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Cataluña exige más impuestos por ventas antiguas de inmuebles

22-02-2009 , por C.D.A. Barcelona. Expansión
La Agencia Tributaria Catalana da quince días a los compradores de inmuebles para que demuestren que no han defraudado en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
La caída en los ingresos ha hecho que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se vuelque en las comprobaciones de valor de antiguas operaciones de compraventa de inmuebles realizadas en los últimos cuatro años. El organismo tributario, que entró en funcionamiento en enero de 2008, ha comenzado a enviar cartas a los compradores de inmuebles que han cerrado operaciones en los últimos años para reclamarles que justifiquen el importe escriturado cuando se sitúa por debajo de determinados coeficientes.

A través de estas misivas, el organismo tributario de la Generalitat catalana transfiere al contribuyente la obligación de acreditar las razones por las que el valor de escritura no entra dentro de los márgenes fijados en relación al valor de mercado.

El organismo da quince días al contribuyente para que justifique este hecho y para que alegue por qué el valor escriturado es inferior al valor catastral -corregido por su correspondiente coeficiente- o bien inferior al 80% del valor establecido en la tasación que exigió la entidad financiera si se ha suscrito una hipoteca. Según fuentes de la ATC, la base imponible se corresponde con el valor de mercado, independientemente del precio pagado efectivamente por el comprador.

Si, transcurrido el plazo fijado, el contribuyente no ha podido realizar las valoraciones pertinentes, la agencia inicia el correspondiente proceso administrativo que deriva en un nuevo pago tributario por la operación.

Doctrina constitucional
Las actuaciones de la Inspección no parecen ir en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia de julio de 2000 acabó con la prohibición fijada por el legislador para evitar que la libre fijación del precio de los bienes en las escrituras se convirtiese en una vía de fraude.

Dicha prohibición, introducida en 1993, trataba de crear una garantía recaudatoria en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITP-AJD), uno de los principales para la Generalitat.

El Alto Tribunal justificó entonces su decisión al considerar que impedir fijar libremente el precio de escritura vulnera los principios constitucionales de capacidad económica, igualdad, prohibición de alcance confiscatorio, legalidad y justicia. La sentencia añadía que dicha prohibición consideraba fraude una práctica que puede estar guiada por la realidad y por la mera negociación del precio por las partes. “El valor real (…) -apuntaba la sentencia- ni determina qué debe entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del ITP para determinarlo, razón por la cual las discrepancias en relación con la valoración de los bienes y derechos no sólo son lógicas y razonables, sino incluso frecuentes”.

Asesores fiscales consultados señalan que no han detectado, por ahora, que el envío de las primeras cartas formen parte de una nueva campaña de la ATC, si bien destacan que no sería de extrañar que, con la caída en la recaudación, se den nuevas órdenes en este sentido. Fuentes de la ATC niegan que exista una campaña específica.

Otro aspecto que apuntan los expertos es lo elevado de las tasaciones de los últimos años al abrigo de los años de exuberancia en el crédito para la compra de inmuebles. Como las tasaciones eran en algunos casos “forzosamente altas”, señalan estas fuentes, los inspectores tributarios tienen ahora margen para encontrar desfases con el importe que figura en las escrituras de compraventa.

Agujero recaudatorio
El parón inmobiliario y el consiguiente desplome en las operaciones de compraventa, que comenzó en 2007, ha creado un agujero recaudatorio en las cuentas autonómicas. El tributo, que debía haber generado 4.445 millones de euros para la Generalitat catalana en 2007, acabó en 3.199 millones, un 28 por ciento menos de lo previsto. A la drástica disminución en el número de operaciones se suma ahora la caída del valor de las viviendas.

El cambio en los esquemas del mercado inmobiliario hace también más complicado evaluar lo idóneo de las instrucciones para las comprobaciones de la Agencia Tributaria de Cataluña. ¿Qué vigencia puede tener una tasación y el valor catastral en un mercado tan cambiante?


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