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miércoles, 28 de julio de 2021

La ministra de Justicia se reúne con los principales operadores jurídicos

miércoles, 28 de julio de 2021

La ministra de Justicia se reúne con los principales operadores jurídicos

27/07/2021

​26 de julio 2021.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido durante el día de hoy con los principales operadores jurídicos, dentro del marco de entrevistas que está manteniendo con los diferentes actores del sector tras su toma de posesión.

En el primer encuentro, Llop se ha reunido con el presidente y el vocal de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, Ángel Maraver y José Antonio Castillo, respectivamente. En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Justicia, han abordado temas relacionados con la modernización del sistema público de Justicia, como las reformas legislativas que está llevando a cabo la cartera de Llop.

En segundo lugar, la ministra de Justicia ha recibido a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. En la reunión, en la que han tratado temas que afectan a este colectivo, la presidenta ha hecho entrega de la Memoria de la Abogacía 2020.

Por otro lado, Llop se ha reunido con el presidente, el vicepresidente y la tesorera del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, Javier Carlos Sánchez y María Granizo, respectivamente, y han dialogado sobre los principales temas que preocupan a la procura y los proyectos que el Ministerio tiene previstos en el ámbito de Administración de Justicia.

Finalmente, la ministra de Justicia ha recibido al presidente del Consejo General del Colegio Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón. En el encuentro han hablado sobre las principales preocupaciones de los graduados sociales, mientras que desde el Ministerio se han trasladado los distintos proyectos que están llevando a cabo dentro del plan Justicia 2030.

En las cuatro reuniones, la ministra de Justicia ha estado acompañada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste.

El Tribunal Supremo declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair que permite mandar el equipaje en vuelo distinto al del pasajero y la de sumisión al derecho irlandés

miércoles, 28 de julio de 2021

Viernes, 23 de julio de 2021

El Tribunal Supremo declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair que permite mandar el equipaje en vuelo distinto al del pasajero y la de sumisión al derecho irlandés

En cuanto a la sumisión al derecho irlandés, la Sala expresa que “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha declarado nulas por abusivas, como reclamaba un recurso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las cláusulas del condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair que establecían, una de ellas, la posibilidad del envío en vuelo separado del equipaje respecto del pasajero al que pertenece; y la segunda, la sumisión al derecho irlandés de la interpretación del contrato.

El Supremo declara nula la cláusula por la cual la compañía podía decidir, “por motivos de seguridad u operatividad”, transportar el equipaje en un vuelo distinto al del pasajero. El Supremo señala que puede haber casos que justifiquen una excepción a la regla de que el pasajero y su equipaje viajen juntos, pero no mediante una cláusula tan genérica que deja “a la voluntad del transportista desplazar o no el equipaje facturado en el mismo vuelo bajo la invocación de unas inconcretas y absolutamente inespecíficas circunstancias de seguridad u operatividad”.

Asimismo, el tribunal declara nulo el inciso primero de la cláusula 2.4 de las condiciones generales, que establecía: “Salvo por disposición en contrario del Convenio o la legislación aplicable, el contrato de transporte con nosotros, los Términos y Condiciones de Transporte y nuestros Reglamentos se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación de Irlanda”.

El Supremo considera que esa cláusula es abusiva porque la sumisión a la ley irlandesa “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”, ya que “tiene como resultado que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Explica que “para enjuiciar el carácter abusivo de la cláusula de elección de ley no hay que acudir a ningún Derecho nacional (en este caso, ni el irlandés ni el español), sino que el estándar de abusividad deriva del propio Reglamento Roma I, puesto que determina la ley aplicable a un contrato en defecto de elección. Conforme a su art. 5, en el caso de un contrato de transporte de pasajeros, el Derecho aplicable al contrato sería la ley española si: (i) el consumidor tiene su residencia habitual en España; y (ii) además, el lugar de origen o destino de viaje se localiza en nuestro país”.

“Es decir –añade la sentencia–, sin la cláusula de elección, los contratos de Ryanair con los consumidores con residencia en España se someterían, en la mayor parte de los casos, a la ley española. Mientras que, con la inclusión de la cláusula, quedan sometidos a la ley irlandesa. Lo que, entre otras consecuencias, tiene como resultado que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Además, el Supremo resalta que la cláusula es incompleta y puede inducir a error al consumidor, porque da a entender que únicamente se aplica al contrato la ley irlandesa, sin informarle de que también le ampara la protección que le garantizan las disposiciones imperativas del Derecho de transporte aéreo de pasajeros (Derecho uniforme, en particular el Convenio de Montreal y los Reglamentos comunitarios sobre transporte de pasajeros).

El tribunal ha examinado los recursos de casación planteados tanto por la OCU como por Ryanair contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de julio de 2017, que declaró nulas por abusivas algunas cláusulas de las condiciones generales del contrato de pasajeros de Ryanair vigente en 2011. La Audiencia, a su vez, había revisado la sentencia del Juzgado de lo mercantil Número 5 de Madrid, dictada en septiembre de 2013.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Ryanair, y estima parcialmente el recurso de la OCU, declarando nulas por abusivas las dos cláusulas citadas, que se suman a las ya consideradas nulas por la Audiencia de Madrid.

Y tampoco acepta el resto del recurso de la OCU, que se refería a cláusulas sobre el contenido del equipaje, cargos por reservas o inclusión en el precio del billete del cargo por retraso/cancelación del vuelo, al entender el Supremo, como lo hizo la Audiencia de Madrid, que esas cláusulas no son abusivas ni engañosas con el consumidor.

Al desestimar el recurso de Ryanair, se mantiene la nulidad del redactado de las siguientes cláusulas, ya fijada por la Audiencia de Madrid: la del cargo de 40 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque (se consideró desproporcionada), la de denegación del transporte, entre otros a quien hubiese mostrado “una mala conducta en un vuelo anterior” y existiesen motivos “para creer que esta conducta podría repetirse” (se estima genérica e inconcreta, dejando a la compañía la definición de mala conducta actual o previa), o la del derecho de registro de equipaje, donde se destaca que el hecho de que “la compañía aérea tenga la facultad y el deber de velar por la seguridad del equipaje transportado en la aeronave no quiere decir que pueda registrarlo por sí misma, sin participación de los agentes de la autoridad o de sus auxiliares encargados legalmente de tales cometidos, en tanto que el registro del equipaje constituye, como resalta la sentencia recurrida, una intervención invasiva en el ámbito de privacidad del sujeto”. También se confirma la nulidad de la cláusula sobre transacciones en efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito.

La CNMC sanciona con 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo Santa Lucía

miércoles, 28 de julio de 2021

La CNMC sanciona con 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo Santa Lucía

21 julio 2021

◦La compañía incumplió la obligación de notificar a la CNMC la compra de la funeraria Tanatorios Móstoles, S.L. antes de llevarla a cabo en 2019.
◦Se trata de una infracción grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
◦La CNMC requirió a Albia que notificara la compra y, tras analizarla, aprobó la adquisición en primera fase.

La CNMC ha impuesto una multa de 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo asegurador Santa Lucía, por una infracción grave del artículo 62.3.d) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. (SNC/DC/045/21).

El pasado mes de abril, la CNMC abrió un expediente sancionador contra esta empresa por no haber notificado la operación de compra de la funeraria Tanatorios Móstoles, que ejecutó en octubre de 2019 (nota de prensa).

Esta práctica, conocida en el argot de competencia como “gun jumping”, supone un incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), ya que las empresas tienen la obligación de notificar sus operaciones de compra a la CNMC antes de ejecutarlas cuando superan determinados umbrales.

Umbrales de notificación

Es obligatorio notificar la operación a la Comisión cuando la cuota de mercado individual o conjunta de las empresas que participan en la operación sea igual o superior al 50% en cualquiera de los mercados relevantes afectados por la operación.

En este caso, los umbrales se cumplían, al menos, en el mercado minorista de servicios de tanatorio en Móstoles, de acuerdo con las definiciones de mercado vigentes en los precedentes del sector funerario cuando se ejecutó la operación.

Sanción a Albia

El control de las adquisiciones se realiza antes de su ejecución para evitar situaciones anticompetitivas que podrían afectar al interés general y, en tal caso, valorar la posibilidad de condicionar la operación a la previa asunción de compromisos asumidos por la parte o de condiciones fijadas por la CNMC.

Por todo ello, tras la instrucción del expediente, la CNMC ha impuesto a Albia Gestión de Servicios, S.L.U. una multa de 300.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.1 b) de la LDC.
La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Aprobación en primera fase

Por otra parte, el 13 de enero de 2021, la CNMC requirió de oficio a Albia la notificación de la compra de Tanatorios Móstoles.

Después de analizar la operación, el pasado 20 de abril de 2021, la CNMC autorizó en primera fase sin compromisos, la citada adquisición (C/1167/21 Albia/Tanatorios Móstoles), objeto ahora de sanción por las razones indicadas previamente.

Estado de los embalses

miércoles, 28 de julio de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 50 por ciento de su capacidad

Martes 27 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 50 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.958 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 919 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 76,7%
•Cantábrico Occidental al 80,1%
•Miño-Sil al 56,0%
•Galicia Costa al 73,7%
•Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
•Duero al 65,3%
•Tajo al 45,6%
•Guadiana al 33,6%
•Tinto, Odiel y Piedras al 73,4%
•Guadalete-Barbate al 37,1%
•Guadalquivir al 33,0%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,1%
•Segura al 46,5%
•Júcar al 56,5%
•Ebro al 69,7%
•Cuencas internas de Cataluña al 82,9%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Teruel con 35,4 mm (35,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

El Tribunal Supremo confirma la no autorización del ‘toque de queda’ en Tenerife

miércoles, 28 de julio de 2021

Martes, 27 de julio de 2021

El Tribunal Supremo confirma la no autorización del ‘toque de queda’ en Tenerife

La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto de 14 de julio del Tribunal Superior de Justicia canario que acordó no autorizar el ‘toque de queda’ entre las 0.30 y las 6 horas de la isla de Tenerife, o subsidiriamente, los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia COVID superior a 100 casos por 100.000 habitantes. La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio.

El alto tribunal considera que el auto del TSJ canario ha concluido de forma razonada que carece de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife, y que dicha medida restrictiva no era proporcional.

El Supremo se refiere a su reciente sentencia en la que avaló el confinamiento del municipio de Peal de Becerro (Jaén), y destaca que en ese caso la tasa de incidencia era más de diez veces superior al planteado ahora, y además se destacó la alta presencia de asintomáticos y el porcentaje de vacunación, entre otras razones que hacían ineficaces otras medidas diferentes a la adoptada.

Sin embargo, en primer lugar, el Supremo indica que en esa localidad de Jaén se trataba de un cierre perimetral y no de un ‘toque de queda`, “que exige una mayor justificación sobre que las medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública”. Además, coincide con la Sala de instancia en la ‘poca claridad’ en el planteamiento de la pretensión del Gobierno canario “cuando la petición principal era la autorización del ‘toque de queda’ en toda la isla de Tenerife pese a que las cifras aportadas respecto a los distintos municipios identificados no son homogéneas”.

Asimismo, rechaza que exista contradicción entre el pronunciamiento del Tribunal canario y el realizado por los tribunales superiores de Valencia, Cataluña y Cantabria, ya que el Gobierno canario no acreditado que las circunstancias de Tenerife sean coincidentes con las examinadas por esos otros tribunales.

Al respecto, señala que esas otras administraciones autonómicas “fundamentaron su pretensión de ratificación de las medidas con apoyo en los datos de la alta incidencia del número de contagiados y de su presión en el sistema sanitario, lo que la Sala de Canarias echa de menos en este caso”.