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lunes, 4 de octubre de 2021

El Defensor del Pueblo ve urgente mejorar el acceso al empleo y a la vivienda de los jóvenes

lunes, 4 de octubre de 2021

El Defensor del Pueblo ve urgente mejorar el acceso al empleo y a la vivienda de los jóvenes

Francisco Fernández Marugán presenta el Informe Anual 2020 en el Pleno de Congreso de los Diputados

23/09/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para hacer un balance del trabajo realizado en 2020. En un año marcado por la pandemia de la COVID-19, la Institución que preside incrementó sus actuaciones un 40,5%.

A lo largo de su intervención, el Defensor ha repasado las cuestiones más relevantes que recoge el Informe Anual de la Institución y ha insistido en la necesidad de alcanzar “acuerdos políticos, económicos y sociales lo más consensuadamente posible” para salir de la crisis generada por el coronavirus.

Asimismo, se ha mostrado preocupado por la situación de los jóvenes y ha reclamado un marco económico y social estable para este colectivo que es, a su juicio, el que requiere más urgentemente la atención de la sociedad.

Según ha recordado el Defensor, la población joven afronta altas tasas de desempleo y precariedad laboral que sitúan a la franja de edad de 20 a 29 años como el grupo de personas más vulnerables económicamente.

En su opinión, los principales problemas que afectan a este sector de la población en nuestro país son el difícil acceso al mercado laboral y la mala calidad de los empleos, así como las dificultades para acceder a una vivienda.

Todo ello lleva a una fuerte caída de la natalidad ya que los jóvenes “no es que no quieran tener hijos, es que no pueden”, ha aseverado Fernández Marugán.

Por ello, el Defensor ha urgido a aplicar medidas de política social, de acceso a trabajos estables y dignos, de fomento a la vivienda y de conciliación que permitan a las generaciones más jóvenes “mirar al futuro con ilusión”.

El protagonismo del Estado

Fernández Marugán ha valorado el importante papel que ha tenido el Estado a la hora de atenuar los estragos económicos causados por la pandemia.

Así, y tras afirmar que “esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de protagonismo del Estado”, se ha mostrado convencido de que el impacto sobre la economía “hubiera sido aún más profundo si no se hubieran adoptado medidas para mitigar la pérdida de rentas en las personas más vulnerables y para garantizar la liquidez al tejido empresarial”.

Para el Defensor, ahora hay que hacer lo contrario de lo que se hizo en la crisis financiera de 2008, es decir, “cosas diferentes al rescate financiero de los bancos y las grandes empresas” para evitar “un crecimiento agudo de la pobreza y la profundización de la brecha que divide a quienes tienen acceso a la protección y quienes quedan a la intemperie”.

De entre las actuaciones emprendidas desde la esfera pública para contener la crisis económica, el Defensor ha destacado los ERTES, el Ingreso Mínimo Vital, el Fondo Covid destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales y la política fiscal que, a su juicio, ha “facilitado la supervivencia de muchas empresas y de su empleo”.

“Este es un momento de gastar y se deben adoptar políticas expansivas”, ha asegurado el Defensor, que ve inevitable aplicar una reforma fiscal “que aumente la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema tributario”. En esta línea, Fernández Marugán considera que “lo pertinente”, sería racionalizar la fiscalidad de las grandes entidades corporativas para evitar que sean las pequeñas empresas y los sectores tradicionales los que soporten mayor incidencia tributaria.

Sanidad

Según ha destacado el Defensor, la irrupción de la pandemia supuso un desafío sin precedentes y agudizó las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS) y sobre las que la Institución lleva advirtiendo desde hace varios años.

Entre dichas debilidades, Fernández Marugán ha destacado las “listas de espera demasiado largas, la fragilidad de los servicios de urgencia hospitalaria, la escasez de profesionales sanitarios, la precariedad en la atención primaria, los problemas en la atención hospitalaria y los insuficientes recursos en salud mental”.

Por ello, ha abogado por “invertir más en medios materiales y humanos garantizando siempre la cohesión territorial” y “priorizar los elementos del sistema más vulnerables en esta crisis: atención primaria, salud pública y salud mental”.

El Defensor también ve necesario impulsar los servicios de prevención en materia de salud, crear una agencia estatal de salud pública independiente y hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial.

Residencias

Fernández Marugán ha dedicado parte de su intervención a explicar el trabajo realizado en materia de residencias para personas mayores.

Así, en los peores momentos de la pandemia, en abril de 2020, la Institución dirigió recomendaciones a las comunidades autónomas para mejorar la atención sanitaria en los centros geriátricos, la información a familiares y la protección de los derechos de los residentes.

Posteriormente, y fruto de sus actuaciones, y tras el estudio y análisis conjunto de quejas, la información oficial recibida y la evolución de la pandemia, el Defensor elaboró unas conclusiones que fueron publicadas en noviembre de 2020.

Para el Defensor, es necesario que las administraciones competentes mejoren la recopilación de datos y que elaboren estadísticas oficiales actualizadas sobre los recursos de atención residencial. En este sentido, ha celebrado la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de un censo completo y exhaustivo de los centros residenciales desde enero de 2021.

Otra de las conclusiones es que la asistencia sanitaria, bien en hospitales o en los propios centros residenciales no llegó a tiempo, lo que demuestra que “es preciso reforzar la coordinación de los centros residenciales con los servicios autonómicos de salud para mejorar el acceso a la atención médica”.

Por último, Fernández Marugán ha resaltado que también falló la propia organización de las residencias “poniéndose de relieve los problemas estructurales del modelo de atención a los mayores, en manos mayoritariamente de entidades privadas”. “Se llegó a la emergencia sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos y en muchos casos insuficientes”, ha apuntado.

Migraciones

Por otra parte, el Defensor ha abogado por hacer una reflexión de conjunto sobre el fenómeno migratorio en España y las posibles alternativas que se podrían adoptar para abordarlo adecuadamente.

Fernández Marugán ha asegurado que estas personas “vienen y van a seguir viniendo”, por lo que, a su juicio, deberíamos evaluar con urgencia, y de manera global, la regulación de los flujos migratorios. Así, ha señalado que “la mayoría de las naciones desarrolladas, con su población envejecida, requieren de mano de obra y los migrantes y refugiados, que necesitan un lugar seguro para vivir y trabajar, se la ofrecen”.

La Institución publicó en 2020 el informe monográfico La contribución de la inmigración a la economía española, que acreditaba que pocos colectivos son tan necesarios e importantes para el desarrollo de España como el de los migrantes. Para el Defensor “la migración no es solo un problema humanitario, es también una oportunidad de crecimiento”. Fernández Marugán ha lamentado que las políticas europeas sigan centrándose en el fortalecimiento de las fronteras frente a la migración, en lugar de buscar vías para facilitarla de forma consciente y ordenada.

Una vez más, el Defensor ha cuestionado el sistema de acogida español y ha reclamado un conjunto de políticas que eviten tener que tomar decisiones improvisadas, como las adoptadas a lo largo de 2020 en Canarias, que fueron denunciadas por la Institución en un informe monográfico. “El sistema es poco eficaz para ofrecer unas condiciones dignas de acogida a personas que han puesto en riesgo sus vidas con la esperanza de encontrar un futuro mejor”, ha señalado.

Por otra parte, Fernández Marugán ha valorado positivamente los distintos Planes África y el Plan Canarias aprobado en noviembre de 2020. Además, ha insistido en la necesidad de contar con un proyecto consensuado en la Unión Europea. “Ha llegado el momento de mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea”, ha asegurado.

El Defensor ha concluido afirmando que “necesitamos inmigrantes en la Unión Europea, pero no queremos que arriesguen sus vidas” y para ello ha apuntado “tenemos dos posibilidades: perpetuar el modelo actual de puerta estrecha, basado en un análisis irreal y contrario a nuestros intereses, o liderar dentro de Europa y con África una política migratoria ordenada, que es la que demanda el Siglo XXI. Creo que este último debería ser el buen camino”.

CEPYME crea la primera base de datos sobre morosidad de acceso público en el marco del Observatorio de la Morosidad

lunes, 4 de octubre de 2021

CEPYME crea la primera base de datos sobre morosidad de acceso público en el marco del Observatorio de la Morosidad

  • La Confederación da un nuevo impulso a su estrategia contra la Morosidad desarrollada desde 2010

Madrid, 23 de septiembre de 2021

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha presentado el Observatorio de la Morosidad, impulsado por la Comisión contra la Morosidad, presidida por Luis Collado, ante el previsible incremento que va a registrar la morosidad este año como consecuencia de la pandemia. Durante los últimos meses, Luis Collado ha dado un impulso a los trabajos y a las propuestas en el seno de esta Comisión, con el fin de seguir avanzando en la lucha contra la morosidad que CEPYME desarrolla desde hace varios años.

De esta forma, CEPYME quiere intensificar el seguimiento y el análisis en profundidad de la morosidad, tanto pública como privada, su evolución en los últimos meses y cómo está afectando a las empresas, en especial a las de menor dimensión. Desde 2010 la Confederación viene realizando un seguimiento permanente de la evolución de la morosidad, que ahora se refuerza con la creación de la primera base de datos sobre morosidad de acceso público, que facilita un modelo de seguimiento permanente de la evolución de la morosidad y contribuirá a adoptar las propuestas más adecuadas para combatir esta mala práctica comercial y evitar los daños que la misma ocasiona a las pymes.

El Índice Sintético CEPYME de Morosidad Empresarial que aporta el Observatorio de la Morosidad mide las fluctuaciones coyunturales de los retrasos de pago basándose en los indicadores simples del Período Medio de Pago y el porcentaje de los importes pagados fuera de plazo. En el segundo trimestre del año, el Indicador Sintético CEPYME de Morosidad Empresarial descendió ligeramente en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, la prevalencia de los retrasos en las cadenas de pago del tejido productivo nacional permaneció constante. Así, el porcentaje de facturas emitidas con retraso en pago se mantuvo en 68,7%, el mismo dato registrado durante el primer trimestre.

En unos meses tan difíciles como los que estamos viviendo desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, con caídas de la facturación y de la actividad empresarial desconocidas hasta la fecha, se ha incrementado el riesgo de que la morosidad vuelva a niveles elevados, con el consiguiente perjuicio para la financiación y la liquidez de las empresas que, en último caso, a quienes más afecta es a aquellas que cuentan con menores recursos, es decir, las pymes.
Como demuestran los últimos datos del Observatorio de la Morosidad, ésta se ha incrementado durante la pandemia, lo que perjudica especialmente a las pymes, acentuando además su pérdida de liquidez.

Durante los primeros seis meses de 2021 un 68’7% de las facturas, casi 7 de cada 10, registraron retraso en su pago. Y este retraso supuso un coste de financiación para las empresas que, en el primer trimestre del año, último dato registrado, se situó en los 1.472 millones de euros, una cifra un 3,5% por encima del nivel del primer trimestre del ejercicio anterior y la más alta desde 2013, cuando el coste financiero alcanzaba casi los 2.000 millones de euros.

Desde hace casi una década, CEPYME viene desarrollando una estrategia de sensibilización contra la morosidad comercial que padecen las pymes, dirigida al ámbito de las relaciones mercantiles entre las empresas y de éstas con las administraciones públicas.

El objetivo de esta estrategia, que ahora se ve reforzada con el Observatorio de la Morosidad de CEPYME, es contribuir a la progresiva reducción de los plazos de pago actuales, de acuerdo con los establecidos por la ley, promover la difusión de los instrumentos legales con los que cuentan los empresarios para controlar la morosidad, y fomentar las buenas prácticas que permitan extender la cultura del pago en los plazos acordados.

Las medidas excepcionales del Gobierno limitan la subida del precio del gas para hogares y pymes a un 4,3% frente al 35% previsto

lunes, 4 de octubre de 2021

Revisión de la TUR del 1 de octubre

Las medidas excepcionales del Gobierno limitan la subida del precio del gas para hogares y pymes a un 4,3% frente al 35% previsto

Miércoles 29 de septiembre de 2021

La Moncloa

El Gobierno ha limitado el impacto de las elevadas cotizaciones internacionales del gas en la Tarifa de Último Recurso (TUR), de modo que la factura anual, incluyendo los impuestos, sólo crecerá una media del 4,34%.

El Gobierno ha limitado el impacto de las elevadas cotizaciones internacionales del gas en la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que pueden acogerse pequeños consumidores, de modo que tras la revisión trimestral correspondiente a este 1 de octubre la factura anual, incluyendo los impuestos, sólo crecerá una media del 4,34%. Sin la actuación del Ejecutivo, el incremento de las facturas de hogares y pymes acogidas a la TUR hubiera sido del 34,91%.

Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO) con los nuevos valores de la TUR para los meses de octubre a diciembre. Son el resultado de aplicar el Real Decreto-ley 17/2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre, con el plan de choque para amortiguar el impacto de las cotizaciones internacionales del gas natural -se han multiplicado por cinco en el último año- en las facturas de electricidad y gas de los consumidores.

La TUR es una tarifa que pueden contratar consumidores conectados a las redes de gas natural de baja presión con un consumo anual inferior a 50.000 kWh; en la actualidad hay 1,5 millones de hogares y pymes acogidos a ella.

Hasta ahora la TUR se revisaba trimestralmente, de acuerdo con una fórmula matemática, siempre que el coste de la materia prima -el gas- experimentase una variación al alza o a la baja superior al 2% con relación al coste de la materia prima de la tarifa en vigor. Debido a la escalada de la cotización del gas en los mercados internacionales, el coste de la materia prima ha crecido un 130% con relación al tercer trimestre, lo que hubiera provocado un incremento medio de la factura anual de la TUR del 34,91% sobre la tarifa vigente desde el 1 de julio.

Para impedir este fuerte y súbito incremento, el RDL 17/2021 limita el impacto del coste la materia prima en la revisión de la TUR que entra en vigor este 1 de octubre al 35% del valor vigente. Como resultado, el incremento medio de la TUR se ha amortiguado al 4,34% durante este 2021.

Tres tipos de TUR


Por otro lado, este cuarto trimestre del año entra en vigor la nueva estructura de peajes fijada por la Circular 6/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que establece tres tipos de TUR en función del nivel de consumo anual: TUR 1, para menos de 5.000 kWh; TUR 2, entre 5.000 kWh y 15.000 kWh; y una nueva TUR 3, para consumos de 15.000 kWh a 50.000 kWh.

La limitación del peso de la materia prima en la fórmula de cálculo tiene el siguiente impacto en las tres TUR, incluyendo los impuestos:

TUR 1: la factura anual subirá un 0,91%; sin la limitación hubiera aumentado un 25,8%.


TUR 2: la factura anual subirá un 4,4%; sin la limitación hubiera aumentado un 36,1%.


TUR 3: la factura anual subirá un 10,6%; sin la limitación hubiera aumentado un 47,6%.


En la siguiente revisión de la TUR, correspondiente al 1 de enero, el incremento de la materia prima se limitará al 15%. En las revisiones trimestrales posteriores, ya con expectativas de una cotización internacional del gas normalizada, se irá absorbiendo poco a poco la deuda que se haya generado hasta la fecha. Así, se mantendrá el límite del 15% del incremento de la materia prima hasta que haya desaparecido dicha deuda, momento en el que volverá a aplicarse el límite habitual del 2%.

Por lo tanto, la actualización de la TUR, aplicando las medidas excepcionales del RDL 17/2021 atenúa el impacto del coste del gas natural para los consumidores, en especial aquellos más vulnerables, en un período que coincide con un aumento del consumo por la llegada del invierno.

Las Instituciones Europeas coorganizan con el Gobierno de España los Diálogos sobre el Futuro para reflexionar sobre oportunidades y desafíos de la era post-COVID

lunes, 4 de octubre de 2021

20 septiembre 2021

Las Instituciones Europeas coorganizan con el Gobierno de España los Diálogos sobre el Futuro para reflexionar sobre oportunidades y desafíos de la era post-COVID

Comisión Europea

· La inauguración tendrá lugar hoy, 20 de septiembre, en Sevilla con la participación del comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn

· Los Diálogos pasarán por 17 ciudades españolas a lo largo de los próximos tres meses con el objetivo, entre otros, de estimular el debate y recabar ideas para la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Diálogos sobre el Futuro es una iniciativa del Gobierno de España, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 60 instituciones públicas (ayuntamientos, gobiernos autonómicos, fundaciones y universidades) que quiere contribuir a reflexionar sobre las oportunidades y desafíos que traerá el mundo post-COVID.

Este lunes, 20 de septiembre, da comienzo en Sevilla la iniciativa Diálogos sobre el Futuro, con la participación del comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, además de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. En este primer debate, bajo el título de “El futuro de las empresas”, se analizarán retos y oportunidades de las empresas en un mundo post-covid y cómo los fondos europeos pueden ayudar a aprovecharlos.

Los Diálogos tendrán lugar entre septiembre y noviembre de este año en 17 ciudades de las 17 Comunidades Autónomas con diferentes temáticas en cada ocasión. En total, 40 jornadas de mesas redondas, talleres y reuniones de alto nivel en las que participarán más de 500 ponentes y todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran intervenir de forma presencial o remota.

El objetivo que se han marcado las instituciones participantes, entre las que se encuentran el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, es el de enriquecer el debate público y ofrecer la posibilidad a la ciudadanía y a los actores sociales de participar directamente en la conversación sobre el futuro de España y de Europa.

Los Diálogos se retransmitirán online y las ideas expresadas en los mismos se incorporarán a la plataforma digital multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que alimentará todo el proceso de reflexión de los Paneles Ciudadanos y el Plenario de la Conferencia para finalmente dar lugar a unas conclusiones que se presentarán en primavera de 2022 a las instituciones europeas.

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La CNMC sanciona a varias empresas dedicadas a la gestión de archivos y servicios de documentación por manipular licitaciones públicas

lunes, 4 de octubre de 2021

La CNMC sanciona a varias empresas dedicadas a la gestión de archivos y servicios de documentación por manipular licitaciones públicas

22 Septiembre 2021

Competencia

◦Las prácticas se desarrollaron a través de varios cárteles entre 2016 y 2019.

◦El Ministerio de Defensa, el de Fomento y el Centro Nacional de Arte Reina Sofia fueron algunas de las administraciones afectadas.


◦Desde 2015, la normativa establece que la administración debe contar con archivos electrónicos y cumplir el objetivo de “cero papel”.

La CNMC ha sancionado con un total de 161.855 euros a cuatro empresas dedicadas a la prestación de servicios de biblioteca y gestión de archivos y documentos, por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), constitutiva de cártel. (S/0025/19/ Gestión de archivos)

En octubre de 2019, la CNMC inició un sancionador (nota de prensa) contra Bibliodoc Servicios Documentales, S.L., Pandora Gestión Documental, S.L., Libnova, S.L. y contra Dª Salomé Lendínez Ramírez por posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones públicas para gestionar los servicios de archivo y documentación de varias administraciones.

La Comisión ha acreditado que el “modus operandi” utilizado por estas empresa cuando se presentaban a los concursos para la adjudicación de contratos menores (y, en menor medida, procedimientos negociados y abiertos) supuso una manipulación de las licitaciones.

Entre otros, las empresas intercambiaron información sensible entre ellas y determinaron previamente los precios que incluían en las ofertas, comportamientos determinantes en la adjudicación de los contratos. Además, se ha verificado la solicitud y aceptación de ofertas de cobertura ficticias entre las empresas.

Prácticas dañinas para la sociedad

Este tipo de prácticas son especialmente dañinas para la sociedad porque impiden competir a otras empresas en igualdad de condiciones, cuando se presentan a los concursos públicos, y encarecen los servicios que contrata la administración con el consiguiente impacto en el erario público y en los ciudadanos como contribuyentes.

Entre las administraciones afectadas se encuentran: el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento, el Centro Nacional de Arte Reina Sofia, el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, la Biblioteca Regional de Madrid y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

Duración de los cárteles y sanciones

Una vez instruido el expediente, la CNMC ha acreditado que las empresas Bibliodoc y Libnova participaron en una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, durante los años 2016 a 2019.

Por su parte, las empresas Bibliodoc y Pandora participaron en una infracción del artículo 1 de la LDC constitutiva de cártel, durante los años 2018 y 2019, mientras que las empresas Alacaja y Pandora participaron en un acuerdo bilateral constitutivo de cártel en 2018.

En los tres casos se trata de infracciones calificadas de muy graves, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.4 de la LDC.

En consecuencia, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones:

  • Bibliodoc Servicios Documentales, S.L.: 65.254 euros
  • Libnova, s.l.: 75.250 euros.
  • Pandora Gestión Documental, S.L.: 20.351 euros.
  • Dª Salomé Lendínez Ramírez (Alacaja): 1.000 euros.

La CNMC acuerda remitir esta resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos de la prohibición de contratar recogida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público.

La CNMC encarga a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento íntegro de esta resolución.

Asimismo, se recuerda que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.