Transportes y Movilidad Sostenible – 14.3.2025

El Consejo de Ministros aprobará este próximo martes 18 de marzo el Real Decreto que traspone la Directiva europea por la que se establecen los criterios para calcular los gravámenes y las bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias que, en ningún caso, implica la implantación de nuevos peajes en la red de carreteras del Estado.AP-4, entre Sevilla y Cádiz (EFE)

El Gobierno descarta cualquier posibilidad de tomar medidas encaminadas a ampliar o modificar el pago por uso en las autopistas, autovías o carreteras convencionales. La aprobación de este texto no implica la creación de nuevos peajes, la introducción de un sistema de tarificación distinto al vigente actualmente o tarificar algún tipo de vehículo o el uso de nuevas infraestructuras.

Así, el Real Decreto no altera la política de acabar con las prórrogas de los peajes al fin de su concesión y de descuentos que este Gobierno aplica desde 2018, y que suponen un ahorro anual para los ciudadanos de 1.400 millones de euros.

Desde 2018, 4 de cada 10 km de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, habiéndose liberado 1.029 km de los 2.530 km existentes, acabando con, la tendencia de las prórrogas sistemáticas, para alcanzar un modelo de financiación viaria más equilibrado territorialmente.

Además, el Gobierno está aplicando bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como en la AP-9, AP-66 y AP-68, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes y trabajamos también para aplicar bonificaciones en la AP-53.

Desde 2018, se han ahorrado los usuarios de la Ap-9 más de 330 millones de euros, los de la AP-66, 46,8 millones de euros y los de la AP-68 92 millones de euros.

Cambio en los sistemas de cálculo

La Directiva introduce cambios en el método de cálculo de los peajes así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los externos por emisiones de CO2. En las concesiones de autopistas de peaje ya existentes, sin embargo, no hay que hacer nada, ya que para estas no son de aplicación los criterios ambientales. En el caso de hipotéticas nuevas concesiones, en la licitación del contrato sí que se deben establecer estos criterios, de acuerdo con lo que establece la Directiva.

Las autopistas de Seitt ya comenzaron a trabajar para ajustarse a la normativa con los acuerdos del Consejo de Ministros del 3 de diciembre de 2025, y se sigue en ello. Son las únicas, de hecho, que deben acomodar su situación a esta directiva europea. La Directiva establece la obligación de eliminar, de forma paulatina y con excepciones, el sistema de viñeta para los vehículos pesados. La fecha tope es 2030 y no se contempla su eliminación para vehículos ligeros. El impacto de la regulación de las viñetas en España, sin embargo, es nulo, porque no está implantado este gravamen en nuestras carreteras.

La regulación de los regímenes de descuento en la directiva modificada para vehículos pesados es idéntica a la anterior. Para los vehículos ligeros la regulación es idéntica a la de los pesados, pero se contemplan supuestos para hacer un régimen más flexible, como reducciones de peaje para usuarios frecuentes, que no se contemplan para pesados.

En cualquier caso, se va a seguir trabajando en la política de bonificaciones que tiene el Estado, manteniendo tanto las bonificaciones para vehículos pesados hasta ahora aplicadas, como las que ya teníamos para los vehículos ligeros, que se basan en la habitualidad y empleando los mismos criterios usados hasta ahora en las nuevas que se puedan aplicar a partir de la aprobación del Real Decreto.

El artículo 1 de la Directiva (UE) 2022/362 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 2022 se traspone mediante el Real Decreto por el que se establecen los criterios para la determinación de los gravámenes, de sus exenciones y reducciones y su aplicación a los vehículos por la utilización de determinadas infraestructuras integradas en la red de carreteras del estado.

Agricultura, Pesca y Alimentación – 17.3.2025

Ascienden a un total de 8.083 los productores con ayuda directa del Gobierno para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado un nuevo pago de 5,4 millones de euros de ayudas directas a 559 nuevos agricultores y ganaderos afectados por la DANA. Con este tercer pago, el montante abonado hasta el momento de esta línea de ayudas para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias ascenderá a 65,7 millones de euros a 8.083 beneficiarios.

Los agricultores y ganaderos beneficiarios recibirán el ingreso en sus cuentas a lo largo de los próximos días. El ministerio publicará en las próximas semanas nuevos listados con más agricultores y ganaderos con derecho a la percepción de estas ayudas a fondo perdido, que tienen un presupuesto total de 200 millones de euros.

El listado con los beneficiarios y los importes de ayuda correspondientes a cada uno de ellos, disponible en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), incluye agricultores y ganaderos de las provincias de Valencia, Almería, Cuenca y Albacete. El grueso principal se localiza en Valencia, con 462 agricultores y ganaderos, que percibirán 3,3 millones de euros.

La subvención máxima que percibirá cada beneficiario será de 25.000 euros, con un mínimo 5.000 euros, siempre y cuando no se hayan recibido las ayudas directas a empresas y profesionales aprobadas por el Gobierno. En el caso de haberlas percibido, la cantidad será menor.

El número de beneficiarios y el importe total de la ayuda concedida por provincia en este tercer listado es:

Con este nuevo pago, el total de beneficiarios y el importe concedido por provincia en los tres listados publicados hasta el momento es el siguiente:

17 de marzo de 2025

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• Se trata del tercer mayor valor de la serie para el mes de enero. En términos desestacionalizados y con la corrección de calendario crecieron un 1,8% interanual 
• Las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios crecieron un 0,7% interanual, obteniéndose máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como el Reino Unido, Turquía, India o Chile

• También alcanzaron cifras récord del mes en 12 destinos comunitarios, entre ellos, Portugal, Polonia, República Checa y Suecia 
• Por sectores, en enero destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.523,8 millones de euros), otras mercancías (530,0 millones), semimanufacturas no químicas (372,4 millones), sector automóvil (183 millones) 
• Con la Unión Europea se alcanzó un superávit de 2.740,6 millones de euros, manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017
• Se consolida la base de exportadores regulares: ascendió un 1,7% interanual en enero de 2025 hasta los más de 31.000 exportadores, y representaron el 96,5% del total exportado

Las exportaciones de mercancías españolas alcanzaron los 29.780,4 millones de euros en enero de 2025 y las importaciones los 35.973,3 millones de euros, tal y como muestran los datos de comercio declarado de Aduanas y recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio.

Se trata del tercer mayor valor de la serie para las exportaciones en el mes de enero. En términos desestacionalizados y con la corrección de calendario las exportaciones aumentaron un 1,8% interanual.

Las exportaciones no energéticas se mantuvieron relativamente estables, mientras que las energéticas descendieron un 15% interanual.

En cuanto a la comparativa internacional, descendieron las exportaciones de Alemania (-1,4%), mientras que aumentaron las de Francia (0,6%). Fuera de la Unión Europea, las exportaciones del Reino Unido crecieron un 23,1% interanual, las de los Estados Unidos un 2,1% interanual y las de Japón un 7,3% interanual. Por su parte, las exportaciones de China en el acumulado enero-febrero aumentaron un 3,4% interanual.

Asimismo, la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 82,8%, es decir, 6,2 puntos porcentuales menos que en enero del año anterior.

Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.523,8 millones de euros), otras mercancías (530,0 millones), semimanufacturas no químicas (372,4 millones) y sector automóvil (183,0 millones).

El superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 2.740,6 millones de euros (superávit de 2.892,4 millones de euros en enero de 2024), manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017 (serie provisional). Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en enero fueron Francia (1.464,4 millones de euros), Portugal (1.447,6 millones) y Reino Unido (1.114,4 millones).

Por su parte, el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), ascendió frente al mes de enero del año anterior, con un crecimiento del 1,7% en enero de 2025 hasta alcanzar los 31.002 exportadores. Estos exportaron por valor de 28.743,2 millones de euros, el 96,5% del total

Sectores y mercados de destino

En enero, los sectores con las mayores contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones fueron: alimentación, bebidas y tabaco (1,6 puntos porcentuales), productos químicos (1,2 puntos), materias primas (0,5 puntos) y semimanufacturas no químicas (0,4 puntos). Se alcanzó un máximo histórico del mes para los sectores de alimentación, bebidas y tabaco, manufacturas de consumo, materias primas y bienes de consumo duradero.  

Por mercados de destino, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 63,7% del total. Alcanzaron cifras récord del mes en 12 destinos comunitarios, entre ellos: Portugal, Polonia, República Checa y Suecia.

Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios aglutinaron el 36,3% del total y crecieron un 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Destacaron el aumento de las exportaciones a Asia (sin Oriente Medio) y a África (10,5% y 5,3% interanual respectivamente). Asimismo, se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como el Reino Unido, Turquía, India o Chile.

Por comunidades autónomas, las que observaron crecimientos más destacados en sus exportaciones fueron Castilla-La Mancha (17,5%), Canarias (16,9%) e Illes Balears (13,7%). 

14 Marzo 2025

CEOE

La inflación en febrero volvió a repuntar ligeramente, hasta el 3,0%, una décima más que el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente disminuyó dos décimas, hasta el 2,2%.

De este modo, se amplía el diferencial entre la inflación general y subyacente, mostrando una dinámica muy diferente entre ellas en los últimos meses. Las previsiones en 2025 apuntan a que la inflación será más moderada que en 2024, aunque con oscilaciones, al verse condicionada, entre otros factores, por la evolución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales y por el efecto base respecto a 2024.

La reversión de medidas de reducción de impuestos para moderar la inflación -IVA de electricidad y alimentos- explica siete décimas de la inflación general. 

A impuestos constantes, respecto a 2024, el incremento del IPC general habría sido del 2,3% y el de la subyacente habría sido del 2,1%. 

Este efecto escalón se mantendrá a lo largo de todo el año, pero desaparecerá en enero de 2026, y afecta fundamentalmente a los componentes de productos energéticos y a los alimentos.

La desaceleración de la inflación subyacente en febrero se ha debido a la menor tasa de incremento de los precios de los servicios, del 3,2% frente al 3,4% del mes anterior. No obstante, continúan siendo el componente con un mayor incremento de precios dentro de la subyacente. Los otros componentes del IPC subyacente mantienen tasas moderadas de crecimiento.

En la Unión Monetaria, la inflación también ha mostrado una desaceleración de una décima, hasta el 2,4%, mientras que en España el IPCA de febrero mantuvo su tasa interanual en el 2,9%, por lo que se registró un diferencial positivo de cinco décimas, lo que supone un ligero empeoramiento de la competitividad-precio para España.

Análisis desagregado

El fuerte incremento de los precios energéticos (9,0%) se ha debido, fundamentalmente, a la vuelta a la tasa de IVA habitual del 21%, frente al IVA reducido de la electricidad (a impuestos constantes la tasa de variación habría sido del 4,1%). Así, la electricidad presenta un incremento de sus precios del 28,1%, mientras que carburantes y combustibles presentan caídas de precios ( 2,8%), en línea con la evolución del precio del petróleo. 

En febrero, el precio del crudo Brent se situó en 75,4 dólares/barril, un -4,8% inferior al precio el mes anterior (-5,4% en euros). En tasas interanuales, el descenso fue del -9,6% en dólares y del -6,3% en euros. El anuncio de la OPEP+ de retirar los recortes voluntarios en su producción y la incertidumbre sobre el crecimiento mundial por las tensiones arancelarias están presionando los precios del petróleo a la baja. En marzo, la tendencia continúa, con el precio oscilando alrededor de los 72 dólares/barril, que de mantenerse supondría un descenso en tasas interanuales del -15,7% en dólares y del -12% en euros.

Los precios de los alimentos sin elaboración registran una aceleración y elevan su tasa interanual en 2,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 5,0% (a impuestos constantes su variación habría sido del 3,3%). 

Dentro de la inflación subyacente, destaca la contención de los precios de su componente de servicios, que disminuyen su tasa interanual en dos décimas, hasta el 3,2%. Por su parte, los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aumentan dos décimas, hasta el 2,3%, y los precios de los bienes industriales sin productos energéticos mantienen su tasa de variación en el 0,5%.

Lunes, 17 de marzo de 2025

Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 199

Autor Comunicación Poder Judicial

Las 95.650 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2024 han experimentado en su conjunto un aumento del 3,6 % respecto a las registradas en 2023, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se publican hoy. Este incremento interanual devuelve estos procedimientos a cifras muy similares a las registradas en 2022, año en el que el número total de demandas de disolución matrimonial fue de 95.193.

El incremento global se debe al comportamiento de las demandas de divorcio, especialmente las consensuadas, que son las que más han aumentado. Las demandas de separación, tanto consensuadas como no consensuadas, se han mantenido en cifras muy similares a las de 2023.

Según recoge el informe, las demandas de divorcio consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2024 (55.146) experimentaron un incremento interanual del 4,4 %, mientras que los divorcios no consensuados (37.080) crecieron un 2,8 por ciento.

Por el contrario, se produjo una disminución en las separaciones matrimoniales registradas en 2024: las no consensuadas (1.006) lo hicieron en un 3,2 por ciento, mientras que el decremento de las consensuadas (2.355) apenas se situó en el 0,6 por ciento.

Las nulidades matrimoniales del pasado año fueron 63, un 23,5 % más que en 2023, año en el que sumaron 51.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2024, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 199.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 221,9; Baleares, con 219,9; Murcia, con 212,3; Andalucía, con 211,6; La Rioja, con 206,7; y Castilla–La Mancha, con 204,6.

Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 195,2; Navarra, con 194,9; Cataluña, con 193,3; Asturias, con 192,2; Cantabria, con 187,9; Aragón, con 184,4; Madrid, con 181,2; Extremadura, con 180,3; Castilla y León, con 169,7; y País Vasco, con 168,1.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

En 2024 se presentaron 13.045 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,5 % más que en el año anterior. También aumentaron las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 32.423, un 2,8 % más alta que la registrada en 2023.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.144, cifra que representa un incremento del 3,9 por ciento; y las no consensuadas, que sumaron 28.506, aumentaron un 4,5 por ciento respecto a 2023.

Puede consultar los datos estadísticos completos en el siguiente enlace: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios/

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso»

Agricultura, Pesca y Alimentación – 13.3.2025

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la importancia de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), con medidas y acciones concretas, para mitigar las incertidumbres derivadas de la actual situación geopolítica y de las consecuencias del cambio climático en el sector agroalimentario.

La ENA, según Planas, pretende desarrollar desde el presente y para el futuro los instrumentos que atenúen las tensiones a las que está sometida la alimentación en España y en Europa. Su objetivo final es alcanzar la autonomía estratégica abierta, que asegure el abastecimiento alimentario bajo un modelo sostenible y que refuerce el papel de los operadores de la cadena alimentaria, genere retornos económicos más justos y cree nuevas oportunidades de negocio.

Planas, en comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, ha destacado que este proceso de cambio debe realizarse sin poner en peligro las relaciones comerciales internacionales, con el propósito de estimular la diversificación y el acceso a nuevos mercados dentro y fuera de Europa. Ha subrayado además la buena posición de partida España a la hora de afrontar estos desafíos. «Nuestro sector agroalimentario tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha capacidad innovadora», ha asegurado.

El ministro ha enumerado los seis desafíos clave identificados en la estrategia: el abastecimiento estratégico, la necesidad de unos sistemas alimentarios sostenibles, el fortalecimiento de las áreas rurales y costeras, promover una alimentación saludable, la apuesta por la innovación y la tecnología y asegurar que la información que recibe el consumidor sea veraz y precisa. La ENA detalla 25 medidas y 200 acciones para afrontar estos retos y asegurar que España continúe como referente mundial en alimentación, que contribuye a la construcción de la visión europea en este ámbito.

Planas ha recordado que el Gobierno ha hecho realidad la Estrategia en poco más de un año desde su anuncio, antes de que la Unión Europea (UE) presentara su «Visión de la Agricultura y la Alimentación» el pasado 19 de febrero, un documento que, según Planas, «tiene contribución española y muchos aspectos en los que se aprecia la huella y las propuestas de la ENA».

Así, el ministro ha destacado que la elaboración de la ENA «no es un ejercicio nacional, sino europeo». Ha explicado que «es una muestra más de la implicación del Gobierno en la integración europea, no debemos únicamente esperar que Bruselas tome decisiones, sino al contrario, siendo como somos un socio potente, uno de los países con más peso en la UE, que seamos capaces también de conformar las iniciativas de futuro que en esta nueva legislatura se lleven a cabo».

El ministro ha señalado que la ENA es un paso más en el cumplimiento de las iniciativas legislativas comprometidas por el Gobierno para la presente legislatura. Ha mencionado la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que previsiblemente aprobará la próxima semana el Congreso, la de agricultura familiar -actualmente en consulta pública- y el anteproyecto de ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, que espera llevar al Consejo de Ministros antes del verano.

Un sector agroalimentario español con datos históricos

Planas ha puesto en valor los datos positivos e históricos del sector agroalimentario en 2024 que refuerzan la posición de España como potencia agroalimentaria mundial y un agente con voz propia en la transición hacia un sistema alimentario sostenible.

Con un sector primario que, a nivel interno, ha sido el que más ha crecido en el Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, con una subida del 8,5 % frente al 3,2 % del conjunto de la economía, España es el país con la mayor renta agraria de la Unión Europea, con un valor de más de 37.250 millones de euros el pasado año (+14,2 %). Las exportaciones, por más más de 75.000 millones de euros en 2024, arrojan una nueva cifra récord, con un saldo positivo de más de 19.230 millones de euros en la balanza comercial española. «Somos el cuarto mayor exportador agroalimentario de la Unión Europa y el séptimo del mundo», ha subrayado Planas, quien ha señalado que las ventas al exterior han crecido un 80 % en la última década.

5 de Marzo de 2025

• Esta iniciativa se pone en marcha en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos y tiene como objetivo evaluar cómo están cumpliendo las organizaciones con el derecho de supresión que ejercitan los ciudadanos 

(5 de marzo de 2025). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) participa en una acción europea coordinada para conocer cómo aplican las organizaciones en la práctica el derecho de supresión (art. 17, RGPD) que ejercitan los ciudadanos. Esta iniciativa forma parte del marco de actuaciones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de 2025.

El Comité, durante su reunión plenaria de octubre de 2024, seleccionó esta temática debido a que se trata de uno de los derechos del RGPD que los ciudadanos más ejercitan ante los responsables del tratamiento y, a la vez, del que las Autoridades de protección de datos reciben con más frecuencia reclamaciones de la ciudadanía.

Durante este año, 32 Autoridades de Protección de Datos europeas participarán en esta acción. La Agencia, por su parte, analizará las prácticas de una muestra de responsables del tratamiento, tanto del sector público como privado, para conocer tanto las buenas prácticas como si existe alguna problemática relacionada con la atención al ejercicio del derecho de supresión.

Los resultados de esta acción se analizarán de manera coordinada y las Autoridades podrán decidir sobre posibles acciones adicionales de supervisión y aplicación en sus respectivos países. Además, los resultados serán agregados, generando una visión amplia y permitiendo un seguimiento específico en el ámbito del Espacio Económico Europeo. Finalmente, el Comité publicará un informe sobre el resultado de este análisis una vez concluidas las acciones.

Esta acción es la cuarta iniciativa del Marco de Aplicación Coordinada, entre cuyos objetivos se encuentra la cooperación entre las autoridades de protección de datos. Las acciones coordinadas anteriores analizaron

14 Marzo 2025

Varias medidas de la futura ley de viviendas turísticas en Canarias deberían estar más justificadas

Ámbito CNMC: Promoción de Competencia

• Los ayuntamientos autorizarán expresamente estas viviendas en sus planeamientos urbanísticos.
• Las viviendas turísticas no deberán superar, en general, el 10% de las viviendas residenciales de cada municipio. 
• La CNMC no cuestiona los problemas que existen para acceder a la vivienda, especialmente relevantes en Canarias.
• La Comisión considera que ciertas medidas deben modularse ya que los problemas de vivienda no son iguales en todas las zonas.

El Anteproyecto de Ley (APL) de ordenación de las viviendas de uso turístico en Canarias condiciona su uso en suelo residencial a que los ayuntamientos lo permitan expresamente en sus instrumentos de planeamiento urbanístico. La CNMC analiza esta y otras medidas en el informe recién publicado (IPN/CNMC/032/24).

La futura normativa establece requisitos para que los municipios habiliten el uso de viviendas como alojamientos turísticos. También, fija un régimen supletorio si no disponen de instrumentos de planeamiento urbanístico y un régimen transitorio para las viviendas que estaban previamente habilitadas.

Razones de interés general

La CNMC no cuestiona el modelo turístico por el que apuesta Canarias, pero recuerda que toda intervención que restrinja la competencia debe estar justificada por razones imperiosas de interés general. Además, debe ser necesaria y proporcionada, y acreditarse que es la única medida efectiva.

El problema de acceso a la vivienda en Canarias no es igual en todos sus territorios. La CNMC aconseja analizar su incidencia en cada ámbito (zonas especialmente tensionadas) para modular la intervención. 

Además, recomienda estudiar el impacto conjunto que tendrán los requisitos debido al riesgo de que las viviendas turísticas se conviertan en una actividad residual cuando termine el régimen transitorio. 

Recomendaciones

Varias medidas del anteproyecto son susceptibles de una mayor justificación o mejora desde el punto de vista de la regulación
eficiente, por lo que se sugiere:

• Excluir de la norma usos de hospedaje distintos de los turísticos, como, por ejemplo, los alquileres temporales por motivos de estudios, trabajo o por razones médicas. 
• Determinar, de forma justificada, la reserva de uso residencial por parte de los planes de ordenación urbana municipales y justificar los porcentajes de reserva establecidos. 
• Justificar la antigüedad mínima de la vivienda de 10 años. Y, en casos de vivienda con protección pública, vincular dicho término al plazo de protección pública. 
• Permitir el uso turístico en las viviendas resultantes de la conversión de locales. 
• Justificar los límites a la capacidad de alojamiento de las viviendas turísticas (10 % de los habitantes de cada núcleo de población y del 10 % de los habitantes de cada sección electoral) y las limitaciones en los asentamientos rurales y la prohibición en asentamientos agrícolas. 
• Analizar la proporcionalidad de los requisitos relativos al número de baños y a la eficiencia energética y de accesibilidad. 
• Prever la posibilidad de emplear otras formas de energías renovables que respeten el objetivo de descarbonización establecido en el APL. 
• Evitar retrasos para obtener la documentación que debe acompañar a la declaración responsable. 
• Analizar la necesidad y proporcionalidad de realizar una memoria de la actividad turística que se va a desarrollar. En caso de exigirse, debería de estar abierta a cualquier profesional capacitado (técnico competente).
• Analizar la posibilidad de establecer un régimen más flexible, ágil y menos costoso para cambiar el uso de las viviendas (turístico y residencial).
• Reservar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento de declaración responsable durante 3 años a los casos más graves en los que exista, por ejemplo, dolo o una negligencia grave. 
• Analizar la posibilidad de flexibilizar algunos aspectos —el ejercicio ininterrumpido del uso turístico previo de la vivienda, la exclusión de retorno automático al uso turístico o los requisitos de ejercicio continuado de la explotación turística— respecto al régimen transitorio de la declaración responsable consolidada.
• Clarificar las exclusiones del uso turístico de las viviendas que estén en situación legal de consolidación turística —como las limitaciones a la rehabilitación o remodelación del inmueble—. 
• Flexibilizar los requisitos a las viviendas para optar a los incentivos (ampliación del plazo a 20 años) por ampliar la oferta de alquiler de larga duración y aplicarlos también cuando solo se hubieran alquilado habitaciones. 
• Que los incentivos a la renovación turística no muestren preferencia por un determinado perfil de operador económico.

La CNMC puede actuar de manera consultiva, pudiendo ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h). 

El informe aprobado cuenta con el voto particular de un consejero.

Viernes, 14 de marzo de 2025

Los concursos aumentaron un 35,5 por ciento respecto a 2023 al registrarse un total de 57.507 en toda España. Los que más crecieron, un 46,8 por ciento, fueron los de personas naturales sin actividad empresarial, que representan el 85 % del total de concursos. Los lanzamientos aumentaron un 3,4 por ciento; los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 3,6 % mientras que los derivados del impago del alquiler aumentaron un 4,5 por ciento. Las demandas por despido aumentan un 13,8 por ciento y los procesos monitorios, un 7,7 por ciento

Autor Comunicación Poder Judicial

En 2024, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas aumentó un 18,3 por ciento con respecto al año anterior, rompiendo la tendencia a la baja que había mostrado desde 2022. En el pasado ejercicio, se iniciaron en toda España un total de 23.164 ejecuciones hipotecarias, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El informe también muestra cómo 2024 cerró con un importante incremento de los concursos, siendo los 57.507 presentados en los órganos judiciales un 35,5 % más que los de 2023 y también con un incremento interanual más contenido, del 3,4 %, de los lanzamientos practicados, que fueron 27.564.

Andalucía, a la cabeza en el número de ejecuciones hipotecarias

Las ejecuciones hipotecarias aumentaron en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2024 (5.519), seguido por Cataluña (4.491), la Comunidad Valenciana (3.403), Madrid (2.204) y Murcia (1.229).

Atendiendo al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Murcia, con 78. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 63,5; Andalucía, con 62,7; Cataluña, con 55,7 y Castilla-La mancha, con 53,2. 

27.564 lanzamientos practicados en 2024

El número de lanzamientos practicados el año 2024 fue de 27.564, un 3,4 por ciento más que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Un 74,6 por ciento de los lanzamientos, 20.558, fue sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.073 (el 18,4 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.933 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento interanual del 4,5 % respecto a 2023, y los derivados de ejecuciones hipotecarias, una disminución del 3,6 por ciento.

Cataluña –con 7.381, el 26,8 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.027; la Comunidad Valenciana, con 3.610; y Madrid, con 2.375.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.539. Le siguen Andalucía, con 2.712; la Comunidad Valenciana, con 2.517; y Madrid, con 2.317. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña, con 1.121; Andalucía, con 994; Comunidad Valenciana, con 915 y Murcia, con 423.

Importante incremento de los concursos presentados en 2024

El número de concursos presentados en 2024 fue de 57.507, un 35,5 % más que los presentados el año anterior. De ellos, 48.853 (el 85 % del total) corresponden a concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, con un incremento del 46,8 %; 5.568 (el 9,7 % del total) a personas jurídicas, lo que supone un incremento del 2,2 % y 3.086 a personas naturales empresarios, disminuyendo el 17,2 % interanual. 

La Comunidad Autónoma con mayor número de concursos presentados fue Cataluña, con 14.034. Le siguieron Madrid, con 9.237; Andalucía, con 8.791, y la Comunidad Valenciana, con 7.117.

La suma de los concursos presentados por personas jurídicas y de los presentados por personas naturales empresarios ante los Juzgados de lo Mercantil coloca a Cataluña como el territorio donde se registraron más concursos de empresas, con 2.959 (el 34,2 % del total nacional). Le siguen Madrid, con 1.161; Andalucía, con 1.019 y la Comunidad Valenciana, con 1.018. Estas cifras son menores que en el año anterior y en conjunto, estos concursos de empresas han disminuido un 5,7 % respecto a 2023. 

Procedimientos especiales de microempresas

En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas.

Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.

En 2024 se presentaron en los juzgados mercantiles 3.263 procedimientos especiales de microempresas, de los que 2.279 corresponden a personas jurídicas y 984, a personas físicas.

Las demandas por despido aumentan un 13,8 por ciento

Las 159.730 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2024 supusieron un incremento del 13,8 por ciento respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Cataluña –con 30.804, el 19,3 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Madrid, con 27.589 y Andalucía, con 27.014.

Además, los Juzgados de lo Social registraron en 2024 137.070 reclamaciones de cantidad, un 6,1 % más que en 2023. De ellas, 25.402 se presentaron en Madrid; 22.866 en Andalucía y 16.525 en Cataluña.

Procedimientos monitorios

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2024 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 1.145.593, un 7,7 % por ciento más que en 2023.

El número más elevado de este tipo de procesos se presentó en Madrid, 219.204, lo que representa el 19,1 % del total nacional, con un incremento respecto a 2023 del 25,2 %; le siguieron en número Andalucía, con 17.384; Cataluña, con 155.549 y la Comunidad Valenciana, con 128.998.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)

En 2024, los 11 juzgados especializados en el conocimiento de los procedimientos de esta naturaleza registraron 116.824 asuntos y dictaron 41.400 sentencias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

Durante el pasado ejercicio, los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, que sumaron 2.309, experimentaron un incremento interanual del 1,8 por ciento. En Cataluña se registraron 463 (el 20,05 % del total nacional); en Andalucía, 449; en la Comunidad Valenciana, 391 y en Madrid, 186.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y las series completas desde 2007 hasta 2024 en la siguiente dirección:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 – 14.3.2025

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que regulará la información de los algoritmos que usan las empresas para que sus parámetros sean transparentes y accesibles, y prohibirá que sean discriminatorios o se aprovechen de situaciones de emergencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto celebrado con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su departamento regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad. Lo hará, según ha explicado, obligando a que los parámetros que usan estos algoritmos sean transparentes y accesibles para las personas consumidoras. Además, el ministro ha anunciado que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad. Por otro lado, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.

De esta manera, desde Consumo se pretende facilitar información útil a las personas consumidoras para que eviten posibles prácticas discriminatorias o engañosas. También se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales y un mayor control sobre la privacidad. Así lo ha manifestado Bustinduy en el acto «Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital» celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.

¿Qué implicará la nueva regulación?

Para ilustrar qué supondrá la regulación anunciada por el ministro Bustinduy se hará uso de un ejemplo, en este caso de un servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían. En este supuesto, la empresa que ofrece este servicio tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra. Es decir, el usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre… Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que la persona usuaria tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el usuario, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo.

Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la DANA del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la Comunidad Valenciana. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.

«Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos», ha declarado Pablo Bustinduy, y ha añadido que resulta necesario democratizar las relaciones económicas, «construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones». Por otro lado, el ministro ha puesto el foco en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las personas consumidoras a una información clara y veraz.

El acto celebrado en el Ministerio que dirige Bustinduy ha servido de previa a la conmemoración este 15 de marzo del Día Mundial por los Derechos de las Personas Consumidoras. El evento ha contado con una intervención a través de vídeo de Aaron Rodericks, responsable de Trust and Safety de Bluesky. A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda con Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego; Miguel Bordiú, secretario del consejo de la CNMC; Tiziana Tallaro, directora general de Confianza Online, y Ana Caballero, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

Ana Caballero ha leído un manifiesto en el que el CCU propone un Pacto de Estado en defensa de los derechos digitales. En el documento se proponen medidas como la prohibición de las conductas comerciales que interfieran en la capacidad de decisión de las personas, la limitación del uso indebido de datos personales, actuaciones para mejorar la accesibilidad y herramientas y dotación de autoridades para la supervisión y el control del entorno digital.

El evento ha sido clausurado por Daniel Arribas, director general de Consumo, que ha trasladado la necesidad de que todos los agentes que operan en la economía digital «participen de la protección y en la defensa efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en este ámbito».

Vivienda y Agenda Urbana – 10.3.2025

El Ejecutivo apuesta por el diálogo, la colaboración y la cooperación entre administraciones, que ya ha permitido alcanzar acuerdos en todas las conferencias sectoriales que se han celebrado.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha participado en las jornadas Looking at the Future, que organiza EY, sobre «el acceso a la vivienda en España». En su intervención, David Lucas se ha centrado en explicar las políticas de vivienda del Gobierno de España y en los resultados que están consiguiendo.

Desde la premisa de la «colaboración constante» con el resto de las administraciones y la «fundamental colaboración público-privada», el secretario de Estado de Vivienda ha hecho un llamamiento a que «hagamos todo lo posible para cumplir el objetivo por el que estamos en política, que es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas españolas y españolas».

David Lucas ha expuesto las políticas del Gobierno en tres ámbitos: normativa, reglamentaria e inversora. En el primer campo, el secretario de Estado ha hecho referencia a la Ley por el Derecho a la Vivienda como «una buena ley, que tiene la capacidad estructural de poder planificar acciones de futuro y que, con su desarrollo, seremos capaces de abordar las dificultades en esta materia. Una ley que, a su juicio, tiene numerosos elementos positivos y es necesaria a pesar de que, «a veces algunos hablen con mucha demagogia».

Asimismo, se ha referido a la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los planes generales de ordenación urbana, que son «fundamentales» para conseguir suelo finalista para el desarrollo de viviendas. Lamentando que no se haya conseguido avanzar en esta ley que ha calificado de necesaria. Por otro lado, otro hito legislativo que ha destacado es la Ley de Calidad de la Arquitectura, que no introduce en la construcción «la calidad suficiente y necesaria», conforme a los últimos avances en materia arquitectónica.

Inversión presupuestaria, coordinación y acuerdos entre administraciones

Otro de los grandes elementos que ha desarrollado el secretario de Estado ha sido el compromiso presupuestario que el Gobierno ha otorgado a las políticas de vivienda, lo que ha permitido multiplicar por ocho las partidas de los Presupuestos Generales del Estado dedicados a vivienda desde el año 2018.

Ese incremento de las inversiones, ha detallado, han dado grandes resultados, destacando principalmente dos de ellos. La buena acogida que han tenido los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de las administraciones y del sector privado. Lucas ha evidenciado este «éxito en la acción» del Gobierno en los resultados.

En primer lugar, el compromiso con la Comisión Europea era alcanzar 20.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible y que en la actualidad se han alcanzado acuerdos con las administraciones autonómicas y locales para construir 25.000. Y, por otro lado, que a través de las líneas de préstamos y avales para promotores que se han implementado a través del Instituto de Crédito Oficial, en un año se encuentran aprobadas y en estudio 7.000 operaciones más de las que ha financiado el ICO durante cuarenta años.

A dicho compromiso presupuestario, se añade el compromiso de acuerdo y colaboración del Gobierno de España con el resto de administraciones como ha ocurrido de manera recurrente en las distintas Conferencias Sectoriales celebradas.

El principal resultado de estas políticas es el incremento del 2,5% al 3,4% del parque de vivienda social y asequible en España. Lo que, a su juicio, «pone de manifiesto el esfuerzo de las administraciones públicas en construcción de viviendas».

«El problema que hemos arrastrado a lo largo de todo este tiempo desde el periodo democrático es que se han impulsado 2,4 millones de viviendas desde las administraciones públicas. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en donde han sido principalmente parques públicos en alquiler, es que las viviendas que se impulsaban en España principalmente eran un régimen de tenencia, que era el régimen de compra-venta. Esas viviendas se descalificaban y lo que no permitía esa descalificación es mantener unos parques de vivienda, ya sean públicos o privados, que garantizaran el acceso a vivienda a aquellos que tienen menos recursos económicos», explicaba Lucas.

Y en ese sentido, ha defendido que «uno de los fundamentales de las propuestas que estamos impulsando es precisamente que todas aquellas viviendas que vayan a ser impulsadas con fondos del Estado tendrán que garantizar la permanencia en su protección».

4 Mar 2025 CEOE

En el mes de febrero se registra un incremento medio de 100.340 cotizantes, mientras que el desempleo disminuye en 5.994 personas. La reducción del desempleo se observa en los sectores de servicios, construcción e industria, alcanzando a 10 comunidades autónomas y a Ceuta, y situando el número total de desempleados en 2.593.449 personas, la cifra más baja para un mes de febrero desde 2008.

No obstante, España sigue liderando la lista de países de la OCDE con mayor tasa de desempleo, lo que resulta paradójico considerando la dificultad de ciertos sectores para encontrar trabajadores y subraya la necesidad de ajustar la oferta educativa y mejorar la transición hacia el empleo.

En un contexto global incierto, las empresas, con especial incidencia en las pequeñas, predominantes en el tejido empresarial español, enfrentan desafíos como el aumento de costes laborales, fiscales y financieros, y la inseguridad jurídica por constantes cambios legislativos y continuos anuncios de nuevas cargas, costes y obligaciones. Estas condiciones frenan las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, afectando negativamente al empleo, lo que hace necesario conseguir un entorno de mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y predictibilidad, además de fomentar la adaptabilidad mediante la negociación colectiva.

Las grandes empresas continúan compensando la caída de empleo en las microempresas, donde la proporción de empleo ha caído del 21,61% en 2019 al 18,87% en enero de 2025. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las variaciones interanuales de la ocupación oscilan entre el -0,8% en empresas de 1 y 2 trabajadores y el 6,1% en aquellas con más de 499 empleados.

Estabilidad en el empleo

El número total de afiliados a la Seguridad Social roza los 21,2 millones de cotizantes de media. Este crecimiento es generalizado en todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto en Castilla-La Mancha y Melilla, y en la mayoría de los sectores de actividad, destacando hostelería, educación, construcción e industria manufacturera. Las mujeres representan el 47,29% de las personas afiliadas, superando los 10 millones. 

Además, el Régimen de Autónomos experimenta un aumento de 8.196 personas en febrero y de 39.630 en términos interanuales.

En febrero se han suscrito 481.683 contratos indefinidos, un 43,85% del total de contratos formalizados. Hay cerca de 14,8 millones de ocupados con contrato indefinido, de los que más de 9,8 trabajan a tiempo completo. Así, el porcentaje de afiliados con contrato indefinido se sitúa en el 88,1%, creciendo 14,4 puntos desde la Reforma Laboral.

La estabilidad en el empleo ha beneficiado especialmente a las mujeres y a los jóvenes tras la Reforma laboral de 2021, gracias al compromiso del sector privado.

6 Mar 2025

CNMC

• Del total de líneas móviles, 53,96 millones tenían acceso a Internet.
• En cuanto a líneas de fibra óptica (FTTH), el año acabó con 16,5 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de publicar en CNMCData las estadísticas de telecomunicaciones correspondientes a diciembre de 2024. 

Telefonía móvil

El número de líneas móviles en España alcanzó los 61,3 millones, con un crecimiento interanual del 2,8 %. Movistar, MASORANGE y Vodafone concentraron el 87,4 % del total.

CUOTA DE MERCADO LÍNEAS MÓVILES DICIEMBRE 2024 [1]

 
_{Fuente: CNMC.}

Las líneas M2M (comunicaciones máquina a máquina) aumentaron un 17,7 % con respecto al año anterior, hasta los 13,44 millones.

475.869 números móviles cambiaron de operador (+13,4 % interanual). Movistar y DIGI sumaron líneas, mientras que Vodafone, MASORANGE y el conjunto de los OMV perdieron líneas.

En total se registraron 53,96 millones de líneas voz con banda ancha móvil (+3,5 % interanual).  Movistar, MASORANGE y Vodafone concentraron el 86,4 % del total.

Banda ancha fija

En el mes de diciembre el parque de banda ancha fija sumó 38.418 nuevas líneas hasta los 18,49 millones y una proporción de 38 líneas por cada 100 habitantes frente a las 36 de hace un año. 

Las líneas de fibra óptica (FTTH) crecieron en 59.462, hasta los 16,5 millones, el 89,2 % del total. Las tecnologías DSL y HFC siguieron en retroceso, con caídas de 17.623 y 5.297 líneas, respectivamente.

EVOLUCIÓN LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA POR TECNOLOGÍA (miles)

_{Fuente: CNMC.}

GANANCIA MENSUAL LÍNEAS BANDA ANCHA FIJA DICIEMBRE 2024 [2]  (miles)


_{Fuente: CNMC.}

El 84,4 % de líneas de banda ancha fija se concentró en Movistar, Vodafone y MASORANGE, mientras que la cuota de mercado para DIGI alcanzó un 10,54 %.

CUOTA DE MERCADO LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA DICIEMBRE 2024 [3]

_{Fuente: CNMC.}

Telefonía fija

Las líneas fijas cayeron en 12.159 hasta los 17,7 millones.

La portabilidad fija cayó un 8,6 % interanual, con 88.663 números portados.

Servicios mayoristas

El mes de diciembre finalizó con 2.799.199 de NEBA local. Las líneas de acceso indirecto NEBA registraron 1,17 millones; prácticamente todas eran de fibra (99,9 %).

[1] Finetwork (que ahora opera como OMV) reporta las líneas móviles que, a 31 de diciembre, ya son de su titularidad y que hasta entonces reportaba Vodafone.

[2] [3] Vodafone incluye los datos de Ono y MASORANGE incluye los datos de Orange y Grupo MASMOVIL a partir de abril de 2024. Los datos de los operadores móviles de red incluyen los correspondientes a los OMV que son de su propiedad. Se incluyen las líneas de otras tecnologías distintas a DSL, HFC o FTTH.

4 marzo, 2025  USO

El paro ha descendido en 5.994 personas respecto a enero (-0,23%) y en 166.959 personas en términos interanuales (-6,05%).

A pesar de estos descensos, las mujeres representan el 60,27% del total de personas desempleadas (1.562.954), evidenciando una brecha de género estructural. También entre los menores de 25 años, el paro aumentó en 6.522 personas (3,46%), con un mayor impacto en las mujeres (3,82%).

Aunque el paro registrado alcanza la cifra más baja para un mes de febrero en 17 años -2.593.449 personas-, es preocupante observar un retroceso en la estabilidad laboral y una persistente brecha de género en el empleo. “El descenso del paro en febrero es positivo, pero no podemos ignorar las debilidades estructurales del mercado laboral español. La contratación indefinida retrocede un 7,98 % y los sectores fem inizados siguen concentrando el empleo más precario. La brecha de género en el desempleo y la calidad del empleo es inaceptable”, explica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.

La afiliación a la Seguridad Social superó los 21,4 millones de ocupados en febrero, mostrando una recuperación del empleo que “debe ir acompañada de garantías de estabilidad y calidad. No podemos permitir que la temporalidad y los contratos fijos discontinuos se normalicen como la base de nuestro sistema laboral. O que en un mes se firmen más de 300.000 contratos a tiempo parcial (28,04 % del total), el 60 % de éstos, de carácter temporal”, apunta García.

El empleo generado no garantiza estabilidad, como reflejan los datos de contratación. En febrero se firmaron cerca de 1,1 millones de contratos, de los que el 56,15 % fueron temporales. Por otro lado, los contratos fijos discontinuos, modalidad predominante en sectores como hostelería y comercio, disminuyeron un 9,57% (130.398 firmados en febrero).

Desde USO insistimos en la necesidad de un cambio estructural en las políticas laborales que priorice la estabilidad, la igualdad y la calidad del empleo. “Hay que reforzar el control sobre el abuso de la temporalidad, los contratos fijos discontinuos y la utilización del contrato indefinido como falso temporal. También, diseñar planes de empleo con enfoque de género que promuevan la incorporación de mujeres a sectores emergentes y de alto valor, junto con el impulso de medidas que garanticen la corresponsabilidad. Sin olvidar tampoco a los jóvenes, con programas específicos de empleo que reduzcan su vulnerabilidad ante la precariedad y el desempleo. No basta con celebrar el descenso del paro si éste no se traduce en mejoras reales para las trabajadoras y trabajadores”, concluye Sara García.

4 de marzo de 2025

mineco.gob.es

• El proyecto normativo transpone la Directiva europea sobre administradores y compradores de créditos, que tiene como objetivos establecer reglas comunes para regular este mercado 
• Se refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizando que se respetan sus derechos y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas
• De forma específica, los prestamistas deberán contar con una política de renegociación de deudas y, en el caso de clientes vulnerables que sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se establece la obligación de ofertar un plan de pagos en caso de venta a un tercero.

• Además, se establece el proceso de comunicación a los consumidores de cualquier modificación del contrato y para créditos al consumo se limitan los intereses de demora 
• Asimismo, la norma favorece la estabilidad financiera, facilitando que las entidades financieras puedan vender sus carteras de créditos dudosos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia
• El Proyecto de Ley regula también la actividad de administración de créditos dudosos, que requerirá de autorización del Banco de España, así como la compraventa de créditos dudosos 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por el que se transpone la Directiva europea sobre la materia y se modifica la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011/ y la Ley de contratos de crédito inmobiliario /Ley 5/2019). El proyecto una vez aprobado por el Gobierno será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica garantizando que se respetan sus derechos, y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas. Asimismo, se favorece la estabilidad financiera, facilitando que las entidades financieras puedan vender sus carteras de créditos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia.

Con este objetivo, el Proyecto de Ley regula la compraventa de créditos dudosos concedidos por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito estableciendo unas reglas comunes con el resto de la Unión Europea para regular la operativa de este mercado.

El proyecto normativo regula, en primer lugar, la actividad de administración de créditos dudosos, que consiste en el cobro o la renegociación de créditos dudosos, que pasa a ser una actividad reservada y requiere de la autorización previa del Banco de España. Con el fin de proteger a los consumidores, se establecen como requisitos para obtener esta autorización la necesidad de disponer de un sistema interno adecuado de gestión de reclamaciones, así como una política que garantice la protección y trato justo de los prestatarios.

Asimismo, se regula la compraventa de créditos dudosos, asegurándose el mantenimiento de las condiciones y derechos de los prestatarios y trasladándose al comprador de los créditos las obligaciones de transparencia, protección e información, incluyéndose el cumplimento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estuviera adherido.

Más protección para los consumidores financieros

El proyecto normativo establece garantías adicionales para la protección de los prestatarios, que obligan tanto a los compradores como a los administradores a dar un trato adecuado e información suficiente, además de contar con un servicio de atención al prestatario y de reclamaciones extrajudiciales adecuado.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones el Banco de España supervisará alos administradores, así como el respeto de estas obligaciones por parte de los compradores de crédito, estableciéndose, el correspondiente régimen de infracciones y sanciones.

Asimismo, se modifican las normativas sectoriales de crédito al consumo y de crédito inmobiliario para introducir la obligación de que los prestamistas cuenten con una política de renegociación de deudas. Esto supone que los prestamistas deberán ofrecer a los clientes medidas encaminadas a alcanzar acuerdos de renegociación, antes del inicio de acciones judiciales o la exigencia del pago total de la deuda.

La norma establece condiciones especiales para los clientes deudores de un crédito no hipotecario en situación de vulnerabilidad económica, que son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En estos casos la entidad prestamista que venda el crédito dudoso a un tercero deberá ofrecer al prestatario un plan de pagos para proteger a los colectivos más endeudados sin menoscabar la cultura de pago.

Se introducen, además, en la Ley de Crédito al Consumo medidas adicionales de protección de los deudores, dirigidas a mejorar la información y protección de estos clientes. Así, con este objetivo, se limitan los intereses de demora a cobrar en casos de impagos por parte del consumidor a un máximo de la suma del interés de ordinario más tres puntos porcentuales.

Además los gastos por reclamación de saldos vencidos deberán ser por una cuantía acorde a los costes efectivamente soportados por el prestamista y, en todo caso, tras una comunicación al cliente con carácter previo en la que se haya indicado el saldo deudor impagado, el plazo disponible para regularizar la situación y el importe que se va a adeudar en caso contrario; se definen los supuestos de modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida (como en el caso de las tarjetas revolving), permitiendo a los clientes no aceptar las subidas o cancelar el contrato, en cuyo caso el cliente podrá reembolsar la deuda pendiente de acuerdo con las condiciones de reembolso y tipo de interés vigentes en el momento de la comunicación, sin coste adicional para el prestatario. Finalmente, se clarifican las condiciones de las indemnizaciones por amortización anticipada en el caso de financiaciones ligadas a la compra de bienes o servicios.

05/03/2025

• El ministro ha afirmado que, tal y como prevé la Ley, los juzgados de violencia sobre la mujer contarán con los recursos necesarios para asumir las nuevas competencias
• Bolaños ha clausurado las XX Jornadas de presidentes y presidentas de los TSJ de España, celebradas en Palma 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha participado  hoy en la clausura de las XX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia de España, celebradas en Palma.

En su intervención, Bolaños ha asegurado que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia la hará más ágil, flexible, cercana y digital y ha destacado que las comunidades autónomas ya han recibido fondos europeos para implementarla.  También ha garantizado el apoyo del ministerio para que sea una realidad en el plazo previsto por la ley.

Del mismo modo, ha asegurado que los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán los recursos necesarios para que, a partir de octubre, puedan asumir todos los delitos de violencia sexual, tal y como contempla la Ley, que da cumplimiento al Convenio de Estambul suscrito por España. Bolaños ha explicado que la solución al incremento de carga de trabajo que conllevará este cambio ya está prevista en la propia norma y pasa por la creación de nuevas plazas de jueces y la transformación y creación de nuevos juzgados, en adelante secciones. Los detalles se incluirán en un Real Decreto que prepara el Gobierno en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

El ministro también ha agradecido a los presidentes y presidentas de los TSJ el trabajo realizado y las reflexiones compartidas en las jornadas de Palma para la implementación de la nueva Ley. 

La mayor transformación de la Justicia en décadas

Entre las reformas emprendidas, Bolaños ha destacado la propia Ley de Eficiencia y ha resaltado que facilitará un incremento en la dotación de jueces y un importante ahorro económico, ya que con el coste actual de crear una unidad judicial (cerca de medio millón de euros) se podrán asignar entre cinco y seis nuevos jueces en los Tribunales de Instancia.  

La Ley simplificará la estructura judicial transformando 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia y creando las Oficinas Judiciales, que darán servicio a diferentes secciones y jueces. También creará las Oficinas de Justicia en los Municipios para acercar la Justicia a toda la ciudadanía, resida donde resida. 

Sobre otras reformas pendientes, Bolaños ha asegurado que la futura Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carrera Judicial y Fiscal supondrá un aumento sustancial del número de jueces gracias a medidas como la regularización de los jueces sustitutos, en línea con la petición de la Comisión Europea, o la apuesta por el cuarto turno. Además -ha añadido- actualizará las pruebas de acceso. Por último, ha anunciado que el Gobierno trabaja para que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sea una realidad en 2025. 

03/03/2025 Banco de España

Tipos de interés

El índice euríbor a un año, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, baja en febrero hasta el 2,407% desde el 2,525% del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de 1,264 puntos. 

Estos índices no serán válidos como referencia oficial hasta la fecha de su publicación en el BOE.

jueves, 6 de marzo de 2025

En el caso enjuiciado, en los estatutos se describe el destino de los pisos del inmueble “[a] viviendas del titular propietario o arrendatario con o sin oficinas o despachos propios de la profesión del habilitante”

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que examina de nuevo la legalidad de la limitación en el título constitutivo de las facultades dominicales de propietarios de pisos en un edificio sometido a régimen de propiedad horizontal.

Comienza recordando, con cita de las sentencias antecedentes, la legalidad de tales limitaciones estatutarias siempre que sea una prohibición fundada en una estipulación clara y precisa (en este caso del destino turístico). En este punto, la mera descripción del inmueble con indicación del destino de los pisos o locales, no supone una limitación del uso o facultades dominicales.

En el caso enjuiciado, en los estatutos se describe el destino de los pisos del inmueble “[a] viviendas del titular propietario o arrendatario con o sin oficinas o despachos propios de la profesión del habilitante”. Por otra parte, las prohibiciones de los estatutos se refieren a consultorios y clínicas de enfermedades infecto contagiosas y para fines ilegales; instalación motores o máquinas que no sean usuales para los servicios del hogar, actividades inmorales, incómodas o insalubres.

Analiza estas concretas disposiciones estatutarias, aplica su jurisprudencia al caso, y concluye que (a diferencia de lo que apreció en las sentencias 1643/2023, 1671/2023, 90/2024, 95/2024), en estos estatutos no se prohíbe el destino turístico de los pisos.

05/03/2025  |Registradores

El Colegio de Registradores presenta, con esta nota informativa, un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de enero de 2025, con datos proyectados sobre el 95,9% de los registros analizados. En la presente nota se sintetiza la evolución de las compraventas e hipotecas respecto al mismo mes de 2024.

Según estos datos provisionales, durante el mes de enero de 2025 se registraron alrededor de 118.500 transacciones de compraventa, con un aumento del 7,6% respecto a enero de 2024. De ellas, unas 60.000 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone a su vez un incremento anual del 8,8%. Estos datos consolidan con moderación la recuperación del mercado inmobiliario español iniciada con fuerza los últimos meses del pasado año.

Una evolución similar se observa en las hipotecas, que experimentaron un crecimiento parecido, al constituirse durante el pasado mes de enero cerca de 49.000, lo que representa un incremento del 10,3% respecto al mismo mes del año anterior. En torno a 37.500 de ellas fueron hipotecas sobre vivienda, lo que ha supuesto un incremento interanual del 9,4%.

La amplia mayoría de comunidades y ciudades autónomas registraron incrementos de compraventas totales durante el mes de enero. Los mayores aumentos se han observado en Asturias (21,2%), Madrid (16,1%) y Andalucía (14,0%). En el lado opuesto, sólo en tres comunidades se produjeron descensos: Navarra (-14,5%), Cantabria (-9,9%) y Castilla y León (-7,8%). En cuanto a compraventas de vivienda, los mayores incrementos se han registrado en Ceuta (26,7%), La Rioja (24,1%) y Asturias (19,1%); y los menores en Navarra (0,5%) y Castilla y León (1,4%). Solamente Cantabria (-16,6%) ha sufrido una disminución en el número de compraventas de vivienda registradas.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid superaron las 10.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 21.000. Las mismas comunidades y en el mismo orden ocupan los primeros puestos en compraventas de vivienda, superando la cantidad de 10.000 operaciones solamente Andalucía, con 11.500.

En cuanto a las hipotecas sobre cualquier tipo de inmueble, los incrementos han sido también generalizados, y algo superiores a los de las compraventas. Todas las comunidades y ciudades autónomas, con las tres únicas excepciones de Ceuta (-38,2%), Madrid (-26,2%) y Galicia (-6,7%), han registrado incrementos en el número de hipotecas totales, destacando Aragón (74,8%), La Rioja (49,2%) y Murcia (36,5%). El llamativo descenso de Madrid se ha debido a que en enero de 2024 se produjo en esta Comunidad un fuerte incremento atípico de las hipotecas, por operaciones puntuales que afectaron a gran cantidad de fincas, volviendo en enero de 2025 a un nivel de actividad más normalizado.

Estudiando exclusivamente las hipotecas de vivienda, observamos una evolución similar, con los únicos descensos en las mismas tres comunidades: Madrid (-32,2%, por el motivo anteriormente expuesto), Ceuta (-26,1%) y Galicia (-8,0%). Por su parte, La Rioja (66,9%), Aragón (47,1%) y Canarias (39,3%) han encabezado los aumentos entre el resto de las regiones.

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía y Cataluña superaron las 8.000 hipotecas totales, siendo también las únicas comunidades en superar las 6.000 hipotecas sobre vivienda.

A continuación, se presenta la evolución en los últimos doce meses de las tasas de variación del número total de compraventas, compraventas de vivienda, constituciones totales de hipoteca y constituciones de hipoteca sobre vivienda.

Después de unos primeros meses de 2024 condicionados por factores como los días inhábiles en los Registros durante mayo y las fluctuaciones habituales de Semana Santa, el segundo semestre mostró una tendencia positiva, con fuertes repuntes mensuales. El año 2025 comienza manteniendo la misma dicha tendencia positiva, si bien por el momento algo más moderada. Esta evolución ha sido compartida tanto por el número de compraventas totales como las de vivienda, con muy ligeras variaciones entre unas y otras, ligeramente más favorable en el caso de las compraventas de vivienda.

Observando globalmente el número de hipotecas constituidas, se observa en general un comportamiento mes a mes muy similar al de las compraventas. Los altibajos iniciales del primer semestre de 2024, más pronunciados en las hipotecas que en las compraventas y debidos a los mismos factores extraordinarios, han dado paso a una senda positiva en el segundo semestre, que igualmente se consolida en cierta medida en enero de 2025. Esta tendencia positiva también ha sido en general más fuerte que la de las compraventas.

Y al igual que ha ocurrido con las compraventas, también en el caso de las hipotecas se ha observado un mejor comportamiento general de las hipotecas de vivienda respecto a las totales con alguna excepción puntual, si bien precisamente el mes de enero ha sido una de dichas excepciones, ya que las hipotecas totales han crecido algo más que las de vivienda.