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Apartamentos vacacionales

     Apartamentos vacacionales

     Podemos decir sin miedo a equivocarnos que el tema de los apartamentos vacacionales está en el candelero. En un reciente programa de televisión el candidato a las generales por el PSOE, Pedro Sánchez, declaró sin ambages que su intención era prohibirlos porque a diferencia de los hoteles no pagaban impuestos ni creaban empleo. La Comunidad de Madrid ha establecido una regulación restrictiva, la de Cataluña obliga a inscribirlos en un registro administrativo, El Gobierno Vasco reconoce que “no se pueden prohibir» los apartamentos vacacionales privados”, pero anuncia su intención de regularlos y, por los foros de internet se cruzan argumentos en pro y en contra de su conveniencia.

     En España, como en el resto del mundo, siempre se han alquilado apartamentos para vacaciones sin que tal práctica haya levantado discusiones. ¿Qué ha cambiado? Fundamentalmente dos factores: Por un lado, un nuevo mercado: Junto al tradicional veraneo de mes completo, generalmente agosto, por distintos factores sociológicos que no es el caso analizar, se viene generalizando la costumbre de las vacaciones cortas, de pocos días, sin que por ello estos “nuevos” turistas quieran renunciar a la economía y ventajas que les ofrece un apartamento frente a un hotel. Por otra parte, internet ofrece facilidades antes impensables, de modo que resulta hoy posible, incluso cómodo, contratar un apartamento para unos días con garantías de satisfacción para ambas partes.

     Los recelos o reproches a esta nueva práctica parecen fuera de lugar y consiguientemente también parecen censurables las prohibiciones, cortapisas o ansias regulatorias que los distintos representantes políticos quieren establecer.

     No se trata de una práctica ilegal o alegal. El artículo 3.2. de la Ley de Arrendamientos Urbanos dispone que tendrán la consideración de arrendamientos para uso distinto del de vivienda los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra a los que resulta de aplicación la regulación contenida en el título III de la Ley. La facultad de arrendar la finca por parte del propietario está incluida en el contenido básico del derecho de propiedad, como manifestación de la libertad del ciudadano y, por tanto, protegida por el artículo 33.1. de la Constitución, rigiéndose esta materia por el principio de autonomía de la voluntad. Las normas tributarias también rigen la materia. Así, el arrendamiento estará sujeto al I.V.A. cuando se trate de una actividad empresarial o profesional del propietario y no de un particular que simplemente arrienda temporalmente la vivienda, es decir cuando los servicios prestados por el arrendatario excedan de la mera puesta a disposición de la vivienda arrendada, incluyendo servicios tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos y no lo estarán en caso contrario. Por otra parte, los rendimientos derivados del arrendamiento estarán sujetos al impuesto de sociedades o al impuesto sobre la renta de las personas físicas, según el carácter del propietario.

     Tampoco es una práctica antisocial sino al contrario. En esta época de crisis, la segunda vivienda y, a veces, la primera, está siendo la tabla de salvación para muchas familias carentes de otros recursos. Por otra parte, sin necesidad de más cemento y hormigón está permitiendo incrementar la capacidad de alojamiento turístico, lo cual no es ajeno al espectacular aumento del número de visitantes presenciado en las últimas temporadas.

     Y aunque son comprensibles los recelos del sector hostelero, hay que atender al hecho de que se trata de una clientela diferente la cual, por unas u otras razones, no solo económicas, elige, con todo su derecho, pasar sus vacaciones en una vivienda arrendada en vez de en un hotel, sin que por otra parte se haya apreciado en el sector una caída de la demanda debida a este tipo de turismo, que siempre ha existido, si bien con estancias más prolongadas.

     Todo ello apunta a que prohibir o entorpecer este antiguo mercado, aunque con nuevas características, tendrá probablemente el efecto de desprestigiar y castigar al representante político que lo haga.

     Javier Olave


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