AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 


Ultimas entradas




Archivos



Catalá hereda los principales retos legislativos iniciados por Gallardón

     La modificación del Código Penal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
     Los colectivos jurídicos, enfrentados al ex ministro, satisfechos con su dimisión
     María Peral  Madrid 24/09/2014 elmundo.es
     Tres años y medio de intenso trabajo legislativo del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia han producido un resultado contradictorio. Las leyes aprobadas o bien no figuraban en el programa con el que el PP ganó las elecciones (caso de las tasas judiciales) o bien se han orientado en un sentido completamente diferente del que el partido en el Gobierno había prometido (como la reforma del sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial).
     El Ministerio con el que se reencontrará Rafael Catalá, ahora como ministro, tiene pendientes los principales retos legislativos, algunos de ellos en tramitación parlamentaria (la modificación del Código Penal), otros en anteproyecto (la macro-reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y otros en fase de fase de reconducción (el fallido Código Procesal Penal).
     Pese a las expectativas generadas con su nombramiento, el paso de Ruiz-Gallardón por Justicia no será recordado con satisfacción por los colectivos concernidos. De ello dan fe los comunicados que se difundieron ayer tras el anuncio de dimisión: la Abogacía, las asociaciones judiciales, los sindicatos de funcionarios o las organizaciones de secretarios judiciales que reaccionaron a la noticia lo hicieron unívocamente para expresar su satisfacción por la marcha de un ministro que les ha puesto -a todos al mismo tiempo- en pie de guerra.
     Unidos por el descontento, aunque por motivos distintos, abogados, jueces, fiscales y funcionarios han salido a la calle en protesta por las iniciativas de Ruiz-Gallardón e incluso la carrera judicial fue a la huelga el 13 de febrero de 2013. Los registradores y notarios también están inmersos en conflictos con el Ministerio a costa de la gestión del Registro Civil tras su desjudicialización.
     Un auténtico desafío
     Aunque se trata de colectivos refractarios a cualquier cambio y pese a que los resultados en política de Justicia rara vez se ven a corto plazo, el testigo que Ruiz-Gallardón pasa a Catalá es un auténtico desafío. La ley de tasas judiciales, que ha limitado el acceso de los ciudadanos a los tribunales de una manera drástica, especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa (justo la que controla los actos de la Administración), está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
     La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, seriamente objetada por el Consejo General y el Tribunal Supremo, va a tener que sufrir una tramitación meteórica -pese a su importancia- si tiene entrada en las Cortes. E incluso en el caso de que fuera aprobada le faltaría un complemento esencial, la nueva ley de planta y demarcación (no elaborada), para que pudiera transformar la estructura judicial española.
     La idea de entregar a los fiscales la investigación de los delitos parece descartada, con la consiguiente decepción de una Fiscalía que se siente maltratada y desatendida por este Gobierno. No obstante, el Ministerio no había renunciado a una nueva regulación parcial del proceso penal.
     La reforma del Código Penal, de la que el Ministerio suprimió la custodia de seguridad ante las dudas de constitucionalidad que suscitó pero mantiene medidas polémicas como la prisión permanente revisable, no acaba de arrancar en el Congreso. Hoy se cumple un año de su entrada en la Cámara Baja y lo único que se ha hecho es ampliar una vez tras otra el plazo de enmiendas.
     Además del Código Penal, en el Parlamento se encuentran proyectos relevantes de la etapa de Ruiz-Gallardón como el Código Mercantil, la ley de jurisdicción voluntaria o el estatuto de las víctimas de delitos.
     También se ha creado el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica, un órgano esencial para coordinar a las distintas instituciones y administraciones en materia de nuevas tecnologías y asegurar la compatibilidad de las aplicaciones informáticas que utilizan los tribunales y las fiscalías.
     Ruiz-Gallardón deja un Ministerio que ha bregado con extraordinarias dificultades presupuestarias y contratiempos inéditos, como la dimisión del presidente del Poder Judicial Carlos Dívar o la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.

 


  Imprimir Imprimir

Deje un comentario

Debe identificarse para enviar un comentario.