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miércoles, 15 de septiembre de 2021

El Gobierno aprueba medidas para rebajar la factura de la luz

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba medidas para rebajar la factura de la luz

La Moncloa, Madrid, martes 14 de septiembre de 2021

El Ejecutivo prevé una reducción del 22% de media en la factura mensual hasta diciembre y que el precio final a pagar este año sea igual al abonado en 2018.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas dirigidas a reducir en un 22% de media la factura final de la electricidad de los consumidores hasta final de año.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que el compromiso del Gobierno, anunciado por su presidente, Pedro Sánchez, es lograr que el precio promedio pagado por un consumidor en 2021 sea equivalente al que pagó en el año 2018.

Ribera ha destacado que el Ejecutivo ha trabajado siempre de forma coherente con su objetivo de lograr un sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y que facilite la diversificación y la democratización de los actores que participan en él. Así, ha recordado las medidas adoptadas sobre producción y consumo -impulso del autoconsumo y comunidades energéticas locales-, eficiencia energética, estructura fiscal -rebaja del IVA del 21 al 10%- y protección social de los consumidores energéticos más vulnerables a lo largo de la legislatura.

Sin embargo, la ministra ha reconocido la necesidad de responder a la situación extraordinaria que han generado los precios récord del mercado mayorista de electricidad en España y el resto de países de la Unión europea, derivados de la cotización de las materias primas gas natural y dióxido de carbono (CO2): «Aunque las principales variables que determinan su evolución están fuera del control de los gobiernos de la Unión Europea (UE), hemos centrado nuestra atención en aquello que sí podemos hacer, en los parámetros más importantes de la factura eléctrica».

Las medidas aprobadas hoy, ha continuado Ribera, respetan el marco europeo y constitucional y la rentabilidad de las empresas, tienen en cuenta a los consumidores domésticos y las pymes, pero también a la gran industria y a las comercializadoras independientes.

Suministro Mínimo Vital y limitación de la factura del gas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Teresa Ribera ha destacado dos medidas con especial incidencia en hogares y pymes: la creación de un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y la limitación de la factura del gas de los próximos meses.

Una reforma de la ley del sector eléctrico permitirá aumentar en seis meses la prohibición de cortes en el servicio a los beneficiarios del Bono social eléctrico, actualmente fijada en cuatro meses.

Respecto al gas, según los datos aportados por la ministra, la repercusión del incremento de los precios internacionales del gas natural podría hacer subir la factura en más del 28% en otoño e invierno, por lo que se establece un nuevo mecanismo durante seis meses para reducir este impacto.

Medidas fiscales
Con el objetivo de rebajar el coste de la electricidad, el 7% del Impuesto de Producción Eléctrica que estaba ya suspendido para el tercer trimestre de 2021 seguirá estándolo hasta el 31 de diciembre. Asimismo, se reduce el Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%- y se inyectan 900 millones de euros adicionales procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios.

Sector eléctrico
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Real Decreto-ley plantea la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

«Por cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista, y ese precio final del mercado mayorista es el que reciben todas las generadoras de electricidad con independencia de cuáles sean sus costes operativos», ha explicado la ministra, quien ha apuntado que estas compañías deben contribuir con parte de esos beneficios extraordinarios al menos durante esta situación excepcional, que se prevé se mantenga hasta marzo de 2022, por lo que la minoración se establece hasta el 31 de ese mes.

Por otro lado, se adopta un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad a través de subastas de contratos de compra de energía en las que los operadores dominantes -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- deberán ofertar un porcentaje de su capacidad de generación y las pequeñas comercializadoras o los grandes consumidores e industrias podrán adquirirla. «De esta forma se podrá fijar un precio distinto, y normalmente más bajo, que el del mercado mayorista», ha puntualizado Ribera.

Preservación de ecosistema en los embalses
La ministra ha resaltado una medida adicional para la protección del medio ambiente, los ecosistemas acuáticos y los territorios afectados por grandes embalses y para asegurar que se hace un uso racional del agua como recurso de producción eléctrica. Se modificará la Ley de Aguas para que se fije un régimen mínimo y máximo de los caudales mensuales que puedan turbinar las compañías hidroeléctricas, lo que evitará episodios de desembalses súbitos como los ocurridos este verano.

Tramitación de urgencia
Ribera, finalmente, ha anunciado que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados la tramitación urgente de dos Proyectos de Ley relacionados con la regulación del sector eléctrico. El primero, por el que se crea el Fondo Nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico, se envió a las Cortes tras ser aprobado en Consejo de Ministros 1 de junio. El segundo, el Proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, fue remitido el 21 de agosto.

Ribera ha justificado la premura porque «estas dos medidas por sí solas representarán alrededor de un 13% de reducción en la factura eléctrica de los consumidores medios cuando se acaben de implementar en su totalidad».

El Congreso aprecia que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Congreso de los Diputados

El Congreso aprecia que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales

La Moncloa


Lunes 13 de septiembre de 2021


El Congreso de los Diputados ha respaldado este lunes que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales, en línea con la recomendación de las autoridades europeas desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia.

Se trata de una solicitud que el Gobierno ha realizado en cumplimiento con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con la Constitución, que en su artículo 135.4 contempla la posibilidad de la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda, así como de la regla de gasto, en el caso de «situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado» y que el Parlamento ha aprobado por amplia mayoría.

Se trata de una decisión que España toma en línea con Europa. La Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, la prorrogó para el ejercicio 2021 y el pasado mes de junio consideró que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022. El objetivo es que los Estados puedan mantener políticas dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su intervención en la Cámara, valoró que Bruselas esté ofreciendo para esta crisis una respuesta diferente y alejada de la austeridad con que se gestionó la recesión de 2008.

De acuerdo con las directrices comunitarias, el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020 suspendió las reglas fiscales de ese año y del siguiente; el Congreso de los Diputados respaldó la decisión del Gobierno el día 20 de ese mismo mes. Y con vistas a los planes presupuestarios del próximo ejercicio, el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales que ahora el Congreso de los Diputados ratifica por segunda vez.

Compromiso con la estabilidad presupuestaria
Con este trámite parlamentario, afirmó Montero, se da un paso más hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que serán, en palabras de la ministra, los de la consolidación de una recuperación económica y social justa que llegue a todas las personas y los territorios y también los del avance en la modernización del tejido productivo de España con la digitalización, la transición verde, la formación juvenil y la igualdad de género. Al mismo tiempo, esas cuentas públicas también permitirán avanzar en la reducción del déficit.

Montero aclaró a la Cámara que la suspensión de las reglas fiscales no implica que se abandone el compromiso con la consolidación fiscal. «De hecho», afirmó que «el Gobierno mantiene su firme compromiso con la estabilidad presupuestaria». Y recordó las tasas de referencia orientativas establecidas por el Ejecutivo para el periodo 2021-2024 que dibujan una marcada tendencia descendente y que, por ello, van a permitir el inicio de un proceso de reequilibrio a medio plazo sin renunciar a continuar apoyando a trabajadores, familias, autónomos y empresas mientras la recuperación de la economía se asienta.

Tasas de referencia
Así, para 2022 se prevé una tasa de referencia del déficit del 5%, frente al 11% de 2020, cifra a la que llevaron las políticas de protección de rentas y apoyo al tejido productivo frente a la pandemia. En dos años, el déficit se reducirá a menos de la mitad. Y en 2024 se estima una tasa de referencia del 3,2%, nivel muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad europeo, como ya se recogía en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas en abril.

Para lograr esta reducción del déficit tan relevante, Montero señaló la importancia de que la recuperación económica se esté asentando gracias al éxito de la campaña de vacunación.

El grueso del déficit calculado para el próximo ejercicio (3,9 puntos porcentuales de los 5) corresponderá a la Administración Central, ya que el Estado seguirá asumiendo la mayor parte del coste de pandemia, como este año y el pasado.

El resto del déficit se repartirá entre comunidades autónomas (0,6 puntos) y la Seguridad Social (0,5 puntos), ya que las Entidades Locales mantendrán su tasa de referencia en equilibrio.

La ministra señaló que las comunidades autónomas, con ese margen de déficit y los recursos planeados por el Gobierno para el próximo año, dispondrán de la misma capacidad de gasto que en 2021. Mientras tanto, el sistema de la Seguridad Social contará con una transferencia de 18.396 millones de euros, ya que parte de los recursos que en los últimos años se han destinado a proteger rentas se dedicarán a reforzar el sistema público de pensiones. El Gobierno da cumplimiento, así, al compromiso consensuado en el Pacto de Toledo de que el Estado asuma progresivamente los gastos no contributivos de la Seguridad Social.

Techo de gasto
Aunque el límite de gasto no financiero del Estado de 2022 no se sometía a votación en el Congreso, la ministra dio cuenta de él: recordó que el Gobierno lo fijó en los 196.142 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la de 2021 y, por tanto, la más elevada de la serie. Este límite de gasto incorpora los 26.355 millones de euros de fondos europeos previstos para 2022 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Montero defendió que el techo de gasto va a permitir consolidar la recuperación, potenciar el crecimiento y fortalecer los servicios públicos, al tiempo que se aborda la transformación y modernización de la economía.

Los PGE de 2022 mantendrán el esfuerzo en inversión pública y permitirán avanzar en la reducción del déficit, anticipó Montero. También comunicó al Parlamento que su objetivo es sumar los máximos apoyos posibles para esas cuentas públicas «porque impulsar la recuperación económica y social del país es tarea de todos y especialmente de quienes representamos a la ciudadanía».

El Tribunal Supremo avala la medida acordada por la Xunta en agosto que exigía el pasaporte Covid para acceder a bares y discotecas en Galicia

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Martes, 14 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo avala la medida acordada por la Xunta en agosto que exigía el pasaporte Covid para acceder a bares y discotecas en Galicia

La Sala afirma que “el beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha autorizado la obligación de exhibir el pasaporte Covid en determinados establecimientos -ocio y restauración- de Galicia, acordado por la Xunta gallega el pasado mes de agosto para reducir los contagios, al considerar que la medida es idónea, necesaria y proporcionada.

La Sala afirma que “el beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local. En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales”.

En su sentencia, en la que estima el recurso de la Xunta contra el auto del TSJ de Galicia que rechazó la medida, establece que la exigencia de exhibir el pasaporte Covid debe someterse a autorización o ratificación judicial ya que puede afectar a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona. Argumenta que la limitación resulta precisa para permitir su pacífica coexistencia con los demás derechos fundamentales y con los bienes constitucionalmente protegidos que se traducen, en este caso, en una potente presencia del derecho a la vida y a la integridad física, y a la defensa y protección de la salud de los ciudadanos.

La sentencia, ponencia de la magistrada Mª del Pilar Teso, indica que la exhibición del pasaporte Covid no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. “Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, y desde luego el certificado de recuperación de la Covid-19 si ha pasado la infección.”

En todo caso, la Sala aprecia que concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas, mediante una medida que evita o restringe la propagación de la pandemia.

La Sala rechaza también que exigir el pasaporte Covid vulnere el derecho a la intimidad y asegura que no puede esgrimirse la prevalencia de este derecho frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública. “Es cierto que se trata de una información médica, pero las connotaciones que impone la situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y la solidaridad que comporta la protección y ayuda entre todos, devalúa la preeminencia de la intimidad en este caso”, subrayan los magistrados.

Del mismo modo, el tribunal descarta la vulneración del derecho fundamental a la protección de los datos personales cuando lo que se establece, para entrar en el interior de un determinado establecimiento, “es la mera exhibición, es decir, enseñar o mostrar la documentación en cualquiera de las tres modalidades exigida. Sin que, desde luego, puedan recogerse los datos de los asistentes a tales locales, ni pueda elaborarse un fichero, ni hacer un tratamiento informático al respecto”.

Tras constatar la afectación “tenue” de los citados derechos fundamentales, concluye que la medida resulta necesaria, idónea y proporcionada para conseguir el fin perseguido. Afirma que la exhibición de la documentación en estos establecimientos es idónea debido a las características de estos lugares de ocio en los que a diferencia de otros establecimientos abiertos al público “no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para comer y para beber, del mismo modo que resulta difícil mantener en ellos la distancia de seguridad, se suele conversar con un tono de voz más alto, o incluso cantar, lo que favorece la “inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado” que es “la principal vía de trasmisión del SARS-CoV-2”, según señala el informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, avalado por los miembros del Subcomité de Control de Brotes del Comité Clínico que asesora a la citada Consellería.

La sentencia recoge los informes aportados por la Xunta que ponen de manifiesto la abundancia de datos científicos que avalan que la única medida eficaz posible, para proceder a la apertura de los locales de ocio, que proporcione un alto nivel de protección para la salud pública es la implantación del denominado pasaporte Covid, “pues solo ella puede disminuir considerablemente el riesgo de contagio en dichos establecimientos”.

Recuerda que en el caso concreto la Xunta de Galicia no la ha implantado de forma indiscriminada en todo el territorio, sino que establece una suerte de mapa que gradúa la incidencia de la pandemia en cada lugar y los diversos niveles de restricción según la gravedad de la incidencia de la Covid-19 en los diferentes municipios. Además, señala que la medida reviste un carácter temporal, adecuada a la realidad necesariamente cambiante por lo que ha sido justificada respecto de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La sentencia menciona el precedente de este tribunal que en una sentencia anterior rechazó la exhibición del pasaporte Covid en Andalucía. Explica que en ese caso no se había justificado la necesidad de la medida que se había extendido al conjunto del territorio andaluz de forma general, aplicable a toda la población y municipios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución.

La sentencia incluye el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca en el que entiende que la exigencia del pasaporte Covid afecta de forma “severa, extensa e intensa” a los derechos de igualdad e intimidad.

CCOO urge al Gobierno a ser valiente para dar soluciones a la factura eléctrica

miércoles, 15 de septiembre de 2021

CCOO urge al Gobierno a ser valiente para dar soluciones a la factura eléctrica

El gobierno tiene que tomar decisiones de inmediato para evitar que la población y las empresas se encuentren cautivas de un mercado injusto, gobernado por empresas que priman sus beneficios empresariales y condicionan las prioridades ante una necesidad social esencial.
Una alta y rápida subida del precio de la electricidad, un input presente en todos los procesos de producción y la vida de las personas, puede afectar al ritmo de la recuperación.
CCOO se ha puesto en contacto con otras organizaciones para impulsar una respuesta social amplia que exija al Gobierno una bajada inmediata de los precios de la luz.

08/09/2021.

El precio de la electricidad, un derecho básico para nuestro modo de vida, ha escalado en los últimos meses y con más intensidad en las últimas semanas, hasta unos niveles inasumibles que están poniendo en riesgo muchas economías familiares y empresas, afectando notablemente al crecimiento del IPC.

Aunque las razones de este incremento son fundamentalmente los altos precios del gas en los mercados internacionales, el aumento del coste del CO2 en el mercado de emisiones y la extraordinaria caída del precio de la electricidad del año pasado como resultado de la pandemia, elementos sobre los que el Gobierno no puede intervenir, hay otros factores de esta subida que tienen que ver con la estructura y funcionamiento del mercado mayorista diario de la electricidad sobre los que CCOO viene reclamando desde hace tiempo la necesidad de una reforma profunda.

Entre ellos destaca la retribución de la generación de electricidad con las tecnologías nucleares e hidroeléctricas, que se benefician del precio por kw más alto pagado en el mercado mayorista, sujeto, además, a manipulaciones por el oligopolio que en ocasiones han sido destapadas por la CNMC. La ministra para la Transición Energética ha declarado que normativa comunitaria no permite establecer precios máximos, pero nada impide que cada tecnología se retribuya a precios variables basados en sus costes medios reales (fijos y variables) y donde se compita por rebajarlos. Países como Francia y Bélgica han encontrado el esquema legal para hacerlo y el Gobierno debe buscar y encontrar una fórmula que encaje en el ordenamiento comunitario y evite el sobrecoste de un mercado mayorista ineficiente.

Pueden ayudar también otras medidas que el Gobierno ha venido anunciando y acaba de poner en marcha o está preparando, como la nueva tarifa con discriminación horaria. Hay dos anteproyectos de ley vinculados con la reducción de la retribución de las centrales no emisoras de CO2 y con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pero por sí solos no van a ser capaces de frenar estas subidas de la factura eléctrica y su implantación será a medio plazo. No obstante, el Gobierno podría acelerarlas haciendo uso del real decreto ley que, precisamente, está pensado para situaciones de emergencia como la actual.

Tampoco es una opción bajar más los impuestos que gravan la electricidad, ya que suponen una pérdida de ingresos para las arcas públicas que disminuyen la capacidad de afrontar gastos sociales. Además el Gobierno ya ha reducido el IVA transitoriamente del 21% al 10% y suprimido, también transitoriamente, el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. No se puede argumentar que es para facilitar el acceso a la electricidad a las personas vulnerables cuando es una medida que afecta a todo el mundo, vulnerable o no. Sin duda hay que garantizar el suministro de electricidad a las personas y núcleos familiares vulnerables, pero tiene que hacerse mediante un fondo de suficiencia y con un mecanismo que no haga crónico la deuda de las personas cuyos ingresos hacen insostenible abonar su consumo a las empresas distribuidoras. Tiene que poderse solicitar a partir de un determinado umbral de ingresos y de porcentaje del gasto eléctrico sobre estos. Y, por supuesto, se tiene que evitar el corte de suministro por impago.

CCOO viene reclamando también una auditoria de costes del sistema eléctrico, que incluya los peajes por transporte y distribución, y la necesidad de un mayor protagonismo del gobierno en la actividad de generación a través de empresas o instituciones públicas, que ya existen, por ejemplo haciéndose cargo de las centrales hidráulicas cuya concesión vaya caducando e incorporándose a proyectos de expansión de energías renovables, por ejemplo a través del IDAE.

Por otra parte, es necesario llamar la atención en que una mejora de la normativa que regula el autoconsumo reduciría también la factura eléctrica de los consumidores, domésticos o industriales, que pusieran en marcha estas instalaciones. Y lo mismo cabe decir de las medidas de eficiencia y rehabilitación energética, que convendría impulsar aún más. Hay todavía un importante volumen de fondos procedentes del Next Generation EU disponibles a través de créditos blandos (70.000€ millones) que para CCOO deben emplearse en crear agencias regionales que aceleren el ritmo de crecimiento de la generación en red, mediante proyectos llave en mano para comunidades y gracias a una planificación pública que aproveche economías de escala y alcance invirtiendo parte de los beneficios en I+D+i de energías renovables.

Estado de los embalses

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 40,9 por ciento de su capacidad
Martes 14 de septiembre de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica


La reserva hídrica española está al 40,9 por ciento de su capacidad total.

Los embalses almacenan actualmente 22.868 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 464 hectómetros cúbicos (el 0,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 69,9%
Cantábrico Occidental al 67,0%
Miño-Sil al 44,7%
Galicia Costa al 57,7%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 45,9%
Tajo al 41,3%
Guadiana al 29,0%
Tinto, Odiel y Piedras al 65,5%
Guadalete-Barbate al 32,1%
Guadalquivir al 27,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 39,8%
Segura al 39,8%
Júcar al 51,3%
Ebro al 53,3%
Cuencas internas de Cataluña al 71,8%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 55,9 mm (55,9 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro: