Comisión de Vivienda y Agenda Urbana

Vivienda y Agenda Urbana – 30.1.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha llamado a buscar acuerdos para seguir avanzando en las políticas públicas de vivienda, ya que «eso es lo que demanda la mayor parte de la ciudadanía».

• Isabel Rodríguez ha anunciado que CASA 47, la Entidad Pública de Vivienda adscrita al departamento que lidera, licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas que se pondrán a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

Lo ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en el Congreso de los Diputados. La construcción de estas viviendas, que se sumarán a las 1.664 licitadas durante 2025, se desarrollarán en colaboración público-privada.

En paralelo, CASA 47 continúa adecuando las viviendas procedentes de la Sareb para ponerlas cuanto antes a disposición de la ciudadanía, y próximamente aprobará las bases para la adquisición de viviendas por importe de 100 millones de euros para incorporarlas al parque público de vivienda.

En su intervención, Rodríguez ha subrayado los consensos existentes en materia de vivienda, como la necesidad de blindar el parque público de vivienda para que nunca se pueda especular con él, y ha llamado a buscar acuerdos en aquellos ámbitos en los que persistan las diferencias.

Regulación del alquiler de temporada y prórroga del escudo social Rodríguez ha pedido a los grupos que intensifiquen su trabajo para seguir avanzando en la garantía del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Algunas de las medidas que están sobre la mesa y para las que ha reclamado el acuerdo son:

• Regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones
• Prórroga del escudo social para proteger a las personas vulnerables
• Iniciativas fiscales para que los pisos turísticos paguen el 21% del IVA, y para incrementar la carga fiscal a las viviendas vacías y a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes

La ministra ha recriminado a determinados grupos que hagan «demagogia» al al vincular pobreza con delincuencia para justificar su voto negativo a una medida de protección social.

«Son personas que están en una situación a la que hay que ayudar siempre. El día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros y vernos abocados a esa situación», ha expuesto.

La importancia de los datos públicos

La ministra ha destacado que los datos oficiales publicados por la Comunidad Foral de Navarra en relación con la aplicación de la Ley de Vivienda. Durante los primeros seis meses posteriores a la declaración de 21 municipios como zona de mercado tensionado, los precios del alquiler se han contenido un 8,6%, mientras que la oferta se ha mantenido estable.

«La Ley de Vivienda funciona», ha sentenciado Rodríguez, que ha instado a las comunidades autónomas que aún no hacen públicos todos los datos relacionados con el mercado de la vivienda a hacerlo. Asimismo, ha reprochado a algunos comparecientes que desdeñen los datos públicos y que, en cambio, utilicen los de empresas privadas sin tener en cuenta los legítimos intereses mercantiles de estas.

Consejo Asesor de Vivienda

En su comparecencia, Rodríguez ha resaltado la importancia de que todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda participen de las soluciones. En este sentido, ha señalado que la puesta en marcha del Consejo Asesor de Vivienda supone un paso adelante en la búsqueda de consensos.

Dicho consejo está integrado por 37 entidades «con una representación muy equilibrada de la realidad que afecta al problema de la vivienda y su solución, desde la PAH o el sindicato de inquilinas, a los agentes sociales clásicos, sindicatos y organizaciones empresariales».

30 Ene 2026

CEOE

El dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre ha vuelto a sorprender al alza, con una tasa trimestral del 0,8%, dos décimas más que el trimestre anterior. Dada la mejora del crecimiento de la actividad en la última parte del año, la economía española cuenta con un importante efecto arrastre para 2026, aunque en tasas interanuales se observe una suave desaceleración de la economía desde el 3,0% del primer trimestre al 2,6% del cuarto.

De hecho, aunque el crecimiento trimestral fuese nulo todos los trimestres de este año, la economía aumentaría un 1,1%, con lo que, incluso con avances muy moderados, la economía mostrará un dinamismo notable. Así, las previsiones de crecimiento del PIB en 2026 podrían situarse en torno al 2,3%. 

De cara a 2026, la incertidumbre sigue siendo elevada, pero el balance de los riesgos estaría bastante equilibrado. Por la vertiente exterior, el principal es el geopolítico, que sobre todo puede dar lugar a incrementos de los precios de las materias primas.

En el ámbito interno, los principales impactos negativos pueden llegar por una política económica que introduzca una mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial, sobre todo en el mercado laboral, que pueden frenar decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos. Además, se espera una menor aportación de los servicios turísticos al encontrarse en máximos históricos. Por el lado positivo, el descenso de los tipos de interés y de la inflación pueden continuar impulsando el consumo y la inversión, de familias y empresas.

Análisis de los datos
La actividad económica mantiene un notable dinamismo en el cuarto trimestre (0,8% trimestral) gracias a la fortaleza del consumo privado y al repunte de la inversión. La demanda nacional aporta 1,0 puntos al crecimiento trimestral.

El mayor avance de las importaciones frente a las exportaciones hace que la aportación del sector exterior reste 0,2 puntos porcentuales al PIB trimestral. El Excedente de Explotación Bruto sigue perdiendo peso en el PIB, frente al aumento de la remuneración de los asalariados.

En cuanto al conjunto del año, en 2025 la economía española ha presentado un crecimiento del 2,8%, lo que supone una desaceleración frente al 3,5% del año anterior. Aun así, continúa siendo de las más dinámicas de la Eurozona, cuyo avance se estima que se situará en el 1,4%.

Destaca un cambio en la composición del crecimiento, con mayor fortaleza de la demanda nacional (3,6 puntos, frente a 3,3 en 2024), donde repunta notablemente la inversión (6,3%, tras el 3,6% de 2024) y hay cierta aceleración del consumo privado (3,4%, frente al 3,0%). 

Por el contrario, la demanda externa ha vuelto a restar crecimiento (-0,8 puntos) por primera vez desde 2021. Esta situación se explica porque las importaciones de bienes y servicios han mostrado una significativa aceleración (6,3%), frente a un moderado aumento de las exportaciones (3,4%). 

En contraste con la desaceleración del PIB, el empleo repuntó, hasta situar su incremento en el 3,1% en 2025, frente al 2,8% anterior. La productividad por ocupado ha caído en 2025 un -0,3% y todavía está un 3,7% por debajo de los niveles de 2019.

El crecimiento de las rentas salariales en 2025 volvió a ser sensiblemente superior al del PIB nominal. En contraste, el Excedente de Explotación Bruto sigue perdiendo peso en la economía.

27/01/2026

?El texto garantiza descuentos en 2026, refuerza la movilidad sostenible y la cohesión territorial. 

El Congreso de los Diputados ha convalidado este martes (por 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones) el Real Decreto-ley 17/2025, que garantiza la continuidad de las ayudas a usuarios y operadores del servicio público de transporte y consolida una política pública que facilita la vida cotidiana de millones de personas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha defendido el RD-ley en representación del Gobierno, ha subrayado que esta norma “da continuidad y estabilidad a una política pública que ha demostrado su utilidad y que facilita el acceso a la movilidad de millones de personas, refuerza la cohesión social y territorial y contribuye a la descarbonización de la movilidad».

Además, el ministro ha resaltado que, desde la implantación de los descuentos en septiembre de 2022, el uso del transporte público ha crecido más del 32% en España, alcanzando una media de 405 millones de viajes al mes en 2024.

Prórroga de las bonificaciones al transporte público para 2026

La norma prorroga durante todo el año 2026 las bonificaciones al transporte público vigentes en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de ofrecer certeza y previsibilidad a los usuarios, administraciones y operadores.

En el ámbito de los servicios de competencia estatal, se mantienen las ayudas a los servicios de autobús interregionales y a los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia. Además, en los servicios estatales de autobús se mantienen las medidas vigentes, como la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un descuento del 40% y el abono mensual con bonificaciones del 50% (70% para jóvenes).

En los transportes públicos de competencia autonómica y local, el RD-ley prorroga la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes y una bonificación general del 20% para el resto de usuarios. Como novedad, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asume directamente la financiación de esta bonificación general del 20%, sin exigir cofinanciación adicional a las comunidades autónomas ni a las entidades locales.

En Renfe, se prorrogan las actuales bonificaciones en Cercanías, Media Distancia y servicios Avant, manteniendo también la gratuidad infantil en todos los núcleos.

Abono Único y medidas complementarias en Renfe

El Real Decreto-ley ha creado el Abono Único, un título de transporte que permitirá realizar desplazamientos ilimitados por un precio fijo durante 30 días en servicios de competencia estatal (Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales) con tarifas diferenciadas para adultos y jóvenes.

El Gobierno destina más de 1.371 millones de euros para financiar estas medidas durante 2026, consolidando una apuesta por la movilidad sostenible y la cohesión territorial.

Hacienda – 30.1.2026

Los Fondos de la Seguridad Social registran un superávit de 8.505 millones frente a los 4.477 millones del mismo periodo del año anterior

• El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2025.

Así, el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de noviembre en términos de contabilidad nacional, se sitúa en el 1,08% del PIB equivalente a 18.206 millones de euros. Si se excluye el impacto de la DANA, estimado en 4.502 millones, el déficit se reduce al 0,81% del PIB, esto es, 13.704 millones de euros. En ambos casos, el resultado mejora respecto al 1,70% del PIB registrado en el mismo periodo de 2024. En términos de importe, el déficit excluyendo el impacto DANA registra un descenso del 40,3% respecto al mismo periodo de 2024.

Administración Central

El déficit de la Administración Central se sitúa en 30.117 millones de euros en noviembre de 2025, inferior en un 22,6% al del mismo periodo de 2024, con 38.895 millones.

Con motivo de las graves inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), se ha registrado un gasto de carácter extraordinario, de acuerdo con la información disponible, de 3.146 millones, de los cuales 1.885 millones son transferencias finalistas a la Administración local.

Hasta noviembre de 2025 el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,83% del PIB, situado en 30.917 millones, inferior en un 18,9% al de 2024, con 38.107 millones. Este resultado se ha visto afectado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales correspondiente al ejercicio 2023, practicadas en julio de 2025, suponiendo un aumento de déficit para el Estado de 13.627 millones respecto al anterior ejercicio.

Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 800 millones, mientras que en 2024 tuvieron un déficit de 788 millones. Esta evolución se debe al impacto del gasto extraordinario derivado de la catástrofe de la DANA, por importe de 506 millones en este ejercicio, frente a los 4.074 millones de 2024, que se recogieron en las cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra un superávit a finales de noviembre de 2025 de 3.406 millones de euros, lo que equivale al 0,20% del PIB.

El aumento de los ingresos en un 3,8% eleva los recursos a 248.118 millones, situándose 1,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que se incrementa en un 5,7%, hasta alcanzar los 244.712 millones.

Los impuestos han crecido un 7,2% incrementándose hasta los 97.803 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan la cifra de 21.291 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 6% hasta situarse en un total de 73.632 millones, de los cuales 63.792 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 9,9%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzan los 2.880 millones de euros.

Las transferencias entre AAPP ascienden a 129.684 millones. Del importe anterior, las transferencias recibidas del Estado por el sistema de financiación alcanzan los 95.349 millones.

Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 20.252 millones de euros, con un descenso del 0,8% respecto a noviembre de 2024.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 2,9% hasta situarse en 97.590 millones. Los consumos intermedios aumentan un 5,9% hasta situarse en 39.960 millones. Las subvenciones se sitúan en 4.698 millones, cifra superior en un 14% a la del mismo periodo de 2024. Por su parte, los intereses aumentan un 6,5% hasta 7.064 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,2%, lo que supone 1.402 millones más, hasta los 35.086 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia con un incremento del 3,9%, (489 millones más) hasta 13.163 millones, los conciertos de asistencia sanitaria con un incremento del 7,1% (440 millones más) hasta 6.618 millones, y los conciertos educativos con un aumento del 3,9%, (283 millones más), hasta 7.572 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan hasta los 5.337 millones. Finalmente, la inversión alcanza los 17.909 millones.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social a finales de noviembre de 2025 registran un superávit de 8.505 millones, superior en 4.028 millones al resultado del ejercicio anterior, que ascendía a 4.477 millones. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,50%.

Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 7,8% (destaca el comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 6,9%) frente al aumento registrado en los gastos de un 6,1%.

Hay que recordar que en enero de 2023 se inició la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en una cotización adicional finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación, que no será computable a efectos de prestaciones y que se destinará al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2025, esta cotización adicional es de 0,8 puntos porcentuales, mientras que en 2024 fue de 0,7 puntos porcentuales.

Por otro lado, cabe destacar la revalorización de las pensiones en un 2,8% con carácter general y en un 9% en el caso de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Sistema de Seguridad Social registra en el undécimo mes de 2025 un superávit de 6.172 millones, el 0,37% del PIB, frente al superávit de 0,14% de noviembre de 2024. Los recursos han ascendido a 210.342 millones, un 8,1% superiores a los de 2024. Destaca el aumento en un 7,1% de las cotizaciones sociales. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha crecido un 2,5% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, el gasto se sitúa en 204.170 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que ha crecido un 5,9% hasta 168.273 millones.

Al igual que ya ocurrió en años anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit de 2.018 millones, superior en un 4,4% al de 2024, que fue de 1.933 millones.

El FOGASA presenta un superávit de 315 millones, frente a los 326 millones de superávit registrados en el mismo periodo de 2024.

29 Ene 2026

CEOE y CEPYME denunciamos, una vez más, la falta de respeto que el Gobierno muestra por el diálogo social al haber filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), destinada supuestamente a alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales, antes de plantearla en la propia mesa de negociación.

Así pues, por el lado de las formas, queremos dejar claro que no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena. 

En cuanto al contenido de la propuesta, de lo que hemos podido conocer por la prensa, deducimos que supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada, de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el AENC. 

Esto es así porque, entre otras cosas, deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores. De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. 

Además, establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo. 

El Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una valoración una vez el Gobierno nos haga entrega de la documentación necesaria para poder hacerlo.

29 Ene 2026

CEOE

Reunido el Comité Ejecutivo extraordinario este jueves, sin que se hayan podido seguir los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación de esta tarde, y en plena descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes, se ha decidido por unanimidad no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno.

Queremos dejar claro también que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas.

CEOE y CEPYME queremos señalar con rotundidad que nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días.

Vivienda y Agenda Urbana – 28.1.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha intervenido en la sesión plenaria del Consejo Económico y Social (CES), donde ha insistido en la importancia de disponer de datos fiables para impulsar políticas públicas y garantizar su eficacia.

• Durante su intervención en la sesión plenaria del Consejo Económico y Social (CES), Rodríguez ha defendido que estos datos garantizarán el éxito de las respuestas al problema: «No se puede gobernar lo que no se mide; no se puede evaluar lo que no se registra; no se puede corregir lo que no se conoce».

Isabel Rodríguez ha señalado que España se ha enfrentado a crisis recurrentes de vivienda porque «a diferencia del resto de derecho sociales, el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado ni atendido con la continuidad y la ambición que exigía» hasta ahora. En ese sentido, la ministra cree que «si tenemos claro los objetivos y aunamos esfuerzos, estoy convencida de que lograremos garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada para todas y todos».

«El Gobierno está determinado y trabajando para solucionar este problema para hoy y para siempre. Desde 2018, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se han movilizado un presupuesto récord y se ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, poniendo punto y final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española», ha apuntado.

«Al amparo de esa Ley, hace dos años nació el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que nos ha permitido desplegar toda la regulación necesaria y activar los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda. Y hemos impulsado un cambio de paradigma fundamental: defender que los derechos se garantizan desde lo público. No se puede delegar su cumplimiento exclusivamente al crédito privado o a las iniciativas de promotores, por más bienintencionados que sean; son necesarios, pero la garantía debe ser pública», ha concluido.

Un informe para el diagnóstico y aportar acierto en las soluciones

En esa búsqueda de transparencia en el sector, Rodríguez ha apuntado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha solicitado al CES un informe monográfico sobre la política de vivienda y su impacto económico y social que sea «analítico, estructural y propositivo».

La ministra ha justificado la necesidad de este informe en que «la vivienda exige algo que hoy escasea en el debate público, pero que aquí forma parte de su ADN institucional: análisis riguroso, deliberación serena y conclusiones capaces de concitar acuerdos».

27 enero, 2026  

USO

• Se ha destruido empleo a jornada completa, sustituido por contratación parcial

La tasa de paro nos regala hoy una victoria psicológica: 2025, según la EPA del último trimestre del año, ha bajado de los dos dígitos, hasta el 9,93 %. “Por supuesto que es una gran noticia. No recordábamos la última vez que no le habíamos puesto al paro un 1 delante. Aunque prácticamente sea un 10, lo cierto es que duele menos mirarlo. Sin embargo, hay que mirar otros aspectos de ese empleo que se crea y ahí no podemos ser tan autocomplacientes”, lamenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Hay dos datos preocupantes en el cierre del análisis de 2025: “el aumento del trabajo a tiempo parcial y el bajón de los activos en industria”, recalca Pérez.

En el primero de los casos, la EPA destaca que se destruyeron 115.600 empleos a tiempo completo, mientras el tiempo parcial creció en 191.800. Con respecto a la industria, normalmente el indicador del tipo de empleo que se crea, fue el único sector en perder fuerza de trabajo. Así, se registraron 37.800 empleos menos, creciendo principalmente en servicios, pero también en agricultura y, muy ligeramente, en construcción.

Desigualdad de género

El análisis de la EPA 4T deja otras evidencias estructurales del mercado laboral español que no se terminan de corregir. “La principal es la desigualdad que siguen sufriendo las mujeres. Para ellas, el paro sigue teniendo dos cifras, 11,24 %. Es normal, si tenemos en cuenta que en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas, pero solo 38.800 eran mujeres. Además, son la amplia mayoría de las que dejaron la vida activa: 53.100, frente a 6.700 hombres”.

Por todo ello, Joaquín Pérez ve “buenos indicadores macroeconómicos, sí, pero que aún no se traducen a un empleo de calidad. Hay pinceladas positivas, como una ligera bajada de los hogares con todos sus miembros en paro, pero aún son casi 800.000, o que crecieron las personas con un contrato indefinido y el empleo público, tan necesario para prestar todos los servicios básicos”.

Pero el dirigente de USO insiste: “los cambios que precisamos son estructurales. Debemos apostar por un modelo productivo de valor, de investigación y producción, no de mano de obra barata. La bajada del empleo en la industria y el crecimiento de la parcialidad muestra que el empleo no se crea, se reparte, como también se reparten unos salarios que no pueden con la inflación”.

27 Ene 2026

CEOE hace un balance positivo del mercado laboral en 2025 y destaca que ha sido posible gracias a la resiliencia del sector privado, el gran baluarte en la creación de empleo y, por lo tanto, clave para la continuidad del actual ciclo expansivo. Las empresas españolas siguen generando empleo en un contexto de notable incertidumbre y de aumento de costes.

Así, la economía española ha generado 567.200 puestos de trabajo en media de 2025, gracias al impulso del sector privado, que ha creado 578.700 empleos, mientras que el sector público perdió 11.500 ocupados, subraya CEOE tras publicarse, este martes, los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025.

En el conjunto del año, la creación de empleo se ha acelerado, con un aumento de los ocupados del 2,6%, frente al 2,2% de 2024. En especial, destaca la fortaleza del empleo en el sector privado, que aumentó un 3,2% en 2025, tras el 2,5% registrado un año antes.

La tasa de temporalidad en el sector privado continuó bajando y se situó en el 12,5% de promedio anual, frente al 27,4% del sector público.

El número de parados continuó descendiendo (-162.600 personas en 2025) y el total de desempleados se situó en las 2.608.200 personas. En la misma línea, la tasa de paro siguió bajando y se situó en promedio en el 10,5% en 2025 (11,3% en 2024), la tasa más baja desde 2007. 

Resultados trimestrales

En el último trimestre del año, se produjo un aumento de la ocupación de 76.200 personas, lo que supone el mejor registro de los últimos cuatro años, aunque todavía por debajo de último trimestre de 2019 y de los años de la recuperación tras la pandemia. En tasa trimestral desestacionalizada, el incremento fue del 0,9%, uno de los más elevados desde 2023.

Este buen resultado se matiza por la creación de empleo público al final del año, que aumentó en 108.700 personas, frente a la caída de los ocupados en el sector privado, que fue de 32.500 personas en el trimestre.

El número de trabajadores por cuenta propia aumentó en 22.300 personas y todas las categorías de empresarios se anotaron un incremento en este periodo, en términos trimestrales.

En términos interanuales, se produjo una aceleración en la creación de empleo para el conjunto de la economía por el repunte del sector público, mientras que en el sector privado la tasa interanual se moderó levemente, aunque sigue siendo elevada (del 3%).

La tasa de temporalidad en el sector privado bajó hasta situarse en el 12,4% y sigue estando muy por debajo de los niveles que registra el sector público (26,8%). 

En el cuarto trimestre, el número de parados descendió hasta los 2,5 millones de personas y la tasa de paro se redujo en 52 centésimas, hasta el 9,93%. En todo caso, la tasa de paro española sigue siendo la segunda más elevada de la UE, después de Finlandia.

26/01/2026

El Gobierno creará 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de nuestra historia y es un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.

La creación de medio millar de plazas en un año, una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 €. En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 M €. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 M€.

La planta judicial se amplía un 8,5% en un año

De las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana. 

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.

Un nuevo hito en la mayor transformación de la Justicia en décadas

La ampliación de la planta judicial es un nuevo hito en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público. Con estos objetivos, el Gobierno ha aprobado tres leyes de eficiencia (digital, procesal y organizativa), y ahora impulsa una ampliación histórica de las plazas de jueces.

Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación

 parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.

El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.

Puedes consultar el RD aquí

Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 28.1.2026

La vicepresidenta anuncia la audiencia pública de dos proyectos de reales decretos con 465 millones en ayudas para la producción de hidrógeno de origen renovable y la descarbonización industrial.

La vicepresidenta, tras recordar que hasta el momento se han puesto más de 3.000 millones de euros en ayudas al hidrógeno renovable, ha concretado que el anteproyecto diseñará «un marco para ofrecer más visibilidad y más estabilidad, a medio y a largo plazo, al objeto de favorecer todas las inversiones y adaptar de forma progresiva los distintos mercados para la incorporación de estas nuevas moléculas verdes».

Durante su intervención, Aagesen ha hecho otros anuncios, como el lanzamiento a pública audiencia de un real decreto con las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión directa de un mínimo de 415 millones en ayudas para proyectos españoles que participen en de la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, bajo el esquema comunitario de subastas como servicio. Estas ayudas se destinarán a la producción de hidrógeno, con un tercio reservado a proyectos que abastezcan al sector marítimo y la aviación.

También bajo el esquema de subastas como servicio, ha indicado que hoy inicia la fase de audiencia pública otro real decreto con las bases reguladoras para la concesión directa de un mínimo de 50 millones para proyectos que electrifiquen procesos de calor industrial o consuman directamente combustible renovable, en el ámbito la próxima subasta del Banco Europeo de Descarbonización Industrial.

Ambos reales decretos aprovechan fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sostenibilidad del hidrógeno y otros gases renovables

Aagesen ha destacado la importancia de que la producción de hidrógeno y otros gases de origen renovable reúna las máximas garantías ambientales, y ha invitado a los asistentes a contribuir a la consulta pública previa para la regulación del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2 de estos gases, que asimismo inicia hoy su audiencia pública.

Esta normativa, ligada al Proyecto de real decreto de impulso a la descarbonización del transporte y fomento de los combustibles renovables, actualmente en tramitación, creará un sistema de trazabilidad y certificación de los gases renovables que permitirá reducir costes de auditoría y verificación con relación a los regímenes voluntarios existentes, permitiendo que todo el sistema gasista español pueda ser considerado de forma integral -en el Tanque Virtual de Balance- y no de manera fraccionada.

La vicepresidenta, finalmente, ha apuntado que se ha remitido a los interesados la propuesta de resolución de los primeros concursos de capacidad de acceso a demanda a la red eléctrica, al objeto de que puedan hacer las alegaciones que consideren. Estos concursos, convocados el pasado mes de julio, permitirán la conexión de proyectos industriales muy relevantes, con varios ligados al hidrógeno de origen renovable.

Transformación Digital y Función Pública – 26.1.2026

Esta ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento consolidará a MareNostrum 5 como uno de los superordenadores más potentes para impulsar el avance de la inteligencia artificial europea.

La Factoría de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) se prepara para impulsar sus capacidades de IA con la ampliación del superordenador MareNostrum 5. La European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), la empresa conjunta de supercomputación de la Unión Europea, ha firmado el contrato de adquisición del proyecto MareNostrum 5 AI Upgrade con el consorcio liderado por Fsas Technologies, la rama especializada en HPC (High-Performance Computing) e IA de Fujitsu, y Telefónica, lanzado en una convocatoria el pasado julio.

Esta ampliación del superordenador MareNostrum 5 tiene como finalidad impulsar la infraestructura de la Factoría de IA ubicada en el BSC-CNS, una de las siete primeras aprobadas por la Comisión Europea en diciembre de 2024. El objetivo es democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada, ofreciendo capacidad de cómputo y almacenamiento a pymes y startups de toda Europa, así como a la Administración Pública, para entrenar modelos de IA y para el desarrollo de sistemas innovadores en esta tecnología, lo cual supone un paso adelante para fortalecer las capacidades europeas de supercomputación.

Con un presupuesto aproximado de 129 millones de euros, el proyecto está cofinanciado al 50% por EuroHPC y el otro 50% por España, Portugal y Turquía. Del porcentaje correspondiente a España, que asciende a un total de 60 millones de euros, la financiación procede del Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la Generalitat de Catalunya.

La ampliación contará con la instalación de dos nuevas particiones de cómputo, una para entrenar modelos de lenguaje (LLMs) y otra para aplicarlos (inferencia), una mejora de las capacidades de almacenamiento con un nuevo sistema de ficheros de alto rendimiento por IA y nuevas tecnologías, así como un conjunto de software especializado.

La máquina, que se instalará durante el primer semestre de 2026, usará dos espacios del BSC-CNS interconectados adecuadamente -el centro de datos de la sede del BSC, el mismo que MareNostrum 5, y la capilla de Torre Girona- y contará con tecnologías de Supermicro (hardware), IBM (almacenamiento y software), VAST (almacenamiento) y NVIDIA (software y hardware).

Con esta iniciativa de crear Fábricas de IA, EuroHPC y el BSC-CNS impulsan las capacidades de supercomputación de IA de Europa, y facilitan la adopción y el uso de estas tecnologías por parte de la industria, con especial énfasis en las pymes, las startups y la Administración Pública de los países participantes de la red de Fábricas de IA. España es, junto a Alemania y Polonia, uno de los tres únicos países europeos que cuentan con dos de estas infraestructuras, tras la reciente aprobación, por parte de la Comisión Europea, de una segunda factoría en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

22/01/2026 

Registradores

El Colegio de Registradores presenta su Estadística Mercantil trimestral, compendio de actos inscritos en los Registros Mercantiles, considerados como relevantes para ver la evolución del tejido empresarial nacional.

De acuerdo con los datos registrados al cierre del último trimestre del año 2025, se observa un incremento del 13,7% en el número de constituciones de sociedades inscritas, con un total de 34.584 (de éstas, 11.861 corresponden al mes de diciembre). En el conjunto del año 2025, se constituyeron en España un total de 128.871 sociedades, lo que representa un incremento del 7,9% respecto al año 2024, en el que se inscribieron 119.467 constituciones. Este balance anual evidencia un crecimiento significativo desde 2021, tras la pandemia, alcanzando en 2025 niveles próximos a los máximos históricos previos a la crisis financiera de 2008.

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre de 2025, y en comparación con el mismo periodo de 2024, el número de nuevas sociedades mercantiles creadas aumentó en todos los territorios, excepto en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; registrándose los incrementos más elevados en Illes Balears (32 %), la Comunidad Valenciana (22,9 %) y Galicia (22,3 %).

En cuanto a la distribución sectorial de los nuevos proyectos empresariales iniciados durante el cuarto trimestre del pasado año (conforme a la CNAE-2025, en vigor desde enero), muestra la habitual estabilidad respecto a periodos anteriores. Por su importancia, la construcción y las actividades inmobiliarias suponen conjuntamente más de una cuarta parte de las nuevas empresas creadas, el 26,3%, mientras que un 14,9% pertenecen al sector del comercio, y un 10,3% a la hostelería.

En el cuarto trimestre de 2025 se contabilizaron 7.896 ampliaciones de capital (2.937 sólo en diciembre), lo cual supone un incremento del 4,6% frente al mismo trimestre del año anterior. En términos de importe de capital ampliado se desembolsaron 4.772 millones de euros, un 36,1% menos que en el mismo período del año anterior; resultando en un importe medio por operación de 604.377,5 euros, un 38,9% inferior al cuarto trimestre de 2024.

Como es habitual, se presenta también el volumen de traslados de sede social entre Comunidades Autónomas registrados durante el cuarto trimestre de 2025. Conviene precisar que estas cifras corresponden exclusivamente a traslados efectivamente inscritos en el Registro de destino, y no a solicitudes en trámite.

La Comunidad de Madrid concentra el mayor número de salidas de sociedades mercantiles (425), seguida de Cataluña (232), Andalucía (145) y la Comunidad Valenciana (135). Dado que esta magnitud depende del tamaño empresarial de cada territorio, el indicador más representativo es el saldo neto (entradas menos salidas). Bajo este criterio, Canarias presenta el mejor resultado (+44), seguida del País Vasco (+26) y Andalucía (+24). En el extremo opuesto, Cataluña registra el peor saldo (?78), mientras que Galicia muestra 33 salidas netas.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace Web.
Para la consulta y descarga de los datos analizados en la presente nota y la propia Estadística Mercantil trimestral puede dirigirse a nuestro portal de Open Data.

13/01/2026 Justicia

La nueva ley incluirá por primera vez la prohibición de deepfakes sin consentimiento de la persona afectada

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto, previsto en el Plan de Acción por la Democracia, sustituye la ley de 1982, la adapta al entorno digital (inteligencia artificial, redes sociales, etc.) y amplía el nivel de protección de estos derechos fundamentales.

Una ley adaptada al entorno digital

El anteproyecto introduce novedades relevantes en materias como el consentimiento en el uso de nuestra imagen en el entorno digital. Por primera vez, considera ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares (deepfakes).

También establece que el hecho de compartir imágenes personales en redes sociales no supone que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

El texto detalla, además, otros supuestos de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad o al honor ya contemplados en la actual ley, o por la jurisprudencia, como la grabación y divulgación de la vida íntima de las personas, la difusión de sus comunicaciones privadas, etc. 

Más protección para menores o víctimas de delitos

El anteproyecto garantiza una mayor protección a las víctimas de delitos, considerando una intromisión ilegítima en sus derechos cualquier utilización de dicho delito por parte del victimario que le pueda causar un daño (por ejemplo, en los casos denominados true crimes).

También mejora la protección de los menores, situando en los 16 años la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento respecto al uso de la propia imagen. Además, contempla que, aunque se cuente con su consentimiento, si se menoscaba la dignidad o la reputación del menor se considerará una intromisión ilegítima en sus derechos. También exige la intervención del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos cuando el perjudicado tenga menos de 18 años.

Asimismo, el texto amplía la protección de las personas fallecidas, incorporando la posibilidad de prohibir mediante testamento (o a través de una persona designada) la utilización de su imagen o de su voz para fines comerciales o similares.

Excepciones previstas en la ley y protección de la libertad de expresión e información

El texto mantiene las excepciones ya previstas en la ley de 1982 o reconocidas por la jurisprudencia. De esta forma, por ejemplo, no se consideran intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas por la autoridad competente o la difusión de comunicaciones privadas cuando el contenido tenga carácter noticiable por referirse a asuntos de interés general.

Además, se incorpora una nueva excepción para los casos de uso de IA o tecnologías similares. Si el afectado es una persona con proyección pública, se protege la libertad de expresión siempre y cuando estas técnicas se usen en un contexto creativo, satírico o de ficción y se indique que se está utilizando esta tecnología.

Criterios para determinar la indemnización por daño moral

El anteproyecto de ley también regula por primera vez los criterios para ponderar la gravedad del daño causado por las intromisiones: reincidencia, vulneración de uno o varios derechos fundamentales, gravedad de las expresiones utilizadas, repercusiones sociales, etc. Con estos criterios, el órgano judicial determinará la indemnización correspondiente al daño moral, que, en ningún caso, podrá tener carácter simbólico.

Otra novedad es que, a la publicación de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión que tuvo la intromisión sufrida, ahora se añade la posibilidad de solicitar la publicación de la condena en el Boletín Oficial del Estado.

16 enero 2026 

USO

• 2025 registró la jornada laboral media más baja, con 31,4 horas
• El pluriempleo sube en más de 200.000 personas, hasta las 886.800
• El número de personas que no trabajan, pero que el dato oficial no registra como paradas, subió en 50.609

El balance del mercado laboral elaborado por el Gabinete de Estudios de USO sobre 2025 nos arroja un panorama no tan positivo como la simple línea descendente del paro registrado en los últimos años.

A pesar de que USO valora que el paro registrado disminuya, recuerda que “hay otro paro, tan real como el registrado, que ha crecido en más de 50.000 personas. Son personas demandantes de empleo que no están trabajando, como fijos discontinuos en período de inactividad, pero que la estadística distribuye en otros epígrafes”, revela el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

En total, este conjunto de personas que no trabajan ascendió en 2025 a 1.446.241, 50.609 más que en 2024. Y, en conjunto con el paro registrado, nos arrojaría un dato de 3.854.911 personas que no trabajaban a 31 de diciembre de 2025. Un número, el de los 4 millones de parados en España, que parece inamovible al paso de los años y de las reformas laborales.

No solo cuántos, también cómo

Para USO, no solo el dato de cuántas personas hay sin trabajo es relevante, sino la calidad de las que trabajan. Y, ahí, también el estudio muestra datos preocupantes.

La jornada laboral media (a tercer trimestre) es la más baja de toda la serie. “Pero no por la noticia que todos estamos esperando, la reducción de la jornada laboral legal, sino por la media efectiva de los contratos, por el aumento constante de las jornadas parciales. La jornada fue de 31,4 horas, 0,1 y 0,3 menos que en 2024 y 2023, respectivamente, y en descenso constante desde las 33 de 2009. Lo que supone a su vez un incremento del pluriempleo, necesario para un salario completo. Si en 2024 había 677.000 personas en situación de pluriempleo, en 2025 hablamos de más de 200.000 más: 886.800. Tener varios trabajos para tener una nómina digna no es mejorar el empleo”, constata Pérez.

Así, los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social esconden esas personas que son dadas de alta varias veces al mes o al mismo tiempo en distintos trabajos. “Si las horas trabajadas son las mismas, no se crea empleo, se distribuye entre más personas, pero también se reducen los salarios”, continúa el secretario general de USO.

Además, el sindicalista recalca que “para cada afiliación neta a la Seguridad Social, se han firmado 30 contratos. No nos extraña. La rotación sigue marcando el mercado laboral en nuestro país. El 21,5 % de los contratos duró menos de una semana; el 34,2 %, menos de un mes. Qué importa que se llamen contratos indefinidos, si sospechosamente han crecido las bajas voluntarias, tal vez para volver a trabajar el lunes, o hay de pronto tantas personas incompetentes que no superan el período de prueba y se van sin indemnización”.

Reforma laboral que reforme

“Puede parecer una obviedad, pero USO pide una reforma laboral que reforme algo, no que cambie nombres o estadísticas de sitio. Y lo pedimos a todos los implicados, no solo al Gobierno. Entendemos que únicamente con el diálogo de un amplio arco del Congreso se pueden hacer políticas de Estado, y el empleo debe ser de las principales”, pide Joaquín Pérez.

“Para nosotros, es primordial reformar no solo la contratación, también el despido. Se debe castigar fiscalmente a las empresas que no creen empleo de valor o, directamente, que apenas generen empleo, solo beneficios. Y debemos evaluar y dimensionar los Servicios Públicos de Empleo. Que no sean prestacionistas, sino dinamizadores del empleo y orientadores. El paro de larga duración y entre los mayores de 50 años es un riesgo social, y hay que aplicar medidas para reconducirlo”, sostiene el secretario general de USO.

USO

15 enero, 2026  

• El IPC se contiene hasta el 2,9 %, pero la alimentación crece por encima
• Los productos básicos se comen la subida salarial
• En 2025 caducó el V AENC, sin visos aún de negociar un pacto para 2026 que debe ser más vinculante

El IPC cerró 2025 por debajo del 3 % en el que se había movido en los últimos meses, con una subida de precios del 2,9 %. Aunque hubo algunos aspectos que ayudaron a contener la inflación en diciembre, el grupo que más preocupa, la alimentación, fue precisamente el que mantuvo el IPC al alza. Legumbres y hortalizas, sobre todo, pero también aceites, pescado, marisco y carnes encarecieron la cesta de la compra. Es decir, todo lo necesario en el día a día de las familias.

En el conjunto del año, vivienda, hostelería y alimentación fueron los componentes que más hicieron subir los precios. Pero, si ampliamos la perspectiva, la comida es el gran quebradero de la economía doméstica, con una subida del 33,9 % en cuatro años. Huevos casi al doble de precio que entonces; carnes con subidas del 55 % o la leche, encarecida en un 46 %.

“Los salarios por convenio han subido de media un 3,53 % en el año que dejamos atrás. Y sería una buena noticia al estar por encima del IPC. Sin embargo, la pérdida real es evidente, cuando tienes que dedicar cada vez más sueldo a tus necesidades más básicas”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

El dirigente sindical recuerda que “al terminar el año, terminó también la vigencia del último AENC. No hay movimientos para comenzar las negociaciones de un nuevo pacto. Y, aun así, desde USO somos muy críticos con este modelo: 2026 tiene que ser el año de la subida salarial, comenzando por el SMI, pero debe hacerse con mayor compromiso, con pactos vinculantes, no con intenciones”.

España se ha desmarcado del comportamiento de la zona euro y, desde mayo, ha registrado un repunte inflacionario que nos separa un punto. La inflación media de la zona euro al acabar 2025 se quedó en el 2 %, aunque se ha mantenido constante durante todo el semestre en torno al 2,1 %. España, sin embargo, escaló desde el 2 % de mayo hasta el 3 % de índice armonizado con Europa al terminar el año.

“Tan importante como la subida de salarios es la contención de precios. En USO pedimos una mayor implicación de la Administración y los políticos en cuanto a alimentación y otros bienes de uso imprescindible. No puede ser que nuestros líderes no se puedan poner de acuerdo en algo tan necesario como la vivienda, por ejemplo. El mercado no puede regularse solo cuando hablamos de cuestiones básicas”, exige Joaquín Pérez.

15 enero 2026

CEOE prevé una inflación más contenida durante todo este año 2026, por debajo del 3% a lo largo de todo el ejercicio, con lo que el promedio anual se situará, en principio, ligeramente por encima del 2%.

En el caso de la subyacente, sin embargo, las subidas del SMI y de los salarios en general, así como con las vacantes existentes en determinados sectores, pueden hacer que las tasas del componente servicios muestren un notable grado de resistencia a iniciar una senda de desaceleración.

Según los datos publicados este jueves por el INE, la inflación general se desaceleró ligeramente en diciembre hasta el 2,9%, una décima menos que el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%, por lo que se puede seguir hablando de un avance moderado del núcleo de los precios. 

Con este dato, la inflación para el conjunto de 2025 se sitúa en promedio en el 2,7%, una décima menos que el ejercicio anterior.

La desaceleración de la inflación en diciembre obedeció, fundamentalmente, al menor incremento de los precios energéticos y, en menor medida, de los alimentos no elaborados.

En el caso del IPC armonizado de diciembre, en la Unión Monetaria los precios retrocedieron una décima, hasta el 2%, mientras que en España el descenso fue de dos décimas, hasta el 3%. De esta forma, el diferencial existente se reduce a 1 punto.

Análisis desagregado

Un análisis más detallado de los datos del mes de diciembre muestra que los precios energéticos se desaceleraron (3,4%, frente al 4,7% de noviembre) debido, sobre todo, a una mayor caída de los hidrocarburos licuados (-6,9%, frente al -1,7% de noviembre) y de los combustibles líquidos (-4,9%, frente a -0,3%).

Sin embargo, la electricidad repuntó ligeramente, hasta el 12,6%. Las tasas de la electricidad todavía son elevadas debido, en parte, al diferencial de IVA existente entre el año 2024 (10%) y el 2025 (21%) en los meses de julio a diciembre. Este efecto desaparece desde este mes de enero, lo que se reflejará en una caída de la tasa anual.

Por su parte, el precio del crudo Brent mantuvo su senda descendente en el último mes del año, situándose en los 62,5 $/barril, un 15,3% menos que un año antes. En euros, el descenso fue del 24,2%.

En los primeros días de enero, a pesar del teórico exceso de oferta, el precio está aumentando debido a las tensiones geopolíticas, principalmente por los riesgos que pueden afectar a la producción de Irán. Así, en lo que llevamos de año, el precio medio es de 63,7 $/barril, lo que supone un descenso interanual del 19,6% en dólares y del 28,9% en euros.

Por su lado, los precios de los alimentos sin elaboración registran una suave desaceleración en su tasa interanual de cuatreo décimas, hasta el 6,2%, con lo que se sitúan como el componente más inflacionista de la cesta.

En el caso de la inflación subyacente, todos sus componentes mantuvieron tasas de variación muy similares a las de los meses previos. Así, los Servicios, con el mayor avance, registraron una tasa interanual del 3,7% mientras que los Bienes industriales sin productos energéticos se desaceleraron una décima, hasta el 0,7%. Los precios de los Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco se elevaron tres décimas, hasta el 2%.

Para este 2026, CEOE espera que tanto los alimentos no elaborados como los productos energéticos contribuyan a reducir la inflación, al registrar tasas más moderadas o, incluso, negativas en el caso de los productos energéticos. En todo caso, no hay que descartar que la escalada de tensiones geopolíticas pueda provocar subidas bruscas del petróleo y el gas.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 8.1.2026

Las pensiones contributivas se revalorizarán con carácter general un 2,7% en 2026, así como las pensiones del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado. El Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

• El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre de 2025 un Real Decreto-Ley que incluye la revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social.

En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, el límite máximo establecido para la percepción de las pensiones públicas del sistema de Seguridad Social y clases pasivas causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 anuales.

El Ejecutivo estima que la subida de las pensiones favorecerá a las personas más vulnerables y a quienes reciben pensiones mínimas y no contributivas.

¿Cuánto suben las pensiones en 2026?

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán con carácter general un 2,7% para 2026, que es la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta fórmula fue establecida en la Ley 20/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y fue consensuada con los agentes sociales.

• La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 12.441,80 euros anuales y en 17.592,40 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán 11.590 euros y 17.592,40 si tienen cónyuge a cargo.
• Las pensiones mínimas subirán más del 7% en 2026. Las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.
• Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación tendrán un importe anual de 8.803,20 euros.
• Las pensiones no contributivas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizarán en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes con otras pensiones públicas y los 582,10 para las concurrentes.
• La asignación no contributiva por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año. Si la discapacidad es igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros.
• Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2026 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para ese año.
• El complemento para la reducción de la brecha de género de las pensiones contributivas queda fijado para 2026 en 36,90 euros mensuales.

Es el quinto año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 2,7% en 2026, un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022.

¿Cuál es el límite de ingresos para el reconocimiento de cuantías mínimas de pensión?

• Sin cónyuge a cargo: 9.442 euros al año
• Con cónyuge a cargo: 11.013 al año

¿Cuándo suben las pensiones?

La revalorización se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión de que se trate el 31 de diciembre de 2025.

La subida de pensiones es efectiva desde el 1 de enero de 2026.

¿Cuándo sabré lo que me han subido?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones envía cada año una carta a los pensionistas para comunicarles la revalorización de su pensión y la cuantía exacta que percibirán.

¿Cuántas personas se benefician de la subida?

Cerca de 13 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones conservan o aumentan su poder adquisitivo: los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital y los perceptores de prestaciones por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Están aseguradas las pensiones en el futuro?

La dignidad de las pensiones está asegurada y los pensionistas cuentan con un marco legal estable, que garantiza su poder adquisitivo y protege a quien más lo necesita. Es la garantía, tanto para los actuales como para los futuros perceptores, de que el sistema público responde, protege y cumple sus compromisos.

Además, con el objetivo de proteger las pensiones del futuro y en búsqueda del equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social, se han articulado medidas como la cuota de solidaridad y el aumento de las bases máximas de cotización.

El tipo de cotización aplicable de la cuota de solidaridad, que pagan los salarios más altos desde 2025, será progresivo y se incrementará gradualmente hasta el año 2045, donde se alcanzará el tipo definitivo

Por su parte, la cotización por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se establece en el 0,9% con una distribución del 0,75% a cargo del empresario y del 0,15% del trabajador.

¿Es compatible el incremento de las pensiones con el funcionamiento del sistema?

La subida es compatible con un fortalecimiento de los ingresos del sistema, que siguen mejorando gracias a la reforma laboral y otras medidas que han permitido crear más empleo, de más calidad y que la actividad económica se robustezca, lo que proporciona más recursos a la Seguridad Social.

Jueves, 15 de enero de 2026

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a diez personas por un delito de blanqueo de capitales de los fondos de los inversores en criptomonedas a través de la plataforma ‘Arbistar’, entre ellos su creador, Santiago F.J.

Autor Comunicación Poder Judicial

En un auto, el magistrado dicta el auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza separada de blanqueo de capitales que se abrió independiente de la principal, en la que la Audiencia ya dictó sentencia y condenó a penas de 8 años de cárcel a Santiago F.J. y de 6 años al otro fundador de la web Arbistar por haber estafado 200 millones de euros a 32.000 inversores. 

La resolución del instructor señala que Santiago F.J. organizó y dirigió el circuito financiero por el que fluyó el dinero de la plataforma en perjuicio de sus inversores. “Este sabía que los inversores de Arbistar aportaban su dinero siendo víctimas de un engaño perpetrado por él y sus colaboradores, pues ni existía el algoritmo que vendían como panacea, ni las cantidades recibidas eran objeto de inversión alguna”. Por lo tanto, se puede concluir racionalmente, prosigue el magistrado, que el dinero de Arbistar que Santiago F.J. manejaba con la finalidad de ocultar su origen y titularidad, procedía del engaño efectuado a los inversores, es decir, procedía de un delito. 

Ocultación y desvío del dinero de los inversores engañados 

A estos fines, indica Calama, constituyó una serie de sociedades con escaso capital, sin apenas personal, sin contabilidad ni archivo, entre ellas Venus Capital, espina dorsal de todo este entramado de ocultación y desvío de capital, a través de las cuales canalizó los fondos que procedían de las aportaciones de los inversores engañados. 

“Santiago F.J. dispuso de la mayor parte de esos fondos mediante transferencias a las sociedades de su propiedad y colaboradores, además de adquirir, con otra parte de estos fondos, coches de lujo, una embarcación, y pagar bienes y servicios totalmente ajenos a la mercantil a la que los inversores confiaban su capital. De esta forma, todos los encausados acometieron el proceso de blanqueo mediante una secuencia de actos programados que respondían a un esquema común”, resume. 

El auto describe la operativa llevada a cabo por los encausados, en las que el entramado de sociedades interpuestas se puso al servicio de la ocultación y colocación del dinero, que fluía de una cuenta a otra, tanto titularidad de las mercantiles como de sus administradores y parientes, con la única finalidad de integrarse en el circuito financiero y difuminar las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de Arbistar. “El manejo combinado de las de cuentas bancarias que controlaban los encausados les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta ocultar definitivamente buena parte del dinero”, señala. 

Entramado de empresas pantalla con apariencia de legalidad 

Añade el magistrado que la constitución de un entramado de empresas de fachada o pantalla es el prototipo de la conducta de blanqueo. “Las compañías ficticias son formas jurídicas con apariencia de legalidad, que carecen de actividad económica y si la tienen, como algunas en la estructura fraudulenta de Arbistar, se dedican exclusivamente al fraude ?a mover dinero por las cuentas?, son instrumento de la ocultación del origen ilícito de los negocios de donde procede el dinero. Estructuras vacías, sin apenas personal, domiciliadas en despachos de servicios, que en la mayoría de los casos no presentaban cuentas anuales ni conservaban archivo de sus transacciones. Medios para poner en escena la confusión y opacidad que demanda el blanqueo”, concluye. 

Una estructura empresarial de cáscaras vacías 

En definitiva, afirma Calama, Santiago F.J., con la colaboración del resto de los encausados, fueron capaces de crear una estructura empresarial meramente formal, cáscaras vacías que se superponían, ya que las sociedades creadas bajo la órbita de Arbistar habían sido constituidas por terceras sociedades, a su vez participadas o administrada por otras. “Así pues, el relato de hechos punibles permite afirmar que aparece indiciariamente justificado que los encausados eran conscientes del origen del dinero, de su procedencia de una trama defraudadora a gran escala, y acometieron actos dirigidos exclusivamente a ocultar el origen del dinero, y que querían ayudar, claro que a cambio de un beneficio. Por lo tanto, todos ellos estaban en una situación en la que podían conocer el origen del dinero en una actividad fraudulenta, concurrían razones para afirmar que sus actos realizaban el tipo del blanqueo, elemento cognitivo del tipo, y decidieron actuar porque, en el mejor de los casos, les daba igual porque ya estaban decididos a ejecutar las conductas de ocultación y transformación del dinero”. 

La resolución acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para presentar su escrito.

Consejo de Ministros

Consejo de Ministros – 13.1.2026

La norma permitirá que cualquier ciudadano pueda solicitar la rectificación de falsedades e inexactitudes que le afecten difundidas por medios de comunicación o ‘influencers’. El Ejecutivo ha iniciado además la reforma de la ley del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria el proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación y también ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha incidido en que las futuras leyes suponen «dos hitos del Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Ejecutivo en septiembre de 2024″. De las 31 normas contenidas en documento, 17 están concluidas y cuatro en un estado de tramitación avanzada, lo que supone que el 70% del plan ya se ha cumplido.

Derecho de rectificación

La Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación vigente data de 1984, por lo que hay que adaptarla al entorno digital. Félix Bolaños ha precisado que hay que ajustar la norma a los nuevos medios de comunicación existentes, reforzar la efectividad del derecho y mejorar y agilizar el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho se ejercita y el medio de comunicación no lo admite. «Creo que la frecuencia y la gravedad de los bulos y de las mentiras que en ocasiones sufrimos es cada vez mayor y, por tanto, esto debemos de acometerlo con una legislación que se adapte al ecosistema mediático y al sistema de información», ha subrayado.

La norma que regula el derecho a la rectificación permitirá que cualquier ciudadano pueda rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que entienda inexactos y cuya divulgación pueda perjudicarle.

Novedades de la norma

El ministro ha avanzado que se podrán rectificar las informaciones difundidas por medios de comunicación, incluyendo los digitales, así como las que publiquen los usuarios de especial relevancia (influencers) de plataformas en línea o en redes sociales. Es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 si suman todas sus redes. «Desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, estarán afectados por esta ley», ha remarcado el ministro, quien ha añadido que los ciudadanos afectados por las informaciones falsas difundidas por «los profesionales del bulo también podrán ejercer este derecho, aunque no sean un medio de comunicación y sean simplemente personas que se dedican a las redes sociales».

En cuanto al plazo para solicitar la rectificación, pasa de 7 a 10 días, salvo en los medios digitales y usuarios de especial relevancia, que será de 20.

El titular de Justicia también ha señalado que se suprime la obligación de remitir las solicitudes de rectificación a los directores de los medios de comunicación. Basta con enviarlas al medio para que la gestione y, en el caso de plataformas en línea o de redes sociales, a la persona que ejerza el control efectivo sobre ese usuario o sobre la información que se ha publicado.

Los medios de comunicación digitales tendrán de contar con un mecanismo gratuito, fácilmente accesible y perfectamente visible para que el ciudadano puede ejercer el derecho a la rectificación de manera inmediata, y los usuarios de especial relevancia también deberán informar, en un lugar visible en sus redes sociales, de los medios a través de los cuales se puede ejercer.

Félix Bolaños ha detallado que la norma mantiene la obligación de publicar en tres días la rectificación, que se debe limitar a los hechos que se deban rectificar: que sean inexactos, falsos o que no estén acreditados ni contrastados. Si bien, ha señalado que «también se podrán añadir, cuando deriven de la base fáctica de la rectificación, opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación»

La norma introduce mejoras procesales y simplifica y agiliza el procedimiento judicial. El ministro ha explicado que si en el ejercicio extrajudicial del derecho no se llega a un acuerdo entre el medio de comunicación y la persona afectada por la información inexacta se puede presentar una demanda sucinta, se exceptúa el trámite de contestación a la demanda por escrito para agilizar el procedimiento y el juez dictará sentencia, incluso de manera oral.

Actualización de la protección del honor, la intimidad y la propia imagen

El Ejecutivo ha abordado la reforma de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El anteproyecto de la futura ley orgánica comienza ahora los trámites preceptivos de informes y aportaciones antes de regresar al Consejo de Ministros.

El titular de Justicia ha señalado que la normativa actual, de 1982, es buena pero ha quedado obsoleta en algunos aspectos, por lo que conviene adaptarla «a la realidad actual del ecosistema mediático y de información de nuestro país». En concreto, según ha explicado Bolaños, la reforma incorpora las numerosas modificaciones legislativas que se han producido en el ámbito europeo y en el nacional, tiene en cuenta la evolución tecnológica y responde a la conciencia social sobre la facilidad con que se difunden la desinformación y los bulos.

Mejoras en el consentimiento y la protección de los menores

Entre las mejoras que recoge el texto, el ministro ha destacado las referidas al consentimiento. En primer lugar, la posibilidad de compartir imágenes personales o familiares en las redes sociales no supone una libertad absoluta para utilizarlas en otro contexto. El consentimiento, según ha precisado Félix Bolaños, estará limitado a la red social a la que suba una determinada imagen.

En segundo lugar, la norma refuerza la protección de los menores. Se establece en los 16 años la edad a la que pueden prestar su consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección en el entorno digital que está en tramitación parlamentaria. En cualquier caso, ese consentimiento no implica que pueda producirse una intromisión y, además, se debe compatibilizar con que no exista una injerencia en el derecho al honor del menor.

La norma regula también el consentimiento de las personas con discapacidad, que contarán con los apoyos legales establecidos en el Código Civil o con la intervención del Ministerio Fiscal. En el caso de los fallecidos, se amplían las personas que pueden ejercer el derecho en su nombre, incluyendo a las parejas de hecho y las relaciones análogas. Además, las personas podrán prohibir en su testamento el uso de su voz o de su imagen con fines comerciales o publicitarios.

En relación con la inteligencia artificial, el anteproyecto considera ilegítimo emplear la voz o la imagen de una persona con fines comerciales o publicitarios sin su autorización. A su vez, protege la libertad de expresión al permitir esa utilización en el caso de las personas con proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción y haciendo constar el uso de esa tecnología.

El ministro de Justicia ha resaltado que la norma respeta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión e información: no se considerará que se ha producido una intromisión ilegítima cuando exista un interés público, particularmente cuando el material tenga un contenido noticioso.

Otra novedad es la regulación de los contenidos sobre crímenes reales: el anteproyecto garantiza una mayor protección a las víctimas de delitos, considerando una intromisión ilegítima en sus derechos cualquier utilización de dicho delito por parte del victimario que le pueda causar un daño. «El victimario no puede utilizar el delito del que ha sido autor para una utilización posterior en una serie de televisión o en cualquier otro tipo de obra artística», ha sostenido Bolaños.

Respecto a la protección de las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, se regulan también los criterios para ponderar su gravedad, en línea con la jurisprudencia del Constitucional y el Supremo. Además, se prohíben las indemnizaciones simbólicas y se contempla la posibilidad de que se publique en el Boletín Oficial del Estado la identidad del condenado.