Comisión del Pacto de Toledo

Elma Saiz: “La buena marcha de la afiliación está disparando los ingresos por cotizaciones, lo que nos permite devolver progresivamente el equilibrio al sistema”

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 8.4.2024

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para explicar los avances realizados y los siguientes pasos a tomar en la puesta en práctica de las Recomendaciones que la propia Comisión incluyó en su informe de 2020.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su intervenciónLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su intervención.

Entre las medidas adoptadas, Saiz ha destacado los avances hechos en materia de sostenibilidad del sistema de pensiones. En este sentido, ha puesto en valor el Mecanismo de Equidad Interterritorial (MEI) que ha permitido la recuperación del Fondo de Reserva, “que terminará la legislatura con 25.000 millones de euros”.

“El MEI no solo no ha perjudicado al empleo”, ha explicado, “sino que la buena marcha de la afiliación está disparando los ingresos por cotizaciones, lo que nos está permitiendo devolver progresivamente el equilibrio al sistema y estar bien pertrechados para las tensiones que se puedan avecinar”.

Acción protectora

En cuanto a las Recomendaciones relativas a la configuración de la acción protectora del sistema “que se ha erigido como uno de los pilares esenciales de nuestro modelo de convivencia”, Saiz ha destacado las medidas relacionadas con el mantenimiento del poder adquisitivo, la edad de jubilación, y las pensiones de viudedad y orfandad.

“El aumento ligado al IPC, unido al incremento general de 2024 (3,8%), supone que un pensionista cobra de media 321 euros más al mes que en 2018, y que solo en los dos últimos años la pensión media haya aumentado unos 2.230 euros al año”, ha explicado la ministra, quien ha subrayado la importancia de ligar la subida de las pensiones al IPC en un contexto inflacionario. “Fue en 2023 cuando esta medida cobró más sentido que nunca cuando los casi 10 millones de pensionistas de nuestro país vieron protegidas sus rentas durante la fortísima crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania, con una revalorización del 8,5 %”.

Por lo que se refiere a la aproximación entre la edad real y la edad legal de jubilación, Saiz ha afirmado que “por primera vez, la edad real de jubilación supera los 65 años, gracias a las medidas puestas en marcha”, con lo que esto supone tanto para la retención de talento senior como para la propia sostenibilidad del sistema de pensiones. En este aspecto, ha explicado, “seguiremos avanzando en mejorar la compatibilidad de la pensión y el trabajo, así como en otros aspectos relativos a la jubilación activa y parcial”.

Por otra parte, se está debatiendo en el seno del diálogo social, con importantes avances, un nuevo procedimiento para los coeficientes reductores de edad en actividades penosas, como ha expuesto Saiz. “Se está tratando de alcanzar una fórmula con indicadores objetivos que permitan anticipar la edad de jubilación teniendo en cuenta factores como la incidencia, la persistencia y la duración de los procesos de baja laboral. Partiendo siempre de la base, eso sí, de que esos coeficientes deben suponer siempre el último recurso, aplicable solo en aquellos supuestos donde no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo”, ha explicado Saiz.

Becarios y ex becarios

Uno de los objetivos del ministerio coincide con la Recomendación 14 del Pacto de Toledo, que se centra en los jóvenes y la mejora de sus condiciones de vida. En este aspecto, Saiz ha destacado las mejoras en las condiciones de trabajo de los jóvenes, colectivo en el que aumenta el empleo y crecen las bases de cotización, a la vez que baja la temporalidad.

Con este mismo objetivo, se puso en marcha la cotización de las prácticas no remuneradas. “Queremos así no solo generar futuros derechos con un inicio más temprano de su carrera de cotización, sino sobre todo concienciar a este colectivo esencial de las ventajas que reporta formar parte del sistema”. En las primeras semanas de funcionamiento, ya se han registrado más de 500.000 alumnas y alumnos.

Además, Saiz ha anunciado que “ya ha sido enviada al Consejo de Estado la regulación que permitirá rescatar, a través de un convenio especial, los periodos no cotizados, algo que afectará también a los periodos de investigación”.

Refuerzo de las contribuciones

En su intervención, Elma Saiz ha explicado que también se están dando pasos para reforzar la contributividad del sistema de pensiones, como fue la puesta en marcha del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales.

Con el mismo objetivo, “hemos fijado una senda de aumento de la base máxima de cotización, cuyo nivel actual es bajo, en comparación con los países de nuestro entorno, a la vez que se eleva la pensión máxima”, en la que se inscribe la entrada en vigor de la llamada “cuota de solidaridad”.

Esta cuota implicará que el importe del salario que supere la base máxima de cotización, que hasta ahora estaba exento de cotizar a la Seguridad Social dado que la base estaba topada, será gravada con un nuevo tipo del 5,5% que se aplicará desde la base máxima y hasta el valor de esa base incrementada en un 10%. Dicho tipo ascenderá al 6% para la parte de retribución comprendida entre ese nivel y la base incrementada en un 50%, y hasta el 7% para la parte de retribución que supere el anterior porcentaje. La distribución de esta cuota de solidaridad entre empresa y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización par contingencias comunes.

Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social

Elma Saiz ha expuesto las medidas puestas en marcha para mejorar la gestión y la atención al ciudadano, entre las que destacan un aumento de plantilla sin precedentes y las mejoras en los servicios telemáticos.

Por otra parte, está prevista una reforma integral del sector de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, “entidades que forman parte del sector público estatal de carácter administrativo que se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores”. “Queremos acometer una reforma integral, desde su estructura, pasando por su régimen económico-financiero y de impulso a la colaboración con entidades públicas y privadas a partir de un informe de evaluación que desde el Ministerio queremos encomendar a la AIREF”.

Además, ha dicho Saiz, “podemos anunciar, tras semanas trabajando de la mano con los interlocutores sociales, que estamos cerca de alcanzar un acuerdo para realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras, con el objetivo de lograr una recuperación más ágil y en mejores condiciones de los trabajadores en determinados procesos de IT. Se trata de explotar así el potencial de aprovechamiento de los recursos de las mutuas”

CEOE destaca el compromiso de las empresas con el empleo pese al aumento de costes laborales y cargas regulatorias

2 abril 2024

CEOE ha destacado el compromiso de las empresas con el empleo pese al aumento generalizado de los costes laborales y de producción y de las cargas regulatorias, tras conocer los datos de paro registrado y afiliación del mes de marzo, publicados el 2 de abril.

Las cifras de afiliación y desempleo de marzo ponen de relieve un buen comportamiento del empleo, marcado por la incidencia positiva de la Semana Santa en la actividad económica y en el mercado de trabajo. Así, marzo finaliza con 193.585 cotizantes más de media, mientras el desempleo baja en 33.405 personas.

El número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza la cifra más elevada de la serie histórica, con más de 20,9 millones de personas afiliadas en media mensual de marzo, superando los 21 millones por primera vez en España a finales de mes.

El crecimiento de la afiliación, que alcanza a todos los territorios, es especialmente reseñable en actividades vinculadas al turismo propio de la Semana Santa, como la hostelería (más de 81.000 personas) y el comercio (más de 13.600 personas).

También crece el número de autónomos respecto a hace un año en (+15.434 personas), en especial en las actividades profesionales científicas y técnicas, con un incremento de 10.286 personas, frente a la caída que se registra en el comercio (-9.270 personas).

El buen comportamiento del empleo es especialmente relevante entre las mujeres, que se aproximan a los 10 millones de afiliadas, lo que supone el 47,3% del conjunto de los trabajadores.

Impacto en las pymes

En todo caso, CEOE subraya que, en un contexto macroeconómico de contención y con una situación geopolítica incierta, las buenas cifras del mes de marzo no pueden ocultar que la inseguridad jurídica provocada por los permanentes vaivenes regulatorios sigue siendo la principal preocupación de las empresas.

Una inseguridad que, junto con el incremento de los costes laborales sin mejoras en la productividad, está siendo un freno para las inversiones y está afectando de manera significativa a las pequeñas empresas.

De hecho, la creación de empleo se concentra principalmente en las empresas de mayor tamaño, con un crecimiento medio del empleo del 5,3% en 2023 entre las que tienen más de 250 trabajadores. Sin embargo, en las empresas de entre 10 y 249 trabajadores el empleo cayó un 3,7% y en las de menos de 10 trabajadores se situó en el 0,6%, datos que están por debajo de la media de años anteriores.

Por todo ello, CEOE insiste en la necesidad de priorizar la protección de las empresas para que puedan desplegar todo su potencial de creación de empleo, evitando mayores costes, cargas y gravámenes que lastren la competitividad del sector productivo y, con ello, el empleo.

Desempleo por sectores

En general, y respecto a los datos de desempleo del mes de marzo conocidos el 2 de abril, destaca el descenso registrado en el sector Servicios, seguido a distancia por los de la Construcción, Industria y Agricultura.

El colectivo sin empleo anterior se sitúa en más de 2,7 millones de personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Pese a ello, España se mantiene a la cabeza del paro de los países de la Eurozona, y ello sin tener en cuenta los desempleados con disponibilidad limitada o demanda de empleo específica, que superan el medio millón de personas, lo que contrasta con el problema de algunos sectores para cubrir sus vacantes.

En marzo, también destaca la mejora de la estabilidad en el empleo: casi uno de cada dos contratos formalizados es indefinido. Así, la temporalidad cae a mínimos históricos del 12,7%, con especial incidencia en las mujeres y, claramente, en los jóvenes, en los que se sitúa en una tasa del 19,4%, frente al 53% que se registraba antes de la Reforma laboral.

UGT insta a que se abra una mesa de Diálogo Social para mejorar las condiciones de las empleadas de hogar

Un trabajo ejercido mayoritariamente por mujeres inmigrantes, precarizado, mal pagado, y que cubre necesidades sociales, sustituyendo cuidados profesionalizados, que deberían proveer las Administraciones con dinero público

30 marzo 2024

Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores quiere recordar algunos de los elementos destacados que caracterizan esta actividad laboral:

Un trabajo precario para cubrir necesidades sociales: En el año 2022 se contabilizaban en la Unión Europea un total de 1.672.000 empleos en el trabajo doméstico, el 31% de estos (520.100 empleos), correspondían a España. La comparativa entre los empleos en cuidados profesionalizados y el empleo doméstico en los diferentes Estados miembros, permite concluir que hay una relación inversa entre ambas actividades: a más cuidados profesionalizados, menos trabajo doméstico. Por tanto, en España y en otros Estados miembros, el trabajo doméstico está cubriendo necesidades sociales que deberían ser provistas por las Administraciones Públicas con cuidados profesionalizados. Mientras que, de media en la Unión Europea, el 4,6% del total de empleos corresponden a cuidados profesionalizados y el 0,8% a personal doméstico, en el caso español, el 3% son cuidados profesionalizados y el 2,5% empleos de personal doméstico.

Un trabajo de mujeres, y especialmente de mujeres migrantes: De las 371.918 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH) en febrero de 2024, 355.366 (el 96%) son mujeres. De ellas 159.700 son mujeres de nacionalidad extranjera, el 45%. En la Comunidad de Madrid, se concentra el 28% de toda la afiliación al SEEH del país, porcentaje que sube al 36% en el caso de las mujeres extranjeras afiliadas al Sistema.

Un trabajo con indicadores de precariedad: el 52,8% de las personas ocupadas como personal doméstico en el último trimestre de 2023, trabajan a tiempo parcial, el porcentaje más alto de parcialidad de las ramas de actividad. Sin embargo, hay una clara diferencia entre los hombres y las mujeres empleados como personal doméstico: el 57% de las mujeres trabajan a tiempo parcial frente al 23% de los hombres. Es la actividad con el salario medio bruto mensual más bajo de todas las ramas de actividad, 981 euros, un 54% inferior al salario medio bruto total. El importe de las pensiones de jubilación del Sistema Especial de Empleados de Hogar, es el más bajo de todo el sistema, con la excepción de las pensiones SOVI, y aquí, también con diferencias entre los hombres y las mujeres. Mientras los primeros perciben una pensión media de jubilación de 603,36 euros mensuales, las mujeres perciben 571,18 euros mensuales. En el Sistema Especial de Empleados de Hogar, el 18% de las mujeres afiliadas tienen más de 60 años, frente al 7% del Régimen General.

Un trabajo cuyo salario depende, principalmente, de los ingresos de las familias empleadoras: En el año 2019 el gasto medio por hogar en personal doméstico era de 299,69 euros, el 0,99% del gasto total del hogar. En el año 2020, como consecuencia de la COVID-19 y su impacto, el gasto medio bajo a 224,94 euros, y al 0,83% del gasto total. En el año 2022 aunque el gasto medio se ha incrementado a 250,14 euros mensuales, baja el porcentaje sobre el gasto total del hogar hasta el 0,79%.

Los elementos que hemos apuntado, dan una idea de que, pese a los avances, ésta sigue siendo una actividad, no solo con indicadores de precariedad, sino con elementos que la separan del resto de trabajadoras y trabajadores. A esto se añaden el empleo irregular, abusando de la situación de necesidad y vulnerabilidad de trabajadoras generalmente migrantes, y situaciones inconcebibles en el siglo XXI, como las formas más extremas de trabajo interno, o la realidad de que es uno de los sectores más preeminentes en materia de trata de seres humanos y trabajo forzoso. El hecho de ser un trabajo de mujeres, la presencia de las mujeres migrantes y que se trata de una actividad que cubre las lagunas de necesidades sociales que deberían proveer las Administraciones con dinero público y con cuidados profesionalizados, son, sin duda una de las razones de los lentos avances en materia de derechos laborales y de protección social.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, cuando ya ha pasado un mes desde que el 29 de febrero entró en vigor para nuestro país el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, reclama la apertura de una mesa de Diálogo Social a fin de abordar entre otras cuestiones:

• El derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable con el desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
• Medidas relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• La intervención y actuación en este sector de agencias de colocación y plataformas digitales.
• El trabajo interno y las horas de presencia.
• Una nueva definición de las tareas que pueden realizarse en el marco de esta actividad, para excluir que pueda ser utilizada para cubrir puestos de cuidados profesionalizados.
• La evaluación de las bonificaciones a la parte empleadora en la cotización al Sistema Especial de Empleados de Hogar que en el Real Decreto Ley 16/2022 se prevé para octubre de este año.

Viernes, 5 de abril de 2024

Autor Comunicación Poder Judicial

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado la suspensión de las autorizaciones otorgadas por la Xunta de Galicia para los proyectos de siete parques eólicos -Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca y Serra do Farelo- y otro auto en el que desestima la medida cautelar interesada por una asociación ecologista referente al parque eólico Uxo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido hasta hoy 42 autos en los que decide sobre las solicitudes de suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 30 parques eólicos, de los cuales 27 han sido estimatorios -Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca y Serra do Farelo-; y, el resto (3), desestimatorios -Vilartoxo, Neboada y Uxo-.

El pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia contra varios artículos de la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y por la Xunta de Galicia contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha impugnado los artículos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 27, apartados 1, párrafo tercero, 2 y 3; disposición transitoria primera, párrafo segundo; y disposición final séptima, apartado 1, de la citada norma.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3; 11.2; 16; 18, apartados 2, 3 y 4; 19, apartados 2 y 3; 27, apartado 3; la disposición adicional tercera; la disposición transitoria segunda, apartado 1; la disposición transitoria tercera; la disposición final quinta; y la disposición final séptima de la Ley 12/2023.

En sus recursos, la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia alegan que estos preceptos podrían vulnerar sus competencias autonómicas en materia de vivienda.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda es objeto de ocho recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Además de estos dos, la norma ha sido recurrida por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por el Parlamento de Cataluña y por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears y Madrid (admitidos a trámite en el Pleno del 26 de septiembre de 2023 – ver nota de prensa 74/2023) y por el Gobierno vasco (admitido a trámite en el Pleno del 12 de marzo – ver nota de prensa 26/2024).

Madrid, 9 de abril de 2024

09/04/2024   Registradores

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria, correspondiente al mes de febrero de 2024, relativa a compraventas e hipotecas, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior.

En febrero, las compraventas totales vuelven a repuntar por segundo mes consecutivo respecto al mismo periodo del año anterior, después de trece meses previos de caídas. De las 92.871 operaciones realizadas en febrero de 2023 se ha pasado a las 98.655 en febrero de este año, lo que supone cerca de 5.800 operaciones más. Por su parte, las compraventas de viviendas también se incrementaron ligeramente, el primer resultado positivo desde enero de 2023. De las 46.655 inscripciones en febrero de 2023 se ha pasado a las 48.955 del pasado febrero, un incremento de 2.300 operaciones.

En relación con la constitución de hipotecas, tras la ralentización paulatina de las caídas de octubre a enero en ambas modalidades, en febrero se produce el primer incremento desde febrero de 2023. Las hipotecas totales pasaron de 43.954 operaciones en febrero de 2023 a las 44.110 de febrero pasado, unas 150 operaciones más. Las hipotecas de vivienda pasaron de 33.163 operaciones en febrero del año pasado a las 33.251 de este año, apenas 100 operaciones más.

Si se mide la evolución mediante la tasa de variación de las compraventas inscritas en febrero de 2024 frente al mismo mes de un año antes se pueden precisar mejor los resultados. Las compraventas totales se han incrementado en febrero el 6,2%, mientras que las de vivienda lo hicieron el 4,9%. En cuanto a las hipotecas totales constituidas, se incrementaron el 0,4%, mientras las de vivienda lo hicieron de forma similar, incrementándose en un 0,3%.

Por territorios, durante el mes de febrero de 2024, en la evolución anual de las compraventas totales, en comparación al mismo mes del año anterior, prevalecen los incrementos sobre los descensos, aumentando, sobre todo en Navarra (41,0%), la Ciudad Autónoma de Melilla (38,9%), Galicia (27,5%) y Murcia (23,3%). Por el contrario, disminuyen en cuatro territorios, Melilla (-17,9%), Andalucía (-5,9%), Baleares (-5,4%) y País Vasco (-2,5%).

Con relación a las hipotecas totales constituidas frente a febrero del año anterior, los datos son más heterogéneos. En la parte positiva, se producen los mayores incrementos en Canarias (147,3%), Navarra (59,3%), Baleares (36,0%) y Asturias (32,1%). Por otro lado, disminuyen sobre todo en la Ciudad Autónoma de Ceuta (-37,0%), Castilla – La Mancha (-26,8%), Murcia (-24,2%) y Madrid (-21,0%).

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas totales en los registros de la propiedad durante los últimos doce meses, de marzo de 2023 a febrero de 2024, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

Desde los suaves descensos mostrados durante los primeros meses de 2023, se produce una aceleración de la caída desde el mes de junio, llegando a superar el 20% de descenso en septiembre. En cuanto a compraventas totales, siguen la misma tendencia general, llegando a caer hasta el 20,6% en septiembre, moderando el descenso entre octubre y diciembre, para ponerse en positivo durante los dos primeros meses de 2023, un 6,2% en febrero. 

En cuanto a las compraventas de vivienda, siguen la misma tendencia anterior, siempre con caídas algo más pronunciadas, llegando al 24,3% en septiembre, moderando en los meses posteriores su descenso, mostrando ya un mínimo descenso en enero (-1,8%) y un incremento del 4,9% en febrero.

Observando globalmente las hipotecas constituidas, en cuanto a la evolución del número de hipotecas durante los últimos meses, tal y como ocurrió con las compraventas, mantuvieron una tendencia negativa, incluso más pronunciada, situándose con ligeras oscilaciones entre el 15-28% de descenso de marzo a diciembre de 2023, con una suave ralentización de los descensos de octubre a enero, alcanzando el primer resultado positivo de los últimos doce meses en febrero.

Las hipotecas totales se incrementaron el 0,4% en febrero frente al mismo periodo del año anterior, mientras que las hipotecas sobre vivienda, siguiendo una línea casi idéntica a las totales, lo hicieron el 0,3%.

Providencia del Tribunal Constitucional

9 abril 2024

03/04/2024  |  Registradores

El número de compraventas de vivienda registradas en 2023 ha experimentado un cambio de tendencia, dando lugar a un descenso del 9,8% con respecto al año precedente, alcanzando las 583.042 inscripciones. Este resultado supone alcanzar doce compraventas por cada mil habitantes.  La vivienda usada, con 474.658 compraventas, descendió el 10,7% anual, mientras que la vivienda nueva, con 108.384 operaciones, experimentó una caída inferior, del 5,5%.

Estos datos forman parte del Anuario 2023 de la Estadística Registral Inmobiliaria presentado por el Colegio de Registradores.

Precio medio por vivienda comprada

El precio medio de vivienda, ha registrado un incremento anual del 1%, alcanzando un importe medio de 1.963 €/m², nivel máximo desde 2008. En vivienda nueva el crecimiento ha sido del 3,5%, con 2.161 €/m², y en vivienda usada del 0,2%, situándose con un precio medio de 1.917 €/m².

El precio medio por vivienda comprada, en cambio, ha descendido ligeramente, el 1,1% anual en 2023, rompiendo la tendencia alcista iniciada en 2014, situándose la media nacional en 185.980 euros por vivienda. Las diferencias territoriales son notables, tanto en precio por metro cuadrado como en superficie media transmitida. Destacan Baleares y Madrid, por encima de los 300.000 euros por operación, que contrastan enormemente con los precios de Castilla la Mancha y Extremadura, por debajo de los 100.000 euros.

Nuda Propiedad

Por segundo año consecutivo, se incorpora en este anuario el número de compraventas de nuda propiedad de vivienda. En el ámbito inmobiliario, particularmente en vivienda, la compraventa de este derecho está siendo cada vez más demandada, debido al alargamiento de la esperanza de vida, constituyendo una clara vía para la obtención de recursos económicos manteniendo a la vez el uso de la vivienda.

En 2023 se inscribieron 1.845 compraventas de nuda propiedad de vivienda, que supone un incremento anual del 11,3%, moderándose con respecto al incremento del año anterior (23,7%), pero acumulando tres años de crecimientos desde los mínimos de 2020, cuando cayeron el 25,7% debido a la pandemia. Por CC.AA. los mayores crecimientos fueron para Castilla y León (72,7%), Cataluña (35,0%) y Cantabria (31,6%). En sentido contrario, descendieron más en La Rioja (-30,0%) y Extremadura (-18,5%).

Superficie de las viviendas compradas

Por segundo año consecutivo, en 2023, la compra de viviendas con mayor superficie pierde ligeramente su peso relativo respecto a viviendas más pequeñas, confirmando esta tendencia contraria a los meses de la pandemia, cuando se buscaban viviendas de mayor tamaño. En este contexto, los pisos con superficie media de más de 80 m2 se sitúan en el 50,4% de las compraventas del último año, frente al 51,6% de 2022. Los pisos con superficie entre 60 y 80 m² supusieron el 28,8%, los pisos con superficie entre 40 y 60 m² el 17,3% y los de superficie inferior a 40 m² el 3,5%.

Compraventas extranjeras

Las compraventas de vivienda por extranjeros han seguido registrando un comportamiento excelente durante el año 2023, acumulando dos años consecutivos con intensos crecimientos, después de cinco años de caídas, aunque en los últimos diez años su peso se mantiene por encima del 10%. Mientras que a nivel nacional, se ha producido el descenso en compraventas de vivienda antes citado, este comportamiento más positivo en la tasa de extranjeros ha provocado, en términos relativos, un dato más favorable. Han supuesto el 15,0% del total de las compras de vivienda (13,8% de 2022), alcanzado cerca de 88.000 operaciones. Esta situación, muestra la fortaleza actual de la demanda extranjera en el contexto inmobiliario.

Las comunidades autónomas con mayores pesos de compra por extranjeros coinciden nuevamente con las de gran actividad turística, encabezada por Baleares, con el 31,7%, seguida de la Comunidad Valenciana (29,3%), Canarias (28,5%), y Murcia (23,8%).

El 9,7% del total de compras de vivienda realizadas por extranjeros presentaron un importe igual o superior a los 500.000 euros (10,1% en 2022). El 50,4% de estas compras correspondieron a nacionalidades no comunitarias, frente al 42,3% de 2022.

En el mapa anterior, se analiza la nacionalidad extranjera compradora mayoritaria en cada una de las diferentes provincias españolas. En las provincias andaluzas, predominan los marroquíes y británicos, y estos últimos destacan en Murcia y Alicante; los alemanes predominan en Baleares y los italianos en Canarias; los chinos son los extranjeros mayoritarios en la provincia de Barcelona; y los portugueses en las provincias de Galicia, excepto Lugo. Si el análisis se centra en el número de provincias donde predomina una nacionalidad concreta, los rumanos, con 20 provincias, son los extranjeros más compradores, localizados en muchas provincias de la España interior y también del Norte. Les siguen los marroquíes, con 11 provincias, como es de esperar situados principalmente en el sur, pero también distribuidos en varias provincias del centro y del norte.

Período medio de posesión de la vivienda

Analizando la utilización de la vivienda transmitida como bien de inversión para compra/venta o como bien residencial, a través del tiempo medio de posesión de sus propietarios cuando la vendieron, un año más, continuó el constante incremento del período medio de posesión, llegando a 17,3 años en 2023, máximo de la serie histórica, con un incremento del 2,4% con respecto a 2022.

Desde el mínimo histórico de 2009, 7,3 años, el período medio de posesión de las viviendas transmitidas se ha incrementado notablemente.

Hipotecas

En 2023 se han constituido mediante su inscripción registral 383.738 hipotecas sobre vivienda, un descenso del 17,2% sobre el año anterior, después de acumular dos años consecutivos con notables crecimientos (el 14,5% en 2022), aunque este dato se mantiene por encima de los valores registrados en 2019 (361.414 hipotecas). Esta reducción está relacionada con la caída en el número de compraventas y los efectos derivados del incremento de los tipos de interés.

En todas las Comunidades Autónomas se han registrados descensos anuales, con tasas de dos dígitos en la práctica totalidad. Sobre todo en La Rioja (-36,5%), Cantabria (-21,4%), Galicia (-20,9%) y Aragón (-20,8%).

El 7,5% de las hipotecas constituidas sobre vivienda en 2023 han sido formalizadas por extranjeros, porcentaje superior al año anterior (6,6%). En cuanto al volumen total de hipotecas sobre vivienda de extranjeros, se han registrado 28.919 operaciones, reduciéndose un 5,2% respecto al año anterior, en línea con las reducciones observadas a nivel nacional, aunque con una caída más moderada. El peso de los extranjeros en las hipotecas concedidas en las CC.AA. fue mayor en Baleares (15,9%), Comunidad Valenciana (12,4%), Murcia (12,0%) y Cataluña (11,0%).

La hipoteca media de los extranjeros en 2023 ha sido de 157.637 €, con un descenso del 7,8% sobre el año anterior, después de nueve años consecutivos de ascensos. En nacionales, la hipoteca media general, fue de 140.509 euros, con un descenso del 2,0% sobre el año anterior, con lo que se reduce ligeramente el diferencial respecto a extranjeros.

El tipo medio de interés en 2023 ha sido del 3,3% y el plazo medio de contratación fue de 24,5 años, un 0,3% más que el año anterior. La cuota hipotecaria media para vivienda en 2023 fue de 706 euros, frente a los 647 de 2022, mostrando pues un significativo incremento aunque lejos todavía de los máximos de 2008, cuando se alcanzaron los 830 euros. El porcentaje medio de dicha cuota sobre el salario fue del 32,2%. Por CC.AA. destacó la situación de Baleares (54,0%), seguida de Madrid (39,0%), Canarias (34,1%) y Cataluña (33,3%).

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria, también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html),

Protección social

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 26.3.2024

La pensión media de la Seguridad Social del sistema, en marzo, asciende a 1.251,5 euros al mes, un 5% más que hace un año gracias a la revalorización efectuada a principios de año. Esta media corresponde a la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Con respecto a marzo de 2019, año previo a la pandemia, la pensión media se ha incrementado un 27%. Si tomamos como referencia la entrada en vigor de la Ley 21/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, la pensión media del sistema se ha incrementado un 21,4% (marzo 2021), gracias en gran parte a la revalorización conforme al IPC, aplicada en los últimos 3 años.

La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social este mes de marzo ha sido de 12.693,1 millones de euros, para el pago de la mensualidad ordinaria, cifra que equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en marzo.

Por clase de pensión

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como viene siendo habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 9.288 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.102,8 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.097,6 millones, la de orfandad, a 170,9 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 33,8 millones.

De los 10,1 millones de pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2,4 millones son de viudedad, y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (945.077), orfandad (341.283) y en favor de familiares (45.737). El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,2%.

En marzo, el número de pensionistas ha sido de 9,2 millones. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,5 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista se mantiene en 1,1 prestaciones por persona.

La pensión de jubilación es la principal para 6,3 millones de personas. De ellas, el 60% son hombres; en el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 96% son mujeres. Por otra parte, hay 940.547 perceptores de incapacidad permanente, 323.449 de orfandad, y 45.128 en favor de familiares.

Pensión media

Como ya se ha mencionado, la pensión media del sistema, en el tercer mes del año, se sitúa en 1.251,5 euros al mes, un 5%.

La pensión media de jubilación, por su parte, es de 1.438,2 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.598 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 960,4 euros. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.797,2 euros, y es de 1.592,3 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de febrero de 2024 (último dato) a 1.562,7 euros mensuales.

En marzo, la pensión media de viudedad alcanzó los 894 euros al mes.

De las nuevas altas en enero y febrero (59.189), el 61,7% fueron con edad ordinaria (36.504), mientras que un 10,5% se corresponden a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en febrero (último dato disponible) fue de 15,46 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,21 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Con complemento de brecha de género

En marzo, 708.513 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 90% sus titulares son mujeres (638.245). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 71 euros. De las

708.513 pensiones complementadas, el 23,7% corresponde a pensionistas con un hijo (167.998), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. El 47,1% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (333.401); el 19%, con tres (134.816), y con cuatro hijos, el 10,2% (72.298).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2024, de 33,20 euros al mes por hijo. Se solicita al mismo tiempo que se solicita la pensión.

Clases Pasivas

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.571,9 millones de euros en el mes de febrero, último dato disponible. Esta cifra supone un aumento de 99,8 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,8% más.

El número de pensiones en vigor fue de 707.822, 15.064 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,2% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2023

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 27.3.2024

Son un 24,4% superiores respecto al nivel previo a la pandemia y marcan el mayor ritmo de aumento de toda la serie. El sistema registra un saldo negativo de 8.627 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones sociales a la Seguridad Social registran un incremento del 10,3% interanual en los datos acumulados de todo el año 2023, alcanzando los 154.633 millones de euros (14.385 millones más que un año antes), gracias a la mejoría del empleo. Es el mayor ritmo de aumento de la serie (desde 2004).

Descontando los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en vigor desde el 1 de enero de 2023, el incremento de las cotizaciones sociales sería del 8,3% interanual (11.662 millones más).

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 30.378 millones de euros (un 24,4% más).

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo a 31 de diciembre de 2023, de 8.627 millones de euros. Estos 8.627 millones, equivalentes al 0,59% del PIB, son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 201.317 millones de euros, que muestran un incremento del 9,2%, y obligaciones reconocidas de 209.944 millones, que crecen en un 9,7% interanual.

Por su parte, los datos de los Fondos de Seguridad Social, que incluyen, además del sistema, los datos del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en términos de contabilidad nacional, hasta el mes de diciembre arrojan un saldo negativo de 8.211 millones de euros, equivalentes al 0,56% del PIB.

Ingresos no financieros

En estos doce meses, las cotizaciones sociales ascienden a 154.633 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2022 (14.385 millones de euros más).

Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 10,5%, hasta alcanzar los 145.619 millones de euros (13.790 millones de euros más), debido al aumento de la afiliación a la Seguridad Social.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 9.014 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,1% (595 millones de euros más).

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 43.908 millones de euros, con un aumento interanual del 2,8%. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 39.926 millones (un 7,6% más), en particular, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (1.492 millones de euros más).

Gastos no financieros

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 195.641 millones, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2022. Esta cifra representa un 93,2% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 180.053 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 10%.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 10,9% hasta los 161.077 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,2%), a la elevación de la pensión media (9,5%), así como a la revalorización general del 8,5% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2023.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14.122 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascienden a 4.044 millones (un 6,5% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 15.587 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, motivado fundamentalmente porque se mantiene el incremento extraordinario del 15% en las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva e Ingreso Mínimo Vital que se viene aplicando desde julio de 2022.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 10.313 millones (un 6,4% más), y a subsidios y otras prestaciones 5.274 millones (un 21,1% más), de los cuales 4.950 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 21,2% más respecto del año anterior

USO urge a la Administración a articular la legislación que permita terminar con los contratos en fraude de ley

22 febrero, 2024 USO

El TJUE vuelve a tirar de las orejas a España por los abusos en las interinidades
La ley tramitada de urgencia para cumplir con Europa nació coja y ni siquiera en esos términos se ha cumplido

Lejos de descender, la temporalidad en la Administración ha subido en los últimos años
La sentencia abre la puerta a su aplicación directa por parte del TSJ de Madrid y a un colapso judicial por nuevas demandas

El TJUE da un nuevo varapalo a España e insta, mediante una nueva sentencia, a hacer fijos a los interinos de larga duración. En ella, da respuesta a una cuestión prejudicial planteada desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y afea que España no ha tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar el abuso de este tipo de contratación.

“La ley de reducción de temporalidad que España aprobó de urgencia en los últimos días de 2021 para cumplir con las obligaciones de cara a los Fondos Next Generation se quedó en eso, en una aprobación de urgencia. Ya denunciamos en su día el redactado chapucero para llegar a tiempo, así como sus incongruencias. Por ejemplo, una reforma solapada del Trebep que trataba de dar cobertura legal a quienes siguieran siendo interinos por no cubrirse un concurso convocado o que se estabilizara a personal que llevara 5 años en el puesto, con un doble rasero de duración para el sector privado y el público”, denuncia Javier Toro, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO).

Con todo, “no solo fue apresurada y chapucera, sino que no se ha cumplido. La mayoría de procesos de estabilización no se han ejecutado y la temporalidad en el sector público, lejos de descender, ha crecido. De hecho, duplica a la temporalidad en el sector privado y está en torno al 30 %. La Administración es, con diferencia, el peor empleador de España y el menos perseguido por ello, con unas 800.000 personas en esta situación, según sus propios datos”, acusa Toro.

Esta nueva sentencia europea, no obstante, no supone una legislación automática en España. Acusa al país de no disponer de la normativa nacional que la ataje y que cumpla con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada y considera que una opción es convertir esos contratos en fraude de ley en fijos de forma automática.

“Deja la pelota en el tejado de España, como Estado soberano, de cómo articularlo en el Derecho nacional, pero la obliga a cumplir con el Acuerdo Marco para rebajar de una vez la temporalidad y el abuso en el sector público. Desde USO, exigimos que así sea, que se legisle de una vez. Porque ya tienen las herramientas, no es un tema que pille de nuevas a la Administración y a las inútiles mesas de negociación de Función Pública, que han dejado pasar una tras otra las oportunidades de atajar la precariedad de los trabajadores públicos y conseguir la estabilidad de las plantillas”, recuerda Javier Toro.

Además, la sentencia reitera que España “no puede deshacerse de trabajadores que ha tenido en fraude con 20 días por año trabajado. Una indemnización irrisoria e injusta para personas que han sufrido la ineptitud de la propia Administración”.

Por último, FAC-USO recuerda que “acometer por fin este tema con una legislación eficaz liberaría a los juzgados de los cientos de demandas aún no tramitadas. En USO estamos a la espera de decenas de sentencias en diferentes territorios y con Administraciones de todos los ámbitos territoriales. Y, de hecho, ya hemos conseguido varias que se han pronunciado en el sentido de dar la fijeza a trabajadores que estaban contratados en flagrante fraude de ley. Pero, además, esta sentencia faculta al TSJM a aplicar su dictado en esta y en todas las causas pendientes, lo que puede provocar una nueva cascada de demandas que pidan una aplicación en los mismos términos y, por lo tanto, un nuevo colapso judicial”.

Los datos de Contabilidad confirman la fortaleza de nuestra economía

El sindicato exige una política monetaria y fiscal expansiva y trasladar a la economía productiva los Fondos Next Generation EU para reforzar la actividad, transformar el modelo productivo y seguir creando empleo de calidad

UGT

26 marzo 2024

El INE ha publicado los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al cuarto trimestre de 2023, que registra un incremento trimestral del PIB del 0,6%, que en términos anuales supone un 2,0%, con lo que se mantiene la tendencia mostrada en los trimestres anteriores. En lo que respecta al conjunto de 2023, la economía española ha crecido un 2,5% frente a 2022, un dato inferior a los obtenidos en 2021 y 2022, dado que en esos años se estaba recuperando la economía de la crisis provocada por la pandemia, pero que es una buena noticia teniendo en cuenta las previsiones que existían a principios del año, muy influenciadas por el contexto de incertidumbre internacional.

Los resultados obtenidos durante 2023 son un signo de fortaleza de nuestra economía, sobre todo si se comparan con los menores crecimientos de los países de nuestro entorno, siendo un 0,4% el incremento anual del PIB registrado en la eurozona, mientras que países como Italia (0,9%) o Francia (0,7%) eran ligeramente superiores a la media, a diferencia de Alemania (-0,3%), que contrajo su PIB respecto a 2022.

Hay que tener en cuenta, además, que estos buenos datos de crecimiento económico se han logrado a pesar del negativo impacto de la actuación del Banco Central Europeo, que mantiene elevados tipos de interés (4,5% en este momento). Para UGT, la restricción al crédito al que se ven sometidas empresas y familias en un momento en el que se necesita impulsar la actividad a nivel europeo está injustificada, sobre todo cuando algunas de las economías de la zona están teniendo crecimientos nulos y la reducción del nivel general de los precios está consolidada. Es momento de actuar con una política monetaria y fiscal más expansivas, ambas orientadas a reforzar el crecimiento de la actividad, a transformar el modelo productivo español y europeo para garantizar su autonomía y su sostenibilidad y a crear empleo de calidad.

En este sentido, es necesario avanzar en la traslación a la economía productiva de los Fondos Next Generation EU, unos recursos que se espera que incidan favorablemente sobre la productividad o la calidad del empleo, y que en 2023 han mejorado algo en su ejecución. Pero queda un largo camino por recorrer, puesto que muchos de los siguientes hitos y objetivos fijados en la agenda española pasan por realizar numerosas inversiones comprometidas, que son el aspecto más débil de nuestro desempeño. Abordar con éxito el proceso de ejecución en 2024 será clave para el medio y largo de la economía española y para conseguir aprovechar la totalidad de fondos disponibles.

Hay que seguir mejorando los salarios

Además, es fundamental lograr una recuperación de la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras tras el brote inflacionario de 2021 y 2022, que se ha moderado en 2023 y que sigue desacelerando en lo que va de 2024. Para ello, los incrementos salariales en convenio deben referenciarse al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) teniendo siempre en cuenta que se trata de un umbral mínimo. De hecho, en el año 2023 ya se ha podido contrastar la efectividad de la negociación colectiva, que ha ayudado a que el consumo privado se haya incrementado un 1,8% en el año, de modo que 1,7 de los 2,5 puntos que ha crecido nuestra economía se han debido a la demanda interna.

En definitiva, la economía española ha respondido con diligencia ante la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania y el ataque de Israel a Gaza, superando los shocks negativos y logrando el mejor resultado de una gran economía europea en 2023. Pero todavía es necesario implementar medidas para garantizar la buena marcha de la economía, entre ellas una reforma fiscal que garantice la suficiencia de los ingresos públicos y aumente la progresividad de nuestro sistema tributario, permitiendo así una política fiscal expansiva focalizada en impulsar la actividad y ayudar a los colectivos más vulnerables. Otra medida importante es el seguimiento de la evolución de los fondos europeos, para lo que una mayor participación de los sindicatos sería muy positiva, de cara a lograr una implantación eficiente e impulsar la inversión. Por último, es imprescindible mantener una política salarial que logre una recuperación del poder de compra de las personas asalariadas, que permita sostener el consuno de los hogares.

Datos

Los datos definitivos de la CNTR publicados por el INE registran una tasa de variación anual del PIB del 2,0%, una décima superior que la del trimestre anterior, lo que indica que 2023 terminó acelerando ligeramente la actividad económica. Por su parte, la tasa trimestral ha sido del 0,6%, superior a las expectativas que se esperaban. En el conjunto del año 2023, el crecimiento del PIB ha sido de un 2,5%.

En lo que respecta a la demanda, destaca la evolución del gasto de los hogares, que este trimestre sitúa su tasa de crecimiento anual en el 2,8%, 1,2 puntos por encima de la del tercer trimestre. Por su parte, la inversión muestra una aceleración en su tasa anual en el último trimestre, pasando de un 0% a un 2,1%. Por estos motivos la demanda nacional contribuye al crecimiento del PIB 2,1 puntos, mientras que el sector exterior lo hace en -0,1 puntos en este cuarto trimestre del año. Algunos factores como el buen desempeño del empleo, la moderación de los precios y las mejoras salariales explican el resultado favorable de la demanda interna. No obstante, en lo que respecta al conjunto del año, la demanda nacional ha aportado 1,7 puntos mientras que el sector exterior lo ha hecho en 0,8 puntos de los 2,5 que ha crecido el PIB.
Por el lado de la oferta, todos los sectores económicos incrementan su valor añadido bruto en términos anuales, siendo el sector servicios el que registra la mayor tasa de variación anual (2,3%), seguido de la construcción (1,9%), de la industria (1,8%) y, por último, del sector primario (0,4%). En cuanto a los resultados en el conjunto del año 2023, todos los sectores han crecido respecto a 2022, salvo el sector primario que descendió un 1,7%. Por su parte, el sector servicios aumentó un 3,2%, la construcción un 2,3% y la industria un 1,9%.

Finalmente, en cuanto al empleo, las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 2,8% interanual y un 0,7% trimestral. Por su parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo indican que hubo un incremento anual en el cuarto trimestre del 3,9%, que se concreta en un aumento trimestral del 0,7%. Esto se traduce en que haya 754.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo más comparado con el cuarto trimestre de 2022. En el global del año 2023, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han aumentado un 3,2% respecto a 2022, lo que supone 621.000 más. Y, en lo que respecta a las horas efectivamente trabajadas, el incremento en 2023 es de un 1,9% más.

26 de marzo del 2024

Hoy, tras el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea

España apoya la propuesta de la Comisión Europea, que recoge la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024 para algunos cambios fundamentales de la condicionalidad

Algunos de las flexibilidades son importantes para España como las modificaciones en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales relativas a la cobertura mínima del suelo, la rotación de cultivos y las superficies no productivas

Para que estos cambios se implanten con rapidez, el Consejo ha acordado remitir ya al Parlamento europeo la propuesta de la Comisión para acelerar su tramitación y que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en mayo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su satisfacción por la gran responsabilidad mostrada tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros de la Unión para “dar una respuesta europea contundente y rápida” a las inquietudes y preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las manifestaciones que se han sucedido en las últimas semanas en distintos países europeos.

“Hoy somos más Europa”, ha asegurado el ministro, porque “ante las dificultades expresadas por un sector esencial como el agrario, las instituciones comunitarias y los países miembros estamos firmemente comprometidos en trabajar con celeridad para dar respuestas rápidas a los agricultores y ganaderos”.

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, celebrado hoy en Bruselas, ha dado luz verde a la propuesta de modificación legislativa presentada hace apenas 10 días por la Comisión para simplificar y flexibilizar la Política Agraria Común (PAC). El Consejo ha acordado, por mayoría cualificada, remitir ya al Parlamento Europeo el texto con la propuesta de la reforma del reglamento de base de la PAC para acelerar el procedimiento y que pueda ser aprobado por el Parlamento antes de final de abril, con el objetivo de que se publique a la mayor prontitud en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Ha destacado el “magnífico trabajo de la Presidencia belga” y ha insistido en la “responsabilidad” de todas las instituciones europeas -Comisión, Consejo y Parlamento- para que estos cambios sean una realidad cuanto antes. “Hoy era el momento de decidir”, ha subrayado Planas, quien ha señalado que el Consejo ha hecho lo necesario para acelerar el procedimiento para que “las principales medidas puedan aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024”.

REGLAS CLARAS Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA AGRICULTORES

El apoyo hoy del Consejo de ministros resulta crucial, según Planas, porque “nuestros agricultores y ganaderos necesitan reglas claras y seguridad jurídica” en esta campaña 2024. Sobre todo, ha explicado el ministro, porque el sector se encuentra en un momento clave, ya que comienzan las siembras de primavera y está en plena campaña de presentación de solicitudes de la PAC, que finaliza el próximo 30 de abril.

El ministro ha asegurado que la propuesta de modificación de los actos de base de la PAC presentada por la Comisión el pasado 15 de marzo es “positiva, equilibrada y supone un avance significativo”.

España ha abogado por la aplicación retroactiva de los cambios, desde el 1 de enero de 2024, sobre todo en lo relativo a la condicionalidad. Se ha referido expresamente a las modificaciones de las normas de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) relativas a la cobertura mínima del suelo (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y la referida a las superficies no productivas (BCAM 8).

El ministro también ha mencionado la necesidad de seguir trabajando en la simplificación de otras medidas como la relativa a las fotos georreferenciadas o la promoción, que se ha convertido en una herramienta farragosa para los beneficiarios.

LA LEY DE LA CADENA ESPAÑOLA, UN REFERENTE EN EUROPA

Otro de los puntos que más preocupación suscita entre los agricultores y ganaderos europeos es el referido a su posicionamiento en la cadena alimentaria. España acoge con satisfacción el cambio normativo sobre la Cadena Alimentaria y Prácticas Desleales que la Comisión quiere llevar a cabo. Planas ha valorado que vayan en línea con la ley española de cadena, en la que “adoptamos medidas incluso más exigentes” para garantizar que los productores reciban una remuneración digna por sus alimentos. También ha considerado “muy positivo” garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo, una de las demandas del sector y clave para un país como España, que exporta alimentos por valor de 70.000 millones anuales, de los que las dos terceras partes son dentro de la Unión Europea.

“Debemos hacer un esfuerzo por armonizar esta legislación a nivel comunitario”, ha remarcado Planas, y ha afirmado que la directiva sobre prácticas comerciales desleales debe configurarse en el futuro “como el tercer pilar de la PAC”, junto a las ayudas directas y el desarrollo rural. “La ley de la cadena será un elemento muy importante para reforzar la posición de los agricultores y ganaderos”, ha señalado.

El ministro ha destacado que en los planteamientos de la Comisión se vayan a considerar algunas medidas recogidas en la legislación española. Tanto una remuneración justa de los agricultores como la generación de valor deben estar integrados en la nueva normativa comunitaria para que su cumplimiento sea vinculante, en lugar de estar sujetos a la voluntariedad de un código de buenas prácticas o similares.

NUEVAS TÉCNICAS GENÉTICAS

El Gobierno de España ha introducido un punto en el orden del día sobre las nuevas técnicas de edición genética para impulsar la competitividad de la agricultura europea, asunto que se verá en la sesión de la tarde. “Tenemos que reconciliar a la ciencia con la agricultura y es muy importante para el futuro de la producción agroalimentaria avanzar en la regulación sobre las nuevas técnicas genómicas”, ha explicado el ministro.

Esta nueva herramienta tecnológica permitirá asegurar la necesaria transición del sistema alimentario hacia una producción más sostenible y rentable, sobre todo en un contexto como el actual de cambio climático, inestabilidad geopolítica o el incremento de los costes de producción. “Contribuirá a producir más con el uso de menos recursos”, ha resaltado Planas.

MEJORAR LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PPC

Esta tarde también se verá el otro punto introducido por España referente al sector pesquero y que aboga por la necesaria mejora de la evaluación socioeconómica en la Política Pesquera Común (PPC). A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los totales admisibles de capturas y cuotas, el ministro se ha congratulado porque la resolución respalda la gestión pesquera de los Estados miembros conforme a los objetivos de la PPC, sostenibilidad ambiental, social y económica.

En este sentido, Planas ha abogado por el necesario equilibrio entre estos tres pilares, así como contar con los mejores informes científicos disponibles para mantener la biodiversidad marina, pero también la economía, el empleo y la población en las zonas costeras.

Por ello, al hilo de las conclusiones de esta sentencia, ha instado a llevar a cabo una reflexión sobre cómo mejorar esa evaluación del pilar socioeconómico de la política pesquera de cara a la fijación de los próximos Totales Admisible de Capturas (TAC) y cuotas para 2025, sobre todo en lo que se refiere a la gestión y regulación de la pesquería en el mar Mediterráneo.

El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy el nuevo reglamento sobre Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que mejora y simplifica los procedimientos de registro de estos sistemas de distinción de calidad para los productos agrícolas, el vino y las bebidas espirituosas el vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas.

Este nuevo reglamento fue uno de los asuntos que centró los trabajos de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023 y que culminó el 23 de octubre con un acuerdo de trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo y que puso fin a un proceso de negociación que se prolongó durante un año y medio.

El Gobierno impulsará casi 200 normas en 2024

26/03/2024

Justicia

La modernización socioeconómica desde una perspectiva verde y digital o el compromiso con el avance en derechos para toda la ciudadanía son las grandes prioridades de la agenda normativa del Gobierno para 2024, que incluye 6 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos

En los menos de 6 meses hábiles a efectos normativos de 2023, el Ejecutivo logró impulsar más de la mitad de las iniciativas comprometidas para ese año.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para presentar el Plan Anual Normativo (PAN) 2024 y el Informe Anual de Evaluación Normativa de 2023.

Durante su intervención, el ministro ha subrayado la importancia de estos documentos, un ejercicio de planificación, transparencia y rendición de cuentas que el Gobierno asume ante la ciudadanía cada año. Bolaños ha señalado que el Plan Anual Normativo favorece la coordinación del Gobierno, permite una actuación realista y alineada con los objetivos generales marcados para la nueva legislatura, y actúa como garantía para la ciudadanía y los actores económicos, contribuyendo a que éstos puedan anticiparse a los cambios normativos y facilitando así la toma de decisiones. Asimismo, el Informe Anual de Evaluación Normativa hace posible evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Un PAN ambicioso que reforzará la agenda de reformas

El PAN 2024, tal y como ha explicado Bolaños, refleja el compromiso renovado del Ejecutivo con una agenda legislativa progresista con la que España siga avanzando cada día, así como con las grandes reformas y la garantía de derechos para esta legislatura. Se trata de un documento ambicioso, que contempla 198 iniciativas entre las que se incluyen 6 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos. De estas, aproximadamente la mitad son compromisos con la Unión Europea: 36 con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el cumplimiento de hitos que conllevan desembolsos de fondos europeos; y 62 en materia de incorporación al Derecho nacional de normas que hoy son Derecho europeo.

El Plan Anual Normativo orienta la actividad del Gobierno hacia prioridades como la modernización socioeconómica desde una perspectiva verde y digital, con normas como la Ley de Industria y la Ley del Cine, o la reforma, mejora y modernización de las instituciones públicas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que ofrecen. En este sentido, incluye actuaciones por parte de la Administración General del Estado, como la Ley para la Transformación de la Administración Pública; y por parte de la Administración de Justicia, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El documento recoge el compromiso del Gobierno con el avance en derechos para toda la ciudadanía -con iniciativas como la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, entre otras- y contiene también medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores o la ampliación por ley del nivel asistencial de la protección por desempleo, dirigidas a continuar impulsando la mejora de las condiciones y los derechos laborales.

Tal y como ha destacado Bolaños, la agenda legislativa de este año culminará con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, en la que el Ejecutivo ya está trabajando.

Antes de finalizar, el ministro ha destacado también que el PAN muestra la determinación del Gobierno por mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes, con las que ha asegurado que existía una deuda de derechos y oportunidades que saldar.

En este sentido, destacan normas como la Ley de Juventud, que favorecerá las condiciones de acceso al mercado laboral, así como otras normas dirigidas a garantizar los derechos de los jóvenes y protegerlos ante potenciales peligros, como la ley para la protección de los menores en los entornos digitales, o la ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. Además, Bolaños ha anunciado que aprobarán un estatuto de la startup de estudiantes y otro de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa.

Balance positivo del Informe de Evaluación Normativa del 2023

El ministro ha desgranado también en rueda de prensa las principales conclusiones del Informe de Evaluación Normativa del 2023, que por tercer año consecutivo se presenta dentro del plazo que establece la ley y que estará disponible próximamente en el Portal de Transparencia.

En este sentido, Bolaños ha señalado que, a pesar de la situación geopolítica y de la coyuntura electoral del pasado año, el balance puede considerarse positivo. A este respecto, el ministro ha recordado que 2023 solo fue hábil a efectos de actividad normativa hasta el 21 de mayo y que hasta la última semana de noviembre no fue elegido un Gobierno con plenas funciones. Además, la actividad parlamentaria ordinaria no comenzó hasta mediados de diciembre.

En términos cuantitativos, el 52% de las 117 iniciativas normativas incluidas en el Plan han sido aprobadas (47 de ellas, un 40%) o se encuentran en tramitación (14 de ellas, lo que supone un 12%). Además, en 2023 el Gobierno aprobó 219 normas no contempladas en el PAN 2023, además de ocho reales decretos leyes.
Desde un punto de vista cualitativo, la agenda normativa del Gobierno ha estado muy marcada por la implementación de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la continuación del proyecto ya anunciado por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, centrado en el refuerzo del Estado de Bienestar y la extensión de derechos para toda la ciudadanía.

19 de marzo de 2024

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que completa el sistema de protección e inclusión financiera

mineco.gob.es

El texto, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y decayó antes de su adopción final por la convocatoria de elecciones, comienza de nuevo su tramitación parlamentaria incluyendo los principales cambios introducidos en el Congreso de los Diputados

Se trata de un proyecto de especial relevancia para el Ministerio de Economía, por lo que se le ha dado prioridad en estos primeros meses de Gobierno con el fin de que la Autoridad pueda constituirse lo antes posible

Con la creación de este organismo, los usuarios financieros podrán presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones de forma ágil, en un plazo máximo de 90 días, y gratuita

La creación la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas, que ampliaron el marco preventivo de apoyo a las familias

De hecho, el proyecto refuerza el papel de estos protocolos, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento

Se refuerza la inclusión financiera a través de la atención personalizada, tanto por la Autoridad, como por las entidades financieras, especialmente a personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones

El texto incluye el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, incluyéndose las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo

Se recoge, asimismo, el tipo de reclamaciones que podrán presentarse, que podrán tener o no contenido económico, incluyéndose las quejas por el incumplimiento de obligaciones de información o la apertura de cuentas de pago básicas

Las resoluciones serán de obligado cumplimiento para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros

La Autoridad se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las resueltas a favor del cliente

Asimismo, se refuerza el derecho de acceso a la cuenta de pago básica, dirigida especialmente a colectivos vulnerables, simplificando los procedimientos y documentación requerida

Por último, se facilita el cierre telemático de cuentas bancarias para que su sencillez sea pareja a la de la apertura

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El proyecto, prioritario para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas, que ampliaron el marco preventivo de apoyo a las familias.

La creación de esta Autoridad complementa el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en tres niveles: en primer lugar, los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; en un segundo estadio, los servicios de resolución extrajudicial de reclamaciones de los organismos supervisores y, por último, los órganos judiciales.

El texto, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y decayó antes de su adopción final por la convocatoria de elecciones, comienza de nuevo su tramitación parlamentaria, incluyendo los principales cambios introducidos en el Congreso de los Diputados.

El texto aprobado incluye las modificaciones incluidas en la tramitación parlamentaria y que contaron con el respaldo de la mayoría de los diputados, como es la financiación de la nueva Autoridad por parte de las entidades financieras y la posibilidad de recurrir las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil, garantizando de este modo la protección de los clientes financieros.

Más protección para los clientes

El Ministerio impulsó la creación de este organismo durante la pasada legislatura para incrementar la protección de los ciudadanos en cuanto clientes financieros.

A través de la Autoridad los clientes podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, lo que redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio y para ello centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El texto incluye los objetivos y ámbito de actuación de la nueva Autoridad, así como el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, incluyéndose las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados.

El proyecto refuerza el papel de los protocolos para la inclusión financiera de mayores y en el ámbito rural, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento. También se incluye como obligación para los supervisores financieros la elaboración y actualización de un Compendio Anual de Buenas Prácticas y Usos Financieros que será tenido en cuenta por la Autoridad en la resolución de los conflictos.

Se definen los tipos de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico, para cubrir reclamaciones, por ejemplo, de falta de información o por la no apertura de una cuenta de pago básica, así como por posibles incumplimientos de la autorregulación del sector financiero.

Asimismo, se refuerzan los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones y que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemático.

Finalmente, se incluye expresamente la posibilidad de que las partes puedan someterse voluntariamente una vez iniciado el procedimiento a un mecanismo de conciliación o mediación, aun cuando el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad.

Funcionamiento de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Podrán presentar reclamaciones ante la Autoridad las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o en su caso, hayan sido inscritas con tal carácter en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

Las resoluciones se dictarán de forma ágil, atendiendo a criterios uniformes, en un plazo no superior a 90 días naturales y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de cpucta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes, están tendrán valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial en defensa de sus intereses.

El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad.

La nueva Autoridad se financiará con el pago de una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones de cada entidad y de las resueltas a favor de los clientes.

Asimismo, se atribuye el conocimiento de los recursos judiciales que se puedan interponer contra las resoluciones vinculantes de la Autoridad a los jueces y tribunales civiles que constituye una novedad respecto al texto inicial, introducida en el Congreso de los Diputados antes de la disolución de las Cortes, para garantizar una mayor protección de los clientes financieros.

Estructura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que estará adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, contará con autonomía e independencia funcional y se financiará, cuando su actividad esté en pleno funcionamiento, a través de tasas recabadas por las reclamaciones admitidas.

A nivel organizativo, la Autoridad contará con un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable.

La Autoridad se organizará en direcciones generales y secciones, que serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones. Asimismo, se les dota a los Vocales de un elevado grado de independencia.

Además, para garantizar la homogeneidad de criterios en la resolución de las reclamaciones, se prevé la existencia de plantear una cuestión previa de unificación de criterio que resolverá una Sección Especial.

Por último, la Autoridad contará con un Comité Consultivo, que será un órgano de asesoramiento y estará integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la Autoridad, además de por doce miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las asociaciones representativas de las personas mayores de 65 años, otro en representación de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad, las patronales del ámbito financiero y representantes de las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos expertos independientes, del ámbito académico, con conocimientos en materia financiera.

Más inclusión financiera

Las entidades financieras deberán atender a sus clientes conforme al principio de prestación personalizada. Es decir, deberán tener en cuenta aspectos tales como la edad, la situación de discapacidad, la condición de persona extranjera y su situación administrativa, de la persona a la que está prestando o va a prestar servicios financieros, las características de la zona geográfica en la que reside la persona en términos de población y el nivel de competencias digitales de dicha persona, entre otras cuestiones. La Autoridad deberá operar también bajo este principio.

Asimismo, se aclaran y simplifican los procedimientos y elementos de prueba necesarios para facilitar la acreditación de los requisitos del ejercicio del derecho a una cuenta de pago básica y a su gratuidad.

Por último, se facilita el cierre telemático de cuentas para que su sencillez sea pareja a la de la apertura.

Mediante la capitalización de prestaciones de desempleo

La Policía Nacional desarticula una organización que defraudó más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social

Un total de 25 personas han sido detenidas en Madrid por integrar una estructura dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400 y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias

De los cuatro millones de euros defraudados, entre el 25% y el 40% del total habría sido percibido por la estructura, alcanzando unos beneficios estimados entre 1 y 1,5 millones

27/03/24 Policía

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. En concreto, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Una estructura con reparto de funciones en cinco eslabones
Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.

En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización. Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina.

En esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores. Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid -, quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros. Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios

En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios. Éstos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos. Un total de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid

La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.

Desde el momento inicial de la investigación antes descrita, la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas concernidas –Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda y Empleo)– resultó ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos.

Martes, 26 de marzo de 2024

Condenado a dos años de prisión por estafar a 12 personas al alquilarles un piso que no era suyo en Massanassa

La Audiencia de Valencia le impone también el pago de una multa. Cobraba a los perjudicados diferentes cantidades en concepto de reserva tras mostrarles la vivienda de la localidad de Massanassa en la residía como inquilino su hermano.

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de estafa para el que contempla la agravante de reincidencia y las atenuantes de adicción al juego y de reparación parcial del daño a un hombre que estafó a 12 personas con el alquiler de una vivienda que no era suya.

La sentencia, dictada después de que la Fiscalía y la defensa alcanzaran un acuerdo en el que el encausado reconocía los hechos y se mostraba conforme con la pena impuesta, le condena también al pago de una multa de 1.260 euros.

Según el relato de hechos probados que consta en la resolución, entre los meses de junio y julio de 2022, el acusado, que ya había sido condenado con anterioridad por estafa por un juzgado de lo Penal de Valencia, ofertó a través de una página web de anuncios el alquiler de un piso en Massanassa, pese a que no era propietario del mismo ni tenía ningún derecho sobre él.

Cuando concertaba una cita con las víctimas, el hombre mostraba la casa a los interesados porque en ella vivía como inquilino su hermano, que desconocía la actividad fraudulenta.

Si había acuerdo, el condenado firmaba un contrato con la víctima, a la que exigía el pago de dinero en metálico como señal para garantizar el alquiler, cantidades que oscilaban entre los 450 y los 550 euros.

A continuación, les decía a las víctimas que no podían acceder de momento al inmueble porque estaba de obras, y les daba una nueva fecha para la entrada.

Cuando llegaba ese momento, el condenado bloqueaba a los perjudicados en su teléfono móvil y no les respondía a llamadas ni mensajes. De este modo estafó a 12 personas.

La sentencia, que es firme, añade que en el momento de los hechos el penado era adicto a los juegos de azar, circunstancia por la que ingresó voluntariamente en un centro para rehabilitarse.

España supera todas las previsiones y cierra 2023 con un déficit público del 3,66% del PIB
Hacienda – 21.3.2024

El crecimiento económico, el empleo y el éxito de las medidas del Gobierno para combatir la crisis han favorecido la mejora de las cuentas públicas.

Las Administraciones Públicas en su conjunto cerraron el año 2023 con un déficit del 3,66% del PIB, situándose así en los 53.556 millones de euros, incluyendo la ayuda financiera. Esto supone una reducción de más de 10.000 millones y del 16% con respecto a 2022, datos que evidencian el compromiso con la estabilidad presupuestaria de las políticas del Gobierno de España.

Con estas cifras, se ha logrado que el saldo negativo esté muy por debajo del 3,9% recogido en las previsiones remitidas a la Comisión Europea. Lo que ha permitido por cuarto año consecutivo presentar datos muy mejorados con respecto a las tasas de referencia fijadas en el Programa de Estabilidad.

Este resultado en el pasado ejercicio implica una reducción muy acelerada con respecto a 2020, año del estallido de la pandemia del coronavirus, cuando se alcanzó un déficit del 10,1% sobre el PIB. Esas cifras se han reducido en tan solo tres años en 6,4 puntos y 60.000 millones de euros, lo que supone un 52,7% menos. Los números actuales evidencian el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal del Ejecutivo, incluso en un contexto de suspensión de las reglas fiscales.

Además, la deuda pública experimentó una reducción de 17,6 puntos porcentuales en solo tres ejercicios. Esto ha facilitado que España se haya consolidado como uno de los motores del crecimiento de la Unión Europea, tal y como atestiguan cada mes los datos de Eurostat.

Alcanzar y superar el objetivo marcado en la tasa de referencia acordada con la Comisión Europea ha sido posible gracias a la política económica del Gobierno. Esta ha permitido un crecimiento económico acreditado del 2,5% sobre el PIB, que quintuplica al de la zona euro; una fuerte creación de empleo con hasta 21 millones de afiliados a la Seguridad Social; y un impulso a la transformación del tejido productivo a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta estrategia ha estado acompañada de medidas para no dejar a nadie atrás tras la crisis de la COVID-19 y la provocada por la invasión de Rusia en Ucrania. De esta manera, la ciudadanía española ha estado respaldada por un escudo social de más de 120.000 millones de euros que ha permitido sostener el Estado del Bienestar en un contexto de gran dificultad.

Los colectivos vulnerables, además de la clase media y trabajadora, han sido los principales destinatarios de diferentes ayudas y reformas que han permitido al país afrontar la crisis sin recortes sociales y reforzando los servicios públicos.

Junto a lo anterior, hay que tener en cuenta que la presión fiscal disminuyó tres décimas de PIB en 2023 con respecto al año anterior, situándose en el 38%. Una situación que beneficia a los ciudadanos con rentas medianas y bajas, que son los más beneficiados por la reducción de los impuestos indirectos aplicada en 2023.

Este respaldo fiscal a la ciudadanía en los últimos tres ejercicios se ha traducido en más de 46.000 millones en ayudas para que la sociedad pudiera afrontar las subidas de precios en mejores condiciones. Varios paquetes de ayudas entre las que está la mayor rebaja de impuestos a la energía de la historia y la reducción del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra. Lo que ha facilitado que la inflación cayera en febrero hasta el 2,8% en solo tres ejercicios.

De hecho, la aplicación de estas medidas, centradas en gran parte en combatir la elevada inflación, ha evitado que la reducción del déficit fuera aún mayor de lo finalmente dispuesto en 2023. De no haberse destinado más de 17.000 millones para combatir la crisis de precios en este año, la cifra se habría reducido hasta el 2,5% del PIB. Es decir, el porcentaje de saldo negativo más bajo que se registraba desde los años previos a la crisis financiera que comenzó en el año 2008.

Esta apuesta por reforzar el escudo social y no aplicar recortes ha facilitado que los ingresos también hayan experimentado un comportamiento positivo. En 2023, los ingresos tributarios crecieron un 6,4% hasta los 271.935 millones de euros. Esto permite cumplir un año más con las previsiones de ingresos presupuestadas. En el ámbito del IRPF, se alcanzaron los 120.280 millones, un 9,9% más que el anterior ejercicio.

Este crecimiento de la recaudación se ha producido en medio de la mayor rebaja de IRPF de la historia a las rentas bajas de hasta 21.000 euros, que representa el sueldo mediano. Una medida que beneficia a la mitad de los trabajadores, que ahorraron más de 1.700 millones de IRPF. Aun así, los ingresos aumentaron por la mejoría continua de los datos de empleo y el aumento de los salarios.

Estos datos se explican, especialmente el último, con el destacado crecimiento que ha experimentado el mercado de trabajo y de las rentas derivadas del mismo, que crecieron en 2023 cerca del 8%. De esta manera, los cerca de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social han permitido que las rentas brutas de los hogares crecieran alrededor del 9%.

Todo lo anterior se complementa con los ejercicios de evaluación del gasto o ‘spending review’, para los que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda ejecutan las recomendaciones emitidas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los mismos para lograr la mejor estrategia integral de responsabilidad fiscal. En el pasado 2022, de las 300 recomendaciones formuladas por la AIReF, casi el 70% ya han sido implementadas en las Administraciones Públicas.

Con todos estos datos positivos, el conjunto de las Administraciones Públicas mantiene intacto su compromiso con la estabilidad presupuestaria e inicia en condiciones muy favorables el camino para cumplir con las tasas de referencia de los próximos años.

Una corrección de los desequilibrios que se explica por la política económica y por el impacto de los fondos correspondientes al PRTR, ámbito en el que España es uno de los principales motores en el despliegue de las reformas acordadas con la Comisión Europea.

Déficit de las Administraciones Públicas
Analizando los datos por subsectores, la Administración Central vuelve a ser la que lidera la reducción del déficit. Esta cerró 2023 con 30.828 millones de déficit (2,11% sobre el PIB), un 25,1% menos que en 2022. El subsector Comunidades Autónomas se situó en los 13.254 millones (0,91% del PIB), con una reducción del 12,34%.

En las Entidades Locales, la mejoría fue del 18,3%, al caer a los 1.263 millones (0,09% sobre el PIB). Por último, la Seguridad Social registró un déficit de 8.211 millones (0,56% del PIB), situándose así en la línea de las previsiones del Gobierno.

En cuanto a los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos crecieron un 9% (51.566 millones) gracias a los recursos fiscales, que se incrementaron un 7% (23.207 millones), y a las cotizaciones sociales, cuya alza fue del 9,3% (16.709 millones).

En cuanto al gasto, el mismo creció un 6,5%, debido a partidas como los consumos intermedios (7,5%), los intereses (13,1%) o la remuneración de asalariados (5,5%).

Ingresos tributarios
Entrando al detalle de los ingresos tributarios en términos de caja, los datos de la Agencia Tributaria a cierre de 2023 cifran la recaudación en 271.935 millones de euros, un 6,4% más que en 2022. El crecimiento económico y el buen comportamiento del mercado de trabajo explican en gran medida esta alza, especialmente en los beneficios empresariales. En cuanto al gasto en consumo, este se incrementó apenas un 3,8% gracias a la caída de los precios energéticos por las rebajas en los impuestos especiales.

En general, estos ingresos ligados al gasto tuvieron un comportamiento similar al del ejercicio anterior por las reducciones de IVA tanto en alimentación como en energía. De hecho, de no ser por estos cambios normativos, los ingresos habrían contado con 3.342 millones adicionales. Lo que habría supuesto un incremento de la recaudación del 7,8%. Esto se observa de manera más clara con el incremento del 10,1% en los impuestos directos (IRPF, sociedades o medioambientales) y una subida del 1,7% en la recaudación de los indirectos.

En el detalle de cada uno, los ingresos por IRPF alcanzaron los 120.280 millones, un 9,9% más. Este porcentaje es muy similar al de la renta disponible de los hogares, que creció un 9%. Lo que muestra que el aumento del empleo y las subidas salariales y de pensiones repercuten de manera positiva tanto en la recaudación como en la liquidez que llega a la ciudadanía.

En el Impuesto sobre Sociedades, se recaudaron 35.060 millones de euros, un 9% más que en 2022. Este dato muestra que los beneficios empresariales se mantienen a un buen ritmo, al crecer por encima del 15%, con un aumento notable de los pagos fraccionados. Todo ello en un contexto novedoso por la aplicación del tipo mínimo del 15%, además de por la nueva normativa para los grupos en lo referido al cálculo de la base imponible. A pesar de estas nuevas normativas, el incremento del 9% es la respuesta al elevado número de solicitudes de devolución del ejercicio 2021 y el adelanto en el calendario de las devoluciones de la campaña de 2022.

En lo que respecta al IVA, los ingresos crecieron un 1,6%, a pesar de que el gasto sujeto al mismo se elevó un 7,4%. Esto se explica con las medidas para acompañar a la ciudadanía que provocaron rebajas en los tipos de energía y alimentos básicos, además de las nuevas regulaciones sobre aplazamientos y devoluciones extraordinarias. Esto ha provocado una merma recaudatoria de 4.300 millones.

IIEE
Los ingresos por Impuestos Especiales alcanzaron los 20.757 millones de euros, en línea con las previsiones para 2023. Con respecto a 2022, la recaudación aumentó en 533 millones, un 2,6% más. En este ámbito hay que destacar la merma recaudatoria en el ámbito de la electricidad por las medidas anticrisis del Gobierno, con las que se ha compensado la factura energética de la ciudadanía en un contexto de precios elevados.

La mayor recaudación fue por hidrocarburos, con más de 12.000 millones, aunque solo aumentó un 0,6%. Le siguieron las labores del tabaco, con más de 6.700 millones, aunque el crecimiento se concentró en las labores distintas de los cigarrillos. En cambio, el consumo de cigarrillos disminuyó casi un 5%.

Los ingresos por alcohol cayeron un 7,2%, debido al menor consumo de este tipo de bebidas. No ocurrió lo mismo con la cerveza, que se mantuvo en niveles similares a los de 2022, plásticos no reutilizables o carbón se situaron en cifras cercanas a las previsiones para el ejercicio.

Administración Central
La Administración Central registró en 2023 un déficit del 2,11%, lo que supone una reducción de casi un punto con respecto a 2022, cuando se registró un 3,06%.
Los recursos no financieros alcanzaron los 289.486 millones de euros, suponiendo un 19,8% del PIB, aumentando así un 4,1% y 11.530 millones de un año para otro. Los impuestos aportaron 224.186 millones, crecieron un 5,3% y son más del 15% de los recursos totales.

Los recursos no financieros alcanzaron los 289.486 millones de euros, suponiendo un 19,8% del PIB, aumentando así un 4,1% y 11.530 millones de un año para otro. Los impuestos aportaron 224.186 millones, crecieron un 5,3% y son más del 15% de los recursos totales.

En el ámbito de los empleos no financieros, estos alcanzan los 320.314 millones, creciendo así un 0,4% sobre 2022. En este caso, la mayor partida son las transferencias entre Administraciones Públicas, que copan más del 50% del total y crecen un 3,6% hasta los 171.958 millones de euros. Unas cifras que se explican en parte por la dotación adicional de 1.666 millones de euros destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales con el fin de compensar su saldo global negativo en la liquidación correspondiente a 2020.

La remuneración de asalariados crece un 3,8%, situándose en 28.749 millones de euros. Después del incremento adicional del 0,5% previsto en la Ley de Presupuestos Generales de 2023, para compensar la pérdida de poder adquisitivo motivada por la inflación, con aplicación retroactiva desde enero, la subida salarial del ejercicio se sitúa en el 3%.

Los consumos intermedios han ascendido a 14.276 millones de euros, un 14,2% más que en el mismo periodo de 2022 y los intereses devengados aumentan un 6% hasta situarse en 30.306 millones de euros. En cuanto a las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, estas aumentan un 11%, cifra que incorpora una revalorización de las pensiones contributivas de Clases Pasivas del 8,5% para el ejercicio 2023. Además, los perceptores de pensiones no contributivas mantienen durante todo el año 2023 la subida del 15% en sus prestaciones, que ya se les venía aplicando desde julio de 2022.

El gasto en subvenciones a la producción y a los productos alcanza los 10.112 millones de euros, incluyendo en este ejercicio diversas ayudas al transporte, así como la financiación de la TUR (tarifa de último recurso) en el gas natural. Además, destaca la formación bruta de capital fijo, que se sitúa en 11.936 millones de euros.

Por lo que respecta a los Organismos Autónomos de la Administración Central, con ayuda financiera han alcanzado un superávit de 3.527 millones de euros. Este resultado se debe a un aumento de ingresos de 4.119 millones de euros, alcanzando los 33.082 millones, y un incremento de gastos de 3.782 millones de euros, llegando a los 29.555 millones.

Se destaca el aumento significativo del 22,8% en las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas, totalizando 16.370 millones de euros.

Los ingresos por impuestos han aumentado en un 3,5%, destacando los impuestos sobre producción e importaciones, que han crecido un 15,4%, alcanzando los 2.306 millones de euros.

En términos de gastos, se ha experimentado un crecimiento del 14,7%, destacando aumentos en subvenciones (+1.020 millones de euros), intereses (+808 millones de euros), remuneración de asalariados (+458 millones de euros) y formación bruta de capital fijo (+1.163 millones de euros). Unas cifras que muestran una gestión financiera efectiva que ha generado un superávit, indicando un control adecuado de ingresos y gastos en los Organismos de la Administración Central.

Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas registraron un déficit de 13.254 millones, lo que equivale al 0,91% del PIB. Es decir, un 12,3% menos que en 2022. Una mejoría que se explica con los recursos récord que reciben las comunidades autónomas a través del sistema de financiación, incrementados en más de un 46% durante los últimos seis años.

En concreto, y desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, las CCAA han contado con los mayores recursos de su historia. En el ejercicio 2024 está previsto que reciban 154.467 millones de euros, un 14,9% más que en 2023. Así, dispondrán de 20.000 millones de un año a otro, siguiendo así la línea de respaldo récord desplegado durante los últimos años de la actual administración.

En el ámbito de impuestos, se ha registrado un crecimiento del 13,4%, alcanzando los 86.818 millones de euros. Dentro de estos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan los 19.241 millones de euros. En los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio, el incremento es del 20,3% hasta situarse en un total de 64.507 millones de euros, principalmente por las entregas a cuenta y la liquidación del IRPF, recogida como impuesto propio a los efectos de registro en términos de contabilidad nacional.

Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 3.070 millones de euros. Las transferencias entre AAPP alcanzan los 126.186 millones de euros. Del importe anterior, las transferencias recibidas por el sistema de financiación crecen un 10,6%, lo que supone 8.529 millones de euros más hasta alcanzar los 19.440 millones.

Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 23.056 millones de euros, lo que supone una reducción del 5,2% respecto a diciembre de 2022.
Para la cooperación internacional se han destinado 1.095 millones de euros, en la ayuda a la inversión 4.625 millones de euros y en los ingresos por la venta bienes y servicios 13.434 millones de euros. Estos se han compensado en parte por el aumento de intereses devengados, situándose en 1.595 millones.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 5,9%. Esta alza se debe, en parte, al incremento salarial de 2023 del 3%, aplicado sobre el importe consolidado a finales de 2022, que fue del 3,5%. Los consumos intermedios aumentan un 3% hasta situarse en 38.922 millones de euros.

Las subvenciones se sitúan en 5.917 millones de euros, con un aumento del 6,5% respecto a finales de 2022. Por su parte, los intereses aumentan un 73,5% hasta 6.468 millones de euros.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 6% (2.055 millones de euros más) hasta los 36.387 millones de euros. De este incremento, el 57% corresponde al aumento del gasto en conciertos educativos en un 4,4% hasta los 7.747 millones de euros, el de farmacia en un 3,6% hasta 13.328 millones de euros y al gasto en conciertos de asistencia sanitaria en un 5,5% hasta 7.264 millones de euros.

Por otro lado, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie ascienden a 5.845 millones de euros, un 10,1% más que en 2022. De igual modo, la inversión alcanza los 18.827 millones de euros, un 26,1% superior a la registrada el ejercicio previo.

En el resto de empleos, aumentó un 23% hasta los 9.020 millones de euros. Aquí cabe mencionar la ayuda a la inversión, con un avance del 31,4%, y las transferencias corrientes diversas en un 23,3%.

Entidades Locales
El conjunto de las Entidades Locales registró un déficit de 1.263 millones, lo que supone un 0,09% del PIB. La reducción lograda en este subsector es del 18,3% y 282 millones, dejando atrás el 0,11% de desequilibrio de 2022. Esto ha sido posible por el resultado neto positivo de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021, que les reportó 642 millones. Junto a esto, hay que tener en cuenta la transferencia recibida del Estado para dar cobertura a su saldo negativo de 2020 por 1.586 millones.

De restar del déficit de dichos periodos las liquidaciones negativas y las transferencias de ingresos mencionadas, el déficit de las EELL sería de 3.491 millones.

Analizando el comportamiento de los ingresos, estos han experimentado un incremento del 6,7% con respecto a 2022 y 6.020 millones más. Los recursos impositivos, su principal fuente de financiación, aumentan en 1.737 millones de euros. La segunda fuente de financiación corresponde a las transferencias recibidas de otras administraciones públicas, con 38.532 millones, cifra superior en un 8% a la de finales de 2022. Este aumento se debe, principalmente, a los mayores recursos recibidos del Estado, un 6,6% superiores a los de 2022.

Las transferencias recibidas por el sistema de financiación han aumentado un 5,3%, 22.356 millones más. Además, en 2023 se han recibido 226 millones de ayudas directas para cubrir los menores ingresos por la puesta en práctica de una reducción en el precio de transporte colectivo urbano o interurbano a usuarios habituales en el ámbito de sus competencias.

En los gastos, estos se elevan un 6,3%. Los principales incrementos se han producido los intereses, que presentan un crecimiento del 85,1%, 451 millones más hasta 981 millones; o la remuneración de asalariados, que crece un 5,3%. Esta evolución se debe, entre otras razones, al incremento salarial del 3% para 2023.

Los consumos intermedios presentan un avance del 9,6%, 2.628 millones más hasta 30.138 millones. Además, las transferencias entre administraciones públicas disminuyen un 12,5%. Este descenso se debe a la menor transferencia realizada al Estado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021, practicada en julio de 2023, por importe de 52 millones. Mientras que la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2020, practicada en julio de 2022, supuso una transferencia de gasto de 3.009 millones. Por último, la formación bruta de capital fijo aumenta un 24,5% hasta los 12.320 millones.

Plan Estratégico 2024-2027

La Agencia Tributaria sitúa la asistencia al contribuyente en el centro de su estrategia para los próximos años

Hacienda – 25.3.2024

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha su nuevo Plan Estratégico 2024-2027, en el cual el contribuyente se sitúa en el centro de una planificación que busca reforzar la vocación de servicio público a partir del modelo de información y asistencia.

El Plan Estratégico también supone una apuesta reforzada por la utilización de medidas preventivas para mejorar el cumplimiento voluntario, y de una optimización del modelo organizativo acompañado del incremento necesario de la plantilla de la Agencia.

El plan cuenta con una serie de ejes vertebradores que contemplan la culminación de actuaciones en ámbitos concretos ya iniciadas en los últimos años, como el modelo de asistencia multicanal, el refuerzo de la ayuda en materia de censos y de no residentes en línea con las mejoras ya implementadas en IRPF o IVA, la simplificación del lenguaje de los documentos administrativos o el sistema de autoliquidaciones rectificativas, que facilita la subsanación de errores del contribuyente.

En el ámbito de las actuaciones preventivas, se prevé, entre otras acciones, intensificar la información para el fomento del cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias y el desarrollo de aplicaciones para garantizar la inalterabilidad y el intercambio potencial de los registros de facturación.

En materia de recursos humanos, la planificación estratégica contempla un crecimiento de los efectivos actuales de la Agencia, que se acercan a la cifra de 27.300, hasta superar los 29.300 al cierre del año 2027, superando así el volumen de plantilla existente antes de la restricción de empleo público, acercándose así a dimensiones similares a las existentes en las Administraciones tributarias del entorno de la OCDE. El plan hace una especial referencia a la necesidad de reforzar el área de Informática tributaria en un contexto de crecimiento continuo de los proyectos que gestiona.

Al igual que la planificación desarrollada para el periodo 2020-2023, en el nuevo Plan 2024-2027 se mantienen indicadores estratégicos de medición de la actividad de la Agencia que ya fueron incorporados entonces, y se añaden dos nuevos: uno vinculado con hacer más transparentes los datos y las actuaciones de asistencia destinadas a facilitar el cumplimiento voluntario, y otro dedicado a medir las mejoras que va a suponer al contribuyente la plena implantación de las mejoras en el modelo de información y asistencia.

Unión Europea 20 marzo 2024

CEOE advierte de que la colaboración público-privada sigue siendo el principal cuello de botella para el Plan de Recuperación

La Confederación presenta su sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión e impacto en la economía

CEOE advierte de que la colaboración público-privada sigue siendo el principal cuello de botella para que las empresas puedan conocer, acceder y recibir proyectos transformadores en el marco del Plan de Recuperación. Y señala que, aunque se viene aumentando el ritmo de resolución de las grandes líneas de ayudas, se mantienen las ineficiencias en la ejecución de los fondos, como la ausencia de transparencia en la gobernanza (sobre todo, a nivel autonómico) y la falta de adaptación de las ayudas al sector privado.

Por ello, CEOE considera fundamental reforzar los lazos del sector productivo con los diferentes niveles de la Administración.

Así se desprende del sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE con el objetivo de contribuir a mejorar su gestión y su impacto en la economía. El informe se ha visto en la Junta Directiva de CEOE celebrada el 20 de marzo.

El documento recuerda que, hasta la fecha, España ha recibido 38.419 millones de euros del total de los 163.000 millones a los que asciende el Plan de Recuperación. Esto incluye 37.036 millones ya recibidos de los tres desembolsos realizados por la Comisión Europea más los 1.383 millones de la prefinanciación de la Adenda, autorizada en enero.

Además, están pendientes los 10.021 millones solicitados por el Gobierno, correspondientes al cuarto desembolso, para los que se ha abierto una nueva prórroga hasta el mes de mayo para la evaluación técnica de 61 hitos y objetivos.

Los pagos se ralentizan

Desde la segunda mitad de 2023, los abonos realizados por la Comisión Europea se han ralentizado, con el último pago del tercer desembolso realizado en marzo. En comparación, otros planes de recuperación europeos han ido avanzando. Así, Italia y Portugal se sitúan a la cabeza de los fondos Next Generation, tras recibir ya el cuarto pago parcial el pasado mes de diciembre.

Por ahora, España ha cumplido 121 hitos y objetivos del total de 595 que recoge la Adenda al Plan de Recuperación, es decir, apenas un 20% del total.

A partir de este año, el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan tiene un mayor peso en las inversiones, con el aumento de la publicación de grandes convocatorias enmarcadas en los PERTE y el despliegue de los hasta 84.000 millones de euros en préstamos previstos en la segunda fase.

A diciembre de 2023, se habían resuelto más de 33.600 millones de euros en subvenciones y licitaciones, de los que 28.000 millones han correspondido a la Administración General del Estado (un 83% del total) y 5.600 millones se han asignado a las CC AA (17% del total). Alrededor de 17.000 millones de euros se han destinado al sector privado.

Las empresas siguen percibiendo una falta de transparencia continuada en la publicación anticipada de las convocatorias, lo que supone barreras a la hora de preparar la solicitud de proyectos. Además, se empiezan a evidenciar retrasos en la adjudicación de las ayudas, lo que genera incertidumbre para presentarse a segundas convocatorias.

En el caso de los préstamos previstos en la segunda fase del Plan de Recuperación, una de las principales preocupaciones del sector privado es la escasa información pública que se ha facilitado en lo relativo al diseño de las líneas de financiación, en especial para fondos como la línea ICO-Empresas y Emprendedores o el Fondo de Resiliencia Autonómica. Esto es clave para que las empresas puedan acceder a los préstamos con las condiciones y plazos que se fijen con las entidades financieras.

Papel del sector bancario

Asimismo, el informe insiste en la necesidad de resaltar el papel protagonista que el sector bancario debe tener en la canalización de estos préstamos.

Todo esto conforma un entramado de desafíos en los tres niveles de la Administración, que deben concentrar sus esfuerzos en estrechar lazos con las necesidades de las empresas a nivel autonómico y regional, con el objetivo de ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, así como para que los proyectos adjudicatarios se adecúen a la realidad territorial y sus prioridades.

Entre estas prioridades, además de la necesidad de un aumento de transparencia y mayor colaboración del sector privado, el documento destaca la necesidad de ampliar las ayudas a actividades ligadas a facilitar la puesta en marcha de los proyectos, tanto en materia de digitalización y sostenibilidad, como de renovación de maquinaria y costes asociados a instalación de infraestructuras.

Por último, considera fundamental agilizar al máximo los procesos de evaluación y resolución de expedientes, para evitar que se desincentive la participación de las PYMES.

El sexto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE incluye, también, un monográfico especial sobre los retos en la ejecución y las necesidades de inversión en las CC AA, así como un análisis sectorial de los fondos destinados al sector de digitalización.

Anexo.- Sexto Informe de seguimiento de la ejecución de los fondos Next Generation en España

Enlace web al informe