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Luis Noval Ferrao

domingo, 1 de agosto de 2021

El Gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia por COVID-19

domingo, 1 de agosto de 2021

Consejo de Ministros

El Gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia por COVID-19

La Moncloa, Madrid, martes 27 de julio de 2021

El Ejecutivo mantiene su previsión de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022 y fija el techo de gasto para el año que viene en más de 196.000 millones de euros. Además, ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2021, que asciende a 30.445 plazas, la mayor de la serie histórica.

El Gobierno ha acordado un límite de gasto no financiero para el año 2022 de 196.142 millones de euros, que supone la cifra más alta de la historia en la asignación de recursos para los próximos Presupuestos Generales del Estado, como ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Este paso es fundamental en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, junto a la publicación, el pasado 28 de junio, de la Orden ministerial que dicta las normas para su elaboración.

Montero ha afirmado que los objetivos de las cuentas públicas para 2022 son la consolidación de la recuperación económica y el blindaje del Estado de bienestar, «clave para ensanchar la clase media, que es el verdadero motor de nuestro país». La ministra ha señalado que es empeño del Ejecutivo construir una España más fuerte, más justa y más productiva «entre todos».

En este sentido, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expresado su confianza en que los grupos de la oposición secunden estos objetivos en el trámite parlamentario: «El acuerdo es un valor, el entendimiento genera riqueza, crea empleo y esta es una máxima que todos deberíamos incorporar para trabajar en esa senda de diálogo que, sin duda, aportará a nuestro país».

Sostenimiento de las pensiones

María Jesús Montero ha señalado que, en los 196.142 millones de euros fijados como techo de gasto, se incluyen 18.396 millones como transferencia al Sistema de la Seguridad Social -un 32% más que el año pasado- para, en línea de cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sostener el pilar de las pensiones, «una de las prioridades para este gobierno».

Asimismo, se incluyen 25.622 millones de euros procedentes de la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Suspensión de las reglas fiscales también en 2022

La ministra de Hacienda ha informado de que el acuerdo alcanzado hoy incluye la solicitud al Congreso de los Diputados para que aprecie que siguen concurriendo las circunstancias extraordinarias, derivadas de la pandemia, para incurrir en déficit estructural y que pueda seguir en suspenso, como en 2021, la obligación de establecer los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales.

No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno y el conjunto de las Administraciones públicas mantienen su responsabilidad en relación con la consolidación fiscal y la sostenibilidad presupuestaria y por ello se han fijado tasas de referencia.

Así, el déficit se ha establecido para 2022 en un 5% para el conjunto de las Administraciones Públicas, que supone un 3,4% menos respecto al 8,4% con que se prevé cerrar el actual ejercicio 2021.

La Administración del Estado asumirá la mayor parte de ese porcentaje, un 3,9%, tal y como ya hizo el año pasado para proteger al resto de administraciones, que son «las que sustentan el estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales», ha puntualizado Montero. La tasa para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% y para las entidades locales seguirá siendo cero.

Previsiones macroeconómicas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que el informe de situación de la economía española refleja una evolución muy positiva desde mediados de marzo, que se ha consolidado en el segundo trimestre con un crecimiento que podría superar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Evolución positiva de la economía y recuperación del empleo

Durante la presentación del escenario macroeconómico, Calviño ha afirmado que «todos los indicadores y previsiones apuntan a una fuerte recuperación económica en la segunda mitad del año». En este sentido, ha destacado que el dinamismo del empleo es el mejor reflejo de la fortaleza de la recuperación. El número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha pasado de un millón a principios de febrero a 340.000, un tercio de ellos en ERTE a tiempo parcial.

En la misma línea, los autónomos cubiertos por la prestación extraordinaria de cese de actividad se situaron a finales de junio en el entorno de las 160.000 personas, el menor nivel en nueve meses. Y las afiliaciones a la Seguridad social han registrado el mayor crecimiento de la serie histórica en el mes de junio, superando incluso los niveles de afiliación bruta de 2019.

La ministra ha subrayado que en el promedio del mes de julio se podría recuperar más del 90% del empleo neto perdido como consecuencia de la pandemia y la prioridad del Gobierno sería la reincorporación de los 340.000 trabajadores aún cubiertos por ERTE.

Nadia Calviño ha avanzado que si la evolución del empleo sigue siendo positiva, en septiembre se podría estudiar un aumento del Salario Mínimo Interprofesional que permita avanzar «hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para final de legislatura».

Reactivación del consumo

La recuperación del empleo, según ha expuesto la ministra, está acompañada por una reactivación en el consumo. Además de los indicadores cuantitativos, como el gasto con tarjeta o la demanda de energía, los cualitativos también reflejan una recuperación de la economía. Las expectativas de los consumidores y empresarios han mejorado y se ha reactivado el turismo gracias al avance de la vacunación.

La titular de Asuntos Económicos ha resaltado que todos los analistas prevén que España recuperará en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y que en 2023 se situará en la senda de crecimiento anterior.

Calviño ha añadido que el conjunto de medidas de apoyo a familias, trabajadores y empresas adoptadas por el Gobierno desde el principio de la pandemia «han conformado una red de seguridad, un escudo social que ha sido clave para amortiguar su impacto económico y social y proteger una base para la recuperación económica».

El PIB crecerá un 6,5% este año y un 7% el próximo

El Ejecutivo mantiene sus previsiones de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022, en línea con las previsiones macroeconómicas compartidas en el mes de abril, con una revisión al alza de la contribución del sector exterior, gracias al aumento de las exportaciones de bienes durante el primer trimestre del año.

Nadia Calviño ha explicado que el consumo privado muestra un gran dinamismo por la reapertura progresiva y por el ahorro neto embalsado de los hogares, que según las estimaciones del Gobierno, se sitúa en 60.000 millones de euros durante el primer trimestre del año.

La ministra también ha destacado el dinamismo de la inversión, en particular en bienes de equipo, si bien revisa ligeramente a la baja la previsión de inversión en construcción. El turismo extranjero alcanzaría un nivel ligeramente inferior al 50% del registrado en 2019 y el nacional llegaría al 75%.

La tasa de paro se mantiene en el entorno del 15% este año y del 14% el año próximo. En este punto, Nadia Calviño ha incidido en que España está encarando la quinta ola de la pandemia con una tasa inferior a la prevista por instituciones como el Banco de España o la OCDE, que la situaban entre el 20% y el 25%. Además, ha trasladado que los informes del Gobierno reflejan progresos en transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social, ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Calviño ha reiterado que gracias a las medidas adoptadas desde marzo de 2020, el Ejecutivo ha suavizado el impacto social negativo de la crisis, ha respondido con instrumentos para evitar un aumento de la desigualdad, proteger a los colectivos más vulnerables y mitigar el deterioro de la solvencia empresarial.

Ley Crea y Crece para favorecer la creación de empresas

El Gobierno ha lanzado en audiencia pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Nadia Calviño ha detallado que la futura ley incorpora mejoras en cuatro ámbitos. Facilita la constitución de empresas, que se podrán crear con un capital social de un euro y de forma digital. Incluye medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.

La norma también mejora el clima de negocios y el entorno regulatorio de las actividades económicas, reforzando la cooperación con las comunidades autónomas y corporaciones locales y modifica el funcionamiento de la Ley de Unidad de Mercado. Asimismo, incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el ‘crowdfunding’.

30.445 plazas en la Oferta de Empleo Público 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2021, que incluye 30.445 plazas, un 8,5% más que el año pasado. 13.982 plazas son de ingreso libre y 9.509 de promoción interna para la Administración del Estado. El resto corresponde a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fueron aprobadas ya mediante Real Decreto.

Esta oferta es «la mayor de la serie histórica», ha resaltado la ministra responsable de Función Pública, María Jesús Montero. Sumada a las de los tres años anteriores, supone la convocatoria por el gobierno actual de 110.000 plazas de empleo público, un 73% más que durante los seis ejercicios anteriores, de 2012 a 2017.

Montero ha reiterado la importancia de lo público en relación con la protección de las personas y la necesidad de articular una administración moderna, ágil y transparente, capaz de acompañar los retos de transformación contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de cuyas política palanca es precisamente «Una Administración para el siglo XXI».

En consonancia con estos objetivos, la Oferta de Empleo Público pone el acento en las actividades conectadas con el Plan: un 12% de las plazas se dirige a las vinculadas a la transformación digital; más del 10% a la modernización del sistema fiscal; un 8,4% a la reforma de la justicia, y más del 5% a sanidad y a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Asimismo, se potencian las plazas asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con un aumento del 37% de las convocadas respecto a 2020.

Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento

domingo, 1 de agosto de 2021

Tribunal General de la Unión Europea

Luxemburgo, 30 de julio de 2021

Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento

El Vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de suspensión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.ª Clara Ponsatí i Obiols

El 13 de enero y el 10 de febrero de 2020, el Parlamento Europeo recibió unos suplicatorios de suspensión de la inmunidad de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y Dña. Clara Ponsatí i Obiols, diputados electos al Parlamento. La finalidad de dichos suplicatorios, presentados por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el marco de un proceso penal por, entre otros, presuntos delitos de sedición, era dar curso a la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra los diputados.

Mediante decisiones adoptadas el 9 de marzo de 2021, el Parlamento suspendió la inmunidad de los tres diputados. El 19 de mayo de 2021, estos interpusieron ante el Tribunal General un recurso de anulación contra las citadas decisiones. Aducen que el Parlamento no les ha garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que ha vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (1)

El 26 de mayo de 2021, los diputados presentaron una demanda de medidas provisionales en la que piden al Vicepresidente del Tribunal General que suspenda la ejecución de las mencionadas decisiones. Consideran que las decisiones del Parlamento permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido detenerlos o restringir sus desplazamientos y entregarlos a las autoridades españolas. Según los diputados, las decisiones no se oponen a que sean detenidos provisionalmente, tras su posible entrega a las citadas autoridades. Estiman que ello podría causarles un perjuicio grave e irreparable y vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos. Añaden que la eventual anulación de las decisiones del Parlamento no podría ser ejecutada si, en el momento de producirse, ya hubieran sido objeto de dichas entrega y detención.

Mediante auto de 2 de junio de 2021, adoptado sobre la base del artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Vicepresidente del Tribunal General ordenó que se suspendiera la ejecución de las decisiones del Parlamento hasta que se adoptara el presente auto, que pone fin al procedimiento de medidas provisionales. (2)

Mediante su auto de 30 de julio de 2021, el Vicepresidente del Tribunal General revoca su auto de 2 de junio de 2021 y desestima la demanda de medidas provisionales de los diputados.

El Vicepresidente del Tribunal General recuerda que la suspensión de la ejecución puede ordenarse si la parte que la solicita demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que es urgente, en el sentido de que, para evitarle un perjuicio grave e irreparable, es necesario que la suspensión sea acordada y surta efectos desde antes de que se resuelva sobre el recurso principal. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe hacer, asimismo, en su caso, una ponderación de los intereses en juego.

El Vicepresidente del Tribunal General examina primeramente si se cumple el requisito relativo a la urgencia.
Subraya en primer lugar que, a efectos del análisis del requisito de la urgencia, los diputados han adoptado la interpretación de las decisiones del Parlamento que resulta más lesiva para sus derechos. El Vicepresidente del Tribunal General rechaza la argumentación basada en esta interpretación puesto que, para apreciar este requisito, únicamente procede tomar en consideración los efectos objetivos de las decisiones, determinados en función del contenido de estas.

En segundo lugar, el Vicepresidente del Tribunal General señala que las decisiones del Parlamento suspendieron únicamente la inmunidad de que gozan los diputados, en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional, frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. En cambio, como admitió el Parlamento, la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta. En consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta.

En tercer lugar, el Vicepresidente del Tribunal General estima que los diputados no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente. En efecto, primeramente, el acaecimiento de ese perjuicio depende de que concurran múltiples factores. Seguidamente, el Vicepresidente del Tribunal General considera que los diputados no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen –Bélgica.

Por otra parte, el 7 de enero de 2021, las autoridades judiciales belgas denegaron la ejecución de una orden de detención europea dictada contra D. Lluís Puig i Gordi –que es asimismo objeto del proceso penal de que se trata y de una orden de detención europea, pero que, a diferencia de los diputados, no goza de inmunidad parlamentaria– por entender que la ejecución de dicha orden pondría en peligro los derechos fundamentales de la persona afectada. Ello motivó que el Tribunal Supremo, en el marco del proceso penal de que se trata, planteara al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial el 9 de marzo de 2021, con objeto de dilucidar, en particular, si le está permitido a la autoridad judicial de ejecución rechazar la entrega de la persona reclamada a través de una orden de detención europea sobre la base de causas de denegación previstas en su Derecho nacional, pero no contempladas como tales en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea 3 (asunto Puig Gordi y otros, C-158/21). Habiéndose suspendido el proceso penal de que se trata mediante esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, como ha indicado España, que interviene en apoyo del Parlamento.

Los diputados no han aportado ninguna información que permita cuestionar lo anterior, de modo que el Vicepresidente del Tribunal General estima que, mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan

Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1). ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas.

El Vicepresidente añade que una detención y entrega de la Sra. Ponsatí i Obiols por parte de las autoridades del Reino Unido (país en el que esta residió durante un tiempo, hasta enero de 2020) resulta actualmente hipotética.

El Vicepresidente llega a la conclusión de que los diputados no han conseguido demostrar que concurra el requisito de la urgencia, puesto que, en la situación actual, el perjuicio grave e irreparable que invocan no puede ser calificado de cierto o acreditado con un grado de probabilidad suficiente.

Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas.

NOTA: El Tribunal General dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto en una fecha posterior. Un auto de medidas provisionales no prejuzga el resultado de la acción principal.

NOTA: Contra los autos del Vicepresidente del Tribunal General puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación del auto.

1 DO 2012, C 326, p. 391.
2 Véase el CP n.º 91/21.

La UNESCO declara Patrimonio Mundial El Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid

domingo, 1 de agosto de 2021

44º Comité de Patrimonio Mundial

La UNESCO declara Patrimonio Mundial El Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid

Domingo 25 de julio de 2021 La Moncloa

25/07/2021. Unesco

‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias’ ha sido inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, con el apoyo de los 21 países que forman parte del Comité del Patrimonio Mundial, reunido en su 44ª sesión en línea desde Fuzhou (China).

La inscripción de la candidatura ‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias’ ha sido el resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Bellas Artes), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Esta candidatura, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, constituye el corazón verde de la capital de España. Su excepcionalidad reside en presentar un espacio de naturaleza urbana que surge a mediados del siglo XVI como arboleda intramuros, constituyendo el primer paseo dentro de los límites de la ciudad de todas las urbes y capitales europeas: un espacio en el que todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos ni clases, pudieran disfrutar del ocio y el paseo.

El modelo de alameda intramuros se extendió rápidamente por toda la península ibérica y el continente americano. En el siglo XVII, el establecimiento del palacio del Buen Retiro como segundo gran espacio público dentro de la ciudad conllevó el uso de los espacios ubicados al este de esta gran alameda, creando una gran zona verde en el seno de la propia ciudad.

Ya en el siglo XVIII, la Ilustración daría un nuevo ímpetu a toda la zona acometiendo una transformación cualitativa, al implantar un vasto programa de infraestructuras científicas en el paseo y jardines del Buen Retiro. De este modo, se crea un extraordinario paisaje urbano al alcance de toda la sociedad, integrando en esa área cultura y naturaleza, geografía e historia, individuo y colectividad, artes y ciencias.

En el actual contexto de pandemia, la inscripción del ‘Paseo del Prado y Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de la Ciencias’ es especialmente simbólica, pues el espacio ha cumplido plenamente la función para la que fue originalmente creado, renovando su compromiso con la ciudadanía madrileña y, desde hoy, mundial. Además, Madrid se convierte en el primer paisaje histórico urbano declarado en Europa, el segundo del mundo tras Rio de Janeiro.

Durante la sesión del día de hoy, 25 de julio, los países miembros del comité han apoyado y defendido la inscripción del bien en la Lista Patrimonio Mundial, destacando la relevancia de aunar en un entorno urbano naturaleza, cultura y ciencia y que convirtió a Madrid ya en el siglo XVI en la primera capital sostenible de Europa.

El Comité de Patrimonio Mundial se encuentra integrado por veintiún países elegidos por los 194 Estados Parte de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y es el órgano ejecutivo de esta convención internacional. Como tal, es responsable de decidir qué nuevos sitios reúnen las características para ser inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, a propuesta de los Estados Parte.

Con esta inscripción, España ha pasado a tener 49 sitios de Patrimonio Mundial declarados siendo el tercer país con mayor número de bienes inscritos por UNESCO.

Estado de los embalses

domingo, 1 de agosto de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 51,7 por ciento de su capacidad

Martes 20 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 51,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.879 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 978 hectómetros cúbicos (el 1,7 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1%
•Cantábrico Occidental al 83,0%
•Miño-Sil al 58,0%
•Galicia Costa al 76,5%
•Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
•Duero al 68,1%
•Tajo al 46,7%
•Guadiana al 34,4%
•Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
•Guadalete-Barbate al 38,0%
•Guadalquivir al 34,1%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,8%
•Segura al 47,5%
•Júcar al 57,5%
•Ebro al 72,9%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,9%

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 39,6 mm (39,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla de la reserva total embalsada

Tabla de la reserva total embalsada

Ocho de cada diez líneas de banda ancha fija tenían una velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2020

domingo, 1 de agosto de 2021

Ocho de cada diez líneas de banda ancha fija tenían una velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2020

19 julio 2021

◦En un año marcado por la pandemia del COVID-19, los ingresos globales del sector cayeron casi un 5%. Cinco operadores (Movistar, Orange, Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos minoristas.

La CNMC ha aprobado el Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual, cuyos datos están disponibles en el portal CNMCData.

La facturación global del sector de las telecomunicaciones cayó un 4,8% respecto a 2019, hasta los 32.617 millones de euros. Los ingresos minoristas cayeron un 6,3% y se situaron por debajo de los 24 mil millones de euros, tras seis años con cifras en torno a los 25 mil millones de euros. Los servicios audiovisuales fueron los que registraron la caída más significativa, cercana al 12%, provocada sobre todo por el notable descenso de los ingresos de la televisión en abierto (básicamente ingresos publicitarios). A pesar de que la audiencia de los medios subió notablemente por el confinamiento, la publicidad se desplomó debido a la ralentización económica.

Evolución de ingresos totales del sector (millones de euros)

Evolución de ingresos totales del sector


Fuente: CNMC

Los cinco principales operadores de telecomunicaciones (Movistar, Orange, Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos minoristas.

Accesos de redes de fibra hasta el hogar (FTTH)
El total de accesos de NGA (redes de nueva generación) desplegado a fin de año rozó los 70 millones, de los cuales casi 60 millones eran de fibra. Estas cifras representaron 5,2 millones de accesos nuevos respecto al año anterior, que corresponden en su totalidad a accesos de FTTH.

España se sitúa en el grupo de países de la Unión Europea con mayor cobertura de fibra en la modalidad de fibra hasta el hogar (FTTH).

Esta mejora se reflejó en un aumento de las velocidades de las líneas de banda ancha contratadas. En diciembre de 2020, el 84% de las líneas tenían velocidades de bajada superiores a los 100 Mbps (banda ancha ultrarrápida), cuando un año antes la cifra era del 76,2%.

En 2020, hasta tres operadores móviles ya comercializaban de forma masiva servicios de Internet móvil a través de la quinta generación del estándar de comunicaciones móviles (5G). En diciembre de ese año ya había activas un total de 5.095 estaciones base que proveían tecnología 5G con una cobertura sobre la población del 78,8%.

Población con acceso a redes de quinta generación (5G) (porcentaje)

Población con acceso a redes de quinta generación (5G)



Fuente: CNMC

El mercado español continuó caracterizado por un elevado grado de empaquetamiento de sus ofertas comerciales, en especial las que combinan en un mismo paquete servicios fijos y móviles. Así, el año finalizó con 6,2 millones de paquetes quíntuples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil y televisión de pago) y 6,5 millones de paquetes cuádruples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil).

Gasto medio por hogares

Durante 2020, los datos del Panel de Hogares muestran que el gasto de los hogares asociados al paquete cuádruple disminuyó un 3,2% , hasta los 40,50 € y el del paquete quíntuple un 3,6% (64,40 €).