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Conclusiones comisión procedimiento registral y bases gráficas. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

Conclusiones de la comisión de procedimiento

Partiendo de que la finalidad de la Asamblea no puede ser el análisis pormenorizado de la redacción y contenido del texto articulado propuesto, sino analizar los aspectos que en materia de procedimiento parecen estar necesitados de reforma, y a la vista del texto propuesto, establecer los principios o requisitos esenciales que los participantes en esta Asamblea entienden deben presidir ésta o cualquier otra reforma que en el futuro se plantee sobre los mismos; por la Comisión se proponen para su votación las siguientes conclusiones:
1.- Llevanza electrónica del Registro de la Propiedad. Sin perjuicio de lo que resulte de la Comisión que analiza el proyecto de Registro electrónico propuesto y sus alternativas, esta Comisión entiende necesario hacer una declaración expresa y sin vacilación alguna a favor de la incorporación al procedimiento registral de todas aquellas nuevas tecnologías que en cada momento estén disponibles y que puedan suponer agilización de trámites, reducción de costes, nuevas utilidades de los datos de nuestros archivos, y por qué no, asumir nuevas funciones. Si esto es así (sin vacilación alguna) es lo cierto que esta incorporación de nuevas tecnologías al procedimiento registral tiene que estar en todo caso sometida a cuatro grandes principios o presupuestos de hechos:
1.1.- Las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de llevanza de los Registros, no son sino herramientas puestas al servicio de la función registral para facilitarla y mejorarla. Se trata de un mero instrumento, por lo que su incorporación no puede ser la excusa o la causa que justifique modificación esencial de los principios rectores de nuestra función. Principios esenciales como la independencia del Registrador o el de competencia territorial distribuida por distritos hipotecarios, no pueden verse quebrados por la simple implementación de una nueva herramienta de procedimiento.
1.2.- La asunción de nuevas funciones no debe suponer el traslado automático al procedimiento registral en materia de propiedad o mercantil, de las nuevas técnicas y procedimientos aplicables a la nueva función asumida, por simple efecto mimético sin atender a las necesidades y diferencias de cada uno de los servicios o funciones asumidas.
1.3.-La implementación de nuevos procedimientos de llevanza registral no puede dejar sin valor los asientos registrales practicados en un soporte previo. El valor, efectos y garantías predicables de los asientos registrales deben ser los mismos cualquiera que sea el soporte papel, electrónico, o cualquier otro que proceda en el futuro, en que estén extendidos. No cabe hacer diferencias de contenido y efectos entre asientos válidamente practicados, y los historiales registrales de una misma finca en distintos soportes. No debe exigirse el traslado de todo el historial registral al nuevo soporte, sino a través del correspondiente enlace de continuación.
1.4.- Partiendo de que el sistema registral español es un Registro de derechos y no de títulos o documentos, cualquier medida que se adopte en cuanto a la digitalización o archivo de los documentos presentados, deberá siempre garantizar que los efectos de la inscripción residen en el asiento, evitando cualquier riesgo de transformación en un sistema de registro de títulos o documentos. La digitalización y archivo debe ser requisito residual solo de aquellos documentos sin matriz o que por su naturaleza pudieran ser objeto de frecuente y útil consulta.
2.- Entrada de documentos. En el tema de acceso de los documentos al Registro se parte de la pretensión de facilitar dicho acceso intentando mantener las garantías exigidas por el principio de documentación auténtica, para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.
2.1.- Se considera muy positiva la posibilidad de arbitrar un sistema de presentación de copias electrónicas fehacientes abierto y disponible para cualquier legitimado en solicitar la inscripción, sin discriminación alguna por razón de la identidad del presentante, así como de copias digitalizadas de cualquier documento susceptible de causar asiento, siempre que el mismo pueda ser convalidado con el cotejo de su original después aportado, y para las Administraciones Públicas por cotejo telemático directo y de oficio por el Registrador al Archivo accesible donde se encuentre depositado.
2.2.- En cuanto a la supresión del FAX, la misma es necesaria en el momento actual, aun reconociendo la gran función que este medio de presentación ha prestado durante los últimos años, hoy en día se encuentra superado ante las nuevas utilidades tecnológicas en materia de comunicaciones. Se insiste en la necesidad de trabajar simultáneamente para que esté disponible la previa conexión de nuestra Sede Electrónica con el Punto neutro judicial, así como los órganos representativos de los operadores jurídicos involucrados; procuradores y abogados, para establecer los conductos seguros de comunicación a efectos de remisión telemática de documentación, notificaciones y requerimientos.
2.3.- Uno de los tema de mayor trascendencia en materia de entrada de documentos, es fijar el momento en el que se tiene por presentado el título en el Registro. La propuesta del borrador de entender que el título está presentado cuando consta redactado y firmado electrónicamente su asiento de presentación por el Registrador competente, es una de las soluciones posibles. La extensión del asiento se realizará por el orden de ingreso de los respectivos títulos, y solo cuando conste extendido y firmado dicho asiento se incorporará el asiento de presentación causado a la publicidad de la finca. La solución propuesta elimina cualquier duda sobre el tratamiento profesional de la documentación recibida por parte del Registrador, que es quién decide qué documentos presenta en el Diario, en qué orden y con qué contenido. Esta solución tiene sin embargo el inconveniente de crear un lapso de tiempo de obscuridad para los títulos ingresados en el Registro, desde el momento de su ingreso, hasta el momento de redacción y firma de sus respectivos asientos de presentación, periodo de tiempo, en el que el título no estará jurídicamente en el Registro y no se reseñará en la publicidad que de la finca afectada se solicite. Esta consecuencia no está en consonancia con un Registro que pretende ser totalmente accesible y dar la mayor publicidad posible y de la manera más inmediata, como garantía de seguridad del tráfico inmobiliario. De ahí que deban arbitrarse soluciones para evitar estos periodos de obscuridad desde el momento mismo del ingreso del título, dándose desde ese momento al menos noticia de su existencia.
3.- Cierre Registral El cierre registral en tanto no se acredite el pago de los impuestos devengados por el acto o negocio jurídico cuya inscripción se solicita, pero también la afección fiscal de los bienes al pago de los impuestos devengados, están necesitados de una regulación definitiva que sancione no solo los efectos suspensivos de la calificación y despacho, sino también del contenido y efectos de la nota de afección fiscal. Aprovechando las nuevas funcionalidades que se derivan de un procedimiento electrónico deberían estudiarse soluciones alternativas al cierre, afección fiscal y archivo de cartas de pago que vinieran igualmente a garantizar el interés digno de protección de la Administración Tributaria de garantizarse el conocimiento y exacción de todo hecho imponible.
4.- Calificación de cláusulas abusivas o contrarias a la normativa de protección a los usuarios y consumidores. En la calificación de aquellas cláusulas declaradas nulas por el orden jurisdiccional o cuya nulidad se derive del contraste con la normativa de protección a los usuarios y consumidores, nuestra competencia debe ser reconocida y asumida. Posibilidad de calificación en una materia que parece venir demandada socialmente, en base a criterios lo más objetivos posibles, asumiendo el grado de discrecionalidad que puede existir en toda valoración individual, en tanto se vaya consolidando una doctrina razonada y soportada mayoritariamente con el acerbo de calificaciones registrales que vayan expidiéndose, aceptadas por las partes o confirmadas vía recurso.
5.- Consulta directa a otras sedes registrales La consulta directa y de oficio por el Registrador a otras sedes registrales tanto para solventar ausencia de documentos complementarios que debieran aportarse por el presentante, como para fundamentar su calificación de la documentación aportada; debe ser una herramienta reconocida en el procedimiento registral. Sin embargo esta consulta no debe imponerse de manera imperativa y universal, sino que de ella debe hacer uso el Registrador cuando a su juicio sea necesario para el desempeño de su función.
6.- Procedimiento de calificación y despacho de documentos. Sin perjuicio de nuestra condición de funcionarios públicos incardinados en el Ministerio de justicia, el procedimiento registral presenta una serie de especialidades que entendemos hace inaplicable en su totalidad la tramitación del procedimiento administrativo ordinario. Trámites como la solicitud de inscripción independiente, la puesta de manifiesto de calificación negativa provisional, la resolución de calificación positiva, las observaciones no solicitadas en cuanto a los posibles medios de subsanación de una previa calificación negativa, no son sino ejemplos de trámites traídos del procedimiento administrativo que no casan con la finalidad del procedimiento registral ni nada aportan en el régimen garantista que el mismo ha de respetar. Las exigencias de agilidad y la naturaleza privada de los intereses afectados, impone la necesidad de evitar trámites que solo pueden suponer una innecesaria burocratización o alteración del régimen de imparcialidad del Registrador, sin mejora alguna de las garantías o de las funcionalidades que el ciudadano requiere. En este sentido debe hacerse una reconsideración general de la regulación del procedimiento registral en el borrador, con atención especial a los puntos ya expuestos y junto a ello lo referente al asiento de presentación preventivo, a la implantación del órgano de decisión mayoritaria de la oficina, al sistema de transcripción de determinaciones convencionales, al régimen de notificación de la calificación negativa, y el establecimiento de un procedimiento general de impugnación de las decisiones del Registrador junto al específicamente regulado.
7.- Régimen de recurso contra la calificación. Cualquier sistema de recurso contra la calificación por el que definitivamente se opte, deberá necesariamente respetar los siguientes principios:
7.1.- El objetivo de la impugnación ha de ser obtener una resolución que declare si la calificación impugnada es o no conforme al ordenamiento jurídico. Toda resolución o sentencia que ponga fin al procedimiento de impugnación será firme tan solo respecto a los intervinientes, y deberá ser objeto de publicación.
7.2.- Deben eliminarse los recursos a efectos doctrinales una vez subsanados los defectos que impedían la inscripción y practicada la misma.
7.3.- La legitimación para la impugnación en cualquier instancia debe reconocerse a los legitimados para solicitar la inscripción, así como a la autoridad o funcionario que expide u otorga el título calificado, y al propio Registrador cuando vea estimado el recurso y revocada total o parcialmente su calificación. El Registrador debe poder optar por prescindir de la intervención con abogado y procurador en su representación procesal
7.4.- Por economía procedimental debe admitirse la presentación de nueva documentación en cualquier fase del procedimiento pero siempre dando nuevo trámite para su valoración por el Registrador impugnado.
7.5.- Debe propugnarse la existencia de una instancia administrativa previa a la judicial, bien sea ante un órgano colegiado creado ad hoc, bien ante la propia Dirección General de Registros y del Notariado, arbitrando un sistema que garantice la autonomía técnica en sus decisiones.
7.6.- Por razón del objeto de la impugnación, en aquellos supuestos de recurso contra la negativa a practicar un asiento de presentación, o a expedir publicidad, si bien sometidos al régimen general de recurso; deben arbitrarse unos plazos de interposición y resolución, más reducidos para adaptar tales impugnaciones a la necesidad de agilidad e inmediatez que exige la materia.
7.7.- Toda reforma de esta materia ha de tener en cuenta la regulación especial aplicable en aquellas Comunidades Autónomas que tengan por sus estatutos de autonomía una regulación especial.
8.- Publicidad Registral Se apuesta por un sistema de información disponible en tiempo real accesible a todos los ciudadanos con carácter universal sin discriminación por razón de la identidad del solicitante. Esta necesidad de información lo más inmediata posible, hace necesario establecer un modelo de nota simple estandarizada en su formato y contenido, reservando para la certificación cualquier otra información requerida en ampliación de aquella. El Registro de la Propiedad solo debe ser público para quien alegue interés legítimo en conocer la situación patrimonial de un determinado bien o persona a juicio del registrador, y solo en aquellos extremos en que resulte necesario para satisfacer dicho interés legítimo. El suministro de cualquier publicidad registral exige en todo caso el tratamiento profesional y bajo la responsabilidad del Registrador, sin que deban admitirse vías de suministro de información indiscriminada que impidan dicho control del interés y el tratamiento previo de los datos a suministrar. Debe garantizarse el interés de todo titular registral a conocer quien solicita información de sus propiedades, así como a solicitar ante la autoridad judicial la restricción de publicidad, cuando concurran circunstancias que lo hagan necesario. Debe distinguirse claramente entre el contenido y efectos de lo que es publicidad registral, que solo puede tener por objeto la situación de titularidad y cargas de las fincas que constituyen cada Distrito Hipotecario, y aquella otra información que puede suministrarse vía copia de los documentos complementarios que pudieran estar depositados o archivados en los diferentes legajos del Registro. A las 20h se reúne de nuevo la Comisión para votar las conclusiones consensuadas entre los dos ponentes. Se cierra la puerta y se procede al recuento de los asistentes siendo en total 56 personas, 50 asistentes a la Comisión y 6 componentes de la mesa, se va votando conclusión por conclusión con las papeletas preparadas para dicha votación y quedan aprobadas: Los propios ponentes leen cada una de las conclusiones alternativamente, y las 9 son aprobadas por unanimidad con la única excepción de una abstención en la conclusión cuarta.
Comisión bases gráficas.

Conclusiones consensuadas

1.- La finca registral, como objeto del derecho de propiedad, no es un concepto fáctico predefinido, sino un concepto jurídico a definir y delimitar por el registro de la propiedad. Para llevar a cabo esta tarea esencial e indelegable, necesita emplear a la vez, tanto técnicas idóneas de identificación (la descripción literaria complementada con la georreferenciación de los límites de la finca respecto de un sistema oficial de coordenadas geográficas) como procedimientos jurídicos adecuados, (a instancia del propietario, con posibilidad de intervención de colindantes, respeto a la normativa territorial pertinente), y debiendo velar la calificación registral por la protección del dominio público, incluso no inmatriculado.
2.- Como procedimiento jurídico que es, la identificación geográfica de la finca debe ser objeto de rogación, calificación registral, decisión motivada, constancia formal en el folio real y firma por el registrador, y posterior publicidad formal, produciendo los cualificados efectos jurídicos propios de los pronunciamientos registrales, y entre ellos, los derivados de los principios de prioridad, oponibilidad, salvaguardia judicial y legitimación registral. Por tanto, no podrá ser inscrita ninguna inmatriculación ni modificación descriptiva cuya base gráfica pueda coincidir en todo o en parte con la base gráfica registral previamente inscrita de otra finca. Aún sin rogación del propietario, el registrador deberá emplear los medios a su alcance para intentar de oficio localizar geográficamente las fincas de su distrito, a los efectos de fundamentar sus decisiones en materia de calificación y de publicidad, o emisión de dictámenes.
3.- La necesidad y utilidad de la delimitación geográfica es predicable respecto de todas las fincas registrales, tanto de nueva creación como ya inmatriculadas, y tanto si constituyen porciones de suelo como edificaciones. En cambio, respecto de los elementos privativos de una propiedad horizontal no tumbada, será suficiente, pero necesaria, su identificación gráfica precisa por referencia a los planos del proyecto integrado en el libro del edificio, que debería archivarse en el registro permitiendo así su consulta y publicidad formal.
4.- A fin de garantizar a ciudadanos y Administraciones el acceso, con plena seguridad jurídica, al conocimiento recíproco de los intereses públicos y privados que confluyen sobre el territorio y que han de ser considerados por la calificación registral que en cada caso fuere pertinente, se considera también necesaria la georreferenciación con las mismas garantías de precisión y actualidad que se han de exigir en la delimitación geográfica de las fincas registrales, de todas aquellas especiales determinaciones del territorio sancionadas oficialmente de las cuales resulten efectos expansivos, restrictivos o simplemente delimitadores del contenido del derecho de propiedad, paliando así la grave situación actual en que las limitaciones «públicas» del dominio operan de hecho como cargas ocultas.
5.- Las relaciones Registro-Catastro deben estar presididas por la colaboración e interoperabilidad más intensa y leal dentro del respeto a sus respectivas funciones. La cartografía catastral debe utilizarse de modo preferente, pero no único ni condicionante, para la delimitación geográfica de las fincas regístrales. Registralmente debe realizarse un análisis específico, seguimiento y publicidad acerca del estado de convergencia, divergencia o imposibilidad lógica de coordinación entre la finca registral y el inmueble catastral de la misma ubicación. Los registradores deben ser competentes para tramitar, ante el organismo catastral oportuno, procedimientos específicos de rectificación o alteración catastral. En todo caso, todos los pronunciamientos jurídicos regístrales susceptibles de causar una alteración catastral, tanto los alfanuméricos relativos a la descripción de las fincas e identificación de los titulares, como los geográficos relativos a la ubicación y delimitación geográfica de las fincas, deberían ser puestos a disposición del Catastro, mediante procedimientos electrónicos con interoperabilidad de sistemas geográficos, para su incorporación al mismo. Cualquier forma de publicidad registral deberá expresar si consta o no inscrita la base gráfica de la finca, y en caso afirmativo, acompañarla, y expresar su grado de coordinación con el inmueble catastral. 6.- Se constata la necesidad de regular con mayor claridad y garantías los procedimientos jurídicos para obtener la inmatriculación de nuevas fincas, para la identificación geográfica y deslinde de fincas regístrales inscritas, con las rectificaciones descriptivas pertinentes, para resolver los casos de doble inmatriculación y la determinación de la verdadera cabida de las fincas. En todos los casos, la intervención profesional del registrador resulta idónea, no sólo proporcionado información registral y dictámenes previos, sino calificando el resultado del procedimiento seguido ante otra autoridad pública independiente, o incluso tramitando y resolviendo, dentro de los límites de su función natural, tales procedimientos si legalmente se le faculta para ello.
7.- La información geográfica registral, tanto en lo que se refiere a la delimitación de los distritos como de las fincas regístrales, entra dentro del ámbito de la directiva INSPIRE, y por tanto, ha de integrarse en su geoportal y en el de la IDEE, ofreciendo además como metadato de libre acceso el identificador único de cada distrito y de cada finca que permita a cualquier usuario público o privado cursar peticiones de publicidad registral detallada al registro competente.
8.- Para la identificación geográfica de las fincas, y para facilitar la publicidad de las mismas y de la información territorial pública que les afecte, resulta imprescindible el empleo de aplicaciones informáticas uniformes para todos los registros de la propiedad para el tratamiento de bases gráficas, con las utilidades propias de las infraestructuras de datos espaciales, y con acceso público reglado a través de un geoportal registral, que debiera servir como medio de publicación oficial del hecho de que una finca registral ha quedado identificada geográficamente, así como de la existencia de cualesquiera actuaciones administrativas o judiciales potencialmente afectantes a su configuración o titularidad cuya iniciación se haya hecho constar registralmente.
9.- Se estima que la efectiva implantación de las medidas a que se refieren las presentes conclusiones resulta tarea urgente para potenciar la seguridad jurídica a través de la institución registral y atender así una apremiante demanda y necesidad de interés general, tanto a nivel nacional como internacional.