AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 12 de septiembre de 2021

Grúa. Bahía de Santander

domingo, 12 de septiembre de 2021

Raquel Sánchez apunta que la futura ley de Arquitectura promoverá la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las ciudades

domingo, 12 de septiembre de 2021

Raquel Sánchez apunta que la futura ley de Arquitectura promoverá la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las ciudades

Viernes 10 de septiembre de 2021

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que esta norma, que el Consejo de Ministros abordará en los próximos meses, entiende la calidad arquitectónica como un bien de interés general para aumentar el bienestar de los ciudadanos.

Raquel Sánchez ha asegurado que la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido contribuirá a incrementar el bienestar y la calidad de vida de las personas y promoverá el desarrollo sostenible de ciudades y pueblos. La responsable de Mitma lo ha manifestado durante la clausura del VI Congreso Internacional «La Ciudad que Queremos’ que se ha celebrado en Pamplona bajo la organización de la Fundación Arquitectura y Sociedad con la que el Ministerio colabora.

En su intervención, ha defendido que cualquier proyecto arquitectónico debe desenvolverse en una escala humana y abordar las preocupaciones de sus habitantes, como el acceso a la vivienda, la emergencia climática, la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la igualdad.

Tal y como ha afirmado, este es el espíritu de la futura ley que llevará al Consejo de Ministros en los próximos meses y que entiende la calidad arquitectónica como un bien de interés general para aumentar el bienestar de los ciudadanos. El objetivo actual, según ha incidido la ministra, es dejar ciudades más saludables y habitables a las nuevas generaciones.

Implantación de la Agenda Urbana Española
Sánchez ha reivindicado la implantación de la Agenda Urbana Española para impulsar ciudades que atiendan las necesidades básicas de sus habitantes y contribuyan a su realización personal, así como ciudades justas y solidarias que combatan la pobreza y la marginalidad, y que respiren igualdad de género.

Como ha incidido, la Agenda Urbana Española también promueve ciudades verdes adaptadas al cambio climático y energéticamente eficientes, comprometidas con una movilidad sostenible y con la accesibilidad universal, y económicamente dinámicas sin fracturas sociales.

La ministra ha recordado que España cuenta con uno de los porcentajes más altos de población urbana de la Unión Europea, ya que el 80% de los españoles se concentran en el 20% del territorio, mientras que en muchas provincias existe un problema de despoblación. Así, la responsable de Mitma ha recalcado que existe un secuestro de las ciudades por parte del vehículo privado, altas emisiones de gases de efecto invernadero, elevados consumos energéticos y una ineficiente gestión de los residuos.

Ley de Vivienda para un nuevo contrato social
En este contexto, ha defendido la necesidad de redefinir el papel de las ciudades y de un nuevo contrato social que fomente la cohesión, impulse una movilidad vertebrada y sostenible, regenere espacios públicos y garantice el derecho a una vivienda digna y asequible. Todo ello, según ha apostillado, es lo que buscará la Ley de Vivienda que se está ultimando.

En su opinión, la arquitectura colabora activamente en el diseño de nuevo modelo urbano con las personas y el medio ambiente en el centro de sus actuaciones. Al respecto, ha apuntado que es el momento de que la arquitectura interiorice la perspectiva de género, que entienda que la ciudad pertenece a todos, también a las mujeres, a los niños y a las personas mayores.

Según ha subrayado, las nuevas ciudades deben estar descentralizadas y ser policéntricas con servicios esenciales accesibles para todos. Para la responsable del Ministerio, las ciudades deben contar con un espacio público para los peatones y los ciclistas, y con un transporte público eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que facilite a las personas compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado y de mantenimiento de sus hogares, entre otras cuestiones.

Además, ha afirmado que se debe regenerar lo construido y de rellenar los espacios vacíos que las ciudades han ido dejando. En este contexto, Sánchez se ha referido a uno de los proyectos del Gobierno de Navarra para transformar dos naves de los años 70 y sin uso en un centro nacional de innovación tecnológica para la industrialización y la robótica en el ámbito de la construcción.

Tal y como ha precisado, se espera poder financiar esta iniciativa con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que destina cerca de 7.000 millones de euros para programas de rehabilitación energética e integral de viviendas y barrios.

La escuela pública reabre las aulas sin recursos para garantizar la calidad educativa y los protocolos Covid

domingo, 12 de septiembre de 2021

La escuela pública reabre las aulas sin recursos para garantizar la calidad educativa y los protocolos Covid

  • Las CC.AA ‘despiden’ al 42 por ciento de los refuerzos contratados por el Covid
  • Este curso debe marcar el comienzo de la reconstrucción de la educación con el refuerzo de plantillas y mayor inversión, coincidiendo con la implantación de la LOMLOE: CSIF reclama la oferta de 180.000 plazas en los próximos tres años

06 de Septiembre de 2021

La escuela pública reabrirá sus aulas esta semana con muchas incertidumbres. Con el avance en la vacunación, las comunidades autónomas han prescindido de 17.457 docentes que contrataron para garantizar el cumplimiento de los protocolos covid y reforzar las plantillas, según datos recabados por CSIF, un dato que compromete el inicio de las clases con normalidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Ministerio de Educación que asuma su posición de liderazgo para que las autonomías se doten de los medios necesarios para garantizar la calidad educativa. Y para eso es preciso que se mantengan los refuerzos de personal contratado por el covid y que se reduzcan las ratios de alumnado por clase, tal y como exigimos mediante una concentración frente al Ministerio de Educación el pasado 10 de junio.

El estudio de CSIF además pone de manifiesto un déficit estructural de alrededor de 50.000 docentes, teniendo en cuenta el incremento de las ratios producido desde la crisis de 2009. Además, las jubilaciones de este año y las previstas para el próximo ejercicio, así como las plazas necesarias para reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, tal y como se ha marcado el Gobierno hace preciso convocar 180.000 plazas docentes en los próximos tres años.

Mientras tanto, instamos al Ministerio y a las diferentes CC.AA a que durante el mes de septiembre revisen las necesidades e incrementen la seguridad y la dotación de recursos para que las clases puedan impartirse en condiciones adecuadas. Además, es necesario impulsar un plan de inversión en recursos tecnológicos y para afrontar las dificultades del alumnado durante estos dos cursos marcados por la pandemia.

Por otro lado, desde CSIF reclamamos los datos de vacunación tanto de personal docente como del alumnado para conocer el nivel de inmunidad en el ámbito educativo. Aunque el ritmo de vacunación se acelera también entre los adolescentes, los docentes siguen sufriendo una gran incertidumbre, agravada si finalmente hay más alumnado por clase y no se reducen las distancias. Es necesario que las nuevas medidas garanticen la máxima seguridad de los centros.

Reconstrucción de la Educación

CSIF entiende que los fondos acordados en el seno de la Unión Europea deben servir para que este curso marque el comienzo de la reconstrucción de la Educación tras años de recorte, teniendo en cuenta que es una pieza estratégica fundamental para la modernización de este país y el cambio de modelo de nuestro sistema productivo.

Sin embargo, de cara al nuevo curso, la ratio de alumnos aumentará y volverá a los niveles establecidos antes de la pandemia, que recordemos son los establecidos desde 1990. Esto implica que los desdobles y los refuerzos de profesorado que hubo el curso pasado no podrán llevarse a cabo, a pesar de que se han demostrado imprescindibles para luchar contra el fracaso escolar y abandono educativo, dos problemas estructurales de nuestro sistema educativo.

Por último, exigimos que el Ministerio de Educación lidere la implementación de la nueva ley educativa y con un proceso de negociación colectiva, mejore la educación pública de nuestro país, aprovechando de manera finalista los fondos europeos. Es una oportunidad que nuestro país no puede perder.

Es fundamental que esta aplicación se desarrolle de manera homogénea en todo el territorio y que el desarrollo de la LOMLOE no agrave las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas en el derecho constitucional de la educación. Asimismo, exigimos altura de miras para que esta aplicación no sea una nueva guerra partidista que tanto perjudica a nuestro sistema educativo.

Otro de los retos es la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja las reivindicaciones históricas de este colectivo, como el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre CC.AA., que ascienden hasta los 300 euros y un acceso a la función pública docente ajustado a las necesidades actuales de nuestro sistema educativo.

Y es que en las oposiciones docentes celebradas este verano se han consolidado 25.636 plazas docentes de las cuales el 80,27% de los aspirantes que han superado el proceso de concurso-oposición tienen experiencia docente. Esto es consecuencia del acuerdo de reducción de temporalidad firmado por CSIF, gracias al cual se consigue la verdadera estabilidad con garantía jurídica. Sin embargo, siguen quedando plazas sin cubrir y muchos opositores con experiencia docente no llegan a la fase de concurso, lo que evidencia que es necesario también negociar modificaciones importantes en el Real Decreto de acceso.

Consumo destina 1,62 millones de euros a ayuntamientos y comunidades autónomas para la resolución de conflictos entre clientes y empresas

domingo, 12 de septiembre de 2021

Consumo destina 1,62 millones de euros a ayuntamientos y comunidades autónomas para la resolución de conflictos entre clientes y empresas

Martes 7 de septiembre de 2021

Logo de establecimiento adherido a arbitraje de Consumo

Logo de establecimiento adherido a arbitraje de Consumo

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha explicado que el objetivo de su cartera pasa por evitar la judicialización en las relaciones entre clientes y empresas, y que el arbitraje es una herramienta favorable para los consumidores.

El Ministerio de Consumo ha publicado hoy la convocatoria anual de subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales. Con un total de 1.620.440 euros, el Gobierno financia los sistemas de resolución de conflictos entre empresas y clientes, como vía rápida, gratuita y alternativa al procedimiento judicial.

La resolución, firmada por el ministro de Consumo y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé para este 2021 que 820.120 euros de los presupuestos vayan destinados a las Juntas Arbitrales de las Comunidades Autónomas, mientras que otros 800.320 euros irán a las dependientes de los ayuntamientos que concurran en la convocatoria.

Del total, el 40% de las ayudas se repartirán de forma lineal entre todas las instituciones que concurran y cumplan los requisitos. El 60% restante se concederá en función de los conflictos que hayan resuelto, de las solicitudes de arbitraje recibidas, de los laudos emitidos y del número de mediaciones efectuadas, entre otras variables.

Modernización de las Juntas Arbitrales
La finalidad de estas ayudas, consensuadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, es impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo. A esta convocatoria de ayudas se suman 1,3 millones de euros adicionales procedentes de fondos europeos destinados a la modernización y digitalización de los sistemas de arbitraje.

Según ha explicado el ministro, Alberto Garzón, el objetivo de su cartera pasa por evitar la judicialización en las relaciones entre clientes y empresas. Sobre las reclamaciones Garzón considera que, en ocasiones, «se trata de un laberinto cuyo final es la judicialización a la que casi nadie llega y supone una ventaja para el grande».

Así, Garzón ha señalado que el sistema de arbitraje es una herramienta «sencilla, ágil y gratuita» aunque «desconocida por la población pese a ser un camino favorable para los consumidores».

Renovación de 96 Juntas Arbitrales
La creación de las Juntas Arbitrales son una competencia exclusiva del Estado y se constituyen mediante convenio entre el ministerio y las administraciones públicas. A lo largo de 2021, Consumo ha renovado los acuerdos con 96 instituciones públicas para el funcionamiento del sistema extrajudicial. Así, 19 juntas arbitrales autonómicas (incluyendo Ceuta y Melilla), 10 provinciales y 37 municipales han quedado actualizadas este año.

La reserva hídrica española se encuentra al 41,7 por ciento de su capacidad

domingo, 12 de septiembre de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 41,7 por ciento de su capacidad

Martes 7 de septiembre de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica


La reserva hídrica española está al 41,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 23.332 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 491 hectómetros cúbicos (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 71,2%
Cantábrico Occidental al 68,3%
Miño-Sil al 45,3%
Galicia Costa al 59,4%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 48,2%
Tajo al 41,6%
Guadiana al 29,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 65,5%
Guadalete-Barbate al 32,6%
Guadalquivir al 28,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 40,5%
Segura al 41,1%
Júcar al 51,9%
Ebro al 54,4%
Cuencas internas de Cataluña al 72,5%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Daroca con 109,0 mm (109,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

El MITECO convoca una nueva subasta de renovables para reducir la factura eléctrica y facilitar la acción climática

domingo, 12 de septiembre de 2021

Segunda convocatoria de subasta del período 2020-2025

El MITECO convoca una nueva subasta de renovables para reducir la factura eléctrica y facilitar la acción climática

Miércoles 8 de septiembre de 2021

Segunda convocatoria de subasta del período 2020-2025
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado para el próximo día 19 de octubre de 2021 una nueva subasta de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados para que su generación rebaje cuanto antes los precios de la electricidad y avanzar en la consecución de los objetivos climáticos.

Toda la potencia subastada tendrá que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024, con un cupo especial de 600 MW de disponibilidad acelerada que debe estar operativo el 30 de septiembre de 2022. Adicionalmente, se destinan 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas con relevante participación local.

La última subasta de asignación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER), celebrada el pasado 26 de enero, adjudicó 3.034 MW eólicos y fotovoltaicos a unos 25 €/MWh, un precio muy inferior a los que registra el mercado mayorista de la electricidad. Para acelerar el efecto de estas fuentes renovables en la reducción de la factura de los consumidores, el MITECO ha convocado una nueva subasta mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía, que ya está disponible aquí.

Esta subasta es la segunda con el sistema establecido por el Real Decreto 960/2020 y fija plazos más ajustados que el primero para que las instalaciones ganadoras estén operativas, así como distintas reservas de potencia para obtener un mix equilibrado, buscando siempre el ahorro para los consumidores.

Así, se plantea una reserva de potencia de disponibilidad acelerada, con 600 MW para plantas eólicas o fotovoltaicas en avanzado estado de tramitación, que tendrán que estar construidas en un plazo inferior a 12 meses desde la adjudicación de la retribución regulada, de modo que tengan impacto antes de otoño del 2022.

Junto con esta reserva de disponibilidad acelerada, la subasta prevé una reserva de 1.500 MW para eólica terrestre, otra de 700 MW para fotovoltaica y otra de 300 MW para instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, quedando, por tanto, 200 MW sin reserva tecnológica.

Participación ciudadana
Los 300 MW están dirigidos a instalaciones fotovoltaicas de potencia menor o igual a 5 MW, con fuerte carácter local, y en la adjudicación se tienen en cuenta elementos como la población próxima al emplazamiento o la participación ciudadana en las instalaciones. Tras el trámite de audiencia se han introducido más facilidades para que participen los habitantes cercanos a las instalaciones.

El apoyo específico a los pequeños sistemas de generación distribuida responde a que aportan una mayor eficiencia porque precisan menos infraestructuras de red y reducen las pérdidas de energía en ellas. También se ha considerado la necesidad de democratizar el sistema eléctrico, buscando la participación activa de los ciudadanos, así como de otros agentes, como pymes y entidades locales, en el despliegue de las tecnologías renovables.

Por otro lado, este segundo concurso concuerda con la incorporación de nueva potencia renovable entre 2020 y 2025 prevista por la Orden TED/1161/2020. Durante 2021 también está prevista la celebración de otros procedimientos de concurrencia competitiva para un mínimo de 200 MW de energía solar termoeléctrica, 140 MW de biomasa y 20 MW para otras tecnologías.

La incorporación de la generación renovable resultante de esta subasta reducirá directamente el precio de la electricidad al desplazar energía producida con centrales más caras y contaminantes.

Plazos asociados a la subasta
Concluido el trámite de audiencia, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía, se convoca la segunda subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables, cuya fecha de celebración será el próximo día 19 de octubre de 2021, esperando un elevado interés y una amplia participación.

El día 13 de septiembre se inicia el plazo para que los agentes interesados lleven a cabo la entrega de la documentación para su participación en la subasta.

La totalidad de la potencia subastada deberá estar en operación antes del 30 de junio de 2024:

La reserva de 600 MW dirigida a instalaciones que empiecen a operar en un plazo más reducido requerirá su puesta en marcha antes del 30 de septiembre de 2022, menos de un año desde la celebración de la subasta.
El resto de la potencia contará igualmente con plazos inferiores a los de la primera subasta, con 20 meses para la tecnología fotovoltaica y 32 meses para la eólica.
Las subastas de asignación REER ofrecen un marco retributivo estable que atrae la inversión y fomenta la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país, algo especialmente relevante en un escenario de recuperación por la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.