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sábado, 11 de septiembre de 2021

Justicia realiza más de 1,6 millones de actos de comunicación electrónica en su apertura del Año Judicial 2021

sábado, 11 de septiembre de 2021

Justicia realiza más de 1,6 millones de actos de comunicación electrónica en su apertura del Año Judicial 2021

03/09/2021

Actos de comunicación globales

El Ministerio de Justicia dictó dos Circulares el pasado mes de julio dirigidas al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia para garantizar la homogeneidad en la aplicación de las normas procesales en todos los órganos judiciales el territorio nacional.
3 de septiembre 2021.- El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, ha puesto en marcha el Plan de Arranque del Año Judicial para asegurar la adecuada prestación del servicio de comunicaciones electrónicas, garantizar una buena experiencia de uso y reaccionar de forma rápida y eficaz en caso de ciberataques o incidencias.

Desde el arranque del Año Judicial el pasado 1 de septiembre, se han realizado más de 1,6 millones de actos de comunicación electrónica y los sistemas han funcionado con total normalidad estando disponibles al cien por cien, sin que se hayan producido incidencias reseñables.

Para ello, la cartera de Llop, a través de la Secretaría General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, dictó dos circulares el pasado mes julio, dirigidas al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, que garantizaban la homogeneidad en la aplicación de las normas procesales en todos los órganos judiciales el territorio nacional.

La primera, la Circular 4/2021, relativa a la forma de efectuar las notificaciones telemáticas durante los meses de agosto y septiembre de 2021, respondía al objetivo de organizar homogéneamente la forma en que deben realizarse las notificaciones durante el mes de agosto y los primeros días del mes de septiembre, con el fin de compatibilizar el pleno respeto al ejercicio de los derechos procesales con el derecho a conciliar la vida personal, familiar y profesional de los profesionales que intervienen en los diferentes procesos ante los órganos judiciales.

La Circular reflejaba la inhabilidad prevista en las leyes procesales para el mes de agosto, indicando que no se practicarían actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante este mes, con la excepción de aquellas actuaciones para las que esos días estaban declarados hábiles por disposición legal o por resolución de la autoridad competente.

La inhabilidad del mes de agosto, según recoge la Circular, no implicaba que los órganos judiciales paralizasen su actividad, sino que en todos ellos se desarrollaban, generando un ingente número de resoluciones que deben notificarse en los primeros días del mes de septiembre.

La Circular proporcionaba, además, información sobre las diferentes formas en que las aplicaciones propias del Ministerio de Justicia realizan el control de las notificaciones, que en septiembre no podrán superar el 50% del volumen de salida ordinario de notificaciones que se realicen en período hábil.

Documentación de expedientes de indulto

Por otro lado, la segunda Circular, referida a la remisión de la documentación relativa a expedientes de indulto, informaba de la incorporación de la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia a las comunicaciones electrónicas judiciales para aquellos órganos judiciales situados en territorios con sistemas de comunicación o de gestión procesal adaptados (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo).

Esta incorporación se enmarca en la clara apuesta del Ministerio de Justicia por continuar con los pasos decididos que todas las administraciones públicas están dando hacia la actuación y la comunicación electrónicas entre organismos públicos, así como en sus relaciones con la ciudadanía.

En las comunidades autónomas y órganos dependientes del Ministerio de Justicia la documentación relativa a estos expedientes se remitirá a través de LexNet, mientras que en Aragón y Cantabria la comunicación se realizará a través de sus respectivos sistemas de gestión procesal (Avantius y Vereda).

Con este avance, se han aumentado los niveles de rapidez y seguridad en la tramitación de los procedimientos que deben tramitarse por la División de Derechos de Gracia.

Comunicado de Foment sobre la suspensión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona – El Prat

sábado, 11 de septiembre de 2021

Comunicado de Foment sobre la suspensión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona – El Prat

9 de septiembre de 2021

En primer lugar, quiero expresar desde Fomento nuestra indignación y perplejidad por la actitud del Gobierno de la Generalitat en relación a la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

Indignación que nos lleva a afirmar que los empresarios no estaremos parados ante tanta irresponsabilidad que nos lleva inexorablemente al empobrecimiento del país:

A la ruina económica de Cataluña

A la ruina económica de muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos

A la ruina económica de muchas familias

A hipotecado el trabajo del futuro de nuestros jóvenes

En segundo lugar, queremos dejar claro que la ampliación del aeropuerto necesariamente tiene que cumplir todas las exigencias medioambientales, puesto que así lo exige la Comisión Europea, que es quien tiene la última palabra.

Haremos todo el que esté a nuestro alcance para frenar tanta negligencia, tanto por parte del Ayuntamiento de Barcelona como del Gobierno de la Generalitat.

El debate abierto por el Gobierno de la Generalitat sobre La Ricarda es una grave irresponsabilidad.

Lamentablemente, el Gobierno de la Generalitat no ha estado a la altura ni ha actuado con la prudencia y diligencia que tienen que presidir toda actuación de un gobierno. Es imprescindible apoyar unánimemente y sin fisuras al proyecto de ampliación del aeropuerto. Insistimos, desde Fomento, en el error de situar a La Ricarda en el centro del debate. Tanta frivolidad, que se pone de manifiesto con declaraciones contradictorias entre diferentes Consejeros del Gobierno, no se puede volver a repetir.

Es urgente una rápida rectificación del Gobierno de la Generalitat y que de una vez por todas se exprese públicamente con una sola voz.

Pedimos al Gobierno que resuelva sus discrepancias internas privadamente y actúe públicamente de manera cohesionada.

Es también lamentable la carencia de cohesión interna de la coalición que gobierna a España. La visita de la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz junto con la Alcaldesa Ada Colau a La Ricarda, es una deslealtad de la Ministra con el Gobierno del que forma parte que no se tolerable, practicando filibusterismo político, dinamitando el pacto por detrás.

Estamos a un paso de hacer el ridículo internacionalmente. Hace demasiado tiempo que estamos instalados en la cultura del NO, repartiendo las responsabilidades a otras administraciones sin asumir las propias.

Cómo decíamos más de doscientas entidades el pasado 2 de junio en el acto de ESADE “Todos con la ampliación del aeropuerto” el país necesita políticas de crecimiento, que permitan dinamizar la economía a la vez que favorecer la cohesión social. Sin creación de riqueza no es posible su redistribución, ni personal ni territorial. Sin creación de riqueza el estado del bienestar será insostenible.

Hace falta que se prioricen las infraestructuras públicas y privadas vitales para el país y para su desarrollo, que le permita competir internacionalmente y reducir su déficit histórico denunciado por la sociedad civil catalana. No podemos renunciar al progreso que aportan las infraestructuras, y más cuando nos faltan, por eso, hay que trabajar para lograr los consensos necesarios para llevarlas a cabo.

Instamos con toda la energía posible que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat abren un diálogo con profundidad que permita aprobar la inversión del aeropuerto. Cataluña necesita esta inversión para situarnos en condiciones en un mundo competitivo, por el impacto extraordinario que este proyecto tendrá en generación de riqueza y puestos de trabajo.

Finalmente, que todo el mundo asuma sus responsabilidades. Rechazar un proyecto de estas dimensiones genera un gravísimo perjuicio a toda la sociedad, hecho que sin duda tendrá consecuencias políticas por ser una actuación claramente negligente.

Abandonen la irresponsabilidad. Dialoguen y Pacten.

La vuelta al crecimiento

sábado, 11 de septiembre de 2021

La vuelta al crecimiento

Fondo Monetario Internacional

Por Lone Engbo Christiansen, Ashique Habib, Margaux MacDonald y Davide Malacrino

Producir y consumir más bienes y servicios con la misma cantidad de trabajo suena demasiado bien como para ser cierto. En realidad, es completamente posible. El aumento de la productividad es uno de los ingredientes principales del aumento del crecimiento económico y de los ingresos. Todo es cuestión de aumentar la productividad de los trabajadores.

Para muchos de nosotros, la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que trabajamos y consumimos. La cuestión es de qué forma afectarán estos cambios a nuestra productividad, tanto ahora como en el futuro.

Si bien es difícil predecir la productividad a largo plazo, en especial en el contexto actual, son dos canales por los que la pandemia podría influir sobre la productividad: la aceleración de la digitalización y la reasignación de trabajadores y capital (por ejemplo, máquinas y tecnologías digitales) entre las distintas empresas y sectores. Nuestra reciente nota examina la manera en que todo esto funciona.

Impulso a la productividad

La pandemia ha acelerado el cambio hacia la digitalización y la automatización, entre otras formas, con el comercio electrónico y el trabajo a distancia, y es poco probable que estas tendencias den marcha atrás.

Es probable que estos cambios tengan un impacto sobre la productividad. Las recientes inversiones en herramientas digitales —desde aplicaciones de videoconferencia e intercambio de archivos hasta drones y tecnologías de minería de datos— pueden conseguir que seamos más eficientes en el trabajo. El siguiente gráfico representa, para una muestra de 15 países entre 1995 y 2016, que un aumento del 10% en la inversión de capital intangible (que es donde se registran en las estadísticas nacionales los activos como las tecnologías digitales) se asocia a un aumento de aproximadamente el 4½% de la productividad de la mano de obra, lo que reflejaría el papel del capital intangible en la mejora de la eficiencia y las competencias.

En comparación, un impulso al capital tangible (como son los edificios y la maquinaria) se asocia con aumento ligeramente menor de la productividad. A medida que la COVID-19 se disipe, las empresas que han invertido en activos intangibles, como son las tecnologías digitales y las patentes, podrían ver aumentada su productividad como resultado.

Sin embargo, los beneficios no revertirían en todos de forma uniforme. Debido a que la inversión en activos intangibles es sensible a las condiciones del crédito, la inversión intangible podría desacelerarse si las condiciones financieras se endurecen o los balances de las empresas empeoran como resultado de la crisis. Esta evolución, junto con el hecho de que muchas empresas grandes y dominantes (sobre todo en los sectores de servicios digitales) han tenido mejores resultados que sus homólogas durante la crisis, podría contribuir a un aumento del poder de mercado, lo que, con el tiempo, podría frenar la innovación.

Además, algunos empleos vulnerables a la automatización podrían no recuperarse nunca, lo que implicaría pérdidas de trabajo, desempleo de larga duración y trabajadores en busca de empleo en otros sectores en los que sus aptitudes no son las adecuadas. Esta sería la otra cara más oscura de los aumentos de productividad derivados de una mayor digitalización.

La reasignación durante la pandemia

Como la pandemia ha afectado de forma muy diferente a los distintos sectores, es probable que se produzca cierto grado de «reasignación de recursos», por ejemplo, movimientos de trabajadores entre empresas al ser despedidos o contratados. Esto sucede al menos por dos razones (posiblemente relacionadas): i) la rotación de empresas que entran y salen del mercado y ii) los cambios en la demanda de consumo.

En primer lugar, el flujo de mano de obra y capital hacia empresas más productivas suele aumentar la productividad y puede contribuir a amortiguar el golpe de una recesión (por ejemplo, si los trabajadores despedidos son contratados por empresas más productivas). El siguiente gráfico, que presenta un análisis basado en datos a nivel de empresa de 19 países durante 20 años, muestra que los sectores con una reasignación de recursos mayor tienden a experimentar una disminución significativamente menor de la productividad total de los factores durante las recesiones y a recuperarse con mayor rapidez.

Las medidas de política económica pueden influir sobre el grado de reasignación que existe entre empresas y, por tanto, sobre el aumento de productividad, aunque la dirección no está clara. Por ejemplo, el apoyo fiscal generalizado durante una crisis podría respaldar la productividad si contribuye a que sobrevivan las firmas con mayor potencial. Sin embargo, también podría mantener recursos atrapados en empresas menos productivas, lo que podría frenar el aumento de la productividad en general. El grado en que estas fuerzas se compensan entre sí todavía no se conoce y depende del nivel de mano de obra y capital que fluye hacia las empresas más productivas.

En segundo lugar, el traslado de la demanda desde servicios presenciales, en los que el producto por trabajador suele ser relativamente bajo (por ejemplo, restaurantes, turismo, puntos de venta físicos), hacia soluciones digitales y sectores en los que el producto por trabajador es mayor (por ejemplo, comercio electrónico y trabajo a distancia) sugiere que la reasignación de recursos entre sectores podría haber aumentado la productividad en general. Aun así, existe una gran incertidumbre sobre los efectos duraderos de todos los cambios que se han producido durante la pandemia y, mientras algunos sectores probablemente vayan a repuntar (por ejemplo, el turismo), otros sufrirían cambios más permanentes (por ejemplo, el comercio minorista).

Políticas económicas que pueden ayudar

Velar por que la reasignación de recursos sea eficiente y proteger al mismo tiempo a los grupos vulnerables puede contribuir a que la recuperación sea fuerte. Esto puede lograrse de muchas formas, entre otras:

Garantizar que se dé con rapidez un uso más eficiente al capital de las empresas en quiebra, con políticas como la mejora de los procedimientos de reestructuración e insolvencia.
Promover la competencia que facilite la salida y la entrada de empresas para limitar el poder de mercado.
Brindar apoyo a los trabajadores desplazados, con el reajuste gradual de las políticas de apoyo desde el mantenimiento del empleo hacia la reasignación, para facilitar la adaptación a la nueva normalidad a medida que la recuperación gane velocidad. Los esfuerzos de reconversión profesional de los trabajadores, que incluyen la capacitación en el puesto de trabajo, también contribuirán a mejorar la inclusividad, así como a impulsar el capital humano y fortalecer el crecimiento potencial.
Por último, para aprovechar los aumentos de productividad de la inversión en intangibles, es fundamental garantizar que las empresas viables tengan acceso adecuado a financiamiento.

Pese al daño económico causado por la pandemia de COVID-19, las inversiones en tecnología y conocimientos tecnológicos podrían contribuir a mejorar la productividad. No obstante, para que esta posibilidad se materialice y sea ampliamente compartida, las políticas económicas desempeñan un papel fundamental.

Llegar a cero emisiones netas

sábado, 11 de septiembre de 2021

Llegar a cero emisiones netas

Fondo Monetario Internacional

Por Florence Jaumotte y Gregor Schwerhoff

La adopción de medidas sobre el clima está cobrando ímpetu. Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, los países han intensificado sus medidas sobre el clima y muchos se han comprometido a llegar a las cero emisiones netas en 2050, lo que significa que toda emisión adicional de carbono estará completamente neutralizada por emisiones de carbono retiradas de la atmósfera.

No obstante, el presupuesto de carbono, o la cantidad máxima de emisiones permitida, para limitar el calentamiento mundial a bastante menos de 2°C está agotándose rápidamente. Los desastres más frecuentes y graves, una merma de la productividad agrícola y el aumento de los niveles del mar se harán más habituales si no se alcanza esta meta.

En nuestra reciente Nota de referencia para el G-20 sobre política climática explicamos en detalle las políticas y, lo que es crucial, el monto de las inversiones que se necesitan en los próximos 5 a 10 años para alcanzar la meta de cero emisiones netas en 2050 de una manera que no perjudique el crecimiento. La estrategia tiene tres componentes principales: tarificación del carbono, un plan de inversión verde y medidas para una transición equitativa.

Tarificación del carbono: La tarificación del carbono puede realizarse mediante un impuesto al carbono o mecanismos de comercio de emisiones (o medidas equivalentes como regulaciones a nivel de sectores), que son componentes fundamentales de la estrategia de descarbonización. Las inversiones verdes y el apoyo a actividades de investigación y desarrollo probablemente no serán suficientes para alcanzar la meta de cero emisiones netas a medidos de siglo. Al elevar el costo de la energía de uso intensivo de carbono, la tarificación incentiva un giro hacia el uso de combustibles más limpios y la eficiencia energética. En cambio, aumentar solamente la oferta de fuentes de energía limpia tiende a reducir el costo de la energía y no incentiva la eficiencia energética en el mismo grado, lo cual hace más difícil alcanzar las metas de cero emisiones.

Según nuestro análisis, si las medidas de tarificación del carbono se postergan 10 años es probable que no se alcance la meta de cero emisiones para mediados de siglo por un amplio margen, ya que los precios que se necesitarían entonces para lograr las metas parecen prohibitivos. Esa demora, en contraste con la rápida introducción de los precios del carbono, elevaría las temperaturas e infligiría daños posiblemente irreversibles en el clima y la economía. Un acuerdo sobre precios mínimos del carbono entre los principales emisores, con precios diferenciados en función del nivel de desarrollo, conforme a la propuesta reciente del personal técnico del FMI, podría facilitar la toma de medidas de tarificación del carbono, ya que abordaría las inquietudes de que las medidas unilaterales podrían dar lugar a pérdidas de competitividad en las empresas de uso intensivo de energía y los sectores expuestos al comercio, con un traslado la producción a países con precios más bajos.

Inversiones verdes: Las inversiones verdes son cruciales para facilitar la transición a una economía de bajo uso de carbono y para apoyar la respuesta a la tarificación del carbono. Para transformar radicalmente nuestro sistema energético será necesario ampliar las inversiones para financiar la transición de los combustibles fósiles a los renovables, así como para crear redes eléctricas inteligentes, adoptar medidas de eficiencia energética y electrificar sectores como el transporte, la construcción y la industria. Las inversiones deberán ser cuantiosas. Por ejemplo, un posible comprador de un automóvil nuevo quizá esté más dispuesto a adquirir uno con batería eléctrica en lugar de uno a gasolina si hubiera más estaciones de recarga eléctrica. La inversión en investigación y desarrollo también es fundamental: se necesitarán nuevos avances de las tecnología de bajas emisiones de carbono para que la transición a cero emisiones netas sea factible.

En muchos sectores, la reducción de las emisiones puede suponer una mayor inversión inicial necesaria para construir nueva infraestructura, pero esa inversión también reduce los costos ordinarios gracias a la disminución del consumo de combustibles. Por ejemplo, instalar paneles solares para hacer funcionar una bomba de agua en una aldea rural implica un nuevo costo inicial, pero la energía solar es gratis. Las inversiones para mejorar la eficiencia energética siguen un patrón similar. Como resultado, la inversión tiene una curva en forma de joroba, o U invertida, con un aumento en los próximos 20 años y un descenso hacia niveles históricos de ahí en adelante.

Se estima que en la próxima década se necesitarán entre USD 6 billones y USD 10 billones en inversiones mundiales adicionales, tanto públicas como privadas, para mitigar el cambio climático. Esto equivale a entre un 6% y 10% acumulado del PIB mundial anual.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, se espera que aproximadamente un 30% de la inversión adicional, en promedio a escala mundial, provenga de fuentes públicas, lo que equivale a entre 2% y 3% del PIB anual en la década de 2021 a 2030. El 70% restante vendría del sector privado.

Por el lado público, las programas fiscales de los gobiernos para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19 brindan una oportunidad singular para invertir en una transición a una economía de bajas emisiones de carbono. Y después de la recuperación, los gobiernos deberían procurar adoptar un sistema más integral de presupuestación verde, examinando los incentivos «contaminantes» y «verdes» que ofrecen los presupuestos y ayudando a alinear los presupuestos con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y las metas del Acuerdo de París.

Los gobiernos también pueden ayudar a movilizar el capital del sector privado si mejoran los marcos de inversión, si ayudan a crear conjuntos de proyectos rentables y si usan el financiamiento internacional de forma eficaz para moderar los riesgos percibidos y reducir el alto costo del capital (esto último sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo). Las políticas del sector financiero, como exigir la divulgación de riesgos relacionados con el clima y el establecimiento de una taxonomía común de los activos verdes y contaminantes, también serían cruciales para canalizar los flujos financieros hacia inversiones sostenibles.

Transición equitativa: Un transición equitativa abarca una dimensión nacional y otra internacional. En el plano nacional, los gobiernos necesitan tomar medidas para ayudar a que los hogares a los que ya les es difícil cubrir necesidades básicas puedan pagar los costos más altos de la energía. Estas medidas deben extenderse a los mineros del carbón y otros trabajadores y comunidades cuya subsistencia depende de los sectores que emiten mucho carbono. En el ámbito internacional, se necesitará apoyo financiero para las economías en desarrollo, que previsiblemente tendrán que asumir mayores costos en la transición pese a disponer de escasos medios para sufragarlos.

Los mayores emisores de carbono —como China, Corea, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea— se han comprometido a alcanzar la meta de cero emisiones a mediados de siglo. Esto reducirá una importante proporción de las emisiones mundiales, pero también aportará soluciones tecnológicas y políticas para facilitar y abaratar la transición de otros países. Pero sin una política climática mundial, los pequeños emisores de hoy en día se convertirán en grandes emisores conforme aumenten sus poblaciones e ingresos. También están otros países, a menudo los más afectados por los efectos del cambio climático, a los que resulta más difícil asumir los costos de la transición, debido al rápido aumento de sus necesidades energéticas y a que cuentan con menos margen en sus presupuestos para financiar inversiones verdes.

El financiamiento para hacer frente al cambio climático —es decir, recursos para costear inversiones que reduzcan las emisiones en las economías en desarrollo— ayudaría a distribuir más equitativamente la carga y a que la economía mundial alcance la meta de cero emisiones netas. Muchas economías en desarrollo están preparadas para incrementar sus NDC a cambio de financiamiento climático, y dado que muchas de las oportunidades menos costosas de mitigación están en las economías emergentes y en desarrollo, al mundo entero le conviene encontrar una manera de garantizar que esas oportunidades sean aprovechadas.

Tarjetas

sábado, 11 de septiembre de 2021

Tarjetas

Banco de España

El uso de las tarjetas es muy común para realizar pagos en comercio o extraer dinero en efectivo. Es importante conocer los derechos y obligaciones que adquirimos al contratar una tarjeta, ya sea de débito o de crédito.

Concepto y características

Las tarjetas son instrumentos de pago emitidos por una entidad financiera o un comercio que permiten realizar un pago sin disponer de dinero en efectivo.

Las tarjetas son instrumentos de pago emitidos por una entidad financiera o un comercio que permiten realizar un pago sin disponer de dinero en efectivo.

Las tarjetas deben cumplir ciertas normas:

En la parte delantera debe constar el nombre de la entidad financiera emisora de la tarjeta, el logo de la red interbancaria (por ejemplo VISA, MASTERCARD o EURO 6000), chip, número de tarjeta, fecha de caducidad y nombre del titular.
En la parte posterior figurará una banda magnética, el lugar para la firma, el código valor de verificación o validación (CVV) y holograma.
Hay tarjetas virtuales para pagar en internet, que no precisan que se emita una tarjeta física.

Tipos de tarjetas

Existe una gran variedad de tarjetas con distintas denominaciones comerciales y diferentes funcionalidades. Conocer sus principales características te ayudará a contratar la que más te conviene en función de los servicios que te ofrezca.

Según quien las emita, distinguimos:

Tarjetas bancarias: son las emitidas por los bancos. En España los movimientos generados por las tarjetas son gestionados por Sistemas de Tarjetas y Medios de Pago, S.A.
Tarjetas no bancarias: son las que únicamente pueden usarse en aquellos establecimientos asociados (tiendas, franquicias, grandes almacenes, etc.) No obstante, en España, una parte importante de los grandes centros comerciales tiene acuerdos con un banco principal, siendo el banco el emisor de la tarjeta y no el centro comercial.
Tarjetas de fidelización: son las emitidas por establecimientos comerciales o de servicios (p.ej. líneas aéreas) y con ellas se acumulan puntos que sirven para solicitar descuentos en la compra de los artículos o pago de los servicios del establecimiento emisor.


Tipos de tarjetas bancarias:

Tarjeta de débito

Es una tarjeta que sirve para utilizar los fondos depositados en la cuenta corriente o de ahorro a la que está asociada. Por eso, si eres titular de una tarjeta de débito, deberá existir una cuenta a la que esté asociada.

Las tarjetas de débito pueden emplearse para realizar pagos en comercios y para sacar dinero en oficinas y cajeros automáticos, así como para consultar saldos y movimientos de la cuenta. En este tipo de tarjetas la operación se registra instantáneamente en la cuenta. Esta es la principal diferencia entre las tarjetas de débito y crédito.

Por razones de seguridad suele fijarse un límite diario, sobre todo para la retirada de fondos de los cajeros automáticos.


Tarjeta de crédito

En este tipo de tarjetas es posible hacer pagos u obtener fondos, hasta cierto límite, a crédito. A cambio el dinero deberá ser devuelto en los plazos previstos.

Muchas entidades bancarias la ofrecen sin necesidad de tener una cuenta corriente abierta en ellas girándole los recibos correspondientes a la cuenta corriente y entidad que se indique. En el caso de las emitidas por los establecimientos financieros de crédito o entidades de pago será siempre así, ya que no pueden abrir cuentas corrientes al público.

Recuerda que utilizar una tarjeta de crédito tiene las mismas consecuencias que disponer de cualquier otro crédito o modalidad de financiación: estás obligado a devolver el dinero y pagar los intereses establecidos.

El límite del crédito disponible debe figurar en el contrato de la tarjeta. Puede ser modificado tanto por el banco como por el titular. Si bien las entidades pueden ajustarlo, atendiendo a su política de riesgos y a las características personales y de solvencia económica del cliente, tú también puedes solicitar cambiar tu límite de crédito. Si lo quieres bajar, la entidad no te pondrá pegas. Si lo quieres subir, necesitarás su autorización. Suele existir un límite de crédito máximo para cada categoría de tarjeta («normal», «plata», «oro»…).

La devolución del dinero que se ha utilizado debe hacerse de la forma y en los plazos previstos, normalmente en los primeros días de cada mes. Se pueden elegir distintas modalidades de pago.


Tarjetas revolventes, revolving o de pago aplazado

Son tarjetas de crédito en la que se ha elegido la modalidad de pago flexible. Te permiten devolver el crédito de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas que varían en función de las cantidades dispuestas. Dentro de unos límites prefijados por tu banco, podrás fijar el importe de la cuota, pero sé consciente de que con cada cuota pagada el crédito disponible de la tarjeta se reconstituye, es decir, puedes volver a disponer del importe del capital que amortizas en cada cuota.


Tarjetas de prepago o monedero

Permiten realizar pagos, en general de pequeño importe u obtener dinero hasta el límite que hayas entregado previamente a la entidad emisora, importe que una vez agotado podrá recargarse.

Tarjetas contactless o sin contacto

Son las tarjetas, tanto de débito como de crédito, que disponen de esta tecnología. Pueden realizar los pagos sin necesidad de introducir la tarjeta en el datáfono, sino simplemente acercando la tarjeta al aparato y, en caso de que se trate de operaciones por importe superior a 20 euros (temporalmente 50 euros desde abril de 2020), introduciendo el pin. Cada vez más comercios disponen de datáfonos o TPVs adaptados que permiten una mayor rapidez a la hora de pagar. En aquellos cajeros automáticos que incorporen esta tecnología no hace falta introducir la tarjeta en el cajero, tan solo acercándola al lector contactless accederemos al menú principal. Antes de realizar una operación se te pedirá el pin.

El símbolo que permite identificar esta tecnología es este:

Contratación

Como con cualquier otro contrato hay que prestar atención a las condiciones de la tarjeta y conservar la documentación.

¿Cómo contrato una tarjeta de crédito?

Busca información general en la publicidad de las entidades en los distintos medios de comunicación y en sus páginas de Internet.
Compara ofertas concretas. Pide al banco información más detallada sobre sus condiciones, en especial sus comisiones y gastos y, en el caso de las de crédito, sobre el tipo de interés y las formas de pago.
Una vez te hayas decidido por una oferta concreta, examina con detalle el contrato antes de su firma, prestando especial atención al tipo de interés aplicado y a las comisiones que se pudieran devengar.
La entidad está obligada a entregarte el contrato en papel u otro soporte duradero y a entregarte la tarjeta y la clave secreta por procedimientos que aseguren la seguridad y la privacidad.

¿Qué documentación debes conservar?

El contrato.
Las comunicaciones posteriores de modificación de condiciones, que entrarán en vigor a los dos meses.
Los documentos de liquidación y justificantes de cada pago o retirada de fondos. Revisarlos con cuidado, te permitirá detectar posibles errores o discrepancias.

¿Qué contenido debe tener mi contrato?

El contenido mínimo del contrato viene recogido en el Real Decreto-ley 19/2018 de 23 de noviembre y Orden EHA/1608/2010 de 14 de junio

Cancelación de la tarjeta

Ya no deseo seguir usando mi tarjeta, ¿qué debo hacer?

¿Cómo cancelo mi tarjeta?

Al tratarse de un contrato de duración indefinida ambas partes tienen la posibilidad de rescindirlo unilateralmente. Basta con comunicarlo al banco, es conveniente hacerlo por escrito e informarse si esta operación conlleva el cobro de una comisión.
Es posible hacerlo en cualquier momento, salvo que se haya pactado un preaviso.
En el caso de que la cancelación se realice a iniciativa del banco debe basarse en causas objetivas y debe comunicarlo previamente al titular de la tarjeta para evitarle perjuicios innecesarios.

Uso fraudulento

¿Qué pasa cuando se pierde o nos roban una tarjeta, y es utilizada fraudulentamente?

En la copia del contrato han de figurar las obligaciones tanto del titular como de la entidad.

Obligaciones del titular

Conservar la tarjeta y hacer un uso correcto de ella y del número secreto de identificación personal (PIN), cuando exista.
En caso de pérdida o robo, debes avisar inmediatamente a la entidad, momento desde el que quedas libre de responsabilidad sobre el uso que no hayas realizado tú.
Obligaciones de la entidad emisora

No puede enviarte una tarjeta no solicitada salvo que sustituya a una anterior.
Disponer en todo momento de una forma de comunicación para los casos de pérdida, robo o utilización no autorizada. En cuanto lo comuniques, el banco se hará cargo de cualquier operación posterior a esa comunicación que no hayas realizado tú. De las operaciones anteriores a la comunicación, responderás hasta la cantidad de 50 euros, a no ser que se pruebe que has incurrido en negligencia en la custodia de la tarjeta o de sus elementos de seguridad.
Se considera que un titular se comporta negligentemente si no toma medidas razonables para proteger la tarjeta y el número secreto, o si no avisa lo antes posible de la pérdida o robo del documento.

En caso de robo:

Solicita el bloqueo de la tarjeta a la entidad a través de tu teléfono móvil accediendo a la app de tu banco, vía web con un ordenador con conexión a Internet o por teléfono a través del número facilitado para estos casos.
Presenta la denuncia ante la Policía, Guardia Civil o en el Juzgado.
Comprueba los cargos en tu cuenta por el uso fraudulento de la tarjeta.
En su caso, plantea reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente del banco y en última instancia, ante el Banco de España.
Si detectaras movimientos sospechosos posteriores al extravío o robo, deberás reclamar el retroceso a tu banco y dar parte al seguro.
Recuerda que para operar de forma fraudulenta no se necesita tener la tarjeta físicamente, basta con su numeración, su fecha de caducidad y su CCV.

Formas de pago y sus intereses


Cómo se pagan y qué intereses tienen

En las tarjetas de débito el cargo en cuenta casi siempre es inmediato.

En las tarjetas de crédito hay diversas modalidades de pago:

Pago de forma inmediata. El importe de la operación (pago en un establecimiento, retirada de efectivo en un cajero o cualquier otra disposición de dinero) se carga inmediatamente. No es una modalidad muy habitual, ya que no se usa crédito alguno.
Pago de todo lo que hayas gastado durante el mes en el primer día del mes posterior. En este caso es necesario disponer de saldo suficiente para pagar toda la deuda y no se suelen cobrar intereses.
Pago según una cuota que puede ser un porcentaje sobre el dinero utilizado o bien una cantidad fija según lo que más convenga a tus necesidades.
Hay que tener en cuenta que si se elige una forma de pago mediante pequeñas cuotas la devolución de la deuda puede prolongarse mucho e incluso, si el uso de la tarjeta supera un determinado importe, la cuota puede no alcanzar los intereses generados y la deuda podría aumentar en vez de reducirse con cada pago.

Las entidades emisoras de tarjetas te cobrarán intereses por el aplazamiento de los pagos. El tipo de interés debe aparecer en el contrato y junto a él, figuran:

El tipo de los saldos excedidos. Se aplica cuando sobrepasas el límite de crédito.
El tipo de interés de demora. Se aplica cuando dejas de pagar al no haber saldo suficiente en la cuenta. Suele ser muy superior al de los intereses ordinarios.