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jueves, 16 de septiembre de 2021

La Policía Nacional y Orange ponen en marcha una iniciativa para concienciar sobre los peligros asociados al juego online por adolescentes

jueves, 16 de septiembre de 2021

La Policía Nacional y Orange ponen en marcha una iniciativa para concienciar sobre los peligros asociados al juego online por adolescentes

Policía Nacional

Madrid, 15/09/2021

El 10,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años realiza apuestas en la web

La pandemia ha provocado un crecimiento exponencial de menores de edad que participan en el juego y apuestas a través de Internet, a pesar de que los operadores del juego online exigen la mayoría de edad para poder participar

El director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro; la directora general de Regulación, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa, Responsabilidad Social Corporativa y Fundación Orange España, Luz Usamentiaga, y el director general de la Unidad de Negocio Residencial de Orange España, Diego Martínez, han presentado esta mañana una nueva campaña de concienciación sobre los perjuicios que el juego online puede causar en los adolescentes y sus familias

González ha dado a conocer que en 2019, año anterior a la pandemia, la Policía Nacional impartió más de 30.000 charlas en colegios e institutos, y que más de la mitad de ellas estuvieron dedicadas a los riesgos de Internet

La Policía Nacional y Orange han presentado esta mañana una campaña de concienciación sobre los perjuicios que el juego online puede causar en los adolescentes y sus familias. Enmarcada en la iniciativa #PorUnUsoLovedelaTecnología, busca concienciar a los padres de los riesgos que supone para sus hijos el acceso a este tipo de actividad: adicción, aislamiento, ansiedad o agresividad son solo algunas de sus posibles consecuencias.

En un acto en el que han participado el director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro; la directora general de Regulación, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa, Responsabilidad Social Corporativa y Fundación Orange España, Luz Usamentiaga, y el director general de la Unidad de Negocio Residencial de Orange España, Diego Martínez, se ha dado a conocer que esta campaña de difusión y concienciación sobre esta problemática se articula en torno a dos vídeos. En uno de ellos se muestra una situación de ficción que podría ser real, en la que la adicción al juego online irrumpe en la relación entre un padre un hijo. En la segunda pieza audiovisual, una experta de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional responde a distintas preguntas asociadas a este problema.

Tanto la Policía Nacional como Orange han alertado del crecimiento exponencial del juego y las apuestas online durante la pandemia, que ha afectado también a los adolescentes. Concretamente, la Dirección General de Ordenación del Juego detectó un aumento del 57% de nuevos jugadores en las primeras semanas del confinamiento, sobre todo jóvenes, y eso a pesar de que los operadores del juego online exigen mayoría de edad para poder participar. Hoy, según el Ministerio de Sanidad, el 10,3% de los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años realiza apuestas en internet.

Las apuestas deportivas online se han convertido en el juego principal de los adolescentes, siendo sus ídolos deportivos la imagen de muchas de sus comunicaciones. Este hecho, unido a la capacidad adictiva del juego en Internet debido a la sensación de riesgo provocada por el azar, su disponibilidad inmediata frente al juego presencial y al anonimato, está convirtiendo esta actividad en un problema grave para muchas familias. Hoy, según datos de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), los jóvenes representan el 50% de las personas que juegan online.

Labor de la Policía Nacional en colegios y en las redes sociales

El DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha defendido que «la protección de los colectivos más vulnerables es un propósito que siempre ha guiado la actividad de la Policía Nacional». En este sentido, ha dado a conocer que en 2019, año anterior a la pandemia, se impartieron más de 30.000 charlas en colegios e institutos, y que más de la mitad de ellas estuvieron dedicadas a los riesgos de Internet, tratándose, principalmente, problemáticas como el acoso escolar, las drogas, el sexting, el grooming y la violencia de género.

Además, ha añadido que «a esta labor presencial de prevención y sensibilización, se suma la que se lleva a cabo desde el equipo de Redes Sociales de la Policía Nacional. Las redes son especialmente útiles en el objetivo de hacer llegar nuestros mensajes y, ante esa realidad, la Policía Nacional ha sabido transmitir sus mensajes con el código específico de cada red social, convirtiéndose en un referente mundial que cuenta con más de seis millones de seguidores».

Medidas de prevención

En esta nueva entrega de #PorUnUsoLovedelaTecnología, la Policía Nacional y Orange proponen el diálogo como la mejor vía de prevención. En este sentido, se recomienda que los padres hablen con sus hijos y que les explique de forma adecuada y desde el respeto mutuo lo que pueden encontrar en la red y sus peligros. De esta forma, se establece una relación de confianza que puede ayudar a detectar el riesgo de adicción.

A partir de ahí, sería necesario enseñar a los jóvenes a gestionar su dinero y a entender el valor de las cosas, así como promover su desconexión de la tecnología a través de actividades lúdicas o culturales. También hay que enseñarles a asumir responsabilidades acordes con su edad para potenciar su madurez y su espíritu crítico y, de esta manera, evitar conductas influenciadas por su entorno.

Como apoyo en esta labor, existen contenidos educativos en el mismo entorno digital que pueden ayudar a adultos y menores a reforzar esos mensajes sobre cómo hacer un buen uso de las pantallas (reparto adecuado del tiempo, marcar horarios de mutuo acuerdo y fomentar otras vías de entretenimiento, entre otros).

«Para Orange, es un elemento esencial y estratégico ayudar a los usuarios -adultos, adolescentes y niños- a aprovechar las enormes posibilidades de la tecnología y lo digital como herramientas de aprendizaje, socialización… Por ello también es importante conocer los riesgos y proteger a los más vulnerables -nuestros hijos- frente a ellos», ha explicado Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa, Responsabilidad Social Corporativa y Fundación Orange España.

«Este es el objetivo de la iniciativa #PorunusoOrangedelatecnología, con la que, desde nuestra perspectiva de empresa con propósito, llevamos desde 2017 poniendo el foco en ciertos fenómenos y situaciones que pueden ser nocivos para nuestros menores, como el juego online, y generar conversaciones de valor en el seno de las familias para conocer juntos los riesgos y saber cómo afrontarlos», ha añadido Diego Martínez, director general de la Unidad de Negocio Residencial de Orange.

Casi 900.000 estudiantes recibieron una beca el pasado curso, un 10,8% más que en 2019-2020

jueves, 16 de septiembre de 2021

Casi 900.000 estudiantes recibieron una beca el pasado curso, un 10,8% más que en 2019-2020

Miércoles 15 de septiembre de 2021

Cerca de 900.000 estudiantes recibieron una beca o ayuda al estudio en el curso 2020-2021; un 10,78% más que el año anterior, según los datos facilitados por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y Universidades en la jornada anual de difusión de becas celebrada con las comunidades autónomas y las universidades implicadas en la gestión de estas ayudas.

El incremento del 37,8% en el presupuesto destinado a las becas entre 2018 y 2021, el aumento de las cuantías fijas en 100 euros y la elevación del umbral 1 de la renta hasta equipararlo casi al de la pobreza ha posibilitado que cada curso crezca el número de alumnos y alumnas que reciben una beca. El pasado curso fueron 896.469, un 19,78% más que en 2019-2020 y un 14,3% más que en 2017-2018. Además, muchos de ellos, especialmente los de familias con ingresos más bajos, recibieron una cuantía mayor.

El objetivo de las reformas introducidas por el Gobierno es que las becas lleguen a aquellas personas que más las necesitan, garantizar el derecho a la educación de todas y todos y combatir el abandono escolar por motivos económicos.

«Continuamos con el compromiso de mejora del sistema de becas que permita avanzar hacia una educación más inclusiva. La reciente reforma ha ampliado considerablemente el número de becarios que han accedido al umbral 1. En la próxima convocatoria, se hará un esfuerzo importante para adelantar la gestión de las becas que permitan reducir la incertidumbre de los becarios», ha señalado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

En los últimos años se han modificado también los requisitos académicos que permiten acceder a estas ayudas fijando en un aprobado el acceso a la beca en niveles no universitarios. En esta misma línea, como novedad en la presente convocatoria, la nota mínima para acceder a una beca para un máster habilitante también será un cinco.

«Las medidas tomadas por el Gobierno han hecho posible que se haya duplicado el número de estudiantes universitarios que accedieron a una beca completa por renta, pasando de 90.006 becarios y becarias en el curso 2019-2020 a 172.492 en el curso 2020-2021, lo que supone un aumento de 88.486 estudiantes con cuantía fija ligada a la renta, avanzando así en la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación universitaria», ha destacado el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Estos datos han sido facilitados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades a las comunidades autónomas y unidades de gestión de becas de las universidades durante la jornada de difusión en la que cada año se analiza el estatus de la convocatoria general de becas.

Más 724.000 estudiantes han solicitado ya una beca para este curso
A 15 días del cierre de la convocatoria de 2021-2022, 724.671 estudiantes han solicitado ya una beca para este curso. De ellos, 390.401 pertenecen a niveles no universitarios, cuyo plazo finaliza el 30 de septiembre, y 334.270 a grado o máster, modalidad que permanecerá abierta hasta el 14 de octubre.

La previsión para esta convocatoria, a la que se han destinado 2.038 millones de euros (un 39,6% más que en 2018), es que el número de estudiantes receptores de una beca ronde los 850.000 (sin contar las ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales). Una cifra récord.

Durante la jornada, el secretario de Estado de Educación y el secretario general de Universidades han informado además de los avances en la reforma de la gestión administrativa que permitirá adelantar varios meses la solicitud de las becas. Esta medida, una de las principales novedades en la próxima convocatoria 2022-2023, permitirá a los estudiantes saber antes del inicio del curso si cumplen o no los requisitos económicos para recibir estas ayudas.

Ambos Ministerios trabajan también con las comunidades autónomas en la creación de un portal común que acoja las distintas convocatorias de becas estatales y autonómicas para facilitar a los ciudadanos la búsqueda de estas ayudas al estudio. Se atiende así una reclamación histórica de las asociaciones de estudiantes.

USO valora el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz, que considera tardío e insuficiente

jueves, 16 de septiembre de 2021

15 septiembre, 2021

USO valora el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para frenar el precio de la luz, que considera tardío e insuficiente

El Ejecutivo reconoce en su Decreto-Ley publicado hoy en el BOE una escalada del precio de la luz que va desde los 28,49 €/MWh del mes de febrero a los 154,16 €)MWh del 13 de septiembre. El incremento medio en el mercado mayorista ha sido de un 250%, originado por la variación brusca en la cotización de los mercados europeos del precio del gas natural. El otro elemento que dispara la factura eléctrica, justifica el Gobierno, proviene de los altos precios en los derechos de emisión de CO2.

La ciudadanía ya ha notado en sus facturas recientes estas alzas del precio de la luz, que han puesto en el disparadero la tasa de inflación anual.

No actúa sobre los problemas estructurales del sector energético

Desde USO valoramos positivamente este Decreto-Ley por la vocación del Ejecutivo de atajar la vulnerabilidad de las familias y la pobreza energética, dado lo imprescindible de contar con suministros de gas y luz a precios razonables. Sin embargo, entendemos que la medida llega tarde y resulta insuficiente.

Y resulta insuficiente porque la norma aprobada incorpora varios “parches” en forma de medidas transitorias, pero no actúa lo suficiente sobre problemas estructurales de fondo en el sector energético.

La limitación de acciones sobre las causas estructurales del precio de la energía es evidente. Falta ambición y una propuesta de acción coordinada a nivel europeo. Por otro lado se sigue sin abordar debidamente el problema del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 que protege a los inversores en tribunales privados.

Esto último es muy importante porque los riesgos de judicialización de las medidas ahora aprobadas por parte de las compañías afectadas no son menores. La incertidumbre sobre procesos que concluyan con el posterior reintegro del Estado, es decir, pagados por todos los ciudadanos a estas compañías y a sus accionistas, deben ser tenidos en cuenta.

Por otro lado, algunas de las medidas suponen de facto el aplazamiento del problema, con el pago de la factura en términos prácticos, generando una deuda ciudadana a futuro. Tampoco la reducción temporal de impuestos es una solución, en tanto el detrimento de ingresos públicos también actúa negativamente sobre la financiación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y las familias vulnerables. La aplicación de tipos superreducidos debiera ser estructural y compensada con otros ingresos fiscales.

Medidas del Decreto-Ley para frenar el precio de la luz

Entre las cuestiones destacables del decreto aprobado para atajar la escalada del precio de la luz figuran:
•Ampliación de seis meses sobre los cuatro actuales para la mora de los consumidores vulnerables en riesgo de pobreza energética para el pago de sus facturas.
•Se prorroga un trimestre adicional la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, alcanzando a todo el segundo semestre de 2021.
•Establece de forma excepcional y transitoria hasta el 31 de diciembre de 2021 una reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5,11 % al 0,5 %, con el límite máximo de acuerdo a la directiva europea, de una tasa para usos particulares de 1 €/MWh, y de 0,5 €/MWh para usos industriales y profesionales, salvo excepciones.
•Amplía en 900 millones de euros el presupuesto del Estado dedicado a compra de los derechos de emisiones de CO2 con cargo a la factura eléctrica.
•Se establecen medidas para mejorar la competencia tanto en el mercado mayorista como en el minorista y de actuación sobre ellos para mejorar la insuficiente liquidez a medio y largo plazo.

Otra de las medidas aprobadas es la articulación de un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado. El Gobierno considera imprescindible incorporar instrumentos regulatorios que, ante las excepcionales circunstancias de los mercados de materias primas, -sobre todo los del gas natural y el de los derechos de emisiones de CO2-, limiten de manera temporal el exceso de retribución obtenido por dichas instalaciones en detrimento de todos los consumidores. El Gobierno marca un límite para esta intervención en el mercado hasta el próximo 31 de marzo, siempre que el precio del gas supere el umbral de 20€/MWh.

En cuanto a los recursos hidrológicos, el decreto hace previsión de escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35 y el 40% en un horizonte de largo plazo. Por ello se plantea una reforma cuyo principio rector -que USO reconoce más bien como un derecho humano- es la consideración del agua como un bien ambiental, con una incidencia social muy notable y como un bien digno de protección en sí mismo. Las medidas del Gobierno inciden sobre la caducidad y reversión de las concesiones y sobre el mantenimiento y control de los caudales en los embalses. La urgencia del decreto se fundamenta precisamente en los datos sobre reducción generalizada de las cuencas.

Medidas para abordar el impacto del mercado del gas

El texto también aborda el impacto del mercado gasístico en la factura de los consumidores. Su precio ha multiplicado por tres el que mantenía en los últimos años. El Ejecutivo recuerda el derecho que aproximadamente un millón y medio de consumidores ya utilizan al encontrarse acogidos a la tarifa de último recurso, en su mayoría clientes domésticos y pymes, mientras que el resto de los consumidores -cerca de seis millones y medio- están acogidos a tarifas libremente establecidas por las comercializadoras.

Mediante este Decreto-Ley se introduce, como medida temporal y excepcional de protección social, una limitación por dos trimestres al incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso de gas natural. El objetivo es amortiguar la imputación en la misma de la excepcional subida de cotizaciones internacionales del gas natural.

Al tomar acción sobre esta situación se evitará una subida en la factura del consumidor medio que podría alcanzar el 30-40%, derivada del incremento estimado superior al 100% en el coste de la materia prima respecto a la última actualización de julio de 2021. La medida, siendo positiva, tan solo aplaza el problema porque en seis meses el incremento de coste se repercutirá en la tarifa.

El Gobierno se justifica ante las empresas alegando que se garantiza el principio de rentabilidad razonable (como manifestación del principio de seguridad jurídica) de los agentes ofertantes de la energía mediante el establecimiento de un precio de reserva que se determinará a través de una metodología que tendrá en cuenta parámetros objetivos y los costes asociados a la generación objeto de subasta, en base a la información proporcionada por las empresas titulares. Y que, por otro lado, la medida es la respuesta regulatoria a una deficiencia de mercado observada a lo largo de los últimos años, caracterizada por una falta de liquidez que impide a los comercializadores independientes y consumidores directos en mercado contar con la suficiente cobertura frente a los riesgos que supone su completa exposición a las oscilaciones del mercado mayorista de electricidad y que trae causa, en última instancia, de la falta de incentivos que los grupos verticalmente integrados tienen en situar su energía (o al menos parte de ella) en contratos de largo plazo celebrados con terceros.

El Defensor del Pueblo investiga la falta de plazas públicas para estudiar FP en la Comunidad de Madrid y en Cataluña

jueves, 16 de septiembre de 2021

El Defensor del Pueblo investiga la falta de plazas públicas para estudiar FP en la Comunidad de Madrid y en Cataluña

09/09/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado actuaciones de oficio con las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña para obtener datos oficiales sobre el número de plazas ofertadas para cursar estudios de Formación Profesional y las previsiones para adecuar la actual oferta a la creciente demanda.

La Institución lleva años recibiendo quejas de personas que muestran su preocupación por las dificultades para acceder a estos estudios. En este sentido, ha podido comprobar que se ha producido un ligero aumento en la oferta de plazas, pero este no ha sido suficiente para atender la demanda en algunas comunidades autónomas. Informaciones publicadas en diversos medios de comunicación alertan de un elevado número de alumnas y alumnos no admitidos para el próximo curso en Cataluña y en la comunidad de Madrid.

Falsas expectativas

En opinión del Defensor, las campañas promovidas para fomentar estas enseñanzas han generado falsas expectativas al no ir acompañadas de un incremento notable del número de grupos y de los cupos de profesorado para incrementar la oferta. Así, en las últimas décadas miles de jóvenes no han podido formarse en la enseñanza profesional pública y la falta de becas o ayudas tampoco les ha permitido hacerlo en el sector privado lo que ha derivado en que muchos abandonen el sistema educativo y queden en riesgo de exclusión social.

Fernández Marugán considera que los desajustes entre los ciclos formativos ofertados, las necesidades del mercado laboral y las plazas disponibles para realizar estos estudios “son un problema estructural”. Para solucionarlo, el Defensor aboga por “una adecuada” planificación de la oferta pública que permita dar respuesta al aumento de demanda que se ha producido, entre otras razones, por la alta tasa de paro juvenil que hace que muchos jóvenes vuelvan al sistema educativo para lograr una formación postobligatoria que permita su inserción laboral.

La Institución considera que la Formación Profesional es clave para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes al ofrecer opciones más variadas tanto de formación como de empleo.

Según datos oficiales, en los últimos años el porcentaje de ofertas de empleo que solicitan titulados en FP sigue aumentado de manera imparable. La tasa de empleabilidad se sitúa en el 42,2%, superando incluso a la tasa de los estudios universitarios, que se encuentra en el 38,5%.

A juicio del Defensor, estas cifras deberían llevar a las administraciones educativas a reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional, y aumentar la oferta, tanto de ciclos formativos como del número de plazas en aquellas opciones profesionales con mayor demanda y proyección laboral. En este sentido, el Defensor valora positivamente el proyecto de ley de la Formación Profesional aprobado esta semana por el Consejo de Ministro.

FinCoNet: informe sobre Gobernanza de Productos y Cultura Financiera

jueves, 16 de septiembre de 2021

FinCoNet: informe sobre Gobernanza de Productos y Cultura Financiera

09/09/2021 Banco de España

FinCoNet (International Financial Consumer Protection Organisation) es una asociación internacional de supervisores que promueve la buena conducta en el mercado y la adecuada protección de los consumidores de servicios bancarios y de crédito. Lo hace a través de una supervisión eficiente y eficaz de la conducta de los mercados financieros y permite que los supervisores de conducta compartan información y se beneficien mutuamente de las experiencias de cada uno.

El pasado mes de julio FinCoNet publicó un informe sobre Gobernanza de Productos y Cultura Financiera, fruto del trabajo conjunto de sus miembros y de miembros del G20/OCDE Task Force sobre Protección del Consumidor. El informe se basa en la respuesta de 29 organismos supervisores de conducta a una encuesta diseñada para conocer el desarrollo de las políticas en esta área, las herramientas de que disponen los supervisores en cada jurisdicción para evaluar la gobernanza de productos de las entidades y la importancia de la cultura empresarial en diferentes países del mundo.

La “gobernanza de productos” se refiere a los sistemas, procesos y controles que utiliza una empresa de servicios financieros para diseñar, aprobar, vender y evaluar un producto financiero, de forma que, durante toda su vida, responda a los intereses y objetivos de los consumidores y cumpla las normas. Se trata de poner al cliente en el centro del negocio, en el centro de la toma de decisiones.

La “cultura financiera” se refiere a los valores y normas que determinan los comportamientos y la toma de decisiones dentro de la organización. Es un factor vital en la viabilidad de estas entidades ya que dependen de la confianza de los consumidores. El informe identifica un fuerte vínculo entre una buena cultura empresarial y la gobernanza de productos: aquellas entidades con una buena cultura son aquellas que se centran en las necesidades de los clientes y en la venta de productos de forma justa y transparente.

La educación financiera de los consumidores y las obligaciones de divulgación de información de las entidades son importantes para que los consumidores tomen decisiones acertadas, pero la creciente complejidad de los productos y la variedad de canales por los que se ofrecen, hace necesario que las entidades centren sus esfuerzos en alinear la comercialización de sus productos y servicios con las necesidades y los perfiles de los consumidores.

En este link puedes acceder al informe completo.