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Archivo del 21 de septiembre de 2021

Anocheciendo. Cuatro Torres. Madrid

martes, 21 de septiembre de 2021

El juez propone juzgar a los jefes Seguridad de Repsol y Caixabank por presunto espionaje al presidente de Sacyr

martes, 21 de septiembre de 2021

Lunes, 20 de septiembre de 2021

El juez propone juzgar a los jefes Seguridad de Repsol y Caixabank por presunto espionaje al presidente de Sacyr

Según el auto, ambos investigados “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 21 (proyecto Wine) del denominado caso Tándem y ha propuesto juzgar a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael A.B. y de Caixabanak Miguel Ángel F.R., así como al comisario jubilado José Manuel V., a su socio Rafael R. y al policía Enrique G.C. por el encargo al excomisario para espiar al presidente de Sacyr Luis D.R. con el fin de evitar que este grupo se hiciera con mayor control en Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex. El juez acuerda también proceder contra el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael G.

En su auto, el magistrado atribuye a los dos jefes de Seguridad y a Girona un delito de cohecho activo, al excomisario y su socio, un delito de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que el juez atribuye este último delito a Enrique G.C. Del mismo modo, García Castellón acuerda el sobreseimiento para otros cuatro exdirectivos de Repsol y Caixa puesto que una vez practicadas todas las diligencias pertinentes concluye que no existen elementos suficientes para atribuirles la comisión de los delitos investigados.

En su auto, el instructor explica que en el año 2011 el Grupo Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis D.R., su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol con los que la empresa del excomisario accedió a información, llamadas telefónicas realizadas por Luis D.R. y su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado por Enrique G.C., entonces jefe de la Unidad Central Operativa.

El Grupo Cenyt recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedades de Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de Repsol y 194.700 a Caixabank.

El magistrado destaca que cuando se llevaron a cabo estos hechos José Manuel V. era comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.

Respecto a los dos directores de Seguridad, el juez explica que, a la vista de las diligencias practicadas, ambos disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual. En ese sentido, añade el juez, ambos investigados “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”.

A partir de ahora, las acusaciones personadas disponen de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

La AIReF incorpora una nueva División de Evaluación del Gasto Público

martes, 21 de septiembre de 2021

La AIReF incorpora una nueva División de Evaluación del Gasto Público

15 septiembre 2021

Sede de la AIReF

El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros la creación de una división destinada a la evaluación de políticas públicas en la AIReF


La puesta en marcha de esta División forma parte del Plan Estratégico 2020-2026 de la Institución


Esta modificación se efectúa en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que define las actuaciones concretas para mejorar la eficacia del gasto público


La nueva división refuerza las capacidades de evaluación permanente de la Institución, lo que permitirá afrontar con recursos más estables nuevas evaluaciones


Además, la división establecerá canales estables de interconexión con las administraciones facilitando el proceso de implementación de las propuestas y su seguimiento


El Gobierno aprobó este martes, 14 de septiembre, en Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la creación de la División del Gasto Público (Spending Review). La puesta en marcha de esta nueva División forma parte del Plan Estratégico 2020-2026. Asimismo, tiene lugar en cumplimiento del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), que define las actuaciones concretas para mejorar la eficiencia del gasto público.

En el ejercicio de sus funciones, la AIReF ha realizado hasta ahora diversas evaluaciones del gasto público por encargo de la Administración Central (como las dos fases del Spending Review y el Estudio de los Programas de Rentas Mínimas en España) y de las Administraciones Autonómicas.

La creación de la nueva División de Evaluación del Gasto Público refuerza esta función evaluadora de la AIReF y tiene lugar en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que en su componente 29 reconoce la utilidad de las evaluaciones de la AIReF y se compromete a “dar continuidad y permanencia a los ejercicios de revisión del gasto creando una división permanente de Spending Review en el seno de la AIReF”.

La nueva División, que contará con dos áreas, reforzará las capacidades de evaluación permanentes de la Institución, y para ello se dotará de todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor, permitiendo afrontar con garantías de calidad el reto de nuevas evaluaciones, entre otras, las nuevas fases del Spending Review.

Además, la división establecerá canales estables de interconexión con las administraciones para proveerlas de información sobre sus evaluaciones y recomendaciones, facilitando el proceso de implementación de las propuestas y el seguimiento de estas.

Esta división se sumará a la División de Análisis Económico, a la División de Análisis Presupuestario y a la División Jurídico-Institucional.

Otras modificaciones

Por otra parte, el Real Decreto aprobado también contempla atribuir al Gabinete de la Presidencia de la AIReF el nivel de subdirección general, para asegurar su equiparación a otros Gabinetes equivalentes. De esta forma, se contempla el protagonismo que asume este Gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Presidencia.

Por último, el Real Decreto contempla el cambio de denominación de la AIReF, que pasa a denominarse Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I., en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Luis Planas: El Gobierno plantea una Política Agraria Común más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización

martes, 21 de septiembre de 2021

En la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados

Luis Planas: El Gobierno plantea una Política Agraria Común más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización

Lunes 13 de septiembre de 2021

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado el formidable esfuerzo de diálogo y negociación realizado desde hace más de dos años por este ministerio con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias para dar cabida a todos los intereses en el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.

Este Gobierno plantea para España, ha destacado el ministro, una PAC con cuatro características básicas: más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización. Planas ha añadido que desde un espíritu constructivo y de constante trabajo, el ministerio ha hecho un gran trabajo de análisis de todas las necesidades sectoriales y un ingente ejercicio por acercar todas las posiciones.

Planas ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar sobre el estado actual de elaboración del Plan Estratégico que debe remitirse para su aprobación a la Comisión Europea antes de que finalice el año. Ha explicado que en la Conferencia Sectorial del pasado 14 de julio las comunidades autónomas expresaron sus diferentes posiciones y, ha asegurado, se impuso el sentido de la responsabilidad, al terminar con un acuerdo por consenso de seguir trabajando en la redacción del Plan Estratégico sobre la base del documento presentado por el ministerio.

Se trata de un documento de compromiso para avanzar sobre los ecoesquemas -prácticas voluntarias que contribuyen a preservar el medio ambiente, la biodiversidad y a luchar contra el cambio climático-, y ha mostrado su confianza en que hay voluntad de trabajo en común, porque «estamos en tiempo y forma para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos».

Ha remarcado que se logrará una PAC para todos, dirigida a la inmensa clase media de agricultores y ganaderos, a quien más lo necesita, teniendo muy presente el marco normativo en el que nos tenemos que desenvolver, que no es otro que el de la legislación comunitaria.

Conferencia sectorial sobre la PAC, en octubre
Ya en la recta final, con un intenso calendario de reuniones en septiembre y sobre el acuerdo en torno al documento consensuado en la Conferencia Sectorial, el ministerio trabaja con las comunidades autónomas y el sector en la concreción de detalles técnicos para ultimar la redacción del Plan Estratégico, que aúna la rica diversidad agronómica de todo el país.

Ha asegurado que el Plan Estratégico que presente España será fruto del trabajo de diagnóstico más completo que se ha realizado en una reforma de la PAC, ya que «es la primera vez que se parte de las necesidades» de cada sector para establecer los esquemas de intervención y en el que la innovación y la digitalización jugarán un papel clave «si queremos un sector agrario y agroalimentario con futuro».

El ministro ha considerado que esta PAC es una «magnífica oportunidad» para el sector agrario español y ha recalcado la confluencia del nuevo paquete de ayudas hasta el año 2027 con los fondos europeos del marco de recuperación, que permitirá afrontar una importante transformación del sector hacia un modelo más sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente.

Así, a los 47.724 millones de euros de presupuesto de la PAC para España, incrementado en 3.874 euros con la parte de cofinanciación que corresponde al Estado y comunidades autónomas en desarrollo rural, hay que sumar los 1.051 millones de euros de presupuesto del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el MAPA y otros aproximadamente 1.000 millones del futuro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario.

Una PAC más justa, más sostenible y más social
El ministro ha destacado que en la nueva PAC que se aplicará en España se establecerá un pago a las primeras hectáreas, para tener en cuenta las pequeñas y medianas explotaciones que no se pueden beneficiar de las economías de escala. Asimismo, en la ayuda básica a la renta, se establecerá una reducción progresiva de las ayudas a partir de 60.000 euros, estableciéndose un límite de 200.000 euros, una vez realizados todos los descuentos admisibles.

Uno de los aspectos especialmente resaltados por Planas ha sido el incremento de los fondos para favorecer el relevo generacional, el mayor presupuesto que haya dedicado la PAC a esta finalidad, el equivalente al 3 % de las ayudas directas (145 millones de euros anuales). Junto a ello ha incidido también en la introducción por primera vez de ayudas adicionales para las mujeres que sean titulares de explotaciones, medida para fomentar el protagonismo de éstas en las actividades vinculadas a la producción agrícola y ganadera.

La arquitectura medioambiental de la PAC, alineada en su nuevo diseño con las estrategias del Pacto Verde de la Unión Europea va permitir el necesario salto en la sostenibilidad de la actividad agraria. El ministro ha añadido que la apuesta medioambiental «no es una opción, sino una obligación, pero que no debemos ver como una imposición, sino como una gran oportunidad».

Sobre la figura más novedosa de la reforma de la PAC, los ecoesquemas, Planas ha explicado que su diseño permitirá que todos los agricultores y ganaderos que lo deseen, puedan acceder a algunas de las prácticas puestas a su disposición. Los ecoesquemas tendrán un presupuesto anual de 1.107 millones de euros y su propósito es fomentar una agricultura y ganadería rentable y sostenible, que proporcione beneficios medioambientales tangibles.

Planas ha insistido en que el diseño de ecoesquemas en el que han trabajado el ministerio y las comunidades autónomas durante los meses de julio y septiembre contemplan prácticas sencillas de aplicar, pero con una aportación medioambiental clara, y que no será necesario acumularlos en una misma superficie, con lo que se evita que unos agricultores tengan ventajas sobre otros en función de las características de sus explotaciones.

Otro aspecto destacado por el ministro es el incremento en un 15 % del presupuesto para las ayudas asociadas, que benefician a sectores más vulnerables con más dificultades para su rentabilidad, particularmente la ganadería extensiva y los cultivos proteicos.

Medidas que son una oportunidad para el conjunto del sector agroalimentario. España tiene la obligación de presentar a finales de año un plan coherente para que la Comisión Europea lo apruebe en el primer trimestre de 2022, año en el que habrá que aprobar un amplio paquete legislativo para poner en marcha el Plan Estratégico de la PAC, además de realizar un gran ejercicio de divulgación sobre su aplicación en España.

El ministro ha apelado a un gran «consenso nacional sobre la PAC, con un modelo que refleje el mejor apoyo para los agricultores y ganaderos», porque España cuenta con la financiación y las medidas necesarias para potenciar la competitividad del sector agroalimentario español en el próximo decenio.

El Gobierno anuncia 100 millones en ayudas para impulsar las comunidades energéticas

martes, 21 de septiembre de 2021

Plan de Recuperación

El Gobierno anuncia 100 millones en ayudas para impulsar las comunidades energéticas

Jueves 16 de septiembre de 2021

Teresa Ribera durante su intervención en el acto


La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado la activación de 100 millones de euros en subvenciones para impulsar las comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En la clausura del acto «Comunidades energéticas: participación ciudadana en la transición energética», celebrado en Crevillent (Alicante), Ribera ha concretado que estarán repartidos en tres programas de ayudas cuyo proceso de audiencia e información pública se abrirá de forma inminente.

Contribuirán a acelerar la consecución de los objetivos climáticos y servirán para catalizar la participación ciudadana en la transición energética. «Cada día es más evidente que los ciudadanos y las pymes quieren participar en el modelo energético como lo hacen en otros ámbitos de la sociedad», ha destacado la vicepresidenta.

Durante su intervención, Ribera ha enfatizado la importancia de las comunidades energéticas locales: «tienen muchas ventajas, porque aportan energía de proximidad y beneficios de proximidad. Además rebajan los gastos energéticos de los socios y del ámbito municipal y, al estar cercanas al territorio, conocen sus puntos sensibles y las ventajas que pueden ofrecer, facilitando una buena relación con el entorno. Ahora podemos imaginar 1.200 pueblos con comunidades o 300.000 tejados solares».

Las comunidades energéticas permiten desarrollar proyectos impulsados por la población, pymes, cooperativas o entidades locales en ámbitos como las renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible. Las personas involucradas en estas comunidades son, a su vez, productoras y consumidoras de su propia energía limpia, lo que redunda en una mayor democratización del sistema energético y en un importante ahorro para el consumidor final. Por todo ello, constituyen una figura clave en la transición hacia un sistema energético limpio, abierto y participativo.

Además, estas figuras aportan importantes beneficios económicos y sociales en los territorios donde se implementan, ya que ayudan a dinamizar la actividad local, generar empleo y fijar población en municipios de reto demográfico.

En este sentido, la vicepresidenta ha destacado su papel en el impulso de una transición hacia un modelo rural con energía asequible y sostenible: «Queremos que todos los territorios tomen un papel activo en la transición energética y se beneficien de las ventajas que genera, como el abaratamiento de la energía, la independencia frente a las tensiones que se producen en los mercados energéticos internacionales o la generación de actividad económica», ha señalado.

100 millones en tres convocatorias


Los 100 millones de euros del PRTR movilizados para este plan se repartirán en tres programas de gestión centralizada: CE-Aprende, CE-Planifica y CE-Implementa. Estas líneas se complementarán con una red de Oficinas de Transformación Comunitarias que, coordinadas por el IDAE y repartidas por todo el territorio, acompañarán y asesorarán a las comunidades energéticas en toda su cadena de desarrollo y facilitarán el acceso a cada línea de ayudas.

La primera de las líneas (CE-Aprende), en régimen de concurrencia simple, tiene como objeto ayudar a personas físicas u organizaciones interesadas en la constitución de una comunidad energética a familiarizarse con el concepto e identificar futuros socios o miembros. Subvencionará actuaciones como los gastos asociados a la dinamización, promoción y publicidad de la comunidad.

Por su parte la segunda línea (CE- Planifica), también de concurrencia simple, se orienta al planteamiento y constitución de la comunidad energética en sí misma. Entran en este programa la financiación de estudios y modelos de contrato o la asistencia técnica especializada y el asesoramiento jurídico.

Una vez constituida legalmente, la comunidad energética podrá optar a la financiación de la tercera línea (CE- Implementa), que se articula en régimen de concurrencia competitiva. A través de ella se subvencionarán proyectos integrales y de carácter transversal en el ámbito de la energía renovable eléctrica y térmica, la eficiencia energética o la movilidad eléctrica.

La selección de los proyectos tendrá en cuenta factores como el grado de innovación, los niveles de participación social que haya incorporado la iniciativa, sus beneficios sociales, su contribución a la lucha contra la pobreza energética, la generación de empleo o la perspectiva de género, así como la combinación de distintas actuaciones como el impulso de renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

En línea con la política energética del MITECO


Las subvenciones anunciadas complementan otros programas del MITECO en el marco del PRTR de los que también se pueden beneficiar las comunidades energéticas, como el programa MOVES III para el fomento de la movilidad eléctrica, dotado con 400 millones ampliables a 800, o el de incentivos al autoconsumo de energías renovables, que cuenta con un presupuesto inicial de 450 millones ampliables a 900.

Asimismo, se unen a otras medidas puestas en marcha por el Ministerio, como la subasta para la instalación de nuevas plantas de generación renovable prevista para el próximo 19 de octubre. En ella se ha reservado un cupo específico de 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas con fuerte carácter local e impulsadas desde la ciudadanía, por lo que las comunidades energéticas constituyen uno de sus potenciales beneficiarios.

Estos programas están alineados con las prioridades del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que enfatiza el potencial del autoconsumo y la rehabilitación de edificios para reducir las emisiones en entornos urbanizados, así como con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y con las prioridades del Plan de Recuperación.

En los últimos años, en España se han impulsado numerosas experiencias de comunidades energéticas a escala local, al tiempo que se han dado pasos en su reconocimiento normativo.

En junio de 2020, la normativa española introdujo dos nuevas figuras jurídicas: las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energía renovable. En noviembre de ese mismo año el MITECO abrió el proceso de consulta pública previa para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales que ha servido, junto con la Manifestación de Interés para definir las líneas del PRTR, de base para diseñar estas ayudas.

Las más de 450 manifestaciones recibidas evidencian el interés por la figura de las comunidades energéticas en España. Destacan por su carácter transversal e integral, pues la mayoría de proyectos presentados combinan iniciativas de producción eléctrica o térmica, eficiencia energética y movilidad sostenible.

Otras actuaciones


Fruto de la apuesta del Gobierno por las comunidades energéticas en el marco del PRTR el MITECO, a través del IDAE, organizará junto con la Generalitat Valenciana el I Congreso Nacional de Comunidades Energéticas. La cita tendrá lugar en la primavera de 2022 en Crevillent.

Asimismo, en la línea de las actuaciones anunciadas, el IDAE habilitará en GENERA 2021, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente que se celebra en el mes de noviembre en Madrid, un foro de debates específico para comunidades energéticas abierto a iniciativas que quieran compartir su experiencia.

Paralelamente, el IDAE está invirtiendo en iniciativas que impulsan la participación ciudadana, como la start-up FUNDEEN, una empresa destinada al crowdfunding de renovables que permite a cualquier persona hacer pequeñas inversiones en proyectos de esta índole, y ha otorgado un préstamo a la iniciativa ‘Illa eficient’, en la que varias comunidades de propietarios de una misma manzana de Barcelona se han agrupado en forma de cooperativa para abordar un proyecto de rehabilitación energética conjunta.

CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios, tras las presiones de Podemos para suprimirlas

martes, 21 de septiembre de 2021

CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios, tras las presiones de Podemos para suprimirlas

  • El sindicato urge a Hacienda para que cierre ya el concierto sanitario para los próximos años
  • El traspaso de mutualistas podría colapsar el Sistema Nacional de Salud, muy debilitado por la pandemia y la falta de recursos

17 de Septiembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios.

Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.

En este sentido, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración.

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

Desde CSIF recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social

Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.

Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.