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Comparecencia Defensor del Pueblo en el Congreso para explicar actuaciones durante pandemia COVID19

Comparecencia Defensor del Pueblo en el Congreso para explicar actuaciones durante pandemia COVID19

Comparecencia Defensor del Pueblo en el Congreso para explicar actuaciones durante pandemia COVID19 Comparecencia del Defensor del Pueblo (e.f.), en el Congreso para explicar sus actuaciones durante la crisis del COVID19

26/11/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar un resumen de las actuaciones realizadas por la Institución con motivo de la pandemia de la COVID-19.

La Institución ha tramitado desde principios de año más de 26.000 actuaciones entre quejas, colectivas e individuales, quejas de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, muchas de ellas relacionadas con la crisis sanitaria.

Fernández Marugán ha comenzado su intervención explicando que desde el primer momento de la pandemia la Institución que dirige trabajó a pleno rendimiento gracias al sistema de teletrabajo puesto en marcha en 24 horas.

El Defensor se ha referido a las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas.

Fernández Marugán ha asegurado que para el Defensor del Pueblo la citada norma es “plenamente conforme con la Constitución” y ha explicado que dicho Real Decreto “llevó a cabo una ponderación de derechos fundamentales razonable en el contexto de amenaza global que sufrimos”.

Por otra parte, en relación al Real Decreto de 25 de octubre por el que se declara un nuevo estado de alarma, el Defensor ha apuntado que se han recibido ocho solicitudes de interposición de recurso sobre las que la Institución se pronunciará “en el momento oportuno, que será a finales de enero del próximo año”.

Quejas sobre libertades públicas

El Defensor ha continuado su intervención refiriéndose a las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el estado de alarma, que motivaron quejas al inicio del confinamiento relativas a las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos; etc.

Todas estas quejas fueron trasladadas al Ministerio del Interior que en su respuesta explicó las distintas órdenes dictadas para aclarar aspectos que estaban generando dudas sobre las limitaciones de circulación.

Carencias del Sistema Nacional de Salud

Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso que esta crisis ha agudizado algunas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud, “cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos”.

Entre dichas carencias, el Defensor ha destacado “la debilidad de la atención primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental”.

Según ha explicado, “la restricción de gasto durante la crisis económica redujo los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, lo que se tradujo en una menor inversión en equipos y obras de mantenimiento (sobre todo en los hospitales más antiguos), así como en una reducción de las plantillas, que además tenían peores condiciones laborales, contratos menos estables y menores salarios”.

No obstante, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha revelado también las fortalezas del sistema sanitario, como “la buena formación de miles de profesionales, el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios y una organización muy experimentada”.

En su opinión, para robustecer el sistema “hay que revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia”. En este contexto, Fernández Marugán ha resaltado que “la sanidad en España no requiere edificios más grandes ni infraestructuras espectaculares, necesita que se apoye el sistema público sanitario y realizar una gestión más eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales”. “El Sistema Nacional de Salud es garantía de igualdad y de seguridad y los poderes públicos no pueden relajar su cuidado y mantenimiento”, ha enfatizado.

Por ello, el Defensor ha instado a reforzar la atención primaria “con profesionales, medios técnicos y organizativos” y la atención hospitalaria “para reducir listas de espera”, así como a terminar con la precariedad y la temporalidad en el trabajo que “son el mayor problema para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud”.

Asimismo, ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que “la salud no conoce fronteras o límites territoriales” y también ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

Atención sanitaria durante la pandemia y actuaciones del Defensor

Fernández Marugán ha señalado que al inicio de la pandemia se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos.

Así, ha explicado que los ciudadanos lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria. También se recibieron quejas sobre la escasez de camas, personal entrenado y respiradores y sobre la falta de material de protección para el personal sanitario, que ponía en riesgo su salud y su trabajo.

Tras el levantamiento del estado de alarma, el Defensor ha apuntado que las quejas de los ciudadanos se centraron el cierre de consultorios locales; el retraso de citas para consulta y operaciones; el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas diagnósticas PCR.

La Institución emitió un comunicado el 20 de marzo, dirigido a todas las administraciones sanitarias, en el que recordaba que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado resultaba crucial y en el que pedía a todas las administraciones que coordinasen lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario y social, en especial el residencial, público o privado. Además, el Defensor también resaltaba en dicho comunicado que el suministro de material de protección era imprescindible para los trabajadores sanitarios, personal asistencial y enfermos.

El Defensor también le trasladó al Ministerio de Sanidad la preocupación de la Institución sobre la aplicación de procedimientos de priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para Fernández Marugán, “lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza sobre cada paciente”.

La Institución también dirigió actuaciones de oficio a todas las consejerías de sanidad o salud autonómicas para conocer de forma estructurada la respuesta dada por cada territorio a la emergencia sanitaria. Asimismo, requirió a las CCCA que informaran sobre las medidas que estaban tomando para atender las necesidades de los centros residenciales, incluidos los protocolos aplicados sobre derivación de residentes enfermos a los hospitales.

El 29 de mayo, tras el inicio de la desescalada, el Defensor volvió a dirigirse a todas las consejerías sanitarias para conocer las medidas adoptadas para la vigilancia y control de la pandemia a partir de ese momento.

Incertidumbres económicas

A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán también ha hecho referencia al impacto económico generado por la pandemia. Así, ha señalado que mientras la emergencia sanitaria no esté resuelta, el panorama económico continuará “ensombrecido y plagado de incertidumbres que obligan a seguir apoyando a las personas y a los sectores más afectados”.

Para ello, el Defensor ha reivindicado el protagonismo del Estado para superar la crisis con éxito y ha instado a alcanzar un acuerdo político y económico-social “lo más consensuado posible y a todos los niveles”, que permita superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y evite “un aumento de la contestación social y de la crispación política”.

En su opinión, “hay que gastar más para frenar el desastre” y hay que perseverar en las medidas de estímulo adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus y a sus devastadores consecuencias.

En esta línea, y frente a lo que se hizo desde la Unión Europea durante la crisis financiera de 2010, Fernández Marugán ha valorado positivamente que ahora el orden de prioridades aplicado por las autoridades comunitarias haya sido “primero las personas, luego las empresas y finalmente el sistema financiero”.

De no actuarse así, el Defensor cree que “asistiríamos a un crecimiento agudo de la pobreza y a la profundización de la brecha que divide a las sociedades avanzadas entre quienes tienen acceso a la protección y quienes quedan a la intemperie”.

Protección social, apoyo a pymes y autónomos y actuaciones del Defensor

Así las cosas, el Defensor ha valorado “el intenso refuerzo de la protección social de los trabajadores asalariados y los autónomos que se ha llevado a cabo ante esta emergencia sanitaria”.

A su juicio, las medidas de protección social, de apoyo a empresas y autónomos y las que han permitido un ajuste alternativo al despido, han ayudado a amortiguar el impacto económico del coronavirus.

Para Fernández Marugán, la crisis social causada por la Covid-19 ha determinado la aprobación de toda una serie de ayudas y prestaciones, “algunas muy novedosas”, pero que requieren “una gestión lo más ágil posible para cubrir las carencias de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Para conseguir este objetivo, ha instado a que los organismos oficiales que tramitan estas ayudas “se doten urgentemente de los recursos humanos y medios materiales para realizar debidamente su función”.

En este contexto, ha destacado que, desde la declaración del estado de alarma en marzo hasta este mes de noviembre, las quejas recibidas por la Institución han revelado la angustia de los ciudadanos afectados, de una u otra manera, por la pérdida temporal o definitiva de los ingresos de su actividad profesional”.

De entre las actuaciones realizadas por el Defensor, Fernández Marugán ha destacado las relativas a las dificultades estructurales en el SEPE, las incidencias en la tramitación de prestaciones de los ERTEs y los problemas derivados de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Así, ha relatado que la Institución ha iniciado actuaciones de oficio para que las prestaciones se tramiten en tiempo razonable y sin incidencia. Para ello, ha realizado varias recomendaciones para que la plantilla del SEPE se incremente con carácter urgente, para que se aumenten los medios informáticos y técnicos y para que se refuerce la atención presencial en aquellas oficinas con más solicitudes.

Otra de las actuaciones destacadas por Fernández Marugán es el expediente de oficio abierto ante la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, tras recibir quejas por las numerosas incidencias en la tramitación y en el abono de las prestaciones por desempleo. El Defensor ha asegurado que “la administración aceptó nuestras recomendaciones corrigiendo y mejorando los modelos de solicitud colectiva, los sistemas de recogida documental y los procedimientos de subsanación de errores”.

Por lo que respecta a la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Fernández Marugán ha apuntado que la Institución recibió muchas quejas sobre esta nueva prestación y ha afirmado que “en nuestras recomendaciones a la administración hemos solicitado mejoras en los procedimientos de gestión y el incremento de las dotaciones de personal y medios materiales para evitar que la complejidad de los trámites para obtener la prestación no deje fuera a muchas personas cuya situación de vulnerabilidad económica deba ser protegida”.

Residencias de mayores

A lo largo de esta crisis el Defensor del Pueblo ha seguido atentamente la situación de las residencias de mayores, tras recibir el testimonio de muchas personas enormemente preocupadas por la situación de sus familiares.

Este es un asunto conocido por el Defensor, que lleva tiempo examinando la atención que reciben los usuarios de los centros residenciales de todo el territorio nacional, y que ha pedido en numerosas ocasiones reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto “que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias”.

Entre otras cosas, la Institución ha demandado más dotación de personal en los centros residenciales y más formación de estos trabajadores, que se mejore la asistencia sanitaria y que se incremente la capacidad inspectora de las Comunidades Autónomas para vigilar el correcto funcionamiento de las residencias.

Tal y como ha señalado Fernández Marugán, las carencias advertidas en el pasado por la Institución se han puesto de manifiesto con la llegada de la pandemia a las residencias en febrero de 2020. “Estos centros han resultado ser el mejor caldo de cultivo para la propagación del virus”, ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado que “se llegó a esta emergencia sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos, en muchos casos insuficientes”. Por ello, ha señalado la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana y que cada residencia tenga un plan de contingencia.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor también han permitido concluir que los primeros protocolos “no consiguieron atajar los brotes porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba dentro de los centros”, según ha asegurado Fernández Marugán.

El Defensor ha afirmado, además, que en el ámbito de las residencias de mayores la falta de datos homogéneos y la dificultad en obtenerlos ha sido un problema en esta crisis porque imposibilita compararlos y dificulta el análisis. Por ello, ha abogado por “disponer de un protocolo común de declaración de datos muy detallado y coordinado con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de datos, detallado y coordinado, con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de información”.

En lo que se refiere al protocolo de derivación a hospitales, Fernández Marugán ha manifestado que debe basarse en criterios clínicos y que no se puede excluir a nadie por su edad o discapacidad, o por el grado de dependencia. “Hacer lo contrario no es ético ni legal”, ha enfatizado.

Asimismo, ha incidido en que la prohibición absoluta de salidas de residentes de los centros para proteger su salud “supone una afectación intensa de su libertad de movimientos que para resultar proporcionada ha de condicionarse a la situación de riesgo epidemiológico existente en el centro y en su ámbito geográfico, y ajustarse a las condiciones personales de los usuarios.”

En este sentido, ha asegurado que “otro tanto puede decirse de la restricción total de las visitas de familiares y amigos”. Aunque ha reconocido que “decidir sobre esta cuestión es un tema harto complejo y con muchas posibles soluciones, no puede olvidarse que el aislamiento puede causar importantes efectos secundarios en los mayores residentes, afectando a su estado de salud físico y emocional”.

Por último, ha resaltado que del análisis efectuado por la Institución en los últimos años se desprende que habría que tender a la generación de entornos más pequeños y domésticos, en los que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas mayores.

El Defensor del Pueblo recibió quejas que denunciaban graves problemas de organización en las residencias, así como insuficiencia de medios, carencias en la asistencia sanitaria, falta de información y transparencia, y problemas en la derivación a los hospitales.

En este contexto, el Defensor ha explicado que el 20 de marzo pidió más recursos al sistema residencial, público y privado, aumentar el suministro de material de protección para el personal asistencial y los residentes, permitir, siempre que fuera posible, el acompañamiento de familiares en las residencias de mayores, habilitar estructuras medicalizadas, y ampliar la realización de pruebas diagnósticas a residentes y personal.

A principios de abril, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las CCAA para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora.

Fruto de estas actuaciones, el Defensor envió a finales de abril recomendaciones a todas las CCAA para mejorar la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.

Según ha afirmado Fernández Marugán “las CCAA han manifestado expresamente la aceptación de todo lo recomendado, si bien la forma en que la pusieron en la práctica varía notablemente de unas a otras”.

Educación

Para referirse a las quejas recibidas en materia educativa, el Defensor ha diferenciado dos periodos, con problemas diferentes. El primero de marzo a junio con la suspensión de la educación presencial y el segundo de septiembre al día de hoy con el inicio del nuevo curso escolar.

En relación al primero, Fernández Marugán ha asegurado que, tras la suspensión de las actividades lectivas presenciales hubo que “improvisar un sistema educativo de enseñanza a distancia” y las debilidades del sistema salieron a la luz. “La crisis sanitaria acentuó la brecha digital y educativa existente en nuestra sociedad”, ha remarcado.

El Defensor considera que muchas familias tuvieron que hacer un gran esfuerzo y adquirir dispositivos electrónicos, algo que no debería haber ocurrido ya que, en su opinión “son las administraciones las que deberían dotar a los alumnos de los medios tecnológicos para cursar unos estudios que son obligatorios y gratuitos”.

Para Fernández Marugán, tenemos “la ineludible obligación de superar la brecha digital, pues los alumnos deben disponer de los medios técnicos precisos para formarse a distancia y los centros deben contar con los recursos tecnológicos precisos para ofrecer esta educación”.

Durante su intervención, también ha reiterado la necesidad de alcanzar un consenso en materia educativa para que esta sea “inclusiva y solidaria garantizando la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas”.

Por otra parte, muchas madres y padres se dirigieron a la Institución quejándose de la disparidad de criterios adoptados por las comunidades autónomas para llevar a cabo las evaluaciones finales. Fernández Marugán considera que debería haberse dado una respuesta coordinada para no provocar desigualdades entre los alumnos.

En relación al segundo periodo, el inicio del curso escolar, el Defensor inició en junio una actuación de oficio con el Ministerio de Educación y con todas las comunidades autónomas para conocer sus planes para un inicio del curso escolar presencial en condiciones de seguridad.

En agosto, tras recibir informes de las administraciones educativas, Fernández Marugán ha explicado que les solicitó “establecer un mínimo común de medidas para garantizar un curso seguro y homogéneo en todo el territorio español”.

El Defensor ha aplaudido el trabajo del profesorado que, en su opinión, ha realizado un “encomiable esfuerzo” para abordar este complejo curso escolar.

En el ámbito universitario, Fernández Marugán ha destacado que las principales quejas que se recibieron en la Institución tuvieron que ver con la suspensión de las clases presenciales y la improvisación de las clases no presenciales; los exámenes de evaluación para el acceso a la universidad (EBAU) y las dificultades para la realización de los exámenes no presenciales.

También en el ámbito educativo, ha explicado que formuló recomendaciones al Ministerio de Universidades y al Ministerio de Sanidad para que facilitasen la incorporación de profesionales sanitarios agilizando la homologación de sus títulos profesionales.

En este sentido, ha apuntado que se implantaron medidas para resolver con rapidez los expedientes de homologación de titulaciones profesionales del ámbito sanitario de nacionales de terceros países que estaban todavía pendientes.

Vivienda

En su comparecencia, el Defensor ha explicado que recibió quejas sobre “la compleja, farragosa y difícil comprensión de la nueva normativa sobre arrendamientos urbanos” y por ello, recomendó a las administraciones una difusión más accesible, simple y concisa de los cambios introducidos.

Además, los ciudadanos manifestaron su preocupación por el vencimiento de sus contratos de arrendamiento durante el estado de alarma. Fernández Marugán ha apuntado que se les informó que la nueva normativa establecía una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual al que podían acogerse.

La Institución recibió también quejas de personas en una situación económica muy complicada y de estudiantes en universidades situadas en localidades distintas a la suya que pedían la suspensión temporal del abono de las rentas de sus viviendas. “A estos ciudadanos se les dio información sobre el programa de ayudas para los alquileres de vivienda habitual”, ha asegurado el Defensor.

Impuestos

La llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma plantearon dificultades para el cumplimiento en plazo de las obligaciones fiscales, por lo que el Defensor pidió de oficio al Ministerio de Hacienda que ampliara el plazo de presentación de las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF para empresas (PIMES) y autónomos correspondientes al primer trimestre de 2020. Esta propuesta fue acogida en parte, según ha afirmado el Defensor.

No tuvo éxito, sin embargo, la actuación de oficio para pedir la ampliación de plazo en las declaraciones de IRPF y Patrimonio 2019.

Por otro lado, Fernández Marugán ha valorado la bajada del IVA de las mascarillas y ha recordado que la Institución pidió al Gobierno en julio una modificación normativa para aplicar a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos el tipo más bajo posible del IVA, incluso del 0%, por haberse convertido en bienes de primera necesidad.

Actividad económica

Durante esta crisis, el Defensor seguido de cerca las medidas aplicadas para proteger a los consumidores de energía mediante el Real Decreto-ley 11/2020 que estableció la prohibición de cortes de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en todos los domicilios que fuesen primera vivienda hasta el 30 de septiembre.

Además, se ha interesado por la extensión del bono social a trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo y autónomos que hubieran cesado su actividad o cuyos ingresos se hubiesen visto reducidos en un 75%; y por la creación de la nueva categoría de consumidor vulnerable.

Por otro lado, la Institución atendió quejas ciudadanas por la pérdida de vuelos y la resistencia de las compañías aéreas a devolver el importe de billetes que no se utilizaron por las limitaciones del confinamiento. La Institución inició una actuación con la Dirección General de Consumo para que adopte medidas que amparen al consumidor en este asunto.

Por último, el Defensor ha destacado también la recomendación para que no se descontara el periodo de prórroga a la hora de establecer la validez de las ITV, o las actuaciones emprendidas a raíz de recibir quejas sobre la situación especialmente precaria en que quedó el sector de la venta ambulante durante el estado de alarma y la discriminación sufrida respecto del sector de comercio estable, por decisiones de las autoridades locales.

Migraciones

En relación a las personas migrantes el Defensor ha remarcado que “los efectos sanitarios y económicos de la pandemia no discriminan y los migrantes y solicitantes de protección internacional se enfrentan a las mismas amenazas de salud que el resto de la población”.

Además, ha destacado que, en su caso, “esta amenaza se ve agravada por la vulnerabilidad que afecta a sus condiciones de vida y trabajo”.

En las primeras semanas del Estado de alarma, la Institución recibió quejas de asociaciones y ongs que solicitaban el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y la puesta en libertad de los internos ante la imposibilidad de expulsarles a sus países de origen.

El Ministerio del Interior cerró los CIE por lo que la Institución centró sus actuaciones en comprobar que las personas puestas en libertad fuesen alojadas en lugares adecuados por la Secretaría de Estado de Migraciones. Una vez reabiertos se vuelven a recibir quejas por las condiciones de vida en los mismos, agravadas por la situación sanitaria, así como por la prohibición de visitas de ONG y familiares en algunos de ellos.

También se recibieron quejas por las condiciones de hacinamiento en el CETI de Melilla por lo que se recomendó el traslado urgente de los colectivos más vulnerables a otros lugares.

La situación de los menores extranjeros tutelados que quedaban en situación de calle durante la pandemia tras cumplir 18 años también fue atendida por el Defensor que formuló sugerencias a las administraciones competentes para revertir esta situación.

Fernández Marugán también ha hecho referencia a la petición que realizó para que se facilitase la incorporación al mercado de trabajo a jóvenes extutelados y a solicitantes de asilo. La propuesta fue parcialmente aceptada y los jóvenes extranjeros de entre 18 y 22 años, con autorización de residencia en vigor, fueron autorizados a trabajar en el sector agrario.

El Defensor también se ha referido a la llegada irregular de personas extranjeras a través de las costas. La Institución ha recibido numerosas quejas por las condiciones de acogida y la falta de recursos adecuados para su ubicación. Fernández Marugán ha ha asegurado que, en la actualidad, el mayor problema está en Canarias donde se está produciendo una “emergencia humanitaria”.

En este sentido, ha anunciado que técnicos de la Institución han visitado centros de acogida distribuidos por todo el archipiélago canario y en breve dará información de las conclusiones de estas visitas y de las actuaciones que se están desarrollando.

Por otra parte, se recibieron quejas de ciudadanos españoles y extranjeros residentes legales en España que se encontraban fuera en el momento en el que se decretó el estado de alarma y manifestaban las dificultades para regresar.

Fernández Marugán ha terminado su intervención asegurando que en este momento la prioridad absoluta debe ser “detener la propagación de la enfermedad y salvar el mayor número de vidas posibles” y para ello ha reclamado “la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado y la máxima responsabilidad en nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas”.


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