, por un lado, hay empresas que no han podido mantener el empleo pese a las medidas adoptadas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. “Y, por otro, que hay empresas que están aprovechando la coyuntura para cerrar centros de trabajo en España o aligerar la plantilla presentando un ERE sin base como es el caso de LM Wind Power que plantea el despido de casi 400 personas en su centro de Ponferrada”, critica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Por ello, USO continúa exigiendo la reforma del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1483/2012, de Procedimientos de Despido Colectivo, para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos. “De esta forma se devolvería a la autoridad laboral la competencia de paralizar o suspender procesos de despido colectivo. Esta medida la solicitamos hace un año, ante el peligro claro de que los ERTE se convirtieran en ERE, pero seguimos sin tener noticias del Gobierno”, denuncia García.

25.010 afectados por despidos colectivos, suspensiones de contrato o reducción de jornada

La Estadística de Regulación de Empleo recoge información sobre empresas, procedimientos y trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada. En el primer cuatrimestre de 2021, el total de trabajadores afectados por estas medidas ascendió a 25.010. De estos, 8.091 (32,4%) estaban
afectados por procedimientos por causa de fuerza mayor y 16.919 (67,6%), por procedimientos de regulación por
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Por otro lado, a 19.989 trabajadores (79,9%) se les han aplicado suspensiones de contrato o reducciones de jornada, frente a los 826.393 que se registraron en el primer cuatrimestre de 2020. De esta forma, se redujeron un 97,6%.

El descenso de personas afectadas por ERTE con respecto a 2020, responde a una consecuencia lógica de la vuelta a la actividad con respecto a los momentos de declaración de estado de alarma, confinamiento domiciliario y paralización de la actividad que tuvo lugar entre marzo y abril de 2020.

En cuanto a los sectores con más medidas de regulación de empleo destacan comercio y reparación de vehículos; actividades administrativas; industria manufacturera y transporte y almacenamiento. En este sentido, llama la atención que los sectores donde se están adoptando estas medidas no sean los sectores más afectados por las restricciones de movilidad y vida social a consecuencia de la pandemia.

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias se sitúan a la cabeza en la aplicación de estas medidas.

Teresa Ribera valora el resultado de la reunión del G20 de medio ambiente, energía y clima celebrada en Nápoles

lunes, 26 de julio de 2021

Durante los días 22 y 23 de julio

Teresa Ribera valora el resultado de la reunión del G20 de medio ambiente, energía y clima celebrada en Nápoles

Sábado 24 de julio de 2021

23/07/2021. Ribera asiste a la reunión del G20

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido los compromisos adquiridos en el marco del G20 en materia de medio ambiente, energía y clima.

«Los países del G20 tenemos un papel clave que desempeñar para demostrar que es posible cumplir los objetivos climáticos y aumentar la ambición desarrollando políticas concretas», ha destacado durante la reunión del Grupo, que tuvo lugar en Nápoles (Italia) durante los días 22 (Medio Ambiente) y 23 de julio (Clima y Energía).

La vicepresidenta ha valorado positivamente la declaración, que confirma el compromiso de actuar guiados por el objetivo de limitar el aumento de la temperatura en 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, en línea con el IPCC. Este acuerdo por parte de las veinte grandes economías del mundo es una llamada a la urgencia para presentar estrategias de neutralidad climática en torno al 2050 -un objetivo al que ya se habían comprometido países como España- y contribuciones nacionales más ambiciosas antes de la COP26, que se celebrará en noviembre en Glasgow.

También se ratifica el compromiso financiero de 100.000 millones de euros previsto en el Acuerdo de París y su desembolso anual hasta 2025 en línea con la transición energética, para lo que se requiere una alineación de los flujos públicos y privados, así como de los bancos multilaterales, que permita acelerar la descarbonización y desincentivar definitivamente infraestructuras que supongan una desaparición más lenta de las emisiones.

«En un contexto de crisis sanitaria y de emergencia climática, el escenario de limitar la temperatura media global a 1,5ºC es el único posible, del mismo modo que no se pueden retrasar las medidas que lo pongan en peligro. Debemos asegurar que los paquetes de recuperación no solo estén alineados con los objetivos de París, sino que garanticen que todas las políticas apliquen principios como el de no dañar el medio ambiente», ha manifestado Ribera.

Medio ambiente, energía y clima confluyen en el G20

Por primera vez en el seno del G20, el encuentro ha reunido conjuntamente a ministros de Medio Ambiente, Energía y Clima con un doble objetivo: conciliar la protección ambiental con el progreso y el bienestar humano, y colocar la transición ecológica y energética en el centro de la agenda política. Promoviendo respuestas coordinadas, efectivas y basadas en la ciencia, y apostando por una transición justa e inclusiva que sitúa a las personas en el centro y preste especial atención a los más vulnerables.

Durante las reuniones también han participado los portavoces de los principales organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la FAO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la UNESCO; organizaciones científicas y de la sociedad civil como la Fundación Ellen MacArthur o YOUTH 20; y agencias internacionales de energía como IRENA o la IEA, entre otros.

Teresa Ribera ha agradecido el esfuerzo a la Presidencia italiana y ha manifestado que el Comunicado inicial propuesto era un buen punto de partida para avanzar en objetivos acordes con la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. «No obstante, en un momento como el actual se hacen necesarias señales más claras para avanzar en la transición energética. No podemos alcanzar escenarios de seguridad climática si no apostamos por la eliminación paulatina del carbón y de los subsidios a combustibles fósiles y reconducimos la financiación hacia las tecnologías limpias», ha matizado Ribera.

Un buen número de delegaciones ha reivindicado compromisos específicos en plazos y en otras cuestiones clave como la respuesta social a la pobreza energética o la solidaridad en materia de adaptación.

Ciudades inteligentes y adaptación al cambio climático

Los países del G20 reconocen el papel clave que desempeñan los paquetes nacionales de recuperación bien diseñados en la orientación de las acciones a corto plazo (NDC) y en la definición y el apoyo de estrategias a largo plazo (LTS) para lograr los objetivos de París. También las oportunidades que ofrecen las tecnologías de vanguardia a la hora de implementar las distintas políticas e iniciativas.

Este es un elemento calve en el caso de las ciudades, particularmente expuestas al cambio climático y, al mismo tiempo, actores fundamentales para mitigarlo. El G20 reconoce la importancia de favorecer y fomentar la colaboración en los entornos urbanos y áreas metropolitanas, así como de apoyar iniciativas de abajo hacia arriba, como el Pacto Global de los Alcaldes o el C40.

La declaración también subraya la urgente necesidad de promover la movilidad sostenible y asequible, incluyendo todas las infraestructuras necesarias; invertir en tecnologías digitales para la integración de sistemas de energía renovable, almacenamiento o redes inteligentes; y fomentar las comunidades energéticas locales. Asimismo, pone el foco en el impulso de soluciones basadas en la naturaleza a fin de fundamentar las decisiones de planificación y los modelos financieros y comerciales sostenibles.

Destaca el compromiso del G20 de aumentar la acción en adaptación para responder a los riesgos e impactos del cambio climático, en especial en los países más vulnerables, para lo que se recoge el objetivo de elaborar estrategias para aumentar la resiliencia, incrementar la financiación y alinear los flujos financieros nacionales e internacionales considerando estos riesgos.

Avances en biodiversidad, economía circular y finanzas verdes

La vicepresidenta ha celebrado los acuerdos en materia de biodiversidad, economía circular y finanzas sostenibles alcanzados en la declaración conjunta del 22 de julio durante la reunión de ministros de Medio Ambiente del G20, resultado de semanas de negociaciones.

En este sentido, ha subrayado los compromisos adquiridos en la protección del capital natural y restauración de ecosistemas con soluciones basadas en la naturaleza, la defensa y restauración del suelo, y la protección de recursos hídricos, océanos y mares con especial atención a la basura plástica marina. En este sentido, los resultados del reciente informe de la IPBES y el IPCC sobre el vínculo entre la biodiversidad y el cambio climático, presentado el pasado 10 de junio, han sido reconocidos por primera vez.

Durante el encuentro en Nápoles, la Presidencia ha recordado que 2021 es un año crucial para la transición ecológica y el clima, con una serie de eventos globales que tendrán lugar en los próximos meses: la Conferencia de las Partes (COP) de las tres Convenciones de Río sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación (CMNUCC COP26, CDB COP15 y CNULD COP15), el lanzamiento de la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas, la Cumbre de Sistemas Alimentarios y la Conferencia Oceánica de Naciones Unidas.

El Defensor exige a la Comunidad de Madrid más diligencia para sancionar a las empresas de juego que infringen la Ley

lunes, 26 de julio de 2021

El Defensor exige a la Comunidad de Madrid más diligencia para sancionar a las empresas de juego que infringen la Ley

08/07/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado a la Comunidad de Madrid un recordatorio de deberes legales para que tramite las denuncias relacionadas con el juego “con la debida diligencia, evitando la prescripción de las infracciones”.

Esta resolución se produce tras haber recibido la queja de un ciudadano ante la inacción del Gobierno madrileño contra una empresa de juego que permitió que su hijo, aquejado de ludopatía e inscrito en un el sistema de autoprohibición del juego, pudiera seguir apostando.

Como prueba, el ciudadano aportó documentos bancarios en los que figuraban transferencias realizadas por su hijo a una empresa de juego, con posterioridad al mes de marzo de 2015, fecha en la que éste se había inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

En concreto, la documentación reflejaba un total de 125 cargos efectuados en 47 fechas distintas, por un total de 8.430,52 euros durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2017 y el 11 de octubre de 2018.

Según la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, tanto los locales específicos de apuestas como los salones de juego tienen la obligación de controlar la entrada de sus establecimientos para identificar y registrar a los usuarios y denegar el acceso a los menores de edad y a las personas inscritas en el RGIAJ.

Tras intervenir el Defensor del Pueblo, la Administración impulsó la denuncia del interesado y tramitó dos expedientes sancionadores. Sin embargo, la demora en la tramitación llevó a que uno de los expedientes fuera sobreseído, ya que cuando se iniciaron las actuaciones había transcurrido el plazo de prescripción previsto legalmente para esa clase de infracciones.

De hecho, aunque las denuncias del interesado se recibieron en agosto de 2018, la Administración no inició el procedimiento sancionador hasta diciembre de 2019 y lo hizo, por tanto, “conocedora de que la infracción había prescrito”, en opinión de la Institución. Sin embargo, y a juicio del Defensor del Pueblo, existían indicios suficientes para justificar la apertura de un expediente sancionador que, de haberse hecho a tiempo, habría interrumpido la prescripción de la infracción.

Es por eso, que considera que la Comunidad de Madrid “no ha cumplido eficazmente con su deber de velar por que se respete la normativa de juego en un tema tan sensible y con tanta trascendencia para la integridad psíquica como es el de las interdicciones de acceso al juego”.

Ineficacia de los sistemas de control

Así las cosas, la Institución ha trasladado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, “la frustración y la impotencia del compareciente” por la ineficacia de los sistemas de control y ante el hecho de que no se ha impedido a su hijo seguir realizando apuestas tanto presenciales como en línea, incluso después de su inscripción en el RIAJ.

Según señala el Defensor, además del quebranto económico, la inoperancia de la Administración “dificulta la rehabilitación de su hijo y suma al daño emocional causado por la adicción la sensación de impotencia ante lo que considera un incumplimiento por parte de una empresa de juego que ha quedado impune”.

Para la Institución, la pasividad o la tolerancia de la Administración con las infracciones de las empresas de juego pone en peligro el derecho a la salud de las personas y afecta a la integridad moral de los enfermos y de su entorno.

Por ello, ha insistido en la necesidad de no que “no haya incumplimientos de la legalidad que queden impunes”. En su opinión, “este objetivo no puede conseguirse solo mediante una ley formal que tipifique ilícitos”, sino que, además, es preciso “una administración que haga cumplir la ley con eficacia y diligencia, pues la demora en la tramitación diligente favorece la prescripción de las infracciones y en última instancia la impunidad”.

El Tribunal de Cuentas aprueba la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019

lunes, 26 de julio de 2021

El Tribunal de Cuentas aprueba la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019

5/07/21

Madrid, 5 de julio de 2021. Tras el examen y la comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019, el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, acompañada de un ejemplar de la Cuenta General, y el traslado de la Declaración al Gobierno.

En los últimos años el Tribunal ha venido implementando diversas actuaciones que han permitido la aprobación de la Declaración en el plazo de seis meses desde la presentación de la Cuenta al Tribunal. No obstante, se está pendiente de que se acometan las posibles modificaciones normativas que permitan que la aprobación de la Declaración por el Tribunal se pueda llevar a cabo dentro del ejercicio siguiente al que la Cuenta se refiera.

La citada Cuenta General del Estado (CGE) comprende los siguientes estados financieros: balance consolidado, cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado, estado de liquidación del presupuesto consolidado y memoria consolidada. De acuerdo con la normativa aplicable, la CGE del ejercicio 2019 se ha formado por la Intervención General de la Administración del Estado. El Gobierno, en su reunión de 9 de diciembre de 2020, acordó la remisión de la CGE de 2019 al Tribunal de Cuentas, en el que se registró su entrada el 16 de diciembre, fecha incluida dentro del plazo de rendición de la CGE previsto entre las medidas extraordinarias contempladas en el artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El examen y comprobación de la CGE del ejercicio 2019 se ha realizado con arreglo al siguiente objetivo:

Comprobar si la CGE del ejercicio 2019 ha sido elaborada de conformidad con lo previsto en las normas presupuestarias y contables aplicables a la misma, en particular en las normas de consolidación del sector público, presentando fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo y los resultados del ejercicio del grupo de entidades que han de integrarse en ella, así como la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo, evaluando si la información de la memoria consolidada contribuye a la consecución de estos objetivos.

En el examen y comprobación de la CGE se han aplicado técnicas de auditoría.

El Tribunal ha emitido Opinión sobre la legalidad y representatividad de la Cuenta General del Estado indicando que:
•“De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LOTCu, el Tribunal de Cuentas ha examinado la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019 con arreglo al objetivo y por medio de los procedimientos descritos en el subapartado I.2 de esta Declaración. En opinión del Tribunal, excepto por los efectos de las salvedades señaladas a continuación, y que se desarrollan en el apartado III de esta Declaración), la CGE de 2019 presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación a dicha Cuenta General y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo”.

Sin que afecte a la Opinión del Tribunal, se incluyen “párrafos de énfasis” para, en primer término, señalar que, con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio 2019, se ha producido una situación excepcional de emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19 que ha afectado a la economía. En este contexto de emergencia, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) ha experimentado una contracción del 11 % en el ejercicio 2020.

En segundo término, también en párrafo de énfasis y, por tanto, sin que afecte a la Opinión del Tribunal, se señala en la Declaración que el balance de la Seguridad Social recoge, por tercer año consecutivo, un patrimonio neto negativo (a 31 de diciembre de 2019, asciende a 53.160,8 millones de euros), con origen en las operaciones de gestión ordinaria; acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a dicha fecha, de 55.020,9 millones.

Para finalizar la Declaración, además de realizar el seguimiento de las Conclusiones y Recomendaciones del Tribunal y Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que:
1.Insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que a.Se subsanen las salvedades y deficiencias que se incluyen en esta Declaración, de forma que la Cuenta General del Estado refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación
b.Se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de la presente Declaración, especialmente las referidas a la ampliación aún pendiente de la información contenida en las memorias de la CAGE y de la CGE (sobre Activos Fiscales Diferidos y grado de ejecución del Presupuesto de Beneficios Fiscales), y se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en las Declaraciones de ejercicios precedentes que permanecen en esta Declaración, recogidas en el subapartado 1 anterior.
c.Se pongan en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores y se mantienen sin adoptar, cuyo seguimiento se contiene en el subapartado V.2 de la Declaración.

2.Se modifique la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, para que el Tribunal pueda emitir la Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera y dotar a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio, como ha propuesto el Tribunal en la Moción correspondiente aprobada por el Pleno el 21 de diciembre de 2017 y se viene reiterando en las Declaraciones de la Cuenta General del Estado desde la correspondiente al ejercicio 2016, aprobada por el Pleno con fecha 31 de mayo de 2018.

El contenido del presente Informe (nº. 1.433) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

La CNMC analiza el Proyecto de Real Decreto (PRD) que regula las universidades y centros universitarios

lunes, 26 de julio de 2021

La CNMC analiza el Proyecto de Real Decreto (PRD) que regula las universidades y centros universitarios

08 julio 2021

Promoción de Competencia

◦Recomienda mejores sistemas de medición y transparencia sobre el desempeño y los resultados de las universidades, así como que la financiación se vincule a estos últimos.
◦Las universidades mejoran su contribución a la sociedad cuando son más autónomas y se enfrentan a la competencia del mercado.

La CNMC ha publicado el informe sobre el proyecto de Real Decreto que regula la creación, reconocimiento, autorización, adscripción y acreditación de universidades y centros universitarios. La futura normativa sustituirá y derogará por completo la anterior. Además, adaptará y reforzará los requisitos mínimos sobre los centros que imparten este tipo de enseñanza superior. (INF/CNMC/013/21).

Análisis de la educación universitaria

La CNMC ha analizado a través de distintos documentos el sector de la educación y, concretamente, el sistema español de universidades En 2016 lanzó una consulta pública sobre competencia y regulación eficiente en el sistema universitario español. La Comisión también ha contribuido al debate impulsado por la OCDE sobre competencia en el sector educativo y la aplicación de los principios de regulación económica eficiente. Además ha resuelto expedientes de unidad de mercado sobre estos asuntos.

La CNMC considera que, aunque existen fallos de mercado e intereses generales que justifican la intervención pública, las universidades mejoran su contribución a la sociedad cuando disfrutan de mayor autonomía y se enfrentan a mayores dosis de competencia efectiva. Ello estimula su contribución a la formación, la innovación y la transferencia de conocimientos.

Por estos motivos, la CNMC aboga por mecanismos que incentiven la competencia entre universidades; entre otros:

• Mayor medición, transparencia sobre el desempeño y resultados: Valorar estos puntos permitirá mejorar la capacidad de elección de alumnos y profesores y la comparabilidad entre universidades para animar a la continua mejora de los servicios, en línea con lo que se hace en otros países. También se sugiere fijar mecanismos de evaluación de resultados a partir de indicadores objetivos y comparables (por ejemplo, en términos de docencia, investigación y transferencia de conocimiento).

• Financiación: Establecer un sistema vinculado en mayor medida a los indicadores de resultado y a la demanda relativa, que incentive la consecución de mayores niveles de desempeño.

Valoración de la CNMC

El proyecto de Real Decreto establece requisitos más exigentes que los previstos en la actualidad para el acceso y la prestación de servicios por las universidades, que afectarán tanto a los centros de nueva creación como a los ya existentes.

En todo caso, sobre las medidas concretas previstas en el PRD, el informe realiza las siguientes recomendaciones:

• Requisitos de ofertas de titulaciones. La necesidad de ofrecer titulaciones en al menos 3 de las 5 ramas de conocimiento no está vinculada con una mayor calidad del servicio universitario. Tampoco la limitación del peso de los títulos de grado y de la formación permanente. Estos requisitos pueden reducir la capacidad de especialización de los centros universitarios y su capacidad de aprovechamiento de economías de escala en determinados casos.

• Dotación y capacidad de las bibliotecas. Se sugiere que cuenten con mecanismos como los préstamos interbibliotecarios y las consultas virtuales a sus fondos bibliográficos.

• Los requisitos de sostenibilidad de las universidades públicas, en la medida en que deberían vincularse al cumplimiento de los indicadores de calidad.

• Mejoras en el sistema de acreditación institucional de los centros universitarios con la posibilidad de utilizar otras vías de acreditación alternativas o valorar si es adecuada la participación del Consejo de Universidades en dicho proceso.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Universidades, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El IPN/CNMC/013/21 cuenta con un voto particular de una consejera.