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Archivo del 8 de septiembre de 2021

General Vara del Rey y los héroes del Caney

miércoles, 8 de septiembre de 2021

El MITECO despliega un amplio dispositivo para apoyar la extinción de los incendios forestales en Ribas de Sil (Lugo)

miércoles, 8 de septiembre de 2021

En apoyo a la comunidad autónoma de Galicia

El MITECO despliega un amplio dispositivo para apoyar la extinción de los incendios forestales en Ribas de Sil (Lugo)

Martes 7 de septiembre de 2021

Extinción de los incendios forestales en Ribas de Sil (Lugo)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha movilizado un amplio dispositivo de medios humanos y materiales, a petición de la Xunta de Galicia, para apoyar en la extinción de los dos incendios declarados en el término municipal de Ribas de Sil, en la provincia de Lugo.

Según los datos del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), se han desplegado cuatro aviones anfibios de gran capacidad (6.000 litros), un avión anfibio de capacidad media (3.000 litros), un helicóptero pesado con una capacidad de 4.500 litros y un avión de Coordinación y Observación (ACO). Igualmente, han intervenido dos brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BRIF) que han trabajado día y noche para proteger las poblaciones amenazadas por las llamas. Las brigadas del MITECO se han desplazado a la zona en cuatro helicópteros con una capacidad de 1.200 litros.

Los dos incendios en el municipio se declararon ayer. El primero de ellos fue perimetrado a media mañana y poco después se desencadenó un segundo, que se originó en una zona muy próxima y de difícil acceso. Debido a ello, la Xunta pidió al Ministerio que se trasladasen los medios al segundo foco.

A la dificultad de la orografía se sumaron unas condiciones meteorológicas muy desfavorables con fuertes vientos y elevadas temperaturas, que hicieron que el fuego alcanzara una gran extensión de terreno, saltando el río Sil hacia el norte y afectando al entorno de varias poblaciones. Las duras condiciones a las que se enfrentan los equipos han dificultado los trabajos de extinción.

Hay que destacar el buen trabajo realizado por todo el personal implicado en el incendio, tanto de la Xunta como del MITECO. Esta jornada, el incendio sigue activo y la Xunta ha solicitado la intervención de los medios del MITECO, que se han movilizado esta mañana. Las previsiones meteorológicas son algo mejores, aunque es pronto para valorar su evolución.

Brigadas de lucha contra incendios forestales
Aunque el verano es la época del año que entraña mayor riesgo de incendios en casi todo el territorio, parte de los medios del MITECO permanecen activos durante todo el año, ya sea en tareas de prevención (con las Brigadas de Labores Preventivas) o en labores de extinción en aquellas comarcas en las que el mayor riesgo de incendios se desplaza a otras épocas del año, como la cornisa cantábrica, con mayor recurrencia de incendios forestales en los últimos meses del invierno.

El MITECO pone a disposición de las comunidades autónomas aeronaves y medios materiales y humanos, en especial las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Los medios aéreos de gran capacidad del MITECO son operados por personal del 43 Grupo del Ejército del Aire, a través de un convenio firmado entre el MITECO y el Ministerio de Defensa.

Son 69 medios aéreos (18 aviones anfibios de gran capacidad, 4 helicópteros de vigilancia, 8 helicópteros bombarderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra, 6 aviones anfibios de capacidad media, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, 4 aviones de coordinación y observación (ACO).

Centro de coordinación
A ellos, se suman 7 unidades móviles de análisis y planificación sobre el terreno (UMAP) y cerca de 1.000 efectivos entre técnicos, pilotos y mecánicos de las aeronaves, personal de las brigadas forestales y las bases de medios aéreos y trabajadores del Ministerio, entre otros. Para ello, el MITECO destina este año 85 millones de euros, sin contar el coste del personal funcionario.

La actividad de este dispositivo se centraliza a través del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), como encargado de dirigir el operativo nacional durante todo el año. El CCINIF cuenta con un equipo humano muy experimentado y está dotado de tecnología para disponer de información esencial para la toma de decisiones: ubicación en tiempo real de todos los medios aéreos de extinción de España, datos meteorológicos (temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento…) e información en tiempo real de los incendios, aportada por aeronaves de observación. Desde este centro se gestionan las peticiones de apoyo que realizan las comunidades autónomas, e incluso otros países, y se envían los medios necesarios para apoyar la extinción del fuego allí donde esté.

Evitar riesgos
El MITECO recuerda que durante los meses de verano se deben extremar las precauciones en las áreas forestales y el medio rural en general. A las cautelas ordinarias se deben añadir otras para minimizar riesgos de incendio. Evite arrojar colillas al suelo, no encienda fuego en el monte y no utilice maquinaria o herramientas susceptibles de provocar chispas que prendan en la vegetación. Las quemas agrícolas solo podrán hacerse con la preceptiva autorización de la administración competente, siempre cuidadosas y con las limitaciones que se fijen. Y si ve un incendio, avise al 112.

Sanidad lanza una campaña para reforzar la confianza en las vacunas entre los más jóvenes

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Sanidad lanza una campaña para reforzar la confianza en las vacunas entre los más jóvenes

Lunes 6 de septiembre de 2021

Yo Me Vacuno Seguro

Yo Me Vacuno Seguro

El Ministerio de Sanidad arranca una nueva campaña con el objetivo de sensibilizar y recomendar la vacunación a la población frente a la COVID-19. Cuenta con dos spots publicitarios de 20 segundos, que se están difundiendo desde el 1 de septiembre.

Esta campaña coincide con el final del verano y el inicio del curso escolar y quiere reforzar la confianza en las vacunas, especialmente en los jóvenes y adolescentes, para poder continuar con la implementación de la estrategia de vacunación.

Los materiales tendrán una fuerte presencia en internet en plataformas como Spotify, Instagram o TikTok. También se emitirán en las televisiones de ámbito nacional y autonómico, así como en radios y circuitos de exterior como metro, autobuses o universidades.

Germán Gómez tiene claro que no se la quiere jugar. En su casa todos están vacunados y después del confinamiento, las clases online en el instituto y no poder ver a sus amigos, va a vacunarse seguro. Es lo que les toca. Por otro lado, Irene Sierra cree que la vacuna es un rayo de esperanza. Perdió a su abuela en abril del año 2020 y considera que vacunarse en una manera de pensar en los demás y ser solidario.

La Seguridad Social abona cerca de 200 millones de euros en ayudas por la pandemia a más de 226.000 autónomos en agosto

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Protección social

La Seguridad Social abona cerca de 200 millones de euros en ayudas por la pandemia a más de 226.000 autónomos en agosto


Martes 31 de agosto de 2021

La Seguridad Social abona una nómina estimada de 198,6 millones de euros en ayudas a autónomos. Más de 226.000 trabajadores por cuenta propia reciben este mes alguna de las prestaciones específicas para el colectivo puestas en marcha por la pandemia de la COVID-19.

Estas ayudas se han ido adaptando a la evolución de la pandemia gracias a sucesivos acuerdos con las asociaciones de autónomos. En el momento de mayor afectación de la situación sanitaria en el mercado de trabajo, se llegó a proteger a 1,46 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Desde entonces, la nómina total abonada en concepto de estas prestaciones suma 7.372 millones de euros de euros, a la que se suman otros cerca de 3.000 millones en exoneraciones de cuotas aplicadas a los trabajadores autónomos con ayudas.

La prestación para autónomos compatible con la actividad, destinada a aquellos trabajadores por cuenta propia que han visto disminuida su facturación de manera notable, llega en agosto a más de 83.500 beneficiarios. Por su parte, más de 141.000 ocupados van a recibir la ayuda que se diseñó para proteger a aquellos autónomos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación anterior (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no tener el periodo de cotización necesario), como ya se contemplaba en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.

El número de trabajadores autónomos que reciben la prestación por una suspensión temporal de toda la actividad a causa de resolución de la autoridad competente se sigue reduciendo este mes a causa del levantamiento de las restricciones en la mayor parte de las comunidades autónomas. En la nómina que se abona mañana, unos 460 autónomos recibirán esta prestación, a los que hay que sumar los 146 que ya la recibían antes del 30 de mayo. La prestación específica para trabajadores por cuenta propia de temporada llega en agosto a unas 825 personas.

El resto de la nómina corresponde a prestaciones ya extintas, recogidas en los reales decretos anteriores.

Además de las prestaciones, el Real Decreto Ley 11/2021 sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos contempla exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre para aquellos trabajadores que hubieran percibido alguna de las prestaciones extraordinarias hasta el 31 de mayo. A finales de agosto, 220.000 trabajadores y trabajadoras autónomos se han beneficiado de estas exoneraciones.

Esquema de ayudas
Las ayudas diseñadas para los autónomos se ampliaron hasta el 30 de septiembre tras el acuerdo con las asociaciones representativas del colectivo.

En el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos se renovó la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación se eleva al 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo queda exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le cuenta como cotizado y, en su caso, es compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

Además, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del segundo y tercer trimestre 2021 caiga el 50%, frente al segundo y tercer trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Por su parte, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria en los mismos términos que se establecieron en el Real Decreto-ley anterior. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado.

Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 50% (los ingresos del segundo y tercer trimestre de 2021 deben ser inferiores a los del primer trimestre de 2020) y no tener unos rendimientos netos computables en esos seis meses de 2021 superiores a 6.650 euros.

Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia que se amplía a siete meses, la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el segundo y tercer trimestre de 2021.

El mes de agosto finaliza con un nuevo mínimo de 272.190 personas en ERTE

miércoles, 8 de septiembre de 2021

El mes de agosto finaliza con un nuevo mínimo de 272.190 personas en ERTE

Jueves 2 de septiembre de 2021

La Seguridad Social registró 272.190 personas protegidas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a 31 de agosto, según los datos provisionales recogidos por el organismo. El número de trabajadores en ERTE asociado a la COVID-19 se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia.

Estos instrumentos, diseñados para ayudar a las empresas y proteger el empleo, llegaron a proteger a más de 3,6 millones de trabajadores en su punto más alto en 2020, lo que significa que ya han salido de esta situación más del 92%.

Respecto al último día de julio, se ha producido un descenso de 59.296 personas en ERTE si tenemos en cuenta la fecha de notificación, mientras que por fecha de alta, el descenso es de 15.216 personas (*ver nota al final de este documento).

De las 272.190 personas en ERTE al cierre del mes, 84.064, una de cada tres, estaban suspendidas a tiempo parcial. De media en agosto, ha habido 277.905 personas en ERTE.

Dos tercios con exoneraciones a la Seguridad Social
Del total de trabajadores en ERTE registrados el último día de agosto, cerca de dos tercios (176.582) estaban en alguna de las modalidades de ERTE que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre de 2020, prorrogadas hasta el 30 de septiembre de este año, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

Dentro de ellas, 116.520 personas están incluidas en ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, otras 54.158 personas en ERTE de limitación y 5.904 en ERTE de impedimento. Todas las modalidades han terminado el mes de agosto con la cifra más baja desde que comenzó la pandemia.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 95.608 personas que siguen en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

Concentración sectorial y geográfica
De las 100 actividades económicas, dos, en concreto Servicios de Comidas y Bebidas (65.373 trabajadores en ERTE) y Servicios de Alojamiento (39.091), concentran el 38% de los trabajadores protegidos por un ERTE.

El número de trabajadores en ERTE supone el 1,8% de los afiliados del Régimen General (sin sistemas especiales) con una gran concentración sectorial. En concreto, el sector de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos es el que más trabajadores mantiene bajo este instrumento de protección, con un 35,07% de los afiliados del sector; seguido de Transporte Aéreo, con un 15,47%, Actividades de juegos de azar y apuestas (12,96%) y Servicios de Alojamiento, con un 11,61%.

Geográficamente, se observa que más de una decena de provincias bajan ya del 1% de sus afiliados en ERTE. Entre ellas, Cuenca (0,77%), Huelva (0,77%), Huesca (0,79%) Castellón (0,81%), Guadalajara (0,83%), Murcia (0,86%) y Lleida (0,87%).

Las provincias de Canarias y Baleares siguen siendo las que más trabajadores, protegidos concentran, a pesar de la disminución durante agosto. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (6,31% de sus afiliados), seguida de Santa Cruz de Tenerife, con un 5,50%, y Baleares, con un 4,07%

Entra en vigor la ley que elimina la incapacitación judicial

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Entra en vigor la ley que elimina la incapacitación judicial

3 septiembre, 2021 USO

La ley que elimina la incapacitación judicial y establece un sistema de apoyos con mayor peso de la curatela para las personas con discapacidades entra hoy en vigor
Hoy entra en vigor la ley que elimina la incapacitación judicial, la tutela y la patria potestad prorrogada. El 2 de junio, se aprobó una reforma del Código Civil que elimina la incapacitación judicial y la sustituye por un sistema de apoyos para las personas con discapacidad. La ley fue ratificada por el Senado y por el Congreso los días 12 y 20 de mayo, respectivamente, y publicada en el BOE el 3 de junio como: Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La nueva legislación forma parte de la mayor reforma legal sobre discapacidad en España y supone la derogación de leyes anteriores. Es, además, pionera a nivel europeo. Ha sido impulsada por el movimiento social que, desde hace 14 años, viene defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y se fundamenta en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A pesar de los beneficios que, a priori, pudieran suponerse para las personas con discapacidad, dicho cambio jurídico suscita aún mucha incertidumbre en su aplicación, especialmente para las familias.

Eliminar el estigma y ayudar a que las personas con discapacidad decidan por sí mismas
El principal propósito de la ley es dar un mayor protagonismo a las personas con discapacidad en la toma de sus decisiones, que, en la mayoría de los casos, se veían totalmente limitadas por la tutela judicial completa. Se pretende que sea la persona con discapacidad la que tome sus propias decisiones con ayuda y apoyo de la sociedad, evitando posibles manipulaciones o los procesos con falta de garantías para la principal persona afectada.

Históricamente, se ha negado a las personas con discapacidad psíquica, intelectual o psicosocial la aptitud para tomar decisiones. Los reformadores argumentan que la ley continuaba con esa discriminación histórica, ya que, según la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), un 80% de las personas con discapacidad intelectual tiene una tutela completa, pero solo un 20% la necesitan realmente.

La ley supone una transformación de la mentalidad social con respecto a la discapacidad y la aceptación de la premisa de que las personas con discapacidad son titulares de derecho. Cambia la estigmatización y el paternalismo existentes por el apoyo y el respeto a los derechos humanos. Pero, por otro lado, también necesita de esfuerzos económicos y cambios en los servicios sociales para su implementación. Ya que, sin todo ello, es difícil que el nuevo sistema funcione.

¿Cuáles son los cambios principales con respecto a la incapacitación judicial?
Los principales cambios que introduce la nueva ley para sustituir la incapacitación judicial son los siguientes:

Desaparece la posibilidad de incapacitar, a través de una demanda judicial, a una persona con discapacidad intelectual.
Desaparece, por tanto, la figura de la tutela. Es decir, a partir de ahora no será posible que otra persona distinta a la que posee la discapacidad tome decisiones legales o médicas directamente por ella.
También desaparece la patria potestad prorrogada, que es la que se ejerce sobre los hijos una vez que hayan cumplido la mayoría de edad.
La tutela se sustituye, principalmente, por una curatela representativa o la aplicación de un sistema de apoyos voluntarios.
El refuerzo de la figura de la curatela en sustitución de la tutela
La aplicación de un grado distinto curatela que sustituya a la tutela se hará en función del caso:

Para los que actualmente están incapacitados, la ley prevé un régimen de adaptación. Quienes están sometidos a tutela quedan automáticamente sometidos a curatela representativa. Y los curadores deberán regirse por los principios de la nueva norma. Esta curatela podrá ser ejercida por familiares, personas del entorno o fundaciones que trabajan con ellos.
No obstante, se llevará a cabo una revisión de cada caso concreto para determinar los apoyos adecuados para cada persona. La idea es acabar eliminando la curatela, excepto en casos muy excepcionales, en los que la persona no pueda manifestar su voluntad. Incluso en los casos en los que se mantenga la curatela representativa, la persona curadora no puede tomar cualquier decisión en nombre de la persona con discapacidad y se encuentra con más limitaciones que un tutor. Por ejemplo, para que la persona con discapacidad se someta a un tratamiento médico, es necesaria su firma (con la tutela, no).
Se desarrolla en el Código la guarda de hecho: en esta situación, personas que no ejercen la tutela pueden prestar apoyos a la persona con discapacidad siempre y cuando esta lo solicite (para trámites bancarios, por ejemplo). Se puede realizar mediante acta notarial.
Autocuratela: pueden ejercerla personas con un trastorno cognitivo que todavía se encuentren en condiciones de decidir qué persona o personas le van a prestar el apoyo.
Defensor judicial: es una persona designada judicialmente a la que se le da potestad para actuar en momentos concretos y puntuales, especialmente cuando se da un conflicto de intereses entre la persona curadora y la persona con discapacidad. Este puede ser un abogado, un representante de una fundación, etc.
El sistema de apoyos, centro de la ley que termina con la incapacitación judicial
Aunque el término “apoyos” se acaba de introducir en el ámbito del derecho privado, el propio Código Civil los contempla y la ONU ya especificaba en la Convención que estos pueden ser variados: el notario, la familia, instituciones, asociaciones o entidades, sistemas de comunicación aumentativa o alternativa…

Es una labor que ya se venía realizando desde hace tiempo por las fundaciones y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, y que ahora el ordenamiento recoge. Según la norma, los poderes jurídicos tendrán que hacer un esfuerzo por facilitar que estas personas con discapacidad puedan tomar decisiones.

Los apoyos servirán no solo para facilitar la toma de decisiones de muchas personas, también para fomentar las capacidades de las personas con discapacidad. Las organizaciones que trabajan con estas personas insisten en la necesidad de materializar los apoyos, especialmente los recursos de comunicación aumentativa y alternativa.

Los apoyos son voluntarios (los solicita la persona interesada) y, debido a la amplia tipología y grados de discapacidades intelectuales (autismo, síndrome de down, alzheimer, trastornos mentales…), los apoyos varían sustancialmente en función de cada persona.

La introducción de esta ayuda que se ofrece como alternativa a la tutela supone necesariamente, y así lo establece la ley, la formación específica para los operadores jurídicos (CGPJ, colegios de abogados, funcionariado de los juzgados, ámbito policial…), así como sociales, económicos, médicos, etc. Además, esta debe ser transversal y permear a toda la sociedad, incluido el ámbito familiar.

Lo que más preocupa a las organizaciones sociales es que el sistema de apoyos sea efectivo y garantista, ya que, si no se establece un esfuerzo económico para que los recursos cambien, sean mayores y se adapten a las nuevas necesidades de la ley, la implementación fallará. Sería necesaria, dicen, una red más amplia de figuras de apoyo, y el reconocimiento de estas en los servicios sociales (accesibilidad cognitiva, figura del facilitador…). La sociedad tendría que cambiar, además, la manera de comportarse.

Transición de un sistema a otro: dudas de las familias
Algunas familias, aun estando de acuerdo con mejorar el sistema de apoyos y dar una mayor importancia a los derechos de las personas con discapacidad, tienen dudas acerca de su situación a partir de ahora. Por otro lado, temen que una legislación con buenas intenciones suponga una carga adicional para ellas.

Con respecto al nuevo sistema de apoyos voluntarios, aún hay muchas preguntas: ¿quién realiza los apoyos? ¿Qué ocurre si no se solicita la revisión porque la persona necesita ayuda para hacerlo y la familia no facilita la tarea? ¿Qué tipos de apoyos son los más comunes? ¿Y qué pasa si el grado de discapacidad de la persona es tan alto que le es imposible comunicarse? ¿O si las decisiones de la persona con discapacidad psíquica afectan a la protección de sus padres? ¿Quiénes serán los encargados de decidir el tipo de apoyos que necesita cada persona?

Además, la situación de muchas personas y familias queda en el aire. La nueva legislación prevé un período de 3 años para la adaptación y revisión de las sentencias de modificación de la capacidad jurídica ya dictadas. A partir de hoy, 3 de septiembre, se puede solicitar la revisión de su caso: si no lo solicita la persona, serán los tribunales. La casuística es muy complicada y heterogénea, por lo que no existe una respuesta general y habrá que revisar caso por caso para aplicarle a cada uno los principios que indique la ley.

Tenemos que insistir en que no desaparecen todas las tutelas de repente, pues la inseguridad jurídica sería enorme. Por ello, el legislador prevé una conversión de dicha tutela en una curatela representativa. Y, para los casos en los que fuera posible, la curatela incluso desaparecería para pasar a establecerse un sistema de apoyos. Para que esto suceda deberá solicitarse la adaptación por vía judicial de las resoluciones judiciales ya existentes. Lo ideal, según los reformadores, es que los apoyos lleguen a la mayor cantidad de personas posible.

Estas resoluciones judiciales tienen que ser de control periódico. Las curatelas, por su parte, también se revisarán de forma periódica.