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Archivo del 9 de octubre de 2021

En el Thyssen. Madrid

sábado, 9 de octubre de 2021

Un juzgado Penal de Mataró solicita tipificar la “violencia económica” como modalidad de violencia de género

sábado, 9 de octubre de 2021

Viernes, 8 de octubre de 2021

Un juzgado Penal de Mataró solicita tipificar la “violencia económica” como modalidad de violencia de género


La magistrada eleva exposición razonada al Gobierno central para que estudie la tipificación

Autor Comunicación Poder Judicial

La magistrada del penal 2 de Mataró eleva exposición razonada al Gobierno central para que estudie esta tipificación y la incluya en el Código Penal y establezca cláusulas de responsabilidad civil que «permitan una reparación integral del daño causado a las víctimas» cuando se produce impago de pensiones alimenticias de manera reiterada.

A raíz de un juicio por impago de pensión alimenticia en un procedimiento de divorcio, la magistrada considera que en el caso concreto que ella resuelve en sentencia, en la que condena a 11 meses de prisión por un delito de abandono de familia, en su modalidad de impago de pensiones, además de una indemnización de 7.375 euros, correspondientes a los períodos de pensiones impagadas entre septiembre de 2014 y julio de 2019, «Los hechos enjuiciados tienen además un contexto específico de violencia de género que no puede pasarnos desapercibido a la hora de realizar una valoración de la prueba”.

Se trata de un caso donde el demandado ha sido condenado hasta dos veces por delitos relacionados con el procedimiento de violencia sobre la mujer. Es por ello que la magistrada considera que: «Existiendo este contexto de violencia sobre la mujer, y existiendo en el núcleo familiar dos menores se tramitó sin embargo el procedimiento de familia con la pátina de un “divorcio de mutuo acuerdo”, que supone procesalmente un acuerdo de voluntades de ambas partes para la regulación de los aspectos personales y patrimoniales derivados de la crisis familiar, incluido el establecimiento de una pensión alimenticia y un régimen de visitas, que obligaba a XXX a contribuir y a corresponsabilizarse junto a la madre –respectivamente- con el sostenimiento y cuidado de su hija menor XXX.(…)

El rastro de violencia de género que sí existía determina una situación “asimétrica” entre las partes que cuestiona la verdadera posibilidad negociadora que realmente pudo tener la Sra. XXX a la hora de acordar con el sr.XXX un convenio regulador, que invisibilizó por completo un contexto de violencia por la sola razón de tramitarse como un divorcio de “mutuo acuerdo”.

Por este motivo, la magistrada plantea en la sentencia, en una exposición razonada al Gobierno de España, la propuesta de regulación dentro del Código Penal de la «violencia económica» como una modalidad dentro de la violencia de género, y solicita el establecimiento de cláusulas de responsabilidad civil que permitan una reparación integral del daño causado a las víctimas.

En esta exposición, la magistrada hace un análisis detallado de lo que, a su juicio, significa violencia económica y en qué situaciones y contextos se puede producir:

“Consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y/o de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer. (…)

La violencia económica, se lleva a cabo controlando el acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo la capacidad de las mujeres para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos y sus hábitos de vida previos, dependiendo financieramente del marido/pareja/ex y socavando sus posibilidades de escapar del círculo de abuso. (…)

Afecta por tanto la violencia económica tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos respecto del padre y da a este un instrumento de poder que los deja a merced de sus decisiones. “

(…)

“Se presenta la violencia económica como un fenómeno complejo, que puede actuar aisladamente o, de hecho es frecuente que lo haga, en conexión con otros actos violentos, y sus consecuencias son también complejas y más graves de lo que pudiera parecer a simple vista. Tiene un fuerte impacto sobre la salud mental y el bienestar psicológico de las mujeres, especialmente cuando las mujeres son víctimas además de otras formas de violencia de género y puede condicionar el bienestar y desarrollo emocional y educativo de las/os hijas/os. Una de las consecuencias más graves es la creación de una dependencia económica de la víctima hacia su agresor que termina afectando a la capacidad de la víctima para generar recursos financieros y adquirir autosuficiencia económica, para sí y para sus hijas/os, y condiciona en muchas ocasiones su decisión de denunciar o de mantenerse en el ejercicio de acciones penales contra el perpetrador”. (…)

La violencia económica se puede dar durante las relaciones de pareja, de manera exclusiva o en combinación con otras formas de violencia, a través del “control” de las cuentas, a través de la llamada “explotación” económica de la mujer que se puede ver privada de la disponibilidad de su propio sueldo u obligada a trabajar en la empresa familiar sin derecho a salario ni prestaciones sociales, y el llamado “sabotaje” laboral que frena las expectativas laborales de la mujer mediante la imposición de tareas de cuidado y roles asociados al sexo femenino y a la maternidad. Y también se puede dar después de rota la relación de pareja, bien como continuación de la ejercida de manera única o en combinación con otras formas de violencia, bien de manera autónoma, en ambos casos cuando se constituye judicialmente un vínculo entre las partes respecto de las cargas hipotecarias del domicilio familiar u otras deudas adquiridas constante el matrimonio o las pensiones alimenticias y resto de las/os hijas/os o las, que de facto, constituye un instrumento idóneo para seguir sometiendo y controlando a las mujeres.”

La magistrada, según la previsión legal oportuna, remitió la exposición razonada al Ministerio de Justicia.

Marugán recibe a los afectados por la venta de viviendas sociales por la EMVS

sábado, 9 de octubre de 2021

Marugán recibe a los afectados por la venta de viviendas sociales por la EMVS

07/10/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recibido en la sede de la Institución a representantes de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas sociales por la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) que han querido trasladar al Defensor la situación en la que se encuentra su caso.

En octubre de 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendió 18 promociones inmobiliarias —donde había 1.860 viviendas públicas— a fondos de inversión. Muchos de los inquilinos de estas casas, en las que residían de alquiler, tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque, se les impidió ejercerlo.

Transcurridos ocho años, los afectados por esta venta, encabezados por la presidenta de la Asociación que les representa, Arantzazu Mejias, han explicado al Defensor que están en proceso de llegar a un acuerdo con el fondo que compró estas viviendas para que les vendan los pisos a precios inferiores a los del mercado.

Fernández Marugán ha recibido con satisfacción esta noticia y considera que esta puede ser una vía para resolver un problema que ha generado graves perjuicios a numerosas familias.

1 de cada 7 adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado

sábado, 9 de octubre de 2021

1 de cada 7 adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado

Dina tiene 14 años y está gestionando sus sentimientos de ansiedad y estrés con la ayuda de un psicólogo. Esta es su historia.


Estado Mundial de la Infancia: salud mental.

UNICEF

05/10/2021

Dina es una niña de 14 años. Le gusta plantar árboles, ocuparse del jardín y bailar, aficiones que desarrolla con total naturalidad en su casa. Sin embargo, en el instituto las cosas son más difíciles, y su relación con otros adolescentes es estresante: los ve muy diferentes a ella, con gustos muy distintos, y eso complica la interacción.

Afortunadamente, Dina tuvo la oportunidad de gestionar sus sentimientos de estrés y ansiedad con la ayuda de una psicóloga. De la mano de esta profesional, aprendió a expresar abiertamente sus pensamientos y ahora siente que puede salir adelante.

En el año 2020, Dina conoció a su psicóloga en el Programa de Promoción de la Salud Mental y Prevención del Suicidio para Adolescentes en Kazajstán, donde vive. Esta profesional, que trabaja en su escuela, cuenta que era una niña muy reservada y tenía problemas con su familia.

El programa en el que participa Dina fue creado en 2015, con el apoyo de UNICEF, para dar respuesta a una grave preocupación en el ámbito de la salud pública en Kazajstán: el suicidio entre los jóvenes. Y desde su creación, ha mostrado resultados relevantes en cuanto al descenso de la idea del suicidio y la disminución de la ansiedad, la depresión y el estrés.

Como Dina, un número importante de niños y adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo, 1 de cada 7, ya ha sido diagnosticado con algún problema de salud mental. Así lo pone de manifiesto nuestro informe Estado Mundial de la Infancia 2021, En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia, que supone un completo análisis realizado por UNICEF sobre la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y cuidadores.

La COVID-19 deja huella en la salud mental de los niños y jóvenes
El último año y medio ha sido muy largo, todos recordaremos el paso de la pandemia de COVID-19 por nuestras vidas, especialmente los niños y niñas. Los confinamientos y las restricciones de movimiento han provocado cambios en las rutinas de los niños, que han pasado mucho tiempo lejos de la familia, los amigos, las aulas y los lugares de recreo, muy importantes durante la infancia.

Esta alteración de su vida diaria, así como la preocupación de las familias por los ingresos y la salud, hacen que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación por su futuro. Según los últimos datos de UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños y niñas se ha visto directamente afectado por los confinamientos en todo el mundo, mientras que más de 1.600 millones de niños han sufrido alguna pérdida en su educación.

Los efectos de la COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar emocional de los niños y los jóvenes podrían prolongarse durante muchos años. Aunque, como revela este estudio, incluso antes de la COVID-19 la infancia y la juventud ya sufrían problemas de salud mental sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos.

La inversión en salud mental es clave
Cada año casi 46.000 adolescentes se suicidan, una de las cinco principales causas de muerte para este grupo de edad.

Pese a ello, los gobiernos están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales de los niños y adolescentes. No se está dando suficiente importancia a la relación entre la salud mental y las consecuencias que se producen más adelante en la vida.

Nuestro informe Estado Mundial de la Infancia concluye que tan solo alrededor del 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental en todo el mundo.

A más largo plazo, esto tiene un coste para la sociedad. Los problemas mentales diagnosticados, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, autismo, trastorno bipolar, trastorno de la conducta, depresión, trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia, pueden perjudicar considerablemente la salud, la educación, las condiciones de vida y la capacidad para obtener ingresos de los niños y los jóvenes.

¡El impacto en la vida de los niños y adolescentes es incalculable!

La salud mental de los niños y adolescentes en España
Estado Mundial de la Infancia: salud mental.
El impacto de la pandemia en la salud mental y el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes que viven en España es innegable, aunque si cuentan con el entorno y las herramientas adecuadas, la mayoría serán capaces de normalizar sus vidas y tener una evolución positiva.

Sin embargo, es fundamental atender a los grupos especialmente vulnerables, como quienes ya tenían algún problema de salud mental antes de la pandemia, las víctimas de violencia, los que han sufrido aislamiento, separaciones y/o duelos debido a la COVID-19, los que están en riesgo de pobreza infantil o en familias en situación de desempleo y los niños migrantes y solicitantes de asilo.

En España también está muy presente el estigma asociado a los problemas de salud mental, si bien los propios niños y adolescentes están empezando a hablar cada vez más abiertamente de cómo se sienten y de sus necesidades.

España necesita una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia
Para acabar con este tabú, así como para garantizar una atención adecuada y especializada a la salud mental de los niños en nuestro país, desde UNICEF España recordamos que es necesario contar con una Política Nacional de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia y pedimos que se implemente cuanto antes.

Es indispensable crear un grupo permanente de infancia y salud mental que aborde las principales cuestiones que afectan a la salud mental y el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes. Además, deben aumentar los recursos especializados y los canales a través de los cuales los jóvenes puedan ser escuchados.

En palabras de nuestra directora ejecutiva, Henrietta Fore: “la salud mental forma una parte integral de la salud física; no podemos permitirnos seguir considerándola de otra manera (…) Hemos observado que, durante demasiado tiempo, tanto en los países ricos como en los pobres, no se han hecho los esfuerzos suficientes para comprender esta cuestión e invertir en ella, a pesar de que desempeña un papel fundamental para el potencial de todos los niños”. ¡Esto tiene que cambiar!

*Dina es un nombre ficticio para proteger su identidad.

Coronavirus: 1,2 millones de euros para ayudar a 300 trabajadores despedidos del sector metalúrgico vasco

sábado, 9 de octubre de 2021

7 octubre 2021

Coronavirus: 1,2 millones de euros para ayudar a 300 trabajadores despedidos del sector metalúrgico vasco

Comisión Europea

La Comisión propone que se preste ayuda a 300 antiguos trabajadores del sector metalúrgico en el País Vasco español que perdieron su empleo debido a la pandemia de COVID-19. Los 1,2 millones de euros propuestos con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) los ayudarán a encontrar un nuevo empleo gracias a más educación o formación o a crear su propia empresa. Se trata de la primera aplicación del FEAG con arreglo al nuevo Reglamento para el período 2021-2027.

El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha declarado: «La crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha afectado duramente a muchas personas e industrias. La UE demuestra hoy su solidaridad con 300 antiguos trabajadores del sector metalúrgico del País Vasco español al facilitar 1,2 millones de euros con cargo al FEAG. Este dinero ayudará a los trabajadores afectados a encontrar nuevos puestos de trabajo gracias a la obtención de cualificaciones adicionales o a crear su propia empresa. En tiempos de crisis, reviste la máxima importancia que invirtamos en las personas».

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, un tercio de todas las empresas que fabrican productos metálicos en España sufrió en 2020 una disminución de entre el 30 % y el 50 % tanto de la producción como del volumen de negocios, en comparación con el año anterior. Gracias al FEAG, 300 trabajadores despedidos de empresas vascas de este sector recibirán una ayuda activa específica en el mercado laboral para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

Los 1,2 millones de euros de ayuda con cargo al FEAG ayudarán a las autoridades vascas a financiar medidas que van desde la orientación profesional y el apoyo individualizado a la búsqueda de empleo, hasta la adquisición de capacidades nuevas o adicionales, la formación profesional y en el puesto de trabajo y ayudas a la creación de une empresa propia. La formación también contribuirá a mejorar las competencias digitales y, por tanto, a la transición digital en la industria metalúrgica. Los participantes podrán recibir dietas para participar en estas medidas de apoyo.

El coste total estimado de las medidas de apoyo asciende a 1,4 millones de euros, de los cuales el FEAG cubrirá el 85 % (1,2 millones de euros). El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) sufragará el importe restante. Lanbide ya ha empezado a ofrecer apoyo a los trabajadores despedidos.

La propuesta de la Comisión requiere la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo.

Contexto
En el segundo trimestre de 2020, España introdujo estrictas medidas de confinamiento necesarias para contener la pandemia de COVID-19. Esto tuvo una incidencia considerable en la actividad y el volumen de negocios de las empresas del sector de la fabricación de productos metálicos, con consecuencias negativas para su liquidez y el empleo.

En el País Vasco, el sector de la fabricación de productos metálicos representa alrededor de la cuarta parte del valor añadido bruto de la industria. El desempleo en esa región, especialmente en el sector metalúrgico, empezó a aumentar drásticamente en marzo de 2020. En agosto de 2020, el número de personas desempleadas había aumentado un 25 % con respecto a seis meses antes. La pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial ha sido mayor que en todos los demás sectores.

En este contexto, las autoridades regionales prevén que, a menos que reciban ayuda adicional y personalizada, los trabajadores despedidos tendrán en su mayoría grandes dificultades para encontrar nuevos puestos de trabajo, especialmente los trabajadores de más edad y aquellos con un bajo nivel educativo.

De conformidad con el nuevo Reglamento del FEAG 2021-2027, el Fondo sigue apoyando a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia cuya actividad se ha perdido. Las nuevas normas permiten apoyar a más personas afectadas por reestructuraciones: todos los tipos de reestructuraciones importantes e inesperadas pueden optar a la ayuda, también por los efectos económicos de la crisis de la COVID-19, además de por las tendencias económicas más amplias, tales como la descarbonización y la automatización. Los Estados miembros pueden solicitar financiación de la UE cuando al menos 200 trabajadores pierdan su empleo en un período de referencia dado.

Desde 2007, el FEAG ha facilitado unos 652 millones de euros en 166 casos y ofrecido ayuda a más de 160 000 trabajadores y a más de 4 400 jóvenes sin empleo, estudios ni formación en veinte Estados miembros. Las medidas financiadas por el FEAG se añaden a las medidas activas del mercado laboral nacionales.

Bolaños: «Es esencial poner en valor lo público, que es lo que responde cuando más lo necesitamos»

sábado, 9 de octubre de 2021

Bolaños: «Es esencial poner en valor lo público, que es lo que responde cuando más lo necesitamos»

Viernes 1 de octubre de 2021 La Moncloa

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha presidido, junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma.

El ministro Bolaños ha valorado de forma positiva esta primera reunión formal de la Comisión, a la que han asistido también el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, y los alcaldes y alcaldesa de los municipios afectados. Además, han participado por videoconferencia la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Ha sido una reunión productiva, intensa, de lealtad plena y en la que todos hemos tenido claro que lo prioritario es ayudar a todos los ciudadanos de La Palma que han sufrido las consecuencias del volcán», afirmó el ministro.

Durante el encuentro, el Gobierno ha reiterado su compromiso absoluto con la reconstrucción de la isla y su voluntad de acompañar en todo momento a las personas que están sufriendo y lo han perdido todo. «Queremos que no empiecen desde cero, acompañarles desde el Gobierno de España, desde todas las administraciones, y facilitarles su proyecto de vida», declaró Bolaños.

De este modo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará de nuevo el domingo a La Palma para conocer de primera mano cuáles son las circunstancias provocadas por la lava, el volcán, y acompañar a las personas que lo están pasando mal. En este sentido, el ministro de la Presidencia ha destacado la importancia de que el Ejecutivo conozca de primera mano lo que está pasando en la isla porque «eso es hacer país».

Colaboración entre administraciones
Bolaños ha puesto en valor la colaboración de las distintas administraciones públicas en la reconstrucción de La Palma, que permitirá a los palmeros y palmeras estar tranquilos. En este sentido, el ministro ha explicado que el Gobierno está escuchando las propuestas de los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno canario para acompañar todo el trabajo que se está desarrollando.

Así, lo primero está siendo ayudar a quienes se han quedado sin vivienda y sin nada, acompañándoles en la reconstrucción de sus proyectos vitales. Para ello, el último Consejo de Ministros aprobó 10,5 millones de euros que en los próximos días estarán a disposición del Gobierno canario.

Bolaños ha resaltado que «es esencial poner en valor lo público, que es lo que responde cuando más lo necesitamos», como en esta catástrofe o con la pandemia. Por ello, administraciones de tres niveles diferentes están buscando soluciones con «urgencia», máxima «cooperación» y «lealtad institucional».

«Seguimos trabajando para adoptar medidas que se adapten a las circunstancias de La Palma», ha reiterado el ministro, quien ha dejado claro que el Gobierno estuvo en la fase de prevención, está en la de emergencia y seguirá en la de reconstrucción: «Hasta el último día estaremos acompañando a las personas que han sufrido y lo están pasando mal», afirmó.

El Gobierno pide a la Comisión Europea la consideración de los cítricos como producto «muy sensible» frente a las importaciones de países terceros

sábado, 9 de octubre de 2021

Mediante carta dirigida a la Comisión Europea

El Gobierno pide a la Comisión Europea la consideración de los cítricos como producto «muy sensible» frente a las importaciones de países terceros

Jueves 30 de septiembre de 2021

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han solicitado a la Comisión Europea la consideración de los cítricos como producto «muy sensible» frente a las importaciones de países terceros, instando a que no haya concesiones adicionales.

Ante la próxima revisión del acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea (UE) y la comunidad para el desarrollo del África Meridional, entre los que se encuentra la República de Sudáfrica, ambos ministros han dirigido una carta conjunta a los comisarios de Agricultura, Janusz Wojciechowski; comercio, Valdis Dombrovskis, y de Sanidad, Stella Kyriakides.

En la misiva Planas y Maroto han recordado que la producción española está sujeta al exigente modelo comunitario de producción y que debido a la ausencia de reciprocidad en los acuerdos comerciales, «la próxima revisión del acuerdo no debe ofrecer concesiones adicionales a las importaciones de cítricos».

La producción y la exportación española de cítricos tienen una importancia crucial para el sector agroalimentario en su conjunto e incide de manera directa en las economías rurales de las zonas de producción.

Desde la firma del acuerdo, Sudáfrica ha incrementado notablemente sus exportaciones a la UE, además ha aumentado su potencial productivo citrícola y ampliado su periodo de producción, situación que pone en riesgo la complementariedad en la comercialización que le otorgaba su ubicación en el hemisferio sur.

Con motivo del dictamen reciente de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), el ministro Planas dirigió también a primeros de este mes una carta a la comisaria Kyriakides solicitando a la Comisión que se mantuviera vigilante con las condiciones fitosanitarias para introducir cítricos en el territorio de la UE.

En la misiva el ministro señala que, a tenor del resultado científico del informe de la EFSA, las medidas establecidas por Sudáfrica para prevenir la entrada de la polilla del naranjo (Thaumatotibia leucotreta) «no son suficientes y, además, no se aplican correctamente».

Pide a la CE que revise el sistema de control y se sustituya por un sistema basado en el tratamiento de frío como requisito para las importaciones de cítricos desde países en donde se encuentre la plaga.

El sector citrícola de España representa, con 2.500 millones de euros anuales de media, el 4,9 % de la producción de la rama agraria en España y el 32,5 % de la de fruta. Los citricultores españoles cosechan el 60 % de la producción total comunitaria, lo que sitúa a España como principal productora de cítricos de la UE y quinta del mundo.