AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 1 de octubre de 2021

El Fénix. Gran Vía 32. Madrid

viernes, 1 de octubre de 2021

Escrivá: «Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un nuevo marco que fortalezca la sostenibilidad y asegure pensiones dignas para todos»

viernes, 1 de octubre de 2021

Proyecto de ley de pensiones

Escrivá: «Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un nuevo marco que fortalezca la sostenibilidad y asegure pensiones dignas para todos»

Jueves 30 de septiembre de 2021

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado en la tribuna del Congreso de los Diputados el ‘Proyecto de Ley de Garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema’.

Durante la presentación, ha definido el proyecto de ley como «una reforma de país», ya que se ha elaborado a partir de las recomendaciones que aprobaron por consenso los grupos políticos en el Pacto de Toledo en 2020, con acuerdo en el diálogo social y con las autoridades europeas.

Escrivá ha definido la reforma como «una oportunidad histórica para construir un marco nuevo y cierto que fortalezca, a través de varias herramientas, la sostenibilidad del sistema y que asegure pensiones estables y dignas para todos». Según ha subrayado, es «un proyecto de ley que nace del consenso y que es el fruto del esfuerzo» y que recoge medidas clave para los pensionistas presentes y futuros.

«Su clave de bóveda -ha asegurado- es la eliminación de la incertidumbre de nuestros pensionistas», por lo que su elemento fundacional es la garantía permanente del poder adquisitivo de las pensiones.

Esta reforma retoma la senda del consenso que ya estuvo presente en 2011 y elimina las incertidumbres que las reformas fallidas efectuadas en los últimos años han minado la confianza de nuestros pensionistas, ha subrayado Escrivá. Por ello, «nuestro objetivo debe ser restablecer esa confianza y hacerlo con medidas de refuerzo graduales y transparentes, que permitan a los pensionistas dejar de preocuparse por su futuro cercano y a los jóvenes recobrar la fe en el sistema».

Dentro de estos compromisos para dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros, y garantizar la estabilidad del sistema se encuentran un mecanismo de revalorización de las pensiones, vinculado al IPC, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. También el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, el avance en la separación de fuentes de financiación desplazando los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, o las medidas para asegurar también a los jóvenes o a los recién nacidos un acceso a las pensiones.

En concreto, el acuerdo recoge una fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, en cumplimiento de la recomendación segunda del Pacto de Toledo. Este mecanismo permitirá el incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior.

El acuerdo, que se refleja en este proyecto de ley, plantea la necesidad de culminar la plena implementación del principio de separación de fuentes de financiación respecto a aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no haya sido asumida todavía por el Estado, con el objetivo último de lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social al final de la legislatura.

En cumplimiento de la recomendación 12 del Pacto de Toledo, se toman medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad ordinaria de jubilación. Respecto a la jubilación anticipada voluntaria se revisan los coeficientes reductores, que pasan a ser mensuales, con el fin de fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación y dar un tratamiento más favorable a las carreras más largas.

En cuanto a la jubilación demorada, se plantea aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso. También se mejoran los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación y se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas (puede llegar a los 12.000 euros), un porcentaje adicional del 4% en la pensión, o una combinación de ambas opciones. Se acuerda además que no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador.

En el acuerdo firmado en julio con los interlocutores sociales, se establece entre otros aspectos y dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y las necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo que para su equilibrio va a suponer la jubilación de determinadas generaciones, y el aumento de la esperanza de vida, los firmantes coinciden en «recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011».

El juez confirma al tribunal italiano que la euroorden contra Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial

viernes, 1 de octubre de 2021

Jueves, 30 de septiembre de 2021

El juez confirma al tribunal italiano que la euroorden contra Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial

El magistrado del Tribunal Supremo remite información complementaria a Eurojust para clarificar el estado de la causa y reclamar la entrega del detenido a la justicia española

Autor: Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido hoy un oficio al representante de España en Eurojust para que traslade al tribunal de apelación de Sassari (Italia) el auto en el que acordó la prisión provisional del expresidente de la Generalitat y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él.

En el documento, el juez instructor de la causa del procés amplía la información relativa al expediente de solicitud de entrega de Carles Puigdemont, subrayando que carece actualmente de inmunidad parlamentaria, además de que la euroorden sigue vigente y que no ha quedado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El escrito concluye solicitando a la autoridad judicial italiana la entrega inmediata del detenido a la jurisdicción española, a fin de poder continuar la tramitación del procedimiento.

Subsidiariamente, para el supuesto de que Puigdemont volviera a reclamar ante el TGUE la recuperación cautelar de su inmunidad y suponiendo que le fuera concedida, el juez solicita a la autoridad judicial italiana que suspenda la tramitación del proceso de entrega ahora iniciado, pero adoptando las medidas precisas parar garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando Carles Puigdemont haya dejado de disfrutar del privilegio o inmunidad (art. 20 de la Decisión Marco).

Para el caso contrario, esto es, en el supuesto de que se mantenga la retirada de la inmunidad actualmente imperante, y solo para el caso de que el tribunal italiano entendiera que la respuesta a la cuestión prejudicial puede condicionar su decisión, el instructor señala la posibilidad de que la autoridad judicial italiana paralice el procedimiento de ejecución hasta que el TJUE se pronuncie, subrayando que esta es la posición que ha seguido Bélgica.

Las peticiones se sustentan a partir de un oficio en el que, de manera precisa y pormenorizada, relata todos los pasos que se han producido desde la emisión de la euroorden contra Puigdemont el día 14 de octubre de 2019.

La cuestión prejudicial no suspende la euroorden ni la orden de prisión

En primer lugar, el juez conviene que las Recomendaciones del TJUE a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (Recomendación 2019/C 380/01 del TJUE a la fecha que nos afecta), establecen en su punto 25 que la presentación de una cuestión prejudicial comporta la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie. Pero subraya que esa misma recomendación añade que «la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria. Para decisiones cautelares, el punto 25 indica que se estará a lo que decida el órgano jurisdiccional nacional».

Expone que la orden de prisión de Puigdemont, que se adoptó en este procedimiento el 14 de octubre de 2019, así como la subsiguiente Orden de Detención Europea, «tienen una indiscutible naturaleza cautelar. Son decisiones que sirven a que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que -hasta ahora- ha estado impedido por la fuga». Y por esta finalidad de aseguramiento del proceso, hace constar que tras la presentación de la Cuestión Prejudicial «no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar».

Pérdida de la inmunidad de Puigdemont

El escrito indica que Puigdemont fue acreditado como miembro del Parlamento europeo el 6 de enero de 2020, adquiriendo la inmunidad y resto de privilegios establecidos en el artículo 9 del Protocolo de la Unión.

El 10 de enero, el juez Llarena, como instructor de la causa del procés, solicitó al Parlamento Europeo que suspendiera la inmunidad de dicha persona.

Durante la tramitación parlamentaria de esa petición, dado que Puigdemont ostentaba la inmunidad, se comunicó a la autoridad judicial belga la situación de privilegio de la que disfrutaba, suspendiéndose el procedimiento de ejecución de la euroorden en los términos impuestos por el art. 20 de la Decisión Marco.

El 8 de marzo de 2021, el Parlamento europeo suspendió la inmunidad a Puigdemont y, una vez comunicada la decisión al juez Llarena, éste informó a la autoridad de ejecución belga de la retirada de la inmunidad, a fin de reanudar un procedimiento de entrega suspendido por dicha causa (art. 20 de la DM).

Planteamiento de la cuestión prejudicial

El juez prosigue informando de que, con ocasión de los procedimientos de ejecución incoados en Bélgica en virtud de las OED emitidas contra Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig, el 9 de marzo de 2021 planteó la cuestión prejudicial que, subraya, «no afecta a la validez de la medida cautelar de prisión o de su busca y captura. Está referida a la interpretación del derecho de la Unión sobre determinados aspectos por los que la colaboración judicial puede ser denegada entre Estados miembros».

Dado el planteamiento de la Cuestión Prejudicial ante el TJUE, recuerda el magistrado, la autoridad judicial de ejecución belga acordó paralizar y suspender los procedimientos de entrega que estaban en marcha en ese país y hacerlo hasta que el TJUE fije la interpretación del derecho de la Unión sobre estas cuestiones.

La intervención del TGUE

Contra la decisión del Parlamento Europeo de retirar el privilegio de la inmunidad a Pugidemont, éste presentó demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Recuerda el Juez que en dicho procedimiento son demandantes Carles Puigdemont, además de Antoni Comín y Clara Ponsatí. De contrario, está demandado el Parlamento Europeo, si bien interviene como coadyuvante el Reino de España, cuyos intereses son defendidos por la Abogacía del Estado española, subrayando el Juez a la autoridad italiana que la Abogacía del Estado es un órgano no judicial que depende del Ministerio de Justicia.

En ese procedimiento, el 30 de julio de 2021, el Vicepresidente del TGUE dictó una orden en la que desestimó la petición de Puigdemont de que se suspendiera cautelarmente la decisión del Parlamento europeo de retirarle la inmunidad, esto es, ordenaba mantener la retirada de la inmunidad hasta que se adoptara una decisión de fondo.

Con ello, sintetiza el Juez, Puigdemont sigue careciendo de inmunidad, salvo que vuelva a pedir al TGUE su concesión cautelar y se le conceda; una posibilidad que el TGUE admite como procesalmente viable.

Abogacía del Estado y la suspensión de la euroorden que nunca se adoptó

Añade el oficio que «en el procedimiento ante el TGUE, según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al Tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019, es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada».

Agrega el magistrado que «esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España. Como se ha dicho en el punto 5, nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca».

Considerando que el Tribunal Supremo no tiene intervención en el procedimiento ante el TGUE y que sí la tiene la Abogacía del Estado, pues el Reino de España es coadyuvante con el Parlamento europeo en ese proceso, el Juez hace referencia a la información facilitada por la Abogacía del Estado y explica a la autoridad judicial italiana que, «»se desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OEDs aparece en una parte de la resolución del TGUE del pasado 30 de julio, al no haberse podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares».

El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró un aumento anual del 20,9% durante el segundo trimestre

viernes, 1 de octubre de 2021

El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró un aumento anual del 20,9% durante el segundo trimestre

20/09/2021 | Registradores

El Colegio de Registradores elabora el Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI), único que conjuga transacciones e hipotecas inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad (enfoque desde la demanda) con la actividad mercantil del sector de la construcción e inmobiliario (enfoque desde la oferta), dando por tanto una estimación completa de la actividad del sector.

Evolución trimestral del IRAI y del IRAI suavizado con base 2003

El valor del índice se situó en 117,8 (114,5 el trimestre anterior) y el índice suavizado, libre de factores estacionales, en 105,8 (101,0 el trimestre anterior). Se observa, por tanto, una clara recuperación de la actividad inmobiliaria tras los fuertes descensos que tuvieron lugar debido a la pandemia, sobre todo durante el segundo trimestre de 2020, cuando descendió hasta 96,9 desde 111,8 que marcó durante el trimestre precedente.

Evolución anual del IRAI con base 2003 durante el 2º trimestre
La evolución anual del IRAI durante el segundo trimestre mostró un intenso incremento anual del 20,9%, por realizarse en este caso la comparación sobre el segundo trimestre del pasado año, en el que se produjo el confinamiento estricto de la población. En dicho trimestre de 2020 se produjo una abrupta caída del -11,4%. Se confirman por tanto los valores positivos del primer trimestre, que acabó con un aumento más moderado del 1,4% sobre el mismo período de 2020. En 2018 se produjeron crecimientos en torno al 8%, que se moderaron en 2019, pansando a crecimientos sobre el 2%, incluso con algún trimestre de ligera caída.

La evolución del IRAI mostrada en los datos anuales al término del segundo trimestre se produjo fundamentalmente por el fuerte incremento en el área de propiedad (27,0%) debido fundamentalmente al aumento del número de compraventas (83,9%) y del número de hipotecas (33,5%), con un ligero descenso registrado en el precio de las compraventas (-4,5%) y un aumento del importe de las hipotecas (14,6%).

En el área de las sociedades mercantiles, se produjo también un incremento del 7,4%, aportando de forma similar el sector de la construcción y también el sector inmobiliario.
Los detalles se ven en la tabla siguiente:

Solucionar las brechas en la vacunación

viernes, 1 de octubre de 2021

Solucionar las brechas en la vacunación

David Malpass

Banco Mundial

22 septiembre 2021

El acceso generalizado a las vacunas contra la COVID-19 es fundamental para el desarrollo. En la actualidad, el mundo enfrenta grandes cantidades de casos de COVID-19, altas tasas de mortalidad y retrocesos en el desarrollo debido a la pandemia. Las vacunas parecen ser la mejor inversión disponible en este momento. El acceso es un objetivo alcanzable, pero es necesario adoptar medidas urgentes.

La semana pasada, el Grupo de Trabajo de Líderes Multilaterales sobre Vacunas, Tratamientos y Diagnósticos relacionados con la COVID-19 emitió su cuarta declaración conjunta (i), aunando los esfuerzos de la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala; la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y yo mismo, y de nuestras cuatro organizaciones. Juntos, instamos a lograr mayores avances en la distribución de las vacunas en los países en desarrollo, especialmente en África, y abogamos por medidas específicas de los Gobiernos y los fabricantes de vacunas.

El Grupo de Trabajo monitorea las brechas en el financiamiento, la producción, el envío, la venta, las cadenas de suministro y la distribución a nivel de los países para apoyar soluciones más rápidas y específicas. Nuestros datos, que se encuentran a disposición del público en el sitio web (i) del Grupo de Trabajo, indican que se producirán miles de millones de dosis de vacunas sólo en lo que resta de 2021, dando esperanza de que las brechas en la vacunación se reduzcan significativamente si actuamos ahora.

Según estimaciones actuales, los países en desarrollo necesitan casi 2000 millones de dosis más para alcanzar la meta provisional de vacunar al 40 % de su población para fines de 2021, casi 4000 millones de dosis más para vacunar al 60 % de su población a mediados de 2022, y casi 5000 millones de dosis más para vacunar al 70 % de su población a estas alturas del año próximo. Estas necesidades de dosis podrían aumentar dependiendo de cómo evolucione la variante delta, como ya lo estamos observando en África.

Abordar el problema del suministro de vacunas puede salvar millones de vidas más, pero ello sólo será posible gracias a la cooperación de las economías avanzadas que han adquirido por adelantado dosis excedentes, los países que están produciendo vacunas y los fabricantes de vacunas.

En nuestra reciente reunión con fabricantes, reconocimos y elogiamos el ingenio de los inventores y desarrolladores de vacunas y sus esfuerzos por producir en grandes cantidades. También les pedimos que compartan información detallada sobre los envíos y entregas de vacunas previstos para que los países puedan prepararse para la distribución de estas.

El Grupo de Trabajo ha abogado por la adopción de medidas en ocho esferas para acelerar la entrega de vacunas a los países en desarrollo.

En primer lugar, los países que tienen excedentes de dosis pueden respaldar los esfuerzos mundiales mediante i) el intercambio de sus calendarios de entrega a corto plazo, ii) la liberación de las dosis excedentes de los contratos y opciones, y iii) el cumplimiento de sus promesas de donaciones. En este contexto, el Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas (AVAT) tiene una demanda urgente de dosis de vacunas monodosis durante el resto de 2021. El Grupo de Trabajo abogó por que los países con altas tasas de vacunación cambien de lugar en la fila y acepten una fecha posterior de entrega para que las vacunas puedan entregarse a las personas de los países en desarrollo en el corto plazo. Recibimos con beneplácito el anuncio de la Unión Europea de que devolverá millones de dosis de vacunas J&J para que se envíen a África. También elogiamos el reciente anuncio de Estados Unidos de que comprará cientos de millones de dosis para donarlas a diferentes países del mundo. Los datos de nuestro Grupo de Trabajo indican que se están comenzando a producir avances en la entrega de las dosis donadas: hace un mes, la proporción de dosis comprometidas que se enviaron a los países en desarrollo aumentó del 10 % al 12 %. Aun así, se deben distribuir cientos de millones más de dosis donadas.

En segundo lugar, las empresas fabricantes deben priorizar y cumplir sus contratos con COVAX y AVAT. También deben proporcionar datos sobre los calendarios de distribución mensuales de todos los envíos de vacunas, especialmente los envíos de COVAX y AVAT, de modo que las dosis puedan repartirse, de manera transparente, a los países que más las necesitan, en particular los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo.

En tercer lugar, reconocemos que los fabricantes de vacunas necesitan tener una mayor seguridad en la demanda. Con este fin, el Grupo de Trabajo ha pedido a los Gobiernos que clarifiquen a la brevedad sus estrategias de priorización y sus decisiones sobre el uso y la dosificación de los refuerzos, ya que estas medidas tendrán importantes consecuencias en la disponibilidad de dosis adicionales para los países en desarrollo. En conjunto, se necesita mayor certeza y previsibilidad en la demanda para permitir la producción y la distribución de las dosis requeridas. La demanda mancomunada puede ayudar a generar mayor certidumbre, predictibilidad y ventajas en términos de costos para los compradores.

En cuarto lugar, los países deben reducir de manera urgente sus restricciones a las exportaciones, los elevados aranceles y los obstáculos aduaneros relativos a las vacunas contra la COVID-19 y a las materias primas y los suministros necesarios para la producción y distribución oportuna de dichas vacunas.

En quinto lugar, es necesario simplificar y armonizar las regulaciones. Las autoridades reguladoras en todo el mundo deberían lograr coherencia normativa y estandarización en la aprobación de las vacunas.

En sexto lugar, hemos pedido a los donantes que aborden los déficits de financiamiento. El Banco Mundial ha puesto a disposición USD 20 000 millones en financiamiento para vacunas hasta fines de 2022, recursos que los países pueden utilizar inmediatamente para adquirir vacunas y solucionar las deficiencias en la distribución. También hemos movilizado hasta la fecha USD 7500 millones en financiamiento para ayudar a los países a acceder a otras herramientas sanitarias que les permitan enfrentar la COVID-19, tales como kits de pruebas, oxígeno y equipos de protección personal. De ahora en adelante, esta es una importante área de interés para el Grupo de Trabajo.

En séptimo lugar, los países deben tener la capacidad de distribución que necesitan. A través de operaciones de financiamiento para vacunas, el Banco Mundial ya está ayudando a 54 países no solo en el área de las adquisiciones, sino también a abordar las deficiencias en la distribución, y esto incluye ampliar la capacidad de almacenamiento y de las cadenas de frío, capacitar a los trabajadores sanitarios, generar confianza en los programas de vacunación mediante la participación de los ciudadanos y la comunidad, y mejorar los datos y los sistemas de seguimiento de la distribución de las vacunas. Al mismo tiempo, es fundamental obtener mejor información sobre los calendarios de entrega, en particular en el caso de las dosis donadas, para garantizar que los países puedan prepararse para su distribución. La semana pasada, las autoridades etíopes, por ejemplo, tuvieron que rechazar donaciones de dosis porque no se les había avisado con suficiente antelación, y las vacunas que se les habían asignado tenían fechas de caducidad breves. En la República Democrática del Congo se produjo una situación similar hace dos semanas.

En octavo lugar, es necesario realizar esfuerzos para aumentar la producción de vacunas, diagnósticos y tratamientos a nivel mundial con el fin de acelerar la distribución equitativa de recursos que salvan vidas en los países en desarrollo. Además del financiamiento para vacunas y el apoyo a los sistemas de salud de los países, el Grupo Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, también respalda los esfuerzos para mejorar la capacidad y las competencias en el sector manufacturero de los países en desarrollo. En esta área, observamos avances iniciales en Sudáfrica, Rwanda y Senegal. Con el apoyo de la Plataforma Mundial para la Salud de IFC, por valor de USD 4000 millones, nos basamos en esta experiencia para impulsar una capacidad manufacturera más diversificada.

Es urgente actuar ahora para acelerar el suministro y la distribución de las vacunas en todos los países en desarrollo, de modo que podamos poner fin a esta pandemia mundial.

La recuperación del empleo en Turismo se consolida en agosto con 91.405 afiliados más

viernes, 1 de octubre de 2021

Datos de afiliación del sector turístico de Turespaña

La recuperación del empleo en Turismo se consolida en agosto con 91.405 afiliados más

Martes 21 de septiembre de 2021

Los afiliados a la Seguridad Social en el sector del turismo crecieron en agosto un 4% interanual hasta alcanzar los 2.336.501 empleados, 91.405 trabajadores más que hace un año. Se trata del tercer mes consecutivo que se registra este crecimiento interanual, según los datos publicados este martes por Turespaña.

Con los datos de agosto, el empleo en turismo representa el 12,3% del total de afiliados en la economía nacional.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha valorado «como positivos los datos ya que muestran que la tendencia de recuperación en el empleo turístico se ha consolidado en agosto con un crecimiento superior, en términos relativos, al que ha habido para el conjunto de afiliados en la economía española y en el sector servicios». «Pese a esta mejora, es preciso aún prorrogar el escudo de seguridad que han supuesto los ERTE en sectores cuya actividad aún no se ha normalizado por completo por la lenta recuperación de la movilidad internacional, como es el caso del turismo, que para el Gobierno sigue siendo un sector sensible», ha añadido.

Ramas de actividad

Este crecimiento interanual se ha registrado en casi todas las ramas turísticas. En la hostelería hubo un crecimiento de 67.079 afiliados (26.109 en los servicios de comidas y bebidas y 40.970 en los servicios de alojamiento); las otras actividades turísticas aumentaron en 27.525 afiliados, mientras en las agencias de viajes hubo una disminución de 3.199 trabajadores.

El empleo asalariado en el sector creció un 5% y el autónomo un 0,5%.

Por Comunidades Autónomas

En agosto, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos aumentó en casi todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Canarias, Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja. En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en Baleares (+19.716 nuevas altas), Andalucía (+18.956), Cataluña (+11.100) y Comunidad Valenciana (10.839).

En términos relativos, destaca el descenso interanual de Canarias (-2,2%) y el aumento de Baleares (16,6%).

La nota de Turespaña sobre el empleo en el sector turístico correspondiente a agosto de 2021 puede consultarse en este enlace.