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Archivo del 11 de octubre de 2021

Ciencias. El Retiro

lunes, 11 de octubre de 2021

CEOE advierte de que los Presupuestos aplazan el saneamiento de las finanzas públicas y aumentan la presión fiscal

lunes, 11 de octubre de 2021

CEOE advierte de que los Presupuestos aplazan el saneamiento de las finanzas públicas y aumentan la presión fiscal

Madrid, 8 de octubre de 2021

En una primera valoración inicial de las cifras presentadas por el Ejecutivo, y a la espera de conocer el contenido del texto en profundidad, CEOE advierte de que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, aprobado ayer en Consejo de Ministros, aplaza el saneamiento de las finanzas públicas y supone unaumento de la presión fiscal.

CEOE considera que el Gobierno debería ser más prudente en sus previsiones macroeconómicas, ya que ha mantenido un crecimiento del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022 pese al comportamiento de la economía en el segundo trimestre, que ha enfriado las expectativas acerca de la intensidad de la recuperación en 2021.

Asimismo, estos PGE aumentan la presión fiscal sobre el ahorro y las empresas, cuando la presión fiscal empresarial en España es 1,5 puntos superior a la de la UE (11,1% del PIB frente al 9,6%) y la recaudación procedente de las empresas españolas equivale al 31,9% del total de ingresos, frente al 24,6% del promedio europeo.
En este contexto, la introducción de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades va a perjudicar a las empresas más internacionalizadas y que, además, realizan un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo.

Asimismo, el Gobierno establece una nueva reducción del importe máximo de las aportaciones a planes de pensiones que son deducibles en el IRPF, que se suma a la realizada el año pasado y que, a juicio de CEOE, es una medida totalmente desafortunada y va en sentido contrario a las adoptadas por los países de nuestro entorno.

En cuanto al gasto, el proyecto de PGE para 2022 lo sitúa en niveles máximos en muchas partidas, algo que no se justifica en un contexto de recuperación económica y máximos históricos de deuda pública.

Creemos que esta expansión del gasto público compromete la sostenibilidad de las finanzas a medio y largo plazo e hipoteca a futuro la capacidad estabilizadora de la política fiscal.
En materia de gasto, CEOE considera que, en un contexto económico como el actual, se debería apostar decididamente por el apoyo a las actividades económicas, y recuerda que la generación de empleo es en sí misma también una política social.

El crecimiento del gasto público estructural puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro. Los niveles de déficit público previstos (5% del PIB) están todavía alejados de los estándares de referencia marcados por Europa (3% del PIB). CEOE considera que la estrategia de reconducción del déficit público debe pasar por una mayor eficiencia en la gestión del gasto público antes que por incrementar los ingresos vía impuestos.

En definitiva, entendemos que, aunque se haya iniciado el proceso de reactivación, cualquier reforma de calado, entre ellas la fiscal, debe huir de buscar resultados a corto plazo. CEOE ve acuciante diseñar una estrategia de consolidación presupuestaria a medio plazo que evite subidas fiscales e incluya medidas que mejoren la eficiencia del gasto público. El objetivo debe ser estimular y sentar las bases para potenciar un crecimiento a largo plazo, estable y duradero, mejorando la productividad, aumentando la tasa y calidad del empleo y corrigiendo los importantes desequilibrios de nuestra economía para fortalecer la estructura productiva.

Los ciudadanos no tendrán que declarar las ayudas a la rehabilitación, según los Administradores de Fincas de Madrid

lunes, 11 de octubre de 2021

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre

Los ciudadanos no tendrán que declarar las ayudas a la rehabilitación, según los Administradores de Fincas de Madrid

✓ Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal y se establece el acuerdo por mayoría simple de los propietarios, para realizar obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética o la implantación de fuentes de energía renovable.

Madrid, 07 de octubre de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Decreto modifica la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960, de 21 de julio, la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -Real Decreto Legislativo 7/2015-, y recoge algunas de las propuestas que en materia fiscal ha realizado el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) a través de su Consejo General (CGCAFE).

Entre estas medidas, se declaran exentos los importes percibidos por algunas ayudas, entre otras, las de eficiencia energética, por lo que las subvenciones que se concedan a las comunidades de propietarios no se considerarán como renta a efectos impositivos.
Para Isabel Bajo, presidenta del CAFMadrid y vicepresidenta del CGCAFE, “se trata de una reivindicación histórica de los administradores de fincas colegiados. Hasta ahora una de las obligaciones de los propietarios en su declaración de la renta era señalar los ingresos que les hubiera correspondido por recibir alguna subvención por rehabilitación. Por eso desde el Colegio de Madrid solicitamos hace meses a la Administración que estas ayudas que llegan vía fondos europeos para la rehabilitación energética, no se tuvieran que declarar tal y como recoge la Ley de Subvenciones”.

Cambios en la Ley de Propiedad Horizontal

Otra de las medidas contempladas en el Real Decreto es la flexibilización en la adopción de acuerdos en las comunidades de propietarios. Para la realización de las obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable, será suficiente el voto por mayoría simple de los propietarios. La misma mayoría será necesaria para solicitar las ayudas y formas de financiación para tales obras.

“Esta nueva modificación de parte del articulado de la Ley de Propiedad Horizontal facilitará la toma de decisiones para rehabilitar el parque residencial, pero es necesario una nueva Ley que resuelva los problemas actuales y de futuro de las comunidades de propietarios, que simplifique el régimen de adopción de acuerdos y contribuya a mejorar la convivencia entre los vecinos”, señala Bajo.

Deducciones en el IRPF e Impuesto de Sociedades

Asimismo, los administradores de fincas colegiados siempre han planteado la necesidad de establecer deducciones fiscales como una buena forma de incentivar las obras de rehabilitación.

La norma recoge tres tipos de deducciones (del 20%, del 40% y del 60%) en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. EL CGCAFE considera positivas las medidas fiscales que se establecen y que recogen algunas de las propuestas realizadas por los administradores de fincas colegiados, que entienden que estas deducciones serán muy efectivas para que las comunidades de propietarios aprueben obras de rehabilitación energética.

Los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y su Consejo General -CGCAFE-, han mantenido diversas reuniones con miembros del Gobierno y de los distintos Grupos Parlamentarios y departamentos Ministeriales para presentarles sus propuestas para la aprobación de una nueva Ley de Propiedad Horizontal, ya que las distintas reformas que se han ido produciendo no han logrado el objetivo que se pretendía de ofrecer soluciones a las problemáticas actuales de las comunidades de propietarios.

Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, “los administradores de fincas colegiados han logrado que se acepten bastantes de sus propuestas, que se han visto recogidas en distintas normativas, pero considera que la solución pasa por aprobar una nueva Ley de Propiedad Horizontal que dé respuesta a lo que demandan los ciudadanos que viven en comunidad, porque reformas parciales de la norma siguen generando inseguridad jurídica a las comunidades de propietarios y no resuelvan los problemas del día a día de su gestión”.

Consumo aumenta un 20,36% su presupuesto, que reforzará la vigilancia sobre el juego y modernizará la protección en Internet

lunes, 11 de octubre de 2021

Presupuestos Generales del Estado 2022

Consumo aumenta un 20,36% su presupuesto, que reforzará la vigilancia sobre el juego y modernizará la protección en Internet

Jueves 7 de octubre de 2021

El Ministerio de Consumo incrementa un 20,36% su presupuesto en 2022 y se sitúa en 57,18 millones de euros, casi 10 millones más que en el presente ejercicio.

Así lo recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que ya ha sido remitido a Cortes Generales. Estas dotaciones se ven incrementadas en 8,57 millones de euros, que se corresponden con los fondos asignados a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia al Ministerio de Consumo. Las principales partidas de gasto que el Gobierno incrementa para Consumo son las relacionadas con los mecanismos de inspección del juego online y de lucha contra la ludopatía, así como inversiones en la modernización y promoción del sistema de arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y empresas.

Por tanto, la competencia que experimenta un mayor aumento en el presupuesto es la de regulación del juego online, con un 66,08% con respecto a 2021. Si se añade a este crecimiento las inversiones procedentes de fondos europeos de recuperación, el incremento de inversiones para la vigilancia y control del mercado del juego y apuestas que asciende hasta el 110,11%. Las principales partidas beneficiadas están relacionadas con las nuevas normativas que el Ministerio de Consumo está desarrollando y que fortalecen la capacidad de vigilancia, control y sanción sobre el mercado de apuestas y juego online. Además, las inversiones en campañas para la prevención de la ludopatía ascenderán hasta los 1,5 millones de euros.

Otra de las partidas relacionadas con la protección de personas con trastorno del juego es la financiación de la interconexión de los registros de personas autoprohibidas. En el 2022 está prevista la coordinación de los registros que, en este momento, controlan de forma independiente las CCAA y el Gobierno central. A través de convenios, ministerio y comunidades avanzan ya en la unificación de estos registros para que una persona con trastorno del juego quede excluida tanto del juego presencial como del entorno online en todo el territorio nacional.

Defensa de consumidores y usuarios
En cuanto a las políticas de protección de consumidores, destaca el incremento de los fondos destinados al desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo. Este mecanismo extrajudicial para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas aumenta su inversión un 50%, que Consumo reparte entre CCAA, ayuntamientos y diputaciones provinciales. En 2022 tendrá gran peso presupuestario la promoción de este sistema arbitral, que es más beneficioso para los consumidores que el trámite judicial y que, además, ayuda a minimizar los conflictos con empresas que se elevan a la justicia.

Otro de los proyectos estratégicos del Ministerio de Consumo para 2022 tiene que ver con el aumento del comercio online y las políticas de vigilancia del mercado de compras en Internet. Para ello, Consumo invertirá medio millón de euros en la puesta en marcha del Observatorio de Internet, que tendrá como fin combatir los fraudes en el entorno digital. De esta forma, Consumo inicia un proyecto de apoyo a las autoridades autonómicas de vigilancia de mercado e incorporará, además, un gestor online de consultas y reclamaciones de consumidores para el comercio en Internet.

Consumo de proximidad y sostenibilidad
Otra de las líneas de trabajo que Consumo incorpora en el nuevo ejercicio presupuestario es la promoción del consumo de alimentos de proximidad. El ministerio inicia un proyecto que tiene como objetivo conectar a consumidores con productores de cercanía en el comercio de alimentos sostenibles. De un lado, Consumo persigue seguir incrementando la concienciación con hábitos de vida saludables y, por otro, combatir la despoblación en el ámbito rural, fomentando y promocionando la industria alimentaria familiar, artesana y de producción ecológica.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición
El último de los proyectos estratégicos de Consumo para 2022 es la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pendiente desde 2008. El ministerio, a través de la AESAN, persigue que España cuente con un plan efectivo a cinco años vista, que garantice el acceso a alimentos seguros y nutritivos en condiciones de igualdad a toda la población. Para su puesta en marcha se dedicará una partida de 456.200 euros.

¿Qué son las misiones de la UE?

lunes, 11 de octubre de 2021

29 septiembre 2021

Comisión Europea

¿Qué son las misiones de la UE?

Las misiones son un instrumento nuevo y ambicioso para hacer frente a algunos de nuestros principales retos. Establecen objetivos claros que deben alcanzarse en un plazo determinado y generarán impacto al otorgar un nuevo papel a la investigación y la innovación, junto a nuevas formas de gobernanza y colaboración, así como mediante la participación de los ciudadanos.

Las misiones son una novedad del programa de investigación e innovación Horizonte Europa. Tomando como punto de partida la investigación y la innovación, las misiones de la UE establecen objetivos ambiciosos, concretos y cuantificables en un plazo bien definido con el fin de lograr resultados tangibles para todos los europeos. Las misiones son un esfuerzo coordinado de la Comisión para poner en común los recursos necesarios en cuanto a programas, políticas y reglamentos de financiación, así como otras actividades para alcanzar sus objetivos. También tienen por objeto movilizar y activar a los agentes públicos y privados, como los Estados miembros de la UE, las autoridades regionales y locales, los institutos de investigación, los empresarios y los inversores, para crear un impacto real y duradero. Un elemento crucial de las misiones será colaborar con los ciudadanos para impulsar la adopción social de nuevas soluciones y enfoques.

¿Por qué son necesarias las misiones?

La crisis climática y sanitaria a la que nos enfrentamos implica que debemos aunar fuerzas de maneras nuevas e innovadoras. Tenemos que apoyarnos en el mismo espíritu de equipo y la misma disposición a cooperar que Europa mostró durante la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales que afectaron a muchas partes del continente este verano. Mantener el statu quo no es una opción. Necesitamos una política audaz y ambiciosa que establezca objetivos claros para configurar el futuro en el que queremos vivir.

Las misiones de la UE parten de la idea de que los desafíos sociales complejos exigen un esfuerzo coordinado en toda Europa para hacer frente a cinco retos sociales principales de aquí a 2030. Respaldan las ambiciosas prioridades de esta Comisión y reconocen que tenemos que ir más allá de los instrumentos existentes a nuestro alcance.

¿Cómo contribuirán las misiones a las prioridades de la UE?

Las misiones de la UE respaldarán la transformación de Europa en un continente más ecológico, saludable, inclusivo y resiliente. Su objetivo es aportar beneficios tangibles a los ciudadanos europeos e implicarlos en su diseño, aplicación y seguimiento.

Las misiones están diseñadas para contribuir a las prioridades políticas clave de la Comisión, como el Pacto Verde Europeo , Una Europa Adaptada a la Era Digital, la Unión Europea de la Salud, Una Economía al Servicio de las Personas y la Nueva Bauhaus Europea. Por ejemplo, la misión sobre el clima ya es un elemento concreto de la nueva estrategia de adaptación al cambio climático, así como la misión sobre el cáncer lo es del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, y la misión sobre el suelo lo es de la iniciativa sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales.

¿Qué misiones se están poniendo en marcha?

La Comisión está poniendo en marcha cinco misiones para alcanzar los siguientes objetivos:

1-Adaptación al cambio climático: apoyar al menos a 150 regiones y comunidades europeas para que sean resistentes al cambio climático de aquí a 2030.

Esta misión convertirá el reto urgente de la adaptación al cambio climático en una oportunidad para hacer a Europa resiliente, justa y preparada ante las perturbaciones climáticas, como las condiciones meteorológicas extremas, los incendios forestales y las enfermedades infecciosas. La misión ayudará a las regiones europeas a prepararse para los cambios inevitables y los fenómenos extremos, y compartirá experiencias y soluciones para evitar la pérdida de vidas y medios de subsistencia.

2-Cáncer: mejorar la vida de más de tres millones de personas de aquí a 2030 mediante la prevención, la cura y, en el caso de las personas afectadas por el cáncer, incluidas sus familias, para que vivan más y mejor.

La misión apoyará a los Estados miembros, las regiones y las comunidades en materia de control del cáncer, sobre todo a la luz del efecto perturbador de la pandemia de COVID-19. Mejorará la comprensión del cáncer, impulsará la prevención, optimizará el diagnóstico y el tratamiento, mejorará la calidad de vida de los pacientes y sus familias y garantizará un acceso equitativo a la asistencia sanitaria en toda Europa. La misión situará a los ciudadanos, y en particular a los pacientes, en el centro de la investigación e innovación, y situará a la investigación e innovación en el centro de la elaboración de las políticas.

3-Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030

Los cambios antropogénicos y ocasionados por el clima están poniendo en grave peligro a nuestros océanos y aguas y, por consiguiente, a nuestras sociedades. El nuevo enfoque sistémico de la misión abordará el océano y las aguas como una misma cosa y desempeñará un papel clave en la consecución de la neutralidad climática y la restauración de la naturaleza. La misión resguardará la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos protegiendo el 30 % de la zona marítima de la UE y restaurando los ecosistemas marinos y los 25 000 km de ríos de caudal libre, prevendrá y eliminará la contaminación mediante la reducción de los residuos plásticos en el mar, las pérdidas de nutrientes y el uso de plaguicidas químicos en un 50 % y hará que la economía azul sea climáticamente neutra y circular con cero emisiones marítimas netas.

4-Contar con cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030

Las ciudades, que producen más del 70 % de las emisiones mundiales de CO2, desempeñan un papel fundamental en la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050. Mediante «Contratos de ciudad por el clima» que involucren estrechamente a los ciudadanos, al menos cien ciudades recibirán apoyo en su ambición de llegar a ser climáticamente neutras de aquí a 2030. Liderarán la innovación digital y climática y expondrán soluciones que permitirán a todas las demás ciudades seguir su ejemplo de aquí a 2050.

5-Un pacto sobre el suelo para Europa: cien «laboratorios vivientes» y «faros» para liderar la transición hacia unos suelos sanos de aquí a 2030

La vida en la Tierra depende de la existencia de suelos sanos, pero estos están amenazados, lo que nos hace más vulnerables frente a la inseguridad alimentaria y a los fenómenos meteorológicos extremos. La misión colaborará con las personas y creará asociaciones eficaces entre sectores y territorios para proteger y restaurar los suelos. También contribuirá a alcanzar los objetivos del Pacto Verde relativos a la agricultura sostenible, la resiliencia frente al cambio climático, la biodiversidad y la contaminación cero.

¿En qué se diferencian las misiones de la política tradicional de investigación e innovación?


Las misiones de la UE proponen una nueva función para la investigación y la innovación. La investigación y la innovación tienen como objetivo lograr resultados, pero el alcance de las misiones va mucho más allá del de un único proyecto de investigación. La cartera de acciones en materia de investigación e innovación incluirá la investigación básica y aplicada en todos los sectores y ámbitos. También hará hincapié en la demostración y el desarrollo de soluciones, adaptándolas a las circunstancias locales.

Por ejemplo, la misión sobre la adaptación al cambio climático tiene previsto consignar cien millones de euros para demostraciones a gran escala destinadas a abordar grandes riesgos provocados por el clima, como las inundaciones, que se ajusten a las circunstancias locales. La misión sobre el cáncer tiene previsto crear un nuevo modelo de gobernanza conjunta para garantizar una integración sistemática y eficaz de la investigación, la innovación y los avances en las políticas sobre el cáncer en Europa. La misión sobre nuestro océano y nuestras aguas creará una red de faros en el mar y en las cuencas fluviales para llevar a cabo la misión y ampliar las redes de zonas marinas protegidas. Por su parte, en la misión sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras, las ciudades seleccionadas implicarán a sus ciudadanos en la elaboración de «Contratos de ciudad por el clima» para contribuir a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2030. Con la misión sobre un pacto por el suelo se animará a los ciudadanos a participar en iniciativas científicas ciudadanas para mejorar colectivamente la salud del suelo.

¿Cómo será la gobernanza de las misiones?


Las misiones de la UE aportan nuevas formas de gobernanza. Los retos de la sociedad requieren una respuesta sistémica que supere los límites artificiales de las políticas, los programas y los distintos niveles de gobernanza. Las misiones comienzan con un objetivo concreto y alcanzable y movilizarán a todos los agentes (diferentes niveles de gobierno, investigadores e innovadores, pequeñas y grandes empresas, inversores y sociedad civil) para que las apoyen.

Por ejemplo, la misión sobre el cáncer tiene previsto crear un nuevo modelo de gobernanza conjunta para garantizar una integración sistemática y eficaz de la investigación, la innovación y los avances en las políticas sobre el cáncer en Europa.

¿Cuál es el papel de los ciudadanos en las misiones de la UE?


Las misiones de la UE acercan la Unión a toda la ciudadanía europea, ya que esta forma parte de la solución. Implicarán a los ciudadanos a escala europea, regional y local en el diseño de nuestro futuro común, dándoles las riendas de la elaboración de políticas y poniendo en práctica la visión de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Los ciudadanos han participado en el diseño conjunto de las misiones y la Comisión se ha comprometido a implicarlos a lo largo de todo el ciclo de vida de estas, por ejemplo, mediante la participación en proyectos y la evaluación de los resultados de las misiones. Esta creación conjunta no se limita a la consulta, sino que se refiere, en términos generales, al establecimiento de relaciones estrechas escuchando a la gente, presentando observaciones y adoptando medidas. Además, la innovación social y la ciencia ciudadana tienen un potencial enorme para contribuir al logro de los objetivos de la misión. Por ejemplo, en la misión sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras, las ciudades seleccionadas implicarán a sus ciudadanos en la elaboración de «Contratos de ciudad por el clima» para contribuir a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2030. Los ciudadanos participarán activamente en la ejecución, la apropiación y la legitimidad de las acciones puestas en marcha por las autoridades locales.

¿Cómo se prepararon las misiones?


Se crearon cinco comités de misiones, que reunieron a expertos de alto nivel, para ayudar a especificar, diseñar y ejecutar misiones para Horizonte Europa. Sobre la base de las propuestas transmitidas a la Comisión en septiembre de 2020, se determinaron cinco misiones en el Plan Estratégico de Horizonte Europa.

En octubre de 2020, la Comisión validó las cinco misiones propuestas. Entraron en una fase preparatoria para desarrollar cinco planes de ejecución detallados que incluían los objetivos, la lógica de intervención y los indicadores para medir el rendimiento. La Comisión evaluó estos planes con arreglo a criterios específicos y dio luz verde a la puesta en marcha de las misiones hoy.

¿Cuánto durará una misión?


Una misión debe durar el tiempo necesario para alcanzar sus objetivos. No hay una duración fija, pero cada misión debería ofrecer una serie de beneficios con unos resultados finales que se espera alcanzar en torno a 2030, dada su ambición y envergadura probables.

¿Cómo se llevarán a cabo las misiones?


Las misiones de la UE están iniciando su fase de ejecución plena. El primer programa de trabajo de Horizonte Europa para 2021-22, publicado en junio de 2021, incluye un conjunto de acciones que sientan las bases para la ejecución de las misiones. Ahora se actualizará con un programa completo de investigación e innovación antes de que concluya este año.

Paralelamente, las misiones colaborarán con las regiones, ciudades y organizaciones participantes, así como con los ciudadanos. Para que las misiones tengan éxito, deben movilizar y activar a los agentes públicos y privados, como los Estados miembros de la UE, las autoridades regionales y locales, los institutos de investigación, los empresarios y los inversores, a fin de crear un impacto real y duradero. Un elemento crucial de las misiones será contactar con las comunidades locales y colaborar con los ciudadanos para impulsar la adopción social de nuevas soluciones y enfoques.

¿Qué presupuesto tienen las misiones?


No existe un presupuesto establecido para cada misión, sino que se determinará en función de la magnitud de cada reto. Se espera que las misiones obtengan financiación de diversas fuentes y escalas, incluida la nacional y regional.

En cuanto al componente de investigación e innovación, la legislación sobre Horizonte Europa establece que, durante los tres primeros años del programa, se planificará un máximo del 10 % del presupuesto anual del pilar II (Desafíos mundiales y competitividad industrial europea) a través de convocatorias específicas para la ejecución de las misiones. En concreto, esto significa que la Comisión consignará 1 900 millones de euros del programa Horizonte Europa para el período 2021-23 con el fin de iniciar la ejecución de las cinco misiones.

La contribución financiera de cada clúster de Horizonte Europa a cada misión durante los tres primeros años se decidió tras el análisis de las necesidades específicas de I+i para cada misión y su relación con las prioridades cubiertas por los clústeres. El presupuesto para los próximos años se decidirá en paralelo con una revisión en 2023 de los avances de la misión, tal como se especificó en la legislación sobre Horizonte Europa.

¿Cómo sustentarán las misiones la innovación y el crecimiento?


Las misiones de la UE, por su propia naturaleza, sustentan la innovación y el cambio. En particular, por lo que respecta a la innovación tecnológica, incluirán actividades pertenecientes a una amplia gama de niveles de preparación tecnológica junto a otros tipos de medidas complementarias, como la adopción de nuevas normas o reglamentos, o el desarrollo de instrumentos políticos nuevos para corregir las deficiencias del mercado. Las misiones de la UE atraerán la financiación y las inversiones privadas hacia los mercados innovadores existentes, pero también impulsarán la creación de nuevos mercados para el crecimiento sostenible europeo, mejorando así la vida cotidiana de los europeos.

La UNESCO alerta que 117 millones de alumnos a través del mundo permanecen aún sin escolarizar

lunes, 11 de octubre de 2021

La UNESCO alerta que 117 millones de alumnos a través del mundo permanecen aún sin escolarizar

París, 16 de septiembre 2021

Un año y medio después de que la pandemia de COVID-19 provocó un cierre de las escuelas sin precedentes en todo el mundo, numerosos alumnos han podido reanudar el aprendizaje en las aulas, pero son millones los que todavía no han vuelto a las aulas. Los centros educativos ya han abierto totalmente en 117 países lo que equivale a una población escolar total de 539 millones de alumnos de preescolar hasta secundaria. Esto representa el 35% de la población escolar total de todo el mundo. Este porcentaje representaba solo el 16% durante el regreso a clases en septiembre de 2020, cuando las escuelas solo habían abierto en 94 países.

Sabemos que mientras las escuelas permanezcan cerradas por más tiempo, la repercusión en el bienestar y el aprendizaje de los niños será más grave y potencialmente irreversible, fundamentalmente para los más vulnerables y marginados. Es realmente alentador constatar que numerosos gobiernos hacen todo lo posible por dar prioridad a la reapertura de las escuelas, garantizando la seguridad de los alumnos, los docentes y las comunidades, pero nuestro primer objetivo debe ser la reapertura urgente de las escuelas en todas partes del mundo, para todos los alumnos.
Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO

117 millones de estudiantes, algo que representa el 7,5% de la población escolar mundial, permanecen afectados por el cierre total de las escuelas en 18 países. La cantidad de países en los que las escuelas han abierto parcialmente ha disminuido de 52 a 41 durante el pasado año. Las escuelas permanecieron cerradas durante un periodo total de 18 meses en cinco países, con repercusión para 77 millones de alumnos. En todos los países en donde se decidió el cierre total prolongado de las escuelas, la educación ha podido garantizarse gracias a una combinación de clases en línea, módulos impresos y cursos impartidos a través de la televisión y la radio.

La UNESCO y sus asociados de la Coalición Mundial para la Educación han promovido la reapertura de las escuelas de manera segura, exhortando a considerar el cierre completo de los centros educativos solo en última instancia.

Desde el comienzo de la pandemia, las escuelas han cerrado totalmente durante un promedio de 18 semanas (4,5 meses) en el mundo. Si tomamos en cuenta los cierres parciales (por localidades/grados de enseñanza), la duración promedio del cierre representa 34 semanas (8,5 meses) a escala mundial, es decir, casi un año escolar completo.

Los cierres prolongados y repetidos de las aulas y los centros educativos durante los dos últimos años lectivos han provocado la pérdida de aprendizaje y un incremento de la tasa de abandono escolar, afectando de manera desproporcionada a los alumnos más vulnerables.

En la mayoría de los países, las escuelas han adoptado diferentes tipos de protocolos sanitarios como, por ejemplo, el uso de las máscaras, la utilización de geles desinfectantes para las manos, la mejoría de los sistemas de ventilación y el distanciamiento social, algo que han sido determinante para la reapertura de las escuelas el año pasado. Algunos países han aplicado también pruebas a gran escala, así como cierres temporales de las aulas y los centros educativos cuando se ha detectado la existencia del virus.

El aumento de la tasa de vacunación de la población en general y los docentes ha sido un factor clave para la reapertura de las escuelas. Se la ha dado cierta prioridad a la vacunación de los docentes en 80 países, algo que permitió vacunar a unos 42 millones de docentes. En algunos países, la vacunación de los alumnos a partir de los 12 años de edad es también un factor determinante para la reapertura total de las escuelas. Al principio de las campañas de vacunación, la UNESCO y la Internacional de la Educación exhortaron a los países a incluir a los docentes como grupo prioritario en los planes nacionales de vacunación con miras a frenar la propagación del virus, proteger a los docentes y alumnos y garantizar la continuidad del aprendizaje.

Las medidas rectificativas con miras a acelerar la recuperación de la pérdida de aprendizaje siguen siendo un elemento crucial de las respuestas de los sistemas educativos a escala nacional ante la COVID-19 en el mundo. Los docentes y educadores necesitan una preparación y un apoyo adecuados. La conectividad y la reducción de la brecha digital siguen siendo prioridades clave para reforzar la resiliencia de los sistemas educativos y ofrecer oportunidades de aprendizaje híbrido. La UNESCO, el UNICEF y el Banco Mundial han aunado sus esfuerzos en el marco de la “Misión: Recuperar la educación en 2021” cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos a garantizar que los alumnos regresen a la escuela, a poner en marcha planes para ayudarlos a compensar el aprendizaje perdido y a preparar a los docentes para que puedan hacer frente a la pérdida de aprendizaje, así como a incorporar las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas.

En el marco del llamamiento a la reapertura de las escuelas, la UNESCO se une a la campaña de 18 horas llevada a cabo por el UNICEF en las redes sociales, que consiste en bloquear todos los contenidos que no guardan relación con la educación a partir del 16 de septiembre.

Las Palmas es la provincia donde más se litiga en España

lunes, 11 de octubre de 2021

Lunes, 27 de septiembre de 2021

Las Palmas es la provincia donde más se litiga en España

Canarias revalida en el segundo trimestre de 2021 su condición de Comunidad con mayor número de pleitos por cada 1.000 habitantes, 46,6, pero la provincia oriental registra aún más: 50,9. En la jurisdicción penal, los vecinos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura superan en 9,1 puntos la tasa media de litigio de España; los de Santa Cruz de Tenerife están sólo un punto y medio por encima de la tasa estatal. Durante el segundo trimestre de 2021 los órganos judiciales isleños ingresaron 101.142 asuntos, un 50% más que en el mismo periodo de 2020, y resolvieron un 94,9% más

Autor: Comunicación Poder Judicial

La comunidad autónoma de Canarias volvió a ser en el segundo trimestre de 2021 -ya lo había sido en el primero y durante todo el año pasado– el territorio con mayor tasa de litigios de España (46,6 por cada 1.000 habitantes; 11 puntos por encima de la media nacional), pero la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa) despuntó en el periodo de referencia como la provincia donde más se pleiteó con amplia diferencia: 50,93 casos judiciales por cada 1.000 habitantes, 16,7 puntos por encima de la media nacional (34,14) y 12,8 por encima de la de la otra provincia canaria, Santa Cruz de Tenerife (38,07), que aglutina a las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y el Hierro.

Según los datos sobre la actividad judicial durante el segundo trimestre de 2021 difundidos hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la provincia de Las Palmas fue la primera de España en la tasa de litigiosidad total y en la tasa de litigiosidad civil (21,59 pleitos por cada 1.000 habitantes), la tercera en la tasa de litigiosidad penal (25,56 casos, sólo superada por Madrid y Ceuta) y la tercera en la de Social (3,16, a la par que Asturias y por debajo de Orense y Vizcaya). En el ámbito del orden contencioso administrativo el espíritu litigante de los canarios se ajustó más a la normalidad, siendo la tasa en Las Palmas 0,2 puntos inferior a la española y la de Santa Cruz de Tenerife, 0,41 puntos superior.

Los datos sobre la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2021 ponen en evidencia los efectos que la crisis sanitaria causó en su funcionamiento. Siempre según los datos oficiales, los 208 órganos judiciales que operan en Canarias en las cuatro jurisdicciones (Civil, Penal, Contencioso Administrativa y Social) iniciaron el segundo trimestre de 2021 con 156.147 asuntos pendientes de resolución (un 12,6 más que en el mismo periodo de 2020), ingresaron 101.142 (un 50% más que en la primavera de 2020), resolvieron durante el trimestre107.205 casos (un 94,9% más) y dejaron pendiente de resolución el 30 de junio 150.352 pleitos, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por jurisdicciones, la Civil, que cuenta con 112 órganos, comenzó abril del presente año con 88.607 asuntos pendientes de resolución (un 11,5% más que en el segundo trimestre de 2020), ingresó 42.229 (59,7% más), resolvió 43.798 (+139,3%) y dejó para el tercer trimestre 86.791 casos (-1%).

En el orden penal, los 105 órganos de este orden que existen en las islas iniciaron el periodo con 39.766 casos en trámite (un 15% más que en el mismo periodo de 2020), registraron 49.520 asuntos (+42,5%), resolvieron 51.552 (+61,2%) y dejaron en trámite 38.181 casos (+2,5%).

En la jurisdicción que dirime los pleitos contra y entre las administraciones, el orden contencioso administrativo, los 12 órganos especializados en el Archipiélago iniciaron el periodo con 7.031 asuntos pendientes (+10,2%), ingresaron 2.716 (+116,9%), dieron respuesta a 2.907 casos (+100,8%) y dejaron pendientes 6.888 procesos (+11,3%).

En el ámbito que resuelve los litigios de trabajo, la jurisdicción social, los 26 órganos competentes iniciaron el segundo trimestre de 2021 con 20.743 pleitos en trámite (un 12,6% más que en el segundo trimestre de 2020), ingresaron 6.677 casos (33,9%), resolvieron 8.948 casos (+173,2%) y dejaron pendientes 18.492 (-7.7%).

Otros datos en referencia al archipiélago canario apuntan que las islas tuvieron durante el segundo trimestre de 2021 un tasa de pendencia (cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja) de 1,40, en la parte baja de la tabla en comparación con otras comunidades, siendo la media española de 1,72; una tasa de resolución (cociente entre asuntos resueltos e ingresados, mejor cuanto más alta) del 1,06, entre las mejores del país (la media fue de 1,05); una tasa de sentencia (cociente entre el número de sentencias y el de asuntos resueltos) de 0,26, una décima por debajo de la media española y una tasa de congestión (cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo y donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho periodo, mejor cuanto más baja) del 2,40, 32 décimas por debajo de la media nacional.

Datos nacionales

En lo que se refiere a los datos globales de todo el Estado español, y como consecuencia de los aludidos efectos de la pandemia por Covid-19, en todas las jurisdicciones se han observado en el ingreso de asuntos importantes incrementos interanuales, que se han situado en el 62,5 por ciento en el orden Civil; en el 50,1 por ciento en el orden Penal; en el de lo Contencioso-Administrativo ha sido del 109,6 por ciento y en el Social, del 63,9 por ciento.

Respecto a la resolución de asuntos, con la excepción de la jurisdicción contencioso-administrativa, los incrementos interanuales han sido mayores que en el de ingreso: 145,7 % en la jurisdicción Civil; 72,2 % en la Penal; 78,3 % en la de lo Contencioso-Administrativo y 181,9 % ciento en la Social.

Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2021”, que el Consejo General del Poder Judicial ha difundido hoy.

En España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de 2021 un total de 1.674.147 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Esta cifra supone un incremento del 57,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.762.128 asuntos, un 104,4 % más que un año antes; en trámite al final del trimestre quedaron un total de 3.036.407 asuntos, con una disminución del 0,9 % respecto al mismo trimestre de 2020.

En la jurisdicción Civil ingresaron 710.083 asuntos, lo que ha supuesto un aumento del 62,5 por ciento. Se resolvieron 746.525 asuntos, un 145,7 & más que un año antes, y quedaron en trámite 1.692.765 asuntos, un 0, 5% menos que al final del mismo trimestre de 2020. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 13,4 % se refieren a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En jurisdicción Penal tuvieron entrada 785.908 asuntos, con un incremento interanual del 50,1 %, habiéndose resuelto 816.896 asuntos, un 72,2 % más. En trámite quedaron 774.263 asuntos, un 4 % menos que un año antes.

La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo registró 60.514 asuntos, un 109,6 por ciento más que el año anterior, y resolvió 64.452, un 78,3 por ciento más. Quedaron en trámite 214.828 asuntos, un 4 % más.

La jurisdicción Social ingresó 117.590 asuntos, un 63,9 más que en el mismo trimestre de 2020. Se resolvieron 134.210 asuntos, un 181,9 por ciento más, y quedaron en trámite 354.443 asuntos, un 1,6 % más.

Canarias y Andalucía y Madrid, los territorios con mayor litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 35,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (46,6), Andalucía (39), Madrid (38,4), Asturias (36,2), Murcia (35,7) y Cantabria (35,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (24,5), Navarra (26) y País Vasco (26,8) (*).

(*) Cálculos realizados sobre las cifras provisionales de población del INE, a 1 de enero de 2021.

Proyección al conjunto del año 2021

En base a las series históricas trimestrales disponibles, llegando en este caso al segundo trimestre de 2021, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año. La previsión está sujeta a una gran incertidumbre debido a los efectos del COVID-19 en la sociedad y el funcionamiento de los órganos judiciales.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2021 y las series completas desde 2007 en este enlace